Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01396-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01396-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-01396-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
25 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01396-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO SOLICITADO FRENTE AL
DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN Y SE DENIEGA RESPECTO A LA MORA
JUDICIAL ALEGADA, TODA VEZ QUE PREVIO A LA RADICACIÓN DE LA
PRESENTE SOLICITUD DE AMPARO CONSTITUCIONAL YA SE HABÍA
PROFERIDO Y NOTIFICADO LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA QUE EL
ACTOR ECHA DE MENOS.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DE PETICIÓN, AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y AL DEBIDO PROCESO
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL y las
SECCIONES TERCERA -SUBSECCIÓN “C”-1 y QUINTA2 DEL
CONSEJO DE ESTADO y su SECRETARÍA GENERAL3.
1
En adelante la Sección Tercera
2
En adelante la Sección Quinta
3
En adelante la Secretaría General
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01396-00
Actor: ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales de petición, al acceso a la administración de justicia
y al debido proceso, los cuales estima vulnerados por la COMISIÓN
NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, las SECCIONES
TERCERA y QUINTA y la SECRETARÍA GENERAL de esta
Corporación, al haber incurrido en una presunta mora judicial
injustificada, dentro de la acción constitucional identificada con el
número único de radicación 2023-06702-00, por cuanto no se ha
dictado sentencia de segunda instancia, ni tampoco ha recibido una
respuesta de fondo, clara y concreta a la solicitud que envió a esta
Corporación, vía electrónica, el 12 de marzo de 2024, en la que pidió
información respecto del estado actual del trámite de la impugnación
del referido proceso.
I.2. Hechos
Afirmó que a través de sentencia de 16 de agosto de 2023 la
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL confirmó la
decisión de declararlo responsable disciplinariamente por la incursión
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01396-00
Actor: ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO
en la falta contra el debido respeto a la administración de justicia y
a las autoridades, descrita en el artículo 32 de la Ley 1123 de 22 de
enero de 20074, cometida a título de dolo, como consecuencia del
incumplimiento del deber de diligencia previsto en el numeral 7 del
artículo 28 ejusdem5 y le impuso la sanción de suspensión en el
ejercicio de la profesión de abogado por el término de 4 meses.
Precisó que, inconforme con lo anterior, el 1o. de noviembre de 2023,
presentó acción de tutela contra la COMISIÓN NACIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL y la COMISIÓN SECCIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL DE VALLE DEL CAUCA, con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al secreto profesional, asociado al derecho de defensa.
Sostuvo que la referida demanda fue identificada con el número único
de radicación 11001-03-15-000-2023-06702-00 y le correspondió
por reparto a la SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 12
de enero de 2024, declaró la improcedencia de la acción por no
acreditar el requisito de relevancia constitucional, la cual, le fue
4
“ARTÍCULO 32. Constituyen faltas contra el respeto debido a la administración de justicia y a las
autoridades administrativas:
Injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás personas que
intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar, por los
medios pertinentes, los delitos o las faltas cometidas por dichas personas”.
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“ARTÍCULO 28. DEBERES PROFESIONALES DEL ABOGADO. Son deberes del abogado:
[…]
7. Observar y exigir mesura, seriedad, ponderación y respeto en sus relaciones con los servidores
públicos, colaboradores y auxiliares de la justicia, la contraparte, abogados y demás personas que
intervengan en los asuntos de su profesión.
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Actor: ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO
notificada el 29 de enero de 2024.
Señaló que el 31 de enero de 2024 presentó impugnación en contra
de la decisión de primera instancia, sin obtener ningún
pronunciamiento frente al particular, por lo cual, el 12 de marzo de
2024 remitió derecho de petición a la Corporación solicitando
información respecto del estado actual del trámite de la referida
acción de tutela, no obstante, hasta la fecha de presentación de la
solicitud de amparo de la referencia no ha recibido respuesta alguna,
ni se han adelantado actuaciones.
I.3. Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, las autoridades accionadas incurrieron en
una mora judicial injustificada, por cuanto, i) a la fecha de
interposición de la presente solicitud de amparo constitucional no se
había surtido la segunda instancia de la acción de tutela identificada
con el número único de radicación 2023-06702-00 y; ii) tampoco ha
recibido una respuesta de fondo, clara y concreta a la solicitud que
envió a esta Corporación, vía electrónica, el 12 de marzo de 2024,
en la que pidió información respecto del estado actual del referido
proceso.
