Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01385-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01385-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-01385-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
20 de junio de 2024
Demandante: Ludovina Caballero de Rodríguez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-01385-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01385-01
Demandante: LUDOVINA CABALLERO DE RODRÍGUEZ
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra el
fallo del 29 de abril de 2024, a través del cual el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B declaró la improcedencia del amparo tutelar deprecado por
la accionante.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
La señora Ludovina Caballero de Rodríguez, actuando en nombre propio,
interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y el Tribunal Administrativo del Cesar1, con el fin de que se protejan
sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la dignidad humana, al
debido proceso, de petición, a la igualdad, al mínimo vital y móvil, y a la salud.
Estimó quebrantadas tales garantías con ocasión de la sentencia del 21 de
septiembre de 2023 proferida por la señalada corporación, mediante la cual
confirmó la decisión del 30 de junio de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo
del Cesar, que negó las pretensiones invocadas por la parte demandante, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, seguido con el radicado
20001-23-33-000-2018-00012-01 (3888-2021).
2. Pretensiones
En concreto, solicitó a esta Corporación:
1
Si bien, la accionante se refiere al Tribunal Administrativo de Valledupar, lo cierto es que la
autoridad que profirió la sentencia de primera instancia dentro del proceso ordinario fue el Tribunal
Administrativo del Cesar, de modo que se advierte un error en la enunciación de la corporación,
que será suplido en adelante con el nombre correcto.
1
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Demandante: Ludovina Caballero de Rodríguez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-01385-01
«PRIMERO: Se tutele los derechos fundamentales de Seguridad Social,
Dignidad Humana, Debido Proceso, Petición, Igualdad, Mínimo vital y móvil,
Salud, Especial Protección a las Personas de la Tercera Edad, Especial
Protección a las Personas en Estado de Debilidad Manifiesta de la señora
LUDOVINA CABALLERO DE RODRIGUEZ.
SEGUNDO: Que se deje sin efecto la Sentencia proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, Subsección A, con ponencia del
Magistrado JORGE IVAN DUQUE GUTÉRREZ de fecha 21 de septiembre
de 2023 Bajo el Rad. 20001-23-33-000-2018-00012-01 (3888-2021)
NOTIFICADA DEL 05 DE OCTUBRE DE 2023 y la Sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Valledupar con ponencia del Magistrado
CARLOS ALFONSO GUECHÁ MEDINA de fecha 30 de junio de 2021.
TERCERO: Que en consecuencia de lo anterior se ordena a la Unidad
Administrativa de Gestión de Pensiones y Parafiscales UGPP reliquide la
pensión de la señora LUDOVINA CABALLERO DE RODRIGUEZ, al 75% o
del régimen más favorable que resulte aplicable teniendo en cuenta las
cotizaciones realizadas durante los últimos diez años de servicio.
CUARTO: Que igualmente se reconozca y ordene el pago de los intereses
de que trata el Art. 141 de la Ley 100 de 1993.»2
3. Hechos
Del escrito de tutela se extraen los siguientes hechos que, a juicio de la Sala,
resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar en el presente asunto:
La parte actora señaló los siguientes datos: 1) Nació el día 25 de agosto de 1949,
de modo que en la actualidad tiene 67 años; 2) Contaba con más de 35 años,
cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993; 3) Reunía 750 semanas cotizadas,
en el momento que entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005.
Sobre su trayectoria laboral, narró que: 1) Trabajó para el Hospital Rosario
Pumarejo de Lopez E.S.E desde el 20 de marzo de 1987 hasta el 31 de enero de
1999; 2) Fue trasladada al Hospital Eduardo Arredondo Daza E.S.E, en el cual
laboró desde el 02 de febrero de 1999 hasta el 31 de diciembre del año 2014.
Mencionó que las anteriores entidades son de carácter público, y en
consecuencia, a su juicio, se rigen bajo la Ley 33 de 1985.
