RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-01409-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01409-00

Fecha
17 de junio de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01409-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Negar el amparo de los derechos fundamentales de la parte actora, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01409-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

17 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01409-00
Demandante: YOHANIS BEATRIZ MEJÍA MENDOZA Y OTROS
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala1 decide la acción de tutela presentada por la señora Yohanis Beatriz Mejía
Mendoza, en calidad de representante legal del Consejo Comunitario de la
Comunidad Negra de los Palenques de Juan y Medio, y otros contra el presidente de
la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio
de Salud, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Agencia Nacional de
Tierras, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio del Deporte, el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Igualdad y Equidad, el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Agencia
Nacional de Tierras, el Servicio Nacional de Aprendizaje, el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, la Gobernación del Departamento de La
Guajira y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.

I. A N T E C E D E N T E S
1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 20 de marzo de 2024, la parte actora interpuso acción de tutela contra las
autoridades anteriormente mencionadas, por la vulneración de los derechos
fundamentales a la vida, a la libertad, a la integridad física, a la igualdad étnica, a la
salud, a la atención de los «niños y niñas, jóvenes y familia de forma transversal con
los diferentes programas de enfoque diferencial para comunidades negras», a la
protección y desarrollo del territorio, al trabajo y a la dignidad humana. Formularon
las siguientes pretensiones:

1Se advierte que, el 10 de mayo de 2024, el proceso ingresó al despacho de la magistrada ponente
para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01409-00
Actor: Yohanis Beatriz Mejía Mendoza y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

PRIMERO. Que el GOBIERNO NACIONAL garantice la vida y honra de los
miembros de las diferentes comunidades negras que hoy se encuentran en
riesgo y en confinamiento por el temor de perder su vida en medio de los
enfrentamientos que se han presentado y puedan seguir presentando entre los
grupos al margen de la ley en nuestros territorios colectivos.

SEGUNDO: Que el GOBIERNO NACIONAL garantice de forma transversal y
digna con sus diferentes Ministerios e Instituciones el derecho a la pervivencia
en sus territorios con las garantías de derechos humanos y derecho
internacional humanitario (derecho a la tierra, al territorio, a la salud integral, a la
salud mental, a la educación intercultural con enfoque diferencial para
comunidades negras, derecho al trabajo, a la economía, a la generación de
ingreso, al desarrollo del campo, a la siembra, a la comercialización y
exportación de sus productos agropecuarios, al buen vivir sin miedo y elementos
fundamentales como seres humanos).

TERCERO: Que el GOBIERNO NACIONAL garantice la no repetición del
conflicto armado y que pongan en peligro, sino que más bien proteja la vida y
honra de los miembros de comunidades negras.

CUARTO: Que el GOBIERNO NACIONAL garantice la estabilidad en el territorio
y la no repetición de hechos de riesgo de la vida, el desplazamiento y el
confinamiento ya que esta es la segunda vez que estamos viviendo el rigor del
conflicto armado con el desplazamiento, confinamiento y muertes que lo vivimos
en los 2000, 2002, 2004, 2006 hasta el año 2010, años después en vez de
mejorar nuestra calidad de vida con todos los procesos que se vienen dando se
vuelve a repetir esta difícil historia.

QUINTO: Que el GOBIERNO NACIONAL garantice la vida, honra, integridad y
permanencia a los líderes que hoy tienen en peligro su vida por las denuncias
que hemos venido realizando. Además que realice acciones afirmativas de
forma transversal y con enfoque diferencial en diferentes sectores que permita
erradicación de la pobreza absoluta y la forma indigna como viven los miembros
de las comunidades negras de toda esta región de la Guajira.

SEXTO: Le solicito de manera respetuosa al señor juez constitucional, decretar
en este caso la medida provisional contemplada en el artículo 7 del Decreto
2591.

1.2 . Hechos y argumentos de la tutela

Los señores Yohanis Beatriz Mejía Mendoza, Francisco Miranda Serpa, Juan Amaya
Quinto, Mairn Gómez Radillo, Aldemar Redondo Figueroa, Magalis Ochoa Mejía y
Astris Oñate Mejía, quienes representan a los Consejos Comunitarios de las
Comunidades Negras de los Palenques de Juan y Medio, del Río Tapias, de la
Nueva Esperanza de los Negros y los Moreneros de Morenero, del Predio el
Carmen, de los Trece Cruces del Arroyo el Totumo y de Cascajalito, y los señores
Luis Rojas Cordero, Emilio Sierra Mendoza, Yaritza Mejía y Leonardo Ochoa Mejía
manifestaron que en el Departamento de La Guajira existe una diversidad de
comunidades étnicas y multiculturales, entre ellos, los ubicados al pie de Monte de la
Sierra Nevada de Santa Marta y que desde agosto de 2023 se han visto afectados
por la presencia de grupos al margen de la ley. Señalaron que esa situación fue
puesta en conocimiento a la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Gobierno
Departamental y Distrital y a la Procuraduría Étnica Nacional.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01409-00
Actor: Yohanis Beatriz Mejía Mendoza y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Que, a pesar de haber puesto en conocimiento esa situación a las autoridades, la
presencia de esos grupos continúa y con más frecuencia visitan las diferentes
comunidades, vestidos de civil y con armas cortas.

Indicaron que la Procuraduría Étnica remitió el oficio enviado por los consejos
comunitarios a la Presidencia y a varios Ministerios para que adoptaran las medidas
pertinentes, pero, según expuso, el Gobierno ha guardado silencio y no ha tomado
ninguna acción o prevención frente a las inquietudes que la comunidad ha
manifestado.

Según la demanda, el 10 de febrero de 2024, miembros del Clan del Golfo hicieron
una reunión en el billar de la comunidad de Juan y Medio, y les anunciaron que
ciertos líderes eran objetivos militares porque no estaban de acuerdo con la
presencia de ellos en la región, entre ellos la exconcejala Yohanis Mejía.

Indicaron que, el 23 de febrero de 2024, esas personas fueron casa por casa a sacar
a los miembros de la familia y a hacer una reunión pública en la cancha de la
comunidad, anunciando públicamente que querían mejorar la calidad de vida del
pueblo, reparando el acueducto, reformando la iglesia, las vías, el puesto de salud y
las canchas de fútbol. Allí también les informaron que quedaría al mando el jefe
segundo, quien dirigiría todo el proceso de esa región, porque al primer jefe le
corresponde la dirección a nivel departamental.

