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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-01355-01

Fecha
4 de julio de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-01355-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia impugnada. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-01355-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

4 de julio de 2024

Demandante: Bemo Inversiones Ltda.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-01355-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01355-01
Demandante: BEMO INVERSIONES LTDA.
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma improcedencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 25 de abril de 2024, por la cual el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, “rechazó” por improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1.1. Petición de amparo constitucional

La sociedad Bemo Inversiones Ltda., actuando a través de apoderado legal,
instauró acción de tutela contra la Sección Primera del Consejo de Estado y
la Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Consideró lesionadas tales prerrogativas con la expedición de las siguientes
providencias:

• Auto de 22 de julio de 2020, mediante el cual la Sección Primera,
Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca inadmitió
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que instauró la
tutelante contra el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD,
radicada bajo el número 25000-23-41-000-2020-00261-00.

• Auto de 9 de marzo de 2023, mediante el cual la Sección Primera,
Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la
demanda en mención.

• Auto de 31 de julio de 2023, a través del cual la Sección Primera del
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Demandante: Bemo Inversiones Ltda.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera y otro
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Consejo de Estado confirmó el rechazo de la demanda.

1.2. Pretensiones

El tutelante solicitó:

«… PRIMERO: CONCEDER la tutela de los derechos constitucionales
fundamentales de la accionante al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.

SEGUNDO: En consecuencia, REVOCAR (i) el auto del 22 de julio de 2020
de la Sección Primera, Subsección “A”, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que inadmitió la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en el proceso, instaurada por BEMO INVERSIONES LTDA contra el
Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), radicada con el número
25000234100020200026100; (ii) el auto del 9 de marzo de 2023 de la
Sección Primera, Subsección “A”, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que rechazó la demanda en ese proceso; y (iii) el auto del 31
de julio de 2023 de la Sección Primera del Consejo de Estado que confirmó
el rechazo de la demanda.

TERCERO: ORDENAR a la Sección Primera, Subsección “A”, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que en el término de 15 días (o en el que
estime la Honorable Corporación), proceda a proferir un auto admisorio de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por BEMO
INVERSIONES LTDA contra el Instituto Distrital de Recreación y Deporte
(IDRD), radicada con el número 25000234100020200026100, en el
entendido de que está probada la ejecutoria del acto demandado y la
oportunidad de la acción, y a seguir a partir de allí el trámite procesal que
corresponda…»

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

La sociedad tutelante es dueña de dos lotes ubicados en la ciudad de Bogotá
D.C., los cuales fueron expropiados por vía administrativa por el Instituto
Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá D.C., IDRD, a través de
resoluciones expedidas por su director, con sustento en la declaratoria de
utilidad pública de que trata el artículo 4º del Decreto Distrital 473 de 2017,
en atención a que se necesitaban los terrenos para construir un parque.

El 15 de julio de 2019, el IDRD resolvió los recursos contra los actos
administrativos de expropiación, y notificó por aviso la resolución respectiva
el 30 de ese mismo mes y año, a través de correo electrónico remitido a los
interesados, la cual quedó ejecutoriada el 31 de julio de 2019 en los términos
del artículo 87, numeral 1º, de la Ley 1437 de 2011.

Agotada la vía gubernativa, el IDRD ejecutó los actos de expropiación y pagó
a la tutelante una indemnización por dicho concepto, por una suma
equivalente al valor catastral de esos terrenos, esto es, cerca de un 10% del
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valor comercial de los dos lotes, menos el descuento de los impuestos
prediales, los cuales luego fueron cobrados de nuevo por la Secretaría de
Hacienda del Distrito.

El 20 de noviembre de 2019, el apoderado de Bemo Inversiones Ltda. Radicó
solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la
Nación, con la cual interrumpió el conteo de la prescripción; no obstante, el
17 de febrero de 2020 se declaró fallido el trámite.

El 27 de febrero de 2020, la accionante instauró demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra las
resoluciones de expropiación, la cual fue tramitada bajo el número 25000-23-
41-000-2020-00261-00.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A,
en auto de 22 de julio de 2020 inadmitió la demanda con el argumento de
que no es posible la acumulación de pretensiones. En ese sentido, escindió
el caso en dos procesos, asumió el conocimiento respecto de una de las
resoluciones, y dispuso el reparto de la otra resolución1. De igual forma, se
ordenó a la demandante aportar constancia de ejecutoria del acto acusado
para evaluar la caducidad del medio de control.

