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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01378-00

Fecha
30 de abril de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01378-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado dentro de la acción de tutela instaurada por el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón, contra la Presidencia de la República, el Consejo Nacional Electoral, Grupo Keralty, Fundación Sura y los partidos políticos de Centro Democrático, Nuevo Liberalismo, Conservador Colombiano, Cambio Radical, Alianza Verde, Es Así y Partido de la U, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. (Se sugiere, respetuosamente, ajustar los espacios del párrafo). Segundo: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01378-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

30 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN A-
MAGISTRADO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01378-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionados: Presidencia de la República y otros.

Tema: Acción de tutela contra la Presidencia de la República y otros por la
presunta vulneración a los derechos fundamentales a la vida, la salud, igualdad,
debido proceso, participación política y de los principios de transparencia y
rendición de cuentas, presuntamente vulnerados por el posible conflicto de
interés en el debate legislativo de la reforma a la salud.

Decisión: Se declara carencia actual de objeto por hecho superado.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

I. ANTECEDENTES

La Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor Ericsson
Ernesto Mena Garzón, contra la Presidencia de la República, el Consejo
Nacional Electoral, Grupo Keralty, Fundación Sura y los partidos políticos de
Centro Democrático, Nuevo Liberalismo, Conservador Colombiano, Cambio
Radical, Alianza Verde, Es Así y Partido de la U, por el posible conflicto de
intereses en el debate legislativo de la reforma a la salud.

1. HECHOS

El accionante expuso que, el presidente de la República radicó en el mes de
agosto de 2023 ante el Congreso de la República el proyecto de ley «Por la cual
se reforma el Sistema de Salud en Colombia», que buscaba modificar el modelo
actual con Entidades Promotoras de Salud, por uno de atención primaria, con un
enfoque preventivo y territorial.

Manifestó que el mismo fue aprobado por la Cámara de Representantes en el
mes de diciembre de esa anualidad, a pesar de la oposición de algunos partidos
políticos entre los que se encontraban el Centro Democrático, Cambio Radical,
Conservador y Alianza Verde.

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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01378-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

Argumentó que los anteriores partidos se opusieron al proyecto preocupados por
el futuro de las EPS, la inviabilidad financiera del mismo, la falta de consenso
político y la desconfianza en el gobierno. De igual forma, precisó que el proyecto
se encontraba en el momento de presentación de la tutela en debate ante el
Senado de la República.

Además de lo anterior, citó una investigación en la que presuntamente se expuso
la presunta financiación a algunos congresistas de diferentes partidos políticos
por parte de las EPS, así como donaciones de empresas extranjeras, por lo que
consideró que deben analizarse posibles conflictos de interés en relación con el
proyecto de reforma.

El señor Mena Garzón, se refirió a la responsabilidad del Gobierno Nacional y
del Consejo Nacional Electoral, en el sentido de su deber de supervisión y
fiscalización en las financiaciones a los partidos políticos en los procesos
electorales, en particular por parte de empresas extranjeras en cumplimiento de
la ley y de su compromiso con la ética y la transparencia.

En relación a los partidos políticos y a los Grupos Keralty y Sura, considera que
los mismos vulneran derechos fundamentales, los primeros, presuntamente al
recibir donaciones, para el favorecimiento de intereses de particulares y los
segundos, al aparentemente tratar de ejercer en su concepto, una influencia
indebida que afecta la transparencia, la imparcialidad y la legalidad de las
decisiones políticas.

Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«1. Se TUTELE (sic) los Artículos constitucionales dispuestos en los Artículos
constitucionales: Derecho a la salud: Este derecho está consagrado en varios
artículos de la Constitución Política de Colombia, como el artículo 49, que
establece que la atención en salud es un servicio público a cargo del Estado y que
debe garantizar su prestación a todas las personas, sin discriminación alguna.
Otros artículos relevantes incluyen el artículo 48, que reconoce el derecho de toda
persona a acceder a los servicios de salud, y el artículo 365, que dispone que la
salud pública es una obligación del Estado y que todas las personas tienen
derecho a acceder a los servicios de salud y a la seguridad social. Derecho a la
vida: Este derecho está consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política de
Colombia, el cual establece que el derecho a la vida es inviolable y que ninguna
persona puede ser sometida a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes. Derecho a la imparcialidad y objetividad: Este
derecho está implícito en el principio de igualdad ante la ley, consagrado en el
artículo 13 de la Constitución, que prohíbe la discriminación por cualquier motivo.
Los ciudadanos tienen derecho a que sus representantes actúen de manera
imparcial y objetiva en el ejercicio de sus funciones legislativas. Derecho a la
igualdad y no discriminación: Este derecho también está protegido por el artículo
13 de la Constitución, que garantiza el derecho a la igualdad y prohíbe la

