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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-01314-00

Fecha
25 de junio de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-01314-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar improcedente la acción, en relación con los cargos de violación directa de la Constitución, por transgresión de los artículos 40 (numerales 1, 3 y 7) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 1 31 4- 0 0 y 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y del defecto fáctico, y negar el amparo solicitado en lo demás, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-01314-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

25 de junio de 2024

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 1 31 4- 0 0

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01314-00
Accionante: Fernando David Niño Mendoza
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta.

Temas: Acción de tutela contra sentencia de única instancia dictada en medio de
control de nulidad electoral, en la que se declaró la nulidad de la elección del primer
vicepresidente de la Cámara de Representantes para el período 2023-2024.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor Fernando David
Niño Mendoza en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado, por la
expedición de la sentencia del 7 de marzo de 2024, en el proceso de nulidad
electoral con radicado 11001-03-28-000-2023-00057-00.

ANTECEDENTES

El señor Fernando David Niño Mendoza promovió acción de tutela para que se
protejan sus derechos fundamentales a elegir y ser elegido, al debido proceso, al
«ejercicio de funciones públicas» y a la igualdad y los principios de buena fe,
confianza legítima y seguridad jurídica, los cuales considera vulnerados por la
autoridad judicial accionada.

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HECHOS

El accionante narró que el señor Harold Eduardo Sua Montaña instauró demanda
de nulidad electoral en contra del acto mediante el cual se declaró la elección de los
señores Andrés David Calle Aguas, Fernando David Niño Mendoza y Juan
Fernando Espinal Ramírez como presidente y primer y segundo vicepresidente,
respectivamente, de la Cámara de Representantes, contenido en el Acta 01 del 20
de julio de 2023, por las causales de infracción de normas superiores, falta de
competencia y expedición irregular.

Que frente a su caso concreto el demandante refirió que fue elegido primer
vicepresidente de la mesa directiva de esa corporación, a pesar de que pertenece
a un partido político que presentó candidatos en más del 30 % de las
circunscripciones territoriales existentes.

Que contestó la demanda oportunamente y el 7 de marzo de 2024 la Sección Quinta
del Consejo de Estado declaró la nulidad de su elección como primer vicepresidente
de la Cámara de Representantes porque, a su juicio, desconoció el artículo 40 de la
Ley 5 de 1992, según el cual las minorías tendrán participación en las primeras
vicepresidencias tanto del Senado de la República como de la Cámara de
Representantes, en la medida en que no pertenecía a una colectividad minoritaria.

Considera que con la anterior providencia la autoridad judicial mencionada incurrió
en defecto orgánico, pues fue expedida con falta de competencia, al haberse
nombrado al conjuez Juan Camilo Morales Trujillo, con desconocimiento del
procedimiento de designación de conjueces establecido en los artículos 115 y 131
de la Ley 1437 de 2011, según los cuales cuando se afecta el quorum decisorio
deben ser designados, en primer lugar, los consejeros de Estado de las otras
secciones o subsecciones correspondientes; en segundo lugar, en caso de que ello
no sea suficiente, se ordenará el sorteo de conjueces con los demás integrantes del
Consejo de Estado, incluidos los que conforman la Sala de Consulta y Servicio Civil;
y como última medida, cuando ello no sea posible, pueden designarse conjueces
externos.

Aclaró que con la previsión del artículo 115 referido consistente en incluir a los
magistrados de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado no se

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transgrede la Constitución, en especial el inciso 2 de su artículo 236, que impone a
esa corporación dividirse en salas y secciones, para separar las funciones
jurisdiccionales de las demás, puesto que aquella no prohíbe que los magistrados
de cualquiera de las salas intervenga individualmente en el ejercicio de alguna de
las funciones asignadas a otra, menos aun cuando ello sucede de forma transitoria
y esporádica, como es el caso de los conjueces. Que, en ese entendido, en el evento
de que alguno de los integrantes de dicha Sala actuara como conjuez ello no
implicaría que aquella ejerciera la función jurisdiccional, pues para esto sería
necesario que actuara de forma mancomunada, conforme al procedimiento, al
quórum deliberativo y decisorio previstos en la ley y en el reglamento. Agregó que
los artículos 115 y 131 de la Ley 1437 de 2011 superan ampliamente el juicio de
proporcionalidad de intensidad leve fijado por la Corte Constitucional en los términos
referidos.

