RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-01396-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01396-00

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01396-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentadas en escritos separados por la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL y la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL VALLE DEL CAUCA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado frente al derecho de petición, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: DENEGAR el amparo solicitado respecto a la mora judicial invocada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01396-00 Actor: ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-01396-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

25 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01396-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO SOLICITADO FRENTE AL
DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN Y SE DENIEGA RESPECTO A LA MORA
JUDICIAL ALEGADA, TODA VEZ QUE PREVIO A LA RADICACIÓN DE LA
PRESENTE SOLICITUD DE AMPARO CONSTITUCIONAL YA SE HABÍA
PROFERIDO Y NOTIFICADO LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA QUE EL
ACTOR ECHA DE MENOS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DE PETICIÓN, AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y AL DEBIDO PROCESO

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL y las

SECCIONES TERCERA -SUBSECCIÓN “C”-1 y QUINTA2 DEL

CONSEJO DE ESTADO y su SECRETARÍA GENERAL3.

1
En adelante la Sección Tercera
2
En adelante la Sección Quinta
3
En adelante la Secretaría General

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01396-00
Actor: ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales de petición, al acceso a la administración de justicia

y al debido proceso, los cuales estima vulnerados por la COMISIÓN

NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, las SECCIONES

TERCERA y QUINTA y la SECRETARÍA GENERAL de esta

Corporación, al haber incurrido en una presunta mora judicial

injustificada, dentro de la acción constitucional identificada con el

número único de radicación 2023-06702-00, por cuanto no se ha

dictado sentencia de segunda instancia, ni tampoco ha recibido una

respuesta de fondo, clara y concreta a la solicitud que envió a esta

Corporación, vía electrónica, el 12 de marzo de 2024, en la que pidió

información respecto del estado actual del trámite de la impugnación

del referido proceso.

I.2. Hechos

Afirmó que a través de sentencia de 16 de agosto de 2023 la

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL confirmó la

decisión de declararlo responsable disciplinariamente por la incursión

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01396-00
Actor: ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO

en la falta contra el debido respeto a la administración de justicia y

a las autoridades, descrita en el artículo 32 de la Ley 1123 de 22 de

enero de 20074, cometida a título de dolo, como consecuencia del

incumplimiento del deber de diligencia previsto en el numeral 7 del

artículo 28 ejusdem5 y le impuso la sanción de suspensión en el

ejercicio de la profesión de abogado por el término de 4 meses.

Precisó que, inconforme con lo anterior, el 1o. de noviembre de 2023,

presentó acción de tutela contra la COMISIÓN NACIONAL DE

DISCIPLINA JUDICIAL y la COMISIÓN SECCIONAL DE

DISCIPLINA JUDICIAL DE VALLE DEL CAUCA, con el fin de

obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido

proceso, al secreto profesional, asociado al derecho de defensa.

Sostuvo que la referida demanda fue identificada con el número único

de radicación 11001-03-15-000-2023-06702-00 y le correspondió

por reparto a la SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 12

de enero de 2024, declaró la improcedencia de la acción por no

acreditar el requisito de relevancia constitucional, la cual, le fue

4
“ARTÍCULO 32. Constituyen faltas contra el respeto debido a la administración de justicia y a las
autoridades administrativas:
Injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás personas que
intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar, por los
medios pertinentes, los delitos o las faltas cometidas por dichas personas”.

5
“ARTÍCULO 28. DEBERES PROFESIONALES DEL ABOGADO. Son deberes del abogado:
[…]
7. Observar y exigir mesura, seriedad, ponderación y respeto en sus relaciones con los servidores
públicos, colaboradores y auxiliares de la justicia, la contraparte, abogados y demás personas que
intervengan en los asuntos de su profesión.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01396-00
Actor: ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO

notificada el 29 de enero de 2024.

