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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01379-01

Fecha
6 de junio de 2024
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01379-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia del 25 de abril de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, objeto de impugnación. 2. Enviar la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01379-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

6 de junio de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01379-01
Demandante: Natalia Quiroz Restrepo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01379-01
Demandante: NATALIA QUIROZ RESTREPO
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL Y OTRO

Temas: Vacaciones individuales del Régimen Especial de la Rama
Judicial. Falta de disponibilidad presupuestal. Derecho al
descanso remunerado.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demanda, contra la providencia
del 25 de abril de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta que resolvió:
«PRIMERO: Deniéguese la solicitud de desvinculación propuesta por el Consejo Superior
de la Judicatura.

SEGUNDO: Acéptese la solicitud de coadyuvancia presentada por el titular del Juzgado
33 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento.

TERCERO: Ampárense los derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad y a la
dignidad humana de la señora Natalia Quiroz Restrepo.

CUARTO: Ordénese a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Medellín (Antioquia) que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de
la notificación de la presente providencia, si aún no lo hubiere hecho, solicite a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central (Unidad de Planeación o a la
dependencia que corresponda), la provisión de los recursos necesarios para que el
Juzgado 33 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Medellín adopte las
medidas que se requieren para que la accionante goce de sus vacaciones. La Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central dispondrá de cinco (5) días hábiles,
contados a partir de la solicitud que realice el director seccional, para proveer los
mencionados recursos. Una vez la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel
Central otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Medellín (Antioquia), esta última entidad le deberá comunicar
al Juzgado 33 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Medellín, quien a su
vez deberá, en un término no mayor de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de
dicha comunicación, adoptar las medidas que correspondan para que la tutelante pueda
gozar de su derecho al descanso, sin que se vea afectada la prestación del servicio de
administración de justicia.»

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 20 de marzo de 2024, la señora Natalia Quiroz Restrepo, en nombre propio, ejerció
acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Dirección Seccional de Administración Judicial Antioquia,

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Demandante: Natalia Quiroz Restrepo

por considerar vulnerados los derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad
humana y a la igualdad. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas,
descanso e igualdad, que se me viene vulnerando por parte de CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION NACIONAL y
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ANTIOQUIA.

SEGUNDO: SE ORDENE al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION NACIONAL y DIRECCION
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ANTIOQUIA que, dentro de las 48
horas siguientes a la notificación del fallo, inicie las acciones pertinentes en aras de
garantizar la provisión de los recursos y proceda a expedir el respectivo CERTIFICADO
DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL para REEMPLAZO DE VACACIONES en el
cargo de oficial mayor que ostento en el período comprendido del veintidós (22) de abril
hasta al cuatro (04) de junio de 2024, ambas fechas inclusive.»

2. Hechos:

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

La señora Natalia Quiroz Restrepo manifestó que está vinculada en propiedad en el
cargo de Oficial Mayor en el Juzgado Treinta y Tres Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de Medellín, desde el 24 de marzo de 2017.

Indicó que, cuenta con dos periodos de vacaciones que no ha podido gozar de forma
efectiva, los cuales fueron causados entre el 1° de julio de 2021 y el 30 de junio de
2022 y el 1°de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023.

Explicó que, en aras de hacer efectivo el derecho al descanso, el 25 de enero de 2024,
diligenció el formulario respectivo y solicitó el certificado de disponibilidad presupuestal
para el nombramiento de una persona en su reemplazo durante el periodo de
vacaciones que pretendía disfrutar, desde el 8 de abril de 2024 hasta el 21 de mayo
de 2024. El 7 de febrero, el coordinador del área Financiera expidió el respectivo
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, no obstante, debido a cuestiones
personales, solicitó aplazar el periodo de descanso para disfrutarlo del 22 de abril de
2024 al 21 de mayo de 2024.

Sin embargo, se le informó que la solicitud de reemplazo sería remitida nuevamente
para estudio a finales de febrero de 2024 “cuando se adicionen las apropiaciones
presupuestales para ese rubro. Igualmente, de aportar el estudio de vacaciones que expide
asuntos laborales; sin embargo, a la fecha no hay disponibilidad presupuestal para tales
efectos”.

