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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-01297-00

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-01297-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela interpuesta por el señor Heliodoro Cortés Cortés. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-01297-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

18 de abril de 2024

Demandante: Heliodoro Cortés Cortés
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01297-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01297-00
Demandante: HELIODORO CORTÉS CORTÉS
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Tema: Tutela por derecho fundamental de petición – Carencia actual
de objeto por hecho superado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por
el señor Heliodoro Cortés Cortés contra la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Mediante escrito presentado el 15 de marzo de 20241, el señor Heliodoro Cortés
Cortés, en nombre propio, ejerció acción de tutela contra la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, con el fin de reclamar el amparo de sus derechos
fundamentales de petición y al debido proceso.

El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la omisión de la autoridad accionada en dar respuesta a la petición
remitida el 15 de febrero de 2023, al interior del proceso disciplinario identificado
con el radicado 41001-11-02-000-2020-00154-01, en la que solicitó copia íntegra
de todo el proceso.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]

2. Que al tutelar mis derechos, se le ordene a los accionados que deberán
proceder a cumplir con las garantías brindadas a la agenciada y dentro de las 24
horas siguientes al recibir la notificación de sentencia de tutela, deberán proceder
adoptar las órdenes y decisiones que se tomen dentro de esta acción

1
Radicado ante el buzón web de la Presidencia del Consejo de Estado.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Heliodoro Cortés Cortés
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01297-00

constitucional y se me entregue el trámite completo de esta decisión de la queja
disciplinaria.

3. Advertir a la accionada, que de ahora en adelante deberá abstenerse de incurrir
en esta falencia como lo ocurrido.

4. Las demás que el señor Juez considere pertinentes2.

1.2. Hechos

La sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

El señor Heliodoro Cortés Cortés presentó queja contra la juez Promiscuo
Municipal de Villavieja (Huila), ante el Consejo Seccional de la Judicatura del
Huila, Sala Jurisdiccional Disciplinaria.

En sentencia del 5 de marzo de 2021, la autoridad disciplinaria en mención
dispuso la terminación del proceso, tras encontrar que «[…] la realidad procesal, las
explicaciones de la investigada y las consideraciones eran suficientes […]» para no
continuar con las etapas subsiguientes del proceso disciplinario.

En segunda instancia, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la
decisión del a quo en fallo del 15 de junio de 2023.

Dicha providencia fue notificada de manera personal el 24 de agosto de 20233.

El 15 de febrero de 2024, el actor solicitó por medio de correo electrónico a la
autoridad disciplinaria de segunda instancia que le entregaran copia íntegra de
todo el proceso identificado con el radicado 41001-11-02-000-2020-00154-01.

1.3. Fundamentos de la vulneración

El actor expuso que el mensaje de datos a través del cual le notificaron la
sentencia de segundo grado solo contenía un oficio que le informaba de la
decisión, más no el fallo completo ni la totalidad del expediente.

De igual forma, adujo la violación de su derecho de petición con ocasión de la
omisión de respuesta a su solicitud realizada a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, al no haber recibido la copia íntegra del proceso disciplinario.

1.4. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 19 de marzo de 2024, el magistrado encargado del despacho
admitió la demanda de tutela y dispuso su notificación al accionante y a los
magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial como autoridad
accionada para que se refirieran a sus fundamentos y pudieran allegar las
pruebas, así como rendir los informes que consideraran pertinentes.

2
Transcripción literal que puede contener errores.
3
Se notificó a la accionante en el correo electrónico comunicaciones_kelly@outlook.es.
2

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Demandante: Heliodoro Cortés Cortés
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01297-00

Asimismo, dispuso la vinculación como terceros con interés jurídico en el resultado
del proceso, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila, que conformó
el juez de primera instancia del proceso disciplinario, identificado con radicado
41001-11-02-000-2020-00154-01.

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.5.1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila

A través de memorial allegado el 1º de abril de 2024, el magistrado titular del
despacho 001 indicó que se posesionó el 24 de octubre de 2022, por lo cual,
sobre el asunto objeto de estudio, solamente había dictado el auto del 22 de
marzo de 2024 por medio del cual dispuso estarse a lo resuelto en la decisión
proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

1.5.2. Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Por medio de informe remitido el 3 de abril del año en curso, el magistrado
ponente de la decisión de segunda instancia manifestó que no existió vulneración
de garantías fundamentales, en atención a que mediante la comunicación
electrónica del 24 de agosto de 2023, se dirigió como dato adjunto la notificación y
la providencia aprobada por la autoridad en sala del 15 de junio de 2023. Refirió
que dicha notificación fue enviada a la cuenta comunicaciones_kelly@outlook.es,
misma desde la cual el accionante remitió el recurso de alzada.