El 24 de febrero de 2024, se presentaron en las comunidades de Juan y Medio, El
Carmen, entre Carrizal y el Limón enfrentamientos de los grupos al margen de la ley,
llamados Clan del Golfo y Conquistadores de la Sierra, en los que resultaron varias
personas heridas y otras muertas.

Manifestaron que, el 26 de febrero siguiente, a las 4:00 a.m., dejaron en la
comunidad bolsas negras grandes y en su interior se hallaba un cuerpo
desmembrado. Expusieron que desde esa fecha se encuentran en estado de
confinamiento, ya que no pueden salir a realizar sus actividades laborales,
agropecuarias y educativas, ante la incertidumbre por los enfrentamientos entre los
grupos armados al margen de la ley.

De acuerdo con el relato, el 12 de marzo de 2024, arribó a la comunidad una
comisión interinstitucional del Distrito de Riohacha y la Defensoría del Pueblo, pero
no entregaron las ayudas humanitarias que se requieren.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01409-00
Actor: Yohanis Beatriz Mejía Mendoza y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 1° de abril de 2024, se inadmitió la solicitud de amparo con el
fin de que la parte actora precisara las acciones u omisiones en las que habrían
incurrido los Ministerios de Salud y Protección Social, de Educación Nacional, de
Agricultura y Desarrollo Rural, del Deporte, de Comercio, Industria y Turismo, de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de Igualdad y Equidad, de
Transporte, la Agencia Nacional de Tierras, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje, el Departamento Administrativo para
la Prosperidad Social y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.

Así mismo, se requirió a los señores Astris Oñate Mejía, Aldemar Redondo
Figueroa, Francisco Miranda Serpa, Juan Amaya Quinto, Mairin Gómez Radillo,
Magalis Ochoa Mejía, Emilio Sierra Mendoza, Yaritza Mejía, Luis Rojas Cordero y
Leonardo Ochoa Mejía, con el fin de que aportaran los documentos que acreditaran
la condición de representantes legales de los consejos comunitarios, asociaciones y
fundaciones en nombre de las cuales actuaban.

En memorial del 5 de abril de 2024, la parte actora precisó que están en riesgo de
desaparecer como comunidades porque se encuentran con todas las necesidades
básicas insatisfechas que les permitan el desarrollo integral de las comunidades y el
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Para tal efecto, sostuvo que:

• El Ministerio de Defensa debe implementar y desarrollar actividades de
protección que garanticen la seguridad, la integridad de la vida y honra de los
miembros de las comunidades, estableciendo una base militar en el
corregimiento de Juan y Medio, que le brinde seguridad a toda esa región.

• El Ministerio del Interior debe articularse con el Ministerio de Defensa, para
garantizar la seguridad ciudadana y la integridad de las comunidades, e
implementar programas y proyectos que tendentes a mejorar la calidad de
vida.

• El Ministerio de Agricultura debe atender sus requerimientos, por cuanto han
participado en varias convocatorias, entre ellas «la que se cerró el 3 de abril y
sus resultados fueron enviados el 29 de diciembre de 2023 por la oficina de
Desarrollo Rural presentamos nueve proyectos y no fuimos viabilizado ni con
un solo proyecto productivo (…) a tres convocatorias nos hemos presentado
y no hemos tenido la oportunidad de un solo proyecto».

4

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01409-00
Actor: Yohanis Beatriz Mejía Mendoza y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

• La Agencia de Tierras vulneró sus derechos fundamentales, por cuanto han
solicitado la compra de predios para el desarrollo agropecuario que permita la
estabilidad en el campo, pero no ha sido posible.

• En relación con las vías, indicó que resulta necesario que estén en perfectas
condiciones para que se permita el desarrollo social, económico y cultural de
los miembros de las comunidades negras, puesto que, según señaló, se
encuentran en pésimas condiciones.

• En cuanto a las condiciones de salud, expuso que no cuentan con centro de
salud ni con ambulancia, ni con boticas comunitarias, ni droguerías y
«tampoco se tuvo en cuenta como grupos étnicos para la consulta previa del
proyecto de la reforma de la salud».

• Respecto de la educación, manifestó que se ha desconocido la autonomía
del gobierno propio y el autogobierno para hacer sus nombramientos a los
docentes miembros de comunidades negras y la implementación de
programas de educación y alimentación, y, además, «le hemos pasado dos
derechos de petición a la ministra de educación y al día de hoy no tenemos
respuesta positiva a la solicitud».

• Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le reprochó que no los tienen en
cuenta para la implementación de los diferentes programas, tal como lo hace
con las comunidades indígenas, al tiempo que se desconoce la autonomía y
el gobierno propios, por cuanto los diferentes programas son administrados
por terceros particulares que no tienen nada que ver con la etnia
afrocolombiana ni con los miembros de las comunidades.

• Expuso que no cuentan con medios digitales de comunicación como antenas
y puntos digitales que le permitan a la comunidad una comunicación asertiva
ante las dificultades de orden público.

• Señaló que muchos de los miembros de esas comunidades tienen procesos
detenidos en la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas –
UARIV, con los que pretenden mejorar su calidad de vida.

• Adujo que no cuentan con agua potable, alcantarillado ni vivienda digna.

• En relación con la Unidad Nacional de Protección, precisó que han puesto en
conocimiento las denuncias y las alertas tempranas de la presencia de
diferentes grupos al margen de la ley y no han tenido ninguna presencia de

5

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01409-00
Actor: Yohanis Beatriz Mejía Mendoza y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

esas autoridades, y son más de 1000 familias en confinamiento y 400
familias en desplazamiento. Además, «ya empezamos con los muertos el día
27 de marzo fue asesinado un miembro de comunidades negras dentro del
mismo territorio y que por todas las incidencias y denuncias que hemos
colocado nosotros los líderes hoy tenemos nuestra vida en riesgo y
amenazadas pero no hemos tenido respuesta de la UNP».

• Respecto del Ministerio del Deporte, expuso que es necesario que
construyan y organicen un escenario deportivo que permita que los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes ocupen el tiempo libre y prevengan el
reclutamiento por los grupos al margen de la ley.
• En cuanto al Ministerio del Comercio, sostuvo que es necesario que se
implementen los programas y proyectos de esa cartera en búsqueda del
mejoramiento de la economía y la generación de ingreso y de la calidad de
vida de los miembros de las comunidades negras de la región.

