Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-01433-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-01433-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-01433-00
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
5 de septiembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01433-00
Accionante: Fundación Hídrica Ambiental de Colombia
Se niega el amparo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01433-00
Accionante: Fundación Hídrica Ambiental de Colombia
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Acción popular / Coadyuvancia / Defecto
procedimental absoluto / Se niega el amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La sala resuelve la acción de tutela presentada por la Fundación Hídrica Ambiental de
Colombia contra la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca con el objeto de obtener el amparo de su derecho fundamental al
debido proceso.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación1.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 21 de marzo de 2024 la Fundación Hídrica Ambiental de Colombia interpuso,
por medio de su representante legal, una acción de tutela contra la Sección Primera,
Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La accionante consideró
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Mediante auto del 18 de julio de 2024, el consejero Pedro Pablo Vanegas Gil de la Sección Quinta del Consejo de Estado
declaró la nulidad de todo lo actuado desde la admisión de la acción de tutela de la referencia y ordenó la remisión del expediente
a esta subsección. En cumplimiento de lo anterior, el 2 de agosto de 2024 el despacho del magistrado ponente profirió auto
admisorio y ordenó notificar a la autoridad accionada y a los terceros con interés; entre ellos, a la Agencia Nacional de Tierras
(ANT), que solicitó la nulidad porque no fue vinculada al proceso y no contestó la tutela.
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vulnerado su derecho fundamental al debido proceso porque el tribunal negó la
solicitud de práctica de pruebas que presentó en calidad de coadyuvante en el proceso
de acción popular con radicado 25000-23-41-000-2019-00303-00.
2.- En la acción de tutela se formuló la siguiente pretensión (se transcribe):
<<Tutelar mi derecho fundamental el debido proceso, dejando si efecto los autos de
fecha 02 y 22 de noviembre de 2023 proferidos por el magistrado MANUEL LASSO
LOZANO del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de la acción popular
25000234100020190030300, para que resuelva de fondo las pruebas solicitadas en
su momento como coadyuvante, esto sin olvidar que estamos en una acción
constitucional donde prevalece el derecho sustancial>>.
B. Hechos
3.- El 5 de abril de 2019 la señora Veruska Tatiana Ivonne Johana Nieto Borja instauró
acción popular contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia
Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Tierras, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y
Oriente Amazónico, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo
Especial La Macarena y la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del
Ministerio de Interior. La accionante popular pretendía el amparo de los derechos
colectivos al ambiente sano, el patrimonio público y cultural de la Nación, la seguridad,
la salubridad pública y la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas, presuntamente vulnerados por la
deforestación de áreas protegidas en el departamento del Amazonas.
3.1.- El 21 de octubre de 2019 la Sección Primera, Subsección A del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió auto admisorio de la demanda.
3.2.- El 31 de julio de 2020 la accionante coadyuvó la demanda de acción popular2.
La coadyuvancia se reconoció mediante auto del 22 de octubre de 2020.
3.3.- El 12 de junio de 2023 la accionante presentó memorial con solicitud de pruebas.
En concreto, solicitó que:
<<1. Se requiera a la ANLA para que informe cuántos expedientes están abiertos en
los tres distritos de manejo integrado del AMEM y cuántos en toda la Amazonía
colombiana, para la extracción de qué clase de minerales o hidrocarburos
2
Folio 222 del cuaderno de medidas cautelares núm. 2 del expediente de acción popular con radicado 25000-23-41-000-2019-
00303-00.
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2. La veracidad de la información ante el Instituto Geológico Colombiano, donde ha
reportado que el país tiene un potencial de 1000 millones de toneladas métricas de
reserva de coltan en 3 departamentos, Guainía, Vichada y Vaupés
3. Requerir al “profesor Thomas Cramer del Departamento de Geociencias de la
Universidad Nacional de Colombia año 2006, quien ha estudiado la minerología en el
Guainia, según el catastro minero al año 2017 había 33 títulos mineros de MINMINAS,
vigentes con 72-672 has de todo el Departamento del Guanía. Según lo manifestado
por la Gobernación, 27 títulos y una zona minera indígena superpuesta en la reserva
forestal Amazonía PNN PWLNAWAL Y ZONAS RASMAR. De los cuales 22 títulos son
coltan y 2 de oro. Y de las 155 solicitudes en curso corresponden a oro y coltan.
