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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01303-01

Fecha
17 de julio de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01303-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 18 de abril de 2024, por la cual la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia por las razones aquí descritas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que, para interponer cualquier solicitud contra la misma, deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin15. 14 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018. 15 secgeneral@consejodeestado.gov.co 8 de 9 Radicación: 11001-03-15-000-2024-01303-01 Demandante: José Darío Díaz Pinto Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Confirmar ______________________________________________________________________________________________________________ TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01303-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

17 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 17 de julio de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01303-01
Demandante: José Darío Díaz Pinto
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia de segunda instancia que confirmó
la decisión de negar las pretensiones de una demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho relacionado con el reconocimiento de la asignación de retiro del accionante.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 18 de
abril de 2024, por la cual la Sección Primera del Consejo de Estado declaró
improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Fallo de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 15 de marzo de 2024, José Darío Díaz Pinto, mediante apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra el Juzgado 1 Administrativo de
Mocoa y el Tribunal Administrativo de Nariño, por la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, mínimo
vital, vida digna y acceso a la administración de justicia, con ocasión de la
Sentencias de 22 de julio de 2021 y 25 de agosto de 2023, proferidas en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 86001-33-31-001-
2020-0122-00/01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo No. 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia por falta del requisito

general de la relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01303-01
Demandante: José Darío Díaz Pinto
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
______________________________________________________________________________________________________________

“PRIMERA: Que el Honorable Consejo de Estado, TUTELE a favor de mi Prohijado,
los Derechos Constitucionales Fundamentales vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Nariño, dentro del Proceso de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho N.º 86001-33-31-001-2020-0122-01 (10800) y el Juzgado Primero
Administrativo de Mocoa, pues con sus decisiones claramente violaron sus
derechos fundamentales a UN DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA SEGUIRIDAD SOCIAL, AL MINIMO VITAL Y A
LA VIDA DIGNA.

SEGUNDA: Una vez Tutelados los Derechos Fundamentales de José Dairo Díaz
Pinto, solicito que, como consecuencia, se deje sin efecto las Sentencias de
agosto 25 de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño y de julio
22 de 2021 proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Mocoa, y en su
lugar se Acceda a declarar a favor de mi mandante las pretensiones de la
demanda o se ordene al Tribunal mencionado, expedir una nueva sentencia a
través de la cual se concedan las pretensiones de la demanda”.

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:

4. 1) José Darío Díaz Pinto prestó servicios como agente de la Policía
Nacional de Colombia, entre el 30 de enero de 1989 y el 28 de octubre de
2003, esto es, 14 años, 11 meses y 15 días. Al momento de su retiro, indicó el
accionante, tenía pendientes por disfrutar 221 días de vacaciones.

5. 2) El 12 de junio de 2018, el señor Díaz Pinto presentó petición a la Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR, en la que solicitó el
reconocimiento de la asignación de retiro.

6. 3) Mediante Oficio No. 368801 de 19 de octubre de 2018, CASUR negó
la anterior solicitud, bajo el argumento de que el señor Díaz Pinto no prestó
servicios por 15 años, como lo exige la norma, ya que este solo acreditó 14
años, 11 meses y 15 días.

7. 4) Inconforme con la respuesta, José Darío Díaz Pinto presentó
demanda contra de dicha autoridad con la finalidad de que se declarara
la nulidad del Oficio E-00003-201821916 - CASUR Id: 368801 de octubre 19 de
2018, por medio del cual, se le negó su asignación de retiro y, en
consecuencia, obtener el reconocimiento de tal prestación.

8. 5) Mediante Sentencia de 22 de julio de 2021, el Juzgado 1
Administrativo de Mocoa negó las pretensiones de la demanda. Como
fundamento de su decisión, indicó que en el presente caso no era
procedente la declaratoria de nulidad del acto administrativo acusado,
porque el demandante no cumplió con la carga probatoria de desvirtuar la
presunción de legalidad, pues no se probó la existencia de un (se trascribe)
“vicio que afecte la existencia o validez del acto administrativo
demandado, (…) no obra en el proceso, prueba conducente, pertinente y

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01303-01
Demandante: José Darío Díaz Pinto
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
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útil que comporte una entidad suficiente para dar por probado de forma
plena causal de nulidad”.