Mediante providencia del 19 de abril de 20242, se admitió la tutela y se ordenó
notificar al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República; a los ministros del Interior, de Defensa Nacional, de Agricultura y
Desarrollo Rural, de Salud y Protección Social, de Educación Nacional, de Vivienda
Ciudad y Territorio, del Deporte, de Comercio, Industria y Turismo, de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones; a los directores generales de la Agencia
Nacional de Tierras y del Instituto de Bienestar Familiar; al gobernador del
Departamento de La Guajira, al alcalde del Municipio de Riohacha, al comandante
general de las fuerzas militares y al director general de la Policía Nacional, como
parte demandada. Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado. En la misma providencia se negó la medida provisional
solicitada.

2.2. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expuso que no tiene injerencia
directa en los hechos de la tutela, puesto que la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional, hoy Prosperidad Social, es la entidad
encargada de todo lo relacionado con la ayuda humanitaria de emergencia, y el
Fondo Nacional de Vivienda es la entidad encargada de todo lo relacionado con los
subsidios familiares de vivienda.

Expuso que no tiene competencia para mantener el orden público y proteger a la
población.

2 Respecto de los señores Luis Rojas Cordero, Emilio Sierra Mendoza, Yaritza Mejía y Leonardo
Ochoa Mejía, a pesar de que no acreditaron la calidad de representantes de los consejos
comunitarios y fundaciones en cuyo nombre actuaban, fueron vinculados como parte demandante,
«bajo la precisión de que actúan en nombre propio».
6

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01409-00
Actor: Yohanis Beatriz Mejía Mendoza y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2.3. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
precisó que no está efectuando ningún tipo de acción u omisión en contra de los
accionantes, y la acción de tutela carece de respaldo probatorio que permita inferir
su prosperidad, y, además, se trata de una controversia relativa al conflicto armado,
de manera que son las autoridades municipales y departamentales quienes deben
adelantar las acciones pertinentes.

2.4. La Gobernación de La Guajira pidió que se declarara la falta de legitimación
en la causa por pasiva, por cuanto no se observa en el escrito de tutela ni en el
memorial de subsanación reproche alguno en su contra y, de conformidad con lo
previsto en el artículo 4 de la Ley 2200 de 2022, no tiene dentro de sus funciones
ninguna relacionada con la seguridad de los territorios; no obstante, precisó que,
bajo un esquema de coordinación, concurrencia y complementariedad, sí le
corresponde preservar la seguridad y la convivencia, en coordinación con otras
entidades.

Finalmente, expuso que, en relación con el hecho tercero de la tutela, a la
Gobernación no le remitieron los oficios a los que se hizo referencia, a fin de lograr
que se adelantaran gestiones que permitieran garantizar los derechos
fundamentales.

2.5. El Ministerio del Deporte indicó que no vulneró los derechos fundamentales de
la parte actora. Precisó que los entes territoriales tienen la facultad de presentar
proyectos de infraestructura deportiva y recreativa ante esa cartera, con el fin de que
sean sometidos a la revisión y evaluación correspondientes.
Sostuvo que en los Departamentos del Magdalena y La Guajira han programado
diferentes actividades para los meses de abril, julio, agosto y septiembre. Asimismo,
destacó que tienen activos cinco (5) convenios con el Departamento de La Guajira
por $23.066 millones, que beneficiarán a más de 142.000 habitantes y generarán
737 empleos directos y 2581 directos.

Por último, pidió que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva
respecto de esa entidad, por cuanto no está llamada a responder por la posible
vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora.

2.6. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo explicó que no desarrollan
programas y proyectos que propendan por el mejoramiento de la generación de
ingreso y de la calidad de vida de los miembros de las comunidades negras del
Departamento de La Guajira.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01409-00
Actor: Yohanis Beatriz Mejía Mendoza y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Destacó que dicha cartera ministerial cuenta con unos compromisos que van a
beneficiar a la población de la región, tales como: (i) Construcción del faro y
mausoleo almirante Padilla, en el Municipio de Riohacha; (ii) reactivación y
capitalización de la empresa salinas marítimas de Manaure; (iii) construcción del
muelle y del malecón.

Señaló que el turismo comunitario es la oferta de servicios turísticos por parte de
una comunidad organizada, por lo que desde el Viceministerio de Turismo podrían
brindar una asistencia técnica en turismo comunitario partiendo de un diagnóstico
para determinar las condiciones del territorio y la forma en la que se organiza el
turismo, de manera tal que se permita asegurar una sostenibilidad en el tiempo.

Por último, consideró que la tutela no es el mecanismo previsto para ordenar la
ejecución de programas y proyectos relacionados con inversiones en varios sectores
del Departamento de La Guajira, por cuanto se requiere de un proceso previo, de
conformidad con las leyes de presupuesto y planeación.

2.7. La Agencia Nacional de Tierras indicó que, mediante memorando interno
202450000136503, presentó informe detallado sobre los procedimientos de compras
vigentes radicados por las comunidades, en el cual se evidencia que, para la
comunidad negra Los Trece Cruces del Arroyo el Totumo, los predios están en la
etapa de programación de avalúos; los predios para el Consejo Comunitario de la
Comunidad Negra Angela Davis están a la espera de documentación, para efectuar
el estudio jurídico de títulos; para la comunidad José Prudencio Padilla, los predios
están en etapa de revisión preliminar; para la comunidad Blas Mejía Cascajalito,
están en etapa de validación integral de la información, para determinar la viabilidad
de formulación de oferta de compra del predio, y, finalmente, en relación con los
consejos comunitarios de las comunidades de la Nueva Esperaanza de los Negros,
El Carmen, Los Palenques de Juan y Medio, Los Morenos de Moreneros,
Cascajalito, y del Río Tapias, tienen titulación colectiva.

Finalmente, precisó que no es procedente gestionar la adquisición de predios con
destino a fundaciones, asociaciones u organizaciones respecto de las cuales no se
pueda adelantar los procedimientos de legalización de que tratan la Ley 160 de 1994
y el Decreto 1071 de 2015.

2.8. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
manifestó que las peticiones fueron contestadas por medio del Oficio OFI24-
00027895/GFPU11000000 del 15 de febrero de 2024, y que se remitieron a las
autoridades competentes, esto es, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio del
Interior, al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Educación.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01409-00
Actor: Yohanis Beatriz Mejía Mendoza y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Señaló que quien debe velar por la seguridad de la comunidad es el Ministerio de
Defensa, que tiene plena autonomía para desplegar las acciones y adoptar las
medidas que correspondan.

En relación con la personería jurídica de la comunidad étnica, expuso que es del
resorte del Ministerio del Interior, en particular de la Dirección de Asuntos Indígenas,
ROM y Minorías.

En cuanto a las medidas de protección solicitadas, expuso que le corresponde a la
Unidad Nacional de Protección ocuparse del asunto.

