Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01386-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01386-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01386-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
25 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202401386-00
Actor: Yonier Teherán Pérez
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otros1
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Acceso a la administración de justicia,
ii) libertad personal y iii) debido proceso
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Yonier Teherán Pérez contra la
Sección Quinta del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Bolívar, la
Fiscalía General de la Nación – Fiscalía Diecinueve Especializada de Cartagena,
el Juzgado Décimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Cartagena y el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de
Cartagena.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
1
Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Folio 1 del documento denominado “1ED_CARATULAPDF(.pdf) NroActua 2”.
Archivo aportado en forma digital.
2
Núm. único de radicación: 110010315000202401386-00
Actor: Yonier Teherán Pérez
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Sección Quinta
del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Bolívar, la Fiscalía General de
la Nación – Fiscalía Diecinueve Especializada de Cartagena, el Juzgado Décimo
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena y el Centro
de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cartagena, porque, a su
juicio: i) el Consejo de Estado, al proferir la providencia de 19 de marzo de 2024; ii)
el Tribunal, al proferir la providencia de 16 de marzo de 2024, en el proceso de
habeas corpus identificado con el número único de radicación
130012333000202400162-01; iii) la Fiscalía, al “[…] NO HA[BER] IDENTIFICADO
ESAS VICTIMAS NI EN LAS AUDIENCIAS PREELIMINARES NI EN EL JUICIO
[…]”; iv) el Juzgado, al “[…] NO INSTALA[R] LA AUDIENCIA POR MERO
CAPRICHO […] PARA RECUPERAR MI LA (sic) LIBERTAD […]”; y v) el Centro de
Servicios, al “[…] INCURRI[R] EN UN ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL,
PORQUE LE HACEN LA TAREA A LOS JUECES DE NOTIFICARLES LAS
AUDIENCIAS, Y CUANDO EL JUEZ DECLARA FRACASADA UNA AUDIENCIA
NO LA VUELVE A REPROGRAMAR COMO SUCEDE EN ESTE CASO […]”, en el
proceso penal identificado con el número único de radicación
130016001129202301568-00: vulneraron sus derechos fundamentales invocados
supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, “[…] ME ENCUENTRO PRIVADO DE LA LIBERTAD POR EL
DELITO DE HOMICIDIO, DENTRO DE PROCESO CON CUI No.
130016001129202301568, DEL CUAL CONOCE EL JUZGADO 3 PENAL DEL
CIRCUITO DE CARTAENA (sic) […]”.
4. Indicó que, “[…] DENTRO DEL REFERIDO PROCESO SE HA
CONFIGURADO UNA CAUSAL OBJETIVA PARA QUE (sic) RECUPERAR MI LA
3
Núm. único de radicación: 110010315000202401386-00
Actor: Yonier Teherán Pérez
(sic) LIBERTAD, Y EN RAZÓN A ELLO POR INTERMEDIO DE ABOGADO HE
PEDIDO LA LIBERTAD, ANTE EL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE
CARTAGENA, EL CUAL FIJO (sic) LA AUDIENCIA PARA EL DÍA DE 7 DE MARZO
DE 2024, CORRESPONDIENDO RESOLVER LA PETICIÓN DE LIBERTAD A LA
JUEZ 10 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS
DE CARTAGENA […]”.
5. Manifestó que, “[…] EL DÍA 12 DE MARZO LA JUEZ NO HIZO LA
AUDIENCIA ALEGANDO QUE LA FISCALIA NO SE PODIA CONECTAR, Y EL 15
DE MARZO LA JUEZ LA JUEZ (sic), NO INSTALÓ LA AUDIENCIA ALEGANDO
QUE NO ESTABA NOTIFICADA LA VICTIMA […]”.
6. Adujo que, a través de agente oficioso procedió a elevar una solicitud de
habeas corpus correspondiendo conocer al Tribunal Administrativo de Bolívar,
frente a lo cual el Tribunal, mediante auto de 16 de marzo de 2024, resolvió negarla
por improcedente.
