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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01440-00

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01440-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y de la Policía Nacional. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo deprecada por el señor Christian Andrés Osorio Rincón contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, y DECLARAR improcedente la acción respecto de la providencia de 29 de febrero de 2024 expedida por la Sala de Selección Número 2 de la Corte Constitucional. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-01440-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

25 de abril de 2024

Demandante: Christian Andrés Osorio Rincón
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01440-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01440-00
Demandante: CHRISTIAN ANDRÉS OSORIO RINCÓN
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
Y OTRO

Temas: Tutela de fondo. Niega – radicación de memorial en canal no
autorizado. Tutela contra providencia judicial - Declara falta de
relevancia constitucional – ausencia de carga argumentativa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala resuelve la solicitud de amparo de la referencia, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

Mediante escrito presentado el 21 de marzo de 2024, el señor Christian Andrés
Osorio Rincón, en nombre propio, instauró acción de tutela contra el Consejo el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y la Corte Constitucional, sala de
Selección Dos, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Las referidas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión de:
(i) «el auto interlocutorio registrado en la plataforma SAMAI el día 14 de diciembre de
2023»1 del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B dentro de la acción
de tutela identificada con el radicado 11001-03-15-000-2023-06234-00; y (ii) la
providencia de 29 de febrero de 2024 dictada por la Corte Constitucional, Sala de
Selección de Tutelas Número Dos, en el sentido de no seleccionar el expediente de
tutela 11001-03-15-000-2023-06234-00.

1

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www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Christian Andrés Osorio Rincón
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01440-00

1.2. Pretensiones

Las peticiones de la demanda de tutela son las siguientes:

PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, establecidos en los artículos 1, 2, 29, 86 y 229 de la
Constitución Política de Colombia.

SEGUNDA: Declarar la nulidad del auto interlocutorio registrado en la plataforma
SAMAI el día 14 de diciembre de 2023.

TERCERO: En consecuencia, Dejar sin efectos el auto de que trata el numeral
anterior.

CUARTO: Declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto interlocutorio
registrado en la plataforma SAMAI el día 14 de diciembre de 2023.

QUINTO: Solicitar a la Corte Constitucional dejar sin efectos el Auto de Selección de
Tutelas Número Dos del 29 de febrero de 2024, en el acápite en el cual no se
selecciona el expediente con Radicación 11001-03-15-000-2023-06324-00, Radicado
Interno T-9959405.

SEXTO: Ordenar a otra Sección o Subsección para que conozca y desate la
impugnación presentada contra el fallo de primera instancia emitido por la Subsección
B de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, Magistrado Ponente: Martín Bermúdez Muñoz; Radicación No. 11001-03-15-
000-2023-006234-00.

SÉPTIMO: Conocer de la presente acción constitucional con aplicación del principio
iura novit curia1.

1.3. Hechos

La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes supuestos que, a juicio de la sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

La parte accionante informó que el 10 de octubre de 2023 ejerció otra acción de
tutela identificada con el radicado 11001-03-15-000-2023-06234-00, con el fin de que
se dejara sin efectos la sentencia de 9 de agosto de 20232 proferida en el marco del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3 que ejerció contra la
Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional.

1 Cita y énfasis del texto original con posibles errores.
2 Mediante la cual revocó la decisión de 12 de mayo de 2020 dictada por el Juzgado 12 Administrativo

Oral del Circuito Judicial de Bogotá que había accedido a las pretensiones de la demanda, para, en su
lugar, denegarlas.
3 El proceso ordinario se identificó con el radicado 11001-33-35-012-2018-00053-00/01.

2

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Adujo que la referida acción constitucional fue desatada por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, con el fallo de 21 de noviembre de 2023, en el
sentido de negar la solicitud de amparo, decisión que fue notificada vía electrónica el
5 de diciembre de 2023.

Manifestó que el 12 de diciembre de 2023 impugnó el mencionado fallo sin que se le
diera trámite a este memorial. Luego, el 15 de marzo de 2023, al revisar en Samai,
observó la siguiente actuación: «Proceso finalizado por: Dispone envío a Corte
Constitucional, Prov: Auto interlocutorio- ABSTENERSE DE DECIDIR Origen:
110010315000 [….]».

Indicó que, por lo anterior, verificó en la página de la Corte Constitucional y advirtió
que la acción de tutela cuenta con el radicado T-9959405. Por ello, elevó una
solicitud a la referida corporación con el fin de obtener información sobre el estado
del proceso.

