Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01361-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01361-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01361-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
23 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202401361-00
Actora: Waldina Castro Mena
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de subsidiariedad
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la
administración de justicia
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Waldina Castro Mena contra el
Tribunal Administrativo del Chocó.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de
la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
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Núm. único de radicación: 110010315000202401361-00
Actora: Waldina Castro Mena
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, a través de apoderado1, presentó solicitud de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Chocó, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 29
de febrero de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 270013333003201800083-01, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, presentó demanda contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el
fin de que: i) “[…] se declare nulo el acto administrativo contenido en el auto Nro.
ADP 008623 del 14 de noviembre de 2017 […] Que se declare nulo el acto
administrativo contenido en el auto Nro. ADP 009507 del 14 de diciembre de 2017
[…]”; y ii) a título de restablecimiento del derecho, se ordene “[…] el reconocimiento,
liquidación y pago de la Sustitución Pensional a favor de la señora WALDINA
CASTRO MENA, de la pensión de Jubilación Gracia que en vida tuvo su compañero
permanente MANUEL EUTIMIO PALACIOS ABADIA […]”.
4. Manifestó que, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de
Quibdó, mediante sentencia del 16 de marzo de 2021, accedió a las pretensiones
de la demanda.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Folio 1 del documento denominado “2_DemandaWeb_Anexos(.pdf) NroActua
2”. Archivo aportado en forma digital.
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Núm. único de radicación: 110010315000202401361-00
Actora: Waldina Castro Mena
5. Indicó que, el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante sentencia de 29
de febrero de 2024, resolvió:
“[…] REVOCAR la sentencia No 37 del 16 de marzo de 2021, proferida por el Juzgado
Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, dentro del proceso promovido por
la señora Waldina Castro Mena en contra de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, y
en su lugar:
Y en su lugar,
PRIMERO: Inhibirse de proferir sentencia de mérito, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia […]”.
5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] De acuerdo a lo anterior, es claro que estamos frente a actos administrativos de
mero trámite, mediante los cuales la UGPP, consideró remitir la solicitud de
reconocimiento y pago de la sustitución pensional reclamados por la actora para su
estudio ante la Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, sin que lo anterior, implique una negativa a tal
reconocimiento […]”.
[…]
“[…] De conformidad con lo anterior, considera la Sala que en el caso sub examine,
los actos administrativos demandados expedidos por la UGPP, son actos de trámites,
por cuanto solo (sic) ordenan la remisión del estudio pensional de la actora, al Fondo
Nacional de prestaciones Sociales de Magisterio, en virtud del Acta de Audiencia
proferida por el Juzgado Primero Laboral Del Circuito de Quibdó de fecha 31 de
octubre de 2016 aportada con la reclamación en sede administrativa, en la que se
condenó a esta última entidad al reconocimiento y pago de una pensión de
sobreviviente a favor de la actora, sin que en realidad los actos administrativos
llegaren a crear, modificar o extinguir una situación jurídica, especialmente sobre el
reconocimiento y pago de la sustitución pensional de gracia, con ocasión de su
compañero permanente Manuel Eutimio Palacios Abadía, por tanto, no son
susceptibles de control judicial […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
6. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas,
respetuosamente solicito a su Señoría TUTELAR, a Favor de mi(s) mandante(s) los
derechos constitucionales fundamentales invocados, dejando sin efecto la Sentencia
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Núm. único de radicación: 110010315000202401361-00
Actora: Waldina Castro Mena
Nro. 41 del 29 de Febrero de 2024, proferido por el HONORABLE TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCO (sic) y en su lugar se confirme la
Sentencia de primera instancia, en atención a que el acto demandado, en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, es un verdadero acto
administrativo demandable ante la jurisdicción contenciosa administrativa […]”.
Actuación
7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 1.° de abril de 2024: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo
del Chocó; y ii) vinculó, como terceros con interés legítimo, al Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
y a Carmen Elena Murillo Murillo, concediéndoles el término de tres (3) días para
rendir informe sobre el particular.
