Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01370-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01370-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01370-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
30 de abril de 2024
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Radicación:11001-03-15-000-2024-01370-00
Accionante: Jairo Larrahondo Viveros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01370-00
Accionante: Jairo Larrahondo Viveros
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca
Temas: Tutela contra providencia judicial que negó la reliquidación
pensional sobre todos los factores salariales devengados en el
último año de servicio de un miembro del INPEC, en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. Incumplimiento
del requisito general de inmediatez y ausencia de una justificación
razonable para la inactividad del mecanismo de amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor Jairo Larrahondo Viveros
contra el Tribunal Administrativo del Cauca.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
el señor Jairo Larrahondo Viveros, por intermedio de apoderado, promovió demanda
en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
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Accionante: Jairo Larrahondo Viveros
igualdad y a la dignidad humana, en conexidad con los principios constitucionales de
irrenunciabilidad de derechos laborales y favorabilidad laboral.
Solicitó que se declare que el Tribunal Administrativo del Cauca le vulneró los citados
derechos fundamentales con ocasión de la sentencia del 10 de agosto de 2023,
proferida dentro del expediente radicado No. 19001 33 33 001 2018 00042 01.
Como consecuencia de lo anterior, deprecó que se ordene dejar sin efecto la sentencia
mencionada y, en su lugar, se profiera una nueva providencia en la que se reconozca
la aplicabilidad del 75% del IBL, causado como servidor público el último año de
servicio, en atención al derecho a la igualdad y al precedente judicial que existe sobre
el Cuerpo de Custodia y Vigilancia.
1.1.2. Los hechos
De las pruebas obrantes en el expediente de la referencia se extraen los siguientes
hechos:
i) El señor Jairo Larrahondo Viveros laboró en la cárcel de Santander – Cauca, en el
periodo comprendido en el 25 de septiembre de 1996 y 31 de enero de 2017, dentro
del cual adquirió el estatus jurídico de pensionado.
ii) El accionante solicitó el reconocimiento de dicha prestación a la Administradora
Colombiana de Pensiones1, el cual fue negado mediante la Resolución SUB 135405 del
25 de julio de 2017; ante dicha negativa, presentó recurso de apelación y en
Resolución DIR 16832 del 29 de septiembre de 2017, Colpensiones, reconoció el
derecho pensional; no obstante, negó el derecho a la liquidación con el 75% de los
factores devengados el último año de servicio.
iii) Conforme a lo anterior, el accionante instauró el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra Colpensiones, con el fin de que (i) se declarara la
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En adelante, Colpensiones.
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nulidad parcial de la Resolución DIR 16832 del 29 de septiembre de 2017, por liquidar
la pensión con un promedio erróneo; (ii) se ordenara a Colpensiones liquidar y pagar
la pensión con el 75% de todos los factores devengados el último año de servicio; (iii)
se reliquidara la pensión a partir del 1 de febrero de 2017, fecha en que se retiró, hasta
la fecha de pago; y (iv) se ordenara el pago efectivo e indexado de la diferencia que
surgiera entre la liquidación solicitada y las sumas canceladas.
iv) El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán, en sentencia del 23 de
julio de 2020, negó las pretensiones de la demanda y por recurso de apelación
impetrado por el accionante, llegó en segunda instancia al Tribunal Administrativo del
Cauca, el cual, mediante providencia del 10 de agosto de 2023, confirmó la decisión
del a quo.
1.1.3. Fundamentos de derecho
i) Con fundamento en lo establecido en el artículo 1º. de la Ley 33 de 1985, los
miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia están exceptuados del régimen general
de pensiones, debido a que en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986, se consagró para
estos un régimen especial y, por remisión del artículo 114 de esta última y el artículo
184 del Decreto 407 de 1994, se les debe aplicar el régimen vigente para empleados
públicos; adicional a esto, el parágrafo transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005 y el
artículo 4 de la Ley 4 de 1966, ordenan que la pensión de jubilación especial debe
liquidarse sobre todos los factores salariales devengados durante el último año de
servicio y la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, desconoce
la Constitución y los derechos fundamentales de los miembros del Cuerpo de Custodia
y Vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario2.
ii) La sentencia cuestionada incurre en defecto material sustantivo, toda vez, que el
Tribunal Administrativo del Cauca, aplicó erróneamente los artículos 21 y 36 del
régimen general de la Ley 100 de 1993, los cuales no son aplicables al Cuerpo de
Custodia y Vigilancia del INPEC, por pertenecer a un régimen pensional especial, esto
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En adelante, INPEC.