Mediante auto de 9 de marzo de 2023, la corporación en mención rechazó la
demanda al considerar que no fue subsanada, en atención a que no se
aportó constancia de ejecutoria de la resolución demandada, decisión que
fue apelada por la sociedad tutelante.

La Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia de 31 de julio de
2023, confirmó el rechazo de la demanda con sustento en que la actora no
cumplió con la orden de aportar constancia de ejecutoria de los actos
administrativos acusados.

El 17 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A profirió un auto de archivo del expediente, sin
resolver lo del nuevo reparto del proceso escindido, decisión contra la cual se
elevó solicitud de aclaración para que se precisara tal situación.

La corporación en mención rechazó por improcedente la solicitud, con
sustento en que el auto que ordena el archivo del expediente no tiene
recursos.

1.4. Sustento de la vulneración

1
Esto por cuanto se demandaron dos actos administrativos de expropiación que correspondían a
predios distintos.

3

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La parte actora manifestó de forma genérica que se desconocieron los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, así como los pactos y convenios internacionales sobre derechos
humanos, con sustento en que no se debió inadmitir la demanda contencioso
administrativa.

Sostuvo que en las tres providencias objeto de tutela se afirmó que no se
aportó constancia de ejecutoria, requisito exigido en el artículo 71 de la Ley
388 de 1997; sin embargo, según dicha norma no era necesario aportar tal
documento.

Adujo que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se presentó
dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de ejecutoria del acto
administrativo demandado, la cual está regulada por el artículo 87, numeral
1º, de la Ley 1437 de 2011 que establece que la firmeza de estos se cuenta
desde el día siguiente a su notificación; en ese sentido, como la resolución
acusada se notificó por aviso fijado el 30 de julio de 2019, este quedó
ejecutoriado el 31 del mismo mes y año.

Agregó que por tal motivo no debía exigirse la constancia de ejecutoria objeto
de inadmisión, dado que la norma regula el tema en el sentido de establecer
que esta ocurre desde el día siguiente a la notificación del acto
administrativo.

Indicó que existe prueba de notificación de la resolución demandada, único
requisito de la demanda, por lo que la exigencia del documento que certifica
la ejecutoria resulta peligrosa, al quedar en manos de la parte demandada y
de la posible demora en expedirlo.

Aseveró que la constancia de ejecutoria fue solicitada por el juez natural con
el fin de corroborar si la demanda contencioso administrativa fue presentada
en tiempo, pero en su caso como la firmeza del acto demandado se podía
inferir de la fecha de notificación, ante la duda el operador judicial debió
contar el término de la caducidad teniendo en cuenta la prueba obrante en el
proceso y conforme al artículo 87, numeral 1º, de la Ley 1437 de 2011.

Precisó que teniendo en cuenta lo anterior, entre el 31 de julio de julio de
2019 (fecha de ejecutoria del acto demandado) y el 20 de noviembre de 2019
transcurrieron 3 meses y 20 días; luego, la suspensión por agotamiento del
requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial fue desde el 17 y el
27 de febrero de 2020, tiempo en el que transcurrieron diez días, para un
total de 3 meses y 30 días, por lo cual la demanda debió haber sido admitida
por haber sido presentada de forma oportuna.

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1.5. Trámite de la solicitud de tutela

Por auto de 22 de marzo de 2024, la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado admitió la demanda y ordenó su notificación a los
magistrados que integran la Sección Primera, Subsección A del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y la Sección Primera del Consejo de
Estado.

1.6. Intervenciones

1.6.1. La Sección Primera del Consejo de Estado, a través del magistrado
ponente de la decisión controvertida, manifestó que la acción de tutela de la
referencia no cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que se superó
el plazo de seis meses para instaurarla.

1.6.2. La Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por conducto del magistrado sustanciador de las
providencias objeto de tutela, indicó que no se lesionaron los derechos
fundamentales de la parte actora y, además, la solicitud de amparo no
cumple con el requisito de inmediatez porque fue radicada cuando habían
transcurrido más de seis meses desde la confirmatoria del rechazo de la
demanda contencioso administrativa.