7. Advirtió que, la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto de 19
de marzo de 2024, resolvió:
“[…] PRIMERO: CONFÍRMASE la providencia del 16 de marzo de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, que resolvió «NEGAR por improcedente» la
solicitud de hábeas corpus […]”.
7.1. Como fundamento de su decisión, consideró que:
“[…] En ese orden, lo que se evidencia es que la parte accionante plantea cuestiones
propias del debate jurídico, el cual, se insiste, debe ventilarse dentro de ese proceso,
máxime cuando es del resorte del juez penal decidir sobre la petición de libertad por
vencimiento de términos, aspecto que se reitera, escapa la competencia del juez
constitucional del habeas corpus.
Sobre el particular, se recuerda que el juez de hábeas corpus no se encuentra
facultado para usurpar la competencia del juez natural de la causa y, por ende, no
puede estudiar aspectos respecto de los cuales el procedimiento penal tiene
establecido un trámite ordinario que, en este caso, se está surtiendo ante el Juzgado
Décimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena, y que
corresponde a la reprogramación y celebración de la audiencia preliminar inmediata
por vencimiento de términos, por lo cual, la parte actora no puede hacer uso
prematuro y anticipado de esa petición como una tercera instancia u obtener una
opinión o decisión paralela al proceso penal en curso, tal y como ha sido precisado
por la Corte Suprema de Justicia […]”.
4
Núm. único de radicación: 110010315000202401386-00
Actor: Yonier Teherán Pérez
[…]
“[…] Ante este escenario, el juez del hábeas corpus, en el presente caso, no tiene
competencia para decidir sobre la libertad del accionante, pues, tal y como se puso
de presente, aún no ha sido definido el asunto por el juez competente que deberá
reprogramar y celebrar la audiencia preliminar inmediata sobre el vencimiento de
términos, ante la solicitud efectuada por el apoderado del señor Yonier Teherán
Pérez, audiencia que se solicitó antes del sentido del fallo como lo indica el numeral
8 del artículo 12 de la Ley 1142 de 2007 que modificó el artículo 154 de la Ley 906 de
2004 […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
8. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Con base los hechos expuestos le pido a su despacho a su digno cargo se sirva
CONCEDER LA ACCIÓN DE TUTELA Y AMPARAR LOS derechos fundamentales A
LA LIBERTAD, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Que se ordene MI LIBERTAD INMEDIATA
DEBE EL JUEZ DE TUTELA RESOLVER LA PETICION DE LIBERTAD PORQUE EL
DILATE DE LA JUEZ 10 PENAL MUNICIPAL, LO UNICO QUE MUESTRA ES EL
DECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL PROCESADO, Y ADEMÁS NI
SIQUIERA SE REPROGRAMO LA AUDIENCIA. 12 Y NO ES DEL CASO
ORDENARLE A ESA FUNCIONARIA PREVARICADORA QUE REPROGRAME LA
AUDIENCIA CUANDO SE EVIDENCIA QUE LA NEGLIGENCIA DE LA JUEZ ES LA
QUE HA DADO LUGAR A LA PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DEL
PROCESADO […]”.2
8.1. El actor en su escrito de tutela señaló que las autoridades accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia,
a la libertad y al debido proceso, porque a su juicio, “[…] PROCEDE EL HABEAS
CORPUS PORQUE NO SE PRETENDE REEMPLAZAR AL JUEZ ORDINARIO,
ACA SE ACUDIÓ A DICHO JUEZ Y EN TRES OCASIONES DEMANERA (sic)
CAPRICHOSA SE NIEGA A REALIZAR LA AUDIENCIA […]”.
Actuación
9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 1.° de abril de 2024: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sección Quinta del
Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Bolívar, a la Fiscal General de
2 Transcripción literal del texto.
5
Núm. único de radicación: 110010315000202401386-00
Actor: Yonier Teherán Pérez
la Nación, al Fiscal Diecinueve Especializado de Cartagena, a la Jueza Décimo
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena y al Juez
Coordinador del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de
Cartagena; y iii) vinculó en calidad de tercero con interés legítimo, al Juzgado Tercero
Penal del Circuito de Cartagena, concediéndoles el término de tres (3) días para que
rindieran informe sobre el particular.