Señaló que el 31 de enero de 2024 presentó impugnación en contra

de la decisión de primera instancia, sin obtener ningún

pronunciamiento frente al particular, por lo cual, el 12 de marzo de

2024 remitió derecho de petición a la Corporación solicitando

información respecto del estado actual del trámite de la referida

acción de tutela, no obstante, hasta la fecha de presentación de la

solicitud de amparo de la referencia no ha recibido respuesta alguna,

ni se han adelantado actuaciones.

I.3. Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, las autoridades accionadas incurrieron en

una mora judicial injustificada, por cuanto, i) a la fecha de

interposición de la presente solicitud de amparo constitucional no se

había surtido la segunda instancia de la acción de tutela identificada

con el número único de radicación 2023-06702-00 y; ii) tampoco ha

recibido una respuesta de fondo, clara y concreta a la solicitud que

envió a esta Corporación, vía electrónica, el 12 de marzo de 2024,

en la que pidió información respecto del estado actual del referido

proceso.

I.4. Pretensiones

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01396-00
Actor: ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales de

petición, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso,

en los siguientes términos:

“[…] 1. Se ordene a la Sala que avocó el conocimiento de la
impugnación de la referida tutela que produzca la sentencia
respectiva y me sea debidamente notificada.
2. Ordenar se investigue a los magistrados que incurrieron en mora
en el trámite de la referida tutela […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA, por intermedio del magistrado

William Barrera Muñoz, precisó que desde el 24 de noviembre de

2023 se encuentra a cargo del despacho ponente de la decisión de

primer grado de la acción constitucional cuestionada.

Realizó un recuento de las actuaciones judiciales obrantes en el

expediente de tutela controvertido, conforme a las cuales concluyó

que el despacho a su cargo no desconoció los términos previstos en

el artículo 86 de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 19

de noviembre de 19916.

Por lo anterior, solicitó que se desestimaran las pretensiones de la

solicitud de amparo de la referencia.

6
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01396-00
Actor: ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO

I.5.2.- La COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

manifestó que mediante providencia de 16 de agosto de 2023, con

ponencia del magistrado Julio Andrés Sampedro Arrubla,

confirmó la decisión de primera instancia de 24 de agosto de 2022,

proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Valle del

Cauca, en la cual se le declaró al hoy tutelante responsable

disciplinariamente de la incursión en la falta prevista en el artículo

32 de la Ley 1123 de 2007, cometida a título de dolo, como

consecuencia del incumplimiento del deber de diligencia descrito en

el artículo 28 numeral 7 ejusdem, y le impuso la sanción de

suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 4 meses.

Advirtió que esa autoridad ni siquiera ha amenazado los derechos

fundamentales del actor, por lo cual solicitó declarar improcedente la

solicitud de amparo de la referencia y se ordene su desvinculación,

teniendo en cuenta que en el escrito tuitivo la tutelante refiere que

fueron las otras autoridades accionadas las que afectaron sus

derechos fundamentales.

I.5.3.- La SECCIÓN QUINTA, a través de la magistrada Gloria

María Gómez Montoya, afirmó que en el presente caso no se

avizora una omisión en el cumplimiento de las obligaciones en el

trámite de la acción de tutela cuestionada o una dilación injustificada

por parte de esa autoridad, teniendo en cuenta que el proceso

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01396-00
Actor: ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO

ingresó al despacho actualmente a su cargo el 4 de marzo de 2024

para resolver la impugnación y el 14 del mismo mes y año se profirió

el respectivo fallo de segunda instancia, el cual fue notificado

debidamente el siguiente 19 de marzo al correo electrónico del actor.

Indicó que la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte

Constitucional ha sido pacífica al señalar que existen dos clases de

solicitudes que pueden ser elevadas ante los operadores de justicia:

i) aquellas relativas al proceso judicial, que se tramitan de

conformidad con el procedimiento que para el efecto se ha previsto

en la ley; y ii) las generales que no tienen incidencia en el

contradictorio y que están reguladas en el Título 2º de la Ley 1437

de 18 de enero de 20117.