Sin embargo, ordenó por medio de la secretaria de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial la remisión digital de la totalidad del expediente disciplinario al
correo electrónico heliodorocortes3@gmail.com, indicado por el actor en la acción
de tutela, y la remisión de la constancia al presente despacho.

Por último, solicitó la negativa de la solicitud de amparo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por
el señor Heliodoro Cortés Cortés, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 8. ° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1. º del Decreto 333 de 2021, por cuanto esta se dirige contra la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala dar respuesta al siguiente interrogante:

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Heliodoro Cortés Cortés
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
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• ¿Se vulneraron los derechos fundamentales de petición y al debido proceso
del señor Heliodoro Cortés Cortés ante la presunta omisión por parte de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial en expedir copia íntegra del
proceso disciplinario?

Para el efecto se estudiará: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) del
derecho de petición; (iii) derecho de petición en actuaciones judiciales, (iv)
carencia actual de objeto, y (v) análisis del caso concreto.

2.3. Razones jurídicas de la decisión

2.3.1. Generalidades de la acción de tutela

Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona reclamar
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando quiera que
resulten vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o,
excepcionalmente, de particulares.

Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa
judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar
la consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio
como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por
parte del peticionario, de los instrumentos judiciales pertinentes.

En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo demanda la
concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes,
como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un
perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional
inmiscuirse en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes
subreglas dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub
examine.

2.3.2. Del derecho de petición

El derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, se traduce en
la facultad que tienen los ciudadanos de formular solicitudes respetuosas para
obtener información o de pedir copias de documentos no sujetos a reserva a las
autoridades correspondientes o a los particulares y obtener una pronta y completa
respuesta a sus inquietudes.

La naturaleza de este derecho está establecida en la Constitución de 1991, como
de aplicación inmediata, dada su pertenencia al ámbito de los derechos inherentes
a la persona y su relevancia para la participación de la misma, así como para
asegurar el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, al igual que
los deberes sociales del Estado y la posibilidad de hacer realizables otros
derechos fundamentales4.

4
Corte Constitucional. Sentencias T-552 del 1.10.98. M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-542 del
13.06.06. M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-451 del 26.05.11. M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto, entre otras.
4

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Diversos pronunciamientos de orden constitucional han definido los presupuestos
esenciales del derecho de petición así: i) en la posibilidad de formular peticiones
respetuosas, por motivos de interés general o particular y ii) en la obtención de
una pronta resolución del asunto puesto en consideración. Esos componentes del
derecho de petición son inescindibles, esto es, que el goce y satisfacción del
mismo se realiza una vez ambos se verifiquen; por lo tanto, el derecho se concreta
en la formulación de una petición, pero se efectiviza con la resolución pronta y
material, independientemente de si la respuesta resulta o no favorable al sentido
de la misma5.

De igual forma, para que se configure su cumplimiento no basta la resolución
efectiva, sino que, es necesario que esta se dé a conocer al interesado. Al
respecto, el Máximo Tribunal Constitucional ha señalado:

Una vez tomada la decisión, la autoridad o el particular no pueden reservarse
su sentido, para la efectividad del derecho de petición es necesario que la
respuesta trascienda el ámbito del sujeto que la adopta y sea puesta en
conocimiento del peticionario; si el interesado ignora el contenido de lo resuelto
no podrá afirmarse que el derecho ha sido observado cabalmente6 (Negrita y
subrayado fuera del texto).

Lo anterior, no solo indica su importancia en el ámbito jurídico, sino que esta
trasciende considerablemente al nivel social, pues es este el mecanismo de
interacción entre las entidades y el particular, y su desconocimiento traería
consigo inseguridad jurídica y desconfianza en la administración.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional mediante sentencia C-
818 de 2011, declaró inexequible los artículos 3 a 33 de la Ley 1437 de 2011,
referentes al derecho de petición, es del caso precisar que los efectos de dicha
sentencia fueron diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014, con el fin de que el
Congreso expidiera la Ley Estatutaria correspondiente.

Sobre el particular, a través de la Ley Estatutaria 1755 de 2015, se reguló el
derecho constitucional de petición y se sustituyó un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, normatividad que
entró en vigencia a partir de la fecha de su publicación.

