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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-01441-00

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-01441-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela de la referencia por no cumplir con el requisito de subsidiariedad. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-01441-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

25 de abril de 2024

Demandante: Mildred Tatiana Ramos Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01441-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01441-00
Demandante: MILDRED TATIANA RAMOS SÁNCHEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara la
improcedencia por no cumplir requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en
ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la
Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591
de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Petición de amparo constitucional

Mediante escrito radicado el 21 de marzo de 2024, la señora Mildred Tatiana
Ramos Sánchez, mediante apoderada judicial, instauró acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, con el fin de que le sea protegido su derecho fundamental al
debido proceso.

La parte accionante consideró vulnerada tal garantía con el auto del 11 de
marzo de 2024, mediante el cual se rechazó la reforma de la demanda dentro
del medio de nulidad electoral instaurado por la señora actora, contra el
Ministerio de Relaciones Exteriores y la señora Sandra Milena Trejos
Salazar, proceso que se identificó con el número 25000-23-41-000-2024-
0003-00.

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Demandante: Mildred Tatiana Ramos Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01441-00

1.2. Pretensiones

En consecuencia, solicitó lo siguiente:

1. Que se dé trámite a la acción y se acceda al amparo del derecho fundamental al
debido proceso atendiendo a las formas del debate establecidas en el código o
cualquier otro derecho fundamental vulnerado.

2. Que se revoque el auto de 11 de marzo de 2024 que rechazó la reforma de la
demanda y en su lugar, se ordene emitir un nuevo auto admitiendo la reforma
presentada el 28 de marzo de 2024.

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

La parte accionante sostuvo que según acta de reparto del 19 de febrero de
2024, la demanda de nulidad electoral que presentó contra el acto de
nombramiento del cargo de «segundo secretario de relaciones exteriores en
el consulado de Colombia en Brasil», correspondió al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A.

Señaló que mediante auto del 21 de febrero de 2024, se admitió en única
instancia la demanda.

Afirmó que el 28 de febrero de 2024, radicó escrito de reforma de la
demanda para que se incluyeran al proceso «las pruebas del radicado No.
863418-EL, relacionado con el radicado No. 863430-EL, advirtiendo que la
respuesta emitida fue parcial debido a las que las actas de posesión se
encuentran en un link inaccesible o de difícil acceso también se expresa la
solicitud de oficio ante las pruebas sin acceso o de difícil acceso».

Indicó que, a través de providencia del 11 de marzo de 2024, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, rechazó la
reforma de la demanda, al advertir que:

El artículo 278 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, norma especial en materia de acción electoral, establece que en la
reforma de la demanda podrán adicionarse cargos.

Sin embargo, la parte actora pretende adicionar la demanda con una prueba
documental, lo que resulta impropio tratándose de este tipo de acto procesal.

Manifestó que contrario a lo indicado en la providencia citada, la reforma de
la demanda en el proceso de nulidad electoral es procedente en los términos
del numeral 2 del artículo 173 y del artículo 279 del CPACA.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A vulneró el debido proceso dentro del
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Demandante: Mildred Tatiana Ramos Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A
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radicado 25000-23-41-000-2024-00403-00, al rechazar la reforma de la
demanda, pues desconoció las formas del debate previstas en el CPACA que
hacen necesaria la intervención del juez de tutela para salvaguardar su
derecho fundamental mencionado.

Precisó que la reforma de la demanda según las previsiones de los términos
de los artículos 173.2, 278 y 296 del CPACA, resultaba procedente y
constituía una oportunidad procesal para incluir pruebas al proceso de
nulidad electoral; en ese orden se desconocieron las disposiciones
señaladas.

Adujo que «la reforma consiste en incluir y solicitar de oficio las pruebas
documentales, que se consideran necesarias, útiles, pertinentes y
conducentes en el proceso del medio de control de nulidad electoral en lo
que procede solicitud de oficio en virtud de lo establecido en el artículo 173
del Código General del Proceso».

