Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01372-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01372-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-01372-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
25 de abril de 2024
Demandante: Luis Felipe Villalba Monsalve
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01372-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01372-00
Demandante: LUIS FELIPE VILLALBA MONSALVE
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por el señor Luis Felipe
Villalba Monsalve contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Con escrito presentado el 19 de marzo de 20241, el señor Luis Felipe Villalba
Monsalve, por conducto de apoderado judicial, promovió demanda en ejercicio de
la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A con el fin de que le sean amparados sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de
la justicia.
En sentir del accionante, la trasgresión de las referidas garantías constitucionales,
se dio con ocasión de la sentencia de segunda instancia proferida el 16 de
noviembre 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, que revocó2 y modificó3 la providencia del 29 de octubre de 2021
del Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que
condenó a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, al interior
del medio de control de reparación directa con radicado 11001-33-36-035-2015-
00426-00/01.
1 Por medio de la ventanilla virtual de la Rama Judicial, acción identificada con número 2190.
2 El reconocimiento de los daños materiales.
3 El quantum de los daños morales y a la salud.
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Demandante: Luis Felipe Villalba Monsalve
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01372-00
Lo anterior por cuanto solo «se reconocieron los perjuicios inmateriales (moral y
daño a la salud) en valor equivalente al porcentaje de disminución a la capacidad
laboral y se negó el reconocimiento de los perjuicios materiales (lucro cesante,
debido y futuro)».
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales y, en consecuencia, pidió:
(…)
SEGUNDO: Dejar sin efecto la Decisión proferida el 16 de noviembre de 2023 y
notificada el 22 de noviembre de 2023, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, Magistrado Ponente JAVIER
TOBO RODRIGUEZ, dentro del proceso 11001333603520150042601, promovido
por LUIS FELIPE VILLALBA MONSALVE, la cual MODIFICA los numerales
segundo, tercero y REVOCA el numeral cuarto de la sentencia proferida el 29 de
octubre de 2021, por el Juzgado Treinta y Cinco (35) Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá D.C4.
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
El señor Luis Felipe Villalba Monsalve, mientras prestaba servicio militar
obligatorio sufrió un accidente en el que se lesionó cuatro dedos de la mano
derecha , el cual, de acuerdo con el acta de junta médico laboral 102121 del 12 de
julio de 2018, le causó una disminución en la capacidad laboral del 12.5%, debido
a una limitación para la flexión de 3-4 dedo de la mano derecha.
El actor, por conducto de apoderado judicial, presentó demanda de reparación
directa en contra de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional, la cual correspondió por reparto al Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, que mediante sentencia
proferida el 29 de octubre 2021 accedió a las pretensiones de la demanda y
ordenó:
PRIMERO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación
– Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por los perjuicios causados a Luis
Felipe Villalba Monsalve durante la prestación del servicio militar obligatorio, de
acuerdo con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a
pagar a favor de Luis Felipe Villalba Monsalve veinte (20) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, por concepto de daño moral.
4 Transcripción literal que puede contener errores.
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Demandante: Luis Felipe Villalba Monsalve
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
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TERCERO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a
pagar a favor de Luis Felipe Villalba Monsalve veinte (20) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, por concepto de daño a la salud.
CUARTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a
pagar a favor de Luis Felipe Villalba Monsalve la suma de treinta y cuatro millones
seiscientos un mil setecientos sesenta y un pesos M/cte. ($34.601.761), por
concepto de lucro cesante consolidado y futuro.
(…)
La parte demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado el 16 de
noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, quien resolvió modificar los numerales segundo y tercero
y, a su vez, revocó el numeral cuarto de la sentencia de primera instancia, así:
PRIMERO. MODIFICAR los numerales segundo y tercero de la sentencia proferida
el 29 de octubre de 2021, por el Juzgado Treinta y Cinco (35) Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá D.C., los cuales quedarán así:
“Segundo: Condenar a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional a pagar a favor de Luis Felipe Villalba Monsalve doce punto cinco
(12.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de daño
moral.
Tercero: Condenar a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional a pagar a favor de Luis Felipe Villalba Monsalve doce punto cinco
(12.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de daño a
la salud”.
SEGUNDO: REVOCAR el numeral cuarto de la sentencia proferida el 29 de
octubre de 2021, por el Juzgado Treinta y Cinco (35) Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá D.C., y, en su lugar se dispone:
“Tercero: Negar las demás pretensiones de la demanda”.
TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de primera instancia. (…)
Fundamentó su decisión en que, se encuentran probados los elementos de la
responsabilidad del Estado en cabeza de la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional- Ejército Nacional, y que en tal sentido procedió a la liquidación de
perjuicios y advirtió que lo hacía de conformidad con el criterio mayoritario de esta
Subsección5.
Respecto a la liquidación del perjuicio moral y el daño a la salud, la autoridad
judicial demandada procedió a disminuirlos de 20 SMLMV a 12.5 SMLMV, dando
5 Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección Tercera. Subsección A. Sentencias del 6 de
septiembre de 2017. Sentencias del 23 de marzo de 2017, exp. 110013333603720150016401 y del
22 de septiembre de 2016, exp. 110013333603220130001501, M.P. Bertha Lucy Ceballos Posada
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aplicación proporcional a los baremos establecidos en la sentencia de unificación
del 28 de agosto de 20146.
Al respecto, indicó que la indemnización de perjuicios materiales debía ser
revocada «en tanto que al proceso no se aportó medio de convicción del que se
deduzca que Luis Felipe Villalba Monsalve en calidad de víctima directa realizaba
una actividad lucrativa y que por razón del reclutamiento se vio forzado a dejar de
ejecutarla».
Señaló que la posición de la Sala es que «para el reconocimiento indemnizatorio
por lucro cesante no opera presunción alguna, razón por la cual se requiere
prueba de la actividad económica realizada por el demandante antes del periodo
de conscripción»7.
Dicha sentencia fue notificada el 22 de noviembre de 2023 mediante correo
electrónico.
1.4. Fundamentos de la vulneración
Consideró vulnerado el derecho a la igualdad porque para el caso en estudio,
«se aplicó de manera caprichosa el precedente jurisprudencial decantando por el
Honorable Consejo de Estado, al reconocer los perjuicios inmateriales (moral y
daño a la salud) en valor equivalente al porcentaje de disminución a la capacidad
laboral y se niega el reconocimiento de perjuicios materiales (Lucro cesante
debido y futuro), bajo el argumento de que no se probó que el accionante ejerciera
alguna actividad económica antes del periodo de conscripción».
Indicó que el tribunal accionado dejó de aplicar el régimen de responsabilidad
correspondiente a las personas que sufren un daño durante la prestación del
servicio militar obligatorio es el objetivo8.
También señaló que se vulneró el derecho al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, toda vez que, «bajo el argumento de impartir
celeridad a este trámite judicial, como garantía de acceso efectivo a la
administración de justicia, se modificará el quantum de la indemnización por
perjuicios morales y daño a la salud y se revocará el reconocimiento de perjuicios,
lo anterior por cuanto la SU del 28 de agosto de 2014 estableció como referente
para la reparación de perjuicios inmateriales unos topes a los montos
indemnizatorios a favor de los soldados conscriptos y que lo certificado en el acta
6 M.P. Olga Mélida Valle de de la Hoz
7 Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección Tercera. Subsección A. Magistrada ponente:
Bertha Lucy Ceballos Posada. Radicado. 110013336033201900086 01.
8 Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado en sentencia de 14 de marzo de 2019
(exp. 48635) 1 Sección Tercera, Subsección “A”., radicado número: 20001-23-31-000-2011-00457-
01, C.P. María Adriana Marín.
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de junta médico laboral 102121 del 12 de julio de 2018, se determinó que el
accionante sufrió una disminución a la capacidad laboral de 12.5%».
Seguidamente, la parte actora se refirió a los requisitos generales y de fondo para
la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, respecto estos
últimos aludió a: i) defecto procedimental, ii) defecto fáctico y iii) desconocimiento
del precedente.
Respecto al defecto procedimental y al defecto fáctico indicó que en el
presente asunto se incurrió en un exceso ritual manifiesto que «es el resultado
de la aplicación rigorista de las normas procesales, lo que en relación con el
defecto fáctico inciden en la interpretación del acervo probatorio contenido en el
expediente y provoca una visión distorsionada de la realidad procesal, que a su
vez, afecta gravemente los derechos fundamentales, por lo que su configuración
hace procedente la acción de tutela contra providencias judiciales»9.