1.7. Sentencia de primera instancia

Mediante providencia de 25 de abril de 2024, la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado “rechazó” por improcedente la acción
de tutela, por cuanto no cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que
la decisión cuestionada fue notificada por estado el 15 de agosto de 2023 y la
acción de tutela se presentó el 19 de marzo de 2024, o sea, siete meses
después, lo que desvirtúa la urgencia de amparo.

Precisó que no es posible contar la inmediatez desde el momento en que el
tribunal ordenó el archivo del expediente, dado que tal decisión no modifica o
resuelve de fondo lo relacionado con la providencia que confirmó el rechazo
de la demanda.

1.8. Impugnación

A través de escrito presentado el 6 de mayo de 2024 de forma oportuna 2, la
parte actora impugnó el fallo de tutela de primera instancia, bajo los
siguientes argumentos:

2
El fallo de primera instancia se notificó el

5

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Manifestó que el auto que ordenó el archivo del expediente sí modifica o
resuelve de fondo el tema bajo análisis, pues no dispuso repartir el segundo
proceso sino que también lo archivó; recordó que en el auto de 22 de julio de
2020 el tribunal accionado, además de inadmitir la demanda que conservó
bajo su conocimiento, ordenó escindir el medio de control frente a otras
resoluciones para que se efectuara un nuevo reparto, el cual nunca se hizo.

Precisó que el auto de archivo de los procesos afectó los intereses jurídicos y
patrimoniales del actor, de manera que a partir de dicha decisión es que
debe contarse el plazo para instaurar la acción de tutela.

Trajo a colación lo considerado por la Corte Constitucional en relación con el
plazo de la inmediatez en acciones de tutela y las reglas previstas para tal
efecto, las cuales han sido flexibilizadas en algunos eventos (sentencias T-
246 de 2015, T-112 de 2018 y SU-184 de 2019).

Sostuvo que en su caso particular la tardanza en la interposición del amparo
sí está justificada, porque el representante legal de la sociedad actora reside
en Panamá, vino al país a buscar y contratar un abogado y luego de la
vacancia judicial se tuvo que recopilar la prueba y preparar la demanda de
tutela, por lo que esos dos factores impactaron en el tiempo disponible para
el ejercicio del derecho a la defensa.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto
2591 de 19913, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo
25, de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la Sala determinar si
hay lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
conforme a lo planteado por la parte impugnante.

Por tanto, se analizará si de conformidad con los argumentos expuestos en
la impugnación del fallo de primera instancia, se cumple el presupuesto de la
inmediatez. De ser así, se estudiarán los demás requisitos generales de
procedencia y en caso de acreditarse se examinará el fondo del asunto.

3 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política

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2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, en fallo del treinta y uno (31) de julio de
dos mil doce (2012)4, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que
la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales5, conforme al cual:

«De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es
cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales,
no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la
vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí
que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento Jurisprudencialmente.»6.

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado
su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se
presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la
decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta
el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es
un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no
puede ser ajena a esas características.

4 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN
DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
6 Idem.

7

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La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
–procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.7

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que el
asunto sea relevante desde el punto de vista constitucional, ii) que no se
trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir,
agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando
ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice
vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del
asunto.

Por el contrario, cumplidos estos requisitos, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Se resalta que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Caso concreto

Como viene de explicarse, la parte actora consideró lesionados sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia,
con ocasión de la expedición de las siguientes providencias judiciales:

• Auto de 22 de julio de 2020, mediante el cual la Sección Primera,
Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca inadmitió
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que instauró la
tutelante contra el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD,
radicada bajo el número 25000-23-41-000-2020-00261-00.

7 Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.

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• Auto de 9 de marzo de 2023, mediante el cual la Sección Primera,
Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la
demanda en mención.

• Auto de 31 de julio de 2023, a través del cual la Sección Primera del
Consejo de Estado confirmó el rechazo de la demanda.

Como sustento de la vulneración, adujo que las autoridades judiciales
accionadas exigieron la constancia de ejecutoria de los actos demandados
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para efectos
de contar el término de caducidad, sin tener en cuenta que el artículo 71 de
la Ley 388 de 1997 no previó dicho requisito, además que tal plazo puede
contabilizarse con la constancia de notificación, a partir de la cual se infiere
su ejecutoria conforme al artículo 87, numeral 1º, de la Ley 1437 de 2011.

