Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01400-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-01400-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01400-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01400-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
25 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01400-00
Accionante: SANDRA VIVIANA ALFARO YARA
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se amparan los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Sandra Viviana Alfaro
Yara contra el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín y el
Tribunal Administrativo de Antioquia.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La señora Sandra Viviana Alfaro Yara solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen nombre y al
patrimonio, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 15 de diciembre de
2023 y 15 de enero de 2024, proferidas por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo
del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, respectivamente,
dentro del proceso de acción de tutela con el número único de radicación 05001-
33-33-033-2023-00260-00/01/02.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01400-00
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
2.1. Relató que el señor Humberto Yoni Muñoz Hernández presentó la acción de tutela
núm. radicación 05001-33-33-033-2023-00260-00/01/02 para que le protegieran sus
derechos fundamentales de “[…] PETICIÓN, DEBIDO PROCESO, EL DERECHO
DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO DE NUESTRO PAÍS
[…]”, los cuales fueron vulnerados por la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas - UARIV, por no haberle dado una respuesta clara, de fondo y
concreta sobre la petición realizada el 4 de mayo de 2023.
2.2. Indicó que el conocimiento de la acción constitucional le correspondió al Juzgado
Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín, autoridad judicial que, a través
de la sentencia de 19 de julio de 2023, amparó el derecho fundamental de petición
del señor Humberto Yoni Muñoz Hernández y, en consecuencia, dispuso:
“[…] PRIMERO: TUTELAR el derecho de petición del señor Humberto Yoni
Muñoz Hernández con la CC N° 98.495.540, teniendo en cuenta lo expuesto
en la parte motiva de este fallo.
SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas a que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación
de la presente providencia, proceda a (i) notificar en debida forma el Oficio
No. 2023-0961691-1 del 8 de julio de 2023, el cual tiene código LEX 7492359
y (ii) complementarlo en relación con la entrega de la indemnización
administrativa en el sentido de responder de fondo la petición elevada el 4 de
mayo de 2022 (señalando los plazos aproximados y orden en el que de no ser
priorizados, las personas accederán a esta medida).
TERCERO: Dicho documento deberá ser notificado de manera efectiva al actor
y a este Despacho, dentro del mismo término establecido anteriormente […]”
[Negrilla original del texto y mayúscula original del texto]
2.3. Puntualizó que la anterior decisión fue objeto de impugnación, la cual fue resuelta
por el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Tercera de Decisión que, a través
de sentencia de 18 de agosto de 2023, confirmó el sentido del amparo y modificó el
numeral segundo de la decisión de primera instancia:
“[…] SEGUNDO: MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la sentencia de tutela
n.º 93 del 19 de julio de 2023, proferida por el Juzgado Treinta y Tres (33)
Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín, por lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia, y en su lugar ORDENAR a la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN
INTEGRAL DE VÍCTIMAS –UARIV– que, dentro del término de las cuarenta
y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de este fallo, proceda a
notificar en debida forma el Oficio No. 2023-0961691-1 del 8 de julio de 2023,
con código LEX 7492359, el cual debe ser complementado brindándole una
respuesta clara, de fondo y congruente al accionante, informándole un plazo
aproximado y el orden en el que podrá acceder a la indemnización
administrativa, o por lo menos señalarle la vigencia en la cual le será entregada
la misma, eso, sin vulnerar el derecho de igualdad frente a las demás víctimas
que estén en las mismas condiciones […]”. [Negrilla original del texto y
mayúscula original del texto]
3
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01400-00
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
2.4. Precisó que, en cumplimiento de la sentencia de tutela, el 14 de agosto de 2023 la
UARIV “[…] informó el resultado del método técnico de priorización aplicado al señor
HUMBERTO YONI MUÑOZ HERNANDEZ [sic] mediante oficio de no favorabilidad
de los años 2021 – 2022, toda vez, que no se acreditó algún criterio de priorización
que permitiera el ingreso a la lista de pago para la vigencia fiscal correspondiente y
explicó las razones por las cuales no era procedente informar una fecha probable o
aproximada en que se efectuaría dicho pago, ya que la misma está sujeta a la
aplicación del método técnico de priorización […]”. [Negrilla original del texto y
mayúscula original del texto]
2.5. Expuso que, a través de auto de 15 de diciembre de 2023, el Juzgado Treinta y
Tres Administrativo del Circuito de Medellín la sancionó, en su calidad de directora de
reparaciones de la UARIV, con multa equivalente a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente por el incumplimiento del fallo de tutela.
2.6. Mencionó que el Tribunal Administrativo de Antioquia, al resolver el grado
jurisdiccional de consulta, mediante auto de 15 de enero de 2024, confirmó la
sanción impuesta por el juez de primera instancia.
2.7. Refirió que la UARIV radicó los días 11, 22 de enero y 15 de febrero de 2024
solicitudes de inaplicación de la sanción porque de acuerdo con el acto administrativo
de reconocimiento de la reparación por vía administrativa1, “[…] no era procedente
materializar la entrega de la indemnización, en la respectiva vigencia fiscal
correspondiente al año 2023 […]”.
2.8. Señaló que, pese a las solicitudes de inaplicación referidas, el Juzgado Treinta y
Tres Administrativo del Circuito de Medellín, a través de auto de 8 de febrero de 2024,
negó las solicitudes de inaplicación.
2.9. Sostuvo que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los siguientes
defectos:
2.10. Endefecto sustantivo por desconocimiento del precedente contenido en la
sentencia SU-034 de 20182, a través de la cual la Corte Constitucional estableció
que: “[…] las reglas jurisprudenciales, para que los jueces de tutela de primera
instancia, module el cumplimiento del fallo, en especial los que se relacionan con
el pago de indemnización administrativa […]”; y en la sentencia de 11 de febrero de
2021, proferida por esta Sección3, frente a la cual advirtieron que existía similitud
fáctica y jurídica con el caso objeto de estudio.
1
La Resolución núm. 04102019-936802 del 26 de noviembre de 2020 proferida por la UARIV.
2
Corte Constitucional. Sala Plena. Expediente T-6.017.539, M.P. Alberto Rojas Ríos; 3 de mayo de 2018.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2021, número
único de radicación 110010315000202004776-00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01400-00
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
2.11. En defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio allegado al
proceso, en consideración a que: i) se valoraron de manera arbitraria, irracional y
caprichosa los informe y pruebas allegados por la UARIV en el trámite incidental;
ii) no tuvieron en cuenta las explicaciones dadas frente al debido proceso
administrativo previsto en la Resolución núm. 01049 de 2019, sobre la entrega de
la indemnización administrativa; y iii) no se valoró de forma íntegra los informes de
cumplimiento en los que se explicó el resultado obtenido de la aplicación del método
técnico de priorización.
2.12. En violación directa a la Constitución porque se desconocieron los derechos al
debido proceso, a la igualdad, a la seguridad jurídica, a la confianza legítima en el
sistema judicial y el principio de buena fe.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso,
a la tutela judicial efectiva, buen nombre, y patrimonio de la suscrita.
SEGUNDO En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO TREINTA Y TRES
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, inaplicar
las sanciones impuestas a la suscrita, a través de auto fechado del 15 de
diciembre de 2023, confirmado en auto de fecha 15 de enero de 2024 por el
TRIBUNAL ADMINISTRTAIVO DE ANTIOQUIA – SALA TERCERA DE
DECISIÓN, consistentes en multa de un (01) S.M.M.L.V., contra la suscrita.
TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO
DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, proferir una nueva decisión
que estudie de fondo las solicitudes de inaplicación de la sanción presentada
por parte de la Unidad para las Víctimas, observando los asuntos relevantes
dentro del trámite sancionatorio por desacato descrito en el acápite de los
hechos y las consideraciones la Sentencia SU- 034 de 2018 y el Auto 206 de
2017 de la Corte Constitucional.
CUARTO: ORDENAR al JUZGADO TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO DE
ORALIDAD DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA TERCERA DE DECISIÓN, que
comunique a la autoridad encargada de la ejecución de la sanción de multa,
que la misma se han [sic] levantado con ocasión a la acreditación de la
imposibilidad del cumplimiento de la orden judicial de tutela y atendiendo lo
dispuesto en la Resolución No. 1049 de 2019 y la jurisprudencia aplicable al
caso del Consejo de estado y la Corte Suprema de Justicia.