Explicó que cumplió con la carga probatoria que le correspondía dentro de
sus posibilidades, y en atención al numeral 10 del artículo 78 del Código
General del Proceso «se solicita equilibrar la carga de la prueba en razón a
que el Ministerio de Relaciones Exteriores genera la prueba, la custodia y
mantiene permanente cercanía con ella, además mediante los poderes de
ordenación e instrucción contenidos en el numeral 4 del artículo 43 del
Código General del Proceso es dable al juez oficiar las pruebas también en
atención los deberes del juez contenidos en el numeral 4 del artículo 42 del
mismo código».

Resaltó que con la reforma de la demanda buscó incluir al proceso la
respuesta a una petición y solicitar oficio probatorio al juez natural, por tanto,
procedía la admisión de esta figura, conforme con las reglas del proceso de
nulidad electoral.

Sostuvo que la autoridad judicial al cambiar las reglas del juego y no admitir
la reforma de la demanda basado únicamente en el artículo 278 del CPACA,
toda vez que esta norma prevé la oportunidad especial para alegarse nuevos
cargos antes de la caducidad de la acción, pero no estableció imposibilidad
de presentar pruebas, por el contrario, si se permite allegar pruebas con la
reforma, como lo dispone el artículo 173 por remisión del artículo 296,
ejusdem y como lo ha aplicado el tribunal en otros procesos de igual
naturaleza, para lo cual allega 4 autos de admisión de reforma de la
demanda.

Destacó que con los argumentos expuestos se configuran los defectos que
acreditan la vulneración al debido proceso dentro del acción de nulidad
electoral al rechazar la demanda en el medio de control de nulidad electoral.

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Agregó que se incurre en defecto de relevancia constitucional porque no se
consultó la línea jurisprudencial del Consejo de Estado1, en las que se ha
resumido el trámite procesal que se adelanta en procesos electorales
incluyendo la reforma de la demanda, que debe ser consultado por las
autoridades judiciales como la demandada, particularmente en materia de
nulidad electoral con la figura de la provisionalidad en cargos de carrera
diplomática y consulta en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Señaló que contra la providencia que rechazó la reforma de la demanda
dentro del trámite del proceso de nulidad electoral, no procede recurso
alguno; razón por la que resulta procedente la acción de tutela.

1.5. Trámite de la solicitud de tutela

A través de auto del 3 de abril de 2024, se admitió la solicitud de tutela y, en
consecuencia, se ordenó la notificación de los magistrados que integran el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A.

Así mismo de dispuso comunicar al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la
señora Milena Trejos Salazar, en atención al interés que les pueda asistir en
las resultas del proceso.

1.6. Contestaciones

Surtidas las notificaciones, se recibieron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A

El magistrado ponente, solicitó que se desestimaran las pretensiones de la
demanda.

Indicó que si bien, se cumple con los requisitos de inmediatez, agotamiento
de recursos ordinarios, «(no hay recurso procedente, artículo 278, Ley 1437
de 2011)» y que la providencia acusada no es una sentencia de tutela, lo
cierto es, que no se cumple con las demás exigencias establecidas por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, para la viabilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial.

Afirmó que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional, toda
vez que no se trata de una discrepancia de orden constitucional, sino de una

1 La parte actora indica la sentencia del 14 de diciembre de 2023, sin precisar ningún dato

que la identifique.

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controversia en torno al alcance de una norma especial aplicable, frente a
una del régimen general, «tal definición cae dentro dentro (sic) del margen de
apreciación del juez ordinario y, por tanto, sería propia del recurso de
apelación, pero no del juez de la acción de tutela».

Sostuvo que la parte actora pretende a través de este mecanismo habilitar
por vía judicial un recurso de alzada que no existe para el presente caso en
la ley, por tratarse de un proceso de única instancia, conforme con el artículo
278 de la Ley 1437 de 2011.

Manifestó que en el presente asunto no se acreditó la existencia de
irregularidades procesales.