Indicó que la Oficina para el Alto Comisionado para la Paz ha exhortado
reiteradamente a los grupos armados con los que sostiene acercamientos
exploratorios, diálogos y conversaciones de paz, con el fin de informar la
responsabilidad frente a los hechos y, de ser el caso, cesar toda afectación a la
población civil.

Por último, adujo que, si bien esos acercamientos se han adelantado desde el 2022,
con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Ejército Gaitanista de Colombia y las
Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, que hacen presencia en la
ciudad de Santa Marta y Santa Bárbara de Pinto, los mismos se encontraban
congelados; también se ha considerado activar los diálogos con el fin de construir
confianza. Expresó que, una vez se establezcan condiciones para el avance de esos
acercamientos, se exigirá a esas estructuras cesar las afectaciones a la población
civil, orientados por la política pública de Paz Total.

2.9. El Departamento de Policía de la Guajira expuso que no le corresponde
responsabilidad alguna en este asunto, porque desde que tuvo conocimiento de la
situación descrita en la tutela se adoptaron las medidas pertinentes dentro del marco
de las competencias funcionales de esa institución, de la siguiente manera:

• Se entabló comunicación con los señores Yohanis Beatriz Mejía Mendoza y
Leonardo Enrique Ochoa Mejía, a quienes mediante charla se les dio a
conocer las normas básicas de medidas de seguridad y autoprotección, y se
les hizo énfasis en que debían ponerlas en práctica en su diario vivir, lo cual
quedó consignado en las actas AE-2024-003647-DEGUA y AE-2024-003648-
DEGUA.
• Asimismo, se le informó de esa situación a la Unidad Nacional de Protección,
para que realizara las actuaciones de su competencia, de conformidad con lo
previsto en el Decreto 1066 de 2015.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01409-00
Actor: Yohanis Beatriz Mejía Mendoza y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

• Se realizó visita el 12 de marzo de 2024, a la zona rural del Municipio de
Riohacha, corregimiento de Juan y Medio y sus veredas, por parte del
comandante del Departamento de Policía de La Guajira, en compañía de
entidades garantes, tales como la Defensoría del Pueblo, la Personería, el
Ministerio del Interior, la Unidad para las Víctimas y la Secretaría de
Gobierno, con el fin de verificar la situación en esas comunidades.

2.10. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar expuso que remitió invitación
2024-44-INS-506, para ofertar los servicios de la modalidad propia e intercultural a la
Unión Temporal Los Palenques Abriendo Corazones, entidad que fue propuesta por
la señora Yohanis Beatriz Mejía Mendoza con la finalidad de que la atención a la
primera infancia fuera brindada por un operador con pertinencia étnica afro y que el
servicio de los niños, niñas, madres gestantes y lactantes contara con la
implementación del enfoque diferencial afrocolombiano; no obstante, no cumplía con
el requisito de estar al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social
integral y de parafiscales.

En esos términos, indicó que no aparece probado en el expediente que hubiere
vulnerado o desatendido los derechos fundamentales alegados por la parte actora,
por lo que no es la autoridad llamada a responder por los hechos alegados en la
solicitud de amparo.

2.11. La Directora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
del Ministerio de Defensa Nacional expuso que la situación de las comunidades
accionantes fue conocida mediante Oficio OFI24-00027868/ del 15 de febrero de
2024, suscrita por el asesor de despacho de la Vicepresidenta de la República y esa
comunicación fue remitida por competencia al comando general de las Fuerzas
Militares y al jefe nacional del Servicio de Policía.

Expuso que el seguimiento que realiza esa dependencia se tuvo conocimiento que el
comandante del Departamento de Policía de La Guajira y el Batallón de Infantería
Mecanizado 6 “Cartagena” de Riohacha informaron a la parte actora sobre las
acciones adelantadas por competencia institucional, así:

• La orden a los comandantes de Distrito y Estación de Policía de Riohacha, en
el sentido de atender la alerta de riesgo mediante alianzas estratégicas y
medidas preventivas de respeto, garantía, promoción y protección a través del
Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes al lugar de su
residencia y trabajo, que sean necesarias para salvaguardar la vida e
integridad por un periodo de 4 meses.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01409-00
Actor: Yohanis Beatriz Mejía Mendoza y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

• Le comunicaron a la accionante las normas básicas sobre medidas de
seguridad y autoprotección, consistentes en aspectos de su seguridad en su
entorno personal, social, laboral y familiar.
• Se proyectó comunicado oficial, en el que se dio a conocer la presunta
situación de riesgo a la Unidad Nacional de Protección, para que adelanten
las actuaciones pertinentes en atención a las facultades que le han sido
conferidas.
• Se informa que el Batallón de Infantería 6 “Cartagena”, durante el año 2024
ha desarrollado 15 operaciones militares sobre el sur de Riohacha,
disponiendo de más de 300 hombres con los que han obtenido resultados de
trascendencia nacional, que debilitan la capacidad de armas, logística y
financiera de los grupos armados organizados allí presentes.
• Han cumplido con todas y cada una de las recomendaciones efectuadas en
las alertas tempranas presentes en el Departamento de La Guajira,
especialmente sobre la 025 de 2023, para los Municipios de Riohacha y
Dibulla, materializando en debida forma lo plasmado en cada plan de acción
ordenado para ello.

2.12. El Ministerio de Educación explicó que, mediante comunicación 2024-EE-
029783 del 12 de febrero de 2024, emanada de la Dirección de Cobertura y
Equidad, le informó a la señora Yohanis Mejía que valoraría la petición presentada y
conformaría una comisión con capacidad de decisión, la cual, una vez constituida, le
informaría la fecha y hora de la reunión de trabajo. Expuso que la reunión tendría
como objetivo establecer un cronograma de los procesos que el Ministerio de
Educación debe llevar a cabo en colaboración con las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras de la región.

2.13. El Comandante del Ejército Nacional indicó que remitió por competencia el
auto admisorio al director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa, para que
diera cumplimiento a lo ordenado y se informara lo actuado al Despacho.

2.14. Mediante auto del 22 de mayo de 2024, se vinculó en calidad de demandado al
director de la Unidad Nacional de Protección.

