Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01385-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01385-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-01385-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
29 de abril de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintinueve (29) de abril de dos mil veinticuatro (2024).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01385-00
Demandante: LUDOVINA CABALLERO DE RODRÍGUEZ
Demandado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO Y OTRO
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
QUE NEGÓ LA RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE
VEJEZ. INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL
Síntesis del caso: la parte actora cuestionó las providencias de primera y segunda instancia
proferidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que le negaron la reliquidación
de la pensión, por considerar que incurrió en un defecto sustantivo. La Sala declarará la
improcedencia del amparo pretendido por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional porque el interés de la parte actora es emplear la acción de tutela como una
instancia adicional al proceso ordinario.
La Sala decide la acción de tutela1 presentada por la señora Ludovina Caballero de
Rodríguez en contra de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
y el Tribunal Administrativo del Cesar y para la protección de sus derechos fundamentales
del debido proceso y mínimo vital consagrados en los artículos 29 y 48 de la Constitución
Política, presuntamente vulnerados con ocasión de las sentencias de 21 de septiembre
de 2023 y 30 de junio de 2021 proferidas por dichas autoridades, respectivamente.
I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción el demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:
1
Mediante escrito radicado el 20 de marzo de 2024.
2
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01385-00
Actor: Ludovina Caballero de Rodríguez
Acción de tutela
1) Nació el 25 de agosto de 1949 y tenía más de 35 años a la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, por lo cual es beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de
dicha ley.
2) Laboró en el Hospital Rosario Pumarejo de López entre el 20 de marzo de 1987 y el
31 de enero de 1999; luego fue trasladada al Hospital Eduardo Arredondo Daza desde el
3 de febrero de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2014 pero, por la liquidación de la Caja
de Previsión Social (en adelante Cajanal), siguió haciendo aportes al ISS (hoy
Colpensiones) desde septiembre de 2009 hasta diciembre de 2014.
3) Mediante Resolución no. 048333 de 12 de mayo de 2005, Cajanal le reconoció una
pensión de vejez en cuantía de $636.330.59 con una tasa de reemplazo del 75% del
promedio de lo devengado en los últimos 10 años, condicionada al retiro del servicio.
4) El 18 de noviembre de 2016, solicitó la reliquidación de su pensión de vejez pero con
la inclusión del promedio de todos los factores salariales devengados durante el último
año de servicio.
5) Mediante Resolución no. RDP026265 del 27 de junio de 2017, Cajanal reliquidó su
pensión por retiro definitivo del servicio, sin embargo, negó el reajuste con todo lo
devengado en el último año, decisión que fue confirmada por las Resoluciones
RDP032336 de 15 de agosto y RDP034731 de 6 de septiembre de 2017.
6) En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho solicitó la
nulidad de las resoluciones antes referidas y, a título de restablecimiento del derecho,
pidió que se condenara a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
contribuciones Parafiscales de la Protección Social a reliquidar su pensión con el
promedio de lo devengado en el último año de servicio, al pago los intereses regulados
en el artículo 141 de la Ley 100 de 193, así como al reconocimiento y pago de la mesada
14 desde el 25 de agosto de 2004.
7) En sentencia de 30 de junio de 2021, el Tribunal Administrativo del Cesar negó las
pretensiones de la demanda con fundamento en que “si bien es cierto esta norma
conservó la aplicación del régimen anterior, en cuanto a la edad, tiempo de servicio y
monto de la prestación, no fue así para efectos del Ingreso Base de Liquidación, motivo
por el cual se concluye, que para la liquidación pensional se debe tener en cuenta los
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01385-00
Actor: Ludovina Caballero de Rodríguez
Acción de tutela
últimos 10 años de servicio, de conformidad con el parágrafo 3º del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, y no con el promedio de los salarios devengados en el último año, conforme
lo dispone el artículo 1 de la Ley 33 de 1985; aún si el sujeto se encuentra en el régimen
de transición”.
8) Apeló esa decisión con fundamento en que el tribunal no valoró i) la copia de las
certificaciones laborales expedidas por el Hospital Eduardo Arredondo Daza en las que
se hizo la relación de lo recibido durante el tiempo trabajado, ii) la historia laboral expedida
por Colpensiones que da fe de las cotizaciones reales realizadas y iii) la copia de las
cotizaciones realizadas por el Hospital Eduardo Arredondo ESE, los últimos 10 años de
servicios que constituyen los soportes de pagos realizados por concepto de pensión, las
cuales daban cuenta de que las cotizaciones efectuadas no fueron tenidas en cuenta al
momento de la liquidación de la pensión.