Sobre sus cotizaciones en asuntos de pensión, afirmó que: 1) Cotizó ante Cajanal
«desde el 02 de febrero de 1977, hasta el 30 de julio de 2009» 3; 2) Cotizó ante el
Seguro Social, «desde el 20 de marzo de 1987 hasta el 30 de agosto de 2009» 4; y
3) Cotizó ante Colpensiones «desde el 01 de septiembre de 2009, hasta el 31 de
diciembre de 2014»5.
2
Transcripción literal del texto original que puede contener errores. Página 6. Escrito de tutela.
Actuación cargada en el índice 2 del aplicativo SAMAI.
3
Transcripción literal del texto original. Página 1. Escrito de tutela. Actuación cargada en el índice 2
del aplicativo SAMAI.
4
Transcripción literal del texto original. Página 1. Escrito de tutela. Actuación cargada en el índice 2
del aplicativo SAMAI.
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Transcripción literal del texto original. Página 1. Escrito de tutela. Actuación cargada en el índice 2
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Demandante: Ludovina Caballero de Rodríguez
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Mencionó que, mediante resolución 048333 del 12 de mayo de 2005, la Caja
Nacional de Previsión Social le reconoció pensión de jubilación por un valor de
$636.330 pesos, cuyo disfrute estaba condicionado a su retiro del servicio.
A pesar del reconocimiento de la pensión, mencionó que continuó laborando; por
lo tanto, el 7 de febrero de 2014 solicitó a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social6 la
reliquidación de la pensión otorgada en 2005, con el propósito de que se
actualizara con los valores cotizados hasta este último año. Esta petición fue
despachada de forma desfavorable mediante resolución RDP 005082 del 14 de
febrero de 2014.
Indicó que, en los anteriores trámites solicitud de reliquidación no obtuvo la
asesoría suficiente sobre la necesidad de acreditar el tiempo laborado. Por lo
anterior, radicó una nueva petición ante la UGPP, que fue resuelta mediante
resolución RDP 026265 del 27 de junio de 2017, que reliquidó y ordenó el pago de
una pensión de vejez, en favor de la señora Ludovina Caballero de Rodríguez. 7
La accionante considera que la resolución RDP 026265 del 27 de junio de 2017 no
tuvo en cuenta el valor total de las cotizaciones realizadas. Por este motivo, el 31
de julio de 2017 interpuso un recurso de reposición y, en subsidio, apelación.
Estos actos procesales fueron desestimados mediante la resolución RDP 032336
del 15 de agosto de 2017, que respondió a la reposición, y la resolución RDP
034371 del 6 de septiembre de 2017, notificada el 29 de septiembre de 2017, que
dirimió la apelación.
Indicó que, una vez agotados los recursos procedentes, interpuso demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho8. En esta
demanda, solicitó la anulación de la resolución RDP 026265 del 27 de junio de
2017 y la reliquidación de la pensión de jubilación previamente otorgada, conforme
a lo dispuesto por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 4 de
agosto de 20109; es decir, utilizando el promedio de los salarios devengados en el
último año de servicio, incluyendo, los factores salariales generados, con ocasión
a su participación en una campaña contra la tuberculosis.
En sede de primera instancia, el proceso fue conocido por el Tribunal
Administrativo del Cesar, el cual negó las pretensiones invocadas por la
demandante, argumentando que, por medio de sentencia del 28 de agosto de
2018, la Sala Plena del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en torno a la
interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en la cual concluyó que los
beneficiarios del régimen de transición solo tienen garantizados la edad, el tiempo
del aplicativo SAMAI.
6
En adelante: UGPP.
7
Anotación: Si bien, en el escrito de tutela no lo señala, se encuentra adjunta la resolución
mencionada, en la cual, la UGPP señala que la reliquidación de la pensión de vejez se realizó de
conformidad con el artículo 36 de la ley 100 de 1993, y los factores salariales devengados entre el
01 de enero del 2005, y el 30 de diciembre de 2014.
8
Proceso seguido con el radicado 20001-23-33-000-2018-00012-01 (3888-2021), en contra de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP).
9
Providencia dictada dentro del proceso seguido por el radicado 25000232500020060750901.
