Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01361-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01361-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01361-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
11 de julio de 2024
Demandante: Waldina Castro Mena
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01361-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D. C., once (11) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01361-01
Demandante: WALDINA CASTRO MENA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ
Tema: Tutela contra providencia judicial. Confirma.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la impugnación presentada por la parte accionante contra la
providencia del 23 de mayo de 2024, proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado mediante la cual se declaró improcedente la acción
constitucional presentada por la señora Waldina Castro Mena.
ANTECEDENTES
1.1 Solicitud de amparo
La señora Waldina Castro Mena, por intermedio de apoderado judicial
formuló acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Chocó, con el
objeto que les fueran amparados sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
Consideró vulneradas dichas garantías con ocasión de la providencia del 29
de febrero de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó que
revocó la dictada el 16 de marzo de 2021 por el Juzgado 3 Administrativo
Oral del Circuito de Quibdó, para en su lugar inhibirse de proferir sentencia
de mérito dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho instaurado contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, con
radicado 27001-33-33-003-2018-00083-00/01.
1.2 Pretensiones
En concreto, solicitó lo siguiente:
“PETICIÓN
Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones
expuestas, respetuosamente solicito a su Señoría TUTELAR, a Favor de
1
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Demandante: Waldina Castro Mena
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó
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mi(s) mandante(s) los derechos constitucionales fundamentales invocados,
dejando sin efecto la Sentencia Nro. 41 del 29 de Febrero de 2024, proferido
por el HONORABLE TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
CHOCO y en su lugar se confirme la Sentencia de primera instancia, en
atención a que el acto demandado, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, es un verdadero acto administrativo
demandable ante la jurisdicción contenciosa administrativa”.
La solicitud tuvo como fundamento, los siguientes:
1.3 Hechos
La señora Waldina Castro Mena el día 8 de junio de 2017, solicitó a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social el reconocimiento, liquidación y pago de
sustitución de la pensión gracia que disfrutaba su compañero permanente
Manuel Eutemio Palacios Abadía.
La entidad mencionada en auto ADP008623 del 14 de noviembre del mismo
año, de conformidad con el artículo 21 del Código Contencioso Administrativo
ordenó remitir la petición al Ministerio de Educación Nacional- Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; decisión en contra de la
cual se negaron por improcedentes los recursos interpuestos por la
peticionaria como se dispuso en auto ADP 009507 del 14 de diciembre de
2017.
La accionante por intermedio de apoderado judicial formuló demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social; proceso que conoció el
Juzgado 3 Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó, despacho que
mediante sentencia del 16 de marzo de 2021 accedió parcialmente a las
pretensiones.
La autoridad judicial declaró la nulidad de los autos ADP 008623 del 14 de
noviembre y ADP 009507 del 14 de diciembre del mismo año y ordenó a la
demandada reconocer, liquidar y pagar con carácter vitalicio la pensión de
sobreviviente con ocasión del fallecimiento del señor Manuel Eutimio
Palacios Abadía a la señora Waldina Castro Mena en calidad de compañera
permanente en el porcentaje del 25 % a partir del 8 de junio de 2015.
Interpuesto el recurso de apelación por la parte demandada, el Tribunal
Administrativo del Chocó en sentencia del 29 de febrero de 2024 revocó la
proferida en primera instancia al establecer que los actos administrativos
demandados tienen la categoría de trámite, por cuanto solo ordenan la
remisión del estudio pensional de la actora al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio en atención a la sentencia proferida por
el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Quibdó1, sin que con su
pronunciamiento se haya creado, modificado o extinguido derecho alguno en
1 Sentencia del 31 de octubre de 2016 declaró que el señor Manuel Eutimio Palacios Abadía
sostuvo convivencia simultánea con la señora Carmen Elena Murillo Murillo en su condición
de cónyuge supérstite y con la señora Waldina Castro Mena en su calidad de compañera
2
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cuanto a la sustitución pensional a la que tenía derecho como compañera del
pensionado.
1.4. Sustento de la vulneración
La accionante señaló que la autoridad accionada incurrió en vulneración
de sus derechos fundamentales al debido proceso, y al acceso efectivo a
la administración de justicia al incurrir en defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto por cuanto los actos demandados, de manera
indirecta decidieron el fondo del asunto con lo cual hizo imposible
continuar con la acción administrativa, al ordenar remitir por competencia
cuando lo solicitado fue la sustitución pensional de la pensión gracia
reconocida mediante Resolución 3535 del 18 de marzo de 2017 a su
difunto compañero permanente cuando con anterioridad la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social había reconocido la sustitución en
favor de su menor hija Angie Melissa Palacios Castro y no el Ministerio de
Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.