Explicó que en la providencia cuestionada se realizó una interpretación del
artículo 278 de la Ley 1437 de 2011, norma especial para las acciones
electorales, que con claridad y precisión delimita el ámbito de la reforma de la
demanda en ese asunto, por lo que no era correcto acudir a la norma
general, porque «la ley especial prevalece sobre la general (H. Corte
Constitucional, sentencia C-005 de 1996)», al respecto, señaló:

Tampoco resultaba procedente aplicar la norma general, con el argumento de que la
especial es incompleta, aduciendo que esta no establece hipótesis que sí prevé la
norma general, ejemplo: la adición de pruebas (artículo 173, numeral 2, Ley 1437 de
2011).

El legislador quiso regular de una determinada manera la reforma de la demanda en el
proceso electoral, configurándola de un modo particular. Esto no implica falta de
regulación en la norma especial. Simplemente, que el legislador quiso que así fuese, y
no de otra manera.

Resaltó que la actora aportó unas providencias proferidas por otros
despachos de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en las que se acepta la reforma de la demanda electoral con
un alcance distinto al criterio que ha sostenido ese despacho, frente a lo cual
indicó que «se trata de interpretaciones de la ley, que merecen todo el
respeto del suscrito. Sin embargo, igual que la que se esgrime en el auto
cuestionado, responden a una interpretación de rango legal y su divergencia
no las hace más ni menos válidas que la contenida en el auto de 11 de
marzo de 2024».

1.6.2. Ministerio de Relaciones Exteriores

El coordinador del Grupo Interno de trabajo de Asuntos Legales de la Oficina
Asesora Jurídica Interna, se opuso a la prosperidad de las peticiones de la
acción de tutela, al considerar que la parte actora utiliza este mecanismo
constitucional para subsanar su error frente a la incorporación de medios
probatorios, ya que no advirtió en el escrito de la demanda la espera de la

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respuesta a la solicitud del derecho de petición para que fuera incorporado
posteriormente como pieza procesal.

Adujo que no se evidencia vulneración al derecho al debido proceso, toda
vez que se dio estricta aplicación al artículo 278 del CPACA, de admitirse la
incorporación de las pruebas que se pretendía incluir, conllevaría a un
defecto sustantivo por errónea interpretación de la norma y la consecuente
vulneración al derecho de defensa del ente ministerial.

1.6.3. Sandra Milena Trejos Salazar

La vinculada pidió que se declarara la improcedencia de la acción de tutela,
porque no se cumple con el lleno de los requisitos establecidos para este
mecanismo contra providencia judicial, en su defecto, «se NIEGUE el amparo
constitucional por inexistencia de vulneración de derechos fundamentales».

Sostuvo que el asunto no tiene relevancia constitucional, toda vez que el auto
que rechaza una reforma a la demanda no conlleva una clara y marcada
importancia constitucional, solo se limita a la interpretación del alcance
normativo que compete única y exclusivamente al juez ordinario.

Afirmó que la actora no ha agotado todos los medios judiciales para
materializar su pedimento contenido en el memorial que denominó «Reforma
a la demanda», solo se anticipó a etapas judiciales en las que se deben
declarar y calificar las pruebas.

Señaló que no se advierte una verdadera vulneración de los derechos
fundamentales, pues la providencia atacada se profirió dentro de una acción
de carácter público en la que no se discute un derecho subjetivo, por tanto,
las decisiones que se adopten dentro del trámite electoral no generan una
afectación de sus derechos.

Solicitó que en el caso de llegarse al estudio de fondo de la presente acción,
se negara el amparo, teniendo en cuenta que la práctica probatoria
presentada con la reforma de la demanda, fue correctamente rechazada, en
tanto, no se cumplió con el lleno de los requisitos del artículo 278 del
CPACA, pues no correspondía a una adición de cargos, sino a una adición
de pruebas y solicitud de exclusión documental, situaciones no contempladas
en la normativa especial.

