RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-01298-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01298-00

Fecha
1 de agosto de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01298-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación realizada por el Consejo Superior de la Judicatura. SEGUNDO: Reconocer como agente oficioso de la señora Teresa de Jesús Montoya al señor Luis Armando Zárate Montoya. TERCERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela de la referencia por no cumplir con el requisito de subsidiariedad. CUARTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-01298-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

1 de agosto de 2024

Demandante: Luis Armando Zárate Montoya
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-01298-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., primero (1º) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01298-00
Demandante: LUIS ARMANDO ZÁRATE MONTOYA
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO

Temas: Tutela de fondo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en
ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la
Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591
de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Petición de amparo constitucional

El Luis Armando Zárate Montoya1, actuando en nombre propio y “en ayuda
de [su] madre la señora Teresa de Jesús Montoya Zárate2”, instauró una
acción tutelar contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que se protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, al mínimo vital y a la dignidad humana.

Lo anterior, tras considerarlos vulnerados con ocasión a la falta de pago de la
suma determinada en el auto del 15 de junio de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, a través del
cual se resuelve librar mandamiento de pago en contra de la Nación Rama
Judicial, en virtud de la decisión judicial proferida el 24 de mayo de 2017 por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en la cual la
mencionada entidad fue declarada responsable patrimonial y
administrativamente por privación injusta de la libertad que padeció el

1 Actúa como tutelante y de igual forma agencia los derechos de la señora Teresa de Jesús

Montoya Zárate quien también es beneficiaria.
2 Adulto mayor de 94 años, documento de identidad aportado en la actuación 2 de Samai.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luis Armando Zárate Montoya
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-01298-00

demandante.

Lo anterior dentro del proceso reparación directa de radicado 05001-23-31-
000-2002-04289-00, conexo con el proceso ejecutivo de radicado 05001 23
33 000 2021 00547 00, promovido por el actor y otros contra la Dirección
Ejecutiva, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura.

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.2. Hechos

El señor Luis Armando Zárate Montoya, a nombre propio y en representación
de su hijo menor Santiago Zárate Alcaraz; Teresa de Jesús Montoya
Hernández, Gustavo Zárate Ramírez y Gustavo Adolfo, Vilma de Jesús,
María Teresa de Jesús, Diana del Socorro, Ana María, Claudia del Carmen,
María del Pilar, Dalia Milena y Jorge Alberto Zárate Montoya a través de
apoderado judicial interpusieron demanda de reparación directa en contra de
la Nación Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial Consejo Superior
de la Judicatura con el fin de que se condenen administrativa y
solidariamente responsables de los daños sufrido por los demandantes por la
privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor Luis Armando
Zárate.

El 23 de septiembre de 2011 dentro del proceso de reparación directa el
Tribunal Administrativo de Antioquia Sala de Descongestión, Subsección de
Reparación Directa, profirió sentencia de primera instancia en la cual acogió
parcialmente las pretensiones de la demanda y declaró administrativa y
solidariamente responsable a las entidades demandadas; dentro del fallo se
ordenó el pago correspondiente a cada uno de los tutelantes por concepto de
perjuicios morales por injusta privación de la libertad dentro del periodo
comprendido del 10 de diciembre de 1999 al 20 de octubre de 2000.

Con fecha de 4 de octubre y 18 de octubre de 2011, la Fiscalía General de la
Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, respectivamente, presentaron
recurso de apelación contra la sentencia anteriormente mencionada.

El Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección C3, modificó la decisión
del 23 de septiembre de 2011 proferida por el tribunal. En ella, se declaró
patrimonialmente responsables a las entidades mencionadas en el párrafo
anterior, asimismo, se condenó a las mismas a pagar solidariamente a los
actores.

(…)

3Sentenciadel 24 de mayo de 2017 M.P. Guillermo Sánchez Luque con Radicado
05001233100020020428901 (44902).