I.4. Pretensiones
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La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales de
petición, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso,
en los siguientes términos:
“[…] 1. Se ordene a la Sala que avocó el conocimiento de la
impugnación de la referida tutela que produzca la sentencia
respectiva y me sea debidamente notificada.
2. Ordenar se investigue a los magistrados que incurrieron en mora
en el trámite de la referida tutela […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA, por intermedio del magistrado
William Barrera Muñoz, precisó que desde el 24 de noviembre de
2023 se encuentra a cargo del despacho ponente de la decisión de
primer grado de la acción constitucional cuestionada.
Realizó un recuento de las actuaciones judiciales obrantes en el
expediente de tutela controvertido, conforme a las cuales concluyó
que el despacho a su cargo no desconoció los términos previstos en
el artículo 86 de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 19
de noviembre de 19916.
Por lo anterior, solicitó que se desestimaran las pretensiones de la
solicitud de amparo de la referencia.
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“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
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I.5.2.- La COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
manifestó que mediante providencia de 16 de agosto de 2023, con
ponencia del magistrado Julio Andrés Sampedro Arrubla,
confirmó la decisión de primera instancia de 24 de agosto de 2022,
proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Valle del
Cauca, en la cual se le declaró al hoy tutelante responsable
disciplinariamente de la incursión en la falta prevista en el artículo
32 de la Ley 1123 de 2007, cometida a título de dolo, como
consecuencia del incumplimiento del deber de diligencia descrito en
el artículo 28 numeral 7 ejusdem, y le impuso la sanción de
suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 4 meses.
Advirtió que esa autoridad ni siquiera ha amenazado los derechos
fundamentales del actor, por lo cual solicitó declarar improcedente la
solicitud de amparo de la referencia y se ordene su desvinculación,
teniendo en cuenta que en el escrito tuitivo la tutelante refiere que
fueron las otras autoridades accionadas las que afectaron sus
derechos fundamentales.
I.5.3.- La SECCIÓN QUINTA, a través de la magistrada Gloria
María Gómez Montoya, afirmó que en el presente caso no se
avizora una omisión en el cumplimiento de las obligaciones en el
trámite de la acción de tutela cuestionada o una dilación injustificada
por parte de esa autoridad, teniendo en cuenta que el proceso
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ingresó al despacho actualmente a su cargo el 4 de marzo de 2024
para resolver la impugnación y el 14 del mismo mes y año se profirió
el respectivo fallo de segunda instancia, el cual fue notificado
debidamente el siguiente 19 de marzo al correo electrónico del actor.
Indicó que la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional ha sido pacífica al señalar que existen dos clases de
solicitudes que pueden ser elevadas ante los operadores de justicia:
i) aquellas relativas al proceso judicial, que se tramitan de
conformidad con el procedimiento que para el efecto se ha previsto
en la ley; y ii) las generales que no tienen incidencia en el
contradictorio y que están reguladas en el Título 2º de la Ley 1437
de 18 de enero de 20117.
Advirtió que la petición elevada por el accionante no corresponde a
la ejercida dentro de la prerrogativa establecida en el artículo 23
Constitucional, sino que la misma se presentó dentro del marco de
una acción de tutela que persigue un impulso procesal, con el fin de
que se resuelva la impugnación interpuesta contra el fallo de 12 de
enero 2024, por lo cual corresponde a la primera clasificación de
peticiones que ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado y
de la Corte Constitucional y, en tal sentido, no resulta procedente,
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“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.
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pues gira en torno al proceso y debe ser presentada y resuelta de
conformidad con las normas procesales que regulen dichas
actuaciones.
Por último, solicitó denegar las pretensiones de la solicitud de
amparo, debido a que no ha vulnerado derecho fundamental alguno.
I.5.4.- La SECRETARÍA GENERAL DEL CONSEJO DE ESTADO
solicitó denegar las pretensiones del amparo constitucional de la
referencia.
Manifestó que una vez revisado el Sistema para la gestión judicial
SAMAI, se constató que el expediente de tutela controvertido se
sometió a reparto de segunda instancia el 1o. de marzo de 2024,
cuya ponencia correspondió al magistrado (E) Luis Alberto Álvarez
Parra que, mediante sentencia de 14 de marzo de 2024, confirmó la
decisión de primer grado.