Resaltó, así mismo, que se incurrió en defecto por desconocimiento del
precedente jurisprudencial10, para lo cual cito una serie de sentencias y adujo
que frente a las personas que prestan servicio militar, el Estado asume una
posición de garante por la existencia de una relación de especial sujeción, de
modo que el conscripto se encuentra bajo su custodia y cuidado, y que en los
casos en los que se discute la responsabilidad del Estado por daños generados a
9 Corte Constitucional, Sentencia SU-355 del 25 de mayo de 2017, MP Iván Humberto Escrucería.
10 Consejo de Estado, tutela, 21 de agosto de 2020, radicado 11001-031-50-00-2020-02424-01,
M.P. Hernando Sánchez Sánchez, acerca del acervo probatorio en el caso de conscriptos (acta de
junta medico laboral y presunción del salario mínimo).
Consejo de Estado, tutelas del 4 de julio de 2019, radicado 11001-03-15-000-2019-01105-01 y
del 27 de septiembre de 2013, Radicado No. 05001-23-31- 000-1999-02915-01 (29259) M.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez, se pasó por alto el valor probatorio que tiene el acta de la Junta Médico
Laboral para efectos de reconocer y liquidar la indemnización por perjuicios materiales en la
modalidad de lucro cesante.
Consejo de Estado, reparación directa, 25 de agosto de 2009, radicado 18001-23-31- 000-1995-
05743-01 (15793) M.P. Myriam Guerrero de Escobar. Régimen de responsabilidad aplicable a los
eventos de daños causados a los soldados que prestan el servicio militar en calidad de conscriptos.
Consejo de Estado, reparación directa, 20 de febrero de 2014, Radicado No. 20001-23-31-000-
2001- 01388-01. M.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Conscripto – Falla en el servicio.
Consejo de Estado, SU reparación directa, 28 de agosto de 2018. Radicación: 50001- 23-15-
000-1999-00326-01, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz, reconocimiento de los perjuicios
materiales y establece unos parámetros.
Consejo de Estado, reparación directa, 25 de febrero de 2016, radicado 73001-23-31-000-2011-
00090- 01, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, presunción del salario mínimo para liquidar la
indemnización por perjuicios.
Consejo de Estado, reparación directa, 11 de abril de 2016, radicado 50001-23-31-000-2000-
20274-01, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz. Conscriptos. Relación de especial sujeción:
régimen de responsabilidad aplicable. Falla en el servicio por omisión en el cumplimiento del
contenido obligacional que rige la función de la entidad demandada.
Consejo de Estado, reparación directa, 10 de mayo de 2016, radicado 05001-23-31-000-2007-
02410- 01, M.P Guillermo Sánchez Luque. Responsabilidad del Estado por las lesiones sufridas
por un conscripto.
Consejo de Estado, reparación directa, 14 de febrero de 2018, radicado 73001-23-31-000-2011-
00167-01, M.P. Danilo Rojas Betancourth. La Nación - Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional es
administrativa y patrimonialmente responsable de las lesiones causadas a un conscripto.
5
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soldados, ha aceptado el acta de la Junta Médico Laboral como prueba para el
reconocimiento y la estimación de la indemnización del lucro cesante derivado de
esas lesiones, además de las posibles presunciones de hecho que se estiman
para la liquidación de la indemnización11.
En este sentido, expuso que al negar los perjuicios materiales bajo el argumento
de que no se probó que el accionante ejerciera alguna actividad económica antes
del periodo de conscripción, se vulneró el derecho a la igualdad, porque al
ingresar de 18 años, una vez finalizado el bachillerato, se entiende que aún no ha
iniciado una actividad económica.
Teniendo en cuenta lo anterior, puntualizó que, aunque no obra en el expediente
prueba alguna que acredite una actividad lucrativa previo a la prestación del
servicio militar obligatorio, lo cierto es que resulta aplicable el precedente
jurisprudencial del Consejo de Estado, en donde se indica la viabilidad de
reconocer perjuicios materiales al conscripto, a partir del acta de la junta médico
laboral y la presunción de que cuando salga del servicio va a iniciar una etapa
productiva económicamente.
1.5. Trámite de la acción de tutela
El magistrado encargado en auto del 21 de marzo de 2024 admitió la demanda y
ordenó notificar, como parte demandada, a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A; vinculó en
calidad de terceros con interés al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá (a quo) y a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional (demandado); además, dispuso dar aviso a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, y reconoció personería jurídica al abogado Héctor
Eduardo Barrios Hernández.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes contestaciones:
1.6.1. Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, Sección Tercera
El juez titular del despacho expuso el trámite surtido al interior del proceso de
reparación directa y adjuntó link de acceso con radicado 11001-33-36-035-2015-
00426-00.