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luis Armando Zárate Montoya
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-01298-00

Modifícase la Sentencia del 23 de septiembre de 2011, proferida por el
tribunal administrativo de Antioquia, la cual quedará así:

PRIMERO. declárase patrimonialmente responsable a la nación-rama judicial
y fiscalía general de la nación por la privación injusta de la libertad de Luis
Armando Zárate Montoya.

SEGUNDO. Condénase a la nación-rama judicial y fiscalía general de la
nación a pagar, solidariamente, a Luis Armando Zárate Montoya, Santiago
Zárate Alcaraz, Gustavo Zárate Ramírez Y Teresa De Jesús Montoya
Hernández, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente en
pesos a cuarenta (40) SLMLM a cada uno; a Vilma De Jesús Zárate
Montoya, Jorge Alberto Zárate Montoya, María Teresa De Jesús Zárate
Montoya y Dalia Milena Zárate Montoya la suma de veinte (20) SMLMV a
cada uno.

TERCERO. Condénase a la nación-rama judicial y fiscalía general de la
nación a pagar, solidariamente, a Luis Armando Zárate Montoya, por
concepto de daño emergente, (...)

El día 14 de noviembre de 2017, y a través de apoderado judicial se allegó al
Consejo Superior de la Judicatura, la solicitud de cumplimiento de la
sentencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Tercera de Oralidad, modificada por la sentencia del 24 de mayo de 2017 del
Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección C.

El 23 de julio de 2018, la entidad envió a los demandantes una comunicación
en la que les informó que la cuenta de cobro ingresaba al listado de turnos
para liquidación y pago de la obligación, la anterior con fecha del 14 de
noviembre de 2017.

Con auto del 15 de junio de 2022, el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Tercera de Oralidad libró mandamiento de pago contra la Nación- Rama
Judicial, en los términos de la sentencia proferida el 24 de mayo de 2017 por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C en el sentido de:

Segundo: (…) a Luis Armando Zarate Montoya, Santiago Zarate Alcaraz,
Gustavo Zarate Ramírez y Teresa de Jesús Montoya Hernández, por
concepto de perjuicios morales, la suma equivalente en pesos a cuarenta
(40) SLMLM a cada uno; a Vilma de Jesús Zarate Montoya, Jorge Alberto
Zarate Montoya, María Teresa de Jesús Zarate Montoya y Dalia Milena
Zarate Montoya la suma de veinte (20) SMLM a cada uno.

Tercero: (…) a Luis Armando Zarate Montoya, por concepto de daño
emergente, la suma de veinticinco millones trescientos sesenta y cuatro mil
quinientos noventa y dos pesos (25.364.592).

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luis Armando Zárate Montoya
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-01298-00

3. Sustento de la vulneración

La parte actora invocó la lesión de los derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y a la
dignidad humana, toda vez que en su caso ninguno de los beneficiarios, en
especial [su] madre Teresa de Jesús Montoya de Zárate, han recibido la
compensación económica y que principalmente, la mencionada, se ha visto
afectada, pues es una adulta mayor de 94 años que padece diferentes
problemas de salud y que requiere dinero con el que no cuenta para su
sustento y gastos médicos.

Alega que, aunque ya se encuentra sentencia de fondo, no ha sido posible
recibir pago alguno.

Advierte que debido a los padecimientos de salud de la señora Teresa, estos
han ocasionado deficiencias físicas que afectan su movilidad, situación que
conlleva a que se desplace constantemente en silla de ruedas y que la deba
asistir una enfermera u otro acompañante, las 24 horas del día.

De igual manera, argumentó que, «se le ha violado flagrantemente el derecho al
acceso a la justicia por la demora en el pago de la indemnización resultante de la
sentencia judicial emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y ratificada por
el Consejo de Estado, pero además está en grave riesgo el derecho a la tutela
judicial efectiva, pues ante la inminencia del fallecimiento de mi madre por las
enfermedades que padece, existe una alta probabilidad de que si se continúa con la
demora, ella no alcance a percibir realmente la indemnización por los daños
ocasionados por el Estado. La sentencia judicial queda absolutamente relegada a
un segundo plano, pues mi madre nunca verá la reparación real a sus perjuicios, tal
y como aconteció con la muerte de mi padre»4.