QUINTO: CONMINAR al JUZGADO TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO DE
ORALIDAD DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA –SALA TERCERA DE DECISIÓN, a que
acate y aplique los precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del
levantamiento de la sanción, previa acreditación del cumplimiento de la orden
5
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01400-00
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
y/o acreditando las razones que imposibilitan su cumplimiento, con base en la
naturaleza persuasiva del incidente de desacato […]”. [Negrilla original del
texto, mayúscula original del texto y subrayado original del texto]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 3 de abril de 2024, el Despacho a cargo de la sustanciación del
proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, negó la medida provisional
solicitada por la accionante, y se vincularon en calidad de terceros con interés
directo en el resultado del proceso al señor Humberto Yoni Muñoz Hernández y a
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a los sujetos
vinculados, se allegaron los siguientes informes:
5.1. El
Tribunal Administrativo de Antioquia informó, a través del magistrado
ponente del auto de 15 de enero de 2024, objeto de la presente acción de tutela,
que el derecho que se amparó era el de petición porque la UARIV no había dado
una respuesta de fondo y clara sobre el plazo en el que le pagará la indemnización
administrativa al señor Humberto Muñoz Hernández.
5.2. Solicitó negar las pretensiones del presente mecanismo de amparo, en razón a
que no se cumplía con el requisito general de relevancia constitucional.
5.3. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV
señaló, a través de la jefe de su oficina asesora jurídica, que no desconocía los
derechos del señor Humberto Yoni Muñoz Hernández, pero no era posible indicar
la fecha de pago porque ello dependía de la aplicación del Método Técnico de
Priorización previsto en la Resolución núm. 1049 de 2019, y que el entonces
accionante no obtuvo el puntaje requerido para realizar el desembolso en la
vigencia fiscal 2023.
5.4. Por lo anterior, explicaron que “[…] los casos que no cuentan con la priorización
mencionada, esto es, con los criterios de priorización del artículo 4 de la Resolución
1049 de 2019 o con un resultado favorable en el Método Técnico de Priorización,
la Unidad no puede realizar el pago o indicar una fecha debido al estrecho margen
de recursos […]”.
5.5. Finalmente refirió que al señor Humberto Yoni Muñoz Hernández se le informó
que en caso que tenga “[…] una situación de urgencia manifiesta o extrema
vulnerabilidad contenida en el artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019 o primero
6
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01400-00
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
de la resolución 582 de 2021, […] podrá adjuntar en cualquier tiempo, la
certificación y los soportes necesarios para priorizar la entrega de la medida […]”.
5.6. El Juez Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín aclaró que
“[…] no puede confundirse la orden de señalar una fecha o plazo siquiera estimado
para el acceso a la medida como parte del núcleo del derecho protegido (petición),
con una orden de priorización o entrega efectiva, resaltándose que en este caso
sólo se ordenó la fijación de una fecha estimada y no la entrega dentro de la
presente vigencia […]”, por lo que no hay fundamento para afirmar que se incurrió
en los defectos señalados por la accionante.
5.7. Finalmente, manifestó que en el trámite incidental se valoró la conducta y los
argumentos de la sancionada, y que además en el trámite de la segunda instancia
el ad quem determinó el alcance del fallo sin que ese juzgado tenga la facultad para
modificar la orden proferida.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19914, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20155, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20216, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20197.
VI.2. Problemas jurídicos
7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Establecer si el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de
Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia al proferir los autos de 15
de diciembre de 2023 y 15 de enero de 2024, respectivamente, que
4
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
5
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
6
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01400-00
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
impusieron y confirmaron la sanción impuesta por desacato, incurrieron en
los defectos fáctico, sustantivo y de violación directa de la Constitución.
8. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes
temas: i) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales; ii) procedencia de la acción de
tutela contra decisiones proferidas dentro del trámite incidental de desacato; iii)
análisis del caso concreto.
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
10. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01400-00
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.
14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
15. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.4. Sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones proferidas
dentro del trámite incidental de desacato en un proceso de tutela
16. Frente a la procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven
incidentes de desacato, la Corte Constitucional12 ha señalado que este mecanismo
procede excepcionalmente en contra de providencias proferidas en el trámite del
incidente de desacato, cuando se generen situaciones que vulneren derechos
fundamentales, especialmente el derecho al debido proceso de cualquiera de las
personas que fueron parte en la tutela previamente resuelta.
17. Precisamente, a través de la sentencia SU- 034 de 2018, la Corte Constitucional
condicionó la procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven un
incidente de desacato, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
12
Ver sentencias T- 271 de 12 de mayo de 2015, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. T-010 de 20 de enero
de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01400-00
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
“[…] i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada;
es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de
finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una
de las causales específicas (defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes
con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que
a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el
incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron
pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar
de oficio […]”.
VI.5. El caso concreto
18. La señora Sandra Viviana Alfaro Yara solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen nombre y al
patrimonio, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 15 de diciembre de
2023 y 15 de enero de 2024, proferidas por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo
del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, respectivamente,
dentro del proceso de acción de tutela con el número único de radicación 05001-
33-33-033-2023-00260-00/01/02.
VI.5.1. Cumplimiento de los requisitos generales
19. De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sala
examinará si en el presente caso se cumplen los requisitos de procedencia de la
acción de tutela exigidos por la jurisprudencia, esto es: (i) que la decisión
cuestionada se encuentra ejecutoriada; (ii) que los argumentos de la parte
accionante sean consistentes con lo planteado en el trámite de los incidentes de
desacato; y (iii) que se acrediten los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y, además, que se alegue la
configuración de alguna causal específica.
(i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentra ejecutoriada
20. El caso objeto de estudio se encuentra ejecutoriada la decisión que resolvió el
grado jurisdiccional de consulta de la sanción por desacato.
(ii) Los argumentos de la parte accionante son consistentes con lo planteado
en el trámite de los incidentes de desacato, en tanto a) no trajo a colación
alegaciones nuevas y b) no solicitó nuevas pruebas.
21. La accionante alega que es imposible materializar la entrega de la medida de
indemnización reconocida al señor Humberto Yoni Muñoz Hernández, en razón a
10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01400-00
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
que, luego de aplicar el Método Técnico de Priorización, el beneficiario no alcanzó
el puntaje requerido para tal el efecto, de ahí la imposibilidad de dar cumplimiento
al fallo de tutela.
22. Lo anterior es consistente con lo alegado durante el trámite incidental.
(iii) Se acreditan los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales y se alega la configuración de al menos
una de las causales específicas (defectos)
23. La Sala procede a verificar el cumplimiento de los requisitos generales y causales
específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
conforme a lo dispuesto en la sentencia C-590 de 2005 y a la jurisprudencia vigente
sobre la materia.
24. Se observa que: (i) la solicitud de amparo plantea un asunto de relevancia
constitucional y la parte accionante identificó los hechos y derechos que estima
lesionados, (ii) contra la decisión cuestionada no proceden recursos; la acción de
tutela se interpuso en un plazo razonable, y (iii) la solicitud no se dirige contra una
sentencia de tutela.
VI.5.2. Análisis de los requisitos específicos en la presente acción de tutela
25. Encontrándose satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela, la Sala abordará el estudio de los defectos fáctico y de desconocimiento
del precedente. Cabe señalar que estos serán resueltos en forma conjunta,
teniendo en cuenta que los argumentos que sustentan los aludidos defectos están
intrínsecamente relacionados.
VI.5.2.1. Caracterización del defecto fáctico
26. Esta Sección ha identificado los eventos en que se configura una causal de
procedibilidad13 por defecto fáctico:
“[…] En lo que respecta al defecto fáctico, la jurisprudencia14 ha determinado
que se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez resulta
arbitraria o abusiva por: a) dejar de valorar pruebas debidamente allegadas, b)
valorar las que debió haber desconocido (por no haber sido arrimadas en
debida forma); y, c) por interpretar el acervo de manera irracional; siempre que
13
“En términos generales, dicha figura resulta de la actuación de los funcionarios con poder judicial de manera arbitraria y
caprichosa, sin fundamento objetivo y razonable, apartada de los parámetros constitucionales y legales, sin operancia de los
principios de legalidad y seguridad jurídica, por la imposición del interés propio de aquéllos, mediante comportamientos que
prima facie parecieran reflejar los mandatos contenidos en el ordenamiento jurídico vigente, dada la calidad de autoridad del
funcionario que la profiere y de la potestad que ejercita, pero que bajo un examen más estricto tales supuestos resultan
descartados.” (Corte Constitucional, Sentencia T-204 de 28 de febrero de 2008, M.P. Hernando Herrera Vergara).
14
Corte Constitucional. Sentencia T-737 de 25 de septiembre de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre el tema, ver
también: Sentencias SU-447 de 26 de mayo de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo y T-535 de 20 de agosto de 2015,
M.P. Alberto Rojas Ríos.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01400-00
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
esas pruebas resulten ser determinantes en el sentido del fallo; de lo contrario,
se entiende que las interpretaciones que realice el juez de instancia se
encuentran dentro de la autonomía e independencia propias del juez natural.
