Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01379-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01379-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01379-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
25 de abril de 2024
Accionante: Natalia Quiroz Restrepo
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01379-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01379-00
Demandante: NATALIA QUIROZ RESTREPO
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y OTRO
Tema: Tutela de fondo. Vacaciones individuales de empleados
judiciales.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en ejercicio
de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y desarrollada
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de la
Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Mediante escrito radicado el 20 de marzo de 2024 1 , la señora Natalia Quiroz
Restrepo, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela contra el Consejo
Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la
Dirección Seccional de Administración Judicial Antioquia, con el objetivo de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad
humana e igualdad.
Estimó que dichas garantías fueron vulneradas por cuanto las accionadas no han
efectuado la asignación de disponibilidad presupuestal para el reemplazo en el
cargo de oficial mayor en el Juzgado 33 Penal Municipal de Medellín, de modo
que ella pueda acceder oportunamente a sus vacaciones.
1 Ver: índice 2. Aplicativo SAMAI.
1
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1.2. Pretensiones
En consecuencia, el actor solicitó:
PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales al trabajo en condiciones
dignas, descanso e igualdad, que se me viene vulnerando por parte de CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION NACIONAL y DIRECCION SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL ANTIOQUIA.
SEGUNDO: SE ORDENE al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION NACIONAL y DIRECCION
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ANTIOQUIA que dentro de las 48
horas siguientes a la notificación del fallo, inicie las acciones pertinentes en aras
de garantizar la provisión de los recursos y proceda a expedir el respectivo
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL para REEMPLAZO DE
VACACIONES en el cargo de oficial mayor que ostento en el período comprendido
del veintidós (22) de abril hasta al cuatro (04) de junio de 2024, ambas fechas
inclusive. JURAMENTO
Bajo la gravedad del juramento me permito manifestarle que por los mismos
hechos y derechos no he presentado petición similar, en conjunto o
individualmente, ante ninguna autoridad judicial. 2
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
1.3. Hechos
La parte actora afirmó que es servidora pública vinculada a la Rama Judicial en el
cargo de oficial mayor en propiedad desde el 24 de marzo de 2017, en el Juzgado
33 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Medellín.
Señaló que, cuenta con dos periodos de vacaciones que no ha podido gozar de
forma efectiva, los cuales fueron causados desde el 01 de julio de 2021 al 30 de
junio de 2022 y desde el 01 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023.
Explicó que en aras de hacer efectivo su derecho a las vacaciones, diligenció el
formulario respectivo y solicitó3 el certificado de disponibilidad presupuestal que
permitiera el disfrute y goce de sus vacaciones desde el 08 de abril de 2024 hasta
el 21 de mayo de 2024.
Narró que, el día 07 de febrero, el coordinador del área Financiera expidió el
respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal; no obstante, debido a
cuestiones personales, solicitó aplazar este periodo.
Indicó que lo concerniente a la petición de reemplazo, se le informó que éste sería
remitido para finales de febrero cuando se adicionen las apropiaciones
2
Transcripción literal del acápite de pretensiones del libelo. Ver: Archivo No. 002 del índice.
Aplicativo SAMAI.
3
No se especificó la fecha en que se radicó la solicitud.
2
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presupuestales para este rubro, pues a la fecha en que se envió dicho memorial
no había disponibilidad presupuestal.
Especificó que el despacho al que se encuentra vinculada se encuentra
conformado por tres empleados. Aunque su supervisor no le ha negado el derecho
a tomar vacaciones, debido a la urgencia del servicio, no ha podido disfrutarlas
hasta que se emita el certificado de disponibilidad presupuestal necesario para
designar a una persona que la reemplace.
1.4. Sustento de la petición
La tutelante argumentó que la entidad acusada infringió sus derechos
fundamentales al ignorar que las vacaciones son un derecho natural del
trabajador. Por lo tanto, imponer restricciones administrativas que obstaculicen su
goce constituye una carga excesiva para el empleado que ha cumplido con todos
los requisitos para obtener este beneficio.
