Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01341-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01341-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01341-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
10 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., diez (10) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado : 11001-03-15-000-2024-01341-011
Demandante : Gloria Isabel Argüello Calbache
Demandado : Tribunal Administrativo del Huila, Sala de Decisión 5
Vinculados : E. S. E. Hospital San Antonio de Padua de La Plata
(Huila) y Juzgado Noveno (9°) Administrativo de Neiva
Acción : Tutela (impugnación)
Derechos : Debido proceso, igualdad y acceso a la administración de
justicia
Tema : Tutela contra providencia judicial
Decisión : Confirma
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el Tribunal Administrativo
del Huila, Sala de Decisión 5 contra el fallo de 23 de mayo de 2024, emitido por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta2, que accedió al amparo deprecado.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la actora frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo
que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
La demanda de tutela
La señora Gloria Isabel Argüello Calbache, por conducto de apoderado judicial,
interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia, presuntamente vulnerados por el Tribunal
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Expediente digital disponible en Samai.
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C. P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
Acción de tutela: 11001-03-15-000-2024-01341-01
Demandante: Gloria Isabel Argüello Calbache
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Administrativo del Huila, Sala de Decisión 5.
Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos el fallo de 26 de septiembre de 2023,
por medio del cual el Tribunal Administrativo del Huila, Sala de Decisión 5 revocó
el de 21 de mayo de 2021, con el que el Juzgado Noveno (9º) Administrativo de
Neiva accedió parcialmente a las pretensiones del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió contra la E. S. E. Hospital San Antonio
de Padua de La Plata (Huila) [expediente 41001-33-33-705-2015-00282-01], para
negarlas; en su lugar, se ordene a la autoridad accionada dictar una nueva
providencia en la que se concedan dichas súplicas.
Hechos
La tutelante aduce que trabajó como auxiliar de enfermería en la E. S. E. Hospital
San Antonio de Padua de La Plata (Huila) desde el 15 de enero de 2000 hasta el
30 de junio de 2012, en el horario impuesto por ese centro de salud y con
funciones similares a las del personal de planta, sin embargo, fue vinculada a
través de contratos de prestación de servicios, pese a que ello no procedía en su
caso, razón por la cual el 3 de marzo de 2015 solicitó declarar la existencia de la
relación laboral y el pago de todos los salarios y prestaciones a que hubiere lugar
durante ese lapso, lo que le fue negado con oficio ESA – OJ-036-2015 de 29 de
abril de ese año.
Que, por lo anterior, acudió ante la jurisdicción contencioso-administrativa en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, del que
conoció el Juzgado Noveno (9º) Administrativo de Neiva que, con providencia de
21 de mayo de 2021, accedió parcialmente3 a las pretensiones formuladas, al
considerar que en su vínculo contractual concurrían los presupuestos de una
relación de trabajo.
Sostiene que inconforme con esa decisión, la E. S. E. ahí demandada interpuso
recurso de apelación, desatado el 26 de septiembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Huila, Sala de Decisión, en el sentido de revocarla, al estimar
que “los elementos probatorios aportados no permiten tener por demostrada la
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Comoquiera que ordenó el reconocimiento de las prestaciones sociales entre el 1º de junio de 2010 y el 30 de junio del
2012, salvo en lo que corresponde a los aportes en pensión, pues las anteriores se encuentran afectadas por el fenómeno
de la prescripción, y negó la condena en costas solicitada.
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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2024-01341-01
Demandante: Gloria Isabel Argüello Calbache
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
relación laboral deprecada […], dado que la prestación del servicio que llevó a
cabo […] de manera personal y los pagos recibidos (aspectos sobre los cuales no
hubo controversia), se causaron en razón al cumplimiento de las obligaciones
contractuales suscritas con la contratante sin existir subordinación”.
Arguye que la sentencia cuestionada incurre en (i) defecto fáctico, puesto que no
valoró las pruebas obrantes dentro del proceso, que daban cuenta de la
concurrencia de los elementos constitutivos de la relación laboral, especialmente,
los testimonios recibidos; y (ii) desconocimiento del precedente, porque
desatendió las sentencias de 21 de abril de 20164 y 21 de junio del 20185,
proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado en las que se ha
indicado que las labores de enfermería, por la naturaleza misma de la actividad,
no pueden considerarse prestadas de manera autónoma.
1.2 Contestaciones de la acción
1.2.1 Tribunal Administrativo del Huila, Sala de Decisión 56. Se opone a la
prosperidad de la acción de tutela de la referencia, habida cuenta que “la decisión
[censurada] […] tiene como soporte las pruebas recaudadas en el proceso y la
verificación y aplicación de la distinta normatividad y jurisprudencia en el asunto”.
1.2.2 E. S. E. Hospital San Antonio de Padua de La Plata (Huila)7. Indica que,
“el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, en la sentencia proferida, acató
con respeto el procedimiento contenido en el ordenamiento jurídico, evaluó los
argumentos de ambas partes y adoptó una decisión ajustada a derecho conforme
no solo a lo probado en el curso del trámite judicial a través de los documentos y
testimonios, sino al comportamiento de las partes en relación con los hechos
debatidos y las órdenes judiciales”.
1.2.3 Juzgado Noveno (9°) Administrativo de Neiva. Guardó silencio en la
oportunidad prevista para el efecto.
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Expediente 13001-23-31-000-2012-00233-01, C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
5
Expediente 50001-23-33-000-2010-00606-01, C. P. William Hernández Gómez.
6
A través de la magistrada ponente de la decisión objeto de reproche, visible en el Índice 00013 del expediente de Samai
de primera instancia.
