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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-01425-00

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-01425-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: 1º. DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por el señor José Largo, respecto a la expedición de copias de las actas de reparto de los procesos radicados el 22 de noviembre de 2023 ante la Sección Primera de esta Corporación, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2°. NEGAR el amparo del derecho fundamental al debido proceso invocado por el señor José Largo, frente a la presunta moral judicial en que incurrió la autoridad judicial accionada, por las razones aquí expuestas. 3º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-01425-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

25 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero de Estado: Jorge Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2024-01425-001
Actor : José Largo
Accionado : Consejo de Estado, Sección Primera
Tema : Mora judicial
Vinculados : Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Ministerio de Salud y Protección Social y otros
Derecho : Al Debido proceso
presuntamente
vulnerado

Procede la Sala a dictar sentencia dentro del trámite de la acción de tutela
incoada por el señor José Largo en contra el Consejo de Estado, Sección
Primera, por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido
proceso.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor frente a la presunta vulneración de la garantía fundamental al debido
proceso. Luego, se determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones
de esta acción de tutela.

La demanda de tutela.

El señor José Largo, quien actúa a nombre propio, presenta acción de tutela con
el fin de obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso,
presuntamente vulnerado por el Consejo de Estado, Sección Primera2.

1
Expediente digital disponible en Samai.
2
M.P Oswaldo Giraldo López.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-01425-00
Actor: José Largo

Por consiguiente, solicitó que se ordene a la autoridad accionada: (i)
«COMPARTIR COPIA DEL ACTA DE REPARTO DE TODAS Y CADA ACCIÓN
POPULAR REPARTIDA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023» [sic]; y (ii) «respetar y
cumplir t[é]rminos perentorios […] que le impone […] la [L]ey 472 de 1998».

Hechos.

Relata el tutelante que, presentó distintas acciones populares, las cuales fueron
repartidas el 23 de noviembre del 2023 al Consejo de Estado, Sección Primera.
Asimismo, señaló que, a pesar de haber interpuesto varias acciones populares en
contra de diferentes entidades bancarias y que cada acción popular corresponde
a procesos diferentes, el accionado solo se pronunció de todas las acciones
populares en una sola decisión, sin consignar los radicados por separado.

Expuso que, existió un desconocimiento del término que dispone la Ley 472 de
1998,3 pues luego de muchos meses el demandado profirió decisión dentro de la
acción popular con radicado [11001-03-15-000-2023-07102-00], a través de la
cual declaró la falta de competencia y en su lugar ordenó remitir el asunto al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, situación que dice desconocer lo
consagrado en el artículo 16 ibidem, el cual correspondería al Tribunal
Administrativo de Manizales como lugar de elección del actor popular, así como
del correspondiente domicilio de la entidad bancaria.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación a través de auto del 2 de
abril de 2024, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión ordenó
notificar al Consejo de Estado, Sección Primera y vinculó al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al Ministerio de Salud y Protección Social y a las
entidades financieras Bancolombia, Banco Popular, Banco Caja Social, Banco
Colpatria, Banco Coomeva, Banco Davivienda, Banco Bogotá, Banco Pichincha y
Banco W en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

3
«Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones».

2

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-01425-00
Actor: José Largo

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 Consejo de Estado, Sección Primera4. Refirió que, respecto del medio de
control de protección de los derechos e intereses colectivos identificado bajo
radicado número [11001-03-15-000-2023-07102-00], el 23 de noviembre de 2023
la secretaría general asignó por reparto a dicho despacho la acción popular
presentada por el señor José Largo en contra del Ministerio de Salud y
Bancolombia.

Indicó que, como consecuencia del estudio de admisibilidad de la acción popular,
profirió el auto de 18 de marzo de 2024, por medio del cual declaró la falta de
competencia y ordenó la remisión al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
comoquiera que una de las entidades demandadas correspondía a una entidad
del orden nacional, concretamente el Ministerio de Salud, cuyo domicilio
corresponde a la ciudad de Bogotá D.C., por lo que dicha Sección entendió que el
accionante había escogido el domicilio de la entidad demandada.

En cuanto a las pretensiones de la tutela sostuvo que, informó al accionante que
correspondía a la secretaría general de esa Corporación generar las actas de
reparto luego de realizar la asignación de las demandas a cada despacho,
asignando un número único a la serie de correos electrónicos enviados por el
actor el 22 de noviembre de 2023.