Intervención de la demandada y del tercero con interés legítimo
8. El Tribunal Administrativo del Chocó solicitó negar declarar improcedente la
acción de tutela, al considerar que:
“[…] Para ésta corporación las pretensiones de protección de los derechos invocados
como violados deben rechazarse por improcedente por las siguientes razones:
En el caso bajo examen la parte accionante solicitó dejar sin efecto la sentencia No
41 del 29 de febrero de 2024 proferida por esta Corporación, que revocó la sentencia
de primera instancia y en su lugar se negaron las pretensiones de la demanda.
Argumenta la parte tutelante que los actos administrativos acusados dentro del
proceso ordinario de nulidad y restablecimiento si eran demandables ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que a través de
ellos, la U.G.P.P. declaró su falta de competencia para resolver la reclamación
pensional y ordenó remitirse a otra entidad, decidiendo de manera indirecta el fondo
del asunto al impedir la continuidad de la actuación administrativa, por cuanto la
reclamación presentada no se trató de una solicitud de cumplimiento de sentencia
como lo razonó dicha entidad.
Conforme lo anterior, lo que se evidencia es que se quiere constituir una tercera
instancia, lo cual desnaturaliza la finalidad de la tutela.
En gracia de discusión, y si resultare procedente el estudio de fondo del presente
asunto, vale precisar que la decisión inhibitoria declarada en la sentencia No 41 del
29 de febrero de 2024 proferida por esta Corporación, obedeció al estudio realizado
sobre los actos administrativos acusados advirtiéndose así que los mismos son de
mero trámite, por cuanto en ellos solo se indicó a la accionante, la remisión de su
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Actora: Waldina Castro Mena
reclamación administrativa pensional a otra entidad, ergo, a través de los citados
actos no cumplieron una función de crear, modificar o extinguir derecho pensional
alguno sobre la hoy tutelante, por tanto, no eran demandables ante esta Jurisdicción.
En ese orden, y por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, se pide
de la manera más respetuosa que se rechace la tutela, por ser la pretensión convertir
la tutela en una tercera instancia […]”.
9. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP solicitó declarar la improcedencia de
la acción de tutela, al considerar que:
“[…] Debe indicarse a su señoría que la parte accionante pretende que se conmine al
Despacho accionado a resolver de manera positiva sus pretensiones dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 27001-3333-003-2018- 00083
01, por no estar de acuerdo con la decisión adoptada en providencia del 29 de febrero
de 2024 por parte del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CHOCÓ, sin que por ello la
inconformidad con dicha determinación pueda ser catalogada como vía de hecho
susceptible de protección constitucional, como lo pretende quien acciona, pues como
se pasará a demostrar el despacho accionado actúo conforme a derecho aplicando
al proceso judicial la normativa que rige el tema DE LA IMPROCEDENCIA DE
ACCIÓN JUDICIAL EN CONTRA DE LOS ACTOS DE TRÁMITE, lo que hace que la
decisión se encuentre en firme y haga tránsito a cosa juzgada y no puedan ser pasado
por alto por el juez de tutela ni imputado al estrado judicial como violatorio a derecho
alguno.
Bajo este contexto, es prudente indicarle a su Despacho, que las razones y
argumentos que orientan la presente acción constitucional la tornan improcedente,
pues de entrada desatienden principios rectores de este especial mecanismo de
defensa en que se constituye la tutela contra providencias judiciales en razón a que
no existió una vía de hecho en la decisión del 29 de febrero de 2024.
Conforme con lo indicado, es evidente que la presente acción es improcedente,
porque LO PRETENDIDO POR LA PARTE ACCIONANTE ES SUSTITUIR UNA
DECISIÓN JUDICIAL PROFERIDA POR EL JUEZ NATURAL DE LA CAUSA, donde
una vez analizados los fundamentos facticos (sic) y jurídicos y la jurisprudencia
aplicable se llegó a la conclusión de revocar la providencia de primera instancia, lo
que hoy es motivo de inconformidad sin argumentación alguna. […]”.
10. Carmen Murillo solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, al
considerar que:
“[…] Merece aquí honorable magistrado de tutela que se estudia no es la vida (sic)
idónea para debatir los sus puestos (sic) derechos que aquí se alega como
conculcados pues no deben ventilarse en este escenario actuaciones que ella dejo
(sic) de alegar en instancias judiciales anteriores y pretender revivir las actuaciones
que ya están recluidas en última instancia, acción (sic).