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de servicio o las semanas cotizadas, y el monto regulado en las normas
pensionales anteriores, pero nada contempla este régimen especial, sobre el
Ingreso Base de Liquidación (IBL), de modo que éste debe calcularse según los
términos de la Ley 100 y los factores regulados en el Decreto 1158 de 1994.
Por lo anterior, el Tribunal señaló que, al analizar tanto el acto de reconocimiento
de la pensión como los actos que negaron la reliquidación, se podía concluir que
la pensión fue liquidada con base en los factores previstos en el mencionado
decreto, el cual no contemplaba como factores salariales integrantes del IBL, la
pertenencia a programas de tuberculosis, como es el caso de la accionante.
Destacó que interpuso recurso de apelación, en el cual se solicitó la aplicación de
las subreglas definidas por la sentencia de unificación del 28 de agosto de 201810
en lo relacionado con la inclusión de factores salariales en el ingreso base de
liquidación para la pensión de vejez de los servidores públicos amparados en el
régimen de transición.
En sede de segunda instancia, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, confirmó la decisión de primera instancia, mediante providencia del
21 de septiembre de 202311. En ésta, señaló que, aunque la señora Caballero
insiste en que la reliquidación de su pensión debe incluir el factor salarial generado
por su participación en una campaña antituberculosis; lo cierto es que éste factor
salarial12, no fue considerado por el gobierno nacional en el Decreto 1158 de 1994
para el cómputo de una pensión. Lo anterior, significa que acceder a sus
pretensiones implicaría una violación a la ley y a la constitución.
4. Sustento de la vulneración
Según la parte actora, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
vulneró los derechos fundamentales invocados, al proferir una providencia
revestida de defecto fáctico y defecto sustantivo.
Señaló que la entidad accionada se equivoca al limitar sus derechos debido a la
omisión del legislador de incluir, como parte del IBL, el factor salarial reconocido
por su labor en una campaña antituberculosa.
Recordó que las cotizaciones generadas por su trabajo en una campaña
antituberculosa están contempladas en el Acto Legislativo 01 de 2005; por lo
tanto, aunque éstos no estén contemplados en el Decreto 1158 de 1994,
considera que es deber del juez aplicar lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 153
de 1887, respecto a la aplicación de normas similares, la analogía o la doctrina
10
Fallo proferido dentro del proceso identificado con el radicado 52001-23-33-000-2012- 00143-01.
Advirtió la demandante que ésta sentencia constituye cambio jurisprudencial en favor de sus
pretensiones.
11
Notificada el 06 de octubre de 2023. Ver: Actuación cargada en el índice 20 del expediente
adelantado en segunda instancia del proceso ordinario. Aplicativo SAMAI.
12
«La Sala concluye que el pago adicional sobre el cual se presentaron las cotizaciones se debió
al incremento de sueldo por laborar en la campaña antituberculosa. Sin embargo, este no puede
tenerse en cuenta para liquidar la pensión de la demandante, toda vez que no existe fundamento
legal para su inclusión por no estar regulado en el Decreto 1158 (...)» (Página 9. Escrito de tutela.
Actuación cargada en el índice 2 del aplicativo SAMAI).
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constitucional como formas de suplir los vacíos legislativos.
5. Trámite, contestaciones e intervenciones
A través de auto del 4 de abril de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados de la
Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, así como del Tribunal
Administrativo de Valledupar13, para que ejerzan su derecho de contradicción.
De igual forma, dispuso la vinculación de la UGPP, como terceros con interés en
el proceso. Realizadas las notificaciones de rigor, se allegaron al proceso las
siguientes intervenciones:
5.1. Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales14
La Subdirectora de Defensa Judicial Pensional de la Unidad Administrativa
accionada solicitó declarar improcedente la acción de tutela, o en su defecto, que
se niegue el amparo solicitado por la accionante, toda vez que, a su juicio, la
decisión adoptada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, que confirmó el fallo del Tribunal Administrativo del Cesar, no incurrió en
defecto material o sustantivo. Al contrario, se ajustó al ordenamiento legal que
regula la reliquidación de pensiones de vejez, siguiendo la postura establecida por
la jurisprudencia vigente.