Intervención de la demandada y del tercero con interés legítimo
10. El Fiscal Diecinueve Especializado de Cartagena solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela, por las siguientes razones:
“[…] Es incontrovertible que en la actuación penal seguida no ha habido privación
ilegal de la libertad del accionante, puesto que le fue impuesta medida de
aseguramiento que aún está vigente; de otro lado, tampoco, y por razones obvia, se
le ha venido prolongando de ilegal la privación de su libertad.
Este asunto se haya en etapa de juzgamiento, específicamente se está celebrando
el juicio oral con las pruebas de la Fiscalía […]”.
[…]
“[…] Si es cierto que el defensor del accionante impetró una solicitud de libertad por
vencimiento de los términos. Sin embargo, el Señor Juez 10 Penal Municipal de
Cartagena no pudo instalar la respectiva audiencia, por cuanto que el (sic) solicitante
no cumplió con lo pertinente para la citación al acto procesal a los familiares de la
víctima a efectos de que tuvieran la oportunidad de ejercer sus derechos
sustanciales y procesales, como quedó sentando (sic) desde el precedente de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (STP-7090-2021, Radicado
No. 114797 del 13 de mayo del 2021. Sala de Decisión de Tutelas No.3) […]”.
[…]
“[…] Consideramos que siendo la acción de tutela un mecanismo excepcionalísimo
y residual, es obvio que sólo es permitido recurrir a la misma cuando se hayan
agotados todos los cauces o tramites (sic) establecidos en la vía ordinaria para hacer
valer los derechos. Pero, no es admisible que se utilice esta vía constitucional, como
en este caso, a manera de otro recurso que vendría a reemplazar al juez competente,
Ello, no es procedente. Para estos casos no se estableció por el legislador esta
acción constitucional […]”.
11. El Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cartagena,
rindió informe en los siguientes términos:
“[…] Ahora bien, de acuerdo a la información respecto a las audiencias de libertad
que fueron solicitadas por el accionante en el proceso mencionado, se realizó
consulta con el Grupo de Programación de Audiencias, quienes indicaron que en su
6
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Actor: Yonier Teherán Pérez
base de datos existen 6 solicitudes de audiencia preliminar las cuales han sido
programadas de la siguiente manera:
De las solicitudes presentadas tres (3) han sido búsquedas selectivas en base de
datos y tres (3) libertades por vencimiento de términos […]”.
[…]
“[…] Así mismo, se indica que a la fecha dentro del proceso mencionado no existe
ningún tipo de solicitud de audiencia pendiente de agendamiento.
Por todo lo expuesto, considero que, con las actuaciones adoptadas por el Centro
de Servicios Judiciales de Cartagena, no se vulneran los derechos fundamentales a
los cuales hace referencia la accionante y que nos atenemos a la decisión que
adopte el Juez Constitucional en la acción presentada […]”.
12. El Tribunal Administrativo de Bolívar allegó copia digital del expediente del
proceso adelantado de habeas corpus identificado con el número único de
radicación 130012333000202400162-01.
13. La Sección Quinta del Consejo de Estado, el Juzgado Décimo Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena y el Juzgado
Tercero Penal del Circuito de Cartagena guardaron silencio en esta oportunidad
procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20214 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20195, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Actor: Yonier Teherán Pérez