1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones
Mediante auto del tres (03) de abril de dos mil veinticuatro (2024), el presente
despacho admitió la solicitud de tutela y ordenó notificar la decisión al Consejo
Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Nacional y a la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín (Antioquia), con el
objeto de que ejerzan su derecho de contradicción dentro del presente trámite
constitucional. Asimismo, ordenó informar lo anterior al Juzgado 33 Penal
Municipal de Medellín, en calidad de tercero con interés en las resultas del
proceso.
Remitidas las respectivas comunicaciones, se allegaron al proceso las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Consejo Superior de la Judicatura4
La magistrada auxiliar de la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura,
rindió informe en el que afirmó que su participación dentro del presente trámite
constitucional configura la excepción de falta de legitimidad en la causa por
pasiva.
La anterior solicitud fue fundada en el argumento de que la entidad no es la
obligada a cumplir las órdenes destinadas al amparo de los derechos
fundamentales de la accionante, por cuanto quien tiene la competencia para
expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que alega la misma, es la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín (Antioquia).
4
Ver: Ítem 8.
3
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1.5.2. Juzgado 33 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento5
El director del despacho se presentó como coadyuvante de la accionante, tras
plantear que la señora Quiroz Restrepo tiene derecho al disfrute y goce de los
periodos vacacionales que tiene causados.
Por lo anterior, solicitó que las entidades accionadas dispongan de la partida
presupuestal para lograr la vinculación de una persona que supla las labores de la
señorita Quiroz Restrepo mientras se encuentra en su periodo vacacional, pues, si
el cargo de la accionante queda vacante, se afectaría la eficiente prestación del
servicio de administración de justicia.
Así las cosas, el nominador de la accionante solicitó que se conceda el amparo
constitucional y se ordene proferir la partida presupuestal para el nombramiento de
personal en reemplazo de la señora Quiroz Restrepo, mientras disfruta de sus
vacaciones programadas en el interregno del 22 de abril al 04 de junio del hogaño.
1.5.3. Dirección Seccional de Administración Judicial Medellín (Antioquia)6
La directora seccional de la entidad allegó pronunciamiento por medio del cual
afirmó que la Dirección de Administración Judicial de Medellín (Antioquia), por ser
una entidad que depende del presupuesto nacional, no cuenta con presupuesto
propio, y en consecuencia, considera que la accionante debe solicitar a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central en Bogotá que
allegue las apropiaciones correspondientes para suplir su vacancia durante el
periodo vacacional que tiene causado.
En este sentido, afirmó que la Dirección Seccional no tiene el deber correlativo de
satisfacer los derechos fundamentales invocados por la accionante, de tal suerte
que solicitó declarar la improcedencia de la tutelante.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la primera instancia de la acción de
tutela adelantada contra la sentencia del 30 de noviembre de 2023 dictada por el
Tribunal Administrativo de Santander, según lo previsto en los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 20157, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. El Consejo Superior de la Judicatura solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, petición que será denegada. Esto, debido a
que a esta entidad se le comunicó la existencia del presente asunto en atención al
5
Ver: ítem 9.
6
Ver: Ítem 10 cargado en el aplicativo SAMAI.
7
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
4
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posible interés que le asiste en las resultas de este trámite, más no como aquella
contra la cual se dirijan los reparos expuestos por el actor.
2.2.2. El director del Juzgado 33 Penal Municipal Con Funciones de
Conocimiento, solicitó que su intervención sea estudiada como coadyuvancia a
las pretensiones de la acción. Al respecto, la sala accederá a la petición,
entendiendo la relación jurídico sustancial existente entre la accionante y el
despacho, lo cual encuadra de forma fáctica dentro de lo previsto en el artículo 13
del Decreto 2591 de 1991.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala analizar si las entidades accionadas vulneraron los
derechos al trabajo, dignidad humana e igualdad, debido a que se le negó el
disfrute de las vacaciones bajo los argumentos de la necesidad del servicio y la
renuencia a proferir el certificado de disponibilidad presupuestal.
Para resolver este problema, se observarán los siguientes aspectos: i)
generalidades de la acción de tutela y ii) análisis del caso concreto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política prevé el precepto constitucional según el
cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces
la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean
violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de
los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en
el artículo 6.º ibid., entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se
alega amenazado o vulnerado.