Indicó que, la accionante no acreditó haber cumplido el requisito de
subsidiariedad, por cuanto, en el presente caso era procedente el agotamiento del
recurso extraordinario de revisión. En similar sentido, señaló que el presente caso
versa sobre prestaciones económicas que no pueden ser discutidas vía acción de
tutela, so pena de difuminar los límites trazados por la jurisprudencia para la
misma.
De esta manera, la vinculada concluye que no hubo violación al debido proceso,
ya que durante el proceso contencioso se garantizaron los derechos de
contradicción y defensa de la parte tutelante.
5.2. Tribunal Administrativo del Cesar15
El Tribunal Administrativo del Cesar, a través de su Secretaría, proporcionó el
enlace mediante el cual se llevó adelantó el proceso ordinario objeto de
controversia.
5.3. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Pese a haber sido debidamente notificado16, guardó silencio.
13
Como se mencionó previamente, si bien, el a quo ordenó notificar al Tribunal Administrativo de
Valledupar, lo cierto es que se refiere al Tribunal Administrativo del Cesar, que fue la Corporación
que atendió el llamado que se realizó en el auto admisorio de la acción.
14
Actuación cargada en el índice 15 del aplicativo SAMAI.
15
Actuación cargada en el índice 14 del aplicativo SAMAI.
16
Página 2. Actuación cargada en el índice 12 del aplicativo SAMAI.
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6. Sentencia de primera instancia17
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia del 29
de abril de 2024, declaró improcedente la acción de tutela, al encontrar que la
discusión expuesta por la señora Ludovina Caballero de Rodríguez, carece de
relevancia constitucional.
En primera medida, el juez constitucional de primera instancia advirtió que los
argumentos expuestos en el escrito de tutela son una reproducción idéntica de los
presentados en el recurso de apelación del proceso ordinario. Además, señaló
que, el hecho de que la demandante sea una persona de la tercera edad y
padezca enfermedades (no comprobadas), no implica automáticamente que sus
peticiones deban ser aceptadas; máxime, considerando que no se demostró en el
proceso la existencia de un perjuicio irremediable que justifique el amparo.
Finalmente, indicó que no se encuentra afectado el mínimo vital, toda vez que el
asunto en discusión es la reliquidación de la pensión de la demandante, no el
reconocimiento de la misma.
7. Impugnación18
Inconforme con la anterior decisión, la accionante presentó impugnación mediante
correo radicado el 20 de mayo de 202419, en el que señaló que sus derechos
fundamentales están siendo vulnerados por la indebida liquidación de su pensión,
pues esto afecta su mínimo vital. Además, expuso que es deber del operador
judicial dar aplicación al principio «Indubio Pro Operario», en las controversias
pensionales.
Manifestó que el juez de primera instancia dentro del presente trámite
constitucional no estudió la totalidad de los argumentos que expuso en el escrito
de tutela, lo cual, bajo su criterio, afecta sus derechos fundamentales.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación interpuesta por la parte
actora contra la sentencia emitida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, en primera instancia, en atención a lo consagrado por los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el artículo
13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2. Problema jurídico
Corresponde en este caso establecer si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
el fallo de primera instancia, a través del cual el Consejo de Estado, Sección
17
Actuación cargada en el índice 19 del aplicativo SAMAI.
18
Páginas 1-2. Actuación cargada en el índice 24 del aplicativo SAMAI.
19
Página 1. Actuación cargada en el índice 10 del aplicativo SAMAI.
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Tercera, Subsección B, declaró la improcedencia de la acción.
Por lo anterior, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sección
sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el
estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de encontrarse
superados se estudiará (iii) el fondo del asunto.