Afirmó que el Tribunal infringe los instrumentos internacionales de derechos
humanos denominado bloque de constitucional como con las Declaraciones
Universal de Derechos Humanos y la Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP),
en su artículo 2, literal a) y b), la Convención Americana sobre Derechos
Humanos de San José de Costa Rica, en sus artículos 8, numeral 1 y 25,
que consagran expresamente un derecho que se denomina de la protección
judicial efectiva, recurso efectivo o tutela judicial efectiva, el emitir una
sentencia inhibitoria al encontrarse en el plenario todos los supuestos
jurídicos para proferir una decisión de fondo.
Expone que el Consejo de Estado se ha pronunciado en varias
oportunidades en el sentido que cuando la administración al estudiar el
asunto sometido a su examen impide que la actuación prosiga, este se
convierte en un verdadero acto definitivo demandable ante la jurisdicción
contenciosa administrativa, al indicar 2:
“En lo que respecta a la decisión que contienen los actos administrativos,
estos pueden ser definitivos, aquellos que ponen fin a una actuación
administrativa o deciden directa o indirectamente sobre el fondo de un
asunto, y por otro lado aquellos de trámite, que impulsan una actuación
administrativa, pero sin definir o decidir sobre ella. (…). Solamente son
permanente, que se prolongó por más de cinco años con anterioridad al fallecimiento del
causante. De igual manera condenó a la Nación-Ministerio de Educación Nacional- al Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio, Secretaría de Educación Municipal al pago en
iguales partes de la pensión de sobreviviente dejada en suspenso por el fallecimiento del
señor Manuel Eutimio Palacios Abadía.
2
CONSEJO DE ESTADO- SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN B - Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ -
Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) - Radicación número:
25000-23-42-000-2014-02393-01(3758-16) - Actor: MIGUEL ANTONIO DAZA AGUILAR -
Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA
3
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demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los actos
que terminen un proceso administrativo, esto es, los definitivos que deciden
directa o indirectamente el fondo del asunto, y excepcionalmente los actos
de trámite, siempre que hagan imposible proseguir la actuación
administrativa; pues éstos, son los que contienen la voluntad de la
Administración y tienen trascendencia en el mundo jurídico.”
Así mismo, refirió3 que
“La norma hace una distinción entre actos administrativos definitivos y los
actos de trámite. Los primeros son aquellos que concluyen la actuación
administrativa, en tanto que deciden directa o indirectamente el fondo del
asunto y producen efectos jurídicos definitivos, mientras que los de trámite
contienen decisiones administrativas necesarias para la formación del acto
definitivo, pero por sí mismos no concluyen la actuación administrativa, salvo
que, como lo prevé la norma, la decisión que se adopte impida que continúe
tal actuación, caso en el cual se convierte en un acto administrativo definitivo
porque le pone fin al proceso administrativo. La calificación de un acto
administrativo como acto definitivo o de trámite es fundamental para
determinar si es susceptible de recursos por la vía gubernativa y asimismo
de control jurisdiccional contencioso administrativo, conforme a los artículos
49, 50 y 84 del Código Contencioso Administrativo.”
Reitera que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto al impedir la entidad demandada continuar con la
actuación administrativa como consecuencia de la falta de competencia para
conocer de la solicitud de la sustitución de la pensión de gracia en favor de la
señora Waldina Castro Mena.
1.5 Trámite de la acción de amparo en primera instancia
Mediante auto del 1 de abril de 2024, el magistrado ponente de la Sección
Primera del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar
a los magistrados del Tribunal Administrativo del Chocó.
Así mismo vinculó como terceros con interés al Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social- UGPP y a Carmen Elena Murillo Murillo4, concediéndoles
el término de tres (3) días para rendir informe sobre el particular.
Efectuadas las notificaciones respectivas5, se presentaron las siguientes
3 CONSEJO DE ESTADO- SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -SECCION
QUINTA - Consejero ponente: FILEMON JIMENEZ OCHOA - Bogotá, D. C., veintidós (22)
de octubre de dos mil nueve (2009) - Radicación número: 11001-03-28-000-2008-00026-00;
11001-03-28-000-2008- 00027-00 - Actor: CAMILO ARAQUE BLANCO Y OTROS
4 Cónyuge supérstite del causante.
5 Mediante comunicación del 12 de abril de 2024 enviada a los correos electrónicos.
Anotación 7 Samai.