Resaltó que la decisión de segunda instancia fue notificada al actor
el 19 de marzo de 2024 y el expediente fue remitido a la Corte
Constitucional el 3 de abril de 2024, con el fin de surtir el trámite de
eventual revisión.
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En relación con la solicitud de información presentada el 12 de marzo
de 2024 por el actor, sobre el estado del trámite de la impugnación,
informó que esa Secretaría le proporcionó una respuesta de fondo,
completa y oportuna mediante el Oficio núm. JJ-1156 de 3 de abril
de 2024, en el cual se le detalló exhaustivamente al peticionario el
trámite impartido a la impugnación.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- La COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
DEL VALLE DEL CAUCA afirmó que ese despacho no ha tenido
injerencia alguna en la presunta mora judicial dentro de la acción
constitucional identificada con el número único de radicación 2023-
06702-01.
Indicó que el día 20 de marzo de 2024 le notificaron la providencia
de segunda instancia, emitida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, con ponencia del Magistrado Luis Alberto Álvarez Parra,
mediante el cual resolvió: “[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia
del 12 de enero 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, que declaró la improcedencia de la acción
instaurada por el señor Montaña Gallego […]”.
Finalmente, solicitó que se ordene su desvinculación de la presente
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solicitud de amparo constitucional.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL y la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
DEL VALLE DEL CAUCA solicitaron su desvinculación en escritos
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separados, en la presente acción de tutela, por falta de legitimación
en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
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bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL y la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
DEL VALLE DEL CAUCA actuaron como parte demandada dentro de
la acción de tutela identificada con el número único de radicado
11001-03-15-000-2023-06702-01, objeto del presente estudio, la
Sala concluye que, a dichas Corporaciones, les asiste interés en las
resultas de la acción constitucional de la referencia, razón por la que
se denegará su solicitud de desvinculación, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19918. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso Concreto
En el presente caso, el actor promovió acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales de petición, al
acceso a la administración de justicia y al debido proceso, los cuales,
a su juicio, le fueron vulnerados por la COMISIÓN NACIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL, las SECCIONES TERCERA y QUINTA y
la SECRETARÍA GENERAL de esta Corporación, al haber incurrido
en una presunta mora judicial injustificada, dentro de la acción
constitucional identificada con el número único de radicación 2023-
06702-00, por cuanto no se ha dictado sentencia de segunda
instancia, ni tampoco ha recibido una respuesta de fondo, clara y
concreta a la solicitud que envió a esta Corporación, vía electrónica,
el 12 de marzo de 2024, en la que pidió información respecto del
estado actual del referido proceso.
En ese orden de ideas, a la Sala le corresponde determinar si las
autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, al incurrir en una
presunta mora judicial injustificada dentro del proceso constitucional
aludido, pero, antes de abordar el estudio del caso concreto, resulta
pertinente realizar algunas precisiones respecto del derecho de
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petición ejercido ante autoridades judiciales.
Del derecho de petición instaurado ante autoridades
judiciales
Frente al derecho de petición que se ejerce ante autoridades
judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no
resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se
pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante
el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites
para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador
constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el
contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o
administrativas, pues en caso de que sea el segundo evento, el
amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.
La Sala así lo precisó en sentencia de 17 de noviembre de 20179, en
la que se reiteró lo expuesto en providencia de 18 de junio de 2015,
proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el número único
de radicación 11001-03-15-000-2015-01196-00:
“[…] En relación con el derecho de petición presentado ante
autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar
que su amparo no resulta procedente por vía de acción de
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de
diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 11001-03-15-000-
2017-02583-00.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-01396-00
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tutela, cuando lo que se pretende es obtener
pronunciamientos por parte de un juez durante el curso
de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites
para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador
constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el
contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente
judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo
evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.
Así lo apreció la Sala en sentencia de 17 de julio de 2008, con
ponencia del Magistrado doctor Marco Antonio Velilla Moreno,
proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el nro. 2008-
00517, en la que se indicó lo siguiente:
En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar
que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es
procedente el ejercicio del derecho de petición como tal frente a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, por cuanto para
ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes
mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes
en los procesos; y que acceder al reconocimiento de derechos de
petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos a la
administración de justicia, pues implicaría destinar gran parte del
tiempo a responder solicitudes como la de la actora en
detrimento de la actividad judicial.
En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente
núm. AC-2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya,
Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), la Sala
sostuvo:
“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata
precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado en
el artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho de
petición en el caso de un proceso judicial.
Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte
Constitucional ha expresado:
“El derecho de petición no procede para poner en marcha el
aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla
sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación
reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso
de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y
del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho
de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden
distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y,
de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos
se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el
Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las
peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser
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resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones
administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten
las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en
asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que
prevalecen las reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO)
Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de
asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra
muy distinta es el juez como autoridad judicial dentro del trámite
de un proceso a su cargo.
En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de
petición como tal, pues para ello el legislador ha establecido los
procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los
requerimientos de las partes en los procesos. Acceder al
reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces
procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues
implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes
como la del accionante en detrimento de la actividad judicial.
Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:
“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es
aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los procesos,
ya que éstos se rigen por las normas legales propias de cada uno,
sin que sea lo adecuado impulsarlos mediante la formulación de
peticiones en cada uno de los momentos procesales.”
(Sentencia T-178-00. MP JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ
GALINDO) […]” (Negrillas y subrayas fuera del texto).
Asimismo, en reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha
explicado que la jurisdicción en general ha sido entendida como la
potestad del Estado para administrar justicia en ejercicio de su
soberanía, mediante el conocimiento y decisión de diferentes
asuntos; por ello, es que todos los jueces ejercen jurisdicción en
nombre del Estado, pero en el marco de su competencia, la cual hace
referencia a la porción de la jurisdicción asignada a cada juez o
Tribunal para su conocimiento.
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Actor: ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO
Así lo consideró la Corte en sentencia C-154 de 2004:
“[…] Al respecto debe señalarse que la competencia de una
autoridad judicial ha sido entendida como la porción, la cantidad,
la medida o el grado de la jurisdicción que corresponde a cada
juez o tribunal, mediante la determinación de los asuntos que le
corresponde conocer, atendidos determinados factores (materia,
cuantía, lugar, etc)10.
La Corte ha explicado, así mismo que la jurisdicción en general
consiste en la potestad que tiene el Estado para administrar
justicia en ejercicio de la soberanía de que es titular, mediante
el conocimiento y decisión de las diferentes causas (civiles,
criminales, administrativas, etc.) y, en tal virtud, es única e
indivisible. Es por ello que todos los jueces ejercen jurisdicción
en nombre del Estado, pero circunscrita al ámbito propio de la
competencia11 que le asigna la ley12 […]”.
En ese entendido, la Sala observa que lo pretendido por la parte
actora en la solicitud presentada el 12 de marzo de 2024 es que se
le informe respecto del estado actual de la acción constitucional
cuestionada, asunto que corresponde al proceso judicial, por lo que,
consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el
amparo solicitado respecto al derecho de petición alegado por la
10
Sentencia C-040/97, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.
11
Los factores y las condiciones especiales que debe reunir la asignación de una competencia en
particular, según lo anotado en la sentencia C-655 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz, presentan las
siguientes características:
“La competencia se fija de acuerdo con distintos factores, a saber: la naturaleza o materia del proceso
y la cuantía (factor objetivo), la calidad de las partes que intervienen en el proceso (factor subjetivo),
la naturaleza de la función que desempeña el funcionario que debe resolver el proceso (factor
funcional), el lugar donde debe tramitarse el proceso (factor territorial), el factor de conexidad.
La competencia debe tener las siguientes calidades: legalidad, pues debe ser fijada por la ley;
imperatividad, lo que significa que no es derogable por la voluntad de las partes; inmodificabilidad
por que no se puede variar en el curso de un proceso (perpetuatio jurisdictionis); la indelegabilidad,
ya que no puede ser delegada por quien la detenta; y es de orden público puesto que se funda en
principios de interés general”.
12
Sentencia C-392/00 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
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parte actora, como en efecto se dispondrá más adelante en la parte
resolutiva de esta providencia.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala determinará si las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en una mora judicial injustificada en
el trámite de la acción constitucional identificada con el número único
de radicación 2023-06702-00.
De la mora judicial
Esta figura ha sido definida como un “[…] fenómeno multicausal y
estructural […]”13 que impide el disfrute efectivo del derecho de
acceso a la administración de justicia y que se presenta como
resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la
capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la
solución de los procesos.
Sobre este tema, la Corte Constitucional14 ha sostenido que el no
cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no
implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida
cuenta que, pese a que es obligación de la autoridad judicial acatar
los plazos establecidos por la normativa aplicable, también lo es dar
13
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P.:
María Victoria Calle Correa.