9. 6) La anterior decisión fue apelada3 por el demandante y, en
Sentencia de 25 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo de Nariño
confirmó la sentencia de primer grado, tras determinar que el señor Díaz
Pinto al haber prestado 14 años, 11 meses y 15 días de servicios, no cumplió
con los 15 años requeridos que exige el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990
para adquirir el reconocimiento de la asignación de retiro.

10. Como fundamento de la vulneración, la parte actora indicó que las
autoridades accionadas incurrieron en (1) defecto fáctico, por una errónea
apreciación de los elementos probatorios obrantes en el expediente
ordinario que acreditaban que el tiempo que le hacía falta para cumplir
con los 15 años era ínfimo; y (2) desconocimiento del precedente judicial de
la Corte Constitucional4, la Corte Suprema de Justicia5 y el Consejo de
Estado6, en el que, en aplicación del principio de igualdad y de equidad,
reconocieron prestaciones en situaciones similares a la suya.

1.2. Fallo de primera instancia e impugnación

11. Mediante Sentencia de 18 de abril de 2024, la Sección Primera del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir
con el requisito de relevancia constitucional. Para ello, señaló que los
argumentos de la solicitud de amparo fueron los mismos que la parte actora
planteó en el proceso ordinario. En esa medida, arguyó que la acción de
tutela no era una instancia adicional para la discusión de asuntos
probatorios o de interpretación del derecho.

12. Inconforme con el fallo de primera instancia, la accionante presentó
escrito de impugnación, en el que, además de reiterar lo señalado en su
escrito de tutela, citó la Sentencia SL 138 – 2024 de 31 de enero de 2024 en
la que la Corte Suprema de Justicia indicó que las semanas de cotización
de pensión se deben cotizar con días calendario y no con meses de 30 días.
De manera que, presentó un nuevo cálculo de días trabajados a partir de

3 El demandante en su recurso de apelación indicó que la sentencia de primera instancia no consideró el hecho

de que el tiempo de servicio real era de 14 años, 11 meses y 15 días, y no 14 años, 8 meses y 27 días. Pues la
diferencia entre faltar 15 días y 3 meses, para completar 15 años de servicio, era significativa. Adicionalmente,
refirió que si se demostró la nulidad por falsa motivación del acto administrativo, ya que los 221 días de vacaciones
no disfrutados y 3 meses de alta superaban los 15 días faltantes para lograr el reconocimiento de la asignación de
retiro. A pesar de lo anterior, el juez no consideró ninguno de estos aspectos, así como tampoco tuvo en cuenta
que el Decreto 1213 de 1990 establece que los agentes solo pueden ser retirados después de 15 años de servicio,
por lo que rechazó erróneamente las pretensiones.
4 Sentencias T-112 de 2014, T-681 de 2013, T-324 de 2015, T-278 de 2016 y SU-837 de 2002.
5 Sentencias SL3680-2018 de agosto 29 de 2018.
6 Sentencia de agosto 24 de 2017 Rad. 41-001-23-33-000-2013-00216-01 y Sentencia del 3 de marzo de 2015 Rad.

05001-23-33-000-2012-00772-01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01303-01
Demandante: José Darío Díaz Pinto
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
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la referida jurisprudencia, en los que, según su cálculo, el señor Díaz Pinto
790.7 semanas de cotización, esto es, 99.722%.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido. 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Conclusiones.

2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial7

13. La Sala confirmará la Sentencia de tutela de primera instancia, a
través de la cual se declaró improcedente la acción de tutela por no superar
el requisito de relevancia constitucional.

14. Para la Corte Constitucional, la relevancia constitucional protege el
carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, previene que la tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para reabrir debates simplemente legales. En
consecuencia, el juez debe analizar (se trascribe): “(i) que el asunto tenga
la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales” 8.

