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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01313-00

Fecha
4 de julio de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01313-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala de Conjueces, y del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Segundo. En caso de no ser impugnada esta providencia, y una vez ejecutoriada, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-01313-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

4 de julio de 2024

1

Radicado: 11001 03 15 000 2024 01313 00
Demandante: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., cuatro (04) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 01313 00
Demandante: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala de Conjueces y
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Temas: Tutela contra providencia judicial. Debido proceso y acceso a la
administración de justicia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial en contra de las sentencias del 17 de septiembre de 2019 y
21 de noviembre de 2022, dictadas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala de Conjueces, respectivamente,
dentro del proceso de acción de grupo con radicado 76001 23 33 004 2016 01332
01.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por medio de apoderado
judicial, promovió la presente acción constitucional en orden a que se tutelen sus

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Demandante: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se deje sin efectos la sentencia del 21
de noviembre de 2022, por medio de la cual la Sala de Conjueces de la Sección
Tercera del Consejo de Estado confirmó el fallo del 17 de septiembre de 2019
dictado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la que se accedió
parcialmente a las pretensiones de la acción de grupo 76001 23 33 004 2016 01332
00, en el sentido de condenar a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, entre otras, a «pagar a los actores la bonificación judicial
consagrada en el artículo 1.º del Decreto 383 de 2013 y reajustar las demás
prestaciones a que haya lugar»

1.1.2. Los hechos

La parte accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) El 1 de septiembre de 2016, la señora Diana Patricia Guerrero Zapata y otros 153
ciudadanos, a través de apoderado, interpusieron el medio de control de reparación
de los perjuicios causados a un grupo contra la Nación, Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, con el propósito de que se inaplicara por
inconstitucional la expresión «y constituirá únicamente factor salarial para la base de
cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad
Social en Salud», consignada en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013.

Además, solicitaron que se declarara la nulidad de los actos administrativos por
medio de los cuales la entidad les negó la reliquidación de las prestaciones sociales
con inclusión de la bonificación judicial citada, se indexara el valor de la condena y se
reconocieran los intereses moratorios e indemnizaciones a que hubiera lugar. El
proceso fue radicado con el consecutivo 76001 23 33 004 2016 01332 00.

ii) El 17 de septiembre de 2019, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió
sentencia de primera instancia en la que resolvió: «INAPLICAR por inconstitucional la

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expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al
Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”,
contenida en el artículo primero del Decreto 383 de 2013 y demás normas que lo
modificaron» y «Declarar la nulidad parcial de la Resolución No. DESAJCLR16-
2013, del 3 de junio de 2016 y del acto administrativo presunto, en cuanto negaron a
los demandantes el reconocimiento y pago de la bonificación judicial creada
mediante Decreto 383 de 2013 como factor salarial para todos los efectos legales y
la reliquidación de sus prestaciones sociales».

Adicionalmente, a título de restablecimiento del derecho ordenó, principalmente,
reliquidar las diferencias que resulten sobre todas las prestaciones sociales
causadas de los servidores acogidos a los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994,
43 de 1995.

iii) La DEAJ presentó recurso de apelación que fue resuelto, inicialmente, por la
Sección Tercera del Consejo de Estado, Sala de Conjueces, por medio de sentencia
del 18 de julio de 2022, en la que revocó la decisión recurrida por considerar que
«cuando medie la reclamación de acreencias laborales y la indemnización por causa
de las mismas, el medio de control a ejercer por parte de los demandantes debe ser
el de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de carácter laboral».

iv) Los accionante interpusieron una acción de tutela en contra de la anterior
sentencia, que fue radicada con el consecutivo 11001 03 15 000 2022 05113 00, que
en sentencia del 27 de octubre de 2022, emitida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, dejó sin efectos el fallo del 18 de julio de 2022, al considerar que el fallo
cuestionado «incurrió en defecto sustantivo por falta de aplicación del artículo 145 de
la Ley 1437 de 2011».

v) El 21 de noviembre de 2022, en cumplimiento de lo ordenado por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, la Sala de Conjueces de la Sección Tercera, profirió
nueva sentencia en la que confirmó la sentencia de primera instancia dictada por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. La anterior decisión quedó ejecutoriada
el 23 de febrero de 2023.