La demandante destacó que, aunque su nominador no le ha negado el periodo de
descanso, ni lo ha condicionado a la autorización de la partida presupuestal de
reemplazo, es realmente necesaria la apropiación de la partida presupuestal para la
designación de un reemplazo debido a que el juzgado cuenta con una planta de
personal muy pequeña, lo que implica que su ausencia sin un reemplazo repercuta en
el debido funcionamiento del despacho.

3. Argumentos de la tutela

La demandante manifestó que le fueron vulnerados los derechos fundamentales
invocados en la medida en que la entidad demandada omitió que las vacaciones son
un derecho natural del trabajador.

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Demandante: Natalia Quiroz Restrepo

Por lo tanto, imponer restricciones administrativas que obstaculicen su goce constituye
una carga excesiva para el empleado que ha cumplido con todos los requisitos para
obtener este beneficio.

Señaló que, el despacho judicial para el cual labora requiere para el adecuado
funcionamiento y la debida administración de justicia, la presencia y trabajo de todos
sus empleados y, por ende, la asignación presupuestal para que el nominador pueda
nombrar a alguien en su reemplazo y permitir que el funcionamiento del juzgado
continue con normalidad.

En general, sostuvo que la decisión que adoptaron las entidades de negar el disfrute
de las vacaciones a las que tiene derecho, vulnera los derechos fundamentales
invocados y le impide disfrutar del descanso causado a su favor.

4. Trámite previo

En providencia del 3 de abril de 2024, el Consejo de Estado, Sección Quinta admitió
la solicitud de amparo, ordenó notificar a las partes y a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Antioquia, como tercera con interés.

5. Oposiciones

La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura solicitó que se declare la falta
de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no es la entidad obligada a
cumplir las órdenes destinadas al amparo de los derechos fundamentales de la
accionante, por cuanto quien tiene la competencia para expedir el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal que alega la misma, es la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Medellín (Antioquia).

La Dirección Seccional de Administración Judicial Medellín (Antioquia) explicó
que por ser una entidad que depende del presupuesto nacional, no cuenta con
presupuesto propio, y, en consecuencia, considera que la actora debe solicitar a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central en Bogotá que allegue
las apropiaciones correspondientes para suplir su vacancia durante el periodo
vacacional que tiene causado.

6. Intervención

Por su parte el Juzgado Treinta y Tres Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de Medellín indicó que coadyuva las pretensiones de la demandante,
dado que la señora Quiroz Restrepo tiene derecho al disfrute y goce de los periodos
vacacionales que tiene causados, razón por la que es necesario que se disponga la
partida presupuestal para lograr la vinculación de una persona que supla las labores
de la empleada, mientras se encuentre en su periodo vacacional, pues, si el cargo
queda vacante, se afectaría la eficiente prestación del servicio de administración de
justicia.

Así las cosas, el juez en calidad de nominador, solicitó que se conceda el amparo
constitucional y se ordene proferir la partida presupuestal para el nombramiento del
personal en reemplazo.

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7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia del 25 de abril de 2024, amparó
los derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad y a la dignidad humana de la
señora Natalia Quiroz Restrepo, en consecuencia, ordenó a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Medellín (Antioquia) que, en un plazo de
cuarenta y ocho horas, contado a partir de la notificación de la decisión, si aún no lo
hubiere hecho, solicite a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel
Central (Unidad de Planeación o a la dependencia que corresponda), la provisión de
los recursos necesarios para que el Juzgado Treinta y Tres Penal Municipal con
Funciones de Conocimiento de Medellín adopte las medidas que se requieren para
que la actora goce de sus vacaciones.

Indicó que, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central disponía
de cinco días hábiles, contados a partir de la solicitud que realizara el director
seccional, para proveer los mencionados recursos y, una vez la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial del Nivel Central otorgara los recursos solicitados por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín (Antioquia), esta
última entidad comunicará al Juzgado Treinta y Tres Penal Municipal con Funciones
de Conocimiento de Medellín, quien a su vez debería, en un término no mayor de
cuarenta y ocho horas, contado a partir de dicha comunicación, adoptar las medidas
que correspondan para que la tutelante pueda gozar del derecho al descanso, sin que
se vea afectada la prestación del servicio de administración de justicia.