Agregó que de extenderse la aplicación del artículo 173 del CPACA en
cuanto a una reforma de las pruebas, correspondía al tribunal abstenerse de
decretar las actas de posesión de otros funcionarios, toda vez que, a pesar
de que la misma pudo ser obtenida por la accionante antes de la
presentación de la demanda, ésta omitió su deber de radicar el derecho de

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petición con suficiencia, lo que conllevaba a que el operador judicial no
tuviera en cuenta el artículo173 del Código General del Proceso aplicable a
la jurisdicción contenciosa por remisión del artículo 306 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia,
en atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37
del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se cumplen los presupuestos generales
de procedencia de la acción de tutela y, de ser así, si el tribunal demandado
incurrió en la vulneración al debido proceso alegado por la parte accionante,
al rechazar la reforma de la demanda dentro del mecanismo de control de
nulidad electoral promovida por la actora en contra del Ministerio de
Relaciones Exteriores y de la señora Sandra Milena Trejos Salazar.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de
procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el
fondo del reclamo.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio
de 20122, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias

2 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela

• Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.

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judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.3

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado
su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten
contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta
el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no
puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
–procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.4

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y, ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como

3 Ibídem.
4 Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de

2004 y C-590 de 2005.

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una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Examen de requisitos generales

2.4.1. Relevancia constitucional

Cabe precisar que este requisito se encuentra cumplido, en consonancia con
la postura fijada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022,
a través de la cual se unificaron los criterios respecto del precitado
presupuesto y se estableció que los criterios que debe reunir una solicitud de
amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito de la
relevancia constitucional, son los siguientes:

i) Tener la suficiente entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,

ii) No involucrar un debate eminentemente legal,

iii) No limitarse a plantear una discusión preponderantemente económica y,

iv) Cumplir con la carga argumentativa y explicativa rígida tendiente a
demostrar la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

Para la sala el asunto reviste de relevancia constitucional, puesto que la
parte actora cuestiona la providencia con la cual se rechazó la reforma de la
demanda del medio de nulidad electoral, el tribunal demandado solo se limitó
a aplicar el artículo 278 del CPACA, sin atender los artículos 173.2 y 279
ejusdem, normas que resultaban procedentes en cuanto constituía una
oportunidad procesal para incluir pruebas al proceso de nulidad electoral

A su vez, la parte accionante cuestionó que el tribunal demandado cambió
las reglas del juego al rechazar la reforma de la demanda basado
únicamente en el artículo 278 del CPACA, toda vez que esta norma prevé la
oportunidad especial para alegarse nuevos cargos antes de la caducidad de
la acción, pero no estableció imposibilidad de presentar pruebas, por el
contrario, como lo dispone el artículo 173 por remisión del artículo 296,
ejusdem si puede hacerse, conforme lo ha aplicado el Tribunal en otros
proceso de igual naturaleza.

Por lo anterior, el presente asunto, se trata de una cuestión de carácter ius
fundamental en la medida en que no solo se invoca la protección de sus
garantías superiores, sino que el caso involucra el derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia, dado que el tribunal demandado
rechazó la reforma de la demanda dentro del medio de control de nulidad
electoral promovido por la parte actora.
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En este orden, el debate jurídico planteado por la tutelante sobrepasa la
mera discusión legal, no comporta un interés netamente jurídico y se cumple
con la carga argumentativa que soporta la lesión de los derechos
fundamentales con ocasión de la providencia judicial demandada.

2.4.2. Tutela contra providencia de la misma naturaleza

Se advierte que no se trata de una tutela contra decisión de la misma
naturaleza, pues la providencia que rechazó la reforma de la demanda se
profirió en el trámite de un proceso de nulidad electoral.

2.4.3. Inmediatez

Asimismo, en el presente asunto se cumple con el requisito de inmediatez,
puesto que el auto demandado dictado el 11 de marzo de 2024, se notificó
por estado del 15 de marzo de la misma anualidad, mientras que la demanda
de tutela se presentó el 21 de marzo de este año; por tanto, sin necesidad de
establecer la ejecutoria de aquella, se advierte un ejercicio oportuno de la
acción constitucional.