14
Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño
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prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrificar
irrazonablemente la justicia como valor superior y principio
constitucional.
En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora para
determinar si esta es justificada o no, dado que es necesario que
concurran determinadas circunstancias para tenerla como
injustificada.
Al respecto, la Corte15 ha manifestado en forma reiterada que:
“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos
fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la
razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del
incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del
ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los
términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo
que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad
procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y
la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o
justificación razonable de la demora16. Advirtió, además, que (iv)
el funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de todos
los medios posibles para evitar el detrimento de las garantías de
acceso a la administración de justicia y debido proceso,
concluyendo que:
“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del
plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto que
son estos los criterios que se deben analizar para determinar si
acontece o no una afectación o amenaza al debido proceso y por
ende al acceso a la administración de justicia. En esa medida, la
mora judicial se justifica cuando:
• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se
demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que
los atiende.
15
Ibidem.
16
«Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T-297 de 2006 (MP Jaime
Córdoba Triviño - unánime)».
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• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso
de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas
como imprevisibles e ineludibles.
Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en
aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario
encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido
a una omisión sistemática de sus deberes.”17.
13.5. En la providencia T-230 de 201318, que abordó un caso de
presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte Suprema
de Justicia - Sala de Casación Laboral dentro de un proceso
ordinario que tenía por objeto el reconocimiento de una sustitución
pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno, contrario a los
derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia cuando: (i)
se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley
para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo
razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión
judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a
la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una
autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que ante casos de mora
judicial injustificada, la acción de tutela era procedente cuando (1)
se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se acreditara la
existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo que, (iii) el
remedio, consistente en la alteración del turno, era excepcional19.
También hizo referencia la Sala de revisión a casos en los que la
mora estaba justificada, encontrando que en algunos eventos la
Corte (i) niega la protección constitucional20, en otros, (ii) ordena
la alteración del turno, cuando quiera que se está ante sujetos de
especial protección y/o vulnerabilidad21; y, en otros, (iii) dispone
un amparo transitorio22.
13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la
Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de
201623, destacó que el derecho al debido proceso en un plazo
razonable, por desconocimiento del término, es objeto de amparo
constitucional cuando quiera que (i) se incurre en mora judicial
injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede
17
«En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la
providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el
sancionado se encontraba justificada».
18
«MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - unánime».
19
«Destacó la Sala que, según lo señalado por la Corte en la sentencia C-543 de 1992, en casos de
mora judicial podía ordenarse al juez observar los términos judiciales o la resolución del caso, lo que
implicaba una alteración del turno (MP José Gregorio Hernández Galindo, SV Ciro Angarita Barón,
Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero)».
20
«Citó como precedente las sentencias T-668 de 1996 (MP Hernando Herrera Vergara - unánime), T-
243 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz - unánime), T-1249 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Porto -
unánime) y T-366 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández)».
21
«Como ocurrió en las sentencias T-708 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil – unánime), T-220 de 2007
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla) y T-945A de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla)».
22
«T-1154 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra - unánime)».
23
«MP Gloria Stella Ortiz Delgado».
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materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.
La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera
que (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no
existe un motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la
tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión
sistemática de los deberes del funcionario judicial […]”.
Conforme con la jurisprudencia en cita, para establecer si el
desconocimiento de los términos procesales, en un asunto particular,
conlleva la vulneración de derechos fundamentales como el debido
proceso, debe determinarse, entre otras cosas, si la dilación acaecida
es justificada o no, pero particularmente si tal situación es atribuible
a la falta de diligencia del funcionario encargado de la resolución del
litigio.
En virtud de lo anterior, se procede a examinar las actuaciones
procesales desarrolladas de la acción de tutela identificada con el
número único de radicación 2023-06702-00, en aras de determinar
si en el presente asunto se reúnen los presupuestos que configuran
la mora judicial injustificada.
Según la información relacionada en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado, SAMAI24, se tiene lo
siguiente:
24
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202306
702001100103
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• El proceso fue radicado el 1o. de noviembre de 2023, ante la
SECRETARÍA GENERAL que en la misma fecha efectuó el
reparto y radicación del expediente de tutela identificado con el
número único de radicación 2023-06702-00 y le fue asignado al
doctor José Roberto Sáchica Méndez (E).
