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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01324-00

Fecha
23 de mayo de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01324-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado frente a la Vicepresidenta de la República, la Procuradora General de la Nación y el Ministerio del Interior, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de tutela que presentó el actor respecto del Presidente de la República y el Presidente del Grupo Argos S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del actor frente al Defensor del Pueblo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: ORDENAR al Defensor del Pueblo que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación de esta sentencia, resuelva la petición que el actor indicó haber presentado el 1.° de noviembre de 2023. QUINTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. SEXTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 30 Núm. único de radicación: 110010315000202401324-00 Actor: Fernando Ferrari Flórez

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01324-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

23 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202401324-00
Actor: Fernando Ferrari Flórez
Demandados: Presidencia de la República y otros1

Temas: Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción
de tutela

Derecho fundamental de petición/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Petición, ii) debido proceso, iii) mínimo
vital y iv) dignidad humana

Derechos Fundamentales Amparados: Petición

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Fernando Ferrari Flórez contra el
Presidente de la República, la Vicepresidenta de la República, la Procuradora
General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Presidente del Grupo Argos S.A.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “4ED_CARATULAPDF(.pdf) NroActua 2”. Archivo
aportado en forma digital.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202401324-00
Actor: Fernando Ferrari Flórez

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Presidente de
la República, la Vicepresidenta de la República, la Procuradora General de la
Nación, el Defensor del Pueblo y el Presidente del Grupo Argos S.A., porque, a su
juicio, al no dar respuesta a la petición de 1.° de noviembre de 2023, mediante la cual
presentó solicitudes relacionadas con inconformidades de “[…] la comunidad de
Santana que son una población ancestral ubicada en la isla de baro (sic) en la zona
insular de Cartagena de Indias […]”, vulneraron sus derechos fundamentales
invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Manifestó que, “[…] La comunidad, faculto (sic) al suscrito para que ejerciera
derecho de petición a las entidades accionadas en aras de que se tomaran medidas
frente al (sic) un tema de vulneración de los derechos de la comunidad […]”.

4. Advirtió que, “[…] a pesar de haber realizado la remisión del Derecho de
petición desde el dia (sic) 01 de Noviembre de 2023, las entidades solicitadas NO
HAN DADO CONTESTACION (sic) DE FONDO al pedimento requerido con la
comunidad […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

5. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO: TUTELAR, los Derechos fundamentales de especial protección
constitucional, Derecho fundamental al mínimo vital, Derecho fundamental de
peticion, Derecho fundamental de Debido Proceso, Dignidad Humana.

3

Núm. único de radicación: 110010315000202401324-00
Actor: Fernando Ferrari Flórez

SEGUNDO: ORDENESE a la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA-
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA- DEFENSORIA DEL
PUEBLO A NIVEL NACIONAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION-
CEMENTOS ARGOS a dar contestación a la petitum incoada por la comunidad […]”.2

6. Como fundamento de su solicitud, el actor manifestó que:

“[…] Vulneran las accionadas el derecho fundamental de PETICION, AUTONOMIA
DE LAS COMUNIDADES ETNICAS, a la comunidad de SANTANA que apenas de
haber radicado en debida forma la petición no contestan el requerimiento incoado
[…]”.

Actuación

7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 22 de marzo de 2024: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar al Presidente de la República, la
Vicepresidenta de la República, la Procuradora General de la Nación, el Defensor
del Pueblo y el Presidente del Grupo Argos S.A.; y iii) vinculó, como terceros con
interés legítimo, a Dagoberto Zúñiga Guzmán y otros3, concediéndoles el término
de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

2 Transcripción literal del texto.
3 A Dagoberto Zúñiga Guzmán, Elvira Isabel Cervantes Herrera, Rigoberto Zúñiga Giraldo, Dagoberto Zúñiga

Giraldo, Javier David Zúñiga Cervantes, Elida Marimón Guzmán, Manuel Esteban Marimón Guzmán, Georgina
Zúñiga, Verónica Zúñiga, Eduardo Livingston Cardales, Eduardo Livingston Fernández, Merling Livingston
Fernández, Edwin Livingston Fernández, Lexy Livingston Fernández, Bristol Livingston Fernández, Rosa Elvira
Livingston Cardales, Armando Livingston Esmith, Mayerlys Livingston, Charly Livingston Pomares, Mirian
Cristofer Martínez, Yenis Livingston Cristofer, Bristol Livingston Cristofer, Berlinda Livingston Cristofer, Eloisa
Livingston Cristofer, Juan Roberto Livingston Torres, Roque Livingston Cristofer, Celina Cristofer Martínez,
Carlos Romero Livingston, Mirian Barrios Livingston, William Barrios Livingston, Humberto Barrios Livingston,
Lucila Hakin Livingston, Luz Dary Barrios Livingston, Héctor Hakin Livingston, David Escobar Livingston, Cesar
Ventura Livingston, Adalberto Olea Livingston, Lacide Olea Livingston, Alfonso Olea Livingston, Álvaro
Brackman Forbes, Agustina Herrera Livingston, Sofomor Barrios Livingston, Douglas Livingston Esquea, Brian
Livingston Arroyo, Santander Crisnat Livingston, Nicolas Cardenales, Rosario de Livingston, Edwin Livingston
Chávez, Rosalba Rodríguez Livingston, Arlington Rodríguez Livingston, Josiar Patiño Livingston, Julieth López
Livingston, Joselito Crismat Livingston, Antonio Polo Cardales, Oscar Sosa Cardales, Otilia Polo Cardales,
Carmen Polo Cardales, José Luis Rodríguez Livingston, Victor Eduardo Lopez Livingston, Yareimis Patiño
Livingston, Eveli Polo Cardales, Ana Polo Cardales, Ellin Polo Cardales, Jorge Agrest Polo, Mercedes Polo
Cardales, Víctor Polo Romero, Dali Crismat Livingston, Laudin Crismat Livingston, Olston Livingston Chávez,
Lindsay Livingston Chávez, Merling Patiño Livingston, Yuleidys Patiño Livingston, Manuela Livingston, Carlinton
Polo, Alexander Polo Romero, Yagelis Girado Rodríguez, Catalina Villero, Alva Rosa Medrano Bertel, Ana Clara
García A, Nelson Girado García, Aniluz Girado Matorel, Gladys Hurtado Madrid, Ana Isabel Cardales, Rubén
Girado García, Jhonatan Girado Rodríguez, Carmen Calle Guerrero, Maricela Calle Guerrero, Rafael Calle
Guerrero, Cesar Calle Guerrero, Sonia Calle Guerrero, Justina Calle Guerrero, Daniel Calle Guerrero, Abel
Licona Arévalo, Eduardo Girado García, Maigualida Folbert, Rafael E. Matorel, Luis Carlos Piñeres, Yuranis
Folbert Torres, Delida García, Ana Patricia Zúñiga, Roberto Camargo, Andy Villero, Daniela Torres, Máxima
Canencia Kutt, Rosa Acira Maldonado, Alejandro Torres, Ana Clara Torres Maldonado, Liseth Girado González,
Leidiz Gonzáles, Maricruz González, Rosminia Licona, Agustín González, Saiden Torres, Francisco Torres,
Marcisis González, Yorleidis Gómez, Etilvia Bravo, Carlos Forbes Rocha, Ana Tirado Contreras, Elinequis
Tirado Contreras, Etis Forbes Rocha, Luis Alejandro Torres Camargo, Gray Forbes Rocha, Emerson Torres
Bravo, Libardo Torres, Deive Girado, Delsa Torres, Bravo, Edeisy Girado, Rubiela Torres Bravo, Miguel
Pacheco, Silvia Pantoja, Angelia Pacheco, José Francisco Torres, Dagoberto Zúñiga Girado, Yodelcy Torres
Llerena, Armando Torres, Yobanela Torres, Enith Oviedo, Felix Manuel Brallan Martínez, Verónica Brallan
Ospino, Sergio Andrés Faneite Brallan, Luis Enrique Brallan Ospino, Jarvis Brallan Ospino, Lurders Brallan