9) Agregó que de haberse valorado esas pruebas “no habría incurrido en la antinomia de
afirmar que se aplica la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, cuando se
vulnera la misma. Más aún cuando hay normas de rango constitucional que ordenan que
se tengan en cuenta lo realmente cotizado”.
10) A través de sentencia de 21 de septiembre de 2023, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado previamente a confirmar la decisión de primera instancia
advirtió que si bien existían diferencias entre el ingreso base de cotización tenido en
cuenta por la UGPP y las cotizaciones reportadas al ISS y Colpensiones a partir de 2009,
circunstancia que, en principio, podría llevar a concluir que la prestación debía ser
reliquidada, lo cierto es que la diferencia radicaba en que el Hospital Eduardo Arredondo
Daza ESE (empleador) reportó al ISS a partir de 2011 valores superiores a los percibidos
por concepto de asignación básica y bonificación por servicios prestados que coinciden
con un factor no regulado en el Decreto 1158 de 1994 que se denominó como
“bonificación por T.B.C.” y que correspondía a un incremento salarial por pertenecer a la
campaña antituberculosa.
11) En consecuencia, la pretensión de que se reliquidara la pensión teniendo como base
las cotizaciones efectuadas al ISS y Colpensiones no estaba llamada a prosperar, toda
vez que el aumento de las cotizaciones obedeció a la inclusión de un factor que no fue
considerado por el Gobierno Nacional para hacer parte del cómputo pensional, en tanto
no se encuentra regulado en el Decreto no. 1158 de 1994.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01385-00
Actor: Ludovina Caballero de Rodríguez
Acción de tutela
Fundamentos de la vulneración
La parte actora alegó que la providencia de 21 de septiembre de 2023 proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado adolece de un defecto
sustantivo por los siguientes motivos:
La autoridad judicial demandada citó varias sentencias sobre la “norma de tuberculosis”,
sin embargo, no adujo ninguna razón por la cual las cotizaciones efectuadas en desarrollo
de esa labor no debían ser tenidas en cuenta para efectos pensionales.
Si bien tales cotizaciones no están reguladas normativamente, lo cierto es que deben
tenerse en cuenta, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005, por tratarse de un
emolumento que superó el 40% del valor que recibió por concepto de su salario.
Además, la sentencia de 28 de agosto de 2018 estableció que los factores salariales que
se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios
de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al Sistema de Pensiones, de modo que su pensión debió ser reliquidada
incluyendo los factores que devengó mientras hizo parte de la campaña de tuberculosis,
así no se encuentren enlistados en el Decreto 1158 de 1994.
Sumado lo anterior, no podía perderse de vista que es mujer de la tercera edad con varias
enfermedades y se encuentra en un estado de vulnerabilidad.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“PRIMERO: Se tutele los derechos fundamentales de Seguridad Social,
Dignidad Humana, Debido Proceso, Petición, Igualdad, Mínimo vital y móvil,
Salud, Especial Protección a las Personas de la Tercera Edad, Especial
Protección a las Personas en Estado de Debilidad Manifiesta de la señora
LUDOVINA CABALLERO DE RODRIGUEZ.
SEGUNDO: Que se deje sin efecto la Sentencia proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, Subsección A, con ponencia del Magistrado
JORGE IVAN DUQUE GUTÉRREZ de fecha 21 de septiembre de 2023 Bajo el
Rad. 20001-23-33- 000-2018-00012-01 (3888-2021) NOTIFICADA DEL 05 DE
OCTUBRE DE 2023 y la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01385-00
Actor: Ludovina Caballero de Rodríguez
Acción de tutela
Valledupar con ponencia del Magistrado CARLOS ALFONSO GUECHÁ
MEDINA de fecha 30 de junio de 2021.
TERCERO: Que en consecuencia de lo anterior se ordena a la Unidad
Administrativa de Gestión de Pensiones y Parafiscales UGPP reliquide la
pensión de la señora LUDOVINA CABALLERO DE RODRIGUEZ, al 75% o del
régimen más favorable que resulte aplicable teniendo en cuenta las
cotizaciones realizadas durante los últimos diez años de servicio.
CUARTO: Que igualmente se reconozca y ordene el pago de los intereses de
que trata el Art. 141 de la Ley 100 de 1993”. (archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI- negrillas del original).