4
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1.6 Intervenciones
1.6.1. Tribunal Administrativo del Chocó
Mediante escrito remitido a la Secretaría General del Consejo de Estado el
magistrado ponente de la providencia cuestionada manifestó que como
consecuencia del estudio de los actos administrativos cuestionados se
concluyó que los mismos tenían la categoría de mero trámite por no contener
el reconocimiento, modificación o extinción de derecho pensional de la
accionante, por el contrario, la U.G.P.P. declaró su falta de competencia para
resolver la reclamación y ordenó remitirla a la que consideró debía decidirla.
En consecuencia, solicitó declarar la improcedencia de la tutela por no
cumplir con el requisito de la relevancia constitucional al pretender también
convertir la acción de amparo en una tercera instancia.
1.6.2. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP
Expuso en su escrito de intervención que la inconformidad de la accionante
con lo resuelto por el Tribunal Administrativo del Chocó no constituye vía de
hecho susceptible de protección constitucional, cuando la accionada actúo
conforme a la normativa en materia de la improcedencia de acción judicial en
contra de actos administrativos de trámite.
Solicitó se declare improcedente la acción de amparo porque se pretende
sustituir al juez natural de la causa para reabrir la controversia ya zanjada.
1.6.3. Carmen Murillo Murillo
Manifestó en su intervención que la acción de tutela no es la vía idónea para
debatir los supuestos derechos vulnerados como consecuencia de haber
vivido de manera ininterrumpida los últimos cinco años con el causante, lo
cual ha debido alegar en las instancias judiciales sin pretender revivir la
controversia ya zanjada por el juez natural.
Por lo tanto, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela.
1.6.4. Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Quibdó
El despacho judicial allegó copia digital del expediente del proceso
adelantado por la accionante, sin pronunciamiento alguno en cuanto a la
tutela presentada.
1.7 Sentencia de primera instancia
La Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia del 23 de mayo de
2024, declaró improcedente la acción de tutela al establecer que no se
cumplió con el requisito general de subsidiariedad para el estudio de la
proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó.
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Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01361-01
Expuso que siguiendo las consideraciones indicadas en la sentencia
proferida el 8 de mayo de 2018 por parte de la Sala Plena del Consejo de
Estado6 el juez debe decidir de fondo los litigios cuando las circunstancias
así lo permitan, lo que significa que la infracción a tal precepto como es el
evento de providencia inhibitoria injustificada revela nulidad en la sentencia;
que constituye causal del recurso extraordinario de revisión en los términos
del numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011; proceder que ha
debido realizar la accionante de manera previa a la formulación de la acción
constitucional.
1.8. Impugnación
Mediante correo electrónico enviado a la Secretaría General del Consejo de
Estado el 7 de junio de 2024, el apoderado de la accionante impugnó la
sentencia, reiterando que los actos administrativos demandados de manera
indirecta decidieron de fondo el asunto e impidieron resolver la solicitud de
sustitución de la pensión de gracia en favor de su mandante, en favor de
quien el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Quibdó declaró la
existencia de unión marital entre compañeros permanentes.
Insistió que la decisión de la accionada incurrió en defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto al aplicar una norma procesal por encima de principio
constitucional, sin que tampoco se haya tenido en cuenta que su
representada es una persona de especial protección por tener 67 años y
padecer quebrantos de salud siendo desproporcionado la formulación de
nuevo medio de control sin que se otorgue el reconocimiento de la
sustitución pensional solicitada.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer la impugnación presentada por la
parte demandante contra la providencia del 23 de mayo de 2024, proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley
2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de
esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si hay lugar a confirmar, revocar o
modificar el fallo adoptado en primera instancia, que declaró improcedente la
acción de tutela.
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia 8 de mayo de
2018. Radicación 11001-03-15-000-1998-00153-01(REV). Magistrado Alberto Yepes
Barreiro.
6
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Para el efecto, se estudiará: i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; y, ii) el caso concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
20127, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por cuanto las
distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas
diversas sobre el tema8.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción contra providencias
judiciales9.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados
hasta el momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 10,
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial.
2.4. Caso concreto
La parte actora cuestionó la providencia del 29 de febrero de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo de Chocó mediante la cual revocó la sentencia
del 16 de marzo de 2021 proferida por el Juzgado 3 Administrativo del
Circuito Judicial de Quibdó que concedió parcialmente las pretensiones de la
demanda.
En primera instancia, la Sección Primera del Consejo de Estado con
fundamento en la sentencia del 8 de mayo de 201811 proferida por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo declaró improcedente la acción de
tutela al establecer que la controversia no cumplía con el requisito adjetivo de
7 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN
DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
9 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia.