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Núm. único de radicación: 110010315000202401324-00
Actor: Fernando Ferrari Flórez

8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 23 de abril de 2024: i) vinculó a
la Nación – Ministerio del Interior, en calidad de tercero con interés legítimo,
concediéndole el término de tres (3) días para que rindiera informe sobre el
particular.

Intervención de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo

9. La Presidencia de la República solicitó negar las pretensiones de la acción
de tutela. Al respecto manifestó que:

“[…] En primer lugar, se debe precisar que el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República verificó su sistema de gestión documental y encontró que
la comunicación radicada bajo EXT23-00164662 fue contestada a través del OFI23-
00214320 / GFPU 12000000 del 16 de noviembre de 2023, así mismo, al verificar que
mi entidad no era la competente para analizar la presente solicitud remitió al Ministerio
del Interior por medio OFI23-00214323 / GFPU 12000000 del 16 de noviembre de
2023, siendo esta última la facultada para brindad (sic) una respuesta al accionante.

Por otra parte, la Vicepresidencia de la República dio alcance a la presente respuesta
de petición, mediante el OFI24-00065735 / GFPU 11000000 del 9 de abril de 2024,
que establece una respuesta conjunta entre ambos órganos gubernamentales […]”.

10. La Procuraduría General de la Nación rindió informe en los siguientes
términos:

“[…] Con respecto a los hechos narrados por la parte accionante es dable informar
que a esta Provincial de Instrucción llego (sic) la solicitud mencionada por la
accionante, señor Fernando Ferrari, la cual fue radicada bajo la numeración E-2023-
773883 P2024-3500327. Esta solicitud fue direccionada al equipo Preventivo que
luego de su estudio está haciendo las gestiones al respecto, comunicándole al señor
Ferrari la respuesta de su Peticion (sic) mediante oficio de fecha 08 de abril de 2024
tal como se evidencia con el anexo #1 adjunto a esta contestación.

Ahora bien, respondido como está el Derecho de Peticion (sic) al señor Ferrari, nos
encontramos en este escenario ante una carencia actual de objeto por hecho
superado que evidencia la falta de afectación al derecho fundamental alegado y
consecuente satisfacción de las pretensiones del peticionario, hoy accionante, por lo
que se le solicita a su señoría declarar improcedente la presente acción constitucional
[…]”.

Pacheco, Andrés Elías Brallan Jirado, Minerba Ospino Rambais, Yira Cardales Rodríguez, Viviana Arévalo
Arévalo, Enry de Ávila Arévalo, Lacides Morales Arévalo, Marlenis Arévalo Arévalo, Norberto Arévalo Arévalo,
Mirella Arévalo Arévalo, Argenida Arévalo Guerrero; en la medida en que, de conformidad con los anexos
allegados con el escrito de tutela, se advierte que, para la presentación de la petición de 1.° de noviembre de
2023, se efectuó una recolección de firmas bajo el asunto “[…] ACTA DE RECOLECCIÓN DE FIRMAS PARA
PETICIÓN AL GOBIERNO NACIONAL PARA EL RESPETO DE LA SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS Y EL
RESPETO POR PARTE DE LA EMPRESA ARGOS A LOS TERRENOS ANCESTRALES DE LA ISLA DE BARÚ
[…]”, en la cual participaron las personas mencionadas anteriormente.

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Núm. único de radicación: 110010315000202401324-00
Actor: Fernando Ferrari Flórez

11. El Ministerio del Interior solicitó declarar la carencia actual de objeto por
hecho superado, por las siguientes razones:

“[…] En el caso particular y concreto debe señalarse señor Consejero que no se
presenta por parte del Ministerio del Interior, ningún tipo de vulneración al derecho
invocado, como quiera (sic) que la solicitud allegada a este Ministerio del Interior, fue
atendida como se puede evidenciar en el oficio con fecha del 30 de abril de 2024
firmado por el Director de asuntos Indígenas Rom y Minorías del Ministerio de Interior,
dirigido al señor Fernando Ferrari, según correo electrónico [...]@hotmail.com, se dio
respuesta a la petición impetrada por el mismo […]”.

[…]

“[…] En este orden de ideas, se advierte que el Ministerio del Interior, a través de la
Dirección de asuntos Indígenas Rom y Minorías del Ministerio de Interior, emitió
contestación clara, precisa y congruente a la solicitud allegada por el accionante,
notificándose en debida forma al peticionario; razón por la cual, dicha acción resulta
improcedente por carencia actual de objeto por hecho superado […]”.

12. El Grupo Argos S.A. solicitó i) declarar improcedente la acción de tutela, al
considerar que el actor carece de legitimación en la causa por activa; y
subsidiariamente ii) “[…] EXCLUIR de la presente acción de tutela a Grupo Argos,
por haber cumplido y respetado el derecho fundamental de petición que alega
vulnerado el accionante […]”, por las siguientes razones:

“[…] Teniendo en cuenta lo anterior, el señor Ferrari Florez no demuestra que exista
una verdadera representatividad de la comunidad en el poder que le es otorgado,
puesto que ni el 1% de los integrantes de la comunidad firma dicho documento, ni
tampoco es otorgado por un organismo que represente la comunidad como lo es el
Consejo Comunitario. Por lo tanto, no puede afirmar que actúa en representación de
una comunidad entera aportando un poder firmado por cuatro personas, las cuales
tampoco prueban pertenecer a la misma […]”.

[…]

“[…] Ahora bien, el día 11 de noviembre de 2023, Grupo Argos recibió a través de su
correo de notificaciones la petición que el señor Fernando Ferrari Florez adjuntó a la
presente acción como prueba. Dicho derecho de petición fue respondido el 4 de
diciembre de 2024, a través del mismo correo en el que fue recibido, y con
confirmación de recibido por parte del destinatario (respuesta y confirmación de
entrega del mensaje anexa al presente informe) […]”.