Con base en ello, solicitó que se tutele a favor de la señora Teresa de Jesús
Montoya de Zárate, los derechos fundamentales mencionados dentro de este
escrito y que han sido vulnerados por las entidades accionadas.

4. Trámite de la solicitud de tutela

Mediante auto de 6 de junio de 2024, se declararon infundados los
impedimentos manifestados por el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez
y la magistrada Gloria María Gómez Montoya para conocer de la acción de
tutela de la referencia.

Por otra parte, con auto de 24 de junio de 2024 se admitió la acción de tutela
interpuesta por el señor Luis Armando Zárate Montoya, actuando en nombre
propio y “en ayuda de [su] madre Teresa de Jesús Montoya de Zárate”, se

4 Transcripción literal del escrito de tutela, con posibles errores.

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luis Armando Zárate Montoya
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-01298-00

ordenó notificar al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a los
magistrados que integran dicha corporación y al director Ejecutivo de
Administración Judicial en calidad de accionados.

Igualmente se ordenó comunicar la iniciación del presente trámite procesal a
los representantes de la Unidad de Asistencia Legal (División de Procesos,
División de Cobro Coactivo y Grupo de Sentencias), a la Unidad de
Presupuesto (División de Ejecución Presupuestal, División de Tesorería,
División de Contabilidad), a la Unidad de Recursos Humanos (División de
Asuntos Laborales), a la Unidad de Planeación (División de Programación)
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura, a los señores Santiago Zárate Alcaraz, Gustavo Zarate
Ramírez, Teresa de Jesús Montoya Hernández, Vilma de Jesús Zárate
Montoya, Jorge Alberto Zárate Montoya, María Teresa de Jesús Zárate
Montoya y Dalia Milena Zárate Montoya, así como a los magistrados que
integran el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión. Todos ellos, en calidad
de terceros con interés.

5. Contestaciones

Surtidas las notificaciones, se recibieron las siguientes intervenciones:

5.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión a través
del magistrado Andrew Julián Martínez Martínez, en escrito del 2 de julio de
2024 manifestó que el despacho ha realizado los impulsos procesales que le
corresponden dentro de los parámetros indicados en la ley 1437 de 2011
(modificada por la ley 2080 de 2021) así como por los dispuesto en la ley
1564 de 2012 en lo que la se refiere a la acción ejecutiva.

De esta manera el tribunal ha garantizado al accionante y a las entidades
accionadas los derechos constitucionales de acceso a la administración de
justicia y al debido proceso, aspectos en los cuales la tutela instaurada no
está llamada a prosperar.

5.2. El Consejo Superior de la Judicatura por medio de la magistrada auxiliar
del despacho de la presidencia, Margarita María Becerra Dawson, adujo que
la Corporación es un órgano de gobierno y de administración de la Rama
Judicial razón por la cual sus funciones se limitan a lo administrativo y que el
llamado en este caso en concreto debe ser atendido por Grupo de
Sentencias de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial conforme lo dispuesto por el Acuerdo PCSJA20-
11603.

Por lo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura no es el llamado a
responder las órdenes que se expidan con el fin de amparar garantías
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luis Armando Zárate Montoya
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-01298-00

constitucionales como las que señala el tutelante máxime cuando este no
aporta prueba que permita establecer que ha radicado solicitudes en tal
sentido en esta Corporación5.

De ahí que, solicitó se acceda a la excepción de falta de legitimación por
pasiva y como consecuencia de esto se desvincule al Consejo Superior de la
Judicatura.

Las demás vinculadas se abstuvieron de contestar la demanda.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Corresponde a la Sala conocer de la acción de tutela de la referencia, en
atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37
del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.

2.2 Cuestiones previas

El Consejo Superior de la Judicatura solicitó su desvinculación del presente
trámite constitucional, pues a su juicio, carece de legitimación en la causa por
pasiva.