2.4.4. Subsidiariedad

El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional,
según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar
ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales
siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las
autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos que indica el
Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente,
ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta
acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de
improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 5, entre
otros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa
judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o
vulnerado (subsidiariedad).

En el caso concreto, la parte actora consideró vulnerada su garantía al
debido proceso con el auto del 11 de marzo de 2024, por el cual la autoridad
judicial demandada rechazó la reforma de la demanda dentro del medio de
nulidad electoral que promovió contra el Ministerio de Relaciones Exteriores y

5 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política.

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la señora Sandra Milena Trejos Salazar, proceso que fue identificado con el
radicado 25000-23-41-000-2020-00403-00.

Para tal efecto, invocó el defecto procedimental, al destacar que en la
providencia reprochada solo se aplicó el artículo 278 del CPACA, sin advertir
que los artículos 173.2, 279 y 296 ejusdem, resultaban procedentes en
cuanto constituía una oportunidad procesal para incluir pruebas al proceso de
nulidad electoral; por tanto, al rechazarse la reforma de la demanda basado
únicamente en el artículo 278, si bien esta norma prevé la oportunidad
especial para alegar nuevos cargos antes de la caducidad de la acción, no
estableció imposibilidad de presentar pruebas, en esa medida había que
tener en cuenta el artículo 173 que por remisión del artículo 296 ibídem,
permite que la reforma refiera a pruebas.

Por su parte la autoridad judicial demandada señaló que a través de este
mecanismo la parte actora pretende habilitar por vía judicial un recurso de
alzada que no existe para este asunto en la ley, por tratarse de un proceso
de única instancia, conforme lo prevé el artículo 278 de la Ley 1437 de 2011.

Adicionalmente, explicó que en el auto cuestionado se aplicó el artículo 278
del CPACA, porque es la norma especial para las acciones electorales, por lo
que no podía acudirse a la norma general a la que alude la accionante.

En relación con la afirmación tanto de la parte actora como del tribunal
accionado, de que según el artículo 278 de la Ley 1437 de 2011, contra el
rechazo de la demanda no procede recurso alguno, se hace necesario
señalar que la norma lo que dispone es que contra el auto que resuelva
sobre la admisión de la reforma de la demanda, no tiene recurso, pero nada
dice frente a la decisión que rechaza la reforma de la demanda, veamos:

REFORMA DE LA DEMANDA. La demanda podrá reformarse por una sola vez dentro
de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto admisorio de la demanda al
demandante y se resolverá dentro de los tres (3) días siguientes. Podrán adicionarse
cargos contra el acto cuya nulidad se pretende siempre que no haya operado la
caducidad, en caso contrario se rechazará la reforma en relación con estos cargos.
Contra el auto que resuelva sobre la admisión de la reforma de la demanda no
procederá recurso”. (Destacado fuera de contexto).

Como en efecto la norma especial no refiere a recurso alguno frente al
rechazo de la reforma de la demanda, la Sección Quinta6 de esta corporación
ha precisado que el artículo 246 del CPACA, modificado por el artículo 66 de
la Ley 2080 de 2021, que consagra el recurso de súplica, que podrá

6 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 26 de mayo de 2022,

expediente 11001-03-28-000-2022-00023-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; Consejo de
Estado, Sección Quinta, providencia del 17 de noviembre de 2022, expediente 11001-03-28-
000-2022-00148-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

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Demandante: Mildred Tatiana Ramos Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01441-00

interponerse directamente o en subsidio de la reposición y procede contra los
siguientes autos emitidos por el magistrado ponente: i) el que declara la falta
de competencia o jurisdicción en cualquier instancia, ii) los consagrados en el
artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, siempre y cuando sean proferidos en
única instancia, o durante el trámite de la apelación o de los recursos
extraordinarios, entre otros.