En este sentido, si se encuentran cumplidos los requisitos de procedencia de la
acción de tutela, se analizará si el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y el Tribunal Administrativo del Cesar vulneraron los derechos
fundamentales de la parte actora al debido proceso, dignidad humana, seguro
social, petición, igualdad, mínimo vital, salud y protección especial a las personas
de la tercera edad. Esto en relación con las sentencias del 30 de junio de 2021 y
del 21 de septiembre de 2023, emitidas por las mencionadas corporaciones,
respectivamente, que negaron las pretensiones de la demandante en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado 20001-23-33-000-2018-00012-
01 (3888-2021).
3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en fallo del treinta y uno (31) de julio de dos mil doce
(2012)20, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la Corporación
tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 21,
conforme al cual:
«De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el
criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido
el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes
y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-
10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical
y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el
estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales
que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.»22.
Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a
él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra
providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
20
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
21
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
22
Idem.
7
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Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es, que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas
características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan
origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva–
y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia
adjetiva–.23
En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que el asunto
sea relevante desde el punto de vista constitucional, ii) que no se trate de tutela
contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos estos requisitos, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Se resalta que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
4. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva
En lo referente al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional
en la sentencia SU-215 de 26 de junio de 2022 explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «...el juez de
tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada
señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y
exhaustivo de la providencia reprochada’.»
En ese sentido, el alto tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela
23
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de 2004
y C-590 de 2005.
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contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del
fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación
de las normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para
verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
«...(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
(ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.»24
En el mencionado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «…el juez de
tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada
señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y
exhaustivo de la providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó en que, cuando se
cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser
más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de
cierre…».
El Alto Tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
cuestionado, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia
adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las
normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez, la citada Corporación precisó que las finalidades de este requisito son
las siguientes:
«(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal»25 (Énfasis de la Sala).
24
Destacado por la Sala.
25
Sentencia SU 573 de 2019.
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Así mismo, luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo
que reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia
constitucional, la Corte consideró que el mecanismo de tutela no cumplía con este
postulado, en estos eventos:
i) Cuando no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,
ii) Cuando involucra un debate eminentemente legal,
iii) Cuando plantea una discusión preponderantemente económica y,
iv) Cuando no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.
En concordancia, dicha Corte indicó en la sentencia SU-573 de 27 de noviembre
de 2019 que “la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no
meramente legal y/o económico” y que según la jurisprudencia constitucional,
las discusiones de orden legal y las relativas a un derecho de índole económico 26
deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su
trámite27, comoquiera que «le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma
imprudente en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario» 28, so pena
de involucrarse en cuestiones que le corresponde definir al juez natural.
Descendiendo al caso concreto, se observa que la señora Ludovina Caballero de
Rodríguez cuestionó la sentencia del 21 de septiembre de 2023 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual confirmó la
decisión de 30 de junio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar,
que negó las pretensiones invocadas por la parte demandante, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, seguido con el radicado 20001-23-33-
000-2018-00012-01 (3888-2021).
En ambas providencias, las autoridades coincidieron en que la norma que rige lo
relacionado con la liquidación de pensiones es el decreto 1158 de 2019, el cual,
no contempla como factor salarial para la conformación del IBL, los incentivos
salariales generados por la participación del trabajador en programas de
tuberculosis. Por lo anterior, consideraron contrario a la ley la reliquidación de la
pensión de la señora Caballero, con fundamento en factores salariales que no
contempló el mencionado decreto.
Así las cosas, en primera instancia del presente trámite constitucional, el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B declaró improcedente la acción de
tutela al considerar que carece de relevancia constitucional, toda vez que, los
argumentos del escrito que invocó la acción de amparo eran idénticos a los del
26
«No en todos los eventos en que se denuncie el desconocimiento de los derechos al acceso a la
administración de justicia y debido proceso se está ante un asunto relevante constitucionalmente,
pues si el reclamo se vincula de manera irrestricta a la satisfacción de una pretensión de contenido
económico, la discusión carecerá de tal relevancia.»
27
“Sentencia T-606 de 2000.”
28
“Ibid.2”
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recurso de apelación del proceso ordinario.