La petición será negada dado que la vinculación al proceso se realizó en
calidad de accionado, es decir que se deberá estudiar su incidencia en la
posible vulneración alegada por la parte actora.

2.3. Agencia oficiosa

El decreto 2591 de 1991 en su artículo 10 establece «También se pueden
agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse
en la solicitud».

Al respecto la Corte Constitucional6

(…)

Requisitos de la agencia oficiosa. La procedencia de la agencia oficiosa en
los procesos de tutela es “excepcional” y está supeditada al cumplimiento de
dos “requisitos normativos”: (i) la manifestación del agente oficioso de estar
actuando en tal calidad y (ii) la imposibilidad del agenciado de defender
directamente sus derechos. Estos requisitos buscan preservar la autonomía
de la voluntad del titular de los derechos fundamentales presuntamente

5 Transcripción literal del escrito de contestación.
6 Sentencia T-382 de 8 de noviembre de 2021. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luis Armando Zárate Montoya
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-01298-00

amenazados o vulnerados y evitar que, “sin justificación alguna, cualquier
persona pueda actuar en nombre y representación de otra alterando el orden
constitucional y la finalidad misma de la agencia oficiosa”

(…)

[e]n los trámites de tutela, este requisito podrá darse por acreditado si de los
hechos y las pretensiones de la tutela es posible inferir que el tercero ejerce
la acción en calidad de agente oficioso (…)

Por lo anterior se advierte dentro del escrito de tutela, que si bien, no se hace
la manifestación expresa por parte del accionante que actúa en calidad de
agente oficioso de la señora Montoya, se puede colegir que si lo hace toda
vez que se afirma en el escrito de tutela que la señora tiene 94 años y
además presenta diferentes condiciones de salud las cuales evidencian la
dificultad de esta para promover su propia defensa.

2.4. Problema jurídico

La Sala determinará si se cumplen los presupuestos generales de
procedencia de la acción de tutela y, de ser así, si la autoridad judicial
accionada lesionó los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia, al mínimo vital y a la dignidad humana de la
señora Teresa de Jesús Montoya Zárate de 94 años de edad, por la falta de
pago del monto resultante de la sentencia judicial emitida el 15 de junio de
2022 en la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de
Oralidad, libra mandamiento de pago contra la Nación Rama Judicial en los
términos de la sentencia proferida el 24 de mayo de 2017 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C.

2.5. De la procedencia de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional,
según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar
ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales
siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las
autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos que indica el
Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente,
ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta
acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de
improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 7, entre
otros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa
judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o
vulnerado (subsidiariedad).

7 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política.

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luis Armando Zárate Montoya
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-01298-00

2.6. Requisito de subsidiariedad

La acción de tutela es un mecanismo de amparo autónomo, residual y
subsidiario, que procede cuando el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial. La Corte Constitucional ha señalado que el requisito de
subsidiariedad conlleva el deber de agotar todos los medios de defensa –
ordinarios y extraordinarios– que tenga a su alcance para reclamar la
protección de sus derechos, antes de acudir a este mecanismo
constitucional.8

Este deber tiene dos excepciones, que hacen procedente la acción de
tutela, aunque el afectado cuente con otro medio de defensa judicial, éstos
son: (i) cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable o (ii) cuando, en correspondencia con la situación fáctica bajo
análisis, se pueda establecer que los recursos judiciales no son idóneos ni
eficaces para superar la amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales invocados.

