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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01404-00

Fecha
9 de mayo de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01404-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, de conformidad con las razones expuestas. 2. Notificar la decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-01404-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

9 de mayo de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01404-00
Demandante: María Gloria Duque de Robayo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01404-00
Demandante: MARÍA GLORIA DUQUE DE ROBAYO
CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A Y
Demandados:
OTROS

Tema: Contra providencia judicial dictada en proceso ejecutivo. Falta de
relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por María Gloria Duque de Robayo contra
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la Subsección E de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP-.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 19 de marzo de 2024, María Gloria Duque de Robayo interpuso acción de tutela, en
nombre propio, para la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, y de acceso a la administración de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de:

(i) Los autos proferidos el 23 de junio de 2023 por la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del 30 de noviembre del
mismo año de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que
resolvieron no librar mandamiento de pago en el proceso ejecutivo con radicado
25000-23-42-000-2021-00514-01; y

(ii) Las resoluciones 33357 del 7 de noviembre de 2019, modificada por la 36643 del
3 de diciembre del mismo año; 4383 del 24 de febrero de 2021, 9178 del 16 de
abril de 2021 y 11995 del 12 de mayo de la misma anualidad, proferidas por la
UGPP, que dice, ordenaron cumplir de manera indebida las sentencias de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-25-000-2011-00452-00.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA: Se me conceda el amparo de mis derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, acceso a la administración de justicia y demás que se consideren vulnerados.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01404-00
Demandante: María Gloria Duque de Robayo

SEGUNDA: Se ordene “dejar sin valor ni efecto los AUTOS fechados 23 de junio del 2023 del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del 30 de noviembre de 2023 proferido por el Honorable
Consejo de Estado antes mencionados; así como se ordene modificar o corregir las Resoluciones
que se relacionan en la presente acción de tutela, proferidas por la UGPP por NO DAR
CUMPLIMIENTO TOTAL a la orden judicial emanada de las sentencias proferidas dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ya citado.

TERCERO: Se ordene a la Sala de la Sección Segunda – Subsección E del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, se resuelva legalmente el trámite del ejecutivo correspondiente como
consecuencia de lo anterior.

CUARTO: Se profiera la decisión que corresponda al resarcimiento de mis derechos como cónyuge
sobreviviente, amparados en las sentencias de primera y segunda instancia dentro del proceso
Administrativo, base del proceso ejecutivo que en su oportunidad fue promovido por mi parte como
acreedora demandante.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1. Antecedentes de la solicitud de indemnización sustitutiva ante el departamento
de Cundinamarca y la sentencia T-099 de 2008

El señor Luis Jaime Robayo Rodríguez solicitó al departamento de Cundinamarca el
reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, pero la
entidad se negó porque no tenía la calidad de afiliado al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones y no cotizó en los términos de la Ley 100 de 1993. Posteriormente, el señor
Robayo interpuso recurso de reposición, que fue resuelto de forma desfavorable.

Con fundamento en lo anterior, el señor Robayo interpuso acción de tutela, por considerar
que, debido a su edad, estado de salud y situación económica, no podía esperar el trámite
de un proceso ordinario. No obstante, las autoridades judiciales encontraron que la acción
de tutela no era procedente para reconocer prestaciones sociales, pues el actor tenía
otros medios judiciales.

En sede de revisión, la Corte Constitucional dictó la sentencia T-099 de 2008 y ordenó al
departamento de Cundinamarca que reconociera y pagara la indemnización sustitutiva
de la pensión de vejez.

En cumplimiento de lo anterior, la entidad territorial expidió la Resolución No. 414 del 18
de abril de 2008, con la cual reconoció al señor Luis Jaime Robayo Rodríguez la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, pero se limitó a las cotizaciones
realizadas por los servicios que prestó a la Asamblea de Cundinamarca y a la Secretaría
de Gobierno de dicho departamento.

3.2. Antecedentes de la solicitud de indemnización sustitutiva ante CAJANAL

El señor Luis Jaime Robayo Rodríguez también solicitó a la Caja Nacional de Previsión
Social (en adelante “CAJANAL”) el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva
de la pensión de vejez.

No obstante, mediante resolución 6750 del 13 de febrero de 2009, la entidad resolvió de
manera desfavorable, la cual fue confirmada mediante resolución 23805 del 29 de
octubre de 2010, por considerar que la desvinculación del servicio oficial ocurrió en 1978,
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.