[…]

“[…] En la respuesta presentada por Grupo Argos se le expresó al señor Ferrari Florez
(sic) que representantes de la Compañía ya se habían reunido con él en fechas
anteriores y se le solicitó en ese momento una serie de documentos que le permitieran
demostrar la alegada propiedad y tenencia de unos predios ubicados en la Isla Barú
y la identificación de los mismos. Así mismo, se le aclaró que nunca recibimos dichos
documentos, información que al día de hoy no hemos recibido y la Compañía
considera indispensable para poder sostener una nueva reunión con el accionante.

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Núm. único de radicación: 110010315000202401324-00
Actor: Fernando Ferrari Flórez

También, en la respuesta se recalcó que Grupo Argos es propietaria desde hace más
de 40 años de los terrenos de los cuales ostenta su tenencia en la Isla Barú y del
compromiso que la Compañía tiene con todas las comunidades que hacen parte de
la Isla, dando en ese sentido una respuesta de fondo a su derecho de petición […]”.

13. El Defensor del Pueblo guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20215 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20196, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

16. En el caso sub examine, corresponde a la Sala determinar si, en efecto: i) es
procedente o no declarar la carencia actual de objeto por hecho superado; y si la
respuesta al anterior interrogante es negativa ii) corresponde determinar si se deben
proteger los derechos fundamentales invocados por el actor, los cuales considera

4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Núm. único de radicación: 110010315000202401324-00
Actor: Fernando Ferrari Flórez

vulnerados con ocasión a la falta de respuesta a la petición de 1.° de noviembre de
2023, mediante la cual presentó solicitudes relacionadas con inconformidades de “[…]
la comunidad de Santana que son una población ancestral ubicada en la isla de
baro (sic) en la zona insular de Cartagena de Indias […]”.

17. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes
temas: i) la carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la
acción de tutela; ii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental de petición; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital; v) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad humana; vi) análisis
del caso concreto; y finalmente vii) las conclusiones de la Sala.

La carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción
de tutela

18. La figura de la carencia actual de objeto por hecho superado se encuentra
establecida en el artículo 26 del Decreto 2591, al disponer lo siguiente:

“[…] Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que
revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la
solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren
procedentes […]”.

19. Ahora bien, la Corte Constitucional en relación con la carencia actual de
objeto por hecho superado, mediante sentencia T-817 de 20057, consideró lo
siguiente:

"[…] Ha sostenido esta Corporación en reiterada jurisprudencia, que cuando hechos
sobrevivientes a la instauración de la acción de tutela, alteran de manera
significativa el supuesto de fáctico sobre el que se estructuró el reclamo
constitucional, al punto que desaparece todo su fundamento, decae la
necesidad de protección actual e inmediata que subyace a la esencia de la
acción. En consecuencia, el juez constitucional queda inhibido para proferir una
orden orientada al restablecimiento del orden constitucional quebrantado […]”. (Se
resalta).

7 Corte Constitucional. Sentencia T- 817 de 9 de agosto de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Núm. único de radicación: 110010315000202401324-00
Actor: Fernando Ferrari Flórez

20. Sobre el mismo punto, la Sala de esta Sección ha considerado que8:

“[…] Al respecto, valga reiterar que es clara la posición adoptada por parte del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en cuanto a que la decisión del juez de
tutela pierde o carece de objeto cuando, al momento de proferir sentencia, se advierte
que la situación fáctica expuesta por el actor en su demanda ya ha sido saneada.
Dicha situación tiene como consecuencia automática que desaparece toda posibilidad
de amenaza efectiva o daño a un derecho fundamental.

Tal como ocurre en el presente caso, la carencia de objeto por hecho superado se
genera cuando se advierte que lo pretendido con la acción de tutela era una orden de
actuar y, previo al pronunciamiento del juez, sobrevienen hechos que demuestran que
la entidad accionada acató la solicitud y que su correspondiente conducta resulta
suficiente para impedir que continúe la vulneración del derecho fundamental, motivo
por el cual la tutela pierde eficacia y razón de ser. En este orden, al extinguirse su
objeto resulta inocua cualquier decisión judicial que se dicte, toda vez que “la posible
orden que impartiera el juez caería en el vacío […]”.

21. Así las cosas, la Sala considera que la carencia actual de objeto por hecho
superado en la acción de tutela se predica, de aquellos eventos en los cuales,
durante el trámite de las instancias o en sede de revisión de la acción, se produce
la satisfacción de lo perseguido a través de esta, haciéndola ineficaz al
restablecerse la garantía invocada y no resultar factible emitir una orden de
protección9.

22. En ese orden de ideas, cuando se alega por parte de la autoridad accionada,
o el actor afirma que se ha logrado el propósito perseguido con la interposición de
la acción de amparo, el juez de tutela deberá decretar la ocurrencia de la carencia
actual de objeto, puesto que no tiene la posibilidad de emitir orden alguna al haberse
superado la circunstancia que motivó promover el mecanismo constitucional.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho de petición

23. El artículo 23 de la Constitución Política de 1991 establece el derecho
fundamental de petición en los siguientes términos:

“[…] Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a
las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas
para garantizar los derechos fundamentales […]”.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de

2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 01907 00.
9 Corte Constitucional. Sentencia T-287 de 20 de mayo de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

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Núm. único de radicación: 110010315000202401324-00
Actor: Fernando Ferrari Flórez

24. El derecho de petición fue reglamentado, en un principio, en el Decreto 01 de
2 de enero de 198410, el cual fue derogado y regulado nuevamente en los artículos
13 a 33 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

25. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-818 del 1.º de
noviembre de 201111, declaró inexequibles los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 y
señaló que los efectos de la declaración de inexequibilidad quedarían diferidos
hasta el 31 de diciembre de 2014, a fin de que el Congreso de la República expidiera
la ley estatutaria correspondiente.

26. En razón a lo anterior, el Congreso de la República expidió la Ley Estatutaria
1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental
de petición y se sustituye un Título del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo”, norma que establece los términos y procedimientos
para resolver las distintas modalidades de peticiones.

27. Dicha ley entró a regir a partir de la fecha de su promulgación, esto es, el 30
de junio de 2015.

28. Con miras a examinar el caso sub examine, en primer orden, la Sala realizará
una breve síntesis de la Ley 1755 de 30 de junio de 201512 y, en segundo orden, se
enunciarán las reglas jurisprudenciales del derecho de petición.