Advirtió que la petición elevada por el accionante no corresponde a

la ejercida dentro de la prerrogativa establecida en el artículo 23

Constitucional, sino que la misma se presentó dentro del marco de

una acción de tutela que persigue un impulso procesal, con el fin de

que se resuelva la impugnación interpuesta contra el fallo de 12 de

enero 2024, por lo cual corresponde a la primera clasificación de

peticiones que ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado y

de la Corte Constitucional y, en tal sentido, no resulta procedente,

7
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01396-00
Actor: ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO

pues gira en torno al proceso y debe ser presentada y resuelta de

conformidad con las normas procesales que regulen dichas

actuaciones.

Por último, solicitó denegar las pretensiones de la solicitud de

amparo, debido a que no ha vulnerado derecho fundamental alguno.

I.5.4.- La SECRETARÍA GENERAL DEL CONSEJO DE ESTADO

solicitó denegar las pretensiones del amparo constitucional de la

referencia.

Manifestó que una vez revisado el Sistema para la gestión judicial

SAMAI, se constató que el expediente de tutela controvertido se

sometió a reparto de segunda instancia el 1o. de marzo de 2024,

cuya ponencia correspondió al magistrado (E) Luis Alberto Álvarez

Parra que, mediante sentencia de 14 de marzo de 2024, confirmó la

decisión de primer grado.

Resaltó que la decisión de segunda instancia fue notificada al actor

el 19 de marzo de 2024 y el expediente fue remitido a la Corte

Constitucional el 3 de abril de 2024, con el fin de surtir el trámite de

eventual revisión.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01396-00
Actor: ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO

En relación con la solicitud de información presentada el 12 de marzo

de 2024 por el actor, sobre el estado del trámite de la impugnación,

informó que esa Secretaría le proporcionó una respuesta de fondo,

completa y oportuna mediante el Oficio núm. JJ-1156 de 3 de abril

de 2024, en el cual se le detalló exhaustivamente al peticionario el

trámite impartido a la impugnación.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- La COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

DEL VALLE DEL CAUCA afirmó que ese despacho no ha tenido

injerencia alguna en la presunta mora judicial dentro de la acción

constitucional identificada con el número único de radicación 2023-

06702-01.

Indicó que el día 20 de marzo de 2024 le notificaron la providencia

de segunda instancia, emitida por la Sección Quinta del Consejo de

Estado, con ponencia del Magistrado Luis Alberto Álvarez Parra,

mediante el cual resolvió: “[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia

del 12 de enero 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección

Tercera, Subsección C, que declaró la improcedencia de la acción

instaurada por el señor Montaña Gallego […]”.

Finalmente, solicitó que se ordene su desvinculación de la presente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01396-00
Actor: ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO

solicitud de amparo constitucional.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA

JUDICIAL y la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

DEL VALLE DEL CAUCA solicitaron su desvinculación en escritos

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01396-00
Actor: ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO

separados, en la presente acción de tutela, por falta de legitimación

en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01396-00
Actor: ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO

bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA

JUDICIAL y la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

DEL VALLE DEL CAUCA actuaron como parte demandada dentro de

la acción de tutela identificada con el número único de radicado

11001-03-15-000-2023-06702-01, objeto del presente estudio, la

Sala concluye que, a dichas Corporaciones, les asiste interés en las

resultas de la acción constitucional de la referencia, razón por la que

se denegará su solicitud de desvinculación, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19918. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

8
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01396-00
Actor: ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso Concreto

En el presente caso, el actor promovió acción de tutela con el fin de

obtener el amparo de sus derechos fundamentales de petición, al

acceso a la administración de justicia y al debido proceso, los cuales,

a su juicio, le fueron vulnerados por la COMISIÓN NACIONAL DE

DISCIPLINA JUDICIAL, las SECCIONES TERCERA y QUINTA y

la SECRETARÍA GENERAL de esta Corporación, al haber incurrido

en una presunta mora judicial injustificada, dentro de la acción

constitucional identificada con el número único de radicación 2023-

06702-00, por cuanto no se ha dictado sentencia de segunda

instancia, ni tampoco ha recibido una respuesta de fondo, clara y

concreta a la solicitud que envió a esta Corporación, vía electrónica,

el 12 de marzo de 2024, en la que pidió información respecto del

estado actual del referido proceso.