Todo lo anterior al considerar que, salvo las excepciones legales, todo empleado
público tiene derecho a disfrutar de descanso remunerado, por cada año de servicios
prestado en cualquiera de las entidades del Estado, en el caso en particular de la
actora que es empleada de los Juzgados Penales Municipales pertenece al régimen
de vacaciones individuales, que deben ser concedidas por el respectivo nominador,
según las necesidades del servicio, por el término de 22 días continuos por cada año
de servicios.

8. Impugnación

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín impugnó la
decisión de primera instancia y solicitó que, en su lugar, se morigere o revoque la
misma, dado que, el 29 de abril de 2024, con ocasión de los recursos situados por la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, expidió el CDP 124 requerido por la
tutelante. En todo caso, explicó que no es la entidad que debe ser señalada como
responsable de la decisión del nominador de no autorizar el disfrute de vacaciones de
la empleada accionante; agregó que, desde el Nivel Central se emiten directrices, en
donde se deja sin atender concreta y claramente este tipo de situaciones, lo cual,
también ocasiona traumatismos en la gestión del recurso financiero que es asignado
para el desarrollo de la función de administrar.

Asimismo, resaltó que proceder a la expedición de CDP para cubrir los gastos por
reemplazo del empleado reviste una complejidad, que, no está en manos de la
ordenadora del gasto superarla, toda vez que los bienes y recursos que tienen por
función administrar, dependen de los fondos que se sitúen desde la Dirección Ejecutiva
del Nivel Central y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Explicó que, debe tomar medidas de carácter administrativo que permitan el cabal
manejo de los recursos, su correcta aplicación y utilización, de tal forma que pueda
garantizarse el funcionamiento del servicio público de administración de justicia con el

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menor traumatismo posible, medidas que obligan un manejo y distribución eficiente de
los recursos, por lo que se hace estrictamente necesario, entre otros, que quienes
pretendan gozar efectivamente de su derecho legal y constitucional al descanso,
deben presentar con al menos dos meses de antelación su solicitud de expedición de
CDP, tanto para el pago de vacaciones y primas de vacaciones, como para el remplazo
de quien se ausentará para descansar, ello, con el fin de que la Dirección Seccional
tenga oportunidad de solicitar las adiciones presupuestales que resulten necesarias,
toda vez que dicho trámite y gestión debe llevarse a cabo durante los primeros seis
días de cada mes.

Resaltó que no resulta procedente cuestionar las decisiones que deban ser tomadas
y ejecutadas para formular y aplicar restricciones presupuestales, así como tampoco
es dable que el juez de tutela decida en todos los asuntos públicos de orden
presupuestal, pues, ello estaría abiertamente en contravía de la Constitución Política,
porque los jueces de tutela no pueden ordenar apropiaciones del gasto del
presupuesto nacional, como si reemplazaran a las autoridades y procedimientos
previstos para ello.

Además de lo anterior, informó que en cumplimiento del fallo de tutela de primera
instancia, se remitió el oficio DESAJMEO24-1731 al Juez Treinta y Tres Penal
Municipal con Funciones de Conocimiento de Medellín, mediante el cual informó que
fue expedido el CDP124, para cubrir el reemplazo de la señora Quiroz Restrepo y
dicha información se notificó al nominador el 29 de abril de 2024.

9. Trámite segunda instancia

En razón a la informalidad de la acción de tutela, el 27 de mayo de 2024, el personal
del Despacho sustanciador se comunicó con la señora Quiroz Restrepo al número
celular aportado con el escrito de tutela y manifestó que en cumplimiento del fallo de
tutela de primera instancia se encuentra en los últimos días de su periodo de descanso.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Problema Jurídico

Conforme con los argumentos de impugnación, le corresponde a la Sala determinar si
se debe confirmar, revocar, o modificar la sentencia impugnada, que, accedió a la
solicitud de amparo formulada por la señora Natalia Quiroz Restrepo.

Debido a lo anterior, la Sala deberá establecer si se vulneraron los derechos
fundamentales invocados a la señora Quiroz Restrepo con la decisión de la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Medellín (Antioquia) de no expedir el

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certificado de disponibilidad presupuestal, que, permita nombrar un reemplazo de la
demandante durante el periodo de disfrute de vacaciones.

Previo a resolver el problema jurídico planteado en el presente caso, la Sala considera
necesario hacer referencia a la idoneidad de la acción de tutela como mecanismo
transitorio.