Esta exigencia de agotar los medios de defensa disponibles se hace más
estricta cuando se utiliza la acción de tutela para atacar providencias
judiciales, así lo ha precisado la Corte Constitucional: “la solicitud de amparo
constitucional contra las decisiones de los jueces solo procede cuando se
hubieren agotado todos los medios ordinarios o extraordinarios o,
excepcionalmente, cuando la protección resulte urgente para evitar un
perjuicio irremediable”. Y más adelante, enfatizó que “[e]n la medida en que
el amparo es un recurso subsidiario, es necesario que se agoten, antes de
interponerlo, la totalidad de los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa”9

Dicha corporación, de manera reiterada ha aclarado que los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios constituyen, por regla general, las
vías legítimas de defensa y reconocimiento de los derechos
fundamentales.10

2.7. Caso concreto

La parte actora alegó que las autoridades accionadas vulneraron sus
derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al
mínimo vital y a la dignidad humana, por la falta de pago de lo dispuesto en
el auto 15 de junio de 2022 en la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Tercera de Oralidad, libró mandamiento de pago contra la Nación-

8 Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021.
9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
10 Corte Constitucional, Sentencia SU-263 de 2015.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luis Armando Zárate Montoya
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-01298-00

Rama Judicial, en los términos de la sentencia proferida el 24 de mayo de
2017.

Para tal efecto, invocó el artículo 29 de la Constitución Política, la sentencia
C-031 de 2019 como sustento de la violación al acceso a la justicia por la
demora en el pago de la indemnización a la señora Montoya, de igual forma
mencionó el artículo 1 de la carta magna y la sentencia 581 A de 25 de julio
de 2011 referentes al concepto de mínimo vital.

Sobre el particular, se observa que la presente acción de tutela no cumple
con el requisito de subsidiariedad, toda vez que el demandante cuenta con
un mecanismo principal para la obtención de lo pretendido por esta vía, como
lo es la acción ejecutiva en los términos del artículo 297 de la Ley 1437 de
2011, norma que dispone:

«ARTÍCULO 297. TÍTULO EJECUTIVO. Para los efectos de este Código,
constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una
entidad pública al pago de sumas dinerarias…»

En ese sentido, como el accionante persigue, a través de esta acción de
tutela, que se ordene a la entidad demandada el pago de una condena
impuesta a su favor mediante sentencia ejecutoriada proferida por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se advierte que el proceso
ejecutivo es el medio idóneo para la obtención de lo solicitado.

Ahora bien, se observa que la parte actora, en efecto, agotó dicho trámite y
como consecuencia de ello el juez natural de la ejecución emitió auto de 15
de junio de 2022 que libro mandamiento de pago, y con auto del 30 de
agosto de 2022 el Tribunal ordeno seguir adelante con la ejecución del
mismo, de manera que el demandante debe estarse a lo resuelto dentro del
proceso ejecutivo dentro del cual puede efectuar las gestiones y actuaciones
del caso para conseguir el pago de la condena impuesta en sentencia
ejecutoriada.

Por otro lado, se estima que no se configura un perjuicio irremediable para
superar el requisito de subsidiariedad, toda vez que, en relación con el
derecho al mínimo vital de subsistencia alegado por el accionante, este
mismo se encuentra subsanado por cuanto en el escrito de tutela el señor
Zárate referencia que:

«Actualmente cubre las necesidades básicas de alimentación y vestido con
la escasa ayuda que percibe de nosotros como hijos, pero todos nosotros
contamos con obligaciones en nuestros propios hogares. Si bien mi madre
cuenta con una pensión de sobreviviente dejada por mi padre, la misma se
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luis Armando Zárate Montoya
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-01298-00

destina en su totalidad al pago de un arrendamiento de un apartamento en el
cual pueda vivir con facilidad para el manejo de la silla de ruedas en la que
se debe desplazar, más los cuidados paliativos que necesita mi madre para
su subsistencia11.»

Por consiguiente, como quiera que ya existe un mecanismo principal que es
el proceso ejecutivo, para que el actor obtenga las pretensiones que eleva en
esta acción, se concluye que la misma deviene de improcedente toda vez
que no cumple el requisito de subsidiariedad por lo que así será declarado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación realizada por el Consejo
Superior de la Judicatura.

SEGUNDO: Reconocer como agente oficioso de la señora Teresa de Jesús
Montoya al señor Luis Armando Zárate Montoya.

TERCERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela de la
referencia por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

CUARTO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

11 Transcripción literal del escrito de tutela con posibles errores.

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luis Armando Zárate Montoya
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-01298-00

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.