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es, al establecido en la Ley 32 de 1986. Adicionalmente, al darle aplicabilidad a la Ley
100, se desconoció lo contemplado en el artículo 140 el cual señala que «no se aplicará
este régimen general a los miembros del [C]uerpo de [C]ustodia y [V]igilancia del
[INPEC], por tener un régimen especial.
iii) El Tribunal Administrativo del Cauca incurrió en un defecto fáctico, al negar el
derecho sin sustento probatorio, pues, aplicó una norma del régimen general al
régimen especial.
iv) Finalmente, con la sentencia del 10 de agosto de 2023 se incurrió en violación
directa de la Constitución, debido a que no aplicó lo señalado en el artículo 48 de la
Carta Política, que fue adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, en el cual se
establece el régimen especial que se debe aplicar para los miembros para el Cuerpo
de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional.
1.2. Actuación procesal
1.2.1. El 2 de abril de 2024, el consejero ponente admitió la acción de tutela de la
referencia y ordenó, entre otras actuaciones lo siguiente:
i) Notificar como demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Cauca, quienes conocieron del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que se adelantó con el radicado 19001 33 33 001 2018 00042 01.
ii) Notificar como tercero con interés a la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones, quien fungió como demandada en el citado medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho que se adelantó con el radicado 19001 33 33 001 2018
00042 01.
iii) Requerir al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán, para que
envíen al despacho, copia digital del expediente del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que se adelantó con el radicado 19001 33 33 001 2018
00042 01.
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iv) Reconocer personería jurídica para actuar dentro de este proceso al abogado,
señor José Omar Martínez Osejo, de acuerdo con poder otorgado por la parte actora,
contenido en el expediente de la referencia.
v) Remitir copia de la solicitud de tutela a la parte demandada y al tercero interesado,
para que procedan a ejercer su derecho de defensa, si a bien lo tienen, y rindan el
respectivo informe dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la presente
providencia.
1.3. Intervenciones
1.3.1. La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
La directora de acciones constitucionales de Colpensiones, solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela de la referencia, con fundamento en lo siguiente:
La presente acción de tutela requiere una mayor rigurosidad frente a su procedibilidad,
debido a que el actor pretende desnaturalizar la acción constitucional, para que sean
reconocidos derechos que deben ser de conocimiento del juez ordinario competente a
través de los mecanismos legales establecidos para ello.
En las sentencias T-587 de 20153 y T-821 de 20104, proferidas por la Corte
Constitucional, se dijo que « [n]o puede, por tanto, proferir resoluciones o mandatos
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Sentencia T-587 de 2015. «En conclusión, declarar la acción de tutela como procedente para evitar
un perjuicio irremediable implicaría, en este caso, anticiparse al sentido de la decisión judicial sin que la
misma se hubiese producido, desplazando por esta vía la facultad de la justicia ordinaria de tomar sus
propias decisiones. El juez de tutela no puede, “sin vulnerar el derecho a la igualdad y sin que realmente
concurra la necesidad de evitar un perjuicio irremediable, alterar esa situación para conocer en sede de
tutela, de manera anticipada y sumaria, lo que debe ser objeto de decisión por el juez ordinario”.
Además, “no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del
juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia porque ello
sería contrario al principio de que la tutela es un medio alternativo de defensa judicial, aparte de que se
invadiría la órbita de la competencia y la autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones.»
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Sentencia T-821 de 2010Al respecto, al estudiar el asunto frente al tema del “principio democrático de
la autonomía funcional del juez”, reconocido expresamente en la Constitución Política, esta corporación
determinó que el juez de tutela no puede extender su decisión para resolver la cuestión litigiosa,
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que interfieran u obstaculicen diligencias judiciales ya ordenadas por el juez de
conocimiento, ni modificar providencias por él dictadas, no solamente por cuanto ello
representaría una invasión en la órbita autónoma del juzgador y en la independencia
y desconcentración que caracterizan a la administración de justicia (artículo 228 C.N.),
sino porque, al cambiar inopinadamente las reglas predeterminadas por la ley en
cuanto a las formas propias de cada juicio (artículo 29 C.N.), quebrantaría abierta y
gravemente los principios constitucionales del debido proceso.»
Al realizar un análisis sobre la existencia de alguno de los 6 requisitos de procedibilidad
de la tutela contra providencias judiciales, el despacho accionado procedió conforme
a la ley y la Constitución, debido a que aplicó las normas relativas en la materia, los
preceptos constitucionales sobre el particular, la jurisprudencia existente en la materia
y concluyó que las actuaciones del despacho no transgreden, violan o amenazan los
derechos fundamentales del accionante.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente para
conocer la presente acción de tutela, de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal 5.º del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto
333 de 2021, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o
Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo
superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».
