Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01450-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01450-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01450-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
14 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 14 de mayo de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01450-00
Demandantes: Omar Francisco Cañón Alfaro
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente - declara improcedente por relevancia constitucional |
Defecto fáctico - niega
Síntesis del caso: El accionante enjuició las providencias de primera y segunda instancia
que negaron las pretensiones de un habeas corpus, en el que solicitó su libertad con
ocasión de una orden judicial.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Omar Francisco
Cañón Alfaro contra el Tribunal Administrativo de Casanare y el Juzgado 3
Administrativo de Yopal.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
demás vinculados
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 22 de marzo de 2024, Omar Francisco Cañón Alfaro presentó
acción de tutela contra el Juzgado 3 Administrativo de Yopal y el Tribunal
Administrativo de Casanare, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales a la libertad, igualdad y debido proceso, con ocasión de
las Sentencias de 7 y 12 de marzo de 2024, proferidas en el proceso No.
85001-33-33-003-2024-00039-00/01 (habeas corpus).
2. A título de amparo constitucional, el accionante solicitó (se
trascribe):
“Con fundamento en los hechos relacionados, solicito disponer y ordenar a la
parte accionada y a favor del sindicado tutelar el derecho fundamental a la
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Omar Francisco Cañón Alfaro
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
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Decisión: Declara improcedente y niega
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libertad, igualdad y debido proceso en consecuencia ordenar que en
termino permitido al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE o en su defecto
al juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Yopal le conceda la libertad
al señor OMAR FRANCISCO CAÑON mediante la figura de Habeas corpus, por
ser un derecho ya decretado por el juez de segunda instancia, al reconocerle
el plazo razonable de la medada.
Respetuosamente solicito A LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, que
no habiendo otro procedimiento jurídico para obtener la libertad pronto, y
habiendo violado principios fundamentales por parte del el juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Yopal, cuando no resolvió la LIBERTAD, solicitada
dentro de los términos por parte de la defensa, por vía de hechos le niega la
libertad, y después el Tribunal Administrativo de Casanare, que de una forma
anormal, por un invento jurídico POR UNA VÍA DE HECHOS, le niegan
igualmente un derecho adquirido por mandato de un Juez de la república de
Colombia, cuando el defensor apela la prórroga de la medida de
aseguramiento y fue revocada dentro de la aplicación del Código de
Procedimiento Penal, solicitó la libertad, en vista que se habían vencido los
términos de la medida que son de un año; son estas las razones que solicito
tutelar el derecho fundamental de la libertad, artículo 28 de nuestra
Constitución Política Nacional y el DERECHO A LA IGUALDAD, artículo 13 de la
misma Carta Magna, a FAVOR, Y EL ARTÍCULO 29 DE LA MISMA CARTA
MAGNA, en consecuencia decretar LA LIBERTAD INMEDIATA a que tiene
derecho; por intermedio de ACCION DE TUTELA POR EXCESO DE VIAS DE
HECHO, acorde con lo contemplado en el artículo 86 de la Constitución
Nacional y de conformidad con lo preceptuado en los Decretos 2591 de 1991,
14 Decreto Número 306 de febrero 19 de 1992 y normas concordantes en
contra de LA DECISIÓN DEL TRIBUAL [administrativo] DE CASANARE, DONDE
NIEGAN LA LIBERTAD RESOLVIENDO UN RECURSO DE APELACIÓN, EN
VIOLACION DIRECTA AL ARTICULO, ARTÍCULO 28 Y 29 DE LA CARTA POLITICA
DE COLOMBIA.
En conclusión, mi petición es la siguiente que mediante fallo de tutela se
declare:
“Primero: QUE SE TUTELE EL DERECHO A LA LIBERTAD VULNERADO POR VIA DE
HECHO POR LA SEÑORA JUEZ TERCERA [Administrativo] DEL CIRCUITO DE
YOPAL, Y CONFIRMADO POR EL TRIBUNAL [Administrativo] DE [Casanare];
NEGANDO EL DERECHO DE LIBERTAD A QUE TENGO DERECHO COMO LO
EXPUSE.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
se identificaron los siguientes:
4. 1) El 1 de junio de 2022, el Juzgado 16 Penal Municipal con función
de control de garantías de Bogotá le impuso una medida de
aseguramiento de detención preventiva2 a Omar Francisco Cañón Alfaro
por la presunta comisión del ilícito de acceso carnal abusivo con menor de
14 años agravado.
