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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01337-00

Fecha
24 de abril de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01337-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar improcedente la solicitud de tutela presentada por William Efrat Badillo Cantillo, contra el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01337-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

24 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01337-00
Demandante: William Efrat Badillo Cantillo
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Reparación directa por la
patología sufrida por conscripto durante la prestación del servicio
obligatorio

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la solicitud formulada por William Efrat Badillo Cantillo, en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

William Efrat Badillo Cantillo promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales a la dignidad humana, debido proceso y
acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión
de la sentencia proferida el 16 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, en el medio de control de reparación directa identificado con el radicado
08001-33-33-012-2021-00164-00/01.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

i) William Efrat Badillo Cantillo y otros 2 presentaron, en ejercicio del medio de
control de reparación directa, demanda en contra de la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional, con el fin de que se les declarara responsables
por los perjuicios de orden material y moral ocasionados por la patología relacionada
con dolor abdominal, que padeció durante la prestación de su servicio militar
obligatorio y que, conllevó una posible pérdida de capacidad laboral y/o psicofísica.

1
Ver índice 2 de SAMAI del expediente 11001-03-15-000-2024-01337-00. Actuación denominada
«20ED_TUTELAWILLIAMBADILLO(.pdf) NroActua 2»
2 Rosalía Cantillo García, Charid Badillo Cantillo y Luis Miguel Badillo Cantillo

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01337-00
Demandante: William Efrat Badillo Cantillo

ii) El Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, en sentencia
del 19 de abril de 2023 negó las pretensiones de la demanda, toda vez que no se
probó el primer requisito exigido para la estructuración de la responsabilidad estatal,
esto es, la existencia de un daño causado. Decisión contra la cual la parte
demandante interpuso recurso de apelación.

iii) El Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia del 16 de junio de 2023
confirmó lo resuelto por el a quo al considerar que la parte demandante incumplió
con la carga procesal que le correspondía, consistente en la acreditación del daño
antijuridico del cual pretendía la indemnización.

iv) En relación con esa decisión, la parte demandante consideró que la corporación
judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en defecto
procedimental al prescindir de la audiencia inicial, y con ello, en defecto fáctico al
no oficiar la valoración de la pérdida de capacidad laboral ante la Junta Regional de
Calificación de Invalidez del Atlántico.

Asimismo, en defecto sustantivo en la mediada que «se concreta una afectación de
salud, derivadas de las omisiones que tuvieron las autoridades medico laborales adscritas
a la sanidad militar, cuando omitieron dar aplicación a los componentes normativos de los
Arts. 15, 16, 17 y 18 de la Ley 48 de 1993, en el entendido de no realizar exámenes de
capacidad psicofísica a los 45 y 90 días posteriores al reclutamiento, máxime, cuando se
avizora que las afecciones de salud, se inician con posterioridad al reclutamiento, y con
anterioridad a la jurada de bandera, que da inicios a la salida al “área” (zona de operaciones
militares), por lo cual el principio iura novit curia, es preponderante en las apreciaciones
jurídicas del fallador» [sic].

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] 1° dejar sin efecto lo resuelto por el Honorable Tribunal Administrativo del Atlántico,
en el recurso de apelacion, mediante proveído del 16 de junio 2023, el cual fue notificado
en debida forma a los demandantes, en fecha 28 de noviembre misma anualidad, por
encontrarse sujetos a defectos procesales de acuerdo a las manifestaciones del
presente libelo.

2° Ordenar al Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, anular las
actuaciones que determinaron la decisión de proferir sentencia anticipada, y en su lugar,
establecer la implementación de la audiencia inicial, con el propósito de realizar la prueba
pericial de dictamen de perdida de la capacidad psicofísica del demandante, ante la
Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico, en consideración a la
negligencia de la Sanidad Ejercito para su implementación […]» (sic).

2

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01337-00
Demandante: William Efrat Badillo Cantillo

1.2. Informe rendido en el proceso

1.2.1. El Tribunal Administrativo del Atlántico3 solicitó se declarara la
improcedencia de la tutela o, en su defecto, sean negadas sus pretensiones de
amparo, toda vez que no se cumplió con los siguientes requisitos generales de
procedencia:

El de inmediatez, pues, la tutela fue promovida el 18 de marzo de 2024, mientras
que la notificación del fallo de segunda instancia se surtió el 1 de agosto de 2023,
término que no cumplió la regla general de los 6 meses. Ahora, si se tomase en
cuenta el fallo de primera instancia y el auto donde el a quo implementó la figura de
la sentencia anticipada, es claro que desbordaría el límite de la razonabilidad.

El de subsidiaridad, en la medida que el demandante cuestionó el auto que adecuó
el asunto para evacuarse mediante sentencia anticipada y negó pruebas, respecto
del cual nunca interpuso el recurso de reposición ni el de apelación

El de relevancia constitucional, pues, no expuso ningún hecho que implicó la
afectación a sus derechos fundamentales.

1.2.2. El Ministerio de Defensa Nacional4 solicitó negar la tutela ante la
inexistencia de vulneración de derechos fundamentales del demandante, pues, es
claro que durante el trámite del proceso contencioso no acreditó los requisitos
exigidos para la imputación del daño al Estado, pues, no demostró que la afectación
se originó durante la prestación del servicio militar obligatorio.

1.2.3. El Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla5 si
bien allegó copia digital del proceso, guardó silencio frente a la petición de amparo.

1.2.4. Los demás terceros con interés guardaron silencio6.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico y; v) análisis de la Sala.