7
Índices 00010, 00011 y 00012 del expediente de Sami de primera instancia.
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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2024-01341-01
Demandante: Gloria Isabel Argüello Calbache
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
1.3 Providencia impugnada
Mediante fallo de 23 de mayo de 20248, el Consejo de Estado, Sección Cuarta
accedió al amparo deprecado, al considerar que, “en el [presente] caso […] se
pasaron por alto indicios de subordinación [entre los cuales se encuentran: el
lugar de trabajo, el horario, la dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar y que estas correspondan a las que tienen asignadas los servidores de
planta], contenidos en el material probatorio obrante en el expediente, que de
acuerdo con la Sentencia de Unificación SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de
septiembre de 2021 deben ser valorados especialmente por el juez de la causa,
debido a que […] la subordinación, justamente, “constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de
servicios”.
Lo anterior, por cuanto la autoridad accionada desestimó la información contenida
en los testimonios practicados en el curso del debate judicial, de los cuales se
desprendían, justamente, indicios de la existencia de subordinación en este caso,
bajo el argumento que estos carecían de credibilidad, debido a que las
declarantes, quienes trabajaban también como auxiliares de enfermería con la
actora, interpusieron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
misma entidad, dejando de lado que, “justamente son los propios compañeros de
trabajo las personas que pueden dar cuenta de manera personal y directa de las
condiciones de tiempo, modo y lugar en que se desarrolla determinada actividad o
se presta un servicio”.
Por otra parte, advirtió que “en el escrito de tutela la parte actora invocó como
desconocido el precedente contenido en: (i) Sentencia de 21 de abril de 2016,
radicado 13001-23-31-000-2012-00233-01, y (ii) Sentencia del 21 de junio del
2018, radicado 50001-23-33-000-2010-00606-01, proferidas por la Sección
Segunda del Consejo de Estado en las que se ha sostenido que las labores de
enfermería, por la naturaleza misma de la actividad, no pueden considerarse
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Aclarado por los consejeros de Estado Wilson Ramos Girón y Milton Chaves García, en el sentido de precisar que en
relación con el estudio del elemento de la subordinación la Sala no debió señalar que en los litigios respecto a los
denominados contrato realidad, promovidos por auxiliares de enfermería, resulta exigible la aplicación del precedente sobre
presunción de subordinación, porque, “la razón de la decisión en esas providencias obedeció a la actividad probatoria
desplegada por los demandantes, como responsables de la carga de la prueba, mas no por la aplicación de una regla de
presunción de subordinación”. Además, las providencias mencionadas por la actora como desatendidas hacen parte de
“una postura que no ha sido objeto de unificación, en los términos de los artículos 270 y 271 del CPACA y no es pacífica al
interior de la Sección Segunda del Consejo de Estado”.
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prestadas de forma autónoma9“; sin embargo, no se puede perder de vista que
“en algunas oportunidades la Sección Segunda de la Corporación, aunque acoge
esta tesis, al momento de efectuar la valoración probatoria la orienta a establecer
si se acreditó en el caso concreto la configuración del elemento subordinación”,
por lo que el hecho de ejercer la enfermería no conlleva per se a que
automáticamente se accedan las pretensiones relacionadas con el reconocimiento
del contrato laboral, pero, “tampoco pueden desconocerse circunstancias
evidentes relacionadas con la forma como, por regla general, opera el servicio de
enfermería”, las cuales “fungen como indicios de la subordinación […], como se
indicó en la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021”.
En consecuencia, ordenó al Tribunal Administrativo del Huila, Sala de Decisión 5
que, “dentro del término de veinte (20) días, profiera decisión judicial de
reemplazo, en la cual, a la luz de las normas y precedentes jurisprudenciales
aplicables al caso, valore integralmente todos los medios de prueba obrantes en
el proceso y los indicios de subordinación […], a fin de definir si en el caso
concreto se acreditaron o no los elementos de un contrato realidad”.
1.4 La impugnación
Inconforme con la anterior decisión, el Tribunal Administrativo del Huila, Sala de
Decisión 5 la impugnó, con fundamento en que “la actora pretende reabrir el
debate probatorio debidamente zanjado, pues en su sentir, los elementos de juicio
arrimados permiten declarar la existencia del contrato realidad, como si la tutela
se tratara de una instancia adicional al proceso ordinario, para lo cual no fue
implementado dicho mecanismo”.
Adujo que “los testigos traídos por la [demandante] resultan insuficientes para
acreditar las precisas circunstancias en que […] prestó sus servicios
(cumplimiento de horario, órdenes impartidas, permisos y llamados de atención),
9
El precedente invocado como desconocido por la actora ha sido reiterado por las diferentes Subsecciones de la Sección
Segunda del Consejo de Estado: A manera de ejemplo: (i) Sentencia de 21 de abril de 2016, radicado 13001-23-31-000-
2012-00233-01(2820-14); (ii) Sentencia de 18 de julio de 2018, radicado 52001- 23-31-000-2011-00207-01(0501-17); (iii)
Sentencia de 12 de mayo de 2022, radicado 25000-23-42-000- 2017-00635-01 (5002-2019); (iv) Sentencia de 18 de agosto
de 2022, radicado 81001-23-33-000-2013- 00071-01 (4428-2014); (v) Sentencia de 14 de septiembre de 2022, radicado
66001-23-33-000-2017- 00063-01 (5036-2019); (vi) Sentencia de 29 de junio de 2023, radicado 05001-23-33-000-2017-
02041-01 (3667-2019); (vii) sentencia de 30 de noviembre de 2023, radicado: 23001-23-33-000-2016-00320-01(4184-
2019); (viii) Sentencia de 12 de diciembre de 2023, radicado 66001-23-33-000-2017-00274-01 (2189-2020) B; (ix)
Sentencia 15 de febrero de 2024, radicado: 05001-23-33-000-2016-01454-01 (1056-2023). Esta tesis también ha sido
acogida por la Corte Constitucional en las Sentencias T-388 de 2020 y T-366 de 2023.