15. Además, ha sostenido que, cuando la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales9.

16. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 2014, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requiere la conjunción de 2 elementos: la carga argumentativa por parte
del demandante en la que explique la relevancia de la controversia para el
juez de tutela10 y que la solicitud de amparo no se presente con objeto de

7 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia

T-66 de 2019.
8 Corte Constitucional, Sentencias SU 573 de 2019, SU 128 de 2021 y SU 215 de 2022.
9 Ibidem.
10 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer

elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01303-01
Demandante: José Darío Díaz Pinto
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
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obtener una nueva instancia11; y que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad12.

17. De la revisión del escrito de súplica, tal como lo expresó el juez de
tutela en el fallo de primer grado, la Sala evidenció que el accionante (1)
no cumplió con la carga argumentativa necesaria para determinar los
motivos por los cuáles este asunto tenía trascendencia constitucional y (2)
pretendió revivir un debate propio del juez natural. Así, buscó que, a través
de la acción de tutela, se estudiara un aspecto que ya fue resuelto, es decir,
utilizarla como una instancia adicional.

18. Lo anterior obedece a que, si bien, la parte actora refirió que la
cuestión discutida era de relevancia constitucional, en razón a que (se
trascribe) “[la] [s]entencia o fallo mediante el cual se negaron las
pretensiones de la demanda administrativa claramente contravino el
artículo 53 de la constitución política colombiana y los principios de equidad
e igualdad”, lo cierto es que tal argumento no resulta suficiente para
explicar por qué es necesaria la intervención del juez de tutela, por ser el
reconocimiento de la asignación de retiro un aspecto resuelto en 2
instancias en las que se le explicó a la parte que no cumplió con el tiempo
de servicio requerido para ello.

19. Además, aunque del escrito de tutela se puede extraer que la parte
accionante encuadró sus reparos en varios defectos, la Sala evidenció que
reiteró los mismos argumentos que expuso en el proceso ordinario,
concretamente, en la demanda13. Así, buscó que, a través de la acción de
tutela, se estudiara un aspecto que ya fue resuelto, es decir, utilizarla como
una instancia adicional.

11 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal

adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
12 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
13 “(...) Existe un concepto importante que se debe tener en cuenta al momento de establecer criterios de igualdad

y es el que la asignación de retiro es una prestación social, como lo esbozamos anteriormente, para lo cual
requerimos observar lo manifestado por la H. Corte Constitucional en Sentencia T-112 de 2014. (..) El señor Díaz
Pinto se encuentra en equivalentes o iguales circunstancias a otros exmiembros de la Policía Nacional que
accedieron, bien sea ellos mismos o sus familiares, a la prestación social de asignación de retiro, (cuya finalidad,
como ya lo vimos, es asimilable a la de la pensión de sobrevivientes reconocida en el Sistema General de
Pensiones) aun faltándole escaso tiempo para cumplir el requisito mínimo de contar con al menos quince (15) años
de servicio, veamos jurisprudencialmente lo que han determinado las altas cortes, a saber (..) En Sentencia T-278
de 2016, la Corte Constitucional, respecto del faltante ínfimo de escasas décimas (…). (…)en Sentencia del
Consejo de Estado del 3 de marzo de 2015, la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección
A (…) se dijo frente a un policial que tenía 14 años, 4 meses y 16 días de servicio activo en la Policía, que se le
deben tener en cuenta los tres meses de alta, extendiéndose así los días para que el porcentaje dado represente
los 15 años de servicio (…). (…) La EQUIDAD, desde el punto de vista constitucional, tiene un alcance a la vez más
preciso y más poderoso, como lo explicó la Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-837 de 2002 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa). Con respecto al principio de equidad, me permito citar lo que ha dicho la Corte
Constitucional en las Sentencias T-681 de 2013 y T-324 de 2015 (…). (…) Por último, la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL3680-2018 de agosto 29 de 2018, Magistrada Ponente DOLLY AMPARO
CAGUASANGO VILLOTA, aplicando el criterio de justicia y equidad (…).” Argumentos que fueron presentados por
el accionante en la demanda del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 86001-33-31-001-2020-
0122-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01303-01
Demandante: José Darío Díaz Pinto
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
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20. Tales puntos fueron abordados y resueltos por el Tribunal Administrativo
de Nariño, el cual confirmó la sentencia apelada, tras concluir que (se
trascribe):