El defecto fáctico se estructura desde cualquiera de sus dos dimensiones, i) la
negativa que se presenta “cuando el juez niega o valora la prueba de manera
arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da
por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados
por el juez;”15 mientras que, ii) la positiva, se configura “cuando el juez aprecia
pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron
indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la
Constitución”16[…]”.17
VI.5.2.2. Caracterización del desconocimiento del precedente jurisprudencial
27. En cuanto al defecto de desconocimiento del precedente, la jurisprudencia18 ha
entendido por precedente la sentencia o el conjunto de sentencias proferidas con
anterioridad que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio, en
materia de i) patrones fácticos y ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio
decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia.
28. Se debe distinguir entre el precedente horizontal y vertical, teniendo en cuenta
la autoridad que profiere la providencia. El primero hace referencia a las sentencias
proferidas por autoridades de la misma jerarquía y por el mismo operador judicial.
El segundo se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores
encargadas de unificar la jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción.
29. Un juez -individual o colegiado- no puede separarse sin una explicación
suficientemente y sustentada del precedente fijado en sus propias decisiones, ni
tampoco del precedente establecido por las autoridades superiores,
específicamente del emanado de las Altas Cortes.
30. El desconocimiento del precedente puede ser alegado de dos formas: i) como
causal autónoma, cuando la providencia judicial enjuiciada se aparta de un
precedente contenido en sentencias proferidas por la Corte Constitucional; y ii)
como defecto sustantivo, el cual se configura cuando la autoridad jurisdiccional se
15
Corte Constitucional.
16
Ibídem.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 30 de marzo de 2017, C.P.
Roberto Augusto Serrano Valdés, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-00420-00.
18
Ver entre otras las sentencias T-158 de 2 de marzo de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. “La correcta aplicación
del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s), solo
(i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan
el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del
caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que
modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”. Sentencia T-812 de 28 de septiembre de 2006, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra. T-355 de 10 de mayo de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-309 de 22 de mayo de 2015, M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01400-00
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
aparta del precedente horizontal o vertical fijado por la jurisdicción contenciosa sin
una justificación suficiente19. Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional
también ha diferenciado los conceptos de antecedente y precedente20:
“[…] El antecedente se refiere a una decisión de una controversia anterior a la
que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de
vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de
derecho (e.g. conceptos, interpretaciones, preceptos legales, etc.) que guían al
juez para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen
un carácter orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en
cuenta por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de
argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de
transparencia e igualdad […]21”.
[…]
Por su parte, el precedente, por regla general, es aquella sentencia o conjunto
de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio
en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su
ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el nuevo caso […].
VI.5.2.3. Solución del caso concreto
31. Laseñora Sandra Viviana Alfaro Yara señaló que las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en un defecto fáctico, en un desconocimiento del
precedente jurisprudencial y en una violación directa de la Constitución, al expedir
las providencias de 15 de diciembre de 2023 y 15 de enero de 2024, dentro del
incidente de desacato núm. 05001-33-33-033-2023-00260-00/01/02.
32. En cuanto al defecto fáctico, se señaló, en síntesis, que la autoridad judicial
accionada no valoró en debida forma las siguientes pruebas y documentos
allegados al incidente de desacato: i) los informes de 30 de noviembre, 7 de
diciembre de 2023 y 11 de enero de 2024, a través de los cuales puso de relieve la
imposibilidad de cumplir con la orden judicial; ii) la Resolución núm. 04102019-
936802 del 26 de noviembre de 2020, que reconoció la indemnización
administrativa al señor Humberto Yoni Muñoz Hernández; iii) el Oficio núm. 2023-
2173244-1 de 19 de diciembre de 2023, que le informó al señor Humberto Yoni
Muñoz Hernández el resultado de la aplicación del método de priorización; y iv) la
Resolución Nº 01049 de 2019 y sus anexos, que regula “[…] el procedimiento para
19
Ver entre otras las sentencias T-158 de 2 de marzo de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. “La correcta aplicación
del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s), solo
(i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan
el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del
caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que
modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”. Sentencia T-812 de 28 de septiembre de 2006, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra. T-355 de 10 de mayo de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-309 de 22 de mayo de 2015, M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
20
T-102 de 25 de febrero de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
21
T-292 de 6 de abril de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Vargas.
13
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01400-00
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa, se crea el método
técnico de priorización […]”.
33. Frente al defecto de desconocimiento del precedente la accionante sostuvo, en
síntesis, que la autoridad judicial accionada se apartó de la sentencia SU-034 de
201822, a través de la cual la Corte Constitucional estableció “[…] expresamente las
reglas jurisprudenciales, para que los jueces de tutela de primera instancia, module
el cumplimiento del fallo, en especial los que se relacionan con el pago de
indemnización administrativa […]”; y de la sentencia de 11 de febrero de 2021,
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado23, frente a la cual advirtió
que existía similitud fáctica y jurídica con el caso objeto de estudio.
34. En este punto, la Sala estima pertinente precisar cuáles son las providencias
controvertidas en sede de tutela, la autoridad judicial que la emitió y lo decidido en
cada una de estas:
a. En el auto de 15 de diciembre de 2023, proferido por el Juzgado Treinta y Tres
Administrativo del Circuito de Medellín, se sancionó a la señora Sandra Viviana
Alfaro Yara por el incumplimiento del fallo de tutela de 18 de agosto de 2023.
En las consideraciones de la citada providencia la autoridad judicial accionada
señaló lo siguiente:
“[…] En primer lugar, de la respuesta allegada, no se identifica que el oficio No.
2023-0961691-1 del 8 de julio de 2023 haya sido notificado, ya que se adjunta
una orden de servicio y no una guía de entrega donde se verifique que
efectivamente el señor Humberto Yoni Muñoz Hernández haya sido notificado
en debida forma. Del número de guía se observa que la misma fue devuelta en
el sitio web https://www.4-72.com.co/
En segundo lugar, en la respuesta del 08/07/2023 le informan que el método
será aplicado en septiembre, pero en el alcance del 30/11/2023 le dicen que
fue aplicado el 25 de agosto de 2023, sin que en ninguna le informen el
22
Corte Constitucional, sentencia SU-034 de 3 de mayo de 2018, C.P. Alberto Rojas Ríos.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2021, número
único de radicación 110010315000202004776-00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
14
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01400-00
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
resultado del mismo, prolongando la indefinición de la situación del afectado y
generando incertidumbre sobre el resultado del método de priorización
Por último, no se evidencia ni en el oficio referenciado ni el alcance a la
respuesta con radicado 2023-2012976-1del 30/11/2023 que se haya informado
un plazo aproximado y el orden en el que podrá acceder a la indemnización
administrativa o la vigencia en la que será entregada, en cambio se manifiesta
una imposibilidad para la Entidad de dar cumplimiento, contrariando la
sentencia de tutela confirmada en segunda instancia.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Juzgado considera que, en el presente caso,
la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
no ha dado cumplimiento al fallo por lo que debe terminarse el trámite con
imposición de sanción.
Como sanción se impondrá 1SMLMV, considerando que es proporcional y
cumple con el objetivo del desacato, cual es el cumplimiento de la orden de
tutela […]”.
b. El auto de 15 de enero de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, confirmó la sanción impuesta en el auto de 15 de diciembre de 2023.
En las consideraciones de la citada providencia la autoridad judicial accionada
adujo lo siguiente:
“[…] La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL DE VÍCTIMAS –UARIV, mediante correo
electrónico enviado a este Despacho el 11 de enero de 202424, manifestó que:
“(…)
la Entidad emitió la Resolución Nº. 04102019-936802 del 26 de noviembre de
2020 en la cual se decidió en favor del accionante (i) reconocer la medida de
indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento
forzado y (ii) aplicar el “Método Técnico de Priorización” con el fin de determinar
el orden de la entrega de la indemnización.
En consecuencia, se aplicó en la presente vigencia 2023 el método técnico de
priorización con el propósito de determinar el orden de entrega de la
indemnización administrativa, atendiendo de manera proporcional a los recursos
presupuestales asignados por lo que el resultado arrojó que NO era posible
materializar la entrega de la medida reconocida …
Por lo anterior, surge para la Entidad la imposibilidad de indicar fecha o plazo
en la que accederá a la indemnización administrativa, toda vez que debe ser
respetuosa del procedimiento establecido en la Resolución 1049 de 2019 y del
debido proceso administrativo y, como se informó en la comunicación que da
respuesta a la solicitud no se encuentra por la parte accionante algún criterio de
priorización acreditado en atención a lo establecido en la resolución 1049 de
2019 y primero de la Resolución 582 de 2021.