Quedo (sic) demostrado que la accionante actuó (sic) toda vez que le hace creer al
juez que vivió los últimos cinco años de manera ininterrumpida con el causante,
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Núm. único de radicación: 110010315000202401361-00
Actora: Waldina Castro Mena
cuando está probado en el expediente que el señor vivía en la Ciudad de Cali mientras
ella residía en la Ciudad de Quibdó, además de que la única que veía por su esposo
era la señora Carmen Elena Murillo Murillo, quien una vez conoció de su enfermedad
se trasladó de manera inmediata a la ciudad de Cali para acompañarlo hasta el último
día.
Es tan cierto esto que, mi poderdante fue la única que se encargó de todos los gastas
(sic) de enfermedad, y eventualmente gastos funerales, tal como consta en los
certificados de las clínicas en la Ciudad de Cali por los gastos que pago (sic). El señor
Manual (sic) en ningún momento desistió del hogar que sostuvo con mi representada.
Es cierto que tuvo una hija con la accionante por quien respondió siempre, pero nunca
tuvo convivencia con la madre de su hija, como buen padre y esposo de mi
representada que fue […]”.
11. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó allegó copia
digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 270013333003201800083-01.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19912, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20213 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20194, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Actora: Waldina Castro Mena
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
14. Corresponde a la Sala establecer: si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de procedencia de subsidiariedad.
15. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia; v) análisis del caso concreto y finalmente las vii) conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
16. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena5, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
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Actora: Waldina Castro Mena
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
17. Esta Sección adoptó6 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 20057, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
18. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un
perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto
de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”8 que encaje en dichos parámetros.
20. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
7 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
8 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
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Actora: Waldina Castro Mena
21. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
22. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de subsidiariedad.
Acerca del requisito de agotamiento de los recursos ordinarios y
extraordinarios dentro del marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales
23. La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos
86 superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 10, indica que
la solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener
la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone
su procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción
idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.
24. En ese orden de ideas, uno de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales es el agotamiento de los recursos
ordinarios y extraordinarios que existen en el ordenamiento jurídico para
controvertir la providencia atacada, teniendo en cuenta que la acción de tutela es
un mecanismo subsidiario y sólo procede cuando el peticionario se encuentra en
presencia de un perjuicio irremediable o cuando se acredita en el caso concreto
que dichos mecanismos no son idóneos o eficaces para la protección de los
derechos fundamentales.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
10 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
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Núm. único de radicación: 110010315000202401361-00
Actora: Waldina Castro Mena
25. Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional11:
“[…] Bajo esta perspectiva, la sentencia T-211 de 200912 precisó al menos cuatro
razones por las que el estudio del requisito de subsidiariedad es fundamental para
determinar la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:
“La primera consiste en que las sentencias son decisiones emanadas de un juez
que recibió el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una
jurisdicción determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia.
Cuando la acción de tutela se instaura como recurso alternativo o como último
recurso judicial para obtener una decisión favorable en cualquier materia, se
desconoce la división de competencias que la misma Carta ha delineado, y se niega
el principio de especialidad de la jurisdicción. Adicionalmente, cuando se promueve
el amparo de manera complementaria a los procesos judiciales ordinarios, la
decisión del juez constitucional –que por la naturaleza de la acción de tutela tendrá
que adoptar una decisión en menor tiempo- puede terminar imponiendo
interpretaciones de carácter legal al juez que está encargado del proceso.
En uno y otro caso, la acción de tutela que no es presentada con apego estricto al
principio de subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con
la cual, una persona sólo puede ser procesada por su “juez natural”.
Una segunda razón estriba en el respeto por la importancia del proceso judicial.
Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer
espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados,
especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en
este sentido que la sentencia C-543/92 puntualiza que: “tratándose de instrumentos
dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el
proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes” (negrillas del original). Por
tanto, no es admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un
derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro
del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las
herramientas necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades
procesales que puedan afectarle.