2.2. Problema jurídico
Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir la sentencia del 10 de agosto de 2023,
obstaculizar el ejercicio de diligencias ordenadas por el juez ordinario, ni modificar sus providencias, o
cambiar las formas propias de cada juicio, lo cual sí violaría gravemente los principios constitucionales
del debido proceso
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proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 19001 33 33 001 2018 00042 01. En caso
afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida
providencia se vulneraron los derechos fundamentales invocados por el accionante.
2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales
La jurisprudencia constitucional5 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 20056, en la que se hace distinción entre causales genéricas, que son aquellas que
hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial,
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
5 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de
1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
6 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para
que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.
2.4. Hechos probados
Del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 19001 33 33
001 2018 00042 00 [01], la Sala establece lo siguiente:
i) El accionante, a través de apoderado judicial, ejerció el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, contra la
Administradora Colombiana de Pensiones, con el fin de que se declarara la nulidad
parcial de la Resolución DIR 16832 del 29 de septiembre de 2017 y se ordenara a
Colpensiones (i) liquidar y pagar la pensión con el 75% de todos los factores
devengados el último año de servicio; (ii) reliquidara la pensión a partir del 1 de febrero
de 2017, fecha en que se retiró, hasta la fecha de pago; y (iii) el pago efectivo e
indexado de la diferencia que surgiera entre la liquidación solicitada y las sumas
canceladas.
ii) El 23 de julio de 2020, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán
negó las pretensiones de la demanda, al considerar, entre otras razones, que el IBL de
la prestación reconocida al demandante, fue calculada en razón a la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018, proferida por el Consejo de Estado 7, en la cual
se estableció que para las prestaciones pensionales no excluidas en el artículo 279 de
la Ley 100 de 1993, como es el caso de los trabajadores de custodia y vigilancia del
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Aclarada en fallo de fecha 5 de febrero de 2019
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INPEC, los factores salariales de base son los establecidos en el Decreto 1158 de 1994,
y el término a ponderar, el establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
iii) El 10 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala Primera de
Decisión, resolvió el recurso de apelación interpuesto por el demandante, hoy
accionante, y confirmó la sentencia de primera instancia con fundamento en los
argumentos que se expondrán más adelante.
2.5. Caso en concreto. Análisis de la Sala
El señor Jairo Larrahondo Viveros debate la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la dignidad humana y los principios
de favorabilidad laboral e irrenunciabilidad de derechos, con ocasión a la sentencia
adoptada por el Tribunal Administrativo del Cauca, que confirmó la denegatoria de las
pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Argumenta que el juez colegiado no aplicó en debida forma las leyes y la
jurisprudencia.
Pues bien, la Sala advierte, al examinar el expediente digital del proceso referido, que
la providencia cuestionada, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el día 10
de agosto de 2023, fue notificada electrónicamente el 23 de igual mes y anualidad, por
lo que el término de ejecutoria empezó a correr a partir del día 28 de agosto de 2023
y finalizó el 30 de igual mensualidad y anualidad8.
Ahora, si bien es cierto que el ejercicio de la acción de tutela no cuenta con un término
de caducidad, la jurisprudencia constitucional ha considerado que, en virtud del
carácter preferente y sumario de protección que encierra la solicitud de amparo, esta
debe interponerse dentro de un término razonable y proporcionado a partir del evento
generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos fundamentales, con el
8 Código General del Proceso, artículo 302. Ejecutoria. “Las que sean proferidas por fuera de audiencia
quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido
los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada
la providencia que resuelva los interpuestos”.
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fin de proteger derechos de terceros, impedir que el amparo se convierta en un factor
de inseguridad jurídica y evitar su uso como herramienta supletoria de la negligencia
en la agencia de derechos, desnaturalizando con ello la finalidad de la acción.9
Al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante decisión del 5 de agosto
de 2014,10 explicó que el término de inmediatez cobra mayor relevancia cuando el
recurso de amparo se dirige a cuestionar providencias judiciales, toda vez que se
encuentran en juego los principios de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica,
razones por las cuales acogió, como regla general, un plazo de seis meses contados
a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia que se discute.
En esa medida, la Subsección considera que la presente solicitud de amparo no
satisface los parámetros fijados por la Sala Plena del Consejo de Estado, sobre el
término para su ejercicio, pues la providencia en cuestión, quedo ejecutoriada el día
30 de agosto de 2023, es decir, que dicho plazo se cumplió el 1 de marzo de 202411;
sin embargo, la acción de tutela solo fue instaurada hasta el 19 de marzo de 2024, por
lo que se colige que la parte accionante superó el término prudencial de seis meses
establecido por la jurisprudencia para la presentación del mecanismo de amparo
contra providencias judiciales.