Ahora, de acuerdo con lo anteriormente mencionado, la Unidad para las Víctimas
irá otorgando la indemnización gradualmente, contando para ello con un plazo
hasta el año 2031, según lo contemplado en la ley 2078 del 08 de enero de 2021
“por medio de la cual se modifica la ley 1448 de 2011 y los decretos ley étnicos
24
Obra en el archivo PDF 07MemorialContestacionRequerimientoUARIV del expediente digital.
15
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01400-00
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
4633 de 2011, 4634 de 2011 y 4635 de 2011, prorrogando por 10 años su
vigencia "advirtiendo que conforme a las disposiciones legales se deberán
priorizar a las víctimas que presentaron su solicitud por el Decreto 1290 de 2008
y a las que son parte de las sentencias de Justicia y Paz.
(…)”
Durante el trámite del incidente de desacato en primera instancia y la consulta
en la segunda instancia, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE VÍCTIMAS –UARIV– no acreditó
el cumplimiento cabal a lo resuelto por el juez de primera instancia en el fallo
de tutela n.° 093 del 19 de julio de 2023, modificado por el fallo de tutela n.°
218 del 18 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Por lo anterior el Despacho considera que no existen elementos que permitan
revocar la decisión de sanción del juez de primera instancia, por cuanto el
derecho fundamental de petición del señor HUMBERTO YONI MUÑOZ
HERNÁNDEZ sigue siendo vulnerado por la entidad […]”. [Negrilla original del
texto y mayúscula original del texto]
35. En síntesis, la tesis sostenida por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo de
Medellín y por el Tribunal Administrativo de Antioquia consiste en que la orden
judicial estaba incumplida porque no se había emitido el acto administrativo fijando
la fecha para el pago de la indemnización; y que la conducta de la sancionada había
sido negligente, por cuanto no constaba que la respuesta hubiera sido entregada
en la dirección física suministrada por el señor Muñoz Hernández.
36. En este punto, sea lo primero señalar que mediante la sentencia de tutela de 18
de agosto de 2023 se dispuso lo siguiente:
“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela n.º 093 del 19 de julio de
2023, proferida por el Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo de Oralidad
del Circuito de Medellín, que concedió el amparo solicitado, en la acción de
tutela promovida por el señor HUMBERTO YONI MUÑOZ HERNÁNDEZ contra
la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS –UARIV–, de conformidad con
lo expuesto en la parte considerativa.
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la sentencia de tutela n.º
93 del 19 de julio de 2023, proferida por el Juzgado Treinta y Tres (33)
Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín, por lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia, y en su lugar ORDENAR a la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN
INTEGRAL DE VÍCTIMAS –UARIV– que, dentro del término de las cuarenta
y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de este fallo, proceda a
notificar en debida forma el Oficio No. 2023-0961691-1 del 8 de julio de 2023,
con código LEX 7492359, el cual debe ser complementado brindándole una
respuesta clara, de fondo y congruente al accionante, informándole un plazo
aproximado y el orden en el que podrá acceder a la indemnización
administrativa, o por lo menos señalarle la vigencia en la cual le será entregada
la misma, eso, sin vulnerar el derecho de igualdad frente a las demás víctimas
que estén en las mismas condiciones […]”. [Negrilla original del texto y
mayúscula original del texto]
16
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01400-00
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
37. Cabe señalar que, frente a la sanción por desacato, esta Sección ha venido
sosteniendo en forma pacífica y reiterada que la finalidad de la figura prevista en el
artículo 52 del Decreto Ley 2591 de 1991 es conminatoria, en tanto que su objeto
no es imponer una sanción en sí mismo, sino lograr a través de este mecanismo
coercitivo el cumplimiento de la orden judicial desatendida. En ese sentido, para
que haya lugar a imponer una sanción por el desacato resulta indispensable que
se acrediten dos requisitos, a saber, de la sanción: a) un elemento objetivo y b) un
elemento subjetivo.
38. El elemento objetivo hace referencia “al incumplimiento del fallo, esto es, a que
se compruebe que la decisión contenida en el mismo no ha sido acatada por la
persona o entidad responsable25”. En ese sentido, el análisis del elemento objetivo
requiere que el juez verifique “cuál era la conducta ordenada, quién o quiénes
debían cumplirla y dentro de qué término26”.
39. Por otro lado, el elemento subjetivo “exige establecer que el responsable fue
negligente respecto de su obligación”; para ello el juez constitucional debe verificar
“si existió responsabilidad subjetiva del demandado en la renuencia para acatarla”.
40. En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha precisado lo
siguiente:
“[…] [E]l artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 consagra un trámite incidental
especial, el cual concluye con un auto que no es susceptible del recurso de
apelación pero que debe ser objeto del grado de jurisdicción de consulta en
efecto suspensivo si dicho auto es sancionatorio. Todo lo cual obedece a que
la acción de tutela es un trámite especial, preferente y sumario que busca la
protección inmediata de los derechos fundamentales; (iii) el incidente de
desacato procede a solicitud de parte y se deriva del incumplimiento de una
orden proferida por el juez de tutela en los términos en los cuales ha sido
establecido por la sentencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada27 y emana
de los poderes disciplinarios del juez constitucional; (iv) el juez que conoce el
desacato, en principio, no puede modificar el contenido sustancial de la orden
proferida o redefinir los alcances de la protección concedida28, salvo que la
orden proferida sea de imposible cumplimiento o que se demuestre su absoluta
ineficacia para proteger el derecho fundamental amparado29; (v) por razones
muy excepcionales, el juez que resuelve el incidente de desacato o la
consulta30, con la finalidad de asegurar la protección efectiva del derecho,
puede proferir órdenes adicionales a las originalmente impartidas o introducir
ajustes a la orden original, siempre y cuando se respete el alcance de la
protección y el principio de la cosa juzgada31; (vi) el trámite de incidente de
desacato debe respetar las garantías del debido proceso y el derecho de
25
Entre otras ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de 8 de junio de 2023.
Exp. núm. 25000-23-15-000-2022-00580-04.
26
Ibidem.
27
Ver entre otras la Sentencia T-459 de 2003.
28
Sentencias T-368 de 2005 y T-1113 de 2005.
29
Ibídem.
30
Sobre las facultades del juez de primera instancia, del juez del desacato y del juez de consulta para introducir cambios
accidentales a la orden original, Cfr. la sentencia T-086 de 2003.
31
Sentencia T-1113 de 2005.
17
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01400-00
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
defensa de aquél de quien se afirma ha incurrido en desacato32, quien no puede
aducir hechos nuevos para sustraerse de su cumplimiento33; (vii) el objetivo
de la sanción de arresto y multa por desacato es el de lograr la eficacia
de las órdenes impartidas por el juez de amparo para la efectiva
protección de los derechos fundamentales reclamados por los tutelantes,
por lo cual se diferencia de las sanciones penales que pudieran ser
impuestas34; (viii) el ámbito de acción del juez, definido por la parte resolutiva
del fallo correspondiente, le obliga a verificar en el incidente de desacato: ‘(1)
a quién estaba dirigida la orden; (2) cuál fue el término otorgado para ejecutarla;
(3) y el alcance de la misma. Esto, con el objeto de concluir si el destinatario de
la orden la cumplió de forma oportuna y completa (conducta esperada)’35. De
existir el incumplimiento “debe identificar las razones por las cuales se produjo
con el fin de establecer las medidas necesarias para proteger efectivamente el
derecho y si existió o no responsabilidad subjetiva de la persona obligada36
[…]”. [Negrilla fuera de texto]
41. La anterior posición fue reiterada, a su vez, en la sentencia SU-034 de 2018, en
la que se señaló lo siguiente:
“[…] La tarea del juez que instruye un incidente de desacato consiste, entonces,
en examinar si la orden proferida para la protección de un derecho fundamental
fue cumplida, o no, por su destinatario, en la forma prevista en la respectiva
decisión judicial. Esto excluye que en el trámite del desacato puedan hacerse
valoraciones o juicios que hayan sido objeto de debate en el respectivo proceso
de tutela, pues ello implicaría reabrir una controversia que ya ha concluido, en
detrimento de la seguridad jurídica y el principio de cosa juzgada.
En este orden de ideas, la autoridad que adelante el incidente de desacato se
debe limitar a verificar los siguientes aspectos: (i) a quién se dirigió la orden, (ii)
en qué término debía ejecutarse, (iii) el alcance de la misma, (iv) si
efectivamente existió incumplimiento parcial o integral de la orden dictada en la
sentencia, y de ser el caso (v) cuáles fueron las razones por las que el
accionado no obedeció lo ordenado dentro del proceso.