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vi) El 26 de enero de 2023, esta Subsección confirmó la sentencia de tutela del 27 de
octubre de 2022. El 23 de junio de 2023 el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca profirió auto de obedézcase y cúmplase lo resulto por el superior y el 20 de
noviembre de 2023 la misma autoridad judicial elaboró aviso para que los
demandantes cumplieran con lo previsto en el numeral 4 del artículo 65 de la Ley 472
de 1998, por lo que el 19 de diciembre de 2023 la parte hoy accionante presentó
incidente de nulidad por no haberse expedido el citado aviso dentro de los plazos
contemplados en la norma.

1.1.3. Los defectos invocados

En sentir de la parte accionante, las providencias objeto de censura vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, por las siguientes razones:

i) La parte accionada incurrió en un yerro consistente en sustraerse de adecuar la
demanda al trámite que le correspondía, como lo impone el artículo 171 del CPACA,
pues de la lectura de las pretensiones y hechos allí consignados resulta
incuestionable que el medio de control por el que debía adelantarse no era el de
reparación de los perjuicios causados a un grupo, sino el de nulidad y
restablecimiento del derecho.

ii) No es dable asimilar las pretensiones retributivas de restablecimiento del derecho
planteadas en la demanda de grupo, con las indemnizatorias que, sin sustento legal
ni mayor análisis matemático o fáctico, analizó y concedió la Corporación. Así, hacer
parte de un grupo no significa que todos quienes lo conforman se encuentran en
situación análoga, como al parecer lo entendieron las Corporaciones que conocieron
de la acción.

iii) En la sentencia de reemplazo proferida por la Sala de Conjueces de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en cumplimiento de lo ordenado en la acción de
tutela conocida por las Secciones Cuarta y Segunda, al parecer, se entendió que la

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consecuencia necesaria de la orden de tutela era acceder a las pretensiones, cuando
lo que se allí se estudió fueron aspectos de índole procesal, sin que se fijaran pautas
sustanciales para decidir en uno u otro sentido.
1.2. Actuación procesal

El presente mecanismo de amparo constitucional fue inadmitido por medio de auto
del 22 de marzo de 2024, en el que se requirió a la parte accionante para que
aportara, en debida forma, el escrito de la acción de tutela y el poder judicial
debidamente conferido, solicitud que fue atendida según se observa en el índice 11
del portal Samai, por lo que, a través de proveído del 16 de abril de 2024, visible en
el índice 13 de Samai en el que se ordenó notificar como parte demandada al
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala de Conjueces y al Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, al paso que se dispuso la vinculación de los demandantes del
proceso ordinario 76001 23 33 004 2016 01332 00 como terceros interesados.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. consejo de Estado, Sección Tercera, Sala de Conjueces1

i) Ninguna de las decisiones adoptadas por conducto de la sentencia cuestionada fue
arbitraria, improcedente o contraria a derecho, por lo que «no es cierto que como lo
dice el demandante, que “se echa de menos es que no se efectuó el análisis del caso
respecto de la norma en mención, vigente para la fecha de instauración de la
demanda, y también por cuanto se omitió examinar el asunto respecto del alcance de
la sentencia C-407 de 2021”»

1.3.2. Terceros con interés2

i) La Dirección Ejecutiva fue parte en la acción de tutela 11001 03 15 000 2022
05113 00 y, habiendo sido notificada personalmente de la sentencia de primera
instancia de fecha 27 de octubre de 2022, proferida por la sección Cuarta de la Sala

1
Documento 299 en el índice 18 del portal Samai.
2
Documento 319 en el índice 22 del portal Samai.

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de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, omitió presentar
impugnación.

ii) La parte accionante pretende reabrir un debate concluido hace más de un año
para cuestionar las sentencias adoptadas en derecho. El cual, además, no cumple
con los requisitos mínimos de procedencia, pues no se interpuso dentro del plazo
fijado por la Corte Constitucional como inmediato, el cual corresponde a 6 meses
contados después de la notificación o ejecutoria de la decisión cuestionada.

La sentencia de fecha 21 de noviembre de 2022, proferida por la Sala de
Conjueces de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al interior de la
acción de grupo radicada con el número 76001233300020160133201 fue
notificada electrónicamente mediante estado –en la página Web de la
Corporación el 20 de febrero de 2023 y cobró ejecutoria el 23 de febrero de
2023, tal y como consta en constancia adjunta a este escrito.