2.15. La Alcaldía de Riohacha expuso que era un hecho notorio la alteración del
orden público en las veredas Carrizal, El Limón, Contadero y El Carmen, ubicadas
en los corregimientos de Juan y Medio y Las Palmas, por la presencia de grupos
armados al margen de la ley, los cuales se disputan el control territorial por la
ubicación geoestratégica que posee la zona. Indicó que esa situación ha provocado
el desplazamiento de la etnia Wiwa, Koguis y Afrodescendientes desde el pasado 25
de febrero de 2024.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01409-00
Actor: Yohanis Beatriz Mejía Mendoza y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Adujo que, mediante comunicado del 25 de febrero de 2024, la Defensoría del
Pueblo solicitó a la Alcaldía la convocatoria del subcomité de prevención y
protección de la Ley 1448 de 2011, así como la implementación de las acciones de
protección y asistencia, frente a los riesgos de la población civil. Además, que se
han desplazado aproximadamente 80 familias de la comunidad indígena Wiwa.

El 26 de febrero de 2024, se instaló el primer comité Distrital de Justicia Transicional
extraordinario, en el auditorio del comando de Policía de La Guajira, con la
asistencia de diversas autoridades administrativas, de policía y militar, en la que se
puso de presente la situación del desplazamiento de 292 personas de la etnia Wiwa,
y de los compromisos plasmados se encuentran los siguientes:

• Crear un comité permanente de seguimiento al desplazamiento.
• Elaboración del censo de la población desplazada y toma de declaraciones.
• Solicitar apoyo institucional a la Registraduría en temas de identificación.

Expuso que, para el 27 de febrero de 2024, los desplazados ascendieron a más de
400 personas, para lo cual el Distrito de Riohacha apropió como albergues el coliseo
Éder John Medina y la casa indígena propiedad del Departamento de La Guajira.

Manifestó que han realizado reuniones con organizaciones defensoras de derechos
humanos, entre las cuales se encuentra la personería Distrital, la Procuraduría
Regional, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el
Departamento de La Guajira, el comando de Policía y el Ejército de Colombia, la
Cruz Roja, la Fiscalía General de la Nación, el Sena, la Mesa Distrital de Víctimas,
con líderes indígenas y corregidores de los corregimientos de Juan y Medio y Las
Palmas.

El 29 de febrero de 2024, se convocó al segundo comité Distrital de Justicia
Transicional Extraordinario, en el que se puso de presente que los contratistas del
PAE estaban atendiendo los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que estudian en
las escuelas etnoeducativas de la Sierra Nevada; asimismo, que la Gobernación de
La Guajira entregó raciones alimentarias, la EPS DUSAKAWI entró en un plan de
alimentación diaria en la primera semana. También expuso que se entregaron
colchonetas al 70% de las personas, y a un 40%, hamacas con sus respectivas
guindas, kit de aseo personal y de higiene oral.
Señaló que, mediante Consejo de Gobierno Distrital del 3 de marzo de 2024, se
avaló la necesidad de que se decretara la urgencia manifiesta basada en la
emergencia humanitaria que padece la población Wiwa, Kogui y Afrodescendiente,
producto del conflicto armado.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01409-00
Actor: Yohanis Beatriz Mejía Mendoza y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

El 7 de marzo de 2024, se convocó al tercer Comité Distrital de Justicia Transicional
Extraordinario, «dándole seguimiento al posible caso de confinamiento de los
corregimientos del Sur del Distrito de Riohacha, Juan y Medio y Las Palmas y sus
veredas». Allí quedó constancia de que los moradores de esas comunidades no
querían salir de sus casas por temor a la situación presentada en la que se
enfrentan grupos ilegales, en disputa de territorios. El Coronel del Batallón Asdruval
Rico Granados sostuvo que las tropas del Ejército ya ingresaron al sector rural, y en
pocos días se debe tener garantizada la seguridad del sector en mención. A manera
de compromiso, se acordó realizar seguimiento a las mesas sectoriales, garantizar la
seguridad de los corregimientos mencionados y realizar el censo de las
comunidades del Lion, Naranjal del Corregimiento de Juan y Medio.

Relató que, el 13 de marzo de 2024, se convocó el Cuarto Comité Distrital de
Justicia Transicional Extraordinario y se dejó plasmado como compromiso invitar a
los funcionarios del Gobierno Nacional a una mesa de trabajo respecto a la
seguridad de las comunidades y ayudas humanitarias, y hacer seguimiento a las
atenciones en salud en los albergues.

Y, finalmente, el 4 de abril de 2024, se instaló el Quinto Comité Distrital de Justicia
Transicional Extraordinario, en el cual se informó que la señora Johanis Mejía
Mendoza manifestó que, a pesar de que el Ejército está en la zona, los grupos
armados al margen de la ley permanecen en el sector, por lo que «no les han
permitido subir a sus parcelas ni mucho menos hacer el trabajo como líder social
que venía realizando, que la comunidad manifestó tener temor por sus vidas y que la
única forma de poder salir es acompañados de otras personas».

2.16. La Unidad Nacional de Protección expuso que ha llevado a cabo las acciones
pertinentes para investigar la relación entre sus funciones y lo solicitado en la tutela,
de lo cual concluyó que no ha vulnerado ninguno de los derechos fundamentales
invocados, por cuanto no es la institución encargada de definir los parámetros para
la coordinación, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas reconocidas
en el marco del conflicto armado.

Aclaró que no ha recibido alguna solicitud de protección colectiva de la comunidad
Consejo Comunitario de Comunidades Negras Juan y Medio y que no tiene
conocimiento sobre el proceso objeto de controversia ni de las actuaciones
realizadas en relación con el mismo.

Por último, pidió que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01409-00
Actor: Yohanis Beatriz Mejía Mendoza y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2.17. Mediante providencia del 5 de junio de 2024, se requirió nuevamente al
director de la Unidad Nacional de Protección, para que se pronunciara sobre (i) las
solicitudes de protección supuestamente presentadas por los líderes de las
comunidades negras demandantes, y (ii) el trámite impartido a los comunicados u
oficios remitidos por el comandante del Departamento de Policía de La Guajira,
mediante los cuales dio a conocer presuntas situaciones de riesgo sobre la
integridad de la señora Yohanis Beatriz Mejía Mendoza.

2.18. La Unidad Nacional de Protección informó que, una vez recibido el auto del 5
de junio de 2024, requirieron al Grupo de Servicio al Ciudadano con el propósito de
establecer si la señora Yohanis Mejía Mendoza había presentado solicitudes de
protección ante la UNP. El 11 de junio de la presente anualidad, le comunicaron que
una vez consultada la plataforma de correspondencia y las bases de datos de la
entidad, no se evidenció ninguna solicitud de protección a favor de la Comunidad
Negra Los Palenques.

Expuso que la ruta de protección se inicia mediante solicitud de parte y no de oficio,
por lo que se requiere de la manifestación expresa, libre y voluntaria por parte del
solicitante o protegido respecto de la aceptación o no de su vinculación.