En ese orden de ideas, a la Sala le corresponde determinar si las

autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos

fundamentales invocados por la parte actora, al incurrir en una

presunta mora judicial injustificada dentro del proceso constitucional

aludido, pero, antes de abordar el estudio del caso concreto, resulta

pertinente realizar algunas precisiones respecto del derecho de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01396-00
Actor: ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO

petición ejercido ante autoridades judiciales.

Del derecho de petición instaurado ante autoridades

judiciales

Frente al derecho de petición que se ejerce ante autoridades

judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no

resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se

pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante

el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites

para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador

constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el

contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o

administrativas, pues en caso de que sea el segundo evento, el

amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.

La Sala así lo precisó en sentencia de 17 de noviembre de 20179, en

la que se reiteró lo expuesto en providencia de 18 de junio de 2015,

proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el número único

de radicación 11001-03-15-000-2015-01196-00:

“[…] En relación con el derecho de petición presentado ante
autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar
que su amparo no resulta procedente por vía de acción de

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de
diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 11001-03-15-000-
2017-02583-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01396-00
Actor: ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO

tutela, cuando lo que se pretende es obtener
pronunciamientos por parte de un juez durante el curso
de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites
para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador
constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el
contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente
judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo
evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.

Así lo apreció la Sala en sentencia de 17 de julio de 2008, con
ponencia del Magistrado doctor Marco Antonio Velilla Moreno,
proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el nro. 2008-
00517, en la que se indicó lo siguiente:

En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar
que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es
procedente el ejercicio del derecho de petición como tal frente a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, por cuanto para
ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes
mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes
en los procesos; y que acceder al reconocimiento de derechos de
petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos a la
administración de justicia, pues implicaría destinar gran parte del
tiempo a responder solicitudes como la de la actora en
detrimento de la actividad judicial.

En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente
núm. AC-2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya,
Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), la Sala
sostuvo:

“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata
precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado en
el artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho de
petición en el caso de un proceso judicial.

Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte
Constitucional ha expresado:

“El derecho de petición no procede para poner en marcha el
aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla
sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación
reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso
de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y
del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho
de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden
distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y,
de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos
se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el
Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las
peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01396-00
Actor: ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO

resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones
administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten
las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en
asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que
prevalecen las reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO)

Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de
asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra
muy distinta es el juez como autoridad judicial dentro del trámite
de un proceso a su cargo.

En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de
petición como tal, pues para ello el legislador ha establecido los
procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los
requerimientos de las partes en los procesos. Acceder al
reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces
procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues
implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes
como la del accionante en detrimento de la actividad judicial.

Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:

“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es
aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los procesos,
ya que éstos se rigen por las normas legales propias de cada uno,
sin que sea lo adecuado impulsarlos mediante la formulación de
peticiones en cada uno de los momentos procesales.”
(Sentencia T-178-00. MP JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ
GALINDO) […]” (Negrillas y subrayas fuera del texto).

Asimismo, en reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha

explicado que la jurisdicción en general ha sido entendida como la

potestad del Estado para administrar justicia en ejercicio de su

soberanía, mediante el conocimiento y decisión de diferentes

asuntos; por ello, es que todos los jueces ejercen jurisdicción en

nombre del Estado, pero en el marco de su competencia, la cual hace

referencia a la porción de la jurisdicción asignada a cada juez o

Tribunal para su conocimiento.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01396-00
Actor: ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO

Así lo consideró la Corte en sentencia C-154 de 2004:

“[…] Al respecto debe señalarse que la competencia de una
autoridad judicial ha sido entendida como la porción, la cantidad,
la medida o el grado de la jurisdicción que corresponde a cada
juez o tribunal, mediante la determinación de los asuntos que le
corresponde conocer, atendidos determinados factores (materia,
cuantía, lugar, etc)10.