3 Ver índice 8 de SAMAI del expediente 11001-03-15-000-2024-01337-00. Actuación denominada

«26RECIBEMEMORIAL_INFORMEDELTAAEXPTUTE(.pdf) NroActua 8»
4 Ver índice 10 de SAMAI del expediente 11001-03-15-000-2024-00639-00. Actuación denominada

«12_MemorialWeb_Respuesta(.pdf) NroActua 10»
5 Ver índice 14 de SAMAI del expediente 11001-03-15-000-2024-00639-00. Actuación denominada

«42RECIBEPRUEBAS_MEMORIALES_08001333301220210016(.zip) NroActua 14»
6 Mediante auto del 20 de marzo de 2024 se vinculó al Ejército Nacional, Dirección de Sanidad; y a

Rosalba Cantillo García y Charid Dayana Badillo Cantillo.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01337-00
Demandante: William Efrat Badillo Cantillo

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021,7 esta Sala es competente para
conocer de la presente solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo del
Atlántico y otro.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado8 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.9 Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. [Resalta la Sala]. […]»

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo10 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta

7 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01337-00
Demandante: William Efrat Badillo Cantillo

solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional11 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que tenga
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se
cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar
improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,12 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales.13

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿la presente solicitud de tutela cumple con los requisitos
de procedibilidad adjetiva, en especial, el de subsidiariedad?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – de la subsidiariedad

El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la
solicitud de amparo:

11 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01337-00
Demandante: William Efrat Badillo Cantillo

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante. […]»
Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia14, es decir, no es un mecanismo
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un
último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho,
pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.4.2. Caso concreto

William Efrat Badillo Cantillo acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
proferida el 16 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, a través
de la que confirmó lo resuelto por el a quo respecto de negar las pretensiones
indemnizatorias de la demanda.

Para mayor claridad del asunto, la Sala recuerda las actuaciones registradas en
Samai15 del referido medio de control, así:

• El 3 de agosto de 2021, William Efrat Badillo Cantillo y otros16, presentaron
demanda en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional y Ejército
Nacional, con el fin de que se declarara la responsabilidad por la presunta pérdida
de capacidad laborar y/o psicofísica padecida como consecuencia de una patología
relacionada con dolor abdominal durante la prestación el servicio.

• El 7 de abril de 2022, la parte demandante radicó memorial con solicitud probatoria
dirigida a que se oficiara a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico
a realizar la valoración de la pérdida de su capacidad laboral.

-El Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Barranquilla, en providencia del 27
de abril de 2023 decidió prescindir de la audiencia inicial y negó la referida solicitud
de prueba, al considerar que no se allegó en ninguna de las etapas procesales
dispuestas para ello.

• En sentencia del 19 de abril de 2023 se negaron las pretensiones de la demanda,
toda vez que no se probó la existencia de un daño causado.

14 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-

1121 de 2003.
15 Visible en el expediente de reparación directa 08001333301220210016400/01
16 Rosalía Cantillo García, Charid Badillo Cantillo y Luis Miguel Badillo Cantillo

6

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01337-00
Demandante: William Efrat Badillo Cantillo

• El Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia del 16 de junio de 2023
confirmó lo resuelto por el a quo al considerar que la parte demandante incumplió
con la carga procesal que le correspondía, consistente en la acreditación del daño
antijuridico del cual pretendía la indemnización.
• El Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, el 5 de diciembre
de 2023 dictó providencia de obedézcase y cúmplase. Actuación de la cual envío
comunicaciones de la publicación por estado el 6 de diciembre siguiente.

• El demandante, el 7 de diciembre de 2023 interpuso recurso de súplica en el cual
solicitó:

«[…] determinar, si las actuaciones del fallador de primera instancia, al omitir la audiencia
inicial, amparado en el Art. 182A del CPACA, modificado por el Art. 42 de la Ley 2080
de 2021, se encuentran inmersos en los defectos alegados en el libelo del presente
recurso, vulnerando de contera los derechos fundamentales al debido proceso judicial,
acceso efectivo a la administración de justicia y demás conexos. De ser así, se debe
revocar el sentido del fallo, ordenándosele al ad quo, continuar con la instalación de la
audiencia inicial con la finalidad de sanear cualquier irregularidad procesal, resolver las
excepciones previas y mixtas si es del caso, decretar pruebas y demás actuaciones
procedentes […]» [sic].

• El 11 de diciembre de 2023 se realizó la fijación en lista para el traslado del recurso
de súplica.

• Actualmente, dicho recurso se encuentra pendiente de resolución.

A partir de lo expuesto, encuentra la Sala que la solicitud de tutela presentada por
William Efrat Badillo Cantillo no cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez
que el medio de control de reparación directa con radicado radicado 08001-33-33-
012-2021-00164-00/01, en el que fueron proferidas la decisiones acusadas, se
encuentra en trámite, frente a lo cual se advierte que en el sistema jurídico no puede
permitirse el paralelismo o la concurrencia de competencias entre el juez natural del
asunto y el de tutela, ni el ciudadano puede elegir entre uno y otro, como aquí se
propone.

Por otra parte, recuérdese que el demandante cuestiona la providencia del a quo
del 27 de abril de 2022, por medio de la cual decidió denegar la solicitud probatoria
y prescindir de la audiencia inicial para así, evacuar el asunto mediante la figura de
sentencia anticipada, decisión respecto de la cual procedía los recursos de
reposición y apelación17, los cuales tampoco fueron agotados.

17 Artículo 242. Reposición. El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma

legal en contrario […].
Artículo 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos
proferidos en la misma instancia: 7. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas […].

7

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01337-00
Demandante: William Efrat Badillo Cantillo

En este orden de ideas, la Sala declarará improcedente, por no superar el requisito
de subsidiariedad, la solicitud de tutela presentada por William Efrat Badillo Cantillo,
contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y otro.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:

Primero. Declarar improcedente la solicitud de tutela presentada por William Efrat
Badillo Cantillo, contra el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico, de conformidad con la parte
motiva de esta providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

8

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