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Demandante: María Gloria Duque de Robayo

El 21 de julio de 2009, el señor Luis Jaime Robayo Rodríguez falleció y estuvo casado
con la señora María Gloria Duque De Robayo desde 1982.

3.3. El proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

La señora María Gloria Duque De Robayo interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra CAJANAL, hoy UGPP, para que se declarara la
nulidad de las resoluciones que negaron la indemnización sustitutiva de la pensión de
vejez, y, en consecuencia, se le reconociera y pagara como cónyuge sobreviviente.

En primera instancia, la demanda le correspondió al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, Sala de Descongestión bajo del
radicado 25000-23-25-000-2011-00452-00, que por sentencia del 29 de octubre de 2013
accedió a las pretensiones. Sostuvo que era válido tomar en cuenta tanto los aportes
realizados con anterioridad a la implementación del Sistema General de Seguridad Social
Integral como los efectuados después.

Por ende, declaró la nulidad de las Resoluciones 6750 y 23805 expedidas por CAJANAL
y condenó a la UGPP a reconocer, liquidar y pagar en favor de la cónyuge supérstite la
indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, con exclusión de las
vinculaciones con el departamento de Cundinamarca que ya fueron reconocidas, pero
con inclusión de los aportes al Instituto de Seguros Sociales y la actualización respectiva.

La UGPP interpuso recurso de apelación, y en segunda instancia, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 7 de marzo de 2019,
confirmó la decisión de acceder a las pretensiones.

3.4. Sobre el cumplimiento del fallo de nulidad y restablecimiento del derecho

En cumplimiento de lo anterior, la UGPP profirió la resolución 33357 del 7 de noviembre
de 2019, mediante la cual reconoció la indemnización sustitutiva de la pensión de
sobrevivientes por una sola vez, y ordenó el pago por la suma de $18.355.941.

La anterior resolución fue modificada por la resolución 36643 del 3 de diciembre de 2019,
en el sentido de aclarar que se tendría en cuenta la actualización efectuada hasta 2018
y se validaría si existían pagos como consecuencia de un proceso ejecutivo o si se
encontraba en curso algún proceso ejecutivo.

El 30 de enero de 2020, se pagó la indemnización sustitutiva por la suma de $18.633.287.

El 17 de diciembre de 2020, la señora Duque De Robayo radicó petición de cumplimiento
total del fallo judicial ante la UGPP y allegó una liquidación actuarial por $168.243.323,
que incluye indexación e intereses moratorios.

Como respuesta a lo anterior, la UGPP emitió la resolución 4383 del 24 de febrero de
2021, mediante la cual negó la solicitud de indexación, con fundamento en que se pagó
$18.355.941 por concepto de mesadas sin indexar, y $277.346,23 por concepto de
indexación de las mesadas liquidadas. También indicó que se encontraba pendiente de
pago $2.377.566,50, por concepto de intereses moratorios.

La señora María Gloria interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, que
fueron resueltos de forma negativa. La UGPP explicó que la liquidación actuarial aportada
no se ajustaba a la realidad, debido a que tomó un IPC distinto para cada año.

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Demandante: María Gloria Duque de Robayo

3.5. El proceso ejecutivo 25000-23-42-000-2021-00514-00

La señora María Gloria Duque De Robayo presentó demanda ejecutiva para que se
librara mandamiento de pago en contra de la UGPP, por considerar que no se cumplió
en su totalidad las sentencias proferidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Adujo que se cambió la fórmula indicada en la sentencia y que estaban
pendientes de pago los intereses moratorios.

En consecuencia, pidió que se libre mandamiento de pago por los siguientes rubros: (i)
$64.570.247 por aportes para pensión, (ii) $5.951.320,66 por intereses de plazo, (iii)
$116.077.695,76 por intereses de mora liquidados al 15 de diciembre de 2020, y (iv) los
intereses legales o moratorios que se causaran desde el 15 de diciembre de 2020 hasta
que se realizara el pago.

Mediante auto del 23 de junio de 2023, la Subsección E de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó librar mandamiento de pago, porque se
verificó que la UGPP reconoció y pagó a la ejecutante tanto la indemnización sustitutiva
de la pensión de sobrevivientes como los intereses causados, e incluso un valor superior.