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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2024-01341-01
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pues […] no obra prueba que d[é] fuerza a su relato al cual se le resta credibilidad
en razón a su particular interés en esta causa”.
Agregó que no se le puede endilgar desconocimiento del precedente por no
atender “la[s] sentencia[s] del 21 de abril de 2016 […] y […] del 21 de junio del
2018 […] que fueron citadas por la accionante, referentes a que las labores de
enfermería no pueden realizarse autónomamente, [comoquiera que] dichos
pronunciamientos no constituyen precedente unificador de obligatorio acatamiento
(artículos 10, 102 y 270 del CPACA y 7º del CGP) y la referida temática, no ha
sido objeto de unificación, como señala el consejero de estado Milton Chaves
García en su aclaración de voto”.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
En virtud de los artículos 3210 del Decreto ley 2591 de 199111 y 2512 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201913 expedido por la sala plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
2.2 La acción
Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección
inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre
que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de
impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo
transitorio.
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“Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos
días siguientes al superior jerárquico correspondiente”.
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“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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“Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán
a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección
o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto”.
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Por medio del cual se expide “el reglamento interno del Consejo de Estado”.
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2.3 Problema jurídico
Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de
26 de septiembre de 2023, por medio del cual el Tribunal Administrativo del Huila,
Sala de Decisión 5 decidió, en segunda instancia, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió la tutelante contra la E. S. E. Hospital
San Antonio de Padua de La Plata (Huila) [expediente 41001-33-33-705-2015-
00282-01]; y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al
debido proceso, ala igualdad y al acceso a la administración de justicia invocadas
en la solicitud de amparo.
2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales
El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional
que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza
de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela,
con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido
de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista
de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela
contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento del principio de
autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una
providencia judicial, derechos fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994
se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando
se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i)
defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en
una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando
resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para
proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto
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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2024-01341-01
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orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto
procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actúa
completamente al margen del proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional
de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o
amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque
se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales
ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. (iii)
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga
en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que el
actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el
proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace
la Corporación.
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Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa
completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que
surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o
sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las
consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una
decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del
precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la
Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía
de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda
trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos
fundamentales.
Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales14, rectificó su
14
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016,
C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993,
AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro
Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de
2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau
De Lafont Pianeta.
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Demandante: Gloria Isabel Argüello Calbache
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posición mediante sentencia de 31 de julio de 201215, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren
derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados
jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la
jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado
ha aplicado en los términos antes expuestos16.
2.5 Caso concreto
Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la presunta vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia de la actora; (ii) contra la decisión objeto de censura no
procede recurso alguno, en atención a que fue emitida en segunda instancia y se
encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos que originaron el
supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de
inmediatez se satisface, toda vez que la providencia atacada quedó ejecutoriada
el 20 de octubre de 202317 y la solicitud de amparo se instauró el 19 de marzo de
2024, es decir, dentro de un término prudencial (4 meses y 28 días); y (v) la
sentencia acusada no fue dictada en una acción de tutela.
En razón a que se colman los anteriores presupuestos, esta Sala examinará el
fondo del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto fáctico y
desconocimiento del precedente alegadas por la accionante.
15
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
16
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-
00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp.
2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp.
2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012,
exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve.
17
Según la constancia de ejecutoria expedida por el secretario del Tribunal Administrativo del Huila, visible en el índice
00022 del expediente de Samai que contiene las actuaciones de segunda instancia dentro proceso ordinario con radicado
41001-33-33-705-2015-00282-01.
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2.5.1 Defecto fáctico
Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, “surge cuando carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”18.
La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos aspectos
o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta cuando el
funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para
ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que
alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los
eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra19.
2.5.2 Desconocimiento del precedente
Al respecto, se precisa que el desconocimiento del precedente tiene dos
modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela contra
providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii) como
defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La primera
tiene su origen en el artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los
precedentes fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia20, y la
segunda hace referencia a cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del
precedente horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a concluir
que la providencia adolece de un defecto sustantivo21 en virtud de los principios
del debido proceso, igualdad y buena fe22.
18
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
19
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
20
Sentencia T-360 de 2014: “En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i)
se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii)
se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto
que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una
sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela”.
21
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos
Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M.
P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio
González Cuervo.
22
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván
Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
11
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En el presente caso la demandante sostiene que la decisión reprochada incurre
en (i) defecto fáctico, puesto que no valoró las pruebas obrantes dentro del
proceso, que demostraban la concurrencia de los elementos constitutivos de la
relación laboral, especialmente, los testimonios recibidos; y (ii) desconocimiento
del precedente, toda vez que no acogió el criterio fijado en las sentencias de 21
de abril de 201623 y 21 de junio del 201824, proferidas por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en las que se ha indicado que las labores de enfermería, por
la naturaleza misma de la actividad, no pueden considerarse prestadas de
manera autónoma.
Con el propósito de dilucidar si los referidos reproches tienen o no asidero
jurídico, vale la pena recordar que el contrato de prestación de servicios es el
celebrado por los entes estatales para desarrollar actividades relacionadas con su
administración o funcionamiento y sus condiciones están dadas, entre otras
normas, por el artículo 3225, numeral 326, de la Ley 80 de 199327, es decir, por el
cual se vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o
para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de
planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista,
toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los
términos del contrato y de la ley contractual.