Actuación procesal
Mediante auto de 21 de marzo de 2024 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y magistrados integrantes de la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cesar, así como la
vinculación del director de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) con el fin de que
allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
Intervenciones de las autoridades demandadas
La UGPP solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto,
se niegue el amparo constitucional por no configurarse ninguna de los yerros señalados
en la petición de amparo como causales específicas de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales.
Las demás autoridades guardaron silencio, a pesar de que fueron notificadas en debida
forma.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) delimitación del asunto y 3) el
caso concreto.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01385-00
Actor: Ludovina Caballero de Rodríguez
Acción de tutela
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
Delimitación del asunto
En primer lugar, la Sala aclara que, si bien la acción de tutela se dirigió indistintamente
contra las providencias del Tribunal Administrativo del Cesar y la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, lo cierto es que los argumentos de reproche de
la parte actora se dirigieron a controvertir el contenido de la sentencia de segunda
instancia, siendo aquella la que definió el marco de decisión de la presente providencia.
Lo anterior, por cuanto la providencia de segunda instancia fue la que finalizó el proceso
y ante la eventualidad de que deba accederse al amparo pretendido la autoridad judicial
encargada de cumplir la orden y dictar una de reemplazo sería la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, por consiguiente, el análisis de la Sala se
circunscribirá a lo decidido por dicha autoridad judicial.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso, trabajo y mínimo vital,
presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia del 27 de septiembre de 2023.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01385-00
Actor: Ludovina Caballero de Rodríguez
Acción de tutela
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará improcedente
la acción de tutela por incumplimiento del requisito relevancia constitucional, por las
siguientes razones:
1) La parte demandante alegó la configuración de un defecto sustantivo por cuanto, en
su criterio, para efectos de la reliquidación de su prensión, debieron tenerse en cuenta
las cotizaciones que realizó cuando trabajó en el programa de tuberculosis, emolumento
que superaba el 40% de su salario.
2) Agregó que la sentencia del 28 de agosto de 2014 fue clara en determinar que “los
factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los
servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que
se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones”.
3) No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición
de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron
debidamente debatidos, analizados y resueltos en la sentencia de segunda instancia
objeto de la acción de tutela, con miras a que se declarara la nulidad del acto
administrativo y se ordenara la reliquidación de la pensión con el promedio de lo
devengado en el último año de servicio.
4) En esos términos, es claro que en el recurso de apelación presentado frente a la
sentencia que confirmó la decisión de negar a las súplicas de la demanda, la parte
demandante indicó, en los mismos términos que ahora plantea, que se ordenara la
reliquidación de la pensión teniendo en cuenta las cotizaciones que realizó a
Colpensiones cuando trabajó en el programa de tuberculosis, en los siguientes términos:
“Ningún valor le otorga el cuerpo colegiado a las siguientes pruebas obrantes
dentro del proceso:
1. Copia de certificaciones laborales expedidas por el Hospital Eduardo
Arredondo Daza, en donde hace la relación de lo recibido por mi poderdante
durante el tiempo trabajado.
2. Historia Laboral Expedida por Colpensiones que dan fe de las cotizaciones
reales realizadas.
3. Copia de las cotizaciones realizadas por el Hospital Eduardo Arredondo ESE,
los últimos 10 años de servicios. Que constituyen los soportes de pagos
realizados por concepto de pensión.
Todos estos elementos que no fueron controvertidos dentro del proceso, y que
por lo tanto quedan plenamente demostrado no fueron tenidos en cuenta
por la sentencia anticipara proferida por el Tribunal Administrativo del
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Actor: Ludovina Caballero de Rodríguez
Acción de tutela
Cesar. De haberlo hecho, no habría incurrido en la antinomia de afirmar
que se aplica la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, cuando
se vulnera la misma. Más aún cuando hay normas de rango constitucional
que ordenan que se tengan en cuenta lo realmente cotizado.
(…)
La sentencia adolece igualmente de la calificación de la conducta procesal de
las partes, sin advertir que a los alegatos de conclusión presentados por el
suscrito se pedía la aplicación de la sentencia de unificación de fecha 28 de
agosto de 2018, Consejero Ponente Dr. César Palomino Cortés, Radicado No.