La Corte ha explicado, así mismo que la jurisdicción en general
consiste en la potestad que tiene el Estado para administrar
justicia en ejercicio de la soberanía de que es titular, mediante
el conocimiento y decisión de las diferentes causas (civiles,
criminales, administrativas, etc.) y, en tal virtud, es única e
indivisible. Es por ello que todos los jueces ejercen jurisdicción
en nombre del Estado, pero circunscrita al ámbito propio de la
competencia11 que le asigna la ley12 […]”.

En ese entendido, la Sala observa que lo pretendido por la parte

actora en la solicitud presentada el 12 de marzo de 2024 es que se

le informe respecto del estado actual de la acción constitucional

cuestionada, asunto que corresponde al proceso judicial, por lo que,

consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el

amparo solicitado respecto al derecho de petición alegado por la

10
Sentencia C-040/97, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.
11
Los factores y las condiciones especiales que debe reunir la asignación de una competencia en
particular, según lo anotado en la sentencia C-655 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz, presentan las
siguientes características:

“La competencia se fija de acuerdo con distintos factores, a saber: la naturaleza o materia del proceso
y la cuantía (factor objetivo), la calidad de las partes que intervienen en el proceso (factor subjetivo),
la naturaleza de la función que desempeña el funcionario que debe resolver el proceso (factor
funcional), el lugar donde debe tramitarse el proceso (factor territorial), el factor de conexidad.

La competencia debe tener las siguientes calidades: legalidad, pues debe ser fijada por la ley;
imperatividad, lo que significa que no es derogable por la voluntad de las partes; inmodificabilidad
por que no se puede variar en el curso de un proceso (perpetuatio jurisdictionis); la indelegabilidad,
ya que no puede ser delegada por quien la detenta; y es de orden público puesto que se funda en
principios de interés general”.
12
Sentencia C-392/00 M.P. Antonio Barrera Carbonell.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01396-00
Actor: ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO

parte actora, como en efecto se dispondrá más adelante en la parte

resolutiva de esta providencia.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala determinará si las autoridades

judiciales accionadas incurrieron en una mora judicial injustificada en

el trámite de la acción constitucional identificada con el número único

de radicación 2023-06702-00.

De la mora judicial

Esta figura ha sido definida como un “[…] fenómeno multicausal y

estructural […]”13 que impide el disfrute efectivo del derecho de

acceso a la administración de justicia y que se presenta como

resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la

capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la

solución de los procesos.

Sobre este tema, la Corte Constitucional14 ha sostenido que el no

cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no

implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida

cuenta que, pese a que es obligación de la autoridad judicial acatar

los plazos establecidos por la normativa aplicable, también lo es dar

13
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P.:
María Victoria Calle Correa.
14
Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01396-00
Actor: ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO

prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrificar

irrazonablemente la justicia como valor superior y principio

constitucional.

En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora para

determinar si esta es justificada o no, dado que es necesario que

concurran determinadas circunstancias para tenerla como

injustificada.

Al respecto, la Corte15 ha manifestado en forma reiterada que:

“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos
fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la
razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del
incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del
ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los
términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo
que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad
procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y
la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o
justificación razonable de la demora16. Advirtió, además, que (iv)
el funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de todos
los medios posibles para evitar el detrimento de las garantías de
acceso a la administración de justicia y debido proceso,
concluyendo que:

“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del
plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto que
son estos los criterios que se deben analizar para determinar si
acontece o no una afectación o amenaza al debido proceso y por
ende al acceso a la administración de justicia. En esa medida, la
mora judicial se justifica cuando:

• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se
demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que
los atiende.

15
Ibidem.
16
«Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T-297 de 2006 (MP Jaime
Córdoba Triviño - unánime)».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01396-00
Actor: ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO

• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso
de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas
como imprevisibles e ineludibles.

Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en
aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario
encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido
a una omisión sistemática de sus deberes.”17.