Ahora bien, comoquiera que, en el numeral segundo del artículo 246
mencionado, se dispuso que son pasibles del recurso de súplica los autos
enlistados en los numerales 1 a 8 del artículo 243 ibidem, se hace necesario
recordar esta norma, la cual, en su tenor literal reza:

Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos
en la misma instancia:

1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el
mandamiento ejecutivo.

2. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso.

3. El que apruebe o impruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales. El auto que
aprueba una conciliación solo podrá ser apelado por el Ministerio Público.

[...]. (resaltado fuera de texto)

Por otra parte, el artículo 243A del CPACA, modificado por el artículo 63 de
la Ley 2080 de 2021, dispone cuáles son las providencias que no son
susceptibles de recursos ordinarios, dentro de las que indica en el numeral
14 que «En el medio de control electoral, además de las anteriores, tampoco
procede recurso alguno contra las siguientes decisiones: las de admisión o
inadmisión de la demanda o su reforma; las que decidan sobre la
acumulación de procesos; las que rechacen de plano una nulidad procesal, y
las que concedan o admitan la apelación de la sentencia».

En este orden de ideas, teniendo en cuenta las normas citadas y atendiendo
la interpretación armónica de la Sección Quinta de esta corporación, el auto
que rechaza la reforma de la demanda en materia electoral en única
instancia es susceptible del recurso de súplica.

Con fundamento en lo anterior, las inconformidades de la parte actora
pueden ser cuestionadas y resueltas a través del aludido recurso, ya que la
acción de tutela no puede sustituir el mecanismo de defensa con el que
cuenta la demandante para la defensa de su derecho fundamental al debido
proceso, dada la naturaleza excepcional y subsidiaria de este medio
constitucional.

De manera que, se debió hacer uso del recurso de súplica contra el auto que
rechazó la reforma de la demanda para conjurar la situación que a juicio de la
demandante lesiona su derecho fundamental, con la finalidad de que se

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impidiera el uso indebido de este mecanismo constitucional como vía
preferente o instancia judicial alterna de protección.

Por tanto, no es posible desconocer el carácter subsidiario de la acción de
tutela, ello vaciaría de contenido los otros mecanismos de defensa judiciales
que han sido previstos en las normas constitucionales y legales para
salvaguardar los derechos invocados.

Así, los recursos –ordinarios y extraordinarios- corresponden a medios
judiciales idóneos y eficaces que ha provisto el ordenamiento jurídico
procesal para la defensa de los intereses de las partes en litigio.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que un medio idóneo es
aquel que garantiza la definición del derecho controvertido y que, en la
práctica es el adecuado para proteger el derecho fundamental que se
considere vulnerado7.

Ahora, el alto tribunal constitucional ha considerado que para la eficacia es
necesario valorar si el medio existente es el adecuado para proteger
objetivamente el derecho que se transgrede o se amenace8.

Es decir, la eficacia se refiere a la oportunidad del medio de defensa;
mientras que la idoneidad a la protección adecuada en el tiempo.

De manera que, para la sala, las mencionadas características de los medios
de defensa alternos a la acción de tutela no se encuentran condicionadas al
sentido de la decisión y mucho menos a que se materialice la orden judicial.

Por consiguiente, la acción de tutela no puede sustituir el mecanismo de
defensa con el que cuenta la parte demandante para la defensa de sus
derechos fundamentales, dada la naturaleza excepcional y subsidiaria de
este medio constitucional.

Además, la parte accionante tampoco logró demostrar la configuración de un
perjuicio irremediable que permitiera establecer que tal vía no es la idónea y
eficaz para su caso en particular.

Por tanto, se declarará la improcedencia por no cumplir con el requisito de la
subsidiariedad.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la

7 Sentencias T-999 de 2000 y T-847 de 2003.
8 Sentencia T-106 de 1993, T-480 de 1993 y T-847 de 2003.

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República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela de la
referencia por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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