(…)
Por otra parte, en el proceso de verificación que adelanta el juez del desacato,
es menester analizar, conforme al principio constitucional de buena fe, si el
conminado a cumplir la orden se encuentra inmerso en una circunstancia
excepcional de fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad absoluta jurídica o
fáctica para conducir su proceder según lo dispuesto en el fallo de tutela. Bajo
esa óptica, no habría lugar a imponer una sanción por desacato en los casos
en que (i) la orden de tutela no ha sido precisa, porque no se determinó quién
debía cumplirla o porque su contenido es difuso, y/o (ii) el obligado ha adoptado
alguna conducta positiva tendiente a cumplir la orden de buena fe, pero no se
le ha dado la oportunidad de hacerlo.
En este contexto cobra vertebral importancia un juicio adecuado en torno a la
responsabilidad subjetiva en cabeza del destinatario de la orden de tutela, pues
no basta con constatar el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso para dar
por supuesta una actitud indolente por parte del mismo. Es por esto que se ha
sostenido que “al ser el desacato un mecanismo de coerción que surge en
32
Sentencias T-459 de 2003, T-368 de 2005 y T-1113 de 2005.
33
Sentencia T-343 de 1998.
34
Sentencias C-243 de 1996 y C-092 de 1997.
35
Sentencia T-553 de 2002.
36
Sentencia T-1113 de 2005.
18
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01400-00
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
virtud de las facultades disciplinaria de los jueces a partir de las cuales pueden
imponer sanciones consistentes en multas o arresto, éstas tienen que seguir
los principios del derecho sancionador”.
De allí se desprende que corresponde a la autoridad competente verificar si
efectivamente existe una responsabilidad subjetiva en el incumplimiento de la
orden judicial –lo que, a su vez, conlleva examinar si se da un nexo causal
fundado en la culpa o el dolo entre el comportamiento del demandado y el
resultado– pues si no hay contumacia o negligencia comprobadas –se insiste–
no puede presumirse la responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento
y, por lo tanto, no es procedente la sanción […]”. [Subraya fuera del texto]
42. Retomando el caso objeto de estudio, la Sala observa que las órdenes
contenidas en las sentencias de tutela de 19 de julio y 18 de agosto de 2023,
proferidas por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín y el
Tribunal Administrativo de Antioquia, respectivamente, se encuentran incumplidas.
43. Ello es así porque en las providencias aludidas se dispuso que la UARIV debía
en “[…] el término de las cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la
notificación de este fallo, proceda a notificar en debida forma el Oficio núm. 2023-
0961691-1 del 8 de julio de 2023, con código LEX 7492359, el cual debe ser
complementado brindándole una respuesta clara, de fondo y congruente al
accionante, informándole un plazo aproximado y el orden en el que podrá acceder
a la indemnización administrativa, o por lo menos señalarle la vigencia en la cual le
será entregada la misma […]”.
44. En ese orden de ideas, la Sala destaca que a la fecha no se ha expedido el acto
administrativo que determine el día en que se efectuará el pago de la
indemnización, lo cual se puede corroborar tanto con lo dicho por la sancionada en
los escritos allegados en el incidente de desacato cursado en su contra, como con
lo manifestado en la presente acción de amparo, en la que admite la imposibilidad
de establecer una fecha cierta de pago de la indemnización administrativa
reconocida al señor Humberto Yoni Muñoz Hernández.
45. La Sala no advierte que, frente al elemento objetivo de la sanción por desacato,
exista un defecto fáctico o de desconocimiento del precedente, comoquiera que, en
efecto, las órdenes impartidas en el fallo de tutela de 18 de agosto de 2023
permanecen sin cumplirse.
46. Ahora, en cuanto al elemento subjetivo de la sanción por desacato, se evidencia
que la aquí accionante, mediante los informes de cumplimiento de 30 de noviembre,
7 de diciembre de 2023 y 11 de enero de 2024, puso en conocimiento de la
autoridad judicial accionada las siguientes razones por las que no había sido
posible dar cumplimiento al fallo de tutela:
19
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01400-00
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
46.1. En primer lugar, señaló que existía una imposibilidad jurídica y material de dar
cumplimiento a las órdenes contenidas en el fallo de acción de tutela porque el
pago de la indemnización se hace bajo el cumplimiento de un procedimiento
denominado Método Técnico de Priorización, a través del cual se busca que el
acceso a la medida indemnizatoria sea de conformidad con la urgencia y
vulnerabilidad de los beneficiarios.
46.2. Explicó que con ocasión del citado procedimiento administrativo “[…]
HUMBERTO YONI MUÑOZ HERNANDEZ [sic] no resultó favorecido para el año
2022, por lo que el Método Técnico de Priorización será aplicado en la
presente vigencia en el mes de septiembre de 2023, con el universo de víctimas
que a 31 de diciembre de 2022 contaban con acto administrativo de reconocimiento
y con orden de aplicación del Método”. Por lo anterior, precisó que “[…] si
HUMBERTO YONI MUÑOZ HERNANDEZ [sic] llegase a contar con uno de los tres
criterios de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad contenidos en los artículos
4 de la Resolución 1049 de 2019 y primero de la Resolución 582 de 26 de abril de
2021, podrá adjuntar en cualquier tiempo, la certificación y/o documentos
necesarios con los requisitos establecidos, para priorizar la entrega de la medida
[…]”. [Negrilla original del texto y mayúscula original del texto]
46.3. Expuso que el 25 de agosto de 2023 cuando se llevó a cabo el “Método Técnico
de Priorización” “[…] arrojo [sic] como resultado el valor de 22.47273, y el puntaje
mínimo para acceder a la medida indemnizatoria fue de 38.9898 […]” y que pese a
ello “[…] no desconoce los derechos del señor HUMBERTO YONI MUÑOZ
HERNANDEZ [sic], por el contrario, reconoció el derecho que tiene de ser
indemnizado, sin embargo, la Unidad ha manifestado en varias escenarios su
imposibilidad de indemnizar a todas las víctimas en un mismo momento, por lo que
a través de la Resolución 1049 de 2019, además de los criterios de urgencia
manifiesta o extrema vulnerabilidad, adoptó el “Método Técnico de Priorización”,
para la atención de otras víctimas que no cuentan con los referidos criterios, como
es el caso que nos ocupa, pero que son titulares del derecho a la reparación
económica […]”.
46.4. Indicó que la Resolución núm. 1049 de 2019 fue expedida en cumplimiento del
Auto 206 de 2017, proferido por la Corte Constitucional, en que se le ordenó
“reglamentar el procedimiento que deben agotar las personas víctimas del conflicto
armado para la obtención de la indemnización administrativa, con criterios
puntuales y objetivos”. En este punto, precisó que conforme a la citada Resolución
existen tres rutas: a) ruta priorizada; b) ruta general y c) ruta transitoria.
46.5. Adujo que existían razones de orden presupuestal que habían dificultado el
pago de la indemnización administrativa a todas las víctimas del conflicto armado.
Al respecto señaló:
20
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01400-00
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
“[…] El Gobierno a través de la Unidad para las Víctimas ha realizado un
importante esfuerzo en materia fiscal para atender, asistir y reparar a las
víctimas del conflicto armado interno, es así como desde el año 2012 hasta el
31 de diciembre de 2022 se han realizado 1.375.157 indemnizaciones a
1.296.582 víctimas por un valor de $9.236.477.783.522.
No obstante, dado el alto número de víctimas, la Entidad enfrenta
permanentemente retos presupuestales y operativos que le impiden
materializar la indemnización para todas las víctimas con derecho a esta. En
cuanto a la presente vigencia, la realidad en materia de indemnización
administrativa desborda la capacidad presupuestal de la Unidad para las
Víctimas, como se ilustra a continuación:
1. El valor del presupuesto asignado para la presente vigencia es de
$1.256.858.687.263 con los que se estima indemnizar aproximadamente a
111.000 víctimas con un promedio de costo de indemnización de $11.302.686.
2. Se debe aplicar el Método Técnico de Priorización a un universo promedio
de 5.438.226 víctimas que a 31 de diciembre de 2022 contaban con acto
administrativo de reconocimiento de la medida de indemnización.
3. Luego de la aplicación del Método Técnico de Priorización en el año 2022,
el universo de víctimas es de 52.417, las cuales cuentan con oficio de
favorabilidad y están pendientes por pagar, esto por valor de
$336.375.087.608.
4. Las víctimas con cumplimiento de criterio de priorización y cuya
indemnización se estima que costaría $1.167.108.301.460, es de 108.739.
5. Durante la vigencia 2023, las victimas que cumplirán criterio de priorización
por edad son 45.620 y dichas indemnizaciones tienen un valor estimado de
$436.949.917.559
Por consiguiente y de acuerdo con las proyecciones realizadas, la Entidad
estima que con los recursos asignados para la presente vigencia 2023
($1.256.858.687.263), no será posible alcanzar la meta de indemnizaciones, ni
dar cumplimiento a los indicadores del cuatrienio, contemplados en las metas
CONPES y el Plan Nacional de Desarrollo.