13.5. En la providencia T-230 de 201318, que abordó un caso de
presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte Suprema
de Justicia - Sala de Casación Laboral dentro de un proceso
ordinario que tenía por objeto el reconocimiento de una sustitución
pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno, contrario a los
derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia cuando: (i)
se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley
para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo
razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión
judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a
la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una
autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que ante casos de mora
judicial injustificada, la acción de tutela era procedente cuando (1)
se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se acreditara la
existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo que, (iii) el
remedio, consistente en la alteración del turno, era excepcional19.

También hizo referencia la Sala de revisión a casos en los que la
mora estaba justificada, encontrando que en algunos eventos la
Corte (i) niega la protección constitucional20, en otros, (ii) ordena
la alteración del turno, cuando quiera que se está ante sujetos de
especial protección y/o vulnerabilidad21; y, en otros, (iii) dispone
un amparo transitorio22.

13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la
Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de
201623, destacó que el derecho al debido proceso en un plazo
razonable, por desconocimiento del término, es objeto de amparo
constitucional cuando quiera que (i) se incurre en mora judicial
injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede

17
«En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la
providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el
sancionado se encontraba justificada».
18
«MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - unánime».
19
«Destacó la Sala que, según lo señalado por la Corte en la sentencia C-543 de 1992, en casos de
mora judicial podía ordenarse al juez observar los términos judiciales o la resolución del caso, lo que
implicaba una alteración del turno (MP José Gregorio Hernández Galindo, SV Ciro Angarita Barón,
Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero)».
20
«Citó como precedente las sentencias T-668 de 1996 (MP Hernando Herrera Vergara - unánime), T-
243 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz - unánime), T-1249 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Porto -
unánime) y T-366 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández)».
21
«Como ocurrió en las sentencias T-708 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil – unánime), T-220 de 2007
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla) y T-945A de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla)».
22
«T-1154 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra - unánime)».
23
«MP Gloria Stella Ortiz Delgado».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01396-00
Actor: ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO

materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.

La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera
que (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no
existe un motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la
tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión
sistemática de los deberes del funcionario judicial […]”.

Conforme con la jurisprudencia en cita, para establecer si el

desconocimiento de los términos procesales, en un asunto particular,

conlleva la vulneración de derechos fundamentales como el debido

proceso, debe determinarse, entre otras cosas, si la dilación acaecida

es justificada o no, pero particularmente si tal situación es atribuible

a la falta de diligencia del funcionario encargado de la resolución del

litigio.

En virtud de lo anterior, se procede a examinar las actuaciones

procesales desarrolladas de la acción de tutela identificada con el

número único de radicación 2023-06702-00, en aras de determinar

si en el presente asunto se reúnen los presupuestos que configuran

la mora judicial injustificada.

Según la información relacionada en la Sede Electrónica para la

Gestión Judicial del Consejo de Estado, SAMAI24, se tiene lo

siguiente:

24
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202306
702001100103

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01396-00
Actor: ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO

• El proceso fue radicado el 1o. de noviembre de 2023, ante la

SECRETARÍA GENERAL que en la misma fecha efectuó el

reparto y radicación del expediente de tutela identificado con el

número único de radicación 2023-06702-00 y le fue asignado al

doctor José Roberto Sáchica Méndez (E).

• El día 16 de noviembre de 2023 la SECCIÓN TERCERA admitió

la solicitud, el proceso regresó al Despacho el 29 del mismo mes

y año, registró proyecto de fallo el 11 de diciembre de 2023 y el

12 de enero profirió sentencia de primera instancia declarando la

improcedencia de la acción y dicha decisión fue notificada a las

partes e intervinientes el 29 de enero de 2024.

• El actor presentó impugnación contra dicha decisión, por lo

cual, mediante auto de 20 de febrero de 2024 fue concedida y la

radicación y reparto del proceso identificado con el número único

de radicación 2023-06702-01 se efectuó el 1o. de marzo de 2024

y le correspondió al doctor Luis Alberto Álvarez Parra (E).