Precisó que teniendo en cuenta lo anterior, entre el 31 de julio de 2019 (fecha
de ejecutoria del acto demandado) y el 20 de noviembre de 2019
transcurrieron 3 meses y 20 días; luego, la suspensión por agotamiento del
requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial fue desde el 17 y el
27 de febrero de 2020, tiempo en el que transcurrieron diez días, para un
total de 3 meses y 30 días, por lo cual la demanda debió haber sido admitida
por haber sido presentada de forma oportuna.

De los argumentos señalados por la parte actora se infiere que todos
apuntan a controvertir las tres decisiones judiciales que busca que se dejen
sin valor y efecto, según la cita textual de las pretensiones elevadas en el
escrito de tutela, en las que, además, pide que se ordene al juez natural
admitir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que fue
rechazada por los autos demandados.

En los hechos de la demanda constitucional se observa que la sociedad
tutelante trajo a colación el auto de 17 de octubre de 2023, por medio del
cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A ordenó el archivo del expediente, sin resolver lo del nuevo
reparto del proceso escindido.

Sin embargo, los reparos formulados en esta acción de tutela no fueron
dirigidos contra el auto de obedézcase y cúmplase que dispuso el archivo del
expediente, pues no se formularon defectos concretos contra esa decisión
que, en sentir de la tutelante, omitió resolver también sobre la demanda
escindida.

Es decir, no se incluyó tal decisión ni dentro de las pretensiones de la
solicitud de amparo, ni se planteó yerro alguno por la presunta omisión de
decisión sobre el archivo de la demanda escindida, en los términos de lo
señalado ahora en el recurso de impugnación objeto de análisis.
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Por consiguiente, no es posible analizar la acción de tutela de la referencia
frente al auto de 17 de octubre de 2023 que ordenó el archivo tras adoptar la
decisión de obedecimiento y cumplimiento de lo dispuesto por el superior, ni
tampoco computar la inmediatez a partir de su ejecutoria dado que, tal y
como lo precisó el a quo, no se resolvió nada de fondo ni se varió lo decidido
frente al rechazo de la demanda contencioso administrativa.

Ahora bien, si la parte actora consideraba también lesionados sus derechos
fundamentales ante la presunta falta de pronunciamiento en torno al proceso
escindido por el juez natural, así debió exponerlo en su demanda de tutela,
tanto en las pretensiones como en el sustento de la vulneración, el cual
tratándose de tutela contra providencia judicial debió contener un mínimo de
argumentación que permitiera advertir la existencia de algún defecto
consecuente de la expedición del auto de 17 de octubre de 2023.

Así las cosas, se analizará la impugnación bajo examen únicamente frente a
las providencias cuestionadas, las cuales fueron incluidas en las
pretensiones de la acción de tutela, a saber:

• Auto de 22 de julio de 2020, mediante el cual la Sección Primera,
Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca inadmitió
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que instauró la
tutelante contra el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD,
radicada bajo el número 25000-23-41-000-2020-00261-00.

• Auto de 9 de marzo de 2023, mediante el cual la Sección Primera,
Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la
demanda en mención.

• Auto de 31 de julio de 2023, a través del cual la Sección Primera del
Consejo de Estado confirmó el rechazo de la demanda.

Precisado lo anterior y teniendo en cuenta como punto de partida de la
inmediatez este último auto, o sea, el de 31 de julio de 2023, se observa que
este fue notificado el 15 de agosto de 2023; por lo que cobró firmeza el 18 de
ese mismo mes y año en los términos del artículo 302 del Código General del
Proceso “…tres (3) días después de notificadas”8.

8 ARTÍCULO 302. EJECUTORIA. Las providencias proferidas en audiencia adquieren
ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.
No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo
quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después
de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse
interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia
que resuelva los interpuestos.

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Por su parte, la acción de tutela de la refencia se presentó el 19 de marzo de
2024, de modo que, entre una fecha y otra transcurrió más de los seis meses
dispuestos para demandar la providencia judicial en mención a través de esta
vía constitucional.