A continuación, se presentan la proyección de los recursos necesarios para la
presente vigencia a fin de lograr la estabilización conforme a derechos
adquiridos por las víctimas en cumplimiento de los criterios de priorización
emanados por la Resolución 1049 de 2019 y la Resolución 582 de 2021.
En este contexto, resulta imperiosa la necesidad de analizar y comprender la
situación, toda vez que es evidente que para poder indemnizar al universo de
víctimas expuesto existe la necesidad de aumentar el presupuesto asignado
21
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01400-00
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
para la vigencia 2023 a la Unidad para las Víctimas en lo referente al
otorgamiento de la medida de indemnización administrativa, teniendo en
cuenta que es preciso otorgar dicha medida a través de 218.848 pagos, esto
sin contemplar los más de 5.438.226 víctimas que a diciembre de 2022
contaban con acto administrativo de reconocimiento, susceptibles a que se les
aplique el Método Técnico de Priorización y a la espera de la ordenación del
pago por un valor estimado de $33.654.037.181.200.
Como resultado del análisis de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la
ley de víctimas se expuso que el país necesita 301 billones de pesos a 2031
para cumplir la atención y reparación de las más de nueve millones de víctimas
que hay en Colombia […]”. [Subrayado fuera del texto]
46.6. Precisó que, si el accionante se encontraba inmerso en alguno de los supuestos
previstos en la Resolución núm. 1049 de 15 de marzo de 2019 como urgencia
manifiesta o de extrema vulnerabilidad, debía informarlo a la UARIV, a efectos de
que se reconociera el pago de la indemnización a través de la ruta especial.
46.7. Asimismo, en el trámite incidental se allegaron los siguientes documentos: (i)
copia de la Resolución 04102019-936802 del 26 de noviembre de 2020, mediante
la cual la UARIV reconoce “el derecho a la medida de indemnización administrativa”
al señor Humberto Muñoz Hernández; (ii) copia de la Resolución núm. 1049 de 15
de marzo de 2019, “Por la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar
la indemnización por vía administrativa, se crea el método técnico de priorización,
se deroga las Resoluciones 090 de 2015 y 01958 de 2018 y se dictan otras
disposiciones”; y (iii) copia del Oficio núm. 2023-2173244-1 de 19 de diciembre de
2023, mediante el cual la UARIV le informa al señor Humberto Yoni Muñoz
Hernández el resultado de la aplicación del Método Técnico de Priorización para el
año 2023.
46.8. Al respecto, en citado Oficio núm. 2023-2173244-1 de 19 de diciembre de 2023,
se señaló:
“[…] De acuerdo con lo dispuesto en el anexo técnico que hace parte integral
de la Resolución 1049 de 2019, la Unidad, 25 de agosto de 2023, procedió a
dar aplicación al Método Técnico de Priorización a la totalidad de víctimas que
al finalizar el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior contaban con
decisión de reconocimiento del derecho a la medida de indemnización
administrativa a su favor, incluyendo a aquellas personas que no obtuvieron un
resultado favorable en la aplicación de este proceso técnico en la vigencia
2020, 2021 y 2022, con el propósito de determinar el orden de acceso de
manera proporcional a los recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal.
Es importante resaltar que, con la aplicación del Método Técnico, se asegura,
que pese al elevado número de víctimas que se encuentran pendientes de
recibir la indemnización administrativa, se pueda establecer un orden de
acceso a esta de una forma objetiva e imparcial, permitiendo materializar el
principio de igualdad y de atención diferencial a las víctimas.
22
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01400-00
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
Es así como en el proceso técnico que se ejecutó el 25 de agosto de 2023, se
realizó la valoración de los componentes demográficos, socioeconómicos, de
caracterización del daño y de avance en el proceso de reparación integral, y en
cada uno se ponderaron las siguientes variables:
[…]
Tenga en cuenta que el número de víctimas que podrán ser indemnizadas en
esta vigencia depende de la disponibilidad presupuestal de la Unidad. Por ello
es posible que existan solicitudes que, aunque hayan alcanzado el puntaje
mínimo, el presupuesto asignado no permita la entrega de los recursos. En
caso de solicitudes que obtuvieron el mismo puntaje, la favorabilidad se
determinó teniendo en cuenta la fecha de la radicación de la solicitud en el
aplicativo Indemniza, como lo indica el Manual del Método Técnico
Es oportuno indicar que, dentro de la aplicación de este proceso, se tuvo en
cuenta las siguientes fuentes de información:
1. Fuentes de información del Modelo Integrado, que es una estrategia que
unifica la información de las víctimas en los contextos de persona,
conformación de grupos familiares, ubicación, contacto, caracterización,
temáticas de atención y acceso a la oferta.
2. La medición de la Superación de la Situación de Vulnerabilidad.
3. Procedimiento de identificación de Carencias en Subsistencia Mínima -SM.
4. El Registro Único de Víctimas.
5. El sistema de información Indemniza.
6. Modelo de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas – MARIV.
7. La información de la Unidad de Restitución de Tierras - URT. Agencia
Nacional de Tierras.
8. La información de la Estrategia especial de acompañamiento UARIV.
Familias en su tierra (FEST) - DPS.
En ese orden de ideas, la Unidad no desconoce los derechos de la(s) víctima(s)
relacionada(s) en la presente solicitud, por el contrario, reconoció su derecho a
ser indemnizada(s). Sin embargo, la entidad ha manifestado en varios
escenarios su imposibilidad de indemnizar a todas las víctimas en un mismo
momento, por lo que a través de la Resolución 1049 de 2019, además de los
criterios de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, adoptó el Método
Técnico de Priorización, para la atención de otras víctimas que no cuentan con
los referidos criterios, como es el caso que nos ocupa, pero que son titulares
del derecho a la reparación económica.
23
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01400-00
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
Por lo anterior, al no ser posible realizar el desembolso de la medida de
indemnización en la presente vigencia en razón al resultado del Método
Técnico y la disponibilidad presupuestal, la Unidad procederá a aplicar cada
año este proceso técnico hasta que el resultado permita el desembolso de su
indemnización administrativa, puesto que, en ningún caso, el resultado
obtenido es acumulado para el siguiente año […]”.
46.9. Se destaca que la UARIV intentó notificar el contenido del oficio citado al señor
Humberto Yoni Muñoz Hernández, a través de correo certificado por 472 remitido
a la dirección física carrera 57ª No. 83C - 21 los días 8 de julio37, 30 de noviembre38
y 19 de diciembre39 de 2023. Sin embargo, la entrega solo fue posible el 16 de
enero de 2024 al correo electrónico OSPINADAVISON723@GMAIL.COM, el cual
la autoridad accionada encontró en el expediente de la acción de tutela, en razón a
que no fue posible a la dirección física suministrada por el accionante a la autoridad
accionada40.
46.10. El
envío efectivo a esa dirección de correo electrónico se observa a
continuación:
47. Resumido el contexto de esta controversia, resulta relevante indicar que el
procedimiento para el pago de la medida indemnizatoria contenida en el artículo
13241 y s.s. de la Ley 1448 de 10 de junio de 201142, se encuentra reglamentado
en la Resolución núm. 1049 de 15 de marzo de 201943.
37
Orden de servicio de correo certificado nacional 472 núm. 16267288
38
Orden de servicio de correo certificado nacional 472 núm. 16641324
39
Orden de servicio de correo certificado nacional 472 núm. 16709328
40
Se debe aclarar que la mencionada dirección electrónica no fue suministrada por el señor Muñoz Hernández a la UARIV.
41
La norma en cuestión señala: “El Gobierno Nacional, reglamentará dentro de los seis (6) meses siguientes a la
promulgación de la presente Ley, el trámite, procedimiento, mecanismos, montos y demás lineamientos para otorgar la
indemnización individual por la vía administrativa a las víctimas. Este reglamento deberá determinar, mediante el
establecimiento de criterios y objetivos y tablas de valoración, los rangos de montos que serán entregados a las víctimas
como indemnización administrativa dependiendo del hecho victimizante, así como el procedimiento y los lineamientos
necesarios para garantizar que la indemnización contribuya a superar el estado de vulnerabilidad en que se encuentra la
víctima y su núcleo familiar. De igual forma, deberá determinar la manera en que se deben articular las indemnizaciones
otorgadas a las víctimas antes de la expedición de la presente ley”.
42
“Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se
dictan otras disposiciones”.