Generalidades de la acción de tutela
15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
16. Corresponde a la Sala establecer: si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.
17. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) procedencia excepcional de la acción de tutela frente a providencias
judiciales que resuelven un habeas corpus; iii) requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales;
iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de acceso
a la administración de justicia; v) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental a la libertad personal; vi) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; vii) análisis del caso
concreto y finalmente las viii) conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
18. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena6, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
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Actor: Yonier Teherán Pérez
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Procedencia excepcional de la acción de tutela frente a providencias
judiciales que resuelven la acción constitucional de habeas corpus
19. La Corte Constitucional ha considerado la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales que resuelven la acción de habeas
corpus, en aras de garantizar principios constitucionales tan importantes como lo
son el debido proceso, de acceso a la administración de justicia y la libertad
personal, cuando se evidencie en un caso concreto que el juez incurrió en una de
las causales especiales de procedencia de la acción de tutela, como lo son los
defectos sustantivo, fáctico, orgánico, procedimental, el error inducido; la decisión
sin motivación, el desconocimiento del precedente judicial y la causal de violación
directa de la Constitución.
20. Al respecto, la Corte Constitucional ha considerado7:
“[…] No sobra puntualizar que, si bien el hábeas corpus es una acción constitucional
preferente, no puede asimilarse a la acción de tutela por varias razones. En primer
lugar y tal y como se señaló arriba, el hábeas corpus es una acción principal para la
protección específica de la libertad mientras que la acción de tutela es un recurso
subsidiario de protección de todos los derechos fundamentales. En segundo lugar,
a pesar de ser una acción constitucional encaminada a amparar el derecho
fundamental a la libertad, el hábeas corpus no es objeto de revisión por parte de la
Corte Constitucional como lo es la tutela.
Mediante la acción de tutela no puede volver a debatirse lo que se discutió en
el marco del proceso de hábeas corpus, es decir, definir si existió una
privación ilegal de la libertad, pero sí se puede examinar si las providencias
que deciden un recurso de hábeas corpus, incurren en algún tipo de defecto
que se traduzca en la violación de los derechos fundamentales de quien
interpone la acción de tutela […]”. (Subrayado por la Sala).
21. De conformidad con lo anteriormente expuesto, la acción de tutela es
procedente contra providencias judiciales que hayan resuelto un hábeas corpus, y
sólo el juez constitucional podrá dejar sin efectos jurídicos dichos
7 Corte Constitucional, Sentencia T-491 de 2014. Magistrado ponente: Dr. Mauricio González
Cuervo.
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Actor: Yonier Teherán Pérez
pronunciamientos, si se acreditan todos los requisitos generales y especiales de
procedencia.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
22. Esta Sección adoptó8 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 20059, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
23. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
24. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”10 que encaje en dichos parámetros.
25. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
9 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
10
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Actor: Yonier Teherán Pérez
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
26. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
27. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.
Acerca del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional
28. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de
agosto de 201412, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, sostuvo lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [13]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [14].
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
12 Ut supra página 6.
[13] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[14] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
11
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Actor: Yonier Teherán Pérez
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [15].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [16].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [17]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [18].
[15] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[16] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[17] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[18] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
12
Núm. único de radicación: 110010315000202401386-00
Actor: Yonier Teherán Pérez
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [19]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.
[…]
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).
29. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado20:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”21
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
[19] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
20 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
21Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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Actor: Yonier Teherán Pérez
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”22
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
30. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y
ii) cuando la actora en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad
judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la
afectación de los derechos fundamentales.
31. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202223 precisó, en
relación con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:
[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
22 Ibidem.
23
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Actor: Yonier Teherán Pérez
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala)
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia
32. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
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Actor: Yonier Teherán Pérez
“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
33. Atendiendo a que, la Corte Constitucional24 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
libertad personal
34. Visto el artículo 28 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni
reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud
de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades
legales y por motivo previamente definido en la ley.
La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez
competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la
decisión correspondiente en el término que establezca la ley.
En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y
medidas de seguridad imprescriptibles […]”.
35. Atendiendo a que la Corte Constitucional25 ha entendido que el derecho a la
libertad personal es “[…] la posibilidad de encontrarse en situación material de
autodeterminarse y ejercer las otras libertades y derechos reconocidos
expresamente o inherentes al ser humano […]”.