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discriminación por cualquier motivo, incluida la condición socioeconómica. Artículo
29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas. Derecho a la participación política efectiva: Este derecho está
reconocido en el artículo 40 de la Constitución, que reconoce el derecho de todos
los ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder
político. Si los senadores actuaron en beneficio de intereses particulares en lugar
de los intereses del pueblo al que representan, se podría argumentar que se ha
vulnerado el derecho a la participación política efectiva de los ciudadanos.
Derecho a la transparencia y rendición de cuentas: Este derecho está respaldado
por el artículo 209 de la Constitución, que establece los principios que rigen la
función administrativa, incluyendo la transparencia y la rendición de cuentas. Los
ciudadanos tienen derecho a que los actos de los funcionarios públicos sean
transparentes y sujetos a rendición de cuentas. 2. Se ORDENE a los partidos
políticos y al CNE efectuar informe donde expongan de manera clara si han
recibido donaciones para sus partidos políticos por parte de entidades
relacionadas con la prestación del servicio de salud en este caso Fundación Sura
Y Grupo Keralty. 3. Se ORDENE a los partidos políticos que desde sus
representantes en el senado y cámara expongan el porque no se han declarado
IMPEDIDOS para los debates que tienen como propósito la adopción de la reforma
a la salud radicada por el gobierno nacional. 4. Se ORDENE al CNE evalúa la
posible financiación de los partidos políticos acá accionados, con recursos
extranjeros lo cual es contrario a la ley y se tomen todas las determinaciones que
esto conlleve a las medidas disciplinarias , jurídicas y penales , de igual manera
adoptar la anulación de las curules de quienes hayan incurrido en acciones
contrarias a la ley. 5. Se ORDENE a Fundación Sura Y Grupo Keralty, presentar
informe que exponga que no han coaccionado a los acá accionados y que
demuestren que los recursos donados a los partidos políticos acá en mención no
provienen de recursos ajenos a Colombia o extranjeros. 6. Se DECRETE MEDIDA
PROVISIONAL a los debates de aprobación de la REFORMA A LA SALUD hasta
determinar la legalidad de la votación de quienes se debieron declarar impedidos
por conflicto de interés y se evalúe una posible nulidad de estas participaciones ,
como quiera que esto afecta el Derecho a la VIDA , LA SALUD Y EL DEBIDO
PROCESO. 7. Se ORDENE a la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA explicar por medio de informe el por qué no se había denunciado
antes los elementos acá plasmados. 8. Se ORDENE al CNE efectuar investigación
y sanción por conflictos de interés: Se solicita que se realice una investigación
exhaustiva para determinar si los funcionarios públicos, incluidos los senadores y
miembros de la Presidencia de la República, han incurrido en conflictos de interés
al participar en los debates y decisiones relacionadas con la reforma a la salud.
En caso de encontrar evidencia de tales conflictos, se pide que se tomen las
medidas disciplinarias y judiciales correspondientes para garantizar la integridad
del proceso legislativo y la protección de los intereses públicos.».

2. INFORMES

La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 8 de abril de
2024, a través del cual se ordenó notificar a la Presidencia de la República,
Consejo Nacional Electoral, Grupo Keralty, Fundación Sura y los partidos

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Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

políticos de Centro Democrático, Nuevo Liberalismo, Conservador Colombiano,
Cambio Radical, Alianza Verde, Es Así y el Partido de la U.