En ese orden, no se cumple con el presupuesto de la inmediatez, el cual
exige que la tutela se interponga tan pronto se produce el hecho, acto u
omisión al que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales o,
por lo menos, dentro de un término prudencial y consecuencial a su
ocurrencia, esto es, seis meses.

Lo anterior, debido a que el paso prolongado del tiempo indica que se ha
disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de la protección deprecada,
desvirtuándose así la inminencia de la afectación9, tal plazo prudencial, el
cual se ha fijado en 6 meses por la Corte Constitucional y acogido por el
Consejo de Estado, y ha de analizarse en cada caso concreto para
determinar si un exceso en el mismo se halla justificado como para omitir su
consideración y entrar al fondo del debate jurídico planteado.

Adicionalmente, la Corte Constitucional10 ha advertido que este requisito
responde a necesidades adicionales como son proteger derechos de terceros
que pueden verse vulnerados por una tutela ejercida en un plazo irrazonable,
impedir que el amparo se convierta en factor de inseguridad jurídica y evitar
el uso de este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la
propia negligencia en la defensa de los derechos.

No obstante, la Corte Constitucional11 y esta Sala12 han admitido la
procedencia de la acción constitucional interpuesta cuando ha transcurrido
un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que:

i) Exista un motivo válido para la inactividad del demandante, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros;

ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión;

9 Al respecto la Corte Constitucional en el fallo T-142 de 1 de marzo de 2012, con ponencia

del magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, reiteró la tesis según la cual “la tutela resulta
improcedente cuando la demanda se interpone después de transcurrido un lapso irrazonable
y extenso, desde la fecha en que sucedieron los hechos o viene presentándose el hecho
vulnerador que la parte accionante estima que afecta sus derechos fundamentales”.
10 Sentencia T-033 del 26 de enero de 2015, con ponencia de la doctora María Victoria Calle

Correa.
11 Sentencia T-246 del 30 de abril de 2015, con ponencia de la magistrada Martha Victoria

Sáchica Méndez.
12 Ver entre otras la sentencia del 27 de agosto de 2015, proferida en el expediente número

11001-03-15-000-2015-01579-00 (AC). con ponencia de la consejera Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez.

11

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iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la
vulneración de los derechos de los interesados; y

iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y
que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual.

En lo atinente, se estima pertinente indicar que, tratándose de acciones de
tutela interpuestas en contra de providencias judiciales, el demandante debe
acreditar el cumplimiento de los presupuestos generales de procedibilidad
para que pueda analizarse el fondo del caso concreto.

Así, este mecanismo constitucional fue estatuido por el constituyente con el
objeto de proveer una protección inmediata de los derechos fundamentales
conculcados, lo que supone su amparo rápido, urgente, actual y eficaz13.

Por consiguiente, en el presente asunto, la Sala no encuentra un ejercicio
pronto de la acción dentro del plazo de los seis meses dispuesto para ello,
pues se reitera que, desde el día siguiente a la ejecutoria de la providencia
cuestionada hasta la presentación de la acción de tutela, han transcurrido
más de seis meses.

Tampoco existe un motivo válido que justifique la inactividad de la parte
accionante para promover la solicitud de amparo dentro de los referidos seis
meses, ni que la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión, ni existe un nexo causal
entre el ejercicio inoportuno de esta vía constitucional y la vulneración de los
derechos de los interesados. Además, la situación desfavorable que alega
respecto de la decisión acusada no es continua y actual.

Si bien la parte actora alega dos situaciones que en su sentir debieron dar
lugar a la flexibilización del plazo de la inmediatez, a saber, (i) la residencia
del representante legal de la sociedad accionante en el extranjero y, (ii) la
vacancia judicial; no se observa que estos sean motivos válidos para
justificar la inactividad puesto que no son factores que hayan impedido el
ejercicio oportuno de esta acción, ante la urgencia de su presentación.

En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia bajo el
entendido de que lo que se decidió fue la declaratoria de improcedencia de

13 El artículo 86 de la Carta prevé que …toda persona tendrá acción de tutela para reclamar

ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario,
por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales….

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la acción de tutela por no cumplir con el presupuesto general de procedencia
de la inmediatez.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia impugnada.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los días (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, y envíese copia de esta al despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Aclara voto

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

13

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