También estima que la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en violación
directa de la Constitución Política, concretamente, de sus artículos 112 y 153, en
los que se prevé que las minorías tendrán participación en las mesas directivas de
Senado y Cámara, pero también se establece que una corporación judicial no puede
abrogarse la competencia de proferir leyes estatutarias, la que se encuentra en
cabeza del Congreso de la República, pero ello fue lo que ocurrió en el caso con la
intervención de la Sección Quinta del Consejo de Estado, la cual determinó la
fórmula para definir las minorías.

Que, ante la ausencia de una ley estatutaria para la identificación y caracterización
de minorías, las designaciones de las mesas directivas de la Cámara de
Representantes se venían realizando de la forma en que se le eligió, lo que generó
un clima de confianza en los procedimientos efectuados, por lo que con la sentencia
cuestionada se alteró ese ambiente de confianza y buena fe y se truncaron sus
expectativas legítimas.

Que aquella autoridad judicial transgredió los artículos 40 (numerales 1, 3 y 7) y 23
de la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual forma parte del bloque
de constitucionalidad, en los términos del artículo 93 superior, y la interpretación
que realizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos de esa norma en la
sentencia del 8 de julio de 2020 en el caso Petro Urrego vs Colombia, en tanto se

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restringieron sus derechos políticos por un juez distinto al penal, esto es, en el marco
de un proceso de nulidad electoral.

Que igualmente esa Sección incurrió en un desconocimiento del precedente judicial,
ya que para el momento de su designación como primer vicepresidente de la
corporación legislativa no existía un método aritmético o fórmula para identificar
cuáles partidos cuantitativamente eran minorías y cuáles mayorías, en la medida en
que no se había dictado precedente alguno ni se había promulgado una ley
estatutaria que reglamentara el asunto, lo que imposibilitaba a la máxima autoridad
de la Cámara de Representante a escoger los parámetros. Añadió que el método
utilizado por la autoridad judicial accionada no tiene fundamento legal o
jurisprudencial.

Que la Sección Quinta del Consejo de Estado también incurrió en defecto fáctico
porque no existe prueba que evidencie que un partido o movimiento político
minoritario con personería jurídica haya postulado a uno de sus miembros ante la
Plenaria de la Cámara de Representantes, por lo que para el momento de la
votación no había integrante de alguno de esos movimientos para acceder a la
primera vicepresidencia.

PRETENSIONES

La parte accionante solicitó dejar sin efectos la sentencia de única instancia
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el proceso de nulidad
electoral con radicado 11001-03-28-000-2023-00057-00 y, en consecuencia,
ordenar a la Presidencia de la Cámara de Representantes que, por conducto de la
Secretaría General, se adelanten todas las actuaciones administrativas que sean
necesarias para reintegrarlo a la primera vicepresidencia de esa corporación.

ACTUACIÓN PROCESAL

El 1.° de marzo de 2024 el consejero de Estado Luis Eduardo Mesa Nieves, a quien
le correspondió por reparto el conocimiento de esta acción, manifestó su
impedimento para conocer del asunto, con fundamento en la causal prevista en el
numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, en atención a la
existencia de una amistad íntima entre él y el conjuez Juan Camilo Morales Trujillo;

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el 18 de abril de este año se declaró fundado dicho impedimento, por lo cual el
conocimiento del asunto correspondió al magistrado Rafael Francisco Suárez
Vargas.

El 10 de mayo de 2024 el consejero de Estado mencionado admitió la tutela,
mediante proveído, en el que negó la medida provisional solicitada, ordenó notificar
a los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado, como accionados; y
a los señores Harold Eduardo Sua Montaña, Andrés David Calle Aguas y Juan
Fernando Espinal Ramírez, como terceros con interés.

El 5 de junio de este año el magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves, quien estaba en
encargo del despacho del consejero Rafael Francisco Suárez Vegas, remitió el
proceso a este despacho para continuar con su trámite.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

La Sección Quinta del Consejo de Estado, por conducto del magistrado ponente
de la sentencia cuestionada en esta sede, expuso que la decisión de declarar la
nulidad del acto de elección del señor Fernando David Niño Mendoza como primer
vicepresidente de la Cámara de Representantes obedeció a que aquel no
representaba una minoría política, según se exige en los artículos 112 constitucional
y 40 del Reglamento del Congreso.