Por su parte, la providencia de fecha 31 de marzo de 2023, a través de la cual
se corrigió el ordinal primero de la sentencia de fecha 21 de noviembre de
2022, fue notificada electrónicamente mediante estado en la página Web de la
Corporación el 3 de mayo de 2023 y cobró ejecutoria el 7 de mayo de 2023.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del artículo 1.º del Decreto 1983 de 2017,
según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y
el Consejo de Estado serán repartidas para su conocimiento en primera instancia a la
misma Corporación, y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección
que corresponda, de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo
2.2.3.1.2.4.», esta Sala de decisión es competente para conocer del presente asunto.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir las sentencias del 17 de septiembre de

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2019 y 21 de noviembre de 2022, dictadas por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala de Conjueces,
respectivamente, dentro del proceso de acción de grupo con radicado 76001 23 33
004 2016 01332 01.

En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si las decisiones adoptadas en
dichas providencias vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, vida digna,
seguridad social y mínimo vital de la señora María Teresa Narváez.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional3 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,4 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv)
que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora

3 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de
2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
4Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de
que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una
de las anteriores causales o defectos.

2.4. Hechos probados

i) La señora Diana Patricia Zapata y otros, presentaron demanda de reparación de
los perjuicios causados a un grupo, contra la Nación, Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, con el propósito de que se inaplicara por
inconstitucional la expresión «y constituirá únicamente factor salarial para la base de
cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad
Social en Salud», consignada en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013 y que como
consecuencia de ello se reliquidaran las prestaciones sociales devengadas, esta vez,
teniendo en cuenta dicho emolumento.

La demanda se identifica con el radicado 76001 23 33 004 2016 01332 01.

ii) El 17 de septiembre de 2019, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
profirió sentencia de primera instancia en la que accedió a las pretensiones, pues
inaplicó con inconstitucional la expresión «y constituirá únicamente factor salarial
para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de
Seguridad Social en Salud», contenida en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013;

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declaró la nulidad parcial de la Resolución DESAJCLR16-2013 del 3 de junio de 2016
que negó lo pertinente a los demandantes y, en consecuencia, ordenó la
reliquidación de las prestaciones sociales con inclusión de la bonificación judicial de
que trata el citado decreto.5

iii) El 21 de noviembre de 2022, luego de decisiones previas en sede de tutela, la
Sección Tercera del Consejo de Estado, Sala de Conjueces, profirió sentencia de
segunda instancia en el proceso 76001 23 33 000 2016 01332 01, en la que confirmó
en su totalidad la sentencia de primera instancia del 17 de septiembre de 2019.6

iv) De acuerdo con la constancia visible en el índice 53 del portal Samai, la sentencia
contra la que se dirige el presente asunto cobró ejecutoria el 23 de febrero de 2023.

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

La Dirección Administrativa de Administración Judicial interpuso la presente acción
de tutela con el propósito de que, como resultado del amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, se deje sin
efectos 17 de septiembre de 2019 y 21 de noviembre de 2022, dictadas por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Sala de Conjueces, respectivamente, dentro del proceso de acción de grupo con
radicado 76001 23 33 004 2016 01332 01.

Analizado en su integridad el expediente de la acción de tutela, la Sala considera que
el presente medio de amparo constitucional no supera el estudio de procedibilidad,
particularmente frente al requisito de inmediatez; las razones son las siguientes:

Si bien es cierto que el ejercicio de la acción de tutela no cuenta con un término de
caducidad, la jurisprudencia constitucional ha considerado que, en virtud del carácter
preferente y sumario de protección que encierra la solicitud de amparo, esta debe
interponerse dentro de un término razonable y proporcionado a partir del evento

5
Documento 259 en el índice 2 de Samai.
6

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generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos fundamentales, con
el fin de proteger derechos de terceros, impedir que el amparo se convierta en un
factor de inseguridad jurídica y evitar su uso como herramienta supletoria de la
negligencia en la agencia de derechos, desnaturalizando con ello la finalidad de la
acción.8

Al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante decisión del 5 de agosto
de 2014,9 explicó que el término de inmediatez cobra mayor relevancia cuando el
recurso de amparo se dirige a cuestionar providencias judiciales, toda vez que se
encuentran en juego los principios de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica,
razones por las cuales acogió, como regla general, un plazo de seis meses contados
a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia que se discute.