Sin embargo, el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se
comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación
laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales en favor del
contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo
5328 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los
23
Expediente 13001-23-31-000-2012-00233-01, C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
24
Expediente 50001-23-33-000-2010-00606-01, C. P. William Hernández Gómez.
25
“DE LOS CONTRATOS ESTATALES”.
26
“<Apartes subrayados CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES>Son contratos de prestación de servicios los que celebren
las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.
Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término
estrictamente indispensable”.
27
“Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.
28
“El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes
principios mínimos fundamentales:
12
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derechos mínimos de las personas preceptuados en normas acerca de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en
juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la
actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias
dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de
órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de
coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar
dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales.29
Ahora bien, en lo que respecta a las cooperativas de trabajo asociado, la Ley
79 de 1988, “[p]or la cual se actualiza la legislación cooperativa”, en su artículo
80, preceptúa que las cooperativas de trabajo asociado son aquellas que vinculan
el trabajo personal de sus socios para la producción de bienes, ejecución de
obras o la prestación de servicios, puesto que son organizaciones sin ánimo de
lucro pertenecientes al sector solidario de la economía; su objeto social es el de
generar y mantener trabajo para los asociados de manera autogestionaria, con
autonomía, autodeterminación y autogobierno. En sus estatutos, según el artículo
5 del Decreto 4588 de 2006, “[p]or el cual se reglamenta la organización y
funcionamiento de las cooperativas y pre cooperativas de trabajo asociado”, se
debe precisar la actividad socioeconómica que desarrollarán, encaminada al
cumplimiento de su naturaleza, en cuanto a la generación de un trabajo, en los
términos que determinan los organismos nacionales e internacionales sobre la
materia.
Este mismo Decreto, en sus artículos 16 y 17, establece la prohibición, por una
parte, que el asociado que sea enviado por la cooperativa o precooperativa de
trabajo asociado a prestar servicios a una persona natural o jurídica, por lo que se
considerará trabajador dependiente de la que se beneficie con su trabajo; y, por la
otra, que no podrán actuar como empresas de intermediación laboral ni disponer
del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal a un usuario
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de
trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades
para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por
los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso
necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad”.
29
En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27 de enero
de 2011, consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (0202-10).
13
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o a terceros beneficiarios, o remitirlos como trabajadores en misión con el fin de
atender labores de estos, o permitir que respecto de los asociados se generen
relaciones de subordinación o dependencia con los contratantes, y en tal caso,
sus directivos serán solidariamente responsables por las obligaciones económicas
que se causen a favor del trabajador asociado.
En este sentido, se pronunció esta Corporación, en sentencia de 27 de abril de
201630, así:
“En la práctica, el trabajo asociado en algunos casos se ha utilizado como
instrumento para escapar a la legislación laboral y así eludir las obligaciones para con
los trabajadores dependientes o subordinados. Por ello, el Legislador consagro la
prohibición de que las Cooperativas de Trabajo Asociado actúen como empresas de
intermediación laboral, dispongan del trabajo de los asociados para suministrar mano
de obra temporal a usuarios o terceros beneficiarios, remitan a los asociados como
trabajadores en misión con la finalidad de que atiendan labores propias de un usuario
o tercero beneficiario del servicio, o permitan que respecto de los asociados se
generen relaciones de subordinación o dependencia con terceros contratantes; y
como consecuencia, estableció que el asociado que acuda a estas prácticas se
considerara trabajador dependiente de la persona natural o jurídica que se beneficie
con su trabajo. De tal manera que el tercero contratante, la Cooperativa y sus
directivos serán solidariamente responsables por las obligaciones económicas
generadas a favor del trabajador asociado31. Sin perjuicio de que queden incursas en
causal de disolución y liquidación y que les sea cancelada la personería jurídica.”32
Por su parte, la Corte Constitucional, en fallo T-442 de 13 de julio 201733, reiteró:
“[…] si durante la ejecución del contrato de trabajo asociado, la cooperativa de trabajo
asociado infringe la prohibición consistente en que estas organizaciones solidarias no
pueden actuar como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de
sus asociados para suministrar mano de obra a terceros beneficiarios, o admitir que
respecto de sus asociados se susciten relaciones de subordinación, se debe dar
aplicación la legislación laboral, y no la legislación civil o comercial porque bajo estas
hipótesis confluyen elementos esenciales que dan lugar a la existencia de un contrato
de trabajo simulado por el contrato cooperativo 34.”
Así las cosas, se concluye que se defrauda la finalidad con la que se creó este
tipo de asociaciones cuando, a través del funcionamiento de una cooperativa de
trabajo asociado, se encubre el desarrollo de relaciones de labor dependiente, es
decir, cuando el cooperado presta sus servicios con el propósito de atender
funciones propias de un tercero beneficiario bajo los tres elementos del contrato
30
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección A, fallo de 27 de abril de 2016,
expediente 66001-23-31-000-2012-00241-01 (2525-14).
31
“Artículos 16 y 17 del Decreto 4588 de 2006, que reglamentan la organización y funcionamiento de las cooperativas y pre
cooperativas de trabajo asociado”.
32
“Artículo 7° de la Ley 1233 de 2008. Ley por medio de la cual se precisan los elementos estructurales de las
contribuciones a la seguridad social, se crean las contribuciones especiales a cargo de las Cooperativas y Pre cooperativas
de Trabajo Asociado, con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
ICBF, y a las Cajas de Compensación Familiar, se fortalece el control concurrente y se dictan otras disposiciones”.