2.5. Caso concreto
La parte actora considera vulnerados sus derechos fundamentales invocados por
cuanto la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín
(Antioquia) no expidió el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal para
designar a la persona que la reemplace en el cargo de oficial mayor durante el
tiempo que disfruta de sus vacaciones.
De la revisión del material probatorio obrante en el plenario se constató que, en
efecto, la directora seccional de Administración Judicial de Medellín (Antioquia),
mediante oficio identificado con el serial DESAJMEO24-998, de fecha 12 de
marzo de 2024, solicitó a la directora ejecutiva de Administración Judicial la
adición presupuestal para los rubros de planta transitoria denominado capítulo
remplazo por vacaciones, con el objeto de dar cumplimiento a la sentencia SU-
5
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296 de 2023.
«Asimismo, se identificó que el Coordinador del Área Financiera de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín – Antioquia expidió C.D.P. 009524 con el
objetivo de cancelar dos periodos de vacaciones y primas vacacionales a la señora Quiroz
Restrepo, desde el 08 de abril de 2024 al 21 de mayo de 2024. Lo anterior, en los siguientes
términos:
Que por medio de la ley 2342 del 15 de diciembre de 2023 y el Decreto de liquidación 2295
de Diciembre 29 de 2023, se aprueba el presupuesto de Rentas y Recursos de Capital de
apropiaciones para la vigencia fiscal del año 2024, por lo tanto, existen recursos para
Servicios Personales de la Rama Judicial Antioquia, por lo cual se expide disponibilidad
presupuestal para cancelar dos periodo de vacaciones y primas vacacionales, a partir del
08/04/2024 al 21/05/2024, al servidor(a) NATALIA QUIROZ RESTREPO, Oficial Mayor
Juzgado Treinta y Tres Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Medellín.»8
En similar sentido, se observa en el escrito de tutela que la accionante solicitó
aplazar sus vacaciones, sin embargo, para dicho momento no se expidió el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
En este caso, los argumentos de la accionante están dirigidos contra la decisión
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín,
(Antioquia), pues, a su juicio, la negativa de asignar presupuesto para nombrar su
reemplazo es la que evita que pueda acceder al disfrute del descanso
remunerado.
De modo que las pretensiones del tutelante están dirigidas específicamente a que
se ordene a dicha entidad realizar la apropiación de las partidas presupuestales
correspondientes para la designación de su reemplazo y emitir el respectivo
certificado de disponibilidad presupuestal.
Al respecto, tal entidad afirmó que no cuentan con un presupuesto propio que
permita expedir dicho certificado y satisfacer los derechos fundamentales de la
accionante; no obstante, esta perspectiva se desvirtúa mediante el precitado
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 009524, suscrito por el coordinador del
Área Financiera de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial.
En este sentido, se encuentra demostrado que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín (Antioquia), contrario a lo mencionado en su
intervención, tiene la capacidad de proferir el certificado de disponibilidad
presupuestal para que la entidad sufrague las vacaciones de la accionante y los
emolumentos a los que haya lugar, con ocasión al nombramiento de su
reemplazo.
Con relación a lo anterior, la Sala resalta la importancia del descanso como un
derecho fundamental inherente al trabajador que actúa como un mecanismo vital
para la renovación tanto física como intelectual del empleado. En consecuencia,
el descanso no solo protege la salud del trabajador, sino que también potencia su
dedicación y rendimiento en el desarrollo de sus actividades laborales.
8
Transcripción literal, con posibles errores.