Como tercera razón, la acción de tutela instaurada contra providencias judiciales,
cuando no se han agotado los mecanismos ordinarios de protección, atenta contra
la seguridad jurídica del ordenamiento. No hace parte de los fines naturales de la
acción de tutela el causar incertidumbre jurídica entre los asociados. Por esto, la
Corte ha reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no pretende
sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos, o
están pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el principio de
subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra instancia u otro
recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir violaciones a
derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra la seguridad
jurídica.”
11 Corte Constitucional, Sentencia T-113 de 8 de marzo de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
12 Corte, Constitucional, sentencia T-211 de 27 de marzo de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En el mismo
sentido, puede consultarse Corte Constitucional, sentencia T-649 de 1 de septiembre de 2011, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva, en la cual se estudió la idoneidad y eficacia del recurso de revisión en la jurisdicción
contencioso administrativa que hacía improcedente la acción de tutela porque existía otro medio de defensa
judicial.
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Actora: Waldina Castro Mena
7. En suma, corresponde al juez constitucional evaluar de forma rigurosa la
subsidiariedad de la acción de tutela contra providencias judiciales teniendo en
cuenta las pautas generales sobre la existencia de otros medios de defensa judicial
y si se trata de un proceso concluido o en curso. La anterior verificación del
requisito de subsidiariedad conlleva la salvaguarda de las siguientes garantías: i)
el juez natural; ii) el respeto por el debido proceso propio de cada actuación judicial;
y iii) la protección de la seguridad jurídica y la cosa juzgada […]”.
26. En ese orden de ideas, quien interponga una acción de tutela contra
providencias judiciales, debe agotar previamente todos los recursos ordinarios y
extraordinarios.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
27. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de
cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
28. Atendiendo a que, la Corte Constitucional13 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos […]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
13 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Actora: Waldina Castro Mena
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia
29. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”
30. Atendiendo a que, la Corte Constitucional14 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Análisis del caso concreto
31. La actora, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Chocó, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 29 de febrero
de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
270013333003201800083-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
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Núm. único de radicación: 110010315000202401361-00
Actora: Waldina Castro Mena
32. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
33. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
34. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
34.1. Copia digital del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 270013333003201800083-01.
Solución del caso concreto
Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de
subsidiariedad
35. Frente al requisito general de procedencia relacionado con que no existan
medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con
los cuales la actora pueda lograr la protección de los derechos invocados, la Sala
advierte que la solicitud de tutela no cumple con el requisito general de procedencia
de la subsidiariedad.
36. La actora señaló que la autoridad accionada incurrió en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, en la medida en que:
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Núm. único de radicación: 110010315000202401361-00
Actora: Waldina Castro Mena
“[…] Consideró (sic) que, con la decisión adoptada, la autoridad judicial accionada
incurrió en las causales de procedibilidad de la acción de tutela por defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, y/o que se logre demonstrar dentro del
trámite tutelar.
Se configuró en razón a que en la providencia censurada se realizó sin tener en
cuenta que al decidir la entidad demandada remitir por falta de competencia el asunto
sometido a consideración, de manera indirecta está decidiendo el fondo del asunto,
pues, está impidiendo que la actuación administrativa prosiguiera, por cuanto no se
trata de una solicitud de cumplimiento de sentencia como lo entendió la entidad
demandada en sede judicial, se trata de una solicitud de reconocimiento de sustitución
pensional, de la pensión gracia de su difunto compañero permanente, convivencia
declarada mediante sentencia judicial debidamente ejecutoriada, y el MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO, no tiene competencia para decidir reconocimiento de
la pensión gracia, ni mucho menos de sus sustituciones. […]”.
[…]
“[…] Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas,
respetuosamente solicito a su Señoría TUTELAR, a Favor de mi(s) mandante(s) los
derechos constitucionales fundamentales invocados, dejando sin efecto la Sentencia
Nro. 41 del 29 de febrero de 2024, proferido por el HONORABLE TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCO y en su lugar se confirme la
Sentencia de primera instancia, en atención a que el acto demandado, en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, es un verdadero acto
administrativo demandable ante la jurisdicción contenciosa administrativa. […]”.
37. Al respecto, la Sala considera, como lo ha advertido en otras oportunidades15,
que no se cumple con el requisito general de procedencia de la subsidiariedad,
toda vez que, de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la actora cuenta, previo al
cumplimiento de los requisitos legales, con el recurso extraordinario de revisión.