Al respecto, aseguró que el 18 de marzo de 2024 se expidió respuesta en la cual se
indicó que la sala de Selección de Tutelas Número Dos resolvió excluir de revisión el
asunto por auto de 29 de febrero de 2024, el cual fue notificado el 15 de marzo de la
misma anualidad.

Precisó que, en atención a que no obra publicación «del Auto Interlocutorio» por
medio del cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B se abstuvo de
decidir sobre la impugnación contra el fallo de tutela de 21 de noviembre de 2023, a
través del aplicativo Samai, el 19 de marzo de 2024, lo solicitó. Dicha petición, a la
fecha de presentación de esta acción constitucional, no había sido objeto de
pronunciamiento.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte accionante manifestó que el asunto de la referencia es relevante porque
implica la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, habida cuenta de
que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B omitió notificar el «auto
interlocutorio que pone fin al proceso de tutela, conforme al Decreto- Ley 2591 de
1991 y el Decreto 1069 de 2015 […]».

Agregó que dicha autoridad «soslayó la obligación de resolver materialmente sobre
la impugnación interpuesta de manera oportuna». En ese orden, resaltó que la
consecuencia de la falta de pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación de la
sentencia de tutela de 21 de noviembre de 2023, «pretermite íntegramente el acceso
a la segunda instancia, y por consiguiente impidió que la Corte Constitucional

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adelante diligentemente el trámite de revisión, de allí que, con la decisión de no
selección de la Corte opere la ejecutoria formal y material de cosa juzgada».

De otro lado, afirmó que no cuenta con otros mecanismos judiciales para ejercer la
defensa de sus derechos contra el «auto interlocutorio que finaliza el proceso de
tutela y al mismo tiempo se abstiene de decidir sobre la impugnación», providencia
contra la cual no se puede predicar la procedencia de algún recurso «debido al
desconocimiento de su contenido».

Recalcó que el asunto de la referencia cumple con el requisito de inmediatez, dado
que la notificación del «auto interlocutorio, operó de manera concluyente, esto es el
15 de marzo de 2024», por lo que se considera un plazo razonable.

También arguyó que el asunto gira en torno a una violación ocurrida al interior del
proceso judicial, y que la providencia impugnada no es una sentencia de tutela.

De otro lado, refirió que se incurrió en un «defecto procedimental absoluto»
porque el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B no le notificó ni publicó
el «auto interlocutorio por el cual se abstiene de decidir sobre la impugnación contra
el fallo de tutela […] del 21 de noviembre de 2023».

Adicionó que, con ocasión de lo anterior, se desconoció la obligación establecida en
los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991, en los que se establece lo relativo a
la impugnación del fallo y el trámite de esta, lo cual no se efectuó en la acción de
amparo identificada con el radicado 11001-03-15-000-2023-06234-00, «generando
como efecto principal la ejecutoria formal y material del fallo de primera instancia, a
pesar de que no ha sido resuelta la impugnación; operando de manera simultánea el
fenómeno de cosa juzgada».

Finalmente, en la pretensión quinta de esta acción constitucional se elevó la
siguiente petición:

QUINTO: Solicitar a la Corte Constitucional dejar sin efectos el Auto de Selección de
Tutelas Número Dos del 29 de febrero de 2024, en el acápite en el cual no se
selecciona el expediente con Radicación 11001-03-15-000-2023-06324-00, Radicado
Interno T-9959405.

1.5. Trámite de la acción en primera instancia

Mediante providencia de 1. ° de abril de 2024 se admitió la acción de tutela de la
referencia y se ordenó notificar en calidad de extremo demandado, al Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B y a la Corte Constitucional, Sala de
Selección de Tutelas Número Dos.

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De otro lado, dispuso vincular al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, al Juzgado Doce Administrativo de Oralidad del Circuito de
Bogotá, Sección Segunda y a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional4

Finalmente, se ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado realizar una
publicación en la página web de la corporación, con la información de la tutela de la
referencia.

1.6. Contestaciones

1.6.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, por conducto del magistrado ponente del medio de control ordinario,
indicó que el fallo de 9 de agosto de 2023 fue dictado con fundamento en las normas
pertinentes y con prevalencia de los principios de la sana crítica y de la buena fe,
luego de surtirse el procedimiento con sujeción a las garantías de igualdad e
imparcialidad.