• El día 16 de noviembre de 2023 la SECCIÓN TERCERA admitió
la solicitud, el proceso regresó al Despacho el 29 del mismo mes
y año, registró proyecto de fallo el 11 de diciembre de 2023 y el
12 de enero profirió sentencia de primera instancia declarando la
improcedencia de la acción y dicha decisión fue notificada a las
partes e intervinientes el 29 de enero de 2024.
• El actor presentó impugnación contra dicha decisión, por lo
cual, mediante auto de 20 de febrero de 2024 fue concedida y la
radicación y reparto del proceso identificado con el número único
de radicación 2023-06702-01 se efectuó el 1o. de marzo de 2024
y le correspondió al doctor Luis Alberto Álvarez Parra (E).
• El expediente ingresó al despacho el día 4 de marzo de 2024 y
el 14 del mismo mes y año se profirió sentencia confirmando la
decisión de primer grado, la cual fue notificada a las partes e
intervinientes el 19 de marzo siguiente.
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• El día 3 de abril de 2024 el proceso fue remitido a la Corte
Constitucional con el fin de surtir el trámite de eventual revisión.
Aunado a lo anterior, resulta oportuno precisar que el tutelante
señaló que se incurrió en una presunta mora judicial injustificada,
dentro de la acción constitucional identificada con el número único
de radicación 2023-06702-00, por cuanto no se ha dictado sentencia
de segunda instancia. Sobre el particular, es pertinente traer a
colación el artículo 32 del Decreto 2591 de 199, que respecto al
trámite de la impugnación establece:
“[…] ARTICULO 32. TRAMITE DE LA IMPUGNACION.
Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el
expediente dentro de los dos días siguientes al superior
jerárquico correspondiente.
El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido
de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de
los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a
su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo,
lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado
a derecho, lo confirmará. En ambos casos, dentro de los diez
días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el
juez remitirá el expediente a la Corte Constitucional, para
su eventual revisión […]”
En ese orden de ideas, conforme a las circunstancias fácticas
mencionadas, la Sala observa que, en sede de impugnación de la
solicitud de amparo cuestionada, se efectuó la radicación y reparto
del proceso el 1o. de marzo de 2024 y le correspondió al doctor Luis
Alberto Álvarez Parra (E); el proceso ingresó al despacho el día 4 de
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marzo de 2024 y el 14 del mismo mes y año profirió sentencia
confirmando la decisión de primer grado, la cual fue notificada a las
partes e intervinientes el 19 de marzo siguiente.
En efecto, en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo
de Estado, SAMAI25 obran dichas actuaciones en el historial de
actuaciones judiciales, así:
En virtud de lo anterior, la Sala encuentra que en el trámite de la
segunda instancia de la acción constitucional identificada con el
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202306
25
702001100103
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número único de radicación 2023-06702-01 no se incurrió en mora
judicial, dado que, conforme a lo establecido en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991, la SECCIÓN QUINTA debía proferir el fallo
de segunda instancia dentro de los 20 días siguientes a la recepción
del expediente, no obstante, ello ocurrió previo a que feneciera dicho
término, pues el proceso ingresó al despacho el día 4 de marzo de
2024 y, tan solo 10 días después, esto es, el 14 del mismo mes y
año profirió sentencia confirmando la decisión de primer grado, que
le fue notificada al actor el día 19 de marzo de 2024, quien radicó la
presente solicitud de amparo constitucional al día siguiente, como se
observa a continuación:
Imagen del historial de actuaciones judiciales de la presente solicitud de amparo
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Acta de notificación al actor de la sentencia de segunda instancia de la acción de tutela identificada
con el número único de radicación 2023-06702-01
En ese orden de ideas, la Sala concluye que en el presente asunto no
se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte
actora, pues en el trámite de la segunda instancia de la acción de
tutela identificada con el número único de radicación 2023-06702-01
no se incurrió en una mora judicial injustificada, toda vez que previo
a la radicación de la presente solicitud de amparo constitucional ya
se había proferido y notificado al actor la actuación que echa de
menos, razón por la cual se denegará el amparo solicitado, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
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Actor: ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas en escritos
separados por la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL y la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL DEL VALLE DEL CAUCA, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado
frente al derecho de petición, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: DENEGAR el amparo solicitado respecto a la mora
judicial invocada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
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Actor: ÉLMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO
QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de abril de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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