52001-23-33-000-2012-00143-01 proferida por el Consejo de Estado. Haciendo
incluso las claridades pertinentes sobre la manera que debía aplicarse dentro
del proceso, que ampliaré más adelante. La parte demandada guardo silencio,
de lo que en sana lógica puede deducirse que ningún argumento le asiste en el
proceso dada la contundencia probatoria
Lo anterior, arroja una diferencia con la mesada pensional reconocida ($
994.194), de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE PESOS ($ 648.997,24), a lo cual debe condenarse a la
entidad demandada. Suma sobre la cual debe hacerse la condena
estipulada por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Suma que debe
actualizarse de conformidad con la fecha de la sentencia.
Es importante señalar que las cotizaciones realizadas y que obran en el
proceso en la certificación de cotizaciones expedida por COLPENSIONES
no han sido tenidas en cuenta al momento de liquidar la pensión.
Olvidando que la misma sentencia del 28 de agosto de 2018 al tratar este
punto señala:
(…).
Por lo anterior, y con fundamento en lo establecido por la jurisprudencia del
Consejo de Estado, solicito que se revoque la sentencia aplique la sentencia de
unificación vigente, la cual es completamente aplicable por cuanto no se tuvo
en cuenta lo verdaderamente cotizado para efectos del reconocimiento de la
pensión, según lo demuestran las pruebas, se condene al pago de los intereses
de los que habla el Art. 141 de la ley 100 de 1993 y la condena en costas del
proceso y agencias en derecho”. (resaltado de la Sala)
5) Para resolver ese planteamiento, en la providencia cuestionada de 21 de septiembre
de 2023, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la
negativa, tras advertir que si bien, en principio, existían diferencias entre el ingreso base
de cotización tenido en cuenta por la UGPP y las cotizaciones reportadas al ISS y
Colpensiones a partir de 2009, lo cierto es que no había lugar a ordenar el reajuste porque
el aumento de las cotizaciones obedeció a la inclusión de un factor que no está
establecido en el Decreto 1158 de 1994, en los siguientes términos:
“Para evidenciar si existe diferencia entre el valor liquidado y al que tendría
derecho la actora, la Sala considera necesario comparar los valores tenidos en
cuenta en la liquidación pensional, los registrados por la entidad empleadora en
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Actor: Ludovina Caballero de Rodríguez
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los certificados de salario, y los valores consignados en el reporte de semanas
de Colpensiones. Así:
(…).
Tal como advierte la demandante, existen diferencias entre el ingreso base
de cotización tenido en cuenta por la UGPP al reliquidar la pensión al retiro
de la demandante y las cotizaciones reportadas al ISS y Colpensiones a
partir de 2009, lo que en principio podría llevar a concluir que la prestación
debe ser reliquidada.
No obstante, se observa que la diferencia radica en que el Hospital
Eduardo Arredondo Daza ESE (empleador) reportó al ISS a partir de 2011
valores superiores a los percibidos por concepto de asignación básica y
bonificación por servicios prestados y que coinciden con un factor no
regulado en el Decreto 1158 de 1994 que se denominó como «Bonificación
por T.B.C.»4, y que corresponde a un incremento salarial por pertenecer a
la campaña antituberculosa.
Lo anterior se infiere de la comparación entre los valores reportados en los
formatos de certificación de salarios mes a mes, según los cuales a la
demandante se le pagó bajo el concepto de «otros factores salariales pagados
en el mes certificado (Dto.1158)» un valor igual a la asignación básica mensual
percibida, y que coincide con el contenido del oficio del 6 de junio de 2013
dirigido a la actora, en el que se especificó «el salario que se laboró mes a mes
de cada año, la bonificación por servicios prestados que se canceló por una sola
vez en el año y el incremento salarial por pertenecer a la liga antituberculosa,
se cancela mes a mes durante cada año, hasta el mes de mayo de 2013». En
dicha respuesta se pusieron de presente los valores pagados así:
(…).
Así, la sumatoria de los conceptos «salario» y «bonificación T.B.C.» equivalen
al IBC reportado al ISS como se aprecia a continuación:
(…).
En ese orden de ideas, la Subsección considera que la pretensión de que
se reliquide la pensión teniendo como base las cotizaciones efectuadas al
ISS y Colpensiones no está llamada a prosperar, toda vez que el aumento
de las cotizaciones obedeció a la inclusión de un factor que no fue
considerado por el gobierno nacional para hacer parte del cómputo
pensional, pues no se encuentra regulado en el Decreto 1158 de 1994.