33
M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
34
“Ver, entre otras, las sentencias: T-286 de 2003, T-445 de 2006, T-504 y 962 de 2008, T-484 de 2013 y T-531 de 2015”.
14
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de trabajo, cuales son: (i) prestación de un trabajo o una labor en forma personal,
(ii) subordinación y (iii) contraprestación por la función desarrollada.
Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, se destaca:
a) Contratos de prestación de servicios suscritos entre la actora y la E. S. E.
Hospital San Antonio de Padua de La Plata (Huila), así:
Contrato Duración Objeto
Del 5 al 31 Servicio integral de enfermería a pacientes en los
de diferentes servicios del hospital, el diligenciamiento
1
154 diciembre correcto y oportuno de historias clínicas y papelería que
de 2001 se requiera.
Del 30 de Toma de 300 citologías vaginales correspondientes a las
abril al 15 brigadas en el municipio de La Plata (Huila), en el
2
40 de mayo proyecto de “Salud y Reproducción”.
de 2004
Del 17 al Toma de 200 citologías vaginales correspondientes a las
44 31 de brigadas en el municipio de La Plata (Huila), en el
3
mayo de proyecto de “Salud y Reproducción”.
2004
23 de junio Toma de 20 citologías vaginales correspondientes a las
4 66 de 2004 brigadas en el municipio de La Plata (Huila), en el
proyecto de “Salud y Reproducción”.
Del 9 de Servicio integral de Auxiliar de Enfermería en brigadas de
julio al 8 salud para la ejecución del proyecto de salud sexual y
5
71 de agosto reproductiva que adelanta el Hospital San Antonio de
de 2004 Padua de La Plata.
Del 13 al Servicio integral de Auxiliar de Enfermería en brigadas de
90 31 de salud para la ejecución del proyecto de salud en el campo
6
agosto de que adelanta el Hospital San Antonio de Padua de La
2004 Plata en convenio con la Corporación Nasa Kiwe.
Del 1° al Servicios como Auxiliar de Enfermería en las diferentes
26 31 de tareas que le sean asignadas en el hospital.
7
enero de
2007
Del 1° al Servicios como Auxiliar de Enfermería en las diferentes
156 28 de tareas que le sean asignadas en el hospital.
8
febrero de
2007
Del 1° al Servicios como Auxiliar de Enfermería en las diferentes
249 31 de tareas que le sean asignadas en el hospital.
9
marzo de
2007
Del 1° al Servicios como Auxiliar de Enfermería en las diferentes
10 500 31 de julio tareas que le sean asignadas en el hospital.
de 2007
Del 1° al Servicios como Auxiliar de Enfermería en las diferentes
628 31 de tareas que le sean asignadas en el hospital.
11
agosto de
2007
Del 1° de Servicios como Auxiliar de Enfermería en las diferentes
12
859 noviembre tareas que le sean asignadas en el hospital.
15
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al 31 de
diciembre
de 2007
Del 1° al Servicios como Auxiliar de Enfermería en las diferentes
205 30 de tareas que le sean asignadas en el hospital.
13
septiembre
de 2008
Del 1° al Servicios como Auxiliar de Enfermería en las diferentes
278 31 de tareas que le sean asignadas en el hospital, cubriendo las
14
diciembre vacaciones de Blanca Cecilia Quintero.
de 2009
Del 1° al Prestar servicios técnicos como auxiliar de enfermería en
127 30 de el área que se disponga.
15
noviembre
de 2011
Del 1° al Prestar servicios técnicos como auxiliar de enfermería en
235 31 de el área que se disponga.
16
diciembre
de 2011
Del 1° de Prestar servicios técnicos como auxiliar de enfermería en
36 enero al el área que se disponga.
17 31 de
marzo de
2012
Del 1° de Prestar servicios técnicos como auxiliar de enfermería en
237 abril al 30 el área que se disponga.
18
de junio de
2012
b) Los anteriores tiempos también están ratificados en la certificación de 21 de
septiembre de 2012, emitida por el técnico operativo con funciones de jefe de
personal de la E. S. E. Hospital San Antonio de Padua de La Plata.
c) Contratos de prestación de servicios suscritos entre la la E. S. E. Hospital San
Antonio de Padua de La Plata y las cooperativas de trabajo asociado Vida Salud,
Human Resources Mangement S.A., Serviplus CTA y Unisalud CTA, con el objeto
que las segundas suministren el personal de la salud requerido por la primera, en
virtud de los cuales la accionante se desempeñó como auxiliar de enfermería para
los siguientes periodos:
Cooperativa Período de vinculación
Vida Salud Desde enero de 2003 hasta el 6 de julio de
2007.
Human Resources Mangement S.A. Desde el 1º de diciembre de 2007 hasta el
31 de julio de 2008.
Serviplus CTA Desde el 1° de diciembre de 2008 hasta el
30 de marzo de 2010.
Unisalud CTA Desde el 1º de junio de 2010 hasta el 30
de octubre de 2011.
16
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d) Escrito de 3 de marzo de 2015, con el que la tutelante pidió de la E. S. E.