3.1. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República1,
solicitó su desvinculación de la actuación, toda vez que consideró improcedente
la tutela contra el presidente de la República, teniendo en cuenta que el proyecto
de reforma cuestionado lo adelanta el Congreso de la República, que es un
organismo autónomo e independiente, razón por la cual, la presidencia no puede,
en razón de la división de poderes, intervenir en las decisiones de este órgano
legislativo, ni en las del Consejo Nacional Electoral, que sostiene, es la entidad
encargada de investigar los posibles conflictos de interés por parte de los
partidos políticos y los temas referentes a donaciones o apoyos económicos a
los mismos. Por lo anterior, en su concepto, la acción carece de legitimación en
la causa por pasiva con relación al accionado. De igual forma, manifestó que no
ha vulnerado ningún derecho fundamental del accionante, en particular el del
debido proceso, teniendo en cuenta que el proceso objeto de examen no tiene
curso en esa entidad.

3.2 El Partido Nuevo Liberalismo2, manifestó que, a la fecha, la acción es
improcedente, teniendo en cuenta que, como es de público conocimiento, el
proyecto de ley fue archivado, con lo cual, se presentó una carencia actual del
objeto jurídico del amparo, que trae como consecuencia, (citando la Sentencia
T-0023 de 2021 de la Corte Constitucional), que cualquier decisión del juez en
este momento: “caiga en el vacío”. Coincidente con el planteamiento expuesto,
argumentó que, en este caso, con el archivo del proyecto, ya no existen ni las
causas, ni los motivos de presentación de la acción, pues se configuró la
“carencia actual de objeto por hecho superado”, expuesto en la Sentencia de
Unificación SU-2254 de la Corte Constitucional. Asimismo, sostuvo que de
acuerdo con los artículos 185 constitucional, 7º. de la Ley 1828 de 2017 y a la
Sentencia C-2455 de 1996, los congresistas cuentan como garantía de
independencia en su actividad democrática, con la inviolabilidad parlamentaria,

1 Anexo 19, Expediente SAMAI
2 Anexo 14, Expediente SAMAI
3 “La carencia actual de objeto genera la extinción del objeto jurídico de la tutela e implica

que cualquier orden proferida por el juez caería en el vacío. Esta figura puede generarse por: i)
el hecho superado; ii) el daño consumado; y, iii) la situación sobreviniente.”. (Negrilla fuera de
texto)
4 “La carencia actual de objeto por hecho superado se configura cuando entre el momento de la

interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensión
contenida en la demanda de amparo. En otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante
la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna (…)”

5 Corte Constitucional. Sentencia C-245 del 3 de junio de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

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razón por la cual, no pueden ser perseguidos en razón de sus votaciones u
opiniones en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, aclaró que, con relación a
los presuntos conflictos de interés por parte de los parlamentarios cuestionados,
la competencia para su conocimiento es de la Comisión de Ética del Congreso
de la República. Concluyendo, indicó, además, que no existe prueba de la
vulneración de los derechos reclamados, ni mucho menos su puesta en peligro,
por lo que solicitó negar la totalidad de las pretensiones del accionante.

Las demás partes accionadas no rindieron informe.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos, el problema jurídico se
circunscribe a determinar si la Presidencia de la República, el Consejo Nacional
Electoral, Grupo Keralty, Fundación Sura y los partidos políticos de Centro
Democrático, Nuevo Liberalismo, Conservador Colombiano, Cambio Radical,
Alianza Verde, Es Así y Partido de la U, vulneraron los derechos fundamentales
accionados, por el posible conflicto de intereses en el debate legislativo de la
reforma a la salud.

3. Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991,
reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política, «Toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señala este decreto».

Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección inmediata,
oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o vulneración, de los

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derechos fundamentales, por la acción u omisión de las autoridades públicas, o
de los particulares en casos concretos y excepcionales.

La acción, sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales que
permitan proteger los derechos fundamentales del tutelante, salvo que se
interponga como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable.

4. Caso concreto

En el presente asunto, el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón invocó la
protección de los derechos fundamentales a la vida, la salud, igualdad, debido
proceso, participación política y de los principios de transparencia y rendición de
cuentas, presuntamente vulnerados por el posible conflicto de interés de algunos
congresistas y partidos políticos en el marco del debate legislativo de la reforma
a la salud, así como la presunta inacción en relación a la situación planteada, por
parte de la Presidencia de la República y el Consejo Nacional Electoral.