La señora Duque de Robayo interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por auto
del 30 de noviembre del 2023 de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado1, en el sentido de confirmar la decisión de no librar mandamiento de pago.
Consideró que el Tribunal no desconoció la orden impartida en la sentencia de nulidad y
restablecimiento del derecho, y que en el recurso de apelación no se desvirtuaron los
valores consignados en la liquidación ni las fórmulas utilizadas.

4. Argumentos de la acción de tutela

La tutelante aduce que es una persona de la tercera edad, viuda, y que, a la fecha de
presentación de la acción de tutela, la UGPP no ha pagado los intereses moratorios que
confesó adeudar en sus resoluciones.

Frente a las autoridades judiciales, sostuvo que incurrieron en defecto sustantivo, por
interpretación errónea de las disposiciones jurídicas, cuando liquidaron la indemnización
sustitutiva. Adujo que no se tuvo en cuenta la totalidad del tiempo laborado en la Nación,
que se cambió la fórmula para la liquidación y que se erró al sostener que se había
pagado más de lo que correspondía.

Explicó que en la liquidación hecha en el auto del 23 de junio de 2023 están pendientes
por liquidar 925 días, pues se tomaron 3.611 días, cuando, a su juicio, se debieron tomar
4.536 días y, por lo tanto, la diferencia de esas sumas estaba pendiente de pago.

Cuestionó que solo se tomaran 50 días del tiempo laborado en la Cámara de
Representantes y dijo que se omitió analizar en conjunto toda la información del
expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Que el Consejo de Estado reiteró sin prueba suficiente lo dicho por el Tribunal, sin tener
en cuenta todo el tiempo de servicio, y que debió efectuar nuevamente la liquidación total,
discriminando por indexación e intereses de mora.

Argumentó que el Tribunal omitió darle trámite al proceso ejecutivo, para que dentro del
mismo se hubiera dado la oposición sustentada por la UGPP. Que, se emitió auto
1 Notificado por correo electrónico del 18 de diciembre de 2023.

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Demandante: María Gloria Duque de Robayo

negando el mandamiento de pago sin analizar de fondo el asunto, ni siquiera el contenido
de las resoluciones emitidas por la UGPP, donde hay una confesión escrita que prueba
la falta de liquidar intereses moratorios. Que, no se tuvo como prueba la liquidación
actuarial ni se estudió la historia laboral, y no se incluyó el bono pensional.

5. Trámite procesal

Mediante auto del 22 de marzo de 2024, el magistrado ponente admitió la demanda de
tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, al director de la
UGPP, a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E y a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.

En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos del 2 y 3 de abril de 20242.

6. Intervenciones

El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca pidió que se
declarara improcedente la solicitud de amparo por no cumplir el requisito general de
relevancia constitucional. Explicó que la tutelante pretende reabrir el debate, a modo de
tercera instancia, para que se libre mandamiento de pago en su favor.

Que se trata de un asunto que ya fue resuelto en el proceso ejecutivo y lo pretendido por
la tutelante es que se modifique la liquidación hecha, pero en los términos por ella
indicados.

Argumentó que el auto cuestionado no vulneró derecho fundamental alguno, debido a
que fue proferido de acuerdo con el título ejecutivo, la situación fáctica, normatividad
aplicable y las pruebas aportadas. Que la decisión cuestionada no fue caprichosa o
arbitraria pues, matemáticamente, se realizó el cálculo respectivo.

Respecto al argumento relacionado con el tiempo laborado en la Nación adujo que es un
argumento nuevo, que no fue expuesto en la demanda ejecutiva ni en el recurso de
apelación formulado contra el auto que no libró mandamiento de pago. Que la tutelante
no puede pretender subsanar, a través de la acción de tutela, la omisión en la que incurrió
y manifestar nuevos motivos de inconformidad.

Sobre el cargo relacionado con la liquidación actuarial, manifestó que conforme con el
artículo 430 del CGP, el operador judicial se puede abstener de librar mandamiento de
pago si no encuentra mérito para ello. Que no pasó por alto la liquidación presentada por
la ejecutante, sino que no la encontró acorde con la ley, ni con lo ordenado en la
sentencia que sirvió como título ejecutivo. Que, por el contrario, lo que verificó fue que la
UGPP reconoció y pagó a la accionante tanto la indemnización sustitutiva de la pensión
de sobrevivientes, como los intereses causados con posterioridad a la ejecutoria del título
y hasta el día anterior al pago.