Hospital San Antonio de Padua de La Plata declarar la existencia de la relación
laboral y el pago de los haberes salariales y sociales que, a su juicio, se derivaron
entre el 15 de enero de 2000 y el 30 de junio de 2012, por haber concurrido los
elementos de un contrato de trabajo.
e) La anterior solicitud fue negada, a través de oficio ESA-OJ-036-2015 de 29 de
abril de 2015, en el que se le indicó a la actora que entre la E. S. E. Hospital San
Antonio de Padua de La Plata y ella no existió algún tipo de vinculación laboral.
f) El 15 de octubre de 2015 la accionante promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la aludida E. S. E. (expediente 41001-33-33-
705-2015-00282-01), encaminada a que se le concediera lo deprecado en sede
administrativa.
g) Declaraciones rendidas por las señoras Rosa María Caguano Gaucho y Francy
Edith Sánchez Caupaz, quienes señalaron que conocían a la demandante, porque
también se desempeñaban como auxiliares de enfermería en la E. S. E. Hospital
San Antonio de Padua de La Plata, entidad en la que debían cumplir un
dependiendo del turno que tuvieran asignado por los jefes de enfermería, pues
debían manejar diferentes áreas, tales como pediatría y ginecología, cuyas
funciones consistían en atender a los pacientes, suministrar medicamentos,
canalizar, tomar los signos vitales, organizar la papelería, hacer historias clínicas,
llenar documentaciones, entre otras. Además, indicaron que sus cargos lo tenían
personas de planta.
h) Declaración rendida por el señor Rafael Luna Joya, quien adujo que ha
trabajado en el ente demandado desde 1999 como Jefe de Talento Humano de
planta, donde conoció a la actora como auxiliar de enfermería, sin embargo,
expuso que no le constaba el tiempo de servicio ni la manera como desempeñaba
sus labores, pues con los contratistas no ejercía función alguna.
i) Interrogatorio de parte de la tutelante en el que, entre otros aspectos, indicó que
(i) trabajó en la E. S. E. Hospital San Antonio de Padua de La Plata desde el 2000
hasta el 2012, a través de contratos de prestación de servicios y por conducto de
cooperativas, cuyo objeto era prestar apoyo como auxiliar de enfermería en
ambulancia; (ii) recibía órdenes de los jefes de enfermería y de los médicos; y (iii)
17
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cumplía los turnos que le eran asignados por ellos y conforme a aquellos se
establecía su horario, pues eran diferentes áreas de salud las que tenía que
cubrir. Además, adujo que fue testigo en los procesos adelantados por las
señoras Rosa María Caguano Gaucho y Francy Edith Sánchez Caupaz con las
mismas pretensiones a las suyas.
j) El Juzgado Noveno (9º) Administrativo de Neiva, con providencia de 21 de
mayo de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones ordinarias, al estimar que
“los resultados probatorios obtenidos dan cuenta de que las tareas que se le
habían asignado a la [actora] no eran temporales, ya que pertenecían al objeto
social de la entidad demandada; que no se le reconocían ni autonomía ni
independencia para realizar las labores encomendadas; que debía adaptar su
actuación a las órdenes dictadas y cumplir una jornada según un horario de
trabajo, vale decir mediaba un vínculo de subordinación, elementos que tipifican la
relación laboral, no un contrato de prestación de servicios”, no obstante, ordenó el
reconocimiento de las prestaciones sociales entre el 1º de junio de 2010 y el 30
de junio del 2012, salvo en lo que corresponde a los aportes en pensión, al
encontrar que las anteriores están afectadas por el fenómeno de la prescripción, y
negó la condena en costas solicitada.
k) Memorial que contiene el recurso de apelación interpuesto por la E. S. E.
Hospital San Antonio de Padua de La Plata, comoquiera que, de las
declaraciones rendidas se extrae que “las actividades realizadas por la
demandante correspondían con el cumplimiento autónomo del proceso asistencial
contratado a través de cooperativas y recibía órdenes de los coordinadores de las
mismas y por ello no existió relación laboral con el hospital […], sin que los pagos
realizados y el cumplimiento de turnos genere subordinación”, advirtiendo que a
las testigos Rosa María Caguano y Francy Edith Sánchez les asiste interés en
declarar en su contra.
l) El 26 de septiembre de 2023 el Tribunal Administrativo del Huila, Sala de
Decisión 5 desató la mencionada alzada, en el sentido de revocar la decisión
recurrida, para en su lugar, negar las súplicas, al considerar que:
“[…] si bien la apelante no tachó en su oportunidad a las testigos Rosa María
Caguano y Francy Edith Sánchez, le asiste razón cuando advierte que resta
credibilidad a las mismas, el hecho de haber incoado iguales pretensiones que la aquí
demandante y que incluso [e]sta (la actora) hubiera servido de testigo en los procesos
18
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promovidos por aquellas (como lo aceptó en su interrogatorio), pues es evidente que
a las deponentes mencionadas le asiste interés en las resultas del presente litigio y
ello tiene la virtud de parcializar su relato.
Aunado a lo anterior, su narrativa no encuentra respaldo en prueba documental
alguna, obsérvese que mientras señalan que la demandante prestó sus servicios en
forma continua e ininterrumpida, las órdenes de prestación de servicios y los
contratos suscritos con cooperativas que fueron allegados, dan cuenta que la
demandante presentó múltiples interrupciones en la ejecución de sus actividades tal y
como se consignó en el acápite de lo probado de este proveído. También señalan las
declarantes que cumplían funciones al igual que las auxiliares de enfermería de
planta y si bien se allegó el Acuerdo 027 de 2007 […] al igual que las Resoluciones
1075 de 2008 y 1007 de 2000 […] que dan cuenta de la existencia de dicho cargo en
la E.S.E. demandada, no se arrimó acto administrativo alguno contentivo de las
funciones asignadas al mismo, lo cual hubiera permitido corroborar su
correspondencia con las actividades realizadas por la aquí [accionante] durante las
ejecuciones contractuales.