24 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
25 Corte Constitucional, Sentencia T-475 de 11 de octubre de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
36. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
37. Atendiendo a que, la Corte Constitucional26 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Análisis del caso concreto
38. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Sección Quinta
del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Bolívar, la Fiscalía General de
la Nación – Fiscalía Diecinueve Especializada de Cartagena, el Juzgado Décimo
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena y el Centro
26 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Actor: Yonier Teherán Pérez
de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cartagena, porque, a su
juicio: i) el Consejo de Estado, al proferir la providencia de 19 de marzo de 2024; ii)
el Tribunal, al proferir la providencia de 16 de marzo de 2024, en el proceso de
habeas corpus identificado con el número único de radicación
130012333000202400162-01; iii) la Fiscalía, al “[…] NO HA[BER] IDENTIFICADO
ESAS VICTIMAS NI EN LAS AUDIENCIAS PREELIMINARES NI EN EL JUICIO
[…]”; iv) el Juzgado, al “[…] NO INSTALA[R] LA AUDIENCIA POR MERO
CAPRICHO […] PARA RECUPERAR MI LA LIBERTAD […]”; y v) el Centro de
Servicios, al “[…] INCURRI[R] EN UN ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL,
PORQUE LE HACEN LA TAREA A LOS JUECES DE NOTIFICARLES LAS
AUDIENCIAS, Y CUANDO EL JUEZ DECLARA FRACASADA UNA AUDIENCIA
NO LA VUELVE A REPROGRAMAR COMO SUCEDE EN ESTE CASO […]”, en el
proceso penal identificado con el número único de radicación
130016001129202301568-00: vulneraron sus derechos fundamentales de acceso a
la administración de justicia, a la libertad personal y al debido proceso.
39. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
40. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por los
actores en su respectivo escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
41. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
41.1. Copia digital del proceso de habeas corpus identificado con el número único
de radicación 130012333000202400162-01.
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Actor: Yonier Teherán Pérez
Solución del caso concreto
Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional
42. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente27:
“[…] TANTO ES ASI QUE UNA AUDIENCIA QUE SE DEBIO REALIZAR EL DÍA 7 DE
MARZO, SE PROGRAMA PARA EL 12 DE MARZO Y POR ULTIMO EL 15 DE
MARZO, SE HAN CONVOCADO TRES AUDIENCIAS CON LA MISMA
FUNCIONARIA Y DE MALA FE SE NIEGA A HACER LAS AUDIENCIAS,
ALEGANDO QUE NO HAY NOTIFICACIÓN SIENDO QUE ESA NOTIFICACIÓN
POR MANDATO LEGAL LE CORRESPONDE REALIZARLA A ELLA.
1.6. DE IGUAL MANERA LA MISMA JUEZ EL DÍA 12 DE MARZO APLAZO LA
AUDIENCIA PORQUE LA FISCALIA NO PODIA ASISTIR, DESCONOCIENDO
PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES QUE CLARAMENTE INDICAN QUE ESTA
JUEZ NO PUEDE DEJAR DE HACER LA AUDIENCIA DE LIBERTAD SO
PRETEXTO QUE LA FISCALIA NO PUEDA ASISTIR. […]”.
[…]
“[…] DE DONDE SE INFIERE QUE PUDIENDO PROGRAMAR LA AUDIENCIA
PARA EL MISMO DÍA, DECIDE POSTERGAR LA PROGRAMACIÓN SIN INDICAR
SIQUIERA QUE DÍA SE HARÁ LA AUDIENCIA, LO QUE MOTIVO QUE SE
INCOARA UN HABEAS CORPUS, Y SOLO CUANDO ES REQUERIDO POR
SEGUNDA OCASIÓN POR EL JUEZ DE HABEAS CORPUS ES QUE
REPROGRAMA LA AUDIENCIA.