5. 2) La defensa del señor Cañón Alfaro solicitó la sustitución de la
medida impuesta y, en audiencia de 5 de julio de 2023, el Juzgado 44
Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá la negó. En
2 “Artículo 307. Medidas de aseguramiento. Son medidas de aseguramiento: (…) A. Privativas de la libertad (…) 1.
Detención preventiva en establecimiento de reclusión.”
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su lugar, dispuso la prórroga de la misma3. La anterior decisión fue apelada
por el ahora accionante.
6. 3) Mediante Sentencia de 17 de noviembre de 2023, el Juzgado 42
Penal de Circuito con función de conocimiento de Bogotá condenó a
Omar Francisco Cañón Alfaro como autor del mencionado delito. Decisión
que fue apelada.
7. 4) A través de Sentencia de 4 de marzo de 2024, el Juzgado 18 Penal
de Circuito con función de conocimiento de Bogotá, como juez de
segunda instancia de la solicitud de sustitución de medida de
aseguramiento, revocó la decisión de primer grado y ordenó librar boleta
de libertad a favor de Omar Francisco Cañón Alfaro.
8. 5) El señor Cañón Alfaro presentó un recurso de habeas corpus para
que se ordenara su libertad inmediata pues argumentó que la sentencia
condenatoria proferida en su contra había sido apelada, por lo que no
estaba ejecutoriada. Además, que el Juzgado 42 Penal de Circuito con
función de conocimiento de Bogotá nunca ordenó su captura ni se refirió a
su detención para que cumpliera la pena proferida, de acuerdo a lo
previsto en los artículos 450 y 451 del CPP.
9. De esta manera, indicó que la única medida privativa de la libertad
que le había sido impuesta era la proferida por el Juzgado 16 Penal
Municipal con función de control de garantías de Bogotá. Sin embargo,
que dicha decisión había sido revocada y, por ende, se ordenó su libertad.
10. 6) En Sentencia de 7 de marzo de 2023, el Juzgado 3 Administrativo
de Yopal negó el habeas corpus tras advertir que la medida de
aseguramiento y, con ello, la privación de la libertad, tuvo como sustento
(a) que el investigado compareciera al proceso y no lo obstaculizara, y (b)
evitar un perjuicio a la sociedad y/o a la víctima. No obstante, indicó que
la Corte Suprema de Justicia determinó que el término de 1 año previsto
en el artículo 307 del CPP se interrumpía con la emisión del sentido del fallo
condenatorio o la lectura del mismo, momento en que la medida de
aseguramiento perdía su vigencia. Por ende, en dicha instancia, la
privación de la libertad tenía el fundamento de asegurar el cumplimiento
de la pena4.
11. Manifestó que, aunque la decisión de segundo grado que ordenó
revocar la medida de aseguramiento del accionante fue proferida con
posterioridad a la providencia que lo condenó, los efectos de la medida
3 De acuerdo a lo previsto en el Acta de Audiencia No. 241 de 5 de julio de 2023.
4 Sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de 24 de julio de 2017, AP4711-2017,
Rad. 49734.
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aludida culminaron con el sentido del fallo, de tal manera que el
accionante se encontraba privado de la libertad con ocasión de este
último, esto es, el fallo condenatorio dictado en su contra. Señaló que, a
pesar de que el fallo condenatorio había sido apelado, a la fecha no
existía decisión de segundo grado que hubiera modificado o revocado la
pena impuesta al accionante, por lo que su privación de la libertad no era
ilegal.
12. 7) La anterior decisión fue impugnada por el accionante y, en
Sentencia de 12 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo de Casanare
confirmó la decisión de primer grado. Pese a lo anterior, se estableció que
la solicitud no era procedente, dado que el proceso penal estaba en
segunda instancia ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá,
autoridad a la que le correspondía decidir sobre la condena o cualquier
solicitud relativa a la libertad del accionante y de la que se pretendía
extraer su competencia, por lo que la solicitud desconocía la finalidad,
alcance y naturaleza del habeas corpus.
13. Por otra parte, señaló que se debía distinguir entre la medida de
aseguramiento y la sentencia condenatoria, diferencia que debía conocer
el accionante al estar asistido por un abogado pues, a partir de la decisión
que revocó la medida de aseguramiento se pretendía desconocer la
condena proferida en su contra. Refirió que una lectura adecuada e
integral de lo ocurrido denotaba que el señor Cañón Alfaro no fue privado
ilegalmente de su libertad, pues tal privación se generó en el marco del
proceso penal adelantado en su contra, en el que se dictó un fallo
condenatorio.