De otro lado, adujo que el objeto de esta acción está relacionado con la actuación de
14 de diciembre de 2023 del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B que
consta en el aplicativo Samai, por la cual se dispuso el envío del expediente de la
anterior solicitud de amparo a la Corte Constitucional; y con el auto de la Sala de
Selección de Tutelas Número Dos, de la mencionada corporación, que determinó no
seleccionar de dicho asunto para revisión.

En ese sentido, resaltó que no tiene injerencia en la presunta vulneración alegada,
por lo tanto, solicitó la desvinculación del trámite de la referencia.

1.6.2. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B a través del
magistrado ponente de la decisión censurada informó que no se pronunciaría
respecto al fondo de esta acción constitucional, y que acatará estrictamente las
disposiciones que se llegaren a adoptar

1.6.3. El Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional solicitó que se declare
la falta de legitimación en la causa por pasiva debido a que el objeto de este
mecanismo de amparo no está relacionado con alguna acción u omisión de la
institución.

4 Autoridad demandada y terceros vinculados en la acción de tutela identificada con el radicado 1001-

03-15-000-2023-06234-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01440-00

1.6.4. La Corte Constitucional, por conducto del vicepresidente, solicitó que se
declare improcedente la solicitud de amparo objeto de atención, luego de indicar que
de conformidad con el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, la corporación designa
dos de sus magistrados para que seleccionen las sentencias de tutela que serán
estudiadas, sin mediar motivación expresa, según el discernimiento y criterio de
discrecionalidad de dichos funcionarios, y con sujeción a los principios orientadores
previstos en Reglamento Interno (Acuerdo 02 de 2015).

Además, precisó que en el artículo 55 del mencionado reglamento se establecieron
tres vías para la selección de una tutela, tales como: (i) la preselección por la Unidad
de Análisis y Seguimiento de Tutelas o por uno de los magistrados que integran la
sala de selección, con base en reseñas esquemáticas; (ii) la presentación de una
solicitud ciudadana a la sala de selección; y (iii) la insistencia.

En ese orden, refirió que contra las decisiones de la sala de selección no procede
recurso alguno, por lo que la única alternativa es la presentación de solicitudes de
insistencia por parte de los magistrados de la Corte Constitucional y por otras
autoridades avaladas para tal efecto, dentro de los 15 días calendario siguientes a la
fecha de notificación por estado del auto que contiene la decisión, trámite que se
encuentra estipulado en el artículo 58 ejusdem.

Puntualizó que la selección no constituye un derecho de las partes, y no es
obligatoria para la Corte, comoquiera que la revisión de los fallos es eventual en
virtud de lo señalado en el artículo 86 de la Constitución Política.

Finalmente, resaltó que el expediente T-9.959.405 cumplió con el trámite
correspondiente, «pues una vez realizado el estudio de preselección se determinó
que dicha tutela no iba a ser seleccionada por la Sala de Selección Número 2 de
2024, integrada por los Magistrados Juan Carlos Cortés González y José Fernando
Reyes Cuartas»5.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por Christian Andrés Osorio Rincón, de conformidad con lo establecido
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

5 Cita del texto original con posibles errores.

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2.2. Cuestiones previas

2.2.1. En cuanto al argumento relativo a que la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado omitió notificar el «auto interlocutorio que pone fin al proceso
de tutela, conforme al Decreto- Ley 2591 de 1991 y el Decreto 1069 de 2015 […]»,
es preciso aclarar que este reproche no se ajusta al supuesto de una acción de tutela
contra providencia judicial, por cuanto la actuación existente en el expediente digital
de la tutela 11001-03-15-000-2023-06234-00 en el índice 22 de Samai, realmente
corresponde a una anotación automática que se genera ante la ausencia de alguna
manifestación de contradicción de las partes.

En ese sentido, el cargo se abordará desde la perspectiva de una solicitud de
amparo de fondo, en atención a la presunta omisión de pronunciamiento sobre el
escrito de impugnación de la sentencia de 21 de noviembre de 2023 e impedir el
acceso a la segunda instancia del mencionado mecanismo constitucional.

2.2.2. De otro lado, la solicitud de desvinculación del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, será denegada en atención a que,
como autoridad demandada en el trámite tutelar identificado con el radicado 11001-
03-15-000-2023-06234-00, puede verse afectada con la decisión que se adopte en
este proceso, por lo tanto, es claro que le asiste interés.