• El expediente ingresó al despacho el día 4 de marzo de 2024 y

el 14 del mismo mes y año se profirió sentencia confirmando la

decisión de primer grado, la cual fue notificada a las partes e

intervinientes el 19 de marzo siguiente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01396-00
Actor: ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO

• El día 3 de abril de 2024 el proceso fue remitido a la Corte

Constitucional con el fin de surtir el trámite de eventual revisión.

Aunado a lo anterior, resulta oportuno precisar que el tutelante

señaló que se incurrió en una presunta mora judicial injustificada,

dentro de la acción constitucional identificada con el número único

de radicación 2023-06702-00, por cuanto no se ha dictado sentencia

de segunda instancia. Sobre el particular, es pertinente traer a

colación el artículo 32 del Decreto 2591 de 199, que respecto al

trámite de la impugnación establece:

“[…] ARTICULO 32. TRAMITE DE LA IMPUGNACION.

Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el
expediente dentro de los dos días siguientes al superior
jerárquico correspondiente.
El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido
de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de
los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a
su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo,
lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado
a derecho, lo confirmará. En ambos casos, dentro de los diez
días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el
juez remitirá el expediente a la Corte Constitucional, para
su eventual revisión […]”

En ese orden de ideas, conforme a las circunstancias fácticas

mencionadas, la Sala observa que, en sede de impugnación de la

solicitud de amparo cuestionada, se efectuó la radicación y reparto

del proceso el 1o. de marzo de 2024 y le correspondió al doctor Luis

Alberto Álvarez Parra (E); el proceso ingresó al despacho el día 4 de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01396-00
Actor: ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO

marzo de 2024 y el 14 del mismo mes y año profirió sentencia

confirmando la decisión de primer grado, la cual fue notificada a las

partes e intervinientes el 19 de marzo siguiente.

En efecto, en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo

de Estado, SAMAI25 obran dichas actuaciones en el historial de

actuaciones judiciales, así:

En virtud de lo anterior, la Sala encuentra que en el trámite de la

segunda instancia de la acción constitucional identificada con el

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202306
25

702001100103

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01396-00
Actor: ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO

número único de radicación 2023-06702-01 no se incurrió en mora

judicial, dado que, conforme a lo establecido en el artículo 32 del

Decreto 2591 de 1991, la SECCIÓN QUINTA debía proferir el fallo

de segunda instancia dentro de los 20 días siguientes a la recepción

del expediente, no obstante, ello ocurrió previo a que feneciera dicho

término, pues el proceso ingresó al despacho el día 4 de marzo de

2024 y, tan solo 10 días después, esto es, el 14 del mismo mes y

año profirió sentencia confirmando la decisión de primer grado, que

le fue notificada al actor el día 19 de marzo de 2024, quien radicó la

presente solicitud de amparo constitucional al día siguiente, como se

observa a continuación:

Imagen del historial de actuaciones judiciales de la presente solicitud de amparo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

26

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01396-00
Actor: ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO

Acta de notificación al actor de la sentencia de segunda instancia de la acción de tutela identificada
con el número único de radicación 2023-06702-01

En ese orden de ideas, la Sala concluye que en el presente asunto no

se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte

actora, pues en el trámite de la segunda instancia de la acción de

tutela identificada con el número único de radicación 2023-06702-01

no se incurrió en una mora judicial injustificada, toda vez que previo

a la radicación de la presente solicitud de amparo constitucional ya

se había proferido y notificado al actor la actuación que echa de

menos, razón por la cual se denegará el amparo solicitado, como en

efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

27

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01396-00
Actor: ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentadas en escritos

separados por la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA

JUDICIAL y la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA

JUDICIAL DEL VALLE DEL CAUCA, por las razones expuestas en

la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado

frente al derecho de petición, de conformidad con lo expuesto en la

parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: DENEGAR el amparo solicitado respecto a la mora

judicial invocada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva

de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

28

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01396-00
Actor: ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO

QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de abril de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.