En relación con el comunicado remitido por el comandante del Departamento de
Policía de La Guajira, indicó que, mediante correo electrónico del 4 de marzo de la
presente anualidad, le manifestaron a esa autoridad que, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 1066 del 2015, y el principio de consentimiento, se requería
la manifestación expresa, libre y voluntaria por parte del solicitante respecto de la
aceptación o no de su vinculación, y que se remitieran los datos de contacto, con el
fin de adelantar las verificaciones mínimas iniciales, así como su número de
identificación.

De igual forma, precisaron que la información necesaria para el análisis del caso
incluía el formulario de inscripción para el programa de prevención y protección, la
fotocopia del documento de identidad, el documento a través del cual se acredite la
pertenencia del solicitante a la población, y la fotocopia de la denuncia interpuesta
ante la Fiscalía General de la Nación.

Por último, indicó que el plazo mínimo para la realización del estudio de nivel de
riesgo, en la etapa que le compete al cuerpo técnico de análisis de riesgo, es de 30
días hábiles, y que, de todos modos, «el caso se encuentra ya agendado para el día
18 de junio de 2024, y ser expuesto ante los delegados del CERREM, rogamos a su
señoría, otorgar un término perentorio para culminar con gestiones que se deben
surtir, es decir, expedir el acto administrativo y notificarlo a la accionante».

II. CONSIDERACIONES
14

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01409-00
Actor: Yohanis Beatriz Mejía Mendoza y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

1. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si las autoridades demandadas vulneraron los
derechos fundamentales alegados en la demanda.

2. Análisis de la Sala

En el presente asunto la parte actora, integrada por los Consejos Comunitarios de la
Comunidades de: (i) Los Palenques de Juan y Medio, (ii) Cascajalito, (iii) La Nueva
Esperanza de Los Negros, (iv) Río Tapia, (v) Los Morenos de Morenero, y (vi) Los
Trece Cruces del Arroyo el Totumo, y los señores Luis Rojas Cordero, Emilio Sierra
Mendoza, Yaritza Mejía y Leonardo Ochoa Mejía solicitaron la protección de sus
derechos fundamentales a la vida digna, a la integridad personal, a la igualdad, a la
salud, a los derechos de los niños, al trabajo y a los derechos colectivos de las
comunidades y grupos étnicamente diferenciados, por la situación de riesgo «a la
vida y honra, a la pervivencia en sus territorios, a la tierra, al territorio, a la salud
integral, a la salud mental, a la educación intercultural con enfoque diferencial, al
trabajo, a la economía, al desarrollo del campo, a la siembra, a la no repetición del
conflicto armado, al desplazamiento y confinamiento», que se han visto afectados
por las acciones violentas de grupos armados al margen de la ley en las
inmediaciones de los territorios que habitan.

Asimismo, pretenden que las autoridades demandadas formulen e implementen
políticas públicas que garanticen el bienestar social y cultural de esas comunidades.

Con el fin de realizar un análisis sobre cada una de las supuestas acciones u
omisiones supuestamente vulneradoras de los derechos fundamentales de la parte
actora, la Sala estudiará lo expresado por las autoridades demandadas en sus
intervenciones, agrupando aquellas que tengan elementos comunes, como la
necesidad de garantizar la seguridad e integridad de quienes habitan la zona
afectada y la formulación de políticas públicas, con la respectiva implementación de
proyectos, que mejoren su calidad de vida.

2.1. Presidencia de la República, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior,
Policía Nacional, Ejército Nacional, Unidad Nacional de Protección, Municipio
de Riohacha y Departamento de La Guajira

En el escrito de subsanación de la demanda de tutela, la parte actora indicó que se
debían implementar y desarrollar actividades de protección que garanticen la
seguridad, la integridad de la vida y honra de los miembros de las comunidades
negras demandantes, «estableciendo una base militar en el corregimiento de Juan y

15

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01409-00
Actor: Yohanis Beatriz Mejía Mendoza y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Medio que permita la seguridad de toda esa región». Asimismo, sostuvo que el
Ministerio del Interior debía articularse con el Ministerio de Defensa para garantizar
la seguridad ciudadana y la integridad de la comunidad, implementando programas y
proyectos que conduzcan al mejoramiento de la calidad de vida.

En relación con la Unidad Nacional de Protección, indicaron que no habían tenido
respuesta por parte de esa entidad de las denuncias e incidencias que presentaron
los líderes de las comunidades negras demandantes.

De los informes rendidos en el presente proceso, se advierte que el Departamento
de Policía de La Guajira informó que han adoptado las medidas pertinentes, por
cuanto ya establecieron comunicación con la señora Yohanis Beatriz Mejía Mendoza
y el señor Leonardo Enrique Ochoa Mejía, a quienes le informaron las normas
básicas sobre medidas de seguridad y autoprotección, y se les hizo énfasis para que
las pusieran en práctica en su diario vivir. Lo anterior quedó consignado en las Actas
AE-2024-003647-DEGUA y AE-2024-003648-DEGUA.

De igual modo, el comandante del Departamento de Policía de La Guajira, la
Defensoría del Pueblo, la Personería, el Ministerio del Interior, la Unidad Distrital
para las Víctimas y la Secretaría de Gobierno realizaron una visita el 12 de marzo de
2024 a la zona rural del Municipio de Riohacha, en el corregimiento de Juan y Medio
y sus veredas, con el fin de verificar la situación de riesgo presentada en esas
comunidades.

Asimismo, quedó establecido que dicha institución le informó sobre la situación de
inseguridad a la Unidad Nacional de Protección, para que realizara las actuaciones
de su competencia, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1066 de 2015.

En relación con este comunicado, se observa que, en efecto, el 26 de febrero de la
presente anualidad, el comandante del Departamento de Policía de La Guajira
remitió a la Unidad Nacional de Protección el Oficio GS-2024-016616-DEGUA, en el
que pusieron de presente a dicha autoridad las amenazas por grupos al margen de
la ley en el sector de Juan y Medio, en especial, de los señores Yohanis Beatriz
Mejía Mendoza y Leonardo Enrique Ochoa Mejía, con el fin de que verificaran la
información, estudiaran el caso y efectuaran las acciones a que hubiera lugar.

La Unidad Nacional de Protección, mediante correo electrónico del 4 de marzo de la
presente anualidad, informó al comandante del Departamento de Policía de La
Guajira que, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1066 del 2015, artículo
2.4.1.2.2, numeral 5, según el cual la vinculación al programa de prevención y
protección requiere de la manifestación expresa y voluntaria por parte del solicitante

16

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01409-00
Actor: Yohanis Beatriz Mejía Mendoza y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

o protegido, era necesario que se remitieran los datos de contacto, con el fin de
adelantar las verificaciones mínimas iniciales, pero que, en todo caso, resultaba
necesario que se diligenciara el formulario de inscripción para el referido programa,
la fotocopia del documento de identidad, el documento que acreditara la pertenencia
del solicitante a la población y la fotocopia de la denuncia.