6
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Es por esto que, impedir el goce del mencionado derecho con fundamento en
restricciones administrativas, no es una carga que la señora Quiroz Restrepo
deba soportar, pues jurisprudencial y legalmente se ha considerado que las
vacaciones constituyen una prerrogativa que tienen todos los empleados, por lo
que no puede ser trasgredido en función del servicio. Tan es así, que esta
corporación ha amparado el derecho fundamental al descanso en acciones de
tutelas con similares supuestos fácticos.9
Según se tiene, la tutelante busca que se garantice el goce o disfrute material del
periodo al que tiene derecho por concepto de vacaciones que, por razones de
presupuesto y necesidad del servicio, no se ha materializado. Sin embargo, los
argumentos de la necesidad del servicio y la omisión de la dirección seccional
accionada de autorizar el rubro presupuestal correspondiente no son suficientes
para desconocer el disfrute de tal derecho.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el carácter fundamental de dicha garantía fue
reconocido por la Corte Constitucional, sin que sea válido oponer trabas
administrativas que afecten el núcleo fundamental de esta garantía. En
concordancia con lo anterior, la Organización Internacional del Trabajo
estableció10 que «se considerará nulo todo acuerdo que implique el abandono del
derecho a vacaciones anuales pagadas o la renuncia a las mismas».
En efecto, la Sala reconoce la urgencia del servicio que enfrentaría el Juzgado 33
Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Medellín debido a la ausencia
de uno de sus empleados; por lo tanto, es imperativo que la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín (Antioquia) tome las medidas
necesarias para garantizar que este despacho pueda cumplir con sus funciones,
sin que ello implique una afectación o restricción de los derechos laborales de los
servidores judiciales, como se observó en el caso objeto de autos donde
flagrantemente se vulnera el goce y disfrute del derecho a las vacaciones que
adquirió la señora Quiroz Restrepo.
En suma, la autoridad cuestionada no puede argumentar obstáculos de índole
administrativo al accionante que le impida ejercer sus derechos fundamentales.
Lo anterior, considerando especialmente que escapa de la esfera del deber de los
empleados soportar las cargas presupuestales y organizacionales de la
administración, para proveer el reemplazo del cargo durante su ausencia
temporal, sin afectar la eficiencia en la prestación del servicio de administración
de justicia.
Así, restringir el derecho al disfrute de las vacaciones de la señora Quiroz
Restrepo por cuenta de limitaciones de carácter administrativo, no es una carga
que deba soportar un servidor judicial, máxime si se tiene en cuenta que en la
9
Consultar, entre otras, las sentencias de 2 de noviembre de 2023, M.P. Omar Joaquín Barreto
Suárez, rad. 11001-03-15-000-2023-05393-00, 19 de octubre de 2023, M.P. Luis Alberto Álvarez.
Parra, rad. 11001-03-15-000-2023-05130-00 y 3 de agosto de 2023, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil, rad. 11001-03-15-000-2023-03463-00.
10
Convenio 52 de la OIT, aprobado mediante la Ley 54 de 1962 y ratificado por Colombia el 7 de
junio de 1963.
7
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misma Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011, expedida por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se exige solo al interesado
reportar ante el Consejo Seccional la correspondiente programación de
vacaciones, para que sea incluido en los turnos.
En ese sentido, una vez cumplido el tiempo de servicios para acceder al disfrute
del derecho, el empleado debe comunicar al nominador sobre la programación de
las vacaciones, sin que deba resolver problemas de tipo presupuestal o
administrativo, para poder acceder al descanso remunerado. Es decir, la
administración no puede trasladar en ellos su propia función.
En consecuencia, es evidente que existe vulneración del derecho fundamental al
descanso por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Medellín (Antioquia).
De otro lado, se tiene que la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura profirió la Circular PSAC-0589 de 18 de noviembre de
2005, cuyo asunto fue la «asignación de recursos para reemplazos por
vacaciones del personal titular en los despachos judiciales, excepto los juzgados
del sistema penal acusatorio».
A su vez, en la Circular 44 de 12 de mayo de 2005 se estableció el procedimiento
para la programación de vacaciones individuales de los servidores judiciales del
Sistema Penal Acusatorio. No obstante, el 23 de noviembre de 2013, el Consejo
Superior de la Judicatura, Sala Administrativa expidió la Circular PSAC11-44, que
señaló de manera expresa la derogatoria de lo establecido en las referidas
circulares:
«...para efectos de no incluir condicionamientos para el nombramiento de
reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales, que se encuentran
sujetos al régimen de vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de este
derecho, para lo cual deberán seguir el procedimiento [que] aquí se señala y que
permitirá gestionar los recursos para el nombramiento en provisionalidad de los
reemplazos, cuando haya lugar a ello».