En igual sentido se despachará la petición de la Policía Nacional concerniente a que
se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva en el asunto de la
referencia por no ser la entidad responsable de la vulneración alegada.

Lo anterior, con fundamento en que su vinculación no se dispuso en calidad de
extremo demandado como sí lo es la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado que goza de plena legitimidad pasiva, sino como tercero con
interés por haber sido integrado a la tutela 11001-03-15-000-2023-06234-00 en la
misma condición, lo cual permite señalar que si presenta interés en las resultas de
este asunto constitucional.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales de la parte accionante, los cuales consideró vulnerados con ocasión
de (i) «el auto interlocutorio registrado en la plataforma SAMAI el día 14 de diciembre
de 2023» del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B dentro de la acción
de tutela identificada con el radicado 11001-03-15-000-2023-06234-00; y (ii) la
providencia de 29 de febrero de 2024 dictada por la Corte Constitucional, Sala de

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Selección de Tutelas Número Dos, por la cual se resolvió no seleccionar el
expediente de tutela 11001-03-15-000-2023-06234-00.

2.3.1. En relación con la actuación que se cuestiona del Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, dentro de la acción de tutela 11001-03-15-000-2023-06234-
00, que se enmarca en el supuesto de una tutela de fondo, se estudiarán los
siguientes aspectos: (i) la naturaleza de la acción de tutela; (ii) el derecho al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia; y (iii) el caso concreto.

2.3.2. Respecto a la transgresión por la expedición del auto de 29 de febrero de 2024
dictado por la Corte Constitucional, lo cual se encuadra en el caso de una tutela
contra providencia judicial, se abordará: (i) la procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva y,
de encontrase superados; (iii) las generalidades del defecto alegado; y (iv) el caso
concreto.

2.4. Tutela de fondo

2.4.1. La naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable6.

2.4.2. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia

La sala considera necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica de los artículos 229 de la Constitución7, del derecho fundamental al debido

6 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
7 «Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado».

8

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proceso8 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter de
fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia9.

Los derechos mencionados ofrecen al individuo la garantía de acudir ante el juez
para que resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u
organizaciones y con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una
resolución motivada, ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el
procedimiento y las garantías constitucionales previstas en la Constitución y en la ley
[…]»10.

Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no puede
concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante
los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las
demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de que,
ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico
aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real y
ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión
[…]»11.

Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se desprende
que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que cuando el «[…]
ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encuentre una
respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus derechos y
garantías”12, y de otro lado, “la obligación correlativa de las autoridades judiciales de
promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para que el acceso
de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo, con lo cual se deben
descartar las actuaciones nominales que no logren tal finalidad. Se entiende por lo
tanto que el derecho extraído por la Corte involucra la necesidad de que los jueces

8 «Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a
la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio,
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso».
9 Sentencia T-006 de 1992.
10 Sentencia T-476 de 1998.
11 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas

Hernández.
12 Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.

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deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que representa un avance
significativo en la protección de los derechos de las personas […]»13.

Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996
Estatuaria de la Administración de Justicia14 y con sustento en los principios de
celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez,
como director del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de
evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con una
sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales de las
partes.

Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario judicial
que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que
se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad
subyacente y asumir su responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de
los derechos materiales. El juez que reclama el pueblo a través de su Carta Política
ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho
sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen
el ideal de la justicia material […]»15.

2.4.3. Caso concreto en el marco de la acción de tutela de fondo

La parte actora manifestó que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, habida cuenta
de que omitió la obligación de resolver materialmente sobre la impugnación que
ejerció de manera oportuna y, por ende, tampoco le notificó tal decisión
desconociendo lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de
2015.

En ese orden, resaltó que la consecuencia de la falta de pronunciamiento sobre el
fondo de la impugnación de la sentencia de tutela 21 de noviembre de 2023,
«pretermite íntegramente el acceso a la segunda instancia» y, por consiguiente,
implicó que la Corte Constitucional no adelantara diligentemente el trámite de
revisión, operando la ejecutoria formal y material de cosa juzgada».

Al respecto, la Sala anuncia que negará la solicitud de amparo elevada por el señor

13 Ibídem.
14 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que
cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y
lograr y mantener la concordia nacional.
15 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio Palacio.