Añadió que el congresista referido presentó una solicitud de nulidad originada en la
sentencia, con base en la causal de incompetencia funcional del conjuez, pues, en
su criterio, se desconoció el artículo 115 de la Ley 1437 de 2011 que prevé el trámite
para la designación de los conjueces, por lo cual el 11 de abril de 2024 negó la
petición, dado que no se incurrió en la irregularidad señalada y el entendimiento que
hizo aquel no es el correcto, si se tiene en cuenta que esa norma debe leerse junto
con el reglamento del Consejo de Estado, el cual previó un criterio de especialidad
para la designación de los conjueces.

Informó que contra el auto del 11 de abril de 2024 el ahora accionante interpuso
recurso de reposición, el cual fue resuelto desfavorablemente el 9 de mayo de 2024,

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en el que precisó que, en todo caso, los reparos se dirigían a cuestionar la manera
de designación del conjuez, mas no la potestad que este tenía para decidir el
asunto.

Refirió que en una controversia similar que se presentó en una acción de tutela
contra una providencia de esa Sección, en la Sentencia SU-074/22 la Corte
Constitucional consideró que la interpretación efectuada al artículo señalado está
jurídicamente justificada.

Que el conjuez y los demás magistrados que decidieron la demanda eran
competentes para zanjar el problema jurídico y los desacuerdos expuestos por el
accionante sobre este aspecto ya fueron resueltos en el trámite ordinario, por lo que
no se cumple con el presupuesto de la relevancia constitucional.

Señaló que lo mismo sucede con los defectos sustantivo, fáctico y violación directa
de la Constitución, pues la tutela instaurada solo refleja la inconformidad con la
decisión adoptada por la Sección Quinta del Consejo de Estado y la necesidad de
reabrir el debate jurídico suscitado, sin tener en cuenta el carácter residual y
subsidiario de esta acción, el que impide utilizarla como un recurso o instancia
adicional al proceso electoral.

En suma, solicitó declarar improcedente la tutela por incumplir el requisito de
relevancia constitucional o, en su defecto, negar las pretensiones.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El señor Harold Eduardo Sua Montaña indicó que las circunstancias sobre las
cuales versa el defecto orgánico alegado ya fueron analizadas en la Sentencia SU-
074/22 y en el proceso origen de la sentencia discutida en esta sede, esto es, en
los autos del 11 de abril y 9 de mayo de 2024.

Señaló que el desconocimiento del precedente invocado está soportado en
decisiones judiciales que no tienen esa naturaleza, ya que el actor interpreta el
artículo 40 de la Ley 5 de 1992 dentro de los estándares de aplicación de normas
de contenido restrictivo de derechos fundamentales, pese a que en esa norma se
preceptuaron condiciones de acceso a un cargo público, determinado con la

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intención de materializar el derecho de participación constitucionalmente reconocido
en el artículo 112 constitucional.

Adujo que los argumentos que sustentan el defecto fáctico debieron ser planteados
en las oportunidades procesales con las que contaba en el proceso ordinario, como
el término de contestación, de interposición de recurso contra la fijación del litigio,
entre otros.
Mencionó que el desarrollo de los principios de iura novit curia y prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal y el alcance de las facultades extra y ultra petita
del juez de tutela exige garantizarle al accionante las condiciones aludidas en el
párrafo 129 de la sentencia del caso Petro vs. Colombia.

Los demás vinculados guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la
esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de
lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones

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en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.

II. Caso concreto

En síntesis, el accionante considera que la Sección Quinta del Consejo de Estado
incurrió en los siguientes defectos: 1) orgánico, por falta de competencia del conjuez
designado para dirimir la controversia, en los términos de los artículos 115 y 131 de
la Ley 1437 de 2011; 2) violación directa de la Constitución Política, concretamente,
de sus artículos 112 y 153, debido a que fijó la fórmula para determinar los partidos
políticos minoritarios, a pesar de que ello debía definirse por el Congreso de la
República mediante ley estatutaria, y 40 (numerales 1, 3 y 7) y 23 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, en tanto no tenía competencia para restringir
sus derechos políticos; 3) desconocimiento del precedente judicial, por el
establecimiento de dicha fórmula, aunque no se había determinado
jurisprudencialmente; y 4) fáctico porque no existía prueba que evidenciara que un
partido o movimiento político minoritario con personería jurídica hubiere postulado
a uno de sus miembros ante la Plenaria de la Cámara de Representantes para
acceder a la primera vicepresidencia.

A esta Subsección le corresponde, en primer lugar, verificar si se superan los
requisitos generales de procedibilidad que habilitan el estudio de la providencia
discutida y, de ser así, si se configuran los defectos invocados en esta acción
constitucional.