10 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.
11 Corte Constitucional. Sentencia C-818 de 1° de noviembre de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 10 (parcial), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 309 (parcial) de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
12 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del código de

procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202401324-00
Actor: Fernando Ferrari Flórez

Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el
Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

29. A través de la Ley Estatutaria 1755 se regula el derecho de petición y se
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

30. Esta norma reguló los siguientes aspectos del derecho de petición: i) Derecho
de petición ante las autoridades-Reglas Generales, ii) Derecho de petición ante
autoridades - Reglas especiales y, iii) Derecho de petición ante organizaciones e
instituciones privadas.

31. El artículo 13 de la Ley 1755 establece que el objeto de esta ley, es regular
el derecho que tienen todas las personas a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades, por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución completa y de fondo sobre la misma.

32. Respecto a los términos para resolver las distintas modalidades de
peticiones, el artículo 14 de dicha norma, hace énfasis en que toda petición deberá
resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su presentación. El numeral
1.º dispone que las peticiones de documentos y de información deberán resolverse
dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. El numeral 2.º del artículo 14
ibidem establece que las peticiones mediante las cuales se presenta una consulta
a las autoridades deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su
recepción.

33. Ahora bien, el artículo 15 ibidem prevé que las peticiones podrán presentarse
verbalmente o por escrito a través de cualquier medio idóneo, donde la petición
contenga al menos: i) la designación de la autoridad a la que se dirige, ii) los
nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o apoderado
con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá la
correspondencia, iii) el objeto de la petición, iv) las razones en las que fundamenta
su petición, v) la relación de los documentos que desee presentar para iniciar el

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Núm. único de radicación: 110010315000202401324-00
Actor: Fernando Ferrari Flórez

trámite y vi) la firma del peticionario cuando fuere el caso. Asimismo, los interesados
podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones.

34. A su turno, el artículo 24 de la Ley 1755 dispone que solo tendrán carácter
reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por
la Constitución Política o la ley.

35. Los artículos 32 y 33 ibidem establecen que toda persona podrá ejercer el
derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante
organizaciones privadas con o sin personería jurídica, salvo norma legal especial.
Las peticiones ante empresas o personas que administren archivos y bases de
datos de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y las provenientes de
terceros países se regirán por lo dispuesto en la ley estatutaria del Hábeas Data.

36. Por último, es importante resaltar que conforme con los artículos 14 y 21 de
la norma ejusdem, cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición
en los plazos señalados, la autoridad tiene el deber de informar esa circunstancia al
interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley, expresando los
motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá
o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

37. Asimismo, si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente,
esta deberá informar al interesado dentro de los cinco días siguientes al de la
recepción de la solicitud, si obró por escrito y, dentro del término señalado, remitirá
la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario.

Reglas jurisprudenciales del derecho de petición

38. La Corte Constitucional en desarrollo del artículo 23 de la Constitución
Política ha precisado que la satisfacción del derecho de petición implica una
respuesta de fondo a la solicitud que resuelva sobre lo planteado. En sentencia T-
146 de 201213, se consignaron las reglas que ha reiterado la Corte Constitucional
respecto del derecho de petición:

13 Corte Constitucional. Sentencia de 2 de marzo de 2012. M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El extracto citado

fue extraído de la sentencia T- 377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Ambas sentencias atienden el

12

Núm. único de radicación: 110010315000202401324-00
Actor: Fernando Ferrari Flórez

“[…] a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de
los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta
no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse
de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una
vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se
concreta siempre en una respuesta escrita.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes
ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas
cuando la ley así lo determine.

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante
particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un
servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera
igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición
se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental,
puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra
particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental
solamente cuando el Legislador lo reglamente.

g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene
la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude
al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver.
De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe
anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de
instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo,
la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes.

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación
de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de
petición.

problema jurídico del alcance y condiciones en que se debe dar respuesta al derecho de petición, lo que resulta
aplicable al presente caso que conoce la Sala. Se considera pertinente hacer mención a esta línea
jurisprudencial por cuanto se señalan las principales características constitucionales sobre el derecho de
petición, sin perjuicio de otras subreglas que pueden encontrarse en los siguientes fallos: T-578 de 1992, T-572
de 1994, T-133 de 1995, T-382 de 1993, T-275 de 1995, T-474 de 1995, T-472 de 1996, T-312 de 1999, T-415
de 1999, T-306 de 20003, T-1889 de 2001, T-1160 A de 2001, C-818 de 2011, T-490 de 2005, T-1130 de
2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006, T-108 de 2006, T- 147 de 2006, T-567 de 1992, T-1100 de 2004, T-137
de 2005, T-780 de 2005, T-096 de 2006, T-442 de 2006 y T-431 de 2007.

13

Núm. único de radicación: 110010315000202401324-00
Actor: Fernando Ferrari Flórez

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una
expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-
294 de 1997 y T-457 de 1994 […]”.

39. De estas reglas se desprende que toda respuesta a un derecho de petición
se convierte en un instrumento idóneo para garantizar otros derechos y libertades.

40. Así lo consideró esta Corporación en sentencia de 24 de mayo de 2012,
Consejera de Estado, doctora María Claudia Rojas Lasso, al señalar que, por un
lado, el derecho fundamental de petición busca garantizar el acceso de las personas
a las instancias del Estado; y, por otro, que el ciudadano obtenga respuesta de
fondo, de manera clara, precisa, congruente con lo solicitado y que sea puesta en
conocimiento del peticionario en un plazo oportuno.

41. Finalmente, la Corte Constitucional, en la sentencia previamente citada,
consideró que el estudio del derecho de petición puede realizarse desde dos
perspectivas, a saber: “[…] En una parte inicial, el derecho de petición busca
garantizar el acceso a las instancias del Estado, lo que de forma indirecta será la
posibilidad democrática de participar en la gestión de la autoridad, donde el
ciudadano conserva la soberanía y titularidad de los derechos, que se complementa
mediante el correcto y eficiente desarrollo de la función pública que debe atender
los fines constitucionales hacia los cuales se dirige el Estado. En la otra parte, que
es complementaria a la primera, el ciudadano espera obtener una respuesta por
parte del peticionado, sea este de naturaleza particular o pública, en donde se dé
solución a su interrogante de forma concreta y definitiva, para así, garantizar la
finalidad y efectividad inmediata del derecho de petición, ante quien posee una
información que debe y puede ser suministrada a quienes estén interesados […]”14.

42. Por último, dentro del marco del derecho fundamental de petición, la Corte
Constitucional ha establecido que se vulnera en aquellos eventos en que el
peticionario no es debidamente notificado de la respectiva respuesta a su solicitud
de petición.

14 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo de 2012. C.P: María Claudia Rojas Lasso,

número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-00017-01.

14

Núm. único de radicación: 110010315000202401324-00
Actor: Fernando Ferrari Flórez

43. Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional15:

“[…] las autoridades tienen el deber de poner en conocimiento del peticionario la
respuesta que emitan acerca de una solicitud o sea, notificar la respuesta al
interesado.