También puso de presente que, revisado el sistema de información y la plataforma
de correspondencia de la Unidad Nacional de Protección, no se evidenció ninguna
solicitud de protección a favor de la Comunidad Negra Los Palenques de Juan y
Medio.

Así las cosas, no se observa que la Unidad Nacional de Protección hubiera
vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora, ni mucho menos de los
señores Leonardo Enrique Ochoa Mejía y Yohanis Beatriz Mejía Mendoza, por
cuanto, como se pudo observar, para que la referida entidad pueda realizar el
respectivo estudio de la situación de riesgo, es necesario que presenten el
formulario de inscripción y los demás documentos señalados en el Decreto 1066 de
2015. En todo caso, la Sala pudo corroborar que la Unidad Nacional de Protección
agendó el caso para el próximo 18 de junio de 2024, a fin de presentarlo ante los
delegados del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas y, si
fuere del caso, expedir el correspondiente acto administrativo y notificarlo a los
accionantes.

En esas condiciones, la Sala considera que la Unidad Nacional de Protección ha
desplegado las actuaciones de su competencia, en el marco del Decreto 1066 del
2015, con el fin de determinar si resulta procedente o no incluir en el programa de
prevención y protección a los señores Leonardo Enrique Ochoa Mejía y Yohanis
Beatriz Mejía Mendoza y, por tanto, resulta claro que no vulneró los derechos
fundamentales de la parte accionante, toda vez que no se pudo demostrar que dicha
autoridad hubiera omitido el cumplimiento de sus funciones. Por lo anterior, se
negará el amparo solicitado.

De otra parte, advierte la Sala que, en el informe rendido por el Ministerio de
Defensa, se puso de presente que el Batallón de Infantería 6 “Cartagena” ha
desarrollado, en lo que va corrido de 2024, 15 operaciones militares sobre el sur de
Riohacha, «disponiendo más de 300 hombres con los que han obtenido resultados
de trascendencia nacional, que debilitan la capacidad de armas, logística y financiera
de los grupos armados organizados allí presentes».

Asimismo, se observa que, según lo informado por la Alcaldía de Riohacha, se han
realizado cinco comités distritales de Justicia Transicional Extraordinarios, en los que
han participado diferentes autoridades con el fin de atender las situaciones

17

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01409-00
Actor: Yohanis Beatriz Mejía Mendoza y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

expuestas por los aquí demandantes. De hecho, se observa que en el comité
realizado el 7 de marzo de 2024, el coronel del Batallón Asdruval Rico Granados
informó que las tropas del Ejército ya se encontraban en el sector rural de Riohacha
y que «en pocos días se debe tener garantizada la seguridad del sector».
Adicionalmente, el 4 de marzo de la presente anualidad, se profirió el Decreto 055
de 2024, por medio del cual se declaró la urgencia manifiesta en el Distrito de
Riohacha, con el fin de atender los desplazados por los hechos de violencia en el sur
de Riohacha, y garantizarles la alimentación, salud, atención psicológica y
alojamiento.

La Sala no desconoce la delicada situación de orden público que se presenta al
interior de estas comunidades, debido, entre otros, a los enfrentamientos entre
grupos armados al margen de la ley, y si bien el Estado tiene la obligación de
garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de sus habitantes, lo cierto
es que, en el caso particular, se acreditó que las autoridades demandadas, incluidas
las del sector Defensa, en el marco de sus competencias, han desplegado diferentes
acciones encaminadas a garantizar la seguridad en la región y atender a la
población que se ha visto afectada, por lo que, en esas condiciones, se negará el
amparo solicitado.

2.2. Agencia Nacional de Tierras

La parte actora señaló que han solicitado la compra de predios para el desarrollo
agropecuario de las comunidades ante la Agencia Nacional de Tierras, pero, según
indicaron, ello no se ha podido materializar.

La Sala considera que dicha autoridad no vulneró los derechos fundamentales de la
parte demandante, por cuanto, según se desprende del informe rendido en el
presente proceso, (i) para la Comunidad Negra Los Trece Cruces del Arroyo el
Totumo, los predios se encuentran en la etapa de avalúos; (ii) para la Comunidad
Negra Ángela Davis, se está a la espera de información solicitada a las Notarías el
26 de abril de 2024, con el fin de efectuar el estudio jurídico de los títulos; (iii) para la
Comunidad Negra José Prudencio Padilla, los predios ofertados se encuentran en
etapa de revisión preliminar; (iv) para el Consejo Comunitario Blas Mejía Cascajalito,
se encuentra en etapa de validación integral de la información, con el fin de
determinar la viabilidad jurídica para formular la oferta de compra del predio.

También se pudo corroborar que el Consejo Comunitario de Comunidades Negras
La Nueva Esperanza de Los Negros, el Consejo Comunitario del Predio El Carmen y
el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Los Palenques de Juan y Medio ya

18

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01409-00
Actor: Yohanis Beatriz Mejía Mendoza y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

tienen titulación colectiva, mediante las Resoluciones 7152 del 4 de diciembre de
2015, 1073 del 27 de abril de 2018, y 3089 del 5 de julio de 2018.

Por lo anterior, la Sala negará la solicitud de amparo respecto de la Agencia
Nacional de Tierras.

2.3. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF

En la demanda se hizo referencia a que dicha autoridad no ha tenido en cuenta a las
comunidades para la implementación de los diferentes programas a su cargo, tal
como lo realiza con las comunidades indígenas, desconociendo la autonomía y el
gobierno propios, toda vez que esos programas y proyectos son administrados por
terceros que no tienen nada que ver con la etnia afrocolombiana.

La Sala observa que no está llamado a prosperar el amparo solicitado, por cuanto
quedó demostrado que, mediante la invitación 2024-44-INS-506, le remitieron a la
Unión Temporal Los Palenques Abriendo Corazones una oferta para que prestara los
servicios de atención a la primera infancia, como operador con pertinencia étnica
afro al servicio de los niños, niñas, madres gestantes y lactantes con la
implementación del enfoque diferencial afrocolombiano. De hecho, se advierte que
fue la señora Yohanis Beatriz Mejía Mendoza quien propuso a la referida Unión
Temporal ante el ICBF; sin embargo, no se pudo celebrar el contrato, por cuanto no
cumplían con uno de los requisitos establecidos en el proceso contractual, este es,
estar al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y
parafiscales. En todo caso, se observa que el ICBF le solicitó a la Unión Temporal
que subsanara el documento para poder continuar con el trámite contractual.