De acuerdo con lo anterior, la última decisión judicial contra la que se dirige el
presente medio de amparo constitucional es la proferida por el Consejo de Estado el
21 de noviembre de 2022, la cual, según, se observa en el índice 53 del proceso de
ordinario en el portal Samai quedó ejecutoriada el 23 de febrero de 2023.

Como consecuencia de lo anterior, los 6 meses previstos como tiempo prudencial
para adelantar acciones de tutela contra providencia judicial transcurrieron entre el
24 de febrero y el 24 de agosto de 2023. A pesar de lo anterior, la radicación del
presente medio constitucional ocurrió el 15 de marzo de 2024, es decir, casi 7 meses
después del fenecimiento del plazo.

Ahora bien, la Corte Constitucional ha señalado que el examen de la inmediatez no
se reduce a verificar el paso del tiempo entre el hecho generador de la vulneración
de un derecho fundamental y la interposición del amparo constitucional, sino que,
además, debe estudiarse la razonabilidad del plazo, de acuerdo con los hechos de
cada caso concreto; 10 por lo que, en aras de determinar que no existe una tardanza
injustificada o irrazonable al momento de acudir a la acción de tutela, la Corte evaluó
dicho periodo a partir de las siguientes reglas:

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[…] (i) [Ante] La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por
ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o
imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia
de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente
las circunstancias previas, entre otras.

(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de
los derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación
desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es
actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la
inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela
sino asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de derechos
fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata.

(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable
resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se
encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo
13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra
ellas se cometan […].11

Por tanto, le corresponde al operador judicial determinar, en cada caso, si existen
razones válidas para la inactividad, si permanece la vulneración o amenaza de
derechos fundamentales y/o si la parte actora se encuentra en un estado de
debilidad manifiesta que haga desproporcionada la interposición de la acción de
tutela en el plazo prudencial de los seis meses.

No obstante, ninguna de dichas circunstancias es alegada en el caso para justificar la
falta de inmediatez en la interposición del mecanismo de amparo y, una vez
analizadas las circunstancias y los hechos en los que se sustenta la solicitud de
amparo, la Sala no encuentra un factor relevante que sustente la inactividad para
solicitar la defensa de los derechos fundamentales.

Ahora bien, la parte interesada citó las fechas de expedición de los autos de
obedézcase y cúmplase lo resuelto por el superior, que ocurrió el 23 de junio de
2023, y del aviso de cumplimiento de lo dispuesto 4 del artículo 65 de la Ley 472 de
1998, que ocurrió el 20 de noviembre de 2023; no obstante, como se ha explicado, la
jurisprudencia ha sido consistente en sostener que el citado requisito debe
computarse desde la fecha de notificación o ejecutoria de la providencia cuestionada,

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en razón a que, ante la presunta vulneración de derechos de índole constitucional,
debe acudirse de manera urgente al juez de tutela.

Así, no existe criterio alguno que justifique la espera a la notificación de decisiones
de índole procedimental o administrativa para iniciar el conteo del término, toda vez
que, lo que se procura con la fijación de un término de inmediatez es evitar la
prolongada vulneración de los derechos que se deprecan.

Lo anterior es así porque el requisito de inmediatez no responde a motivaciones
caprichosas sino al amparo del orden judicial y social, partiendo del presupuesto de
que cuando una persona realmente encuentre afectados sus derechos
fundamentales de forma grave, acudirá inmediata y diligentemente al juez
constitucional para solicitar su restablecimiento. Debe tenerse en cuenta que lo que
se busca con el cumplimiento del requisito de la inmediatez es la garantía de los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica de que están investidas las
decisiones judiciales.
3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que la presente acción de tutela no cumple con el requisito de inmediatez,
razón por la que se declarará la improcedencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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www.consejodeestado.gov.co

13

Radicado: 11001 03 15 000 2024 01313 00
Demandante: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

F A L L A:

Primero. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial en contra del Consejo de Estado, Sección
Tercera, Sala de Conjueces, y del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

Segundo. En caso de no ser impugnada esta providencia, y una vez ejecutoriada,
remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente7
MLBC

7 CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma

del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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