La Sala encuentra satisfechos los siguientes requisitos generales de procedencia
de la presente acción de tutela para discutir la sentencia censurada en esta sede:

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1) el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida en
que se centra en establecer si en la decisión judicial controvertida se vulneraron los
derechos fundamentales reclamados en protección; 2) la acción se instauró dentro
del término establecido como prudencial; 3) no se está invocando una irregularidad
procesal, por lo que no hay lugar al análisis de esa exigencia; 4) el solicitante
identificó claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos
transgredidos y 5) no se trata de una sentencia de tutela.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con la exigencia general de la subsidiariedad,
puesto que el accionante no expuso al interior del proceso de nulidad electoral
varios de los desacuerdos que ahora plantea en esta sede, a pesar de que esa era
la oportunidad procesal pertinente para ejercer su derecho de defensa;
puntualmente, no esgrimió la falta de competencia de la Sección Quinta del Consejo
de Estado para restringir sus derechos políticos, conforme a los artículos 40
(numerales 1, 3 y 7) y 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos ni la
ausencia de prueba que acreditara que un partido o movimiento político minoritario
con personería jurídica hubiere postulado a uno de sus miembros ante la Plenaria
de la Cámara de Representantes para acceder a la primera vicepresidencia.

En efecto, en la contestación de la demanda presentada por el señor Fernando
David Niño Mendoza, este se circunscribió a proponer las siguientes excepciones:
previa de inepta demanda porque estimó que no se reunieron los presupuestos de
que tratan los artículos 162 y 163 de la Ley 1437 de 2011, y de mérito, consistentes
en el cumplimiento de las normas en la conformación de la mesa directiva y la
competencia del presidente de la Cámara de Representantes, y la participación
política de minorías o partidos de oposición en las mesas directivas de las
corporaciones legislativas.

Sobre este último aspecto, de especial relevancia, el ahora accionante señaló que,
primero, dicha participación estaba garantizada para el período 2023-2024, para lo
cual afirmó que existió una inaplicación y/o derogatoria tácita del artículo 18 de la
Ley 5 de 1992 con la expedición del Estatuto de la Oposición, en tanto este último
es de mayor jerarquía y aplicar dicha Ley prevalentemente quebrantaría el artículo
112 de la Constitución y la Ley 1909 de 2018, y, segundo, la definición del término
de minorías no ha sido pacífico en la jurisprudencia, pero un recuento de esta
permitía colegir que se trataba de aquellos que «obtuvieron representación en las

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corporaciones colegiadas, pero no alcanzan a tener la expresión de la voluntad
mayoritaria».

Lo anterior permite colegir que la acción es improcedente en relación con los cargos
de violación directa de la Constitución, por transgresión de los artículos 40
(numerales 1, 3 y 7) y 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y del
defecto fáctico, por la insatisfacción del requisito de subsidiariedad, con mayor razón
cuando no se advierte alguna justificación para no haber alegado esos disensos en
el proceso de nulidad electoral ni se aprecia la probable configuración de un
perjuicio irremediable.

Debe resaltarse que solo hasta la solicitud de adición de la sentencia que ahora se
discute, el señor Fernando David Niño Mendoza expresó su inconformidad respecto
a la falta de prueba sobre la ausencia de postulación de uno de los miembros de un
partido o movimiento político minoritario; sin embargo, no era la etapa procesal
idónea para ello, como, incluso, lo puso de presente la Sección Quinta del Consejo
de Estado cuando resolvió esa petición, así: «en lo que concierne al reparo que
plantea el congresista Niño Mendoza sobre la ausencia de postulación de los
partidos políticos minoritarios, la Sala advierte que ello no hizo parte de la fijación
del litigio».

Igualmente, se destaca que, en la solicitud de adición, el hoy accionante afirmó que
al dictar un fallo que comprometiera un derecho subjetivo electoral, debían
analizarse las normas convencionales, especialmente el artículo 23 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, oportunidad que tampoco era la
pertinente para exponer ese disenso, máxime cuando esa figura únicamente es
procedente cuando el juez omite resolver alguno de los extremos de la litis o
cualquier otro aspecto que debía ser objeto de pronunciamiento, lo que no ocurría
en el caso.