La eficacia e idoneidad de la acción de tutela

La Sala no pasa por alto que siendo un asunto de carácter laboral, en principio, la
acción de tutela de la referencia se tornaría en improcedente, porque, la parte
demandante cuenta con otros recursos administrativos y judiciales para obtener el
disfrute del descanso remunerado a que tiene derecho, no obstante, como lo ha
señalado esta Sección, el requisito de la subsidiariedad puede darse por superado
cuando los medios de defensa no resultan ser idóneos y adecuados para la defensa
del derecho que se está invocando.

Esta Sección ha señalado que1, de acuerdo con el criterio establecido por la Corte
Constitucional, existen dos eventos en los que aun cuando existe otro medio de
defensa, es procedente la acción de tutela: uno de ellos se refiere a la eficacia e
idoneidad del medio y, el otro, cuando la tutela se instaura como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En el presente caso, se encuentra necesario verificar si nos encontramos frente a la
primera excepción, esto es, si el mecanismo con el que cuenta la parte actora resulta
ser eficaz e idóneo para la garantía inmediata de los derechos invocados.

Esta Sala en algunos casos en los que se analiza la procedibilidad de la acción de
tutela, ha señalado que cuando hay actos administrativos de por medio, el medio de
control que resulta idóneo es el de nulidad y restablecimiento del derecho en donde se
cuenta además con la posibilidad de hacer uso de la figura de la suspensión provisional
de los actos, para evitar un posible perjuicio que llegue a tener la característica de
irremediable.

Sin embargo, pese a que en el caso objeto de estudio no fueron negadas las
vacaciones por parte del nominador, la demandante destaca que al no contar con la
disponibilidad presupuestal necesaria para nombrar su reemplazo el goce de sus
vacaciones se ve en riesgo, razón por la que, en el presente caso, el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho no resulta ser idóneo y eficaz para solicitar
el reconocimiento del derecho al descanso.

No cabe duda que el descanso es una garantía propia del derecho al trabajo, por lo
que, impedir su disfrute con fundamento en restricciones administrativas, resultaría ser
una carga desproporcionada, que no debe soportar el funcionario que cumplió con
todas las condiciones para acceder al beneficio prestacional.

Por lo tanto, en el presente caso y, de manera excepcional, procede la acción de tutela
para amparar los derechos fundamentales invocados por la parte actora, por
considerar que el mecanismo constitucional resulta ser el que garantice la efectividad
del derecho al descanso.

1
Ver sentencia del 1 de agosto de 2019, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2019-02714-00, Sección Cuarta del
Consejo de Estado.
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Régimen de vacaciones individuales en la Rama Judicial

En cuanto a los servidores judiciales, las vacaciones se encuentran establecidas en el
artículo 146 de la Ley 270 de 1996, así:
«Vacaciones. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán
colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y
Seccionales de la Judicatura, las del Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales
mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución
de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses. Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades
del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura
por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador
en los demás casos, por un término de veintidós días continuos por cada año de servicio».

De otra parte, la Corte Constitucional ha señalado que “las vacaciones anuales
remuneradas como acreencia laboral, pretenden reconocer el derecho fundamental al
descanso que les asiste a los trabajadores derivado del desgaste continuo al que se
encuentran sometidos por la prestación ininterrumpida de sus servicios por espacios
prolongados de tiempo”, con lo que ha reiterado que el descanso constituye un derecho
fundamental derivado del derecho al trabajo en condiciones dignas.

En la misma línea, esta Sección ha indicado que “(…) El descanso remunerado,
denominado vacaciones, tiene por objeto que el empleado recupere las fuerzas físicas e
intelectuales luego de un tiempo dedicado a trabajar y de esa manera preserve su capacidad
de trabajo. Las vacaciones, tienen una naturaleza de derecho adquirido para quien ha
cumplido con los requisitos legales establecidos para que se causen. El empleador o
nominador, es la persona que está llamada a otorgar las vacaciones al trabajador2”’.

Descendiendo al caso concreto, en el año 2005 la Presidencia de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura informó a los nominadores de la
Rama Judicial el procedimiento para solicitar el nombramiento de reemplazos por
vacaciones del personal titular de los despachos judiciales. Para tal efecto, profirió las
Circulares PSAC-0589 del 18 de noviembre de 2005, cuyo asunto fue “asignación de
recursos para reemplazos por vacaciones del personal titular en los despachos
judiciales, excepto los juzgados del sistema penal acusatorio”, y 044 del 12 de mayo
de 2005, en la que estableció el procedimiento para la programación de vacaciones
individuales de los servidores judiciales del Sistema Penal Acusatorio.