Aunado a ello, precisó que, una vez revisado el aplicativo de gestión judicial
Samai, el 28 de febrero de 2024, el accionante remitió a la secretaria general
correo electrónico por medio del cual, solicitó información de las acciones
populares, así como de la remisión de las copias digitales de todo lo actuado,
situación por la cual, el 29 siguiente la secretaría general le informó al
demandante, que por su calidad de parte dentro del proceso podía acceder a la
consulta electrónica a través de la ventanilla virtual solicitando activación del
usuario, y adicional a ello, por medio de las herramientas dispuestas en la página
web de la Corporación, podía verificar el estado de los asuntos judiciales,
descargar documentos y providencias directamente.

Por otra parte, frente a la presunta mora judicial injustificada para el estudio de la
acción popular, señaló que, «[c]ontrario al sentir del accionante, del recuento de

4
Por conducto del ponente del auto objeto de discusión.

3

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-01425-00
Actor: José Largo

las actividades surtidas en el proceso, se evidencia que el despacho ha actuado
diligentemente». Haciendo énfasis en que, «[…] las autoridades judiciales debe[n]
garantizar el cumplimiento de los respectivos turnos para resolver, que están
dados por la fecha en que los procesos pasan al despacho, máxime cuando a la
fecha el despacho tiene 1405 procesos activos entre ordinarios y
constitucionales». Motivo por el cual, solicitó declarar la improcedencia del
presente recurso de amparo.

2.1.2 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera5. Sostuvo
que ,«[…] [r]evisado el correo electrónico dispuesto para la radicación de
demandas, así como el de ingreso de comunicaciones y la herramienta
electrónica Samai, no se evidenció proceso alguno a nombre del señor JOSÉ
LARGO; sin embargo, en dicha herramienta, pero en el Consejo de Estado –
sección primera, se encontró el proceso con radicación [11001-03-15-000-2023-
07102-00], el que es precisamente objeto de petición de amparo constitucional,
proceso el que, a pesar de haber dispuesto la remisión para este Tribunal, aún
continúa en trámite en esa Alta Corporación». Situación por la cual, requirió ser
absuelta de cualquier condena de amparo constitucional.

2.1.3 Scotiabank Colpatria. Solicitó negar el amparo constitucional por la
inexistencia de vulneración de garantías fundamentales y la falta de legitimación
en la causa por pasiva, al considerar que, «[…] a la fecha de contestación de la
presente acción constitucional NO ha sido notificada sobre la presentación y/o
admisión de la acción popular formulada por el señor JOSE LARGO que cursa
ante el CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN PRIMERA».

2.1.4 El Banco Popular. Pidió ser desvinculada de la presente acción de tutela, al
exponer la falta de legitimación en la causa y la inexistencia de vulneración del
derecho fundamental invocado.

2.1.5 Bancolombia S.A. Observó que, «[…] la acción de tutela no cumple con el
presupuesto de subsidiariedad de la tutela contra providencias judiciales ».
Situación por la cual, requirió que se declare improcedente la acción de tutela por
falta de subsidiariedad, y se desvincule a esta entidad de la acción de tutela.

5
A través de la secretaria de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

4

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-01425-00
Actor: José Largo

2.1.6 El Banco W S.A., Manifestó la falta de legitimación en la causa, al exponer
que, «[…] no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante, negando y
dilatando el proceso». Por lo anterior, indicó que, no le asiste obligación alguna
por parte de esta entidad frente al presente trámite constitucional.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en
virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.

3.2 Problema jurídico.

Le corresponde a esta Subsección determinar si se cumple con el requisito de
subsidiariedad en consideración a la pretensión encaminada a la obtención de las
copias de las actas de reparto de cada acción popular repartida el 23 de
noviembre de 2023.

Igualmente, si la autoridad judicial demandada ha vulnerado el derecho
fundamental al debido proceso del tutelante, al haber incurrido en una presunta
mora judicial por incumplimiento de los términos perentorios que impone la Ley
472 de 1998.

3.3 La acción.

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada
por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue
concebida como un mecanismo excepcionalísimo para la protección de los
derechos fundamentales de los ciudadanos, en todo tiempo y lugar frente a su
amenaza o transgresión, en principio, frente a la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública, y, en casos concretos respecto a particulares, siempre que no
se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo
transitorio.

5

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-01425-00
Actor: José Largo

El perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas circunstancias
específicas que si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse
presentes, a saber: (i) que su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta
suficiente que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que la
gravedad de los hechos sea de tal magnitud que cause un daño de gran
intensidad sobre la persona afectada; (iii) que resulte urgente la medida de
protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se
encuentra; y (iv) que la acción sea impostergable, esto es, que de configurarse el
perjuicio no exista forma de reparar el daño producido a ese derecho6.