Por otra parte, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que «[…] la respuesta al derecho de
petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema
semejante o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución
entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que
desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo
solicitado. Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide
que la autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del
peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la
respuesta dada […]»7.

5
Corte Constitucional. Sentencias T-495 del 12.08.92., T-010 del 18.01.933, T-392 del
06.09.94., T-392 del 05.09.95. y T-291 del 02.07.96.
6
Corte Constitucional. Sentencia T-529 del 17.11.95., M.P. Fabio Morón Díaz.
7
Corte Constitucional, sentencia T-149 del 19.03.13., M.P. Luis Guillermo Pérez.
5

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Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «[…] los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…) la
notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de
que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante […]»8.

Por lo tanto, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca9.

2.3.3. Derecho de petición en actuaciones judiciales

Sobre el particular, la jurisprudencia de la corporación ha sido pacífica al señalar
que existen dos clases de solicitudes que pueden ser elevadas ante los
operadores de justicia: (i) aquellas relativas al proceso judicial que se tramitan de
conformidad con el procedimiento que para el efecto se ha previsto en la ley; y (ii)
las generales que no tienen incidencia en el contradictorio y que están reguladas
en el título 2º de la Ley 1437 de 2011. En efecto, esta sección en sentencia del 25
de enero de 201810, señaló:

La Corte Constitucional11 y esta Corporación12 de manera reiterada han señalado
que las peticiones presentadas en el marco de actuaciones judiciales tienen un
alcance diferente que implica limitaciones, por ello, se ha especificado que deben
diferenciarse las peticiones que se formulen ante los jueces, las cuales pueden ser
de dos clases:

(i) Las referidas actuaciones estrictamente judiciales, que por tal razón se
encuentran reguladas en el procedimiento respectivo, debiéndose sujetar
entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos para el
efecto; y
(ii) Aquellas que por ser ajenas al contenido mismo de la Litis e impulsos
procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial, bajo las normas
generales del derecho de petición que rigen la administración, esto es,
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

En el mismo sentido el Máximo Tribunal Constitucional indicó que “[e]l derecho de
petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un
servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una
actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso de
mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de
acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición”.

8
Ibídem.
9
Sobre el tema, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
M.P. Susana Buitrago Valencia, Sentencia 22.03.12., Rad. 25000-23-25-000-2012-00150-01,
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Alberto Yepes
Barreiro, Sentencia 25.01.18, Rad. 11001-03-15-000-2017-02981-00.
11
Ver, entre otras, las sentencias T-377 de 2000; T-215 A de 2011 y T-311 de 2013.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. M.P. Rocío Araújo
Oñate, Sentencia 13.07.17, Rad. 41001-23-33-000-2017-00225-01; M.P. Alberto Yepes Barreiro,
Sentencia 25.01.18, Rad. 11001-03-15-000-2017-02891-00.
6

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2.3.4. Carencia actual de objeto

La sala ha explicado en varias ocasiones13 que la acción de tutela ha sido
instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de
derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera
actual e inminente.

No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.

En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso
de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: (i)
por hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por una situación
sobreviniente.

Al respecto, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 1.º de septiembre
de 2016, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva
de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación
actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la
alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la
vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de
amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo
extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer
el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez constitucional,
cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar las garantías que
se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue
especialmente previsto para esta acción14.

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:

La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se
presente bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho
fundamental como su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una
certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que
sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como en el caso sub
examine- que se hubiese presentado un peligro ya subsanado. (Negrillas propias)

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar
alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género
que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a
través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii)

13
Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta. M.P. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia 15.11.17, Rad. 2017-00085-01, y M.P. Rocío
Araújo Oñate, Sentencia 19.10.17, Rad. 2017-2365-00.
14
El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual
se transcribe literalmente: «Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005».
7

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de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada
como el acaecimiento de una “situación sobreviniente15.

Con base en el marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional ha sostenido
que:

El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591
de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de
los derechos fundamentales16.

En sentido de lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta irrelevante
determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos fundamentales
ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta esta Sección
Quinta), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de
la autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no los
derechos fundamentales.

De hecho, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos
casos en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales
ocurre luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el
trámite de revisión ante ese tribunal17.

En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se
supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha
destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre
la conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de
reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la
conducta lesiva de los derechos afectados18.