4. Corroborar la información que estoy anexando sobre los títulos, mineros, petroleros,
con su código de tierras a quien o quienes les competa. Para el Departamento del
Meta como consta en las 26 páginas anexas.
5. Solicitar ante la ANLA y ante la institución a quien le competa todo lo relacionado
con el Oleoducto al Pacífico donde tiene como área de influencia directa a 4
departamentos, 29 municipios, 4 corporaciones, con una longitud de 780km y al
parecer pide 5km al lado y lado de servidumbre, también atravesará las 3 cordilleras y
se unirá con el TAPIR, para sacar el crudo desde el Caguán hasta el Pacífico>>.
3.4.- Mediante auto del 2 de noviembre de 2023, el tribunal fijó fecha de audiencia de
pacto de cumplimiento y negó la solicitud de pruebas de la accionante porque
consideró que fue extemporánea. Expuso que, según el artículo 18 de la Ley 472 de
1998, la oportunidad para allegar y solicitar la práctica de pruebas es la presentación
de la demanda. La accionante interpuso recurso de reposición contra la decisión bajo
el argumento de que el coadyuvante tiene las mismas facultades procesales y
probatorias que la parte coadyuvada3.
3.5.- Mediante auto del 14 de noviembre de 2023 el tribunal confirmó el auto recurrido.
Afirmó que el artículo 42 de la Ley 472 de 1998 dispone que la coadyuvancia opera
hacia el futuro y que la oportunidad procesal para solicitar pruebas es la presentación
de la demanda, según el literal e) del artículo 18 de la Ley 472 de 1998. Agregó que
si bien aún no se han decretado las pruebas solicitadas por las partes, ello no implica
que las pruebas se puedan solicitar en cualquier momento, pues existe una
oportunidad procesal determinada para el efecto: la demanda o su contestación.
3.6.- El 24 de noviembre de 2023 se celebró audiencia de pacto de cumplimiento, que
se declaró fallida en auto de la misma fecha.
C. Fundamentos de la vulneración
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Índice 00322 del Historial de Actuaciones en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI de la acción popular con radicado 25000-
23-41-000-2019-00303-00.
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4.- La accionante sostiene que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
procedimental y por desconocimiento del precedente judicial.
4.1.- Alega un defecto procedimental absoluto y por exceso ritual manifiesto porque el
tribunal se apartó del procedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley 472 de
1998 y en el artículo 71 del Código General del Proceso.
4.2.- Indica que se desconoció el precedente sentado en la sentencia proferida el 2 de
julio de 2021 por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado (radicado
25000-23-24-000-2013-00006-01), según la cual <<[l]as facultades del coadyuvante,
tanto en el procedimiento civil como en las acciones populares, se restringen al
ejercicio de los mismos actos procesales que puede realizar el coadyuvado y que se
concretan en una labor netamente de ayuda o cooperación dirigida a reforzar los
argumentos expuestos inicialmente, pedir práctica de pruebas, participar en las
alegaciones e interponer recursos (…)>>
D. Oposiciones e intervenciones
5.- La Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(accionada) argumentó que la acción es improcedente por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional. Sostuvo que la controversia que se planteó en
el escrito de tutela es meramente legal y no compromete derechos fundamentales.
Afirmó que no se configuró el defecto alegado porque la coadyuvancia no reinicia las
etapas anteriores del proceso y el coadyuvante que interviene después de la
presentación de la demanda no puede solicitar la práctica de pruebas adicionales.