“ 6. EL CASO EN CONCRETO

37. Conforme al texto del recurso de apelación elevado por la parte
demandante, para la Sala es claro, lo que se debate en esta instancia judicial
es, sí le asiste o no, al Agente ® José Dairo Díaz Pinto, conforme al ordenamiento
jurídico contemplado con el Decreto n° 1213 de 1990, Decreto n° 4433 de 2004,
en concordancia con el Decreto n° 1157 del 24 de junio de 2014, donde se
estableciera como requisito de tiempo de servicio para adquirir el
reconocimiento a la asignación de retiro, alcanzar la edad de 15 años de labor
en la Policía Nacional.

38. Sumado a lo anterior, el análisis del presente asunto, igualmente se centrará
en determinar, si en efecto la decisión de primera instancia de negar las
pretensiones de la demanda, se encuentra o no ajustada a derecho, teniendo
en cuenta las particularidades del caso; por lo cual, superado el trámite en esta
instancia, corresponde a la Corporación desatar el recurso, de conformidad
con los parámetros contenidos en el artículo 328 del C.G.P.

[…]

40. Para sus efectos, se hace necesario una valoración de los documentos que
acompañan la demanda y que tiene relación directa con el objeto materia de
la Litis, llevan a esta Corporación a tener como piezas probatorias las siguientes.

1. Oficio con radicado E-00003-201821916-CASUR Id: 368801, de octubre 19 de
2018, suscrito por Director General, Brigadier General (RA) JORGE ALIRIO BARÓN
LEGUIZAMÓN, por medio del cual negó al señor JOSÉ DAIRO DÍAZ PINTO su
asignación de retiro, correspondiente al grado de Agente ®.

2. Petición radicada por el Agente ® JOSÉ DAIRO DÍAZ PINTO ante CASUR,
solicitando la asignación de retiro.

3. Extracto de hoja de vida del Agente ® JOSÉ DAIRO DÍAZ PINTO.

4. Copia de la Constancia expedida por el Jefe de Talento Humano de la Policía
Nacional de fecha 28 de octubre de 2003, sobre la figura de días de vacaciones
sin disfrutar.
[…]
48. Determinados los hechos probados, y teniendo en cuenta el problema
jurídico planteado, procederá la Sala a determinar inicialmente las normas
relativas a la asignación de retiro, que se encontraban vigentes al momento de
ingreso y retiro de la Institución del Agente ® JOSÉ DAIRO DÍAZ PINTO.

49. Se observa que el demandante ingresó a la Policía Nacional como auxiliar y
fue dado de alta como auxiliar el día 30 de enero de 1989, y con posterioridad
en la categoría de Agente, tal como se desprende del extracto de su hoja de
vida, (Archivo 8 Carpeta 01 del Expediente Digital); fecha en la que se
encontraba vigente el Decreto 1213 de 1990, mediante el cual se reformó el
estatuto del personal de agentes de la Policía Nacional y se derogó el Decreto-
Ley 97 de 1989.

50. El citado Decreto 1213 de 1990, previó en su artículo 104, los requisitos para
acceder a la asignación de retiro de los Agentes, en los siguientes términos:
[…]