Esta obligación genera para la administración la responsabilidad de actuar con
diligencia en aras de que su respuesta sea conocida. De esta manera fue reconocido
en la sentencia T-372 de 1995 y reiterado por la sentencia T-477 de 2002, en donde
se determinó que el derecho de petición se concreta en dos momentos sucesivos,
ambos dependientes de la actividad del servidor público a quien se dirige la
solicitud: “(i) el de la recepción y trámite de la misma, el cual implica el debido acceso
de la persona a la administración para que esta considere el asunto que se le plantea,
y (ii) el de la respuesta, cuyo ámbito trasciende el campo de la simple adopción de
decisiones y se proyecta a la necesidad de llevarlas al conocimiento del solicitante
[…]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

44. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

45. Atendiendo a que, la Corte Constitucional16 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha

15 Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 2005. MP. Jaime Araújo Rentería.
16 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

15

Núm. único de radicación: 110010315000202401324-00
Actor: Fernando Ferrari Flórez

resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
mínimo vital

46. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos […]”.

47. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho innominado
al mínimo vital, ha considerado17:

“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de
los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de
sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud,
prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la
dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".

99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el
efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto
salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El
reconocimiento del derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el
concepto de dignidad humana, pues es claro que la carencia de las condiciones
materiales mínimas necesarias para garantizar la subsistencia del individuo,
comporta la negación de la dignidad que le es inherente. Igualmente, este
derecho se proyecta en otros derechos fundamentales como la vida (Art. 11 C.P.),
la salud (Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.).
De esta forma, la protección al mínimo vital se configura una de las garantías de
mayor relevancia en el Estado Social de Derecho […]”.

17 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 16 de noviembre de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.

16

Núm. único de radicación: 110010315000202401324-00
Actor: Fernando Ferrari Flórez

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
dignidad humana

48. Visto el artículo 1.° de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general […]”. (Resaltado por la Sala)

49. Atendiendo a que la Corte Constitucional18 ha establecido que el derecho a
la dignidad humana “[…] debe entenderse bajo dos (2) dimensiones: a partir de su
objeto concreto de protección y con base en su funcionalidad normativa. En relación
con el primero, este Tribunal ha identificado tres (3) lineamientos claros y
diferenciables: i) la dignidad humana como autonomía o como posibilidad de diseñar
un plan vital y de determinarse según sus características; ii) la dignidad humana
entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y iii) la
dignidad humana como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la
integridad física y moral o, en otras palabras, la garantía de que los ciudadanos
puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de trato degrandante o humillante.
De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad de la norma, este Tribunal
ha identificado tres (3) expresiones del derecho a la dignidad: i) Es un valor fundante
del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado; ii) constituye un principio
constitucional; y iii) también tiene la naturaleza de derecho fundamental autónomo
[…]”.

Análisis del caso concreto

50. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Presidente de
la República, la Vicepresidenta de la República, la Procuradora General de la
Nación, el Defensor del Pueblo y el Presidente del Grupo Argos S.A., porque, a su
juicio, al no dar respuesta a la petición de 1.° de noviembre de 2023, mediante la cual
presentó solicitudes relacionadas con inconformidades de “[…] la comunidad de

18 Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 24 de enero de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

17

Núm. único de radicación: 110010315000202401324-00
Actor: Fernando Ferrari Flórez

Santana que son una población ancestral ubicada en la isla de baro (sic) en la zona
insular de Cartagena de Indias […]”, vulneraron sus derechos fundamentales
invocados supra.

51. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

52. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

53. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

53.1. Documentos allegados con el escrito de tutela.

53.2. Informes rendidos por las autoridades demandadas y uno de los terceros con
interés legítimo, junto con sus anexos.

Solución del caso concreto

54. Con el fin de abordar el análisis planteado como problema jurídico,
corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la petición elevada por el actor
ha sido contestada.

55. La sala advierte que, el actor manifestó que el 1.° de noviembre de 2023,
presentó la siguiente petición ante el Presidente de la República, la Vicepresidenta

18

Núm. único de radicación: 110010315000202401324-00
Actor: Fernando Ferrari Flórez

de la República, la Procuradora General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el
Presidente del Grupo Argos S.A.:

“[…] PRIMERO: SOLICITESE, al Doctor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO
en calidad de Presidente de la Republica o ordene a quien corresponda, propiciar las
mesas de trabajo con la entidad ARGOS para buscar un arreglo frente al tema de las
tierras que actualmente está ocupando en ejercicio de su actividad Económica.

SEGUNDO: SOLICITESE a la Doctora FRANCIA ELENA MÁRQUEZ MINA, en
calidad de Vicepresidente de la República de Colombia y Ministra de la Igualdad a
tener en conocimiento dicha situación de la población de Santana en la Ciudad de
Cartagena de Indias y coadyuve referida labor desde la esfera de su competencia.

TERCERO: SOLICITESE, a la Doctor MARGARITA LEONOR CABELLO BLANCO,
en calidad de Procuradora General de la Nación o que haga sus veces preste la
garantía en calidad de ministerio público, para que no se sigan vulnerando los
derechos de la comunidad de Santana.

CUARTO: SOLICITESE, de manera reiterada al doctor JORGE MARIO VELASQUEZ
En calidad de Presidente de la compañía ARGOS, reunión para concertar con la
comunidad la propiedad y tenencia de los terrenos usufructuados por ustedes en la
ISLA DE BARU, en la ciudad de Cartagena.

QUINTO: SOLICITESE, al Doctor CARLOS CAMARGO ASSIS en calidad de
Defensor del Pueblo a nivel nacional o que haga sus veces preste la garantía en
calidad de ministerio público, para que no se sigan vulnerando los derechos de la
comunidad de Santana […]”.19

La petición ante el Presidente de la República

56. Al respecto, la Jefatura de Despacho Presidencial de la Presidencia de la
República, mediante Oficio núm. OFI23-00214320 / GFPU 12000000 de 16 de
noviembre de 2023, dio la siguiente respuesta a la petición del actor:

“[…] Respetado señor Ferrari:

Recibimos la comunicación dirigida a diferentes entidades, entre ellas a la Presidencia
de la República, en la cual solicita en el punto uno “… propiciar las mesas de trabajo
con la entidad ARGOS para buscar un arreglo frente al tema de las tierras que
actualmente está ocupando en el ejercicio de su actividad Económica.”, de
conformidad con los hechos narrados.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 "Por la
cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo", modificado por la Ley 1755 de 2015, se ha dado traslado al
Ministerio del Interior, para su consideración y fines pertinentes.