La Ley 84 de 19487 señalaba que el personal científico que trabajara en
campañas en contra de la tuberculosis serían destinatarios de: i) una pensión
de jubilación, ii) vacaciones remuneradas cada 6 meses; iii) pensión completa
siempre y cuando se demostrara que hubiese sido contagiado con tuberculosis;
y, iv) un incremento del sueldo en un 25% a partir de los 15 años de servicio y,
sucesivamente, cada 5 años.
De los beneficios señalados, la Sala concluye que el pago adicional sobre
el cual se presentaron las cotizaciones se debió al incremento de sueldo
por laborar en la campaña antituberculosa. Sin embargo, este no puede
tenerse en cuenta para liquidar la pensión de la demandante, toda vez que
no existe fundamento legal para su inclusión por no estar regulado en el
Decreto 1158, se reitera; y porque los beneficios salariales y prestacionales
regulados en la Ley 84 de 1948 para los servidores vinculados a la campaña de
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Actor: Ludovina Caballero de Rodríguez
Acción de tutela
lucha contra la tuberculosis desaparecieron o perdieron vigencia en la medida
de que dicha campaña y sus establecimientos de dedicación exclusiva dejaron
de existir
Por consiguiente, atendiendo a que los beneficios salariales y
prestacionales regulados en la Ley 84 de 1948 perdieron vigencia y que el
aumento salarial por la prestación de servicios en la campaña
antituberculosa no fue regulado dentro de aquellos factores que deben
tenerse en cuenta para la liquidación de las pensiones en el Decreto 1158
de 1994, la Sala considera que no hay lugar a ordenar la reliquidación
incluyendo los valores superiores sobre los cuales la accionante cotizó a
Colpensiones, concluyéndose que la pensión liquidada por la UGPP está
acorde a derecho. (…). (resaltado de la Sala)
6) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en la acción de tutela
la demandante presentó similares planteamientos a los expuestos en el recurso de
apelación dirigidos de manera exclusiva a revivir la discusión jurídica relacionada con la
reliquidación de la pensión con la inclusión de todos los factores salarias devengados el
último año de servicios, así:
“El defecto sustantivo se concreta por cuanto el juez se apoya en una norma
que es evidentemente inaplicable a un caso concreto dado que es
inconstitucional y no se aplicó la excepción de inconstitucionalidad o no está
vigente o a pesar de estarlo y ser constitucional, no se adecúa a las
circunstancias fácticas del caso. Incurriendo igualmente en defecto fáctico por
cuanto en este caso no se está discutiendo si se debe cotizar por el emolumento
adicional sino que dichas cotizaciones, que ya se realizaron, deben tenerse en
cuenta para el reconocimiento pensional.
53.Como se ha resaltado en varias ocasiones las cotizaciones realizadas con
fundamento en el programa de tuberculosos no está regulada y deben tenerse
en cuenta de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 o al tratarse de un
emolumento que supera el 40% del valor que venía recibiendo de salario
Que soy una mujer de la tercera edad con varias enfermedades y no tengo
ningún otro medio de defensa por lo cual estoy totalmente vulnerable”.
7) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto
sustantivo a dicha situación es evidente que los fundamentos que soportan la
interposición de la acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron
planteados en el recurso de apelación, los cuales fueron resueltos en la providencia que
resolvió en cuestión como se expuso en precedencia.
8) Por consiguiente, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia
no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate
que era propio del trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y al juez
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Actor: Ludovina Caballero de Rodríguez
Acción de tutela
constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su
competencia.
9) Sin perjuicio, de lo anterior, debe aclarase que por el hecho de que la actora sea una
persona de la tercera edad y padezca enfermedades (no acreditadas) no implica per se
que se deba acceder a su pretensiones, pues, no se demostró la existencia de un
perjuicio irremediable y los jueces no pueden extralimitase en el ejercicio de su función
jurisdiccional otorgando derechos que no se encuentran acreditados, pues así quedó
determinado el proceso ordinario, en el cual, en ambas instancias se determinó que no
tiene derecho a que se le reliquide la pensión en los términos por ella exigidos por las
razones expuestas con antelación.
10) En todo caso, lo que se discute es la reliquidación de la pensión de la actora y no el
reconocimiento de la misma, sin que exista prueba en el expediente de que sus mesadas
por tal concepto no se le han pagado y, por tanto, se ha afectado su mínimo vital que
amerite un análisis excepcional por esta vía.
11) En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la señora Ludovina
Caballero de Rodríguez, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
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Actor: Ludovina Caballero de Rodríguez
Acción de tutela
3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
4°) Una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Aclara voto
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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