En estas, se establecieron como condiciones alternativas para la programación de las
vacaciones las siguientes:

“Que el número total de servidores del Despacho, incluido el Juez o del Centro de
Servicios, sea menor o igual a tres, toda vez que debido al personal escaso no es
conveniente aplicar la figura del encargo para nombrar el reemplazo del juez, y/o
redistribuir las funciones del empleado que disfrutará de vacaciones, entre los
empleados restantes.

Cuando se trate de nombramientos de reemplazos por vacaciones de Jueces,
cuyo despacho tenga más de tres servidores, el Tribunal encargado de dicho
nombramiento deberá certificar que en el Despacho no existe ningún empleado
que cumpla los requisitos para ser designado en encargo como Juez, situación
que debe ser corroborada e igualmente certificada por el director Seccional, previa
verificación de las hojas de vida correspondientes”.

2
Ver, sentencia del 12 de diciembre de 2018, expediente con radicado número: 08001 23 33 000 2018 00756 01, Sección Cuarta
del Consejo de Estado. Ver sentencia del 3 de septiembre de 2019, expediente con radicado número 2019-04007-00 Sección
Cuarta del Consejo de Estado.
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El 23 de noviembre de 2011, el Consejo Superior de la Judicatura profirió la Circular
PSAC11-44, en la que derogó lo establecido en las referidas circulares “para efectos
de no incluir condicionamientos para el nombramiento de reemplazos en
provisionalidad de los funcionarios judiciales que se encuentran sujetos al régimen de
vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de este derecho, para lo cual
deberán seguir el procedimiento que aquí se señala y que permitirá gestionar los
recursos para el nombramiento en provisionalidad de los reemplazos, cuando haya
lugar a ello”, eliminando así la restricción de la asignación de recursos para reemplazos
solo a los eventos en que se acreditara alguna de las condiciones contenidas en las
circulares precedentes.

Posteriormente, conforme con lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-296 de 2023, el Consejo Superior de la Judicatura profirió el Acuerdo PCSJA24-
12172 de 2 de mayo de 2024, en el que estableció directrices para la programación
de vacaciones individuales de servidores judiciales y derogó lo establecido en la
Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011.

La Sala observa que, en el referido acuerdo el Consejo Superior de la Judicatura con
la finalidad de facilitar la programación de las vacaciones individuales de los
funcionarios judiciales, estableció que los nominadores en el ámbito de su distrito
judicial, realizarán la programación de vacaciones de cada vigencia fiscal, la cual
deberán remitir a los consejos seccionales de la judicatura y direcciones seccionales
de administración judicial, a más tardar al finalizar el mes de febrero de cada año.

Para el reconocimiento de las vacaciones de los funcionarios y empleados judiciales
del régimen individual, los nominadores deberán contar con el certificado de
disponibilidad presupuestal del reemplazo, el cual será expedido por parte de las
direcciones seccionales de administración judicial, al menos con una antelación de
treinta (30) días calendario al disfrute del periodo vacacional.

Una vez las vacaciones sean concedidas y reconocidas, no habrá lugar a su
aplazamiento o interrupción, salvo por necesidades del servicio. El certificado de
disponibilidad presupuestal para el reemplazo de vacaciones de funcionarios y
empleados judiciales del régimen de vacaciones colectivas a los que se les haya
interrumpido su disfrute por los consejos seccionales de la judicatura deberá expedirse
a más tardar el 31 de enero de cada año.

Para garantizar el proceso de programación, además, ordenó a las direcciones
seccionales de administración Judicial solicitar en el anteproyecto de presupuesto, las
partidas presupuestales necesarias para amparar los remplazos de las vacaciones de
los servidores judiciales.

Caso concreto

En aras de resolver el asunto sometido a conocimiento y teniendo en cuenta la tesis
reiterada que la Sala ha manejado en casos con identidad fáctica al del sub-lite3, es
necesario tener en cuenta que, salvo las excepciones legales, todo empleado público
tiene derecho a disfrutar de descanso remunerado por cada año de servicios prestado
en cualquiera de las entidades del Estado (Decreto 3135 de 1968 - artículo 8 - y
Decreto 1045 de 1978).