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Demandante: José Darío Díaz Pinto
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
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59. De ese modo, como bien lo hubiere justificado la entidad demandada
(CASUR), que el señor JOSE DAIRO DIAZ PINTO, fue retirado por “Voluntad de la
Dirección General”, bajo Resolución n° 2327 del 28 de octubre de 2003, al actor
únicamente le resultaría aplicable el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990, que
estableció como requisito para adquirir el derecho prestacional, el
cumplimiento de 15 años de servicio, cuando la desvinculación del servicio
obedece por voluntad de la Dirección General de la Policía Nacional.
[…]
61. Según el registro suministrado en el extracto de la hoja de vida del
demandante, se pudo constatar, que con la expedición de la Resolución n°
2327 del 28 de octubre de 2003, la entidad demandada resolvió retirar del
servicio activo de la Policía Nacional por voluntad de la Dirección General, al
Agente JOSÉ DAIRO DÍAZ PINTO, (Archivo 8 – Carpeta 1 Expediente Digital) -
Contando a la fecha con 14 años, 11 meses y 15 días. Quiere decir, que no
alcanzaba el tiempo de servicio establecido por la disposición normativa en
cita, para gozar del derecho a la asignación de retiro (15 años).
[…]
64. Sumado a lo anterior debe destacarse, que si bien la parte demandante en
esta instancia judicial, cuestiona, que jamás se aproximó el fallador de instancia
a lo probado en el proceso con el documento constitutivo del extracto de hoja
de servicios, junto a la liquidación de las vacaciones, las cuales debieron de ser
compensadas, y por tanto, su registro podía ser sumado al tiempo de servicio
para que fuere otorgado para su reconocimiento; es claro para la Sala, que
con la expedición de la Resolución n° 2327 del 28 de octubre de 2003, fue la
entidad demandada, quien resolviera retirar del servicio activo de la Policía
Nacional al señor José Dairo Díaz Pinto, por voluntad de la Dirección General, y
tomando como fecha de registro, catorce (14) años, once (11) meses y quince
(15) días, destacando, no alcanzar el tiempo de servicio establecido por la
disposición normativa en cita, para gozar del derecho a la asignación de retiro
(15 años).
[…]
72. Aunado a lo anterior, como el demandante, solo puso en tela de juicio la
nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio E-00003-201821916-
CASUR Id: 368801; y que en ningún momento, se haya observado que con la
expedición de la Resolución n° 2327 del 28 de octubre de 2003, por voluntad de
la Dirección General, resolviera retirar del servicio activo de la Policía Nacional
al señor José Dairo Díaz Pinto, haya sido llevada a juicio de legalidad; para la
Sala es claro, que en el presente asunto, resulta evidente que al no haberse
demandado; su figura, subsistiría en el mundo jurídico, y por consiguiente, como
su inconformismo no recae de forma directa en su invalidación, su figura seguiría
produciendo efectos, situación que impediría, reestructurar un adecuado
restablecimiento del derecho como lo pretende la parte demandante en esta
instancia […]”.

21. En virtud de lo anterior, así como en su momento lo manifestó la
Sección Primera del Consejo de Estado en el fallo impugnado, debe
señalarse que no se evidenció la necesidad de la intervención del juez de
tutela en un asunto que ya fue resuelto por el juez natural, quien se
pronunció sobre los reparos que formuló la parte actora contra la sentencia
apelada. En ese orden, se reitera que lo pretendido por el accionante fue
reabrir el debate jurídico y someterlo a una instancia adicional, pese a que
el juez del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con
fundamento normativo, dejó claro que: (1) CASUR al expedir el acto
administrativo acusado había cumplido en su totalidad con el
procedimiento legal para retirar del servicio al señor Díaz Pinto, (2) el
demandante no cumplió con la carga probatoria de desvirtuar la

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Demandante: José Darío Díaz Pinto
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
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presunción de legalidad del acto administrativo aludido, (3) era necesario
confirmar la decisión de primera instancia que se fundamentó en el supuesto
que consagra el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990, esto es, que el
requisito de tiempo del servicio para adquirir el reconocimiento de la
asignación de retiro es de 15 años de labor, tiempo que no fue cumplido
(acreditado) por parte del demandante, y (4) en temáticas de asignación
de pensiones o de retiro, las reglas jurídicas son claras y no se prestan a
equívocos ni permiten que con una indebida aplicación se afecte
negativamente los recursos del Estado.

22. Así las cosas, se recuerda que las diferencias interpretativas que
existieren entre el demandante y el juez natural de la causa no constituyen,
por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones
del juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión vía tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué
el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela
contra providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de
amparo de derechos fundamentales de carácter excepcional14.

2.2. Conclusiones

23. La Sala procederá a confirmar la sentencia impugnada, tras
corroborar que no se superó el requisito de relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 18 de abril de 2024, por la cual la
Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud
de amparo por falta de relevancia por las razones aquí descritas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que, para interponer cualquier
solicitud contra la misma, deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin15.

14 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659

de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
15 secgeneral@consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01303-01
Demandante: José Darío Díaz Pinto
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
______________________________________________________________________________________________________________

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Con aclaración de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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