En ese entendido, del análisis de las piezas procesales6 que reposan en el
expediente se puede evidenciar lo siguiente:

• El 13 de agosto de 2023, la Presidencia de la República radicó ante el
Congreso de la República el proyecto de ley «Por la cual se reforma el
Sistema de Salud de Colombia».

• El 6 de diciembre de 2023, la Cámara de Representantes aprobó dicho
proyecto de ley.

• El día 20 de marzo de 2024, el accionante presentó escrito de tutela
por la presunta vulneración a los derechos fundamentales ya citados.

• El día 37 de abril de 2024, la Comisión Séptima del Senado de la
República, decidió con 9 votos a favor y 5 en contra, ARCHIVAR el
proyecto de reforma, lo que, con fundamento en la Ley 5 de 1992
imposibilita la continuidad del debate legislativo a los congresistas.

6 La información relacionada fue consultada en el aplicativo de SAMAI dentro del proceso con

radicado núm. 11 0 0 1 - 0 3 - 1 5 - 0 0 0 - 2 0 2 4 - 0 1 3 7 8 - 0 0
7 https://www.senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/5357-en-la-comision-septima-del-
senado-se-hundio-la-reforma-a-la-salud

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• Mediante auto del 8 de abril de 2024, se admitió la acción de tutela.

Al hacer un recuento de los hechos se observa que en el caso concreto hay una
carencia actual de objeto, ya que, como se puede advertir, el proyecto de ley
cuyo trámite presuntamente generó una vulneración de los derechos
constitucionales del demandante fue archivado, de manera tal que las causas
que incidían en la presentación de la acción de tutela finalizaron, razón por la
cual la Sala considera que se configuró en este caso la carencia actual de objeto
por hecho superado.

Ahora bien, resulta fundamental indicar que la carencia actual de objeto por
hecho superado puede presentarse cuando la circunstancia que reporta la
conculcación del derecho desaparece, situación en la cual, la medida que
adopte el juez de tutela carece de efecto, pues nada contrariaría más la lógica,
que proferir una orden frente a una realidad que en la actualidad se torna en
inexistente, o contravenir la decisión que al respecto se haya proferido en
instancias diferentes a la del juez constitucional.

En este sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional en los siguientes
términos:

«Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la
Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la acción
de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de los derechos
fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos
expresamente consagrados en la ley.

Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el
mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita,
administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere
pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han
amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa actual
y cierta de los mismos.

No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o
vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción
de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado y expedito de
protección judicial, por cuanto a que la decisión que pudiese adoptar el juez
respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente
contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción»4.

Lo anterior, bajo la excepción de aquellos casos en los que, aunque las pruebas
aportadas al proceso de tutela demuestren que en apariencia el hecho generador
de la acción ha sido superado, en el fondo este se encuentra aún vulnerado o no
totalmente agotado, a la luz de las garantías constitucionales, de acuerdo con la

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interpretación que en derecho realice el juez de tutela de la situación en concreto
y su «posible superación».

Así las cosas, concluye esta Subsección que al haber sido archivado el proyecto
de ley, se superó la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la
vida, la salud, igualdad, debido proceso, participación política y de los principios
de transparencia y rendición de cuentas, presuntamente desconocidos por el
posible conflicto de interés en el debate legislativo de la reforma a la salud,
máxime cuando el accionante tampoco probó efectivamente dicha vulneración
por parte de los accionados, ni utilizó los recursos que la ley prevé para que los
ciudadanos puedan demandar las presuntas conductas mencionadas, tanto en
relación a los congresistas, como a las empresas con las que se presentaba el
presunto conflicto de interés, antes de acudir a la acción de tutela.

En consecuencia, procede la Sala a declarar la carencia actual de objeto por
hecho superado, toda vez que cualquier decisión que esta Sala de Decisión dicte
resultaría inane frente a lo pretendido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado dentro
de la acción de tutela instaurada por el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón,
contra la Presidencia de la República, el Consejo Nacional Electoral, Grupo
Keralty, Fundación Sura y los partidos políticos de Centro Democrático, Nuevo
Liberalismo, Conservador Colombiano, Cambio Radical, Alianza Verde, Es Así y
Partido de la U, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia. (Se sugiere, respetuosamente, ajustar los espacios del párrafo).

Segundo: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA.

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