3
Ver, sentencia del 12 de diciembre de 2018, expediente con radicado número: 08001 23 33 000 2018 00756 01, Sección Cuarta
del Consejo de Estado. Ver sentencia del 3 de septiembre de 2019, expediente con radicado número 2019-04007-00 Sección
Cuarta del Consejo de Estado.
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Demandante: Natalia Quiroz Restrepo

En el caso objeto de estudio la señora Natalia Quiroz Restrepo4, solicitó la
programación de sus vacaciones para el disfrute del derecho al descanso. Si bien, la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín expidió el CDP
para que la señora disfrutara de las vacaciones y prima de vacaciones, lo cierto es
que, a la fecha de presentación de la acción de tutela, no había expedido el CDP
necesario para proveer el reemplazo de la empleada, dado que, la actora aplazó su
periodo de descanso y en razón a esto se le informó que debía nuevamente solicitar
el CDP.

De acuerdo con lo anterior, el juez de primera instancia concluyó que la falta de
asignación de recursos por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín incide de manera directa en el derecho al descanso de la actora
y, en consecuencia, pone en riesgo su salud física y mental, razón principal por la que
accedió a las pretensiones de la solicitud de amparo.

Al respecto, la Sala advierte que impedir el derecho al descanso con fundamento en
restricciones de carácter administrativo, no es una carga que deba soportar el
empleado judicial. De ahí que, ante situaciones que puedan alterar el normal desarrollo
de un despacho judicial, se requiere que exista un trabajo conjunto de las autoridades
competentes en el que se permita garantizar tanto la continuidad del servicio como el
derecho al descanso remunerado.

Por lo tanto, en el presente caso y de conformidad con la Circular PSAC11-44 del 23
de noviembre de 2011, vigente para el momento de radicación de la presente acción
de tutela, se advierten vulnerados los derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad
y a la dignidad humana de la señora Natalia Quiroz Restrepo.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con los argumentos de la impugnación en los que
la demandada manifestó que hay lugar a revocar la providencia impugnada porque no
es la competente para expedir de forma directa el CDP y además ya cumplió la orden
del fallo de primera instancia, la Sala resalta que en primer lugar de conformidad con
el artículo 98 de la Ley 270 de 1996, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
es “el órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las
actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y
decisiones del Consejo Superior de la Judicatura”. Asimismo, el artículo 99 ibídem
prevé que el director ejecutivo de Administración Judicial tiene entre sus funciones: (i)
administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama
Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización, y (ii) actuar como
ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan.

Por su parte, la Ley 270 de 1996 estipuló que los Consejos Seccionales tienen el deber
de “(…) 6. Ejercer la vigilancia judicial para que la justicia se administre oportuna y
eficazmente, y cuidar del normal desempeño de las labores de funcionarios y
empleados de esta Rama (…)”. De ahí la responsabilidad que le atañe en el caso
concreto a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín.

Conforme con lo anterior, la Sala encuentra que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín
son las entidades responsables de la vulneración alegada por la actora, al no expedir
el CDP necesario para designar un empleado de reemplazo, que le permitiera disfrutar
de sus vacaciones.

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En este punto la Sala destaca que en el caso de la demandante no hubo lugar a dar aplicación al Acuerdo del 2 de mayo de
2024 frente a la imposibilidad de aplazar las vacaciones, en la medida en que la solicitud de descanso, la disponilidad presupuestal
y la radicación de la acción de tutela se dieron con anterioridad a la expedición del mismo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01379-01
Demandante: Natalia Quiroz Restrepo

En igual sentido, la Sala advierte que si bien el CDP124 ya fue expedido y enviado al
Juzgado Treinta y Tres Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Medellín,
esto ocurrió el 29 de abril de 2024 (vía correo electrónico, a las 17:20), es decir, en
cumplimiento de la sentencia de tutela de primera instancia proferida el 25 de abril de
2024, razón por la que se descartan los argumentos presentados por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín en el escrito de
impugnación y la Sala confirmará la providencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta – Sala
de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia del 25 de abril de 2024, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Quinta, objeto de impugnación.
2. Enviar la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Ausente en comisión) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente (E)

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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