Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01367-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01367-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01367-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
17 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero de Estado: Jorge Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2024-01367-001
Actora : Sandra Liliana Guerrero Zorro
Accionados : Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá y Cundinamarca [Oficina de Archivo Central]
Tema : Solicitud de desarchivo de expediente
Vinculado : Juzgado Veintinueve (29) Civil Municipal de Bogotá
Derecho : De petición
presuntamente
vulnerado
Procede la Sala a dictar sentencia dentro del trámite de la acción de tutela
incoada por la señora Sandra Liliana Guerrero Zorro contra la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca [Oficina de
Archivo Central], por la presunta vulneración de su derecho fundamental de
petición.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la accionante frente a la falta de trámite a su solicitud de desarchivo de
expediente ejecutivo con radicado 1100140030292005-00743. Luego, se
determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de esta acción de
tutela.
La demanda de tutela.
La señora Sandra Liliana Guerrero Zorro, quien actúa en nombre propio, interpuso
el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección del derecho
fundamental antedicho, presuntamente vulnerado por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca [Oficina de
Archivo Central].
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Expediente digital disponible en Samai.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-01367-00
Actora: Sandra Liliana Guerrero Zorro
Por consiguiente, solicitó ordenar a las autoridades accionadas desarchivar el
proceso [1100140030292005-00743] que promovió la Compañía de
Financiamiento Tuya S.A en su contra, que cursó en el Juzgado Veintinueve (29)
Civil Municipal de Bogotá.
Hechos.
La tutelante aduce que actuó en condición de demandada dentro del trámite
ejecutivo anteriormente citado, cuyo expediente fue archivado por el Juzgado
Veintinueve (29) Civil Municipal de Bogotá.
Manifestó que el 20 de noviembre de 2023, le solicitó a la Oficina de Archivo
Central del Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca, el desarchivo del proceso
ejecutivo con radicado [1100140030292005-00743]. Expuso que dicha solicitud la
realizó siguiendo los parámetros establecidos por la entidad y bajo el número
DESCLF23-0015404.
Arguyó que ese mismo día, recibió mediante correo electrónico confirmación de
su solicitud, donde le indicaron que fue recibida con éxito. No obstante, manifestó
que han transcurrido más de 4 meses sin recibir una respuesta satisfactoria y
obtener el desarchivo del proceso, motivo por el cual, el 6 de diciembre de 2023 y
el 22 de enero de 2024, reiteró su petición de desarchivo, con el fin de obtener
información sobre el estado de su solicitud al correo electrónico que le fue
informado: solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, sin
embargo, desde ese momento hasta la fecha de presentación de la tutela [19 de
marzo de 2024], no se le ha suministrado respuesta alguna.
II. TRÁMITE PROCESAL
Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación a través de auto del 21 de
marzo de 2024 admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión ordenó
notificar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y
Cundinamarca [Oficina de Archivo Central] y vinculó al Juzgado Veintinueve (29)
Civil Municipal de Bogotá, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de
1991.
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Actora: Sandra Liliana Guerrero Zorro
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 Juzgado Veintinueve (29) Civil Municipal de Bogotá2. Solicitó la
desvinculación de la presente acción constitucional, por cuanto no ha vulnerado el
derecho fundamental de la accionante, al señalar que, «[…] efectivamente en este
Despacho Judicial cursó el proceso ejecutivo No. 1100140030292005-00743, el
cual de acuerdo con el informe secretarial, al consultar la base datos del siglo XXI
se evidencia que el expediente no reposa en este Estrado Judicial, lo anterior,
dado que fue remitido a la oficina de archivo y se encuentra en el paquete No. 53
de 2011».
Finalmente, manifestó que, «[…] con relación al levantamiento de la medida
cautelar y desarchive del proceso, se advierte que la accionante ante esta sede
judicial no ha elevado petición alguna en ese sentido, ni ha informado acerca de
las actuaciones realizadas para lograr el desarchive del proceso. Además de
acuerdo con los hechos en que fundamenta sus pretensiones la interesada indicó
que elevó petición ante la Oficina de Archivo, entidad encargada de brindar una
respuesta de fondo a su petición».