EN ESA OPORTUNIDAD SE INTERPUSO UN HABEAS CORPUS QUE FUE
NEGADO PORQUE LA JUEZ CONVOCO LA AUDIENCIA DENTRO DE LOS TRES
DIAS SIGUIENTES, PERO RESULTA QUE EL DÍA 15 DE MARZO LA JUEZ, NO
SOLO SE NEGÓ A REALIZAR LA AUDIENCIA, SINO QUE NI SI QUIERA INDICA
QUE LA VA A REPROGRAMAR SINO QUE SE BASA EN LA PRESUNTA NO
NOTIFICACIÓN DE LA VICTIMA, CUANDO ESTA CLARO QUE LA VICTIMA SI
ESTA ENTERADA DE LA AUDIENCIA. LO CIERTO ES QUE L CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES DE CARTAGENA VIENE INCURRIENDO EN UN ESTADO
DE COSAS INCONSTITUCIONAL, PORQUE LE HACEN LA TAREA A LOS JUECES
DE NOTIFICARLES LAS AUDIENCIAS, Y CUANDO EL JUEZ DECLARA
FRACASADA UNA AUDIENCIA NO LA VUELVE A REPROGRAMAR COMO
SUCEDE EN ESTE CASO […]”.
[…]
“[…] DENOTA MALA FE DEL FUNCIONARIO DE LA FISCALIA ESTE ACTUAR
CONTRARIO A DERECHO Y CONTRARIO A LA LEALTAD PROCESAL, POR
27 Transcripción literal del texto.
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Actor: Yonier Teherán Pérez
CUANTO EL CENTRO DE SERVICIOS AL NOTIFICARLO LE INDICA QUE LA
FISCALIA DEBE NOTIFICAR A LAS VICTIMAS, Y NO OSBTANTE ELLO GUARDA
SILENCIO DURANTE TRES SESIONES DE AUDIENCIAS, PARA EN LA FECHA
SACAR A CUENTO QUE PARA ÉL LAS VICTIMAS NO ESTAN CITADAS […]”.
[…]
“[…] SE INTERPONE ESTA TUTELA CONTRA EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE BOLÍVAR, PORQUE ESTA ENTIDAD NEGÓ EL AMPARO POR VÍA DE HABEAS
CROPUS Y EL CONCEJO DE ESTADO, PORQUE ESTA CEULA JUDICIAL
RESOLVIÓ HABEAS CORPUS EN IMPUGNACIÓN Y CONFIRMA LA DECISIÓN
DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, MEDIANTE LA CUAL NIEGA EL
AMPARO DEL DERECHO A LA LIBERTAD POR VÍA DE HABEAS CORPUS […]”.
[…]
“[…] LA DECISIÓN DEL JUEZ 10 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE
GARANTÍAS, AL NEGARSE A REALIZAR LA AUDIENCIA Y NO REPROGRAMAR
LA MISMA DE MANERA INMEDIATA, constituye una vía de hecho por desconocer
LOS DERECHOS QUE LE ASISTEN AL PROCESADO CONSAGRADOS EN EL
ARTÍCULO 8º DEL CPP. CONSIDERAMOS QUE LA RESPUESTA AL
INTERROGANTE PLANTEADO ES POSITIVA, PORQUE SI SE CONFIGURA LA
LLAMADA VIA DE HECHO A LA QUE HACEMOS MENCION […]”.
43. Ahora bien, para la Sala el actor, frente a los dos procesos cuestionados, no
cumplió con la carga argumentativa mínima de indicarle al juez constitucional por
qué las autoridades judiciales accionadas incurrieron en algunos de los siguientes
defectos: i) sustantivo, ii) fáctico, iii) orgánico y procedimental; o las causales de i)
violación directa de la Constitución, ii) decisión sin motivación, iiii) desconocimiento
del precedente constitucional y iv) error inducido en los términos de la jurisprudencia
de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, por lo que en el caso sub
examine, no se acreditó el cumplimiento del requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.