Por su parte, el actor impugnó la decisión anterior, que sus derechos
fundamentales están siendo vulnerados debido a la indebida liquidación de su
pensión. Insistió en que el juez debe aplicar el principio «Indubio Pro Operario»,
por tratarse de un contexto laboral. Señaló que el juez de primera instancia no
consideró todos los argumentos expuestos en el escrito de tutela; sin embargo,
frente a este punto, no precisó los argumentos no estudiados por el a quo.
Precisado lo anterior, la Sala encuentra que el caso objeto de estudio no es
relevante desde el punto de vista constitucional, por cuanto, al revisar el escrito
que dio origen a la acción de tutela se puede colegir que la parte actora intenta
reabrir un debate argumentativo que el juez ordinario ya ha resuelto, sin que sea
posible establecer una verdadera vulneración de garantías del orden superior
como lo son los derechos fundamentales a la seguridad social, a la dignidad
humana, al debido proceso, de petición, a la igualdad, al mínimo vital y a la salud,
tal como lo manifestó la señora Caballero.
Sobre el punto en discusión, la Sala considera que, en similar sentido a lo
planteado por el a quo constitucional, la causa no debe ser estudiada de fondo, ya
que solo se plantearon argumentos que dan pie a una discusión meramente legal,
en procura de prestaciones económicas, lo cual, fue proscrito por la Corte
Constitucional en sentencia SU-215 de 2022.
Adicional a lo anterior, se destaca que en el escrito de impugnación la accionante
reiteró lo expuesto en el escrito de tutela, sin señalar de forma puntual los yerros
en que incurrió el juez constitucional de primera instancia.
Es valioso recordar, que el juez constitucional en el estadio en que se acusa una
providencia judicial, tiene vedado la realización de un control constitucional de
oficio; lo que significa, que debe limitarse a desarrollar únicamente los reproches
señalados por el actor; los cuales no se observan en el caso en estudio. Incluso,
se identifica que la accionante expresa de forma reiterativa su inconformismo con
la manera en que los jueces ordinarios aplicaron la ley en su caso particular; sin
embargo, no señala concretamente el motivo por el cual ésta ley no se encuentra
vigente, o no le es aplicable a su caso.
En este sentido, se advierte que la accionante no cumplió con el deber de
construir una argumentación con criterio de suficiencia para derribar la presunción
de legalidad y autenticidad que revisten las decisiones judiciales. Al respecto,
véase la sentencia T-055 de 2008:
«Como se ha dicho, tratándose de providencias judiciales el anterior aserto tiene
particular relevancia, en virtud de la presunción de legalidad y acierto de la que
están revestidas las sentencias judiciales una vez ejecutoriadas, al punto que sólo
de manera muy excepcional pueden controvertirse por la vía de la acción de tutela,
cuando se cumplan los estrictos y precisos presupuestos que se han establecido
para ello.»29
29 Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil, sentencia del 24 de enero del 2008.
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En similar sentido, la presente Sección ha señalado lo siguiente:30
«[I]ndica la Sala que la parte actora no identificó, individualizó ni precisó, cuáles
fueron las pruebas del proceso penal que supuestamente fueron indebidamente
valoradas por el juez contencioso administrativo, toda vez que se limitó a hacer un
reproche genérico y señaló simplemente la vulneración a los principios de cosa
juzgada, juez natural y presunción de inocencia. (…) Lo anterior se suma a la
exigencia de una carga argumentativa razonable para lograr la prosperidad del
cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una providencia judicial,
están en juego valores importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son
la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la buena fe y los
derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política.»
Por lo anterior, la sala considera que no se acreditaron los criterios fijados por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 para encontrar superado el
requisito de relevancia constitucional, ya que la solicitud de amparo sólo plantea
una discusión de tipo legal y no tiene la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: Confírmase la sentencia del 29 de abril de 2024, a través de la cual el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B declaró la improcedencia de la
acción de tutela de la referencia.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes al de la ejecutoria de esta
providencia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
30 Sentencia del 16 de septiembre del 2021. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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