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de
agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia
jurídica. actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
11 Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad: 11001-03-15-000-
1998-00153-01.(RER) Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro.
7
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la subsidiariedad; providencia que estableció como causal del recurso
extraordinario de revisión el pronunciamiento de sentencia inhibitoria
injustificada que origina nulidad en la providencia; que se enmarca en el
numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
En ese orden sostuvo la corporación:
“6.2.3 Nuevo alcance de la causal de nulidad originada en la sentencia.
Todo lo anterior permite afirmar sin ambages que los eventos definidos
tradicionalmente por la jurisprudencia de esta Corporación como
constitutivos de nulidades originadas en sentencia, no son taxativos.
Así, por ejemplo, con esta providencia queda claro que, en aras de hacer
efectivos los derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la
administración de justicia y al debido proceso, es deber del juez decidir de
fondo los litigios cuando las circunstancias así se lo permitan, lo que significa
que la violación a tales preceptos cuando se expide un fallo inhibitorio
injustificado también configura la causal de revisión alegada.
La subregla jurisprudencial, así definida, deberá aplicarse por parte de los
jueces de esta Jurisdicción, con mesura, ponderación, proporcionalidad y
adecuación a cada caso. . .”.
En cuanto al requisito adjetivo de la subsidiaridad al proferirse un fallo
inhibitorio, la misma sección refiere lo indicado en sentencia del 7 de marzo
de 202412, así:
“En ese orden de ideas, la Sala considera que el objeto de la presente acción
de amparo versa sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia
del accionante por haberse proferido un fallo inhibitorio.
En ese sentido, esta Sala de Decisión ha sostenido en su jurisprudencia que
el recurso extraordinario de revisión, amparado en la causal 5°, es el medio
judicial idóneo para controvertir la presunta afectación de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia,
con ocasión de la expedición de un fallo inhibitorio. Al respecto se dijo en la
sentencia de 7 de julio de 2023:
“[…] Ahora, los disensos de la actora radican en que, a su juicio, el
TRIBUNAL al inhibirse del resolver el fondo del asunto, ante una indebida
escogencia de la acción, desconoció los derechos que le asistían de obtener
una decisión dentro del asunto que se sometió a su consideración.
Así pues, a partir de los fundamentos de la solicitud de tutela y de la revisión
de la actuación, la Sala advierte que no se cumple en este caso el requisito
general de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
consistente en la subsidiariedad de la acción, pues contra la providencia
judicial censurada procede el recurso extraordinario de revisión, por la causal
de nulidad originada en la sentencia.
12 Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 11001-03-15-000-2024-00582-00. Magistrado
Ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
8
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Lo anterior, debido a que para discutir los planteamientos expuestos en la
solicitud de tutela, la actora tiene a su disposición el recurso extraordinario
de revisión de conformidad con la causal prevista en el numeral 5 del artículo
250 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, esto es, por presuntamente
existir una nulidad en la sentencia acusada.
Al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de 8 de
mayo de 2018, señaló que el citado recurso extraordinario procede por la
causal de revisión de nulidad originada en la sentencia por violación del
artículo 29 constitucional, cuando se expide un fallo inhibitorio injustificado,
como el que, según se alega por la accionante, terminó profiriéndose en este
asunto […]”
De conformidad con las argumentaciones expuestas en los escritos de tutela
y de impugnación se observa que la controversia sobre la naturaleza de los
actos administrativos demandados y la decisión inhibitoria para estudiar su
legalidad, debe ser dirimida mediante el recurso extraordinario de revisión
como consecuencia de la sentencia inhibitoria dictada, bajo el amparo de la
causal consagrada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA13.
Así las cosas, fue acertada la decisión del a-quo al establecer que la acción
de amparo formulada no cumple con el requisito de subsidiariedad ante la
existencia del recurso extraordinario de revisión para cuestionar la decisión
inhibitoria, sin que le sea permitido al juez constitucional inmiscuirse en la
decisión adoptada, ya que con ello se desconoce la autonomía judicial que se
predica de las providencias dictadas por la autoridad.
Por consiguiente, la decisión impugnada será confirmada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley.
FALLA
PRIMERO: Confírmese la sentencia del 23 de mayo de 2024, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado.
SEGUNDO: Notifíquese esta providencia en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
13 Artículo 250. Causales de revisión.
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de
revisión:
….
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación.
9
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TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los 10 días siguientes al de la ejecutoria de esta
providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Salva voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”
10
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