Por consiguiente, se continuará con el estudio de los demás reparos que superaron
la totalidad de los requisitos generales de procedencia. Revisada la sentencia
controvertida a través de esta acción, se advierte que la Sección Quinta del Consejo
de Estado declaró la nulidad de la elección del hoy actor como primer vicepresidente
de la Cámara de Representantes porque determinó que militaba para el Partido
Conservador Colombiano, el cual es una fuerza mayoritaria en esa corporación, ya

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que obtuvo 27 curules y, por ende, con su elección se desconoció el artículo 40 de
la Ley 5 de 1992, en el que se consagró la posibilidad de que las minorías participen
en la conformación de las mesas directivas en desarrollo del artículo 112
constitucional.

Para llegar a la anterior conclusión, la autoridad judicial referida analizó el número
de curules obtenidas por los partidos o movimientos políticos para compararlos con
los logrados por las demás colectividades o fuerza política que actúan en bloque,
de conformidad con la sentencia SU-073/11 de la Corte Constitucional, y así
establecer cuáles eran minoritarios y cuáles mayoritarios. En esa medida, refirió que
las tres medidas más comunes aritméticamente de tendencia central son la media,
la mediana y la moda, y aplicó la primera, al tratarse de datos uniformes. Aclaró que
con esa fórmula se emplea un criterio objetivo cuantitativo de comparación entre las
colectividades y precisó que acudir a una ciencia exacta permitía al juez definir las
reglas objetivas, ante el vacío legal para identificar a los grupos minoritarios.

El recuento precedente permite a esta Subsección advertir que la fórmula utilizada
por la Sección Quinta del Consejo de Estado para verificar si el partido por el que
militaba el hoy accionante era minoritario estuvo soportada en la jurisprudencia de
la Corte Constitucional, concretamente, en la Sentencia SU-073/11, en la cual el
máximo tribunal constitucional determinó que un partido político minoritario es el
que cuenta con pocos votos o curules en comparación con otras estructuras
mayoritarias, esto es, bajo un criterio cuantitativo.

En ese orden de ideas, se denota que la autoridad judicial accionada se limitó a
emplear una fórmula aritmética objetiva, ante el vacío legal para identificar los
grupos minoritarios, que la llevaba a establecer las curules obtenidas por cada
partido o movimiento político de la Cámara de Representantes e inclusive, como
aquella lo especificó, aún de no haberse aplicado aquella, resultaba diáfano que el
partido del señor Fernando David Niño Mendoza es una fuerza política mayoritaria,
pues este logró 27 curules, esto es, ocupó el tercer puesto entre los partidos y
movimientos con más curules.

La Subsección no observa que la decisión adoptada por la Sección Quinta del
Consejo de Estado sea irrazonable o desproporcionada, sino que, por el contrario,
se apoyó tanto en la jurisprudencia como en la normativa aplicable a la materia

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objeto de análisis y, conforme a su autonomía e independencia judicial, definió el
asunto en litigio. Por lo tanto, no se estructuraron la violación directa de la
Constitución ni el desconocimiento del precedente invocados.

En cuanto al defecto orgánico alegado, por la supuesta falta de competencia del
conjuez designado para dirimir la controversia, en los términos de los artículos 115
y 131 de la Ley 1437 de 2011, se resalta que, como lo refirió la Sección accionada,
al resolver la solicitud de nulidad originada en la sentencia elevada por el señor
Fernando David Niño Mendoza, la Corte Constitucional, en un asunto similar
resuelto en la Sentencia SU-074 de 2022, concluyó que la interpretación efectuada
―consistente en que el alcance del artículo 115 ejusdem debía ser entendido a la
luz del criterio de especialidad y conforme al artículo 53 del reglamento interno del
Consejo de Estado, el que implicaba que debía acudirse a los magistrados de la
Sección y, agotado ello, proceder a la lista de conjueces― no resultaba irracional,
lo cual también resulta aplicable frente al artículo 131 de la Ley 1437 de 2011.

Por lo tanto, tampoco se aprecia la estructuración del defecto previamente
analizado, máxime si se tiene en cuenta que lo pretendido por el actor es que se
realice la exegesis que estima es la adecuada, pese a que el análisis normativo
efectuado por la Sección Quinta del Consejo de Estado atendió a una interpretación
plausible y que, además, ha sido avalada por el máximo tribunal constitucional.

En consecuencia, se declarará improcedente la acción, en relación con los cargos
de violación directa de la Constitución, por transgresión de los artículos 40
(numerales 1, 3 y 7) y 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y del
defecto fáctico, y se negará el amparo solicitado en lo demás.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar improcedente la acción, en relación con los cargos de violación
directa de la Constitución, por transgresión de los artículos 40 (numerales 1, 3 y 7)

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y 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y del defecto fáctico, y
negar el amparo solicitado en lo demás, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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