11 Sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado, del 28 de agosto de
2014, (32988).
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1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera –
Subsección A
La magistrada ponente solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda
pues «no se evidencia ningún error material de la sentencia, tampoco se trata de
una decisión sin motivación ni de desconocimiento del precedente judicial, y
menos aún de la violación directa de la Constitución, por lo que la tutela no puede
ser utilizada como una instancia adicional a las establecidas por el legislador».
Respecto al reconocimiento de los perjuicios morales como el daño a la salud
advirtió que para la Sala mayoritaria y conforme la sentencia de unificación del 28
de agosto de 2014, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral no representa
un reconocimiento automático de la indemnización por perjuicio moral y daño a la
salud, sino que deberá evaluarse la gravedad o levedad de la lesión conforme lo
probado en el proceso y que fue así como reconocieron la indemnización dentro
de los parámetros establecidos por la citada sentencia de unificación.
Frente al reconocimiento de perjuicios materiales, señaló que la postura de la Sala
respecto al «perjuicio material, tanto en sus modalidades de lucro cesante como
de daño emergente debe estar debidamente acreditado, para que resulte
procedente su indemnización en sede judicial», de conformidad con lo dispuesto
por el Consejo de Estado12 y no resulta conveniente «aludir a una presunción para
el reconocimiento de indemnización por perjuicios materiales – modalidad lucro
cesante – en tanto se requiere que el extremo activo del litigio allegue prueba
alguna de la actividad económica realizada por el demandante antes del periodo
de conscripción». Agregó que:
En esa medida, al no encontrarse medio de convicción del cual se pudiera deducir
que el señor Luis Felipe Villalba Monsalve realizaba una actividad lucrativa previo
a la prestación del servicio militar obligatorio, resultaba procedente revocar la
indemnización reconocida por concepto de perjuicios materiales por parte del juez
de primera instancia.
Respecto al defecto procedimental y defecto fáctico derivado del «exceso ritual
manifiesto» al no declarar probado un hecho «cuando es fácil concluir su
existencia con el material probatorio que obra en el proceso», advierte que dicho
argumento se dirige a controvertir una decisión desfavorable, sin que la tutela sea
una instancia adicional para reabrir debates legales, pues se está ante una
decisión judicial justificada.
Resaltó que:
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Consejero ponente:
Mauricio Fajardo Gómez. Providencia del 2 de mayo de 2.007. Radicación número: 73001-23-31-
000- 1997-15879-01(15989).
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(…) en aras de impartir celeridad en el trámite judicial y como garantía de acceso
efectivo a la administración de justicia, la suscrita magistrada salvó el voto frente a
la disminución del quantum indemnizatorio respecto a los perjuicios morales y
daño a la salud y la negativa del reconocimiento de los perjuicios materiales, pues
ante la postura mayoritaria y reiterada de la Sala, lo más conveniente era salvar el
voto frente a dichos aspectos, lo contrario hubiese implicado retardar el proceso,
mediante cambio de ponente y remisión a otro despacho de la misma sala por
proyecto derrotado, pues finalmente se reduciría el quantum indemnizatorio por
perjuicios morales y daño a la salud y se revocaría el reconocimiento de perjuicios
materiales.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por
el señor Luis Felipe Villalba Monsalve contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y
el numeral 5. ° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad
adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?
De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, la Sala analizará lo siguiente:
• ¿Se vulneraron los derechos fundamentales13 del señor Luis Felipe Villalba
Monsalve con ocasión de la decisión de segunda instancia proferida el 16
de noviembre 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, dictada al interior del proceso ordinario en
ejercicio del medio de control de reparación directa con radicado 11001-33-
36-035-2015-00426-00/01 que modificó y revocó la sentencia del 29 de
octubre de 2021 del Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
estudio sobre los requisitos generales de procedibilidad, en particular el de
relevancia constitucional, y iii) el caso concreto.
13 A la igualdad, debido proceso y el acceso a la administración de la justicia.
8
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2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 14
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema15 y declaró su
procedencia.16
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho
que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de
estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que
se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
Igualmente, se debe manifestar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la
referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Relevancia constitucional
Cabe destacar que la Corte Constitucional desde la sentencia C-590 de 2005
incluyó como requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial que (i) la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
15 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
16 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
9
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Sección Tercera, Subsección A
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extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que
se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii)
se cumpla el requisito de la inmediatez, y (iv) no se trate de sentencias de tutela.