De igual forma, las señoras Rosa María Caguano y Francy Edith Sánchez depusieron
que junto a la demandante cumplían horario, obrando en el plenario los turnos de las
auxiliares de enfermería durante los años 2009 a 2012 de la E.S.E. Hospital San
Antonio de Padua de la Plata […], sin apreciarse que la [actora] figurara como
responsable de turno alguno, salvo en el mes de febrero de 2011.
[…]
Así las cosas, para demostrar la subordinación será necesario que se acrediten una
serie de sucesos que giran en torno al contrato, los cuales de manera conjunta llevan
a la convicción de este elemento esencial, como por ejemplo las condiciones en que
se debe ejecutar la labor contratada, el objeto social de la entidad estatal donde se
presta el servicio, las necesidades que justifican la contratación, la temporalidad de la
prestación del servicio, entre otras. Empero, es importante aclarar, que los criterios
fácticos que se deben acreditar para llegar a concluir que una relación contractual
estuvo orientada por la subordinación, son disímiles en cada caso, de tal forma que, a
modo de ejemplo, no siempre que haya cumplimiento de horario implica per se que
nos encontremos ante una relación laboral” 35 (Subrayado de la Sala).
El testimonio del señor Rafael Luna Joya, también traído por la parte demandante,
tampoco logra acreditar los supuestos propios de la subordinación, pues aduce no
haberle constado la forma ni particularidades en que la [accionante] desempeñó sus
actividades, tampoco tener conocimiento que hubiera actuado en forma dependiente.
Así las cosas, los testigos traídos por la actora resultan insuficientes para acreditar las
precisas circunstancias en que la demandante prestó sus servicios (cumplimiento de
horario, órdenes impartidas, permisos y llamados de atención), pues como se
indicara, no obra prueba que d[é] fuerza a su relato al cual se le resta credibilidad en
razón a su particular interés en esta causa.”
De lo trascrito se colige que la autoridad accionada determinó que como la
accionante no adosó los medios de prueba necesarios para acreditar el elemento
de subordinación, requisito esencial para determinar la existencia de la relación
laboral, era dable revocar la decisión del Juzgado Noveno (9º) Administrativo de
Neiva de acceder parcialmente a las pretensiones ordinarias, para negarlas.
35
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 17 de junio de 2021. C.P. Dr. César Palomino
Cortés. Radicación: 73001-23-33-000-2015-00351-01(3513-16).
19
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Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
En la solicitud de amparo la tutelante alega que se omitió examinar los elementos
de convicción que demostraban el aludido presupuesto, especialmente, los
testimonios recibidos, lo cual, para la Sala es cierto, toda vez que, las pruebas
que reposaban en esas diligencias ordinarias (contratos de prestación de
servicios, interrogatorio de parte de la demandante y declaraciones rendidas por
los señores Rosa María Caguano Gaucho, Francy Edith Sánchez Caupaz y
Rafael Luna Joya) tenían la entidad suficiente para dar por acreditado dicho
elemento.
Lo anterior, en razón a que las pruebas evaluadas en conjunto, dieron cuenta que
el cargo que desempeñó la actora en la E.S.E. Hospital San Antonio de Padua de
La Plata era el de auxiliar de enfermería, lo que implicaba, entre otras funciones,
la atención a pacientes, elaborar historias clínicas, administrar medicamentos,
cumplir órdenes emanadas de los médicos y de los enfermeros jefes y cumplir
turnos y horarios, lo que significa que no hubo autonomía e independencia,
aunado a que aquel hacía parte de los empleos de planta de esa entidad.
Sumado a ello, se debe mencionar que la E.S.E. Hospital San Antonio de Padua
de La Plata tiene como misión “el mejoramiento de la calidad de vida y la salud de
la población del sur occidente del departamento del Huila y Nororiente
Caucano”36, que, sin duda, guarda relación con las labores ejercidas por la
accionante como auxiliar de enfermería, las que, además, desarrolló en forma
interrumpida por casi 11 años, desvirtuándose así la temporalidad propia de un
verdadero contrato de prestación de servicios.
Así las cosas, para la Sala se encuentra que la autoridad judicial enjuiciada, debió
valorar en conjunto las pruebas arrimadas al proceso ordinario, como son los
testimonios, interrogatorio de parte, los contratos de prestación de servicios y
demás documentos allegados, así como tener en cuenta el objeto social de la
entidad demandada; situación de la que se concluye que la sentencia aquí
atacada incurrió en el defecto fáctico alegado, pues por el solo hecho de restar
credibilidad a los testimonios practicados, dio por no probado el elemento de la
subordinación.
36
https://hospitaldelaplata.gov.co/nuestra-entidad/mision-y-vision/
20
Acción de tutela: 11001-03-15-000-2024-01341-01
Demandante: Gloria Isabel Argüello Calbache
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Por último, resulta necesario aclarar que como en el presente asunto el Tribunal
Administrativo del Huila, Sala de Decisión 5 incurrió en defecto fáctico, la Sala se
sustraerá de verificar el cargo relativo al desconocimiento del precedente
expuesto por la demandante, toda vez que para dictar una decisión de reemplazo
dicha autoridad deberá examinar de nuevo las pruebas y jurisprudencia aplicables
al caso y, de todas formas, las sentencias que alega como desatendidas, de 21
de abril de 201637 y 21 de junio del 201838, proferidas por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en las que se ha indicado que las labores de enfermería, por
la naturaleza misma de la actividad no pueden considerarse prestadas de manera
autónoma, al no ser de unificación carecen de fuerza vinculante.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe advertir que, si bien es cierto que es más fácil
inferir la subordinación en las labores relacionadas con la enfermería, entre otros
aspectos, por cuanto aquellas permiten el desarrollo del objeto misional de la
entidad, que al ser prestadora de salud implica que se establezcan unos turnos
para cumplir con las actividades, las cuales deben ser supervisadas por médicos
y enfermeras jefe,39 también lo es que dicha postura no ha sido objeto de
unificación, en los términos de los artículos 270 y 271 del CPACA y no es pacífica
al interior de la Sección Segunda de esta Corporación, por lo que, de acuerdo con
la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 202140,
es indispensable atender los indicios de la subordinación en estos casos, entre los
que se destacan:
“104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por
la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas,
esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador
habrá de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas
para los empleados de planta.