14. Como fundamento de la vulneración, el accionante manifestó que
la sentencia de primer grado no tuvo ningún sustento probatorio, pues
dicha autoridad no revisó las actas y audios de las audiencias del proceso
penal llevado a cabo por el Juzgado 42 Penal de Circuito con funciones
de conocimiento de Bogotá. Por ende, no observó que aquella autoridad
no se pronunció sobre su libertad en los términos de los artículos 450 y 451
del CPP5. Este reparo igualmente fue alegado respecto de la sentencia de
segunda instancia.
15. Frente a la decisión de segundo grado, adujo que, si bien se indicó
que el habeas corpus era improcedente porque la Sala Penal del Tribunal
5 “Artículo 450. Acusado no privado de la libertad. Si al momento de anunciar el sentido del fallo el acusado
declarado culpable no se hallare detenido, el juez podrá disponer que continúe en libertad hasta el momento
de dictar sentencia. (…) Si la detención es necesaria, de conformidad con las normas de este código, el juez la
ordenará y librará inmediatamente la orden de encarcelamiento.
Artículo 451. Acusado privado de la libertad. El juez podrá ordenar su excarcelación siempre y cuando los cargos
por los cuales fue encontrado culpable fueren susceptibles, al momento de dictar sentencia, del otorgamiento
de un subrogado penal.”
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Superior de Bogotá era el juez natural para decidir sobre su libertad, dicha
afirmación era errada pues la apelación se concedía en efectos
suspensivos por lo cual se habría utilizado (se trascribe) “jurisprudencia no
aplicable al caso y [se desconoció el] precedente jurisprudencial”, cargo
que encuadró en un defecto sustantivo por (se trascribe) “la errada
interpretación de la jurisprudencia de la corte”. Finalmente, expresó que lo
pretendido era hacer efectiva la orden judicial de libertad dictada en su
favor.
1.2. Posición de la parte demandada y demás vinculados6
16. El Tribunal Administrativo de Casanare manifestó que no había
vulnerado las garantías constitucionales del accionante, ya que la petición
de habeas corpus era improcedente, pues el señor Cañón Alfaro se
encontraba privado de la libertad con ocasión de la sentencia
condenatoria proferida en su contra. Indicó que el proceso penal estaba
en segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá, por lo cual,
como juez constitucional, no podía desplazar las competencias del juez
natural del asunto al que le correspondía decidir sobre la condena y
libertad del aquí accionante. Adujo que realizó una correcta valoración
probatoria bajo las reglas de la sana critica, por lo cual consideró que no
había incurrido en el defecto alegado.
17. El Juzgado 3 Administrativo de Yopal remitió el expediente solicitado,
pero no efectuó pronunciamiento alguno.
18. El Juzgado 42 Penal de Circuito con función de conocimiento de
Bogotá indicó que profirió la sentencia que condenó al hoy accionante,
contra la cual se presentó recurso de apelación, el cual fue concedido.
Afirmó que no vulneró los derechos fundamentales del señor Cañón Alfaro
pues en la audiencia de sentido del fallo señaló que debía seguir privado
de la libertad y cumplir con la pena que le sería impuesta.
19. Además, en la sentencia condenatoria negó la suspensión
condicional de la ejecución de la pena, así como la prisión domiciliaria en
favor del hoy accionante, por lo que expresó que debía continuar privado
de la libertad. Explicó que la anterior decisión fue notificada en estrados a
las partes, por lo cual no era cierta la afirmación, según la cual, dicha
autoridad no había hecho referencia a la detención para el cumplimiento
de la pena.
6 Mediante Auto de 4 de abril de 2024, (1) se admitió la acción de tutela, (2) se tuvo como demandado al
Tribunal Administrativo de Casanare y al Juzgado 3 Administrativo de Yopal, (3) se vinculó a la Fiscalía General
de la Nación - Fiscalía 306 Seccional de Bogotá, al Juzgado 18 Penal del Circuito con función de conocimiento
de Bogotá, al Juzgado 42 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá y a la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá como terceros con interés en el asunto y, (4) se requirió al accionante para que
allegará la siguiente prueba (se trascribe): “2. Audios de audiencia de sentido de fallo y traslado 44”.
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20. El Juzgado 18 Penal de Circuito con función de conocimiento de
Bogotá expresó que una vez profirió sentencia de segunda instancia, en la
que revocó la decisión de primer grado y ordenó la libertad del
accionante, remitió las diligencias al Centro de Servicios Judiciales para
que se ejecutara su orden, sin embargo, le fue informado que no era
posible dar cumplimiento a la misma dado que se había proferido
sentencia condenatoria en contra del señor Cañón Alfaro.