La UGPP solicitó que se declarara improcedente la solicitud de amparo dado que la
acción de tutela estaba siendo usada como una instancia adicional del trámite ordinario.
Sostuvo que los autos cuestionados se ajustaron a derecho y a las pruebas que

2 Índices 7 y 12 de Samai

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condujeron a concluir que se había cumplido con las sentencias dictadas en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.

Que la acción de tutela no puede usarse con un fin económico para obtener prestaciones
laborales, ni para obtener decisiones rápidas que pretermitan a los jueces naturales de
la causa, más aún cuando el litigio ya se ventiló en doble instancia.

Que tampoco se acreditó que la providencia judicial hubiera incurrido en alguno de los
defectos específicos. Que la accionante no demuestra la existencia de un perjuicio
irremediable o afectación al mínimo vital, pues no aporta prueba sumaria de las
presuntas vulneraciones y se encuentra percibiendo una mesada pensional por parte de
Colpensiones desde el 1° de abril de 2003.

Manifestó que, de accederse a lo pretendido por la señora Duque de Robayo, se
afectaría la sostenibilidad financiera del sistema teniendo en cuenta que la sentencia que
impuso la orden de pago ya fue cumplida y los dineros con los cuales se pagan las
pensiones administradas por la nómina de pensionados de la UGPP son con cargo a la
cuenta del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional – FOPEP.

Los magistrados de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
guardaron silencio pese a que, como se vio, fueron notificados en debida forma.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la señora
María Gloria Duque De Robayo para (i) dejar sin efectos los autos del 23 de junio de 2023
y 30 de noviembre del mismo año, dictados por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Consejo de Estado, respectivamente, que resolvieron no librar
mandamiento de pago en el proceso ejecutivo con radicado 25000-23-42-000-2021-
00514-00/01; y (ii) que se ordene a la UGPP modificar sus resoluciones3 para que cumpla
las sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-25-000-
2011-00452-00/01 de la forma señalada por la demandante.

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito general de relevancia
constitucional, por cuanto la tutelante insiste en los argumentos propuestos en el proceso
ejecutivo y propone argumentos nuevos que no fueron expuestos en el recurso de
apelación. Por lo tanto, se declarará improcedente.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a: (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional, y (iii) el análisis del caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los

3 Estas son: 33357 del 7 de noviembre de 2019, modificada por la 36643 del 3 de diciembre del mismo año; 4383 del

24 de febrero de 2021, 9178 del 16 de abril de 2021 y 11995 del 12 de mayo de la misma anualidad, proferidas por la
UGPP, que no dieron cumplimiento a las sentencias del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
25000-23-25-000-2011-00452-00.

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requisitos generales4 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos5 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-006, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

En relación con el cuarto criterio, se refiere a que no se propongan nuevos argumentos
que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias
judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar,
completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el
juez natural.

Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.

4. Análisis del caso concreto

La Sala empieza por precisar que, aunque con la acción de tutela se pretende que se
dejen sin efectos los autos que no libraron mandamiento de pago y las resoluciones por
medio de las cuales la UGPP dio cumplimiento a sentencias dictadas en un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, lo cierto es que el fin último de la acción de tutela
promovida por la señora María Gloria Duque de Robayo es que se ordene la liquidación
y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes de la forma
señalada por la demandante, por lo tanto, los cargos formulados serán estudiados de

4 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
5 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
6 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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forma conjunta.

De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que coinciden con los propuestos en el proceso ejecutivo No. 25000-23-42-000-2021-
00514-00. Básicamente, la parte actora insiste en que la liquidación que efectuó la UGPP
es incorrecta, y, por ende, la decisión de las autoridades judiciales de no librar
mandamiento de pago también lo es.

De la lectura de los memoriales, la Sala encuentra que, tanto el recurso de apelación
como el escrito de tutela, se fundan en los mismos argumentos, que son: (i) se debió
admitir la demanda ejecutiva y permitir una oposición por parte de la UGPP, para que se
sorteara el debate en derecho; (ii) existió un error en la fórmula aplicada en la liquidación
que llevó a que se pagara una suma incorrecta; (iii) no se tuvo en cuenta la totalidad del
tiempo laborado en el sector público como en el privado y lo devengado al realizar la
liquidación; y (iv) se omitió que los intereses moratorios estaban pendientes de pago y
esa situación fue confesada en los actos administrativos que dieron cumplimiento a la
sentencia.