3.4 Requisito de subsidiariedad de la acción de tutela.

El carácter subsidiario de la acción de tutela hace referencia a que solo procede
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, sin embargo,
no debe perderse de vista que aunque el trámite de esta acción es preferente y
sumario, regido por los principios de publicidad, prevalencia del derecho
sustancial, economía, celeridad y eficacia, su carácter es eminentemente residual
y subsidiario, es decir, que únicamente procede en aquellos eventos en que no
exista un instrumento constitucional o legal diferente que permita solicitar ante los
jueces la protección de los derechos, salvo que se pretenda evitar la acusación de
un perjuicio irremediable.

De acuerdo con la sentencia T-480 de 2011 de la Corte Constitucional y ante la
naturaleza eminentemente subsidiaria de la acción de tutela, es menester que
quien depreca el amparo de un derecho constitucional fundamental haya agotado
todos los mecanismos de defensa que el ordenamiento jurídico pone a su
disposición, previa la interposición de la acción.

De lo anotado se puede concluir, entonces, que la acción de tutela no solo es
improcedente cuando el accionante aún cuenta (o contó) con otro medio de
defensa, sino también cuando este tiene (o tuvo) la posibilidad de acudir ante las
autoridades que presuntamente han quebrantado sus derechos constitucionales
fundamentales a efectos de solicitar de ellas una respuesta favorable o la
satisfacción de sus intereses.

6
Corte Constitucional, Sentencia T-003 de 2022, M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.

6

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-01425-00
Actor: José Largo

De manera que la falta de diligencia del demandante, entendida como la
renuencia o el uso tardío de los medios ordinarios de defensa previstos en la
normativa legal, constituye una causal válida para declarar la improcedencia de la
acción constitucional frente al caso particular.

La jurisprudencia constitucional ha dicho que la acción de tutela no resulta
procedente cuando el marco jurídico ofrece otro mecanismo para la protección de
los derechos, no obstante, si el sistema normativo dispone de otras herramientas
jurídicas para el amparo de los derechos, estas deben ser suficientemente
eficaces para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues de lo contrario
la acción de tutela procede de manera transitoria.

En otras palabras, si la situación fáctica es de tal gravedad que los recursos
ordinarios resultan ineficaces para defender los derechos fundamentales, el juez
de tutela debe adoptar las medidas necesarias que neutralicen las causas de
vulneración o amenaza con la finalidad de evitar un menoscabo o de hacer cesar
una violación a prerrogativas inalienables.

Ahora bien, el perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas
circunstancias específicas que, si bien deben ser valoradas en cada caso
concreto, deben hallarse presentes:

1) Que se produzca de manera cierta y evidente una amenaza sobre un derecho
fundamental.
2) Que de presentarse no exista forma de reparar el daño producido a ese
derecho.
3) Que su ocurrencia sea inminente.
4) Que resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la
condición de amenaza en la que se encuentra.
5) Que la gravedad de los hechos sea de tal magnitud que haga evidente la
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales7.

En consecuencia, cuando el caso bajo estudio reúna los supuestos anteriores se
hará necesaria la intervención del juez constitucional para el restablecimiento de
los derechos involucrados a través de medidas inmediatas de protección,

7
Corte Constitucional, sentencia T-458 de 1994, M. P. Jorge Arango Mejía.

7

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-01425-00
Actor: José Largo

imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio mientras el
juez competente decide de fondo la acción correspondiente.

Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha precisado que el perjuicio
irremediable debe ser probado por la persona que lo alega, pues si bien no es
dable exigir el cumplimiento de una carga probatoria rigurosa en asuntos donde
se discute la violación de derechos fundamentales, el tutelante debe demostrar al
menos someramente los posibles perjuicios que se llegaren a originar en los
hechos que motivaron la presentación de la solicitud de amparo, por cuanto al
juez constitucional no le concierne probar las circunstancias fácticas en que se
fundamenta la acción de tutela, salvo que sea evidente la inminencia del perjuicio.

3.5 La acción de tutela frente a la mora judicial.

El derecho constitucional fundamental de acceso a la administración de justicia
comporta la facultad de toda persona de acudir ante los jueces de la República,
en aras de resolver las controversias que vulneran o amenazan sus prerrogativas.

Dicha atribución constitucional no solo hace referencia a la posibilidad de poner
en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado, sino también a la de recibir
una pronta solución al conflicto, para lo cual las autoridades cuentan con la
facultad de adoptar las medidas coercitivas previstas en el sistema normativo.

Ahora bien, cuando los funcionarios judiciales no actúan dentro los términos
fijados en las normas procesales, se configura la mora judicial, que constituye un
«[…] fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute
efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia, pero que muchas
veces una buena parte de la misma es el resultado de acumulaciones procesales
estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo
se encuentra la solución de los procesos […]»8.