2.1.2 Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y
Cundinamarca (Oficina de Archivo Central). Guardaron silencio en la
oportunidad prevista para el efecto.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en
virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.
3.2 Problema jurídico.
Le corresponde a esta Subsección determinar si, en esencia, las autoridades
demandadas han vulnerado el derecho constitucional fundamental de petición de
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Por conducto de la titular del Juzgado Veintinueve (29) Civil Municipal de Bogotá
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Actora: Sandra Liliana Guerrero Zorro
la tutelante, al no dar respuesta a su petición de desarchivo del 20 de noviembre
de 2023, reiterada el 6 de diciembre siguiente y el 22 de enero de 2024.
3.3 La acción.
La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada
por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue
concebida como un mecanismo excepcionalísimo para la protección de los
derechos fundamentales de los ciudadanos, en todo tiempo y lugar frente a su
amenaza o transgresión, en principio, frente a la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública, y, en casos concretos respecto a particulares, siempre que no
se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo
transitorio.
El perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas circunstancias
específicas que si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse
presentes, a saber: (i) que su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta
suficiente que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que la
gravedad de los hechos sea de tal magnitud que cause un daño de gran
intensidad sobre la persona afectada; (iii) que resulte urgente la medida de
protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se
encuentra; y (iv) que la acción sea impostergable, esto es, que de configurarse el
perjuicio no exista forma de reparar el daño producido a ese derecho3.
3.4 Derecho fundamental de petición.
Ha sido consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política en los siguientes
términos:
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades
por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador
podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales”.
Por su parte, la Corte Constitucional, respecto del derecho de petición, ha
sostenido:
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Corte Constitucional, Sentencia T-003 de 2022, M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
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Actora: Sandra Liliana Guerrero Zorro
“Frente a las características esenciales del derecho de petición, ha sido abundante y
reiterativa la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al considerar que el núcleo
esencial de este derecho reside en la resolución pronta y oportuna de la solicitud.
En este sentido, esta Corporación ha manifestado:
(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos
constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la
libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser resuelta de
fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la
respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más
corto posible ; (v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se
concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se
aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares ; (vii) el silencio
administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa
y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición pues su
objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba
incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición; (viii) el derecho de
petición también es aplicable en la vía gubernativa; (ix) la falta de competencia de la
entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y (x) ante la
presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al
interesado.
De los anteriores componentes jurisprudenciales cabe destacar que el derecho de
petición exige, por parte de las autoridades competentes, una decisión de fondo a lo
requerido por el ciudadano, lo cual implica la prohibición de respuestas evasivas o
abstractas, sin querer decir con ello que la respuesta deba ser favorable. La
respuesta de fondo implica un estudio sustentado del requerimiento del peticionario,
acorde con las competencias de la autoridad frente a la que ha sido presentada la
petición”4.
Asimismo, la aludida Corporación ha expresado que “una respuesta es suficiente
cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del
solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a sus pretensiones; es
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea (artículos 2, 86 y 209
constitucionales); y es congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo
pedido, de tal manera que la respuesta a lo solicitado verse acerca de lo
preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la
petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que
se encuentre relacionada con la solicitud formulada”5.
De acuerdo con el anterior derrotero jurisprudencial, el derecho de petición es
vulnerado cuando la autoridad (i) no resuelve de fondo lo pedido o (ii) no emite
4
Sentencia T-230 del 7 de julio de 2020, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
5
Ver las sentencias T-669 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-350 de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño y T-
682 de 20 de noviembre de 2017, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Actora: Sandra Liliana Guerrero Zorro
una pronta respuesta, conforme a los términos que directamente fija el legislador.
3.5 Solución al caso concreto.
La parte actora acudió al presente recurso de amparo con la finalidad de solicitar
la protección de su derecho fundamental de petición, el cual consideró
conculcado por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá y Cundinamarca [Oficina de Archivo Central]. Lo anterior, en virtud de que
el 20 de noviembre de 2023, formuló solicitud encaminada a que se desarchive el
trámite ejecutivo que promovió la Compañía de Financiamiento Tuya S.A en su
contra [expediente 1100140030292005-00743], sin que a la fecha de
presentación de la acción de tutela de la referencia [19 de marzo de 2024] se le
haya emitido respuesta al respecto.