43
“Por la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa, se crea el método
técnico de priorización, se deroga las Resoluciones 090 de 2015 y 01958 de 2018 y se dictan otras disposiciones”
24
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01400-00
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
48. El artículo 6° de la citada Resolución establece como fases del procedimiento
para acceso a la indemnización administrativa, las siguientes:
“[…] ARTÍCULO 6. FASES DEL PROCEDIMIENTO PARA ACCESO A LA
INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA. El procedimiento para el acceso de la
indemnización administrativa se aplicará para todas las solicitudes que se
eleven con posterioridad a la entrada en vigencia del presente acto
administrativo y se desarrollará en cuatro fases, así:
a) Fase de solicitud de indemnización administrativa;
b) Fase de análisis de la solicitud;
c) Fase de respuesta de fondo a la solicitud;
d) Fase de entrega de la medida de indemnización […]”.
49. Ahora bien, la Sala observa que la misma resolución previó que las solicitudes
de indemnización se clasificarían en prioritarias y generales; siendo las primeras
para aquellos casos en los cuales la víctima está en condiciones de urgencia
manifiesta o extrema vulnerabilidad [de conformidad con lo previsto en al artículo
4°44 de la citada Resolución]; y las segundas, para los demás eventos en los que
no se acrediten dichas condiciones.
50. Así las cosas, y una vez se efectúe el reconocimiento de la indemnización
administrativa, la UARIV deberá proceder con la fase de entrega. En cuanto a esta
etapa del procedimiento, el artículo 14 señala lo siguiente:
“[…] En el caso que proceda el reconocimiento de la indemnización y la víctima
haya acreditado alguna de las situaciones de urgencia manifiesta o extrema
vulnerabilidad referidas en el artículo 4o del presente acto administrativo, se
priorizará la entrega de la medida de indemnización, atendiendo a la
disponibilidad presupuestal de la Unidad para las Víctimas.
En caso que los reconocimientos de indemnización en estas situaciones de
urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad superen el presupuesto asignado
a la Unidad para las Víctimas en la respectiva vigencia, el pago de la medida
se hará efectivo en la siguiente vigencia presupuestal. En el tránsito entre
vigencias presupuestales no se modificará el orden o la colocación de las
víctimas priorizadas en las listas ordinales que, se posicionarán en la medida
que obtengan firmeza los actos administrativos que reconocen la medida de
indemnización y ordenan su pago.
44
La norma en cuestión dispone: “ARTÍCULO 4. SITUACIONES DE URGENCIA MANIFIESTA O EXTREMA
VULNERABILIDAD. Para los efectos del presente acto administrativo se entenderá que una víctima, individualmente
considerada, se encuentra en urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad cuando se acredite: A. Edad. Tener una edad
igual o superior a los setenta y cuatro (74) años. El presente criterio podrá ajustarse gradual y progresivamente por la Unidad
para las Víctimas, de acuerdo al avance en el pago de la indemnización administrativa a este grupo poblacional. B.
Enfermedad. Tener enfermedad(es) huérfanas, de tipo ruinoso, catastrófico o de alto costo definidas como tales por el
Ministerio de Salud y Protección Social. C. Discapacidad. Tener discapacidad que se certifique bajo los criterios, condiciones
e instrumentos pertinentes y conducentes que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social o la Superintendencia
Nacional de Salud”.
25
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01400-00
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
En los demás casos donde haya procedido el reconocimiento de la
indemnización, el orden de priorización para la entrega de la medida de
indemnización se definirá a través de la aplicación del método técnico de
priorización. La entrega de la indemnización se realizará siempre y cuando
haya disponibilidad presupuestal, luego de entregar la medida en los términos
del inciso primero del presente artículo.
En todos los casos que proceda la entrega de la indemnización, la Unidad para
las Víctimas comunicará a la víctima solicitante acerca del período de que
dispone para hacer efectivo el pago de la medida de indemnización […]”.
[Subraya fuera del texto]
51. En cuanto al Método Técnico de Priorización se observa que los artículos 15,
16 y 17 de la Resolución 1049 de 2019 señalan que su objeto es “[…] generar
unas listas ordinales que indicarán la priorización para el desembolso de la medida
de indemnización administrativa y se aplicará anualmente para la asignación de
los turnos de pago de manera proporcional a los recursos apropiados en la
respectiva vigencia fiscal para tal fin […]”.
52. Ahora bien, en el Anexo de la Resolución núm.1049 de 15 de marzo de 2019,
“Método Técnico de Priorización de la Indemnización Administrativa”, se señala lo
siguiente:
“[…] La aplicación del Método se realizará anualmente, respecto de la totalidad
de víctimas que al finalizar el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior
cuenten con decisión de reconocimiento de indemnización administrativa a su
favor.
Aquellas víctimas a quienes no se les asigne turno para el desembolso de la
medida de indemnización en la respectiva vigencia, la Unidad para las Víctimas
procederá a aplicarles el Método cada año hasta que de acuerdo con el
resultado, sea priorizado para el desembolso de la indemnización
administrativa. En ningún caso, el puntaje obtenido en una vigencia será
acumulado para el siguiente año.
Las víctimas que según la aplicación del Método obtengan el puntaje que les
otorgue turno de entrega de la indemnización administrativa en la
correspondiente vigencia, serán citadas de manera gradual en el transcurso del
año para la entrega de la indemnización administrativa. La Unidad para las
Víctimas pondrá a disposición de las víctimas la información, que les permita
conocer sobre la priorización o no del desembolso de la indemnización
administrativa, durante cada vigencia […]”. [Subraya fuera del texto]
53. Todo lo anterior le permite a la Sala concluir que la decisión de establecer una
fecha para realizar el pago de la indemnización administrativa no depende de un
acto discrecional de la sancionada, sino que debe observarse un procedimiento
administrativo que busca, mediante criterios técnicos y objetivos, garantizar que el
pago de la indemnización sea recibido, en primera medida, por las víctimas que se
encuentran en condiciones de urgencia manifiesta o vulnerabilidad extrema y, en
26
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01400-00
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
segundo lugar, por las víctimas que de acuerdo con la aplicación del Método
Técnico de Priorización resulten priorizadas en cada vigencia fiscal.
54. En consonancia con lo anterior, como ya se indicó, la sancionada ha venido
manifestando dentro del trámite incidental que el pago de la indemnización
administrativa a las víctimas es un asunto que no depende exclusivamente de su
discrecionalidad, en tanto que existe un universo de “[…] 5.438.226 víctimas que
a 31 de diciembre de 2022 contaban con acto administrativo de reconocimiento de
la medida de indemnización […]”, a los cuales se les está aplicando anualmente
el Método Técnico de Priorización en cada vigencia fiscal, a efectos de determinar
el número de personas a las que le era posible efectuar el pago de la medida
indemnizatoria.
55. En ese mismo sentido, explicó la accionante que, como resultado de la aplicación
de la aludida metodología, en el año 2022 se priorizó el pago de 52.417 víctimas; y
que para la vigencia del 2023 se tenía proyectado que, a través de este método, se
priorice el pago de 45.620 víctimas. Sin embargo, precisó que, para acceder al pago
del universo de 5 millones de víctimas, se requiere de la suma aproximada de
$33.654.037.181.200, monto que supera el presupuesto anual de la entidad.
56. También destacó que para el año 2023 el presupuesto de la UARIV destinado al
pago de indemnizaciones fue de $1.256.858.687.263, el cual resultó insuficiente
para saladar todas las indemnizaciones reconocidas a las víctimas del conflicto
armado que, como se dijo anteriormente, ascienden a 5.438.226 de personas.
57. Lo anterior denota que existe un problema estructural respecto del cumplimiento
de la orden judicial, lo que a su vez permite advertir que la falta de acatamiento de
la instrucción judicial no obedece, per se, a la conducta desinteresada, negligente
o renuente de la sancionada de materializar la orden emitida por el juez de tutela.