10

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Demandante: Christian Andrés Osorio Rincón
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01440-00

Christian Andrés Osorio Rincón, toda vez que al revisar las pruebas allegadas con la
demanda, se evidencia que el memorial con el cual pretendía ejercer la contradicción
del fallo de tutela dictado en el expediente 11001-03-15-000-2023-06234-00, fue
remitido el 12 de diciembre de 2023 al correo «cegral02@notificaciones rj.gov.co»
desde el cual la Secretaría General del Consejo de Estado efectúa las notificaciones,
como se puede observar en la siguiente imagen:

En otras palabras, el mencionado dominio electrónico no es el asignado para recibir
las demandas, memoriales u otras peticiones de conformidad con el Acuerdo
PCSJA23-12068 de 16 de mayo de 2023, y así se le informó al señor Osorio Rincón
en el correo de notificación de la providencia de 21 de noviembre de 2023, como se
demuestra con la segunda imagen:

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De lo anterior se lee diáfanamente que la Secretaría General de esta corporación, en
mensaje de datos de 5 de diciembre de 2023, además de notificar la sentencia
dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, señaló que «en
cumplimiento del Acuerdo PCSJA13-12068 del 16 de mayo de 2023, se informa que
el medio dispuesto para la radicación de demandas, memoriales, solicitud de
acceso virtual a los expedientes, solicitudes de citas, copias, entre otros, es la
ventanilla de atención virtual, a la que podrá ingresar a través del siguiente enlace
a la Ventanilla de Atención Virtual: URL Ventanilla de Atención Virtual»16.

Es preciso resaltar que el mencionado acuerdo es «[p]or el cual se dispone el uso
obligatorio del aplicativo SAMAI en la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
como solución de transición tecnológica dentro del Plan Estratégico de
Transformación Digital de la Rama Judicial», razón por la cual, en acatamiento de tal
disposición, la referida plataforma cuenta con una ventanilla de atención virtual a
través de la cual los usuarios del servicio de administración de justicia de la
jurisdicción contencioso administrativa pueden tener acceso a los expedientes de su

16 Énfasis propio.

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interés y gestionar las actuaciones correspondientes.

Así, es claro para la sala que el señor Christian Andrés Osorio Rincón no cumplió
con su deber de diligencia al enviar el memorial de impugnación a una dirección
electrónica que la Secretaría del Consejo de Estado utiliza únicamente para efectos
de las notificaciones, lo cual implica que los documentos o solicitudes que se remiten
a dicho buzón no son tramitados debido a que existe un canal oficial establecido para
ello, y esta información siempre se le entrega al usuario en el momento en que se
notifica alguna actuación.

En ese orden, esta Sección concluye que no le asiste razón al tutelante en el sentido
de señalar a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado como
autoridad judicial vulneradora de sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, por cuanto dicha judicatura nunca tuvo
conocimiento del memorial contentivo de la impugnación y, por ende, no había lugar
a emitir algún pronunciamiento al respecto que, además, implicara su notificación.

Por el contrario, en este caso procedía lo estipulado en el inciso 2. ° del artículo 31
del Decreto 2591 de 1991, esto es, enviar a la Corte Constitucional los fallos que no
sean impugnados, para su revisión, como acertadamente lo hizo la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado sin incurrir en la pretermisión de una
actuación17.

2.5. Caso concreto en el marco de tutela contra providencia judicial

2.5.1. Procedencia

La sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 18,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y
ella misma habían adoptado posturas diversas sobre el tema19.

17 ARTÍCULO 31. IMPUGNACION DEL FALLO. Dentro de los tres días siguientes a su notificación el

fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el
representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.

Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte Constitucional
para su revisión. (Énfasis propio).
18
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. N.° 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
19 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.

13

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Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales20.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 21, la
referida sala plena, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional
en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción
constitucional contra providencia judicial.

A partir de las anteriores directrices se entrará a estudiar los requisitos generales de
procedibilidad en el caso de la referencia.

2.5.2. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.2.1. En cuanto a la relevancia constitucional, la sala advierte que en el sub
examine no se cumple el presupuesto de la referencia respecto de la providencia
censurada de 29 de febrero de 2024 expedida por la Corte Constitucional, por cuanto
la ausencia de argumentos contra dicha providencia no satisface las reglas
establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 215 de 16 de
junio de 2022.

En el referido fallo la alta Corte señaló que en tratándose del ejercicio de acciones de
tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un debate que
gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus garantías
fundamentales, mas no en un juicio de corrección del fallo reprochado por cuanto
esta circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial».

Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad
en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir
los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».