38. En ese sentido, esta Sala ha considerado que el recurso extraordinario de
revisión, bajo la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del Código
mencionado supra, es el medio judicial idóneo para controvertir la presunta
afectación de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, con ocasión de la expedición de una sentencia
inhibitoria. Al respecto, en la sentencia de 7 de julio de 202316, se consideró que:
15 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de marzo de
2024, número único de radicación 11001-03-15-000-2024-00582-00. C.P.: Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
16 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de julio de 2023,
número único de radicación 11001-03-15-000-2023-02713-00. C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón.
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Núm. único de radicación: 110010315000202401361-00
Actora: Waldina Castro Mena
“[…] Ahora, los disensos de la actora radican en que, a su juicio, el TRIBUNAL al
inhibirse del resolver el fondo del asunto, ante una indebida escogencia de la acción,
desconoció los derechos que le asistían de obtener una decisión dentro del asunto
que se sometió a su consideración.
Así pues, a partir de los fundamentos de la solicitud de tutela y de la revisión de la
actuación, la Sala advierte que no se cumple en este caso el requisito general de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial consistente en la
subsidiariedad de la acción, pues contra la providencia judicial censurada procede el
recurso extraordinario de revisión, por la causal de nulidad originada en la sentencia.
Lo anterior, debido a que para discutir los planteamientos expuestos en la
solicitud de tutela, la actora tiene a su disposición el recurso extraordinario de
revisión de conformidad con la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250
de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, esto es, por presuntamente existir una
nulidad en la sentencia acusada.
Al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de 8 de mayo de
2018, señaló que el citado recurso extraordinario procede por la causal de
revisión de nulidad originada en la sentencia por violación del artículo 29
constitucional, cuando se expide un fallo inhibitorio injustificado, como el que,
según se alega por la accionante, terminó profiriéndose en este asunto […]”.
(Resaltado por la Sala)
39. Igualmente, mediante la sentencia de 8 de mayo de 201817, la Sala Plena de
esta Corporación consideró lo siguiente:
“[…] Todo lo anterior permite afirmar sin ambages que los eventos definidos
tradicionalmente por la jurisprudencia de esta Corporación como constitutivos
de nulidades originadas en sentencia, no son taxativos.
Así, por ejemplo, con esta providencia queda claro que, en aras de hacer efectivos
los derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la administración de justicia y al
debido proceso, es deber del juez decidir de fondo los litigios cuando las
circunstancias así se lo permitan, lo que significa que la violación a tales
preceptos cuando se expide un fallo inhibitorio injustificado también configura
la causal de revisión alegada.
La subregla jurisprudencial, así definida, deberá aplicarse por parte de los jueces de
esta Jurisdicción, con mesura, ponderación, proporcionalidad y adecuación a cada
caso […]”. (Resaltado por la Sala)
40. En ese orden de ideas, no se cumple con el requisito general de procedencia de
subsidiariedad, en la medida en que la actora cuenta, previo al cumplimiento de los
requisitos legales, con el recurso extraordinario de revisión.
17Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 8 de mayo de 2018.
Radicación número: 11001-03-15-000-1998-00153-01(REV). C.P.: Alberto Yepes Barreiro.
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Núm. único de radicación: 110010315000202401361-00
Actora: Waldina Castro Mena
Análisis del perjuicio irremediable
41. Finalmente, la Sala deberá analizar si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.
42. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la acción
de tutela, la Corte Constitucional18 ha considerado que:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder.
Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así
lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio ha
de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente
significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.”19[…]”.
43. En el presente caso no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable
que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. En efecto, del
análisis del acervo probatorio no es posible establecer que la actora se encuentre
en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes,
impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.
44. La Sala considera que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo para
lograr la protección de los derechos alegados, en atención a que se trata de un
mecanismo residual y subsidiario, es decir que solo procede cuando no existan otros
recursos o medios de defensa judicial que permitan proteger los intereses de los
afectados, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable que en el presente caso no se configuró.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
19 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
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Núm. único de radicación: 110010315000202401361-00
Actora: Waldina Castro Mena
Conclusiones de la Sala
45. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por
la actora contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
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Núm. único de radicación: 110010315000202401361-00
Actora: Waldina Castro Mena
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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