En el expediente reposa correo electrónico del 20 de noviembre de 2023 6, a
través del cual el Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales para los
Juzgados Civiles, Laborales y de Familia, le informa a la actora que «[…] su
solicitud de desarchive del proceso 110014003029- 20050074300 de Compañía
de financiamiento tuya s.a contra Sandra Liliana Guerrero Zorro fue recibida con
éxito».
6
Visible en el índice 2 de Samai.
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Actora: Sandra Liliana Guerrero Zorro
Ahora bien, aunque el material probatorio allegado a estas diligencias
constitucionales no da cuenta de la solicitud que la accionante afirma haber
radicado el 20 de noviembre de 2022, bajo el número de radicado DESCLF23-
0015404, del anterior correo electrónico del mismo día y año, consta que la
solicitud fue presentada ante el Centro de Servicios Administrativos
Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia y con el objeto
de lograr el desarchivo del proceso 110014003029- 20050074300, por lo que se
tendrá por cierta su aserción.
A su vez, está demostrado que el 6 de diciembre de 20237 y el 22 de enero de
20248, la accionante insistió en el desarchivo del expediente 1100140030292005-
00743, a la dirección de correo electrónico brindada por el Centro de Servicios
Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia
solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, sin embargo,
desde ese momento hasta la fecha de presentación de la tutela [19 de marzo de
2024], no se le ha suministrado respuesta alguna.
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Ibidem.
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Visible en el índice 2 de Samai.
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Por su parte, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá y Cundinamarca [Oficina de Archivo Central], a pesar de haber sido
notificada del auto admisorio de la presente acción de tutela el 22 de marzo del
20249, guardó silencio. En efecto, se encuentra la siguiente diligencia:
Al respecto, el artículo 20 del Decreto 2591 de 199110, frente a la presunción de
veracidad, establece que, «[…] Si el informe no fuere rendido dentro del plazo
correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de
plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa».
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Visible en el índice 7 de Samai
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Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
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De otra parte, cabe anotar que la Corte Constitucional en sentencia T-158 de
200511, ha precisado que, «[…] La falta de notificación de la respuesta a un
derecho de petición o la falta respuesta o la resolución tardía son formas de
violación del mismo y son susceptibles de la actuación protectora del juez
mediante el uso de la acción de tutela, pues en tales casos se conculca un
derecho constitucional fundamental».
Así las cosas, conforme al material probatorio allegado al proceso y de la
información contenida en el sistema de gestión judicial Samai, la Sala advierte
que, no obra prueba que acredite que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca [Oficina de Archivo Central],
diera respuesta clara, precisa y de fondo a la accionante, aunado al hecho de que
tampoco realizó pronunciamiento alguno sobre los hechos objeto de la presente
acción constitucional, razón por la cual, la Sala considera acreditada la
vulneración de la garantía fundamental de petición de la demandante.
IV. DECISIÓN
Por las razones expuestas, la Sala considera que, comoquiera que se encuentra
acreditada la vulneración del derecho fundamental de petición de la demandante
por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá
y Cundinamarca [Oficina de Archivo Central], se accederá al amparo del derecho
de petición solicitado, respecto de esa entidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1º. AMPARAR el derecho fundamental de petición de la señora Sandra Liliana
Guerrero Zorro, frente a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá y Cundinamarca [Oficina de Archivo Central], en los términos
indicados en la parte motiva.
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Corte Constitucional, sentencia T-158 de 2005, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-01367-00
Actora: Sandra Liliana Guerrero Zorro
2º. En consecuencia, ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca [Oficina de Archivo Central]
que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia, resuelva la solicitud de la actora, encaminada a que se desarchive el
expediente ejecutivo con radicado 1100140030292005-00743, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
3º. ADVERTIR a las entidades indicadas en el ordinal anterior, que el
incumplimiento de lo dispuesto en este fallo dará lugar a las sanciones
establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
4º. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
5º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, envíese el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
JORGE PORTOCARRERO BANGUERA
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
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