19 Transcripción literal del texto.

19

Núm. único de radicación: 110010315000202401324-00
Actor: Fernando Ferrari Flórez

Con relación a las demás entidades, sería del caso remitirlas; sin embargo, como
quiera que ya fue remitida por usted, nos abstenemos de enviarla nuevamente, en
aras de facilitar la gestión de la administración pública y evitar duplicidad en la
información interinstitucional, en virtud de los principios que rigen las actuaciones
administrativas de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011 modificado
por la Ley 1755 de 2015 […]”. (Resaltado por la Sala)

57. Frente a dicha respuesta, la Sala precisa que, conforme al artículo 1.° de la
Resolución núm. 0987 de 15 de diciembre de 201620, expedida por el Director del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, es competencia
dicha entidad, a través de sus dependencias, de atender y resolver “[…] 1. Las
peticiones respetuosas en interés general y en interés particular que toda
persona dirija al Presidente de la República o a cualquier funcionario del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de acuerdo con el
artículo 23 de la Constitución Política y sus desarrollos legales y reglamentarios.
[…]”. (Resaltado por la Sala).

58. Igualmente, se observa que dicha respuesta le fue notificada al actor, tal
como se advierte del documento PDF que allegó la Presidencia de la República
denominado “[…] trazabilidad […]”21.

59. Por otro lado, la Jefatura de Despacho Presidencial de la Presidencia de la
República, mediante Oficio núm. OFI23-00214323 / GFPU 12000000 de 16 de
noviembre de 2023, trasladó la petición del actor al Ministerio del Interior:

“[…] De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 "Por
la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo", modificado por la Ley 1755 de 2015, remitimos para su
consideración y fines pertinentes, la comunicación suscrita por el señor
Fernando Ferrari Flórez, en la que solicita en el punto uno “… propiciar las mesas
de trabajo con la entidad ARGOS para buscar un arreglo frente al tema de las tierras
que actualmente está ocupando en el ejercicio de su actividad Económica.”, teniendo
en cuenta los hechos narrados en la petición […]”. (Resaltado por la Sala)

60. Igualmente, se observa que dicha decisión le fue notificada a la autoridad a
la cual se le remitió por competencia la petición del actor, tal como se advierte del

20 “Por la cual se reglamenta el trámite interno del Derecho de Petición, y se dictan otras disposiciones en el

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”.
21 Cfr. Índice núm. 13 de Samai. Documento denominado
“61RECIBEMEMORIAL_RVCONTESTACIONATFERN(.zip) NroActua 13”. Archivo aportado en medio digital.

20

Núm. único de radicación: 110010315000202401324-00
Actor: Fernando Ferrari Flórez

documento PDF que allegó la Presidencia de la República denominado “[…]
trazabilidad […]”22.

61. Al respecto, la Sala precisa que, el artículo 21 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que:

“[…] ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado por
el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a
quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al
interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes
al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la
petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en
caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos
para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la
Petición por la autoridad competente […]”. (Resaltado por la Sala)

62. Igualmente, la Sala advierte que, en relación con la remisión por competencia
de una petición, esta Corporación ha señalado lo siguiente:

62.1. En la sentencia de 19 de abril de 202123, se indicó que:

“[…] Al respecto, la Sala considera que con ocasión de la remisión que hizo dicha
Dirección Ejecutiva no se vulneró el derecho fundamental de petición del actor,
toda vez que, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1755 de 30 de junio de
2015, si la autoridad no tiene competencia para responder, deberá remitir la
petición a la autoridad competente e informar al actor, lo cual aconteció en el caso
sub examine […]”. (Resaltado por la Sala)

62.2. En la sentencia de 30 de junio de 202024, se expresó que:

“[…] Con base en lo expuesto, en el asunto sub examine la Sala evidencia que le
asiste razón al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá, al afirmar que no le concierne expedir la constancia de ejecutoria del laudo
de 6 de agosto de 2015, porque, se reitera, dicha actuación involucra una actividad
judicial, por consiguiente, carece de la competencia para realizarla.

No obstante, pese a que al señor director del mencionado Centro de Arbitraje y
Conciliación, en efecto, no le corresponde decidir sobre la entrega del documento
enunciado en el párrafo precedente, se debe tener en cuenta lo previsto en el
artículo 21 del CPACA, según el cual «[…] Si la autoridad a quien se dirige la petición
no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa

22 Idem pie de página núm. 21 supra.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de

2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-00816-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B de la Sección Segunda, sentencia

de 30 de junio de 2020, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-00520-00, C.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.

21

Núm. único de radicación: 110010315000202401324-00
Actor: Fernando Ferrari Flórez

verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por
escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia
del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así
se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día
siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente».

La anterior norma es clara en determinar que cuando una autoridad se declara
carente de competencia para conocer de una solicitud deberá enviarla a la que
corresponde, mandato que no cumplió el señor director del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en el sub lite, omisión que
quebranta el derecho constitucional fundamental de petición de la actora […]”.
(Resaltado por la Sala)

63. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que con ocasión de la
remisión que hizo la Presidencia de la República, dicha entidad no vulneró el
derecho fundamental de petición invocado por el actor, toda vez que, conforme con
el artículo 21 del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, si la autoridad no tiene competencia para responder, deberá remitir
la petición a la autoridad competente e informar al actor, lo cual aconteció en el caso
sub examine.

64. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que, teniendo en cuenta
que la respuesta de la Presidencia de la República se notificó con anterioridad al
trámite de la acción de tutela25, frente al Presidente de la República habrá lugar a
negar la solicitud de tutela.

La petición ante el Ministerio del Interior

65. Ahora bien, de conformidad con el acervo probatorio, en lo que concierne al
Ministerio del Interior, la Sala observa lo siguiente:

66. El Director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior,
mediante Oficio de 30 de abril de 2024, dio respuesta a la petición del actor en los
siguientes términos:

“[…] Antes de dar respuesta a sus interrogantes, es necesario indicar que, una de las
funciones de la Dirección está relacionada con el registro de los censos de población,
autoridades tradicionales reconocidas por la respectiva comunidad y asociaciones del
pueblo Rom, no obstante, una vez revisada el Sistema de información indígena de
Colombia, se pudo identificar, que la denominada “comunidad de Santana”, no se
encuentra registrada.

25 La Sala precisa que la acción de tutela se presentó el 18 de marzo de 2024.

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Núm. único de radicación: 110010315000202401324-00
Actor: Fernando Ferrari Flórez

Ahora bien, es importante precisar que la dirección, no reconoce comunidades, es
una simple actuación de trámite, dado que el origen del reconocimiento se encuentra
en la decisión de las comunidades indígenas.

Por otro lado, dando respuesta a sus interrogantes, es necesario señalar, que el
espacio de diálogo solicitado, podrá propiciarse, pero para ello, es necesario,
primero propiciar un espacio de diálogo con la “comunidad de Santana”, con el
objetivo de identificar la situación actual de la comunidad y el proyecto objeto
de la situación, y con ello, determinar que actuaciones son necesarias para la
garantía de los derechos […]”.