El concepto de relevancia constitucional17 se refiere a un método objetivo de
procedencia de la acción de tutela, pues busca excluir, en el estudio de
procedibilidad, las vulneraciones de derechos fundamentales que no tengan tal
relevancia.
Ello comprende una carga para el actor de la acción de tutela contra providencia
judicial, de justificar la vulneración del derecho fundamental con una
argumentación diferente de la que se expuso en el proceso ordinario y que se
dedique a la lesión de la garantía fundamental invocada.
Respecto de la acción de tutela contra providencia judicial, dicha figura implica un
quebrantamiento parte del núcleo esencial del derecho fundamental alegado por la
actora y que no fue tenido en cuenta por aquella autoridad judicial, por las razones
anteriormente anotadas.
En atención a la definición anterior, para determinar si en un caso concreto se
encuentra acreditado el requisito de relevancia constitucional, el juez debe realizar
el test de procedibilidad en relación con las pretensiones de la demanda y la carga
argumentativa y probatoria que justifica la protección de los derechos
fundamentales invocados por la accionante. Lo anterior, desde la perspectiva del
núcleo esencial de las garantías fundamentales invocadas y los casos
anteriormente ejemplificados.
Dicha postura fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en
sentencia de unificación del 5 de agosto de 201418, en la que se indicó que para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial se
debían analizar dichos requisitos.
En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad señaló que
este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio
constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de
17 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-
15-000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-
2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20,
Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-
00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
18 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que corresponde a
otras jurisdicciones.
En la sentencia SU-215 de 202219, el alto tribunal unificó los criterios que se deben
analizar a la hora de determinar si un asunto reviste o no de relevancia
constitucional, de acuerdo precisamente a los fines acogidos hasta ese momento.
Por su parte, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 202220 modificó
su postura en relación con la relevancia constitucional frente a aquellos casos en
los que se hace evidente que los fundamentos propuestos por los tutelantes se
limitan a desarrollar aspectos de índole legal o económico, sin que se propongan
razones de importancia para la interpretación y aplicación de la Constitución ante
la posible vulneración de derechos fundamentales, que amerite el estudio del
fondo del asunto.
De esta manera, esta Sala de Decisión en esa oportunidad, planteó que el estudio
de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios
establecidos por la Corte Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en
concreto se refieren a:
«que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente
la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no
basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo
está instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la
discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser
un debate exclusivamente legal; y
que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera
instancia».
19 A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en
primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro de
una acción de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este
mismo órgano de cierre. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que
reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte
Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este
postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate
eminentemente legal; (iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no
cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación
de los derechos fundamentales invocados.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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La carga argumentativa como criterio para determinar cuándo un asunto
reviste de relevancia constitucional
De acuerdo con la Corte Constitucional, este presupuesto implica que el
accionante cumpla con una carga explicativa mínima al identificar: (i) los derechos
fundamentales afectados; (ii) los hechos que generan la vulneración; y (iii) los
motivos por los que considera que la autoridad judicial accionada ha incurrido en
uno de los defectos.
Frente a este último punto, la referida autoridad judicial ha sido enfática en señalar
que no es suficiente alegar una violación a un derecho fundamental con base en
una simple relación de los hechos, sino que se exige demostrar de manera
razonable una restricción desproporcionada de aquella21.
A su turno, el Consejo de Estado en diferentes oportunidades ha considerado que
tratándose de la carga argumentativa como requisito sine qua non para definir la
procedibilidad de la acción de tutela, existe un deber de sustentar en términos
jurídicos el defecto en el que la autoridad judicial accionada incurrió. Por esto, el
peticionario está obligado a exponer de manera detallada las razones que
sustentan su demanda de amparo y los motivos que, en su criterio explican la
configuración de una causal especifica de procedencia.
Con base en los anteriores criterios, le corresponde al juez constitucional verificar
la relevancia constitucional del caso bajo estudio.
2.5. Caso en concreto
Al revisar el escrito introductorio, los memoriales de contestación y las pruebas
incorporadas al trámite, la Sala concluye que la acción de tutela debe ser
declarada improcedente por cuanto no supera el requisito de relevancia
constitucional expuesto en líneas anteriores. Así, la controversia propuesta no
expone las razones tendientes a demostrar una vulneración de derechos
fundamentales por parte de la autoridad judicial con ocasión de la providencia
proferida en segunda instancia dentro del medio de control reprochado.