20 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
21
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

14

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En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de
relevancia constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la acción
y en la especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con el fin de
evitar que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la esfera
funcional de otras autoridades judiciales.

Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la carga
de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los
derechos fundamentales».

En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:

El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir
a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad
y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes.

Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe
cumplir con las siguientes finalidades:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal.22
Igualmente, en el citado fallo unificador se fijaron las siguientes reglas que el juez de
tutela debe verificar al momento de analizar si el asunto objeto de su atención
satisface el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:

a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico23; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y

22 Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
23 Sentencia SU-103 de 2022.

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desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales»24.

b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos
legales como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la
excepción de los casos en que de esta se «desprendan violaciones a los
derechos y deberes constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, que no
representen un interés general25. En este orden, el examen de la relevancia
constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la simple
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.

c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia,
más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la
existencia de una restricción desproporcionada a un derecho fundamental »26.

d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una alta Corte, el examen de este requisito debe ser más
riguroso27, es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u
omisión arbitraria por parte de la autoridad judicial que derive en la violación
de derechos fundamentales, toda vez que estas Colegiaturas actúan como
tribunales de cierre.

2.5.2.2. Ahora bien, como se indicó en líneas previas, al descender al análisis del
escrito de tutela se advierte que el señor Christian Andrés Osorio Rincón no presentó
argumentos contra la providencia de 29 de febrero de 2024 de la Sala de Selección
Número 2 de la Corte Constitucional, puesto que se limitó a plantear la pretensión
quinta consistente en que se dejara sin efectos el mencionado auto, en los siguientes
términos:

QUINTO: Solicitar a la Corte Constitucional dejar sin efectos el Auto de Selección de
Tutelas Número Dos del 29 de febrero de 2024, en el acápite en el cual no se

24 Sentencia SU-573 de 2019.
25 Ibídem.
26 Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
27 Sentencia SU-573 de 2019.

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selecciona el expediente con Radicación 11001-03-15-000-2023-06324-00, Radicado
Interno T-9959405.

Lo anterior deja al descubierto que el asunto no es relevante, comoquiera que, no es
suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión judicial se
transgredieron determinados derechos superiores, por el contrario, es menester que
quien se considera afectado, cumpla con el deber de señalar y desarrollar los
defectos de los cuales, a su juicio, adolece la decisión cuestionada, además, debe
argumentar el concepto de la violación que se deriva de una providencia judicial en
abierta contradicción de los postulados constitucionales, que implique por parte de
este juez un pronunciamiento respecto al análisis que ha efectuado el máximo
órgano en esa materia.

Básicamente, este caso, al enmarcarse en la acción de tutela contra providencia
judicial, requiere con mayor énfasis que el interesado ejecute una exposición que sin
lugar a duda demuestre de forma coherente, el engranaje entre la decisión objeto de
reproche y la inescindible afectación de las garantías fundamentales en su núcleo
esencial.

Por ello, sin dar lugar a mayores disquisiciones, es evidente que la controversia
planteada no satisface el requisito de relevancia constitucional, debido a que, no se
aludieron argumentos mínimos y desde una perspectiva constitucional, que
sustenten la inconformidad frente a una providencia de la Corte en la cual se decidió
sobre la pertinencia de la revisión de la tutela 11001-03-15-000-2023-06324-00 en un
sentido que no favorece los actuales intereses de la parte actora.

En resumen, la sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la vulneración
de garantías constitucionales que amerite superar el requisito de relevancia
constitucional en tratándose de acción de tutela contra providencia judicial; ello
comoquiera que: (i) carece de la carga argumentativa mínima y elevada a un rango
constitucional; y (ii) no se evidencia una vulneración palmaria derivada del auto de 29
de febrero de 2024, que implique la intervención del juez de tutela.28

2.6. Conclusión

Se negará la solicitud de amparo deprecada por el señor Christian Andrés Osorio
Romero contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, debido a que
no se acreditó la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de
defensa. También se declarará la improcedencia de la acción respecto de la

28 Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-15-

000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; y (iii) sentencia de
28 de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

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providencia de 29 de febrero de 2024 expedida por la Sala de Selección Número 2
de la Corte Constitucional, debido a que no se superó el estudio del requisito de
relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y de la Policía Nacional.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo deprecada por el señor Christian Andrés
Osorio Rincón contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, y
DECLARAR improcedente la acción respecto de la providencia de 29 de febrero de
2024 expedida por la Sala de Selección Número 2 de la Corte Constitucional.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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