[…]

“[…] Entonces es la Dirección de la Autoridad nacional de Consulta Previa, que en el
marco de las competencias señaladas mediante Decreto 2353 de 2019, define la
procedencia de consulta de medidas administrativas e (sic) orden Nacional, como lo
establece el ARTÍCULO 16ª […] Con el fin, de generar una articulación para el
diálogo inicial se podrá comunicar al correo electrónico
[...]@mininterior.gov.co, con el objetivo de establecer unas fechas para
reunirnos con la comunidad […]”. (Resaltado por la Sala)

67. Al respecto, obra constancia de envío al actor a través de correo electrónico
enviado el 30 de abril de 2024, tal como se advierte a continuación26:

68. De conformidad con lo expuesto supra, corresponde a la Sala establecer si
el Ministerio del Interior cumplió con los requisitos de i) oportunidad ii) que la
respuesta sea de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado y
ii) que haya sido puesta en conocimiento del peticionario; pues, de lo contrario se
incurriría en una vulneración del derecho fundamental de petición.

26 Cfr. Índice núm. 24 de Samai. Documento denominado “96_MemorialWeb_Respuesta-
SOPORTERESPUESTAFE(.pdf) NroActua 24”. Archivo aportado en medio digital.

23

Núm. único de radicación: 110010315000202401324-00
Actor: Fernando Ferrari Flórez

69. La Sala encuentra que i) la respuesta otorgada fue puesta en conocimiento
del actor en debida forma; y ii) en cuanto a la oportunidad para dar respuesta a la
petición, la Sala encuentra que si bien no se cumplió con el término establecido por
el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, lo cierto es que a la fecha el actor ya obtuvo respuesta al respecto, por
lo que cualquier orden que sobre el particular se diera en sede de tutela resultaría
inane.

70. Ahora bien, frente al requisito de que la respuesta sea de fondo, clara, precisa
y congruente con lo solicitado, la Sala encuentra que se cumple con dicha exigencia
en la medida en que el Ministerio del Interior le explicó con suficiencia al actor la
necesidad de crear un espacio de diálogo con la “comunidad de Santana” para
determinar la problemática y actuaciones necesarias, razón por la cual requirió al
actor para que se comunicara a un correo electrónico y, de esa manera, fijar unas
fechas de reunión con la comunidad.

71. La Sala considera que, en relación con la respuesta del Ministerio del Interior,
se garantizó el núcleo esencial del derecho fundamental de petición y, teniendo en
cuenta que la respuesta se dio durante el trámite de la acción de tutela, habrá lugar
a declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.

La petición ante la Vicepresidenta de la República

72. Al respecto, el Despacho de la Vicepresidenta de la República, mediante
Oficio núm. OFI24-00065735 / GFPU 11000000 de 9 de abril de 2024, dio la
siguiente respuesta a la petición del actor:

“[…] Por medio de la presente acuso recibo de su comunicación allegada a esta
entidad con radicado EXT23-00164662, mediante la cual, entre otras anotaciones y
requerimientos solicita: “(...) propiciar las mesas de trabajo con la entidad ARGOS
para buscar un arreglo frente al tema de las tierras que actualmente está ocupando
en el ejercicio de su actividad Económica.”.

(…)”.

Al respecto, es preciso informarle que de acuerdo a lo reglamentado en el artículo 21
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, desde
la oficina de la Jefatura del Despacho Presidencial de esta entidad, se ofició traslado

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Actor: Fernando Ferrari Flórez

de su comunicación al Ministerio del Interior, mediante radicado OFI23-
00214320 fechado el 16 de noviembre de 2023. De igual forma, en razón a que se
evidencia en su comunicación que fue dirigida por usted, a las entidades
legalmente competentes en los temas requeridos, en virtud del principio de
eficacia, economía y celeridad que debe permear a toda la administración
pública, este Despacho se abstiene de hacerlo nuevamente, para evitar
reprocesos […]”. (Resaltado por la Sala)

73. Igualmente, se observa que dicha respuesta le fue notificada al actor, tal
como se advierte del documento PDF que allegó la Presidencia de la República
denominado “[…] trazabilidad […]”27.

74. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que con ocasión de la
respuesta que le dio la Vicepresidenta de la República al actor, dicha autoridad no
vulneró sus derechos fundamentales, toda vez que, conforme con el artículo 21 del
Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, si la
autoridad no tiene competencia para responder, deberá remitir la petición a la
autoridad competente e informar al actor, remisión que en el caso sub examine ya
había acontecido.

75. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que, teniendo en cuenta
que la respuesta de la Vicepresidenta de la República se notificó durante el trámite
de la acción de tutela, habrá lugar a declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado.

La petición ante la Procuradora General de la Nación

76. De conformidad con el acervo probatorio, en lo que concierne a la
Procuradora General de la Nación, la Sala observa lo siguiente:

77. La Procuraduría Provincial de Cartagena, mediante Oficio de 8 de abril de
2024, dio respuesta a la petición del actor en los siguientes términos28:

27 Idem pie de página núm. 21 supra.
28 Cfr. Índice núm. 11 de Samai. Documento denominado “44_MemorialWeb_Respuesta(.pdf) NroActua 11”.

Archivo aportado en medio digital.

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Actor: Fernando Ferrari Flórez

78. De conformidad con lo expuesto supra, corresponde a la Sala establecer si
la respuesta de la Procuraduría General de la Nación cumplió con los requisitos de
i) oportunidad ii) que la respuesta sea de fondo, clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado y ii) que haya sido puesta en conocimiento del
peticionario; pues, de lo contrario se incurriría en una vulneración del derecho
fundamental de petición.

79. La Sala encuentra que i) la respuesta otorgada fue puesta en conocimiento
del actor en debida forma; y ii) en cuanto a la oportunidad para dar respuesta a la
petición, la Sala encuentra que si bien no se cumplió con el término establecido por
el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, lo cierto es que a la fecha el actor ya obtuvo respuesta al respecto, por
lo que cualquier orden que sobre el particular se diera en sede de tutela resultaría
inane.

80. Ahora bien, frente al requisito de que la respuesta sea de fondo, clara, precisa
y congruente con lo solicitado, la Sala encuentra que se cumple con dicha exigencia
en la medida en que la Procuraduría Provincial de Cartagena le indicó al actor que,
en ejercicio de sus funciones, en particular aquellas de carácter preventivo, se había
dispuesto el inicio de una actuación preventiva con el objeto de “[…] ATENDER LA
SOLICITUD DE LA COMUNIDAD DE SANTANA REPRESENTADA POR USTED
EN SU CONDICION DE APODERADO, RELACIONADA CON LA GARANTIA DE
DERECHOS DE LA COMUNIDAD DE BARU FRENTE A LA EMPRESA ARGOS
[…]”.

81. La Sala considera que, en relación con la respuesta de la Procuraduría
General de la Nación, se garantizó el núcleo esencial del derecho fundamental de

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Núm. único de radicación: 110010315000202401324-00
Actor: Fernando Ferrari Flórez

petición y, teniendo en cuenta que la respuesta se dio durante el trámite de la acción
de tutela, habrá lugar a declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.