2.4. Caso concreto

En la presente solicitud de amparo el accionante adujo que la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial vulneró sus derechos fundamentales de petición y al debido
proceso, con ocasión de la omisión de remitirle la copia de todo el expediente
disciplinario, solicitada el 15 de febrero de 2024, por medio de correo electrónico.

En el informe rendido por la autoridad accionada, se advierte que esta le dio la
orden a la secretaria de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que
realizara la remisión digital de la totalidad del expediente disciplinario identificado
con el radicado 41001-11-01-000-2020-00154-00/01, al buzón web
heliodorocortes3@gmail.com, correo electrónico indicado por el accionante en el
presente escrito de tutela.

Así las cosas, la Secretaría Judicial de la Comisión, el 3 de abril de 2024, le envío
al señor Cortés Cortés por medio electrónico el enlace de todo el expediente
15
El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual
se transcribe literalmente: «Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013».
16
Corte Constitucional. Sentencia T-038/19, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
17
A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.
18
Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
8

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Demandante: Heliodoro Cortés Cortés
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disciplinario, para que tuviera acceso a este. Dicho mensaje de datos fue remitido
al correo heliodorocortes3@gmail.com, dirección electrónica que fue señalada por
el actor en la presente acción de tutela.

A continuación, se observa la referida actuación:

Es importante precisar que si bien la expedición de copias es un procedimiento
que se encuentra establecido en el artículo 11419 del Código General del Proceso,
este no contempla un término para efectuarlo. Es por ello que, en casos como el
que se analiza en el presente asunto, la sala ha determinado que el estudio de la
acción de tutela procede a la luz del derecho fundamental de petición de solicitud
de documentos, toda vez que se trata de una función administrativa, que es ajena
a la litis o impulsos procesales20.

En consecuencia, con ocasión de la prueba señalada anteriormente, puede
concluirse que el 3 de abril de 2024, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial le
dio respuesta a la solicitud elevada por el señor Heliodoro Cortés Cortés el 15 de

19
“ARTÍCULO 114. COPIAS DE ACTUACIONES JUDICIALES. Salvo que exista reserva, del expediente se
podrá solicitar y obtener la expedición y entrega de copias, con observancia de las reglas siguientes:
1. A petición verbal el secretario expedirá copias sin necesidad de auto que las autorice.
2. Las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo requerirán constancia de su
ejecutoria.
3. Las copias que expida el secretario se autenticarán cuando lo exija la ley o lo pida el interesado.
4. Siempre que sea necesario reproducir todo o parte del expediente para el trámite de un recurso o de
cualquiera otra actuación, se utilizarán los medios técnicos disponibles. Si careciere de ellos, será de cargo de
la parte interesada pagar el valor de la reproducción dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de
la providencia que lo ordene, so pena de que se declare desierto el recurso o terminada la respectiva
actuación.
5. Cuando deban expedirse copias por solicitud de otra autoridad, podrán ser adicionadas de oficio o a
solicitud de parte”.
20
Ver las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Sentencia 20.01.22, Rad. 11001-03-15-000-
2021-10797-00; M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Sentencia 24.02.22, Rad. 11001-03-15-000-2022-
00551-00; M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Sentencia 13.05.22, Rad.11001-03-15-000-2021-
01752-00.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Heliodoro Cortés Cortés
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01297-00

febrero del presente año. Por lo tanto, se observa que lo pretendido por la parte
actora, fue satisfecho durante el trámite de esta acción constitucional, al resolver
la solicitud radicada, además de notificar la actuación al correo electrónico
adecuado, por lo que se configuró la carencia actual de objeto por hecho
superado.

De conformidad con lo expuesto, no es necesaria la intervención de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, como juez constitucional, pues el asunto que
presuntamente vulneraba los derechos fundamentales del señor Cortés Cortés
dejó de existir durante el presente trámite, en ese orden, para la sala están
presentes los elementos necesarios para declarar la carencia actual de objeto por
hecho superado frente a la acción de amparo deprecada.

2.5. Conclusión

La sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado pues en el
curso del trámite de la presente tutela, cesó la presunta vulneración del derecho
fundamental de petición reclamado por el señor Heliodoro Cortés Cortés, con
ocasión a que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial realizó las gestiones
necesarias para superar dicha afectación.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en la
acción de tutela interpuesta por el señor Heliodoro Cortés Cortés.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Heliodoro Cortés Cortés
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01297-00

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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