Así las cosas, no se observa un desconocimiento de los derechos a la autonomía y
al gobierno propios que caracterizan a este tipo de comunidades étnicamente
diferenciadas, sino que, por el contrario, el ICBF tuvo en cuenta las
recomendaciones dadas por la señora Mejía Mendoza, pero, ante la falta de
cumplimiento de los requisitos, no resultaba posible contratar con la referida Unión
Temporal hasta que subsanaran las falencias advertidas. Además, no obra en el
expediente documento alguno que acredite que los programas y proyectos ofertados
los esté prestando un operador que no tenga la correspondiente pertinencia étnica.
En esos términos, la Sala negará el amparo solicitado.

2.4. Ministerio de Educación Nacional

En la demanda se alegó que se está desconociendo la autonomía y el gobierno
propio para hacer los nombramientos de los docentes miembros de comunidades

19

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01409-00
Actor: Yohanis Beatriz Mejía Mendoza y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

negras y la implementación de los programas de educación y alimentación, aunado
al hecho de que le han presentado dos derechos de petición a la ministra de
Educación, pero no han obtenido respuesta.

La Sala observa que el Ministerio de Educación remitió la comunicación 2024-EE-
029783 del 12 de febrero de 2024, emanada de la Dirección de Cobertura y
Equidad, mediante la cual le informaron a la señora Yohanis Beatriz Mejía Mendoza
que se conformaría una comisión con capacidad de decisión y, una vez constituida,
le informarían la fecha y hora de la reunión de trabajo, con el fin de establecer un
cronograma de los procesos que esa cartera ministerial debe llevar a cabo en
colaboración con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras
de la región.

Así las cosas, se negará el amparo solicitado, por cuanto quedó demostrado que la
autoridad demandada sí dio respuesta a la petición presentada y, de hecho, le
manifestaron a la señora Mejía Mendoza que se realizaría una reunión de trabajo
con el fin de concertar e implementar los programas y proyectos con enfoque
diferencial a cargo de esa cartera ministerial.

2.5. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, y Ministerio del Deporte

La parte actora pidió que se implementen programas y proyectos a cargo de esas
carteras ministeriales en búsqueda del mejoramiento de la economía y de la calidad
de vida de los miembros de comunidades negras de la región. Asimismo,
manifestaron que no cuentan con agua potable, alcantarillado ni vivienda digna, lo
que, a su vez, impide el desarrollo social. También solicitan que se desarrollen las
políticas de deporte y que se construyan y organicen escenarios de deporte que
permitan que los niños, niñas y adolescentes de la región ocupen el tiempo libre, con
el fin de que no sean reclutados por los grupos al margen de la ley.

La Sala negará el amparo solicitado, por cuanto no se observa de qué manera las
autoridades demandadas están vulnerando los derechos fundamentales de las
comunidades demandantes, y, además, la adopción de ese tipo de determinaciones,
escapan del resorte del juez de tutela, pues le está vedada la posibilidad de interferir
en la órbita de competencia de los otros órganos del poder público, así como
interferir o sustituir al Congreso de la República o al Gobierno Nacional en la
formulación e implementación de acciones o políticas públicas3.

3 Expediente 2020-02850-01, M.P. José Roberto Sáchica Méndez, sentencia del 5 de febrero de 2021: «Precisa

la Sala que la formulación e implementación de las políticas públicas, entendidas como los «criterios o
lineamientos generales elegidos para abordar las prioridades de la agenda pública y orientar las decisiones
respecto a una necesidad o situación de interés público», les corresponde al Congreso de la República y al
Gobierno Nacional, tal como lo expuso la Corte Constitucional en sentencia C-152 del 10 de marzo de 1999».
20

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01409-00
Actor: Yohanis Beatriz Mejía Mendoza y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2.6. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

La parte actora precisó que no cuentan con medios digitales de comunicación como
antenas y puntos digitales que le permitan una comunicación asertiva ante las
dificultades de orden público.

La Sala considera que se debe negar el amparo solicitado, dado que no obran en el
expediente pruebas que acrediten las afirmaciones relacionadas con la supuesta
acción u omisión de la parte demandada.

Con todo, si bien a dicha cartera ministerial le corresponde diseñar, adoptar y
promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las tecnologías
de la información y las comunicaciones, e incrementar y facilitar el acceso de todos
los habitantes del territorio nacional a ese tipo de tecnologías, lo cierto es que la
acción de tutela, tal y como se consideró con anterioridad, no está prevista para
interferir en asuntos que son de competencia y resorte del poder ejecutivo, toda vez
que, de impartir una orden de tal naturaleza, implicaría sustituir al Congreso de la
República o al Gobierno Nacional4.

2.7 . Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV

La parte actora precisó que muchos miembros de las comunidades demandantes
tienen procesos detenidos en la UARIV con los que pretenden mejorar su calidad de
vida.

Al respecto, esta Subsección considera que, aunque la UARIV no rindió informe en
el presente proceso, se debe negar la solicitud de amparo, por cuanto no se
identificó cuáles miembros de las comunidades demandantes tienen procesos en
curso en esa entidad, ni tampoco precisaron en qué consistía la supuesta
vulneración, lo que implica que el juez de tutela no pueda emitir un pronunciamiento
concreto sobre esa situación.

Con todo, se advierte que, en el expediente no obra documento alguno que acredite
que los miembros de los Consejos Comunitarios demandantes ostenten la calidad
de víctimas del conflicto armado, o que, por lo menos, hubieran solicitado tal
reconocimiento ante la UARIV, con el fin de que esta entidad determinara si
resultaba procedente o no la inscripción en el Registro Único de Víctimas.

4 Ibidem.

21

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01409-00
Actor: Yohanis Beatriz Mejía Mendoza y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

3. Conclusión

Con fundamento en lo señalado, la Sala negará el amparo solicitado por la parte
actora, toda vez que no se demostró que las autoridades demandadas hubieran
vulnerado los derechos fundamentales de las comunidades demandantes, sino que,
por el contrario, se pudo evidenciar que, en el marco de sus competencias, han
desplegado diferentes acciones y adoptado medidas para garantizar la protección de
las garantías constitucionales cuya protección se reclama por vía de acción de
tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Negar el amparo de los derechos fundamentales de la parte actora, de
conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

22

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.