44. Esta Sección debe reiterar que el principio de informalidad que gobierna a la
acción de tutela no puede considerarse absoluto28, pues es necesario satisfacer
ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos
como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o
amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor
de la amenaza o del agravio29, el señalamiento de las causales especiales de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales lo que implica cumplir con la
28 Sobre el principio de informalidad, ver Corte Constitucional, Auto 165 de 21 de julio 2011, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio
29 Decreto 2591 de 1991, artículo 14.
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Actor: Yonier Teherán Pérez
carga argumentativa para demostrar su configuración en el caso concreto, entre
otros aspectos.
45. Ahora bien, es preciso indicar que el asunto controvertido por el actor frente
a su solicitud de habeas corpus ya fue objeto de estudio por las autoridades
accionadas y la acción de tutela contra providencia judicial no constituye una tercera
instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez natural, sino que tiene
por objeto verificar si la entidad judicial accionada incurrió en la vulneración de
derechos fundamentales.
46. Además de lo anterior, para la Sala, el actor plantea la afectación de los
derechos fundamentales indicados supra que tiene su origen en últimas en un
debate estrictamente legal el cual ya fue expuesto dentro del proceso de habeas
corpus y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde
al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que ello
implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia
adicional.
47. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales […]”.
48. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de
tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes
transcrita, no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia
21
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Actor: Yonier Teherán Pérez
se encuentra limitado a asuntos meramente legales cuya competencia se
encuentran en cabeza del juez de habeas corpus.
49. Para la Sala, la controversia planteada por el actor es de naturaleza
puramente legal; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los derechos
fundamentales indicados supra.
50. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de las autoridades judiciales
accionadas, es decir, el actor acude al juez constitucional buscando la corrección
del criterio jurídico del juez del habeas corpus y reabrir un debate legal concluido
que escapa de la órbita de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, el
actor alega la vulneración de los derechos fundamentales indicados supra, el criterio
de la relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino
mediante la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o
vulneración del mismo, lo cual no aconteció en el caso sub examine.
51. Los supuestos de vulneración de acceso a la administración de justicia, a la
libertad personal y al debido proceso, enunciados por el actor, no se evidencian en
el caso sub examine, toda vez que el proceso de habeas corpus se adelantó ante
el juez competente, en respeto de las formas propias del proceso, y se respetó el
derecho de presentar y controvertir las pruebas allegadas. Además, no concurre
una situación de amenaza o alguna causal de vulnerabilidad que amerite la
actuación del juez constitucional, no se trata de amparar el derecho fundamental de
un sujeto de especial protección constitucional.
52. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal, no es
una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la tutela contra una
providencia judicial.
53. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple
con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del
marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien
el actor enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales de acceso a la
22
Núm. único de radicación: 110010315000202401386-00
Actor: Yonier Teherán Pérez
administración de justicia, a la libertad y al debido proceso, esa presunta afectación
tiene su origen en un debate estrictamente legal.
54. Finalmente, frente a los reparos propuestos en relación con el proceso penal
identificado con el número único de radicación 130016001129202301568-00,
adicional a la falta de carga argumentativa mínima que se advirtió en el numeral 43
supra, la Sala advierte que los reparos propuestos por el actor contra la Fiscalía
General de la Nación – Fiscalía Diecinueve Especializada de Cartagena, el Juzgado
Décimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena y el
Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Cartagena,
corresponden a los mismos que fueron expuestos ante el juez del habeas corpus
para sustentar una presunta “[…] prolongación ilegal de la privación de la libertad
[…]”, en relación con los cuales se resolvió “[…] NEGAR por improcedente la
solicitud de hábeas corpus […]”, razón por la cual, como se expuso supra no
corresponde al juez de tutela hacer un pronunciamiento adicional, so pena de
desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y desnaturalizar el
mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional.
Conclusiones de la Sala
55. Con fundamento en lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la
acción de tutela que presentó el actor contra las autoridades accionadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela que presentó el
actor contra las autoridades accionadas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Núm. único de radicación: 110010315000202401386-00
Actor: Yonier Teherán Pérez
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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