58. Enefecto, la señora Sandra Viviana Alfaro Yara acreditó en el incidente de
desacato que el pago o desembolso de la medida indemnizatoria tiene un marco
regulatorio que ha sido expedido en cumplimiento del Auto 206 de 28 de abril de
2017, proferido por la Corte Constitucional45. Según este marco regulatorio, que ha
sido explicado con antelación, el desembolso de la indemnización depende de los
45
En la citada providencia la Corte Constitucional sostuvo: “Por lo anterior, en reiteración de las órdenes tercera y vigésimo
sexta del auto 373 de 2016, esta Sala ordenará al Director de la Unidad para las Víctimas que, en coordinación con el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y del Departamento Nacional de Planeación, reglamente el procedimiento que
deben agotar las personas desplazadas para la obtención de la indemnización administrativa, con criterios puntuales y
objetivos, cuyas fases se deben tramitar en periodos determinados en el transcurro de los 6 años adicionales a los
inicialmente contemplados, de acuerdo con la respuesta emitida por el Gobierno Nacional a la orden tercera del auto 373 de
2016, en torno al nuevo cálculo de los recursos planteados en el documento CONPES 3726 de 2012. Esta Sala Especial le
ADVIERTE al Director de la UARIV que, conforme lo reiteró esta Corporación, la magnitud del esfuerzo presupuestal para
indemnizar a las personas desplazadas justifica que esta obligación se satisfaga de manera progresiva y siguiendo criterios
de priorización. No obstante, esto no implica que estas personas se encuentren en una completa incertidumbre acerca de si
van a recibir esos recursos, en qué plazo aproximado y siguiendo qué orden. Por lo tanto, esta Corporación no encuentra de
recibo que se esgriman las restricciones presupuestales como una excusa para abstenerse de otorgar la información mínima
que permita garantizar el debido proceso de la población desarraigada cuando se acerca a las autoridades para solicitar
información en esta materia”.
27
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01400-00
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
recursos que son asignados a través de la ley del presupuesto general de la Nación
a la UARIV; y, además, existen criterios técnicos y objetivos para que se priorice el
pago de estas indemnizaciones a la población víctima del conflicto que se
encuentran en condiciones de urgencia manifiesta o vulnerabilidad extrema.
59. Cabe señalar que las autoridades judiciales en las providencias objeto de esta
acción constitucional, al estudiar el elemento subjetivo de la sanción por desacato
manifestaron que no se ha proferido el acto administrativo que contenga el plazo
aproximado y el orden en el que podrá acceder a la indemnización administrativa
y, tampoco se ha notificado al beneficiario el resultado del Método Técnico de
Priorización.
60. Teniendo en cuenta lo manifestado por las autoridades accionadas, es necesario
precisar que la función y el análisis que efectúa el juez constitucional al dictar el
fallo de tutela es completamente diferente al análisis que se hace al decidir sobre
el desacato de la sentencia. Ello, porque al momento de dictarse la sentencia se
debe constatar la existencia de una vulneración a una garantía constitucional,
identificar el responsable de la transgresión y adoptar las medidas de
restablecimiento. Mientras que al resolverse el desacato se debe evaluar el
cumplimiento de la orden [elemento objetivo] y analizar si su incumplimiento
obedece al actuar omisivo y negligente del obligado [elemento subjetivo].
61. Así las cosas, a juicio de la Sala, las autoridades judiciales accionadas no podían
sustraerse de la obligación de estudiar los argumentos de defensa expuestos por
la accionante aduciendo que lo que se pretendía era reabrir el debate analizado a
través del fallo de tutela, cuando lo cierto es que lo pretendido por la aquí
accionante, mediante los informes allegados al trámite incidental, era que la
autoridad judicial accionada constatara que el incumplimiento de la orden judicial
no obedecía al actuar renuente y negligente de la funcionaria, sino que era
consecuencia de problemas estructurales y fiscales que desbordaban sus
competencias y capacidades.
62. Por lo precedente, la Sala considera que el Juzgado Treinta y Tres Administrativo
del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrieron en un
defecto fáctico y en un desconocimiento del precedente jurisprudencial, contenido
en la sentencia SU - 034 de 2018 de la Corte Constitucional, porque al expedir los
autos de 15 de diciembre de 2023 y 15 de enero de 2024 no valoraron desde la
óptica de la responsabilidad subjetiva los informes de cumplimiento de 30 de
noviembre, 7 de diciembre de 2023 y 11 de enero de 2024, y tampoco valoraron
28
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01400-00
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
las resoluciones núms. 04102019-936802 del 26 de noviembre de 202046 y 1049
de 15 de marzo de 201947 y el Oficio de 29 de septiembre de 202248.
63. Además, se debe resaltar que la UARIV intentó notificar el contenido del oficio
citado al señor Humberto Yoni Muñoz Hernández, a través de correo certificado por
472 remitido a la dirección física carrera 57ª No. 83C - 21 los días 8 de julio49, 30
de noviembre50 y 19 de diciembre51 de 2023. Sin embargo, la entrega solo fue
posible el 16 de enero de 2024 al correo electrónico
OSPINADAVISON723@GMAIL.COM, el cual la autoridad accionada encontró en
el expediente de la acción de tutela, en razón a que no fue posible a la dirección
física suministrada por el accionante a la autoridad accionada.
64. También cabe destacar que de haberse aplicado el precedente jurisprudencial
y valorado los informes y las pruebas allegados por la sancionada, la autoridad
judicial accionada hubiese advertido que la señora Sandra Alfaro Yara desplegó las
acciones a su alcance para dar cumplimiento al fallo de tutela, en tanto que la
indemnización administrativa reconocida al señor Humberto Muñoz Hernández fue
sometida al Método Técnico de Priorización, pero para la vigencia fiscal del año
2023 no quedó priorizado para pago, en tanto que existían otras víctimas en
mayores condiciones de vulnerabilidad y urgencia.
65. Asimismo, la sancionada intentó notificar el resultado al beneficiario a la dirección
suministrada en la petición y en 3 ocasiones se devolvió porque no se encontró al
señor Humberto Muñoz Hernández.
66. También se desconoció que el pago de las indemnizaciones se hace de acuerdo
con los recursos que en cada vigencia fiscal son asignados a la UARIV y que el
presupuesto destinado por la entidad para el pago de las citadas indemnizaciones
depende, a su vez, de la partida asignada a través de la ley anual de presupuesto,
situación que permite observar que el incumplimiento del fallo de tutela y, en
consecuencia, la afectación al derecho de acceder a la indemnización
administrativa no es consecuencia de la conducta omisiva de la aquí accionante.
67. En el mismo sentido se pronunció esta Sección, en sentencia de 4 de agosto de
2023, en la que señaló que:
“[…] Retomando el caso bajo de estudio, la Sala destaca que en múltiples
ocasiones la incidentada ha manifestado al JUZGADO que se dio
cumplimiento a la orden de tutela mediante la Resolución núm. 04102019-
46
Mediante la cual la UARIV reconoce “el derecho a la medida de indemnización administrativa” al señor Humberto Muñoz
Hernández.
47
“Por la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa, se crea el método
técnico de priorización, se deroga las Resoluciones 090 de 2015 y 01958 de 2018 y se dictan otras disposiciones”.
48
Mediante el cual se le informa a la accionante.
49
Orden de servicio de correo certificado nacional 472 núm. 16267288
50
Orden de servicio de correo certificado nacional 472 núm. 16641324
51
Orden de servicio de correo certificado nacional 472 núm. 16709328
29
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01400-00
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
40258 de 2 de septiembre de 2019, en la que se reconoció una indemnización
administrativa a favor de la señora MARLENY GARCÍA CASTRO y se le puso
en conocimiento que el pago de la misma se realizaría conforme al
procedimiento previsto para el efecto en la Resolución 01049 de 15 de marzo
de 2019 de la Dirección General de la UARIV, para lo cual era necesario
esperar a que la entidad procediera a la aplicación del método de priorización
que solo tiene lugar anualmente […]”.
68. Las razones expuestas en precedencia llevan a la Sala a considerar que los
jueces accionados no acogieron las pautas que la jurisprudencia constitucional ha
avalado en materia de aplicación de criterios de priorización y el agotamiento del
procedimiento previsto por la ley dentro del esquema para la entrega de la
indemnización administrativa por los hechos sufridos en el contexto del conflicto
armado.
69. Porlo precedente, la Sala amparará los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia de la accionante y, en
consecuencia, dejará sin efectos los autos de 15 de diciembre de 2023 y 15 de
enero de 2024, proferidos por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito
de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, respectivamente.
70. Loanterior no obsta para que la Sala inste a la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas - UARIV para que continúe aplicando
anualmente el método técnico de priorización, con el fin de que se establezca el
turno para el respectivo desembolso de la indemnización administrativa reconocida
al señor Humberto Yoni Muñoz Hernández, por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado, mediante la Resolución núm. 04102019-936802 del 26 de
noviembre de 2020.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia de la accionante. En consecuencia, DEJAR SIN
EFECTOS los autos de 15 de diciembre de 2023 y 15 de enero de 2024, proferidos
por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Antioquia, respectivamente, dentro del incidente de desacato
identificado con el número de radicado 05001-33-33-033-2023-00260-00/01/02, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: INSTAR a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas - UARIV para que continúe aplicando anualmente el método técnico de
priorización, con el fin de que se establezca el turno para el respectivo desembolso
30
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01400-00
Accionante: Sandra Viviana Alfaro Yara
de la indemnización administrativa reconocida al señor Humberto Yoni Muñoz
Hernández.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.