En ese entendido, se tiene, entonces, que el accionante desconoció el término
prudencial de los seis meses establecido por la jurisprudencia para la presentación de
la acción de tutela en contra de providencias judiciales, el cual no busca otra cosa que
garantizar la eficacia de la protección invocada y evitar satisfacer las pretensiones de
aquellos que, por su inactividad, acudieron inoportunamente a solicitar el amparo
constitucional.
9 Sentencia T-187 de 2012, entre otras.
10 Consejo de Estado, Sala Plena. Radicado 11001 03 15 000 2012 02201-01 (IJ), Demandante: Alpina
Productos Alimenticios S. A.
11 Ver sentencia del Consejo de Estado del 29 de mayo de 2008, M.P. Rafael Ostau de Lafont Pianeta,
radicado 44001-23-31-000-2003-00152-01, que explica de qué manera se cuentan los meses, cuando
el término a computar se causa un día 31 y, adicionalmente, cuando dicha contabilidad involucra el mes
de febrero.
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Ahora bien, la Corte Constitucional ha señalado que el examen de la inmediatez no se
reduce a verificar el paso del tiempo entre el hecho generador de la vulneración de un
derecho fundamental y la interposición del amparo constitucional, sino que, además,
debe estudiarse la razonabilidad del plazo, de acuerdo con los hechos de cada caso
concreto;12 por lo que, en aras de determinar que no existe una tardanza injustificada
o irrazonable al momento de acudir a la acción de tutela, la Corte evaluó dicho periodo
a partir de las siguientes reglas:
“[…] (i) [Ante] La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por
ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o
imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia
de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente
las circunstancias previas, entre otras.
(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación desfavorable
como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es actual. Lo que
adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es
imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de
que se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, en
realidad, una protección inmediata.
(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable
resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se
encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo
13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra
ellas se cometan […].13
Por tanto, le corresponde al operador judicial determinar, en cada caso, si existen
razones válidas para la inactividad, si permanece la vulneración o amenaza de
derechos fundamentales y/o si la parte actora se encuentra en un estado de debilidad
manifiesta que haga desproporcionada la interposición de la acción de tutela en el
plazo prudencial de los seis meses.
No obstante, ninguna de dichas circunstancias es alegada en el caso para justificar la
falta de inmediatez en la interposición del mecanismo de amparo y, una vez analizadas
las circunstancias y los hechos en los que se sustenta la solicitud de amparo, la Sala
12 Ver las Sentencias T-158 de 2006, T-792 de 2007, T-1028 de 2010, T-584 de 2011 y T-433 de 2016.
13 Sentencia T-253 de 2015.
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no encuentra un factor relevante que sustente la inactividad para solicitar la defensa
de los derechos fundamentales.
Consiguientemente, en el plenario tampoco se evidencia que se cumpla con alguno de
los criterios establecidos por la jurisprudencia para que se configure un perjuicio
irremediable,14 que pretermita el requisito de procedencia de la acción.
Es de indicar que el requisito de inmediatez no responde a motivaciones caprichosas
sino al amparo del orden judicial y social, partiendo del presupuesto de que cuando
una persona realmente encuentre afectados sus derechos fundamentales de forma
grave, acudirá inmediata y diligentemente al juez constitucional para solicitar su
restablecimiento. Debe tenerse en cuenta que lo que se busca con el cumplimiento del
requisito de la inmediatez es la garantía de los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica de que están investidas las decisiones judiciales.
Así las cosas, no se evidencia que en el asunto se cumpla el examen de inmediatez
requerido, pues además de que se superó el término previsto como prudencial para la
presentación de la acción, no se identifican circunstancias justificantes para la
interposición tardía y, por contera, para pretermitir este requisito de procedencia, por
lo que se impone su rechazo.
3. Conclusión
Con los anteriores argumentos la Sala concluye que la presente acción de tutela se
encuentra afectada por falta de inmediatez en su interposición y, en tal sentido, se
impone su rechazo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
14 Los requisitos establecidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional
para que proceda la tutela como mecanismo judicial para evitar un perjuicio irremediable son: su
inminencia, su urgencia, su gravedad y su impostergabilidad.
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13
Radicación:11001-03-15-000-2024-01370-00
Accionante: Jairo Larrahondo Viveros
FALLA
Primero. Rechazar por improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Jairo
Larrahondo Viveros en contra del Tribunal Administrativo del Cauca, Sala Primera de
Decisión, de acuerdo con lo expuesto en este proveído.
Segundo. En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado Electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA.
A .C.V .F
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