6.- Ecopetrol S.A. (tercero con interés) manifestó que la acción de tutela es
improcedente por incumplimiento del requisito de inmediatez. Expuso que la presunta
vulneración al derecho fundamental al debido proceso de la accionante ocurrió con
ocasión de su propia inoperancia procesal en el trámite de la acción popular, de modo
que no se advierte una circunstancia inminente que amerite la intervención del juez
constitucional. Agregó que <<[s]i bien Ecopetrol comparte la decisión adoptada por el
despacho, la explicación técnica frente a sus propios actos, como lo reitero, debe
provenir de dicha autoridad judicial>>.
7.- Hocol S.A. (tercero con interés) solicitó su desvinculación de la presente acción de
tutela. Expuso que la solicitud de amparo se dirigió exclusivamente en contra del
magistrado Manuel Lasso Lozano de la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Indicó que si bien la compañía se encuentra
vinculada a la acción popular, también ha solicitado que se declare su falta de
legitimación en aquel proceso.
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8.- Canacol Energy Colombia S.A.S. (tercero con interés) solicitó su desvinculación
de la presente acción de tutela porque no ha tenido ninguna incidencia en las
actuaciones que se han surtido en la acción popular ni es responsable de las
decisiones judiciales que se profieran en aquel proceso.
9.- La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (tercero con
interés) solicitó su desvinculación de la presente acción de tutela porque no es la
entidad llamada a responder por la presunta vulneración a los derechos
fundamentales alegados por la accionante.
10.- El Ministerio del Interior (tercero con interés) solicitó su desvinculación de la
presente acción de tutela porque la vulneración que alegó la actora se refiere
específicamente a actuaciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
11.- La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (tercero con interés) solicitó su
desvinculación de la presente acción de tutela porque no está facultada para intervenir
en las actuaciones procesales de la acción popular y no ha vulnerado los derechos
fundamentales invocados por la actora.
12.- La Agencia Nacional de Hidrocarburos (tercero con interés) solicitó su
desvinculación de la presente acción de tutela porque la accionante no alegó que la
entidad hubiese vulnerado sus derechos fundamentales.
13.- La U.A.E. Parques Nacionales Naturales de Colombia (tercero con interés) solicitó
su desvinculación de la presente acción de tutela porque la actuación reprochada en
la tutela le compete únicamente al juez de la acción popular.
14.- La Agencia Nacional de Tierras, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Área de Manejo Especial La Macarena, la Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Norte y Oriente Amazónico, la Alianza Regional Comunitaria de la Amazorinoquía,
el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Petrominerales Colombia Ltda., y
Veruska Tatiana Ivonne Johana Nieto Borja (terceros con interés) guardaron silencio,
pese a estar debidamente notificados.
II. CONSIDERACIONES
15.- La sala negará el amparo del derecho fundamental al debido proceso de la
accionante porque en los autos proferidos el 2 y 14 de noviembre de 2023 por la
Sección Tercera, Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no se
configuró un defecto procedimental absoluto. Lo anterior, en virtud de que la autoridad
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judicial accionada observó el procedimiento establecido en la Ley 472 de 1998 para
el decreto y práctica de pruebas.
15.1.- De antemano se precisa que, si bien la accionante también menciona un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto y un desconocimiento del precedente
judicial, lo cierto es que ambos reproches están orientados a cuestionar que la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento legal y omitió etapas sustanciales
del proceso. Además, la accionante no sustentó el defecto por desconocimiento del
precedente en un precedente judicial vinculante, sino que referenció un apartado de
las consideraciones de una sentencia proferida por la Sección Tercera, Subsección A
de esta Corporación sobre la participación del coadyuvante en las acciones populares.
Por lo tanto, se constata que los defectos invocados en el escrito de tutela
corresponden a un defecto procedimental absoluto.
15.2.- Por otra parte, no se concederán las solicitudes de desvinculación elevadas por
Hocol S.A., Canacol Energy Colombia S.A.S., la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Sur de la Amazonía, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de
Hidrocarburos, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la U.A.E. Parques
Nacionales Naturales de Colombia, toda vez que fueron vinculadas al presente
proceso de tutela en calidad de terceros con interés.
E. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
16.- Los requisitos generales de procedencia se cumplen, toda vez que: (i) la
accionante indicó de manera clara los hechos y las razones en que se fundamenta la
acción; (ii) el asunto es de evidente relevancia constitucional, toda vez que alega una
vulneración a su derecho fundamental al debido proceso y señala los defectos en los
que habría incurrido la providencia acusada; (iii) se encuentra cumplido el requisito de
subsidiariedad porque la accionante utilizó los mecanismos judiciales a su alcance
para la protección de sus derechos fundamentales, como lo es el recurso de
reposición; (iv) la solicitud se presentó en un término prudencial (inmediatez), puesto
que el auto que resolvió la reposición contra el auto del 2 de noviembre se notificó en
estado del 20 de noviembre de 2023 y la tutela se presentó el 21 de marzo de 2024;
es decir, dentro del término de seis meses precisado por esta Corporación 4 y por la
Corte Constitucional5; y (v) no es una decisión proferida en sede de tutela.
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Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), C.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
5
Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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F. El tribunal no incurrió en un defecto procedimental absoluto porque no se
apartó del procedimiento establecido en la Ley 472 de 1998 para el decreto y
práctica de pruebas
17.- La Sección Primera de la Subsección A del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca determinó que la solicitud de pruebas de la accionante se radicó
extemporáneamente, pues se presentó con posterioridad a la presentación de la
demanda ordinaria. En la providencia objeto de reproche explicó que <<si bien en el
presente asunto no se han decretado las pruebas solicitadas por las partes, pues el
Despacho lo hará en el momento procesal indicado, lo cierto es que ello no implica
que las pruebas se puedan solicitar en cualquier momento>>.
17.1.- Al respecto, la sala advierte que el tribunal se adecuó al procedimiento
legalmente establecido porque el artículo 24 de la Ley 472 de 1998 establece que <<la
coadyuvancia operará hacia la actuación futura>>. En este sentido, cuando se
presenta una coadyuvancia, el proceso judicial continúa su curso, de manera que la
intervención del coadyuvante no reinicia el trámite ni restaura los términos y
oportunidades para ejercer los actos procesales que ya se surtieron.
17.2.- El artículo 18 ibidem dispone que, al promover la demanda de acción popular,
el demandante debe indicar las pruebas que pretende hacer valer. Al efecto, se
constata que la etapa procesal oportuna para solicitar el decreto y práctica de pruebas
es con la presentación de la demanda; y esta oportunidad resulta aplicable tanto para
el demandante como para quien coadyuve sus pretensiones, pues las actuaciones del
coadyuvante corresponden con las actuaciones que le son permitidas a la parte
coadyuvada.
17.3.- De lo anterior se colige que las partes no están facultadas para presentar
solicitudes probatorias en cualquier término, pues el procedimiento consiste en que la
solicitud de decreto y práctica de pruebas ocurra con la presentación de la demanda.
Posteriormente, si la prueba se solicitó oportunamente y si ya se surtió la audiencia
de pacto de cumplimiento, el juez procede a decidir sobre la solicitud y decretar las
pruebas que considere conducentes, pertinentes y eficaces, como lo ordena el artículo
28 de la Ley 472 de 1998.
17.4.- Frente al caso que ocupa a la sala, se observa que la accionante presentó la
solicitud de pruebas el 12 de junio de 2023; esto es, cuando ya había ocurrido la
admisión de la demanda, la notificación del auto admisorio, el traslado y contestación
de la demanda y el decreto de medidas cautelares, y habían transcurrido dos años
desde esas actuaciones. En consecuencia, el tribunal no se apartó del procedimiento
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al negar la solicitud, pues esta sí fue inoportuna y –se reitera– la intervención en
calidad de coadyuvante opera hacia la actuación futura.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NIÉGASE el amparo al derecho fundamental al debido proceso.
SEGUNDO: NIÉGANSE las solicitudes de desvinculación elevadas por Hocol S.A.,
Canacol Energy Colombia S.A.S., la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur
de la Amazonía, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la U.A.E. Parques Nacionales
Naturales de Colombia.
TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: Si la sentencia no fuera impugnada una vez ejecutoriado el fallo, por
Secretaría ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada a la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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