La petición ante el Presidente del Grupo Argos S.A.

82. De conformidad con el acervo probatorio, en lo que concierne al Presidente
del Grupo Argos S.A., la Sala observa lo siguiente:

83. El Representante Legal del Grupo Argos S.A., dio respuesta a la petición del
actor el 4 de diciembre de 2023, en los siguientes términos:

“[…] En respuesta a la solicitud recibida el 1 de noviembre de 2023, en primer lugar,
nos gustaría manifestar que no es verdadera la afirmación que se realiza en el
numeral cuarto de los hechos de su petición donde se afirma que Grupo Argos
“NUNCA” ha querido atender a la Comunidad de Santana para dialogar frente al tema
de los terrenos de propiedad de la Compañía en la isla de Barú.

Grupo Argos ha velado por mantener una buena relación con la comunidad de
Santana y todas las comunidades de la Isla de Barú, respondiendo a todas las
solicitudes que de ellos se reciben en cumplimiento de lo previsto en la legislación
colombiana. Así mismo, el 22 de diciembre de 2021, el área jurídica de la Compañía
sostuvo una reunión virtual con algunos miembros de la Comunidad de Santana, a
quienes les fueron solicitados unos documentos para verificar la información que
estos argumentaban, documentación que nunca fue recibida por parte de Grupo
Argos.

Desde nuestra área de sostenibilidad, junto con alianzas estratégicas, hemos liderado
una serie de programas que demuestran nuestro compromiso con el fortalecimiento
de las comunidades de la Isla de Barú y el mejoramiento de su calidad de vida. De
igual manera, previamente a la realización de las obras y/o los proyectos que ha
llevado a cabo la Compañía en los territorios de su propiedad en la Isla Barú, esta ha
respetado el derecho fundamental de Consulta Previa con las Comunidades
certificadas por el Ministerio del Interior. Todo esto, en estricto cumplimiento de lo
establecido en la Constitución y el bloque de constitucionalidad, así como las normas
nacionales que regulan la materia.

Por último, Grupo Argos ostenta la titularidad de los inmuebles que posee en la Isla
de Barú desde hace más de 40 años y que los adquirió en legal y debida forma,
ejerciendo desde el momento de su adquisición la posición quieta, pacifica (sic) e
ininterrumpida de los mismos.

Reiteramos que Grupo Argos se encuentra comprometida con las Comunidades de
la Isla de Barú y su desarrollo sostenible. Por lo que atenderemos cualquier solicitud
adicional a través de nuestros canales autorizados […]”.

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Actor: Fernando Ferrari Flórez

84. Al respecto, obra constancia de envío al actor a través de correo electrónico
enviado el 4 de diciembre de 2023, tal como se advierte a continuación29:

85. De conformidad con lo expuesto supra, corresponde a la Sala establecer si
la respuesta del Representante Legal del Grupo Argos S.A. cumplió con los
requisitos de i) oportunidad ii) que la respuesta sea de fondo, clara, precisa y de
manera congruente con lo solicitado y ii) que haya sido puesta en conocimiento del
peticionario; pues, de lo contrario se incurriría en una vulneración del derecho
fundamental de petición.

86. La Sala encuentra que i) la respuesta otorgada fue puesta en conocimiento
del actor en debida forma; y ii) en cuanto a la oportunidad para dar respuesta a la
petición, la Sala encuentra que si bien no se cumplió con el término establecido por
el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, lo cierto es que a la fecha el actor ya obtuvo respuesta al respecto, por
lo que cualquier orden que sobre el particular se diera en sede de tutela resultaría
inane.

87. Ahora bien, frente al requisito de que la respuesta sea de fondo, clara, precisa
y congruente con lo solicitado, la Sala encuentra que se cumple con dicha exigencia
en la medida en que el Representante Legal del Grupo Argos S.A. le indicó al actor
sobre la voluntad de la sociedad en dialogar con la comunidad y su disposición en
atender cualquier solicitud, advirtiendo que, en el 2021 “[…] sostuvo una reunión
virtual con algunos miembros de la Comunidad de Santana, a quienes les fueron
solicitados unos documentos para verificar la información que estos argumentaban,
documentación que nunca fue recibida por parte de Grupo Argos […]”.

29Cfr. Índice núm. 9 de Samai. Documento denominado “37_MemorialWeb_COPIAALASPARTES(.pdf)
NroActua 9”. Archivo aportado en medio digital.

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Núm. único de radicación: 110010315000202401324-00
Actor: Fernando Ferrari Flórez

88. La Sala considera que, en relación con la respuesta del Grupo Argos S.A.,
se garantizó el núcleo esencial del derecho fundamental de petición y, teniendo en
cuenta que la respuesta se dio con anterioridad al trámite de la acción de tutela,
habrá lugar a negar la solicitud de tutela.

La petición ante el Defensor del Pueblo

89. De conformidad con el acervo probatorio, en lo que concierne al Defensor
del Pueblo, la Sala observa que: i) dicha autoridad guardó silencio dentro de la
acción de tutela de la referencia30; ii) el actor manifestó haber presentado su
petición ante dicha autoridad; y iii) no obra prueba o argumento que desvirtúe lo
anterior.

90. En ese orden de ideas, la Sala i) concederá el amparo del derecho
fundamental de petición del actor frente al Defensor del Pueblo;

ii) se ordenará al Defensor del Pueblo que, en el término de cuarenta y ocho (48)
horas, contado a partir de la notificación de esta sentencia, resuelva la petición que
el actor indicó haber presentado el 1.° de noviembre de 2023.

Conclusiones de la Sala

91. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala: i) declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado frente a la Vicepresidenta de la República, la Procuradora General de la
Nación y el Ministerio del Interior; ii) negará la solicitud de tutela respecto del
Presidente de la República y el Presidente del Grupo Argos S.A.; y iii) concederá el
amparo del derecho fundamental de petición del actor frente al Defensor del Pueblo.

30 Cfr. Índice núm. 7 de Samai. Documento denominado “Soporte notificación Auto que admite dema(.pdf)

NroActua 7”. Archivo aportado en medio digital.

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Núm. único de radicación: 110010315000202401324-00
Actor: Fernando Ferrari Flórez

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado frente a la
Vicepresidenta de la República, la Procuradora General de la Nación y el Ministerio
del Interior, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de tutela que presentó el actor respecto del
Presidente de la República y el Presidente del Grupo Argos S.A., por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del actor frente al
Defensor del Pueblo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

CUARTO: ORDENAR al Defensor del Pueblo que, en el término de cuarenta y
ocho (48) horas, contado a partir de la notificación de esta sentencia, resuelva la
petición que el actor indicó haber presentado el 1.° de noviembre de 2023.

QUINTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SEXTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

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Actor: Fernando Ferrari Flórez

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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