No obstante, el mero retraso en las actuaciones judiciales no vulnera el derecho
constitucional fundamental de acceso a la administración de justicia (entre otros),
por cuanto debe mediar una tardanza injustificada por parte de los funcionarios
para quebrantar esa garantía, caso en el cual será susceptible de protección a
través de la solicitud de amparo.

8
Corte Constitucional, sentencia T-945 de 1998, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.

8

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-01425-00
Actor: José Largo

Resulta oportuno advertir que la jurisprudencia de la Corte Constitucional9 ha
indicado que, como regla general, el juez de tutela no debe inmiscuirse en el
trámite de los procesos judiciales debido a que podría desconocer el principio de
autonomía judicial. Sin embargo, cuando se evidencia que la tardanza no
obedece a cuestiones relacionadas con carga de trabajo, problemas estructurales
o complejidad de los asuntos que se conocen, la acción de tutela resulta
procedente para proteger el derecho constitucional fundamental de acceso a la
administración de justicia.

Por tanto, para establecer la prosperidad de la acción de tutela en los casos de
mora judicial, se deben analizar las particularidades de cada caso concreto con el
fin de determinar si el retardo es justificado o no.

3.6 Caso concreto.

Se observa que la parte actora acudió al presente recurso de amparo con la
finalidad de que se le ordene a la autoridad judicial accionada, compartir copia de
las actas de cada acción popular repartida el 23 de noviembre de 2023 a la
Sección Primera del Consejo de Estado.

Sobre el particular, la Sala advierte que la misma, no cumple con el requisito de
subsidiariedad, toda vez que, el accionante acudió directamente al juez
constitucional con el fin de obtener copia de dichos documentos, sin agotar otros
medios previstos en la ley, como lo es el derecho de petición requiriendo las
referidas copias de conformidad con lo estipulado en el artículo 13 la Ley 1755 de
201510.

Así las cosas, la Sala no encuentra acreditada ninguna circunstancia que
justifique la inactividad del actor para solicitar copia del acta de reparto de cada
acción popular interpuesta por él mismo a través del mecanismo que tenía a su
alcance, ni demostrada la probable e inminente ocurrencia de un perjuicio
irremediable, de ahí que la pretensión se torne improcedente.

9
Sentencia T-258 de 2004, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
10
“«Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades:
[…]
«Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado
en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá
solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación
jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular
consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos». [Subraya fuera del texto].

9

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-01425-00
Actor: José Largo

Por otra parte, el tutelante pide ordenar a la autoridad judicial accionada,
«respetar y cumplir t[é]rminos perentorios […] que le impone […] la [L]ey 472 de
1998»; pues, en su sentir, la demandada incurrió en una mora judicial
injustificada, lo cual vulnera su derecho fundamental al debido proceso, toda vez
que se tardó casi cuatro (4) meses para proferir decisión dentro de la acción
popular con radicado [11001-03-15-000-2023-07102-00], en la cual declara la falta
de competencia y en su lugar, ordena su remisión al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sección Primera, indicó que, una vez
realizado el estudio de admisibilidad de la acción popular, profirió el auto de 18 de
marzo de 2024, por medio del cual declaró la falta de competencia y ordenó la
remisión al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo que, impartió el
correspondiente impulso al proceso ordinario, que da cuenta del actuar diligente
del despacho. Asimismo, señaló que las autoridades judiciales deben garantizar el
cumplimiento de los respectivos turnos para resolver los diversos asuntos, los
cuales están dados por la fecha en que los procesos pasan al despacho, más
aún, cuando dicha Sección tiene asignados 1405 procesos activos entre
ordinarios y constitucionales.

Ahora bien, verificada la herramienta electrónica para la gestión judicial Samai, la
Sala observa que, el 22 de noviembre de 202311, la secretaría general del
Consejo de Estado asignó por reparto al despacho del magistrado ponente
Oswaldo Giraldo López de la Sección Primera, la acción popular en primera
instancia con radicación No. [11001-03-15-000-2023-07102-00], contra el
Ministerio de Salud y de la Protección Social, siendo ingresado al referido
despacho con informe de secretaría el 23 de noviembre del mismo mes y año.12
De igual forma que, el 28 de febrero de 202413, el actor formuló solicitud a través
de correo electrónico, requiriendo información acerca de las acciones populares,
así como las copias digitales de todo lo actuado; por lo que, el 29 de febrero del
mismo año14, la secretaría general dio respuesta al demandante y le informó que
por su calidad de parte dentro del proceso ordinario podía acceder a la consulta
electrónica a través de la ventanilla virtual solicitando activación del usuario,
asimismo, por medio de las herramientas dispuestas en la página web de la

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Visible en el índice 2 de las actuaciones de primera instancia de Samai
12
Visible en el índice 3 de las actuaciones de primera instancia de Samai
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Visible en el índice 4 de las actuaciones de primera instancia de Samai
14
Visible en el índice 6 de las actuaciones de primera instancia de Samai

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-01425-00
Actor: José Largo

Corporación, para verificar el estado de los asuntos judiciales, descargar
documentos y providencias directamente.