105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación
laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas
actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia,
etc.) necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos
para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario
de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.
37
Expediente 13001-23-31-000-2012-00233-01, C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
38
Expediente 50001-23-33-000-2010-00606-01, C. P. William Hernández Gómez.
39
Al respecto, ver Sentencias de 21 de abril de 2016 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A. Radicación: 13001 23 31 000 2012 00233 01 (2820-2014). M.P. Gabriel Valbuena
Hernández y del 30 de mayo de 2024 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B. Radicación 25000-23-42-000-2019-01485-01(7292-2023), M.P Jorge Portocarrero Banguera.
40
Expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
21
Acción de tutela: 11001-03-15-000-2024-01341-01
Demandante: Gloria Isabel Argüello Calbache
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a
través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto
al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,41 la dirección y control efectivo de
las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para
identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que
debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control,
vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se
aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.
107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal
contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas
idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los
funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la
existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la
ejecución de esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación
laboral a los que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese
orden de ideas, incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus
servicios a cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones de
subordinación o dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o
la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes
perentorias y de obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá
acreditar, además de la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se
enmarca en el objeto misional de la entidad.”
Ahora bien, esta Corporación en sentencia del 21 de abril de 2016 42, sostuvo que
la subordinación en la función desempeñada por los auxiliares de enfermería, se
presume, en tanto no es posible hablar de autonomía cuando de ellas se trata. No
obstante, señaló que esto no impide que en algunos casos las enfermeras puedan
actuar de manera independiente, situación que deberá probar la entidad
demandada a fin de desvirtuar esta deducción. Al respecto, manifestó:
“[…] la labor de enfermera no puede desempeñarse de forma autónoma, ya que
quienes ejercen dicha profesión no pueden definir ni el lugar ni el horario en que
prestan sus servicios. Además de lo anterior, la actividad que desarrollan no se puede
suspender sin justificación pues se pone en riesgo la prestación del servicio de salud.
Adicionalmente, se debe tener en consideración que en términos generales les
corresponde a los médicos dictar las directrices y órdenes respecto de los cuidados
especiales que requiere cada paciente, así como establecer condiciones respecto de
cómo asistirlos en todo procedimiento médico y cómo se debe realizar el control de
los pacientes en los centros de salud. Lo anterior implica que la relación entre
médicos y enfermeras por lo general va más allá de la simple coordinación y pasa a
ser de subordinación.”
41
A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54 y 55.
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 21 de abril de
2016. Radicación: 13001 23 31 000 2012 00233 01 (2820-2014). M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Actor: Luz Elvira
Montes Díaz. Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.
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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2024-01341-01
Demandante: Gloria Isabel Argüello Calbache
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Dicha postura ha sido objeto de pronunciamiento por la Corte Constitucional,
quien en sentencia T-366 de 202343 señaló:
“[…]En ese contexto, la Sala reconoce que en el Consejo de Estado no ha sido
pacífica la jurisprudencia acerca del estándar de prueba en relación con el
reconocimiento de una relación laboral con un auxiliar de enfermería presuntamente
encubierta en múltiples contratos de prestación de servicios. Pese a ello, esta Sala
de Revisión considera que la postura sostenida por el tribunal derivada de parte de
la jurisprudencia del Consejo de Estado según la cual habría necesidad de probar el
vínculo de subordinación entre la accionante y el Hospital Militar Central no resulta
en la necesaria protección de los derechos fundamentales en juicio y, de igual
forma, es contraria a la jurisprudencia constitucional en la materia, que resulta ser
más garantista y que, además, ha sido también defendida por una parte de la
jurisprudencia del Consejo de Estado.”
Partiendo de lo anterior, es que se observa que el fallo censurado no realizó una
adecuada y completa valoración probatoria, como se indicó en párrafos
precedentes, dado que, se reitera, no tuvo en consideración la presunción de la
subordinación y desestimó, entre otros, el testimonio de la señora Rosa María
Caguano Gaucho, solo porque tenía en trámite otro proceso judicial con similares
fundamentos fácticos y jurídicos44, el cual, cabe precisar, fue resuelto de manera
favorable por el mismo Tribunal aquí demandado.
III. DECISIÓN
Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto la parte
actora acreditó que la providencia cuestionada incurrió en la causal especial de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial denominada
defecto fáctico, por tal motivo, se confirmará el fallo impugnado, que accedió al
amparo deprecado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 23 de mayo de 2024, emitida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, que accedió al amparo de los derechos
43
M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera
44
Expediente 41001-23-33-000-2015-00250-00 (3334-2022).
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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2024-01341-01
Demandante: Gloria Isabel Argüello Calbache
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de
justicia invocados por la señora Gloria Isabel Argüello Calbache, por las razones
expuestas en la motivación de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Cuarta de esta
Corporación y remitir copia.
CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto
ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
24
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