En efecto, los argumentos presentados por la parte demandante se sustentan en
su inconformidad con la decisión que tomó la autoridad judicial accionada pues
considera que incurrió: i) desconocimiento del precedente aplicable, esto es, la SU
del 28 de agosto de 2014 que estableció como referente para la reparación de
perjuicios inmateriales unos topes a los montos indemnizatorios a favor de los
soldados conscriptos y ii) defectos procedimental por exceso ritual manifiesto y
fáctico, en consideración a que por una aplicación rigorista no se le dio la
valoración probatoria adecuada al acta de junta médico laboral 102121 del 12 de
21 Corte Constitucional. Sentencia SU-103 de 2022.
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julio de 2018, que determinó que el accionante sufrió una disminución a la
capacidad laboral de 12.5%. Y que, con fundamento en ello, se modificó y revocó
la sentencia del a quo.
Al respecto, el ad quem advirtió que conforme la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2014, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral no representa un
reconocimiento automático de la indemnización por perjuicio moral y daño a la
salud, sino que deberá evaluarse la gravedad o levedad de la lesión conforme lo
probado en el proceso y dentro de los parámetros establecidos.
Y frente a los perjuicios materiales indicó que, de acuerdo con la postura
mayoritaria de la Sala, deben estar debidamente acreditados, para que resulte
procedente su indemnización en sede judicial y agregó que no resulta conveniente
aludir a una presunción para el reconocimiento de ellos.
En cuanto al defecto procedimental y defecto fáctico derivado del «exceso ritual
manifiesto» al no declarar probado un hecho «cuando es fácil concluir su
existencia con el material probatorio que obra en el proceso», se advierte que
dicho argumento se dirige a controvertir una decisión desfavorable, sin que la
tutela sea una instancia adicional para reabrir debates legales, pues se está ante
una decisión judicial justificada.
Al respecto, se observa que dichos aspectos fueron resueltos por el ad quem
quien advirtió que la indemnización hecha al señor Luis Felipe Villalba Monsalve
se hizo con apego a la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 28 de
agosto de 2014 y a las decisiones mayoritarias de la sección.
Así las cosas, los fundamentos argüidos por la parte demandante en el escrito de
tutela no tienen la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental. Por el contrario, se
circunscriben a discutir nuevamente el debate zanjado en el proceso ordinario,
donde se concluyó de manera razonable que se cumplían los supuestos
normativos y jurisprudenciales para modificar el quantum de los perjuicios morales
y a la salud, y negar el reconocimiento de los daños materiales del señor Luis
Felipe Villalba Monsalve.
De tal suerte que los argumentos expuestos en esta instancia constitucional no
están justificados en una vulneración a derechos fundamentales, sino a una
inconformidad con una decisión que no es acorde con sus intereses. Esta
situación resulta contraria a la naturaleza del juez constitucional que está llamado
a proteger aquellas garantías fundamentales vulneradas y a proferir decisiones
encaminadas a restablecer las mismas.
Partiendo de lo anterior, se recuerda que el juez de tutela no está llamado a
reemplazar al juez de la causa y a decidir las controversias de las instancias
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ordinarias, máxime si resulta evidente que se trata de una inconformidad con un
aspecto que ya fue resuelto por una autoridad judicial que apunta a convertir la
acción de tutela en una tercera instancia.
Es importante resaltar que el simple hecho de existir diferencias de criterio en la
interpretación de las normas de rango legal no puede implicar calificar una
providencia como arbitraria o caprichosa, ni desconocer que su caso fue estudiado
en el marco de la normativa vigente y la sana crítica.
Se reitera que la afirmación consistente en que se vulneró sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia no conlleva a que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela
revista necesariamente de relevancia constitucional, pues para ello se requiere
que en el escrito inicial medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo que
permita vislumbrar que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce
de un derecho fundamental. Esto, ya que la competencia de este juez se restringe
a la protección efectiva e las garantías constitucionales y no a problemas de
carácter legal o económico, o a estudiar una mera inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales.
2.6. Conclusión
Por las razones expuestas, se declarará la improcedencia de la acción de tutela
porque no se encontró satisfecho el requisito general de la relevancia
constitucional toda vez que la parte actora pretende que el juez constitucional
realice nuevamente el estudio zanjado en el proceso ordinario, contrario a
proponer la vulneración de los derechos fundamentales sobre los que invocó su
protección.
3. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida
por el señor Luis Felipe Villalba Monsalve.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Aclara voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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