No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, en providencia del 30 de noviembre de 2023, así:

La Subsección considera que si bien la parte recurrente pretende controvertir las sumas consignadas
en el auto apelado, no logra desvirtuar los valores tenidos en cuenta, es decir, únicamente propone su
argumento, sin sustento alguno, lo que impide efectuar el ejercicio para llegar a la conclusión de que la
cuantía de la obligación es la pedida en el escrito de demanda.

Es importante resaltar que el valor que el tribunal puntualmente consideró por indemnización sustitutiva
de la pensión de sobrevivientes fue producto de un minucioso estudio bajo un sustento probatorio y
normativo tal como se evidencia de la providencia objeto de recurso.

Ahora, tal como se advierte del escrito de apelación, la recurrente se limitó a considerar que la
liquidación no era la correcta y que el tribunal se apartó del título, sin plantear argumentos de reparo
específicos para controvertir lo concluido por la primera instancia, únicamente bajo la consigna de que
la liquidación debió realizarse conforme con lo devengado por el causante.

En efecto, no se encuentran elementos que permitan arribar a una conclusión diferente a la expuesta
en el auto, pues lo propuesto es que la suma que consideró el tribunal por concepto de indemnización
sustitutiva no es correcta, pero no expone sustento probatorio o normativo alguno que apunte a
desvirtuar lo concluido en la providencia que negó el mandamiento ejecutivo.

(…)
Bajo el anterior contexto, la Subsección no advierte argumentos en el recurso de apelación que
desvirtúen o permitan desconocer los valores consignados por la primera instancia, por cuanto la
premisa central de la inconformidad se fundamentó en que debía librarse el mandamiento ejecutivo sí
o sí por lo planteado en el escrito de ejecución de la sentencia, máxime cuando en la impugnación la
parte ejecutante no desarrolló reproche preciso frente a la liquidación efectuada por el tribunal, quien
para realizarla utilizó la fórmula indicada en el título ejecutivo, esto es, la referida en el Decreto 1730
de 2001 y, trasladó la carga a esta Corporación en el entendido de que debían enmendarse los aspectos
erróneos de la providencia.

Nótese que el tribunal explicó detalladamente los elementos de la fórmula utilizada para la liquidación,
soportado en fundamentos normativos y probatorios, por lo que era del resorte de la parte ejecutante
especificar la equivocación en la que la primera instancia habría incurrido al resolver sobre el
mandamiento ejecutivo y no proceder a manifestar una inconformidad, sin efectuar reparos concretos
sobre las fórmulas y valores utilizados en primera instancia7.

7 SAMAI CE, índice 2, documento 6CD1DCE008B36B20 8E232E1B896A4F56 AA4D7435EF238441
0FFB6DA6A31B2D7D (pdf), pp. 41 a 43.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01404-00
Demandante: María Gloria Duque de Robayo

Como se ve, se trata de argumentos con los que la señora María Gloria Duque de Robayo
pretende continuar el debate jurídico que planteó en el proceso ejecutivo sobre el
indebido cumplimiento de la obligación de pago de la indemnización sustitutiva de la
pensión de sobrevivientes, con su respectiva indexación e intereses moratorios, en el que
dice, incurrió la UGPP al liquidar los montos de la prestación social adeudada.

En el escenario que propone la demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente unos asuntos que ya fueron resueltos por las autoridades judiciales
demandadas en el proceso ejecutivo, finalidad para la que no está previsto este
mecanismo constitucional. La acción de tutela tiene como fin la protección de derechos
fundamentales, y no puede utilizarse como instancia adicional de los procesos ordinarios.

En cuanto al cargo relacionado con que existe un error en los días que se tomaron para
realizar la liquidación, la Sala advierte que se trata de un argumento nuevo que no fue
propuesto por la señora Duque de Robayo en el recurso de apelación que presentó en
contra del auto que no libró mandamiento de pago en primera instancia. La acción de
tutela no puede utilizarse para completar los argumentos que dejaron de plantearse ante
el juez natural.

Las anteriores razones son suficientes para declarar improcedente la acción de tutela de
la referencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, de conformidad con las
razones expuestas.

2. Notificar la decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591
de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo
de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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