Ahora, si bien dicha circular está dirigida a los nominadores de la Rama Judicial
(jueces y magistrados) y a los directores seccionales de Administración Judicial,
su asunto trata de «vacaciones de los funcionarios judiciales del Régimen de
Vacaciones Individuales”. Entonces, no dispuso el procedimiento que debía
realizarse para la solicitud de reemplazos por vacaciones del personal de los
demás despachos.
Aun cuando la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura emitió
una circular en la que señaló directrices dirigidas a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial del país atinentes a la programación de vacaciones de los
funcionarios judiciales y la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal para garantizar los reemplazos, la omisión de establecer un
procedimiento para el efecto no puede servir de fundamento para
desconocer el derecho al descanso.
8
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Es claro entonces que, salvo las excepciones legales, todo empleado público
tiene derecho a disfrutar de descanso remunerado, por cada año de servicios
prestado en cualquiera de las entidades del Estado (artículos 8º Decretos 3135 de
1968 y 1045 de 1978).
En cuanto a los servidores judiciales, las vacaciones se encuentran establecidas
en el artículo 146 de la Ley 270 de 199611, de modo que los empleados de los
Juzgados Penales Municipales pertenecen al régimen de vacaciones individuales,
que deben ser concedidas por el respectivo nominador, según las necesidades
del servicio, por el término de 22 días continuos por cada año de servicios.
Bajo este contexto, la Sala amparará los derechos fundamentales al trabajo, a la
igualdad, a la salud y al descanso real, efectivo y remunerado de la señora Natalia
Quiroz Restrepo y, en consecuencia, dispondrá:
i) Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Medellín (Antioquia) que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contado a
partir de la notificación de la presente providencia, si aún no lo hubiere hecho,
solicite a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central
(Unidad de Planeación o a la dependencia que corresponda), la provisión de los
recursos necesarios para que el Juzgado 33 Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de Medellín adopte las medidas que se requieren para que la
señora Natalia Quiroz Restrepo goce de sus vacaciones. La Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial del Nivel Central dispondrá de cinco (5) días hábiles,
contados a partir de la solicitud que realice el director seccional, para proveer los
mencionados recursos.
ii) Una vez la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central
otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín (Antioquia), esta última entidad le deberá
comunicar al Juzgado 33 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de
Medellín quien a su vez deberá, en un término no mayor de cuarenta y ocho (48)
horas, contado a partir de dicha comunicación, adoptar las medidas que
correspondan para que la tutelante pueda gozar de su derecho al descanso, sin
que se vea afectada la prestación del servicio de administración de justicia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación propuesta por el Consejo
Superior de la Judicatura.
SEGUNDO: Acéptase la solicitud de coadyuvancia presentada por el titular del
Juzgado 33 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento.
11
Estatutaria de la Administración de Justicia.
9
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TERCERO: Amparánse los derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad y a la
dignidad humana de la señora Natalia Quiroz Restrepo.
CUARTO: Ordénase a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Medellín (Antioquia) que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contado a
partir de la notificación de la presente providencia, si aún no lo hubiere hecho,
solicite a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central
(Unidad de Planeación o a la dependencia que corresponda), la provisión de los
recursos necesarios para que el Juzgado 33 Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de Medellín adopte las medidas que se requieren para que la
accionante goce de sus vacaciones. La Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial del Nivel Central dispondrá de cinco (5) días hábiles, contados a partir de
la solicitud que realice el director seccional, para proveer los mencionados
recursos.
Una vez la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central otorgue
los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín (Antioquia), esta última entidad le deberá comunicar al
Juzgado 33 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Medellín, quien a
su vez deberá, en un término no mayor de cuarenta y ocho (48) horas, contado a
partir de dicha comunicación, adoptar las medidas que correspondan para que la
tutelante pueda gozar de su derecho al descanso, sin que se vea afectada la
prestación del servicio de administración de justicia.
QUINTO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
SEXTO: De no ser impugnada la presente providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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