Igualmente, la Sala evidencia que mediante providencia del 18 de marzo de
202415 el Consejo de Estado, Sección Primera, declaró la falta de competencia y
ordenó remitir dicha acción al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en razón
del domicilio del demandado; motivo por el cual, el 21 de marzo siguiente16 el
demandante radicó solicitud de aclaración del citado auto, la cual se encuentra
pendiente de resolver por parte de dicha Sección.

Al respecto, esta Sala advierte que el aparato jurisdiccional colombiano padece de
problemas estructurales, como consecuencia, en gran medida, de un excesivo
volumen de trabajo que imposibilita que los procesos de su conocimiento se
adelanten en estricto acatamiento de los plazos previstos en las normas legales 17,
como ocurre en el presente caso, pues el despacho al cual se asignó por reparto
la acción popular con radicación [11001-03-15-000-2023-07102-00], conoce de
varios asuntos de similar naturaleza, a los cuales debe dárseles impulso según su
turno de ingreso al despacho.

Por lo expuesto, se colige que, aunque transcurrieron un poco más de tres (3)
meses, para entre otras actuaciones, decidir sobre el estudio de la admisibilidad
de la referida acción popular alegada por el actor, ello obedeció al adelantamiento
de los trámites propios del proceso, a la cantidad de trámites asignados a dicha
Sección, que para la fecha ascendía a 1405 entre ordinarios y constitucionales,
sumado a que las referidas diligencias ordinarias fueron asignadas por reparto el
22 de noviembre de 202318 al magistrado ponente Oswaldo Giraldo López de la
Sección Primera del Consejo de Estado, y el 23 del mismo mes y año19 ingresó al
despacho, el cual, mediante auto del 18 de marzo de 202420, declaró la falta de
competencia y ordenó la remisión al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
remisión que se encuentra pendiente hasta tanto se resuelva la solicitud de
aclaración interpuesta por el actor, por lo que no se evidencia vulneración alguna
a la garantía superior invocada, aunado al hecho de que los asuntos se evacúan
según su orden de ingreso al despacho .

15
Visible en el índice 9 de las actuaciones de primera instancia de Samai
16
Visible en el índice 13 de las actuaciones de primera instancia de Samai
17
Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2013, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
18
Visible en el índice 2 de las actuaciones de primera instancia de Samai.
19
Visible en el índice 3 de las actuaciones de primera instancia de Samai.
20
Visible en el índice 9 de las actuaciones de primera instancia de Samai.

11

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-01425-00
Actor: José Largo

Así las cosas, la Sala evidencia que, la mora judicial materia de controversia no
es injustificada y no involucra negligencia, requisito necesario para que prospere
el amparo constitucional en eventos en los que se discute el incumplimiento de los
términos procesales por parte de las autoridades jurisdiccionales, por lo que no se
observa quebranto de derecho fundamental alguno, situación que impone negar el
amparo invocado.

IV. DECISIÓN

Por las razones expuestas, la Sala considera que, frente a la pretensión de
expedición de copias de las actas de reparto de los procesos radicados por el
actor el 22 de noviembre de 2023 ante esta Corporación, no supera el requisito de
subsidiariedad, por lo que resulta improcedente la acción de tutela. Por otro lado,
respecto a la presunta mora judicial en el trámite de la acción popular, no se
encuentra acreditada la vulneración del derecho fundamental al debido proceso
por parte del Consejo de Estado, Sección Primera, razón por la cual se negará el
amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1º. DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por el
señor José Largo, respecto a la expedición de copias de las actas de reparto de
los procesos radicados el 22 de noviembre de 2023 ante la Sección Primera de
esta Corporación, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2°. NEGAR el amparo del derecho fundamental al debido proceso invocado por el
señor José Largo, frente a la presunta moral judicial en que incurrió la autoridad
judicial accionada, por las razones aquí expuestas.

3º. NOTIFÍQUESE esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

4º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, envíese el
12

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-01425-00
Actor: José Largo

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
JORGE PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

13

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