21. Adujo que la finalidad de la medida de aseguramiento desaparecía
al momento de emitirse el sentido del fallo o proferirse sentencia
condenatoria. Indicó que su pronunciamiento guardaba relación con la
medida de aseguramiento impuesta al accionante, pero que la vigencia
de esta se extendía hasta que se anunciara el sentido del fallo, el cual en
el caso en concreto había sido dictado previamente. Por lo anterior,
expresó que no había vulnerado el derecho a la libertad del accionante y
solicitó su desvinculación.
22. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá refirió que la decisión
de segunda instancia estaba pendiente de resolver. Manifestó que, si bien
el 4 de marzo de 2024, el Juzgado 18 Penal de Circuito con función de
conocimiento de Bogotá revocó la decisión de primera instancia y ordenó
la libertad del accionante, este no tuvo en cuenta que, para dicha fecha,
la medida de aseguramiento había perdido su vigencia dado que se
había proferido sentencia condenatoria en su contra, por lo que se
encontraba privado de la libertad por cuenta de esa decisión. Por lo
anterior, solicitó negar el amparo deprecado.
23. La Fiscalía General de la Nación - Fiscalía 306 Seccional de Bogotá,
pese a haber sido debidamente notificada7, guardo silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Solicitud de desvinculación 2.2 identificación de la providencia objeto de
estudio 2.3. Fijación de la controversia. 2.4. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.5. Verificación de defectos y/o afectación a derechos alegada.
2.6. Conclusiones.
2.1. Solicitud de desvinculación
24. En relación con la solicitud de desvinculación presentada por el
Juzgado 18 Penal de Circuito con función de conocimiento de Bogotá, la
Sala la negará porque su vinculación se hizo en calidad de tercero
7 El 11 de abril de 2024, con mensaje de datos enviado el 9 de abril de 2024.
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interesado en el proceso y la eventual decisión de amparo de los derechos
fundamentales que reclama el accionante podría llegar a tener incidencia
en el proceso penal en el que actuó.
2.2. Identificación de la providencia objeto de estudio
25. La Sala centrará su análisis en los reparos planteados frente a la
Sentencia de 12 de marzo de 2024, pues, si bien también se enjuició la
Sentencia de 7 de marzo de 2024, proferida por el Juzgado 3 Administrativo
de Yopal, lo cierto es que, dicha decisión fue impugnada, por lo que la
providencia del Tribunal Administrativo de Casanare fue la que definió de
fondo el litigio. Además, ante una eventual decisión favorable a la solicitud
de amparo, será la autoridad que resolvió la controversia en segunda
instancia, la encargada de dar cumplimiento a lo que se ordene.
2.3. Fijación de la controversia
26. Corresponde determinar, luego de verificados los requisitos de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, si el
Tribunal Administrativo de Casanare, como juez de segunda instancia,
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, libertad e igualdad
del accionante por, presuntamente, incurrir en un (1) defecto fáctico por la
falta de revisión de las actas y/o audios de las audiencias del proceso
penal llevado a cabo en primera instancia; y/o (2) defecto sustantivo por
el desconocimiento del precedente sobre los efectos en los que se
concede la apelación de la condena, de cara a la decisión judicial que
había ordenado su libertad en el marco de la apelación de la prórroga de
la medida de aseguramiento.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial8
27. La Sala considera que, en relación con el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente, la acción de tutela resulta
improcedente por falta de relevancia constitucional9.
8 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-66 de 2019. Así como las Sentencias T-491 de 2014 y SU-350 de 2019, según las cuales (se trascribe)
“Mediante la acción de tutela no puede volver a debatirse lo que se discutió en el marco del proceso de
hábeas corpus, es decir, definir si existió una privación ilegal de la libertad, pero sí se puede examinar si las
providencias que deciden un recurso de hábeas corpus, incurren en algún tipo de defecto que se traduzca en
la violación de los derechos fundamentales de quien interpone la acción de tutela” y “la acción de tutela
contra las providencias dictadas en el marco de la acción constitucional de habeas corpus debe cumplir, en
primera medida, los requisitos genéricos y específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales”, respectivamente.
9 Según la Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional, (se trascribe) “el juez de tutela no puede entrar a
estudiar cuestiones que no tengan una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en la
Sentencia de 5 de agosto de 2014, sostuvo que el requisito en comento requería la conjunción de 2 elementos:
(1) la carga argumentativa del demandante en la que explique la relevancia de la controversia para el juez de
tutela y (2) que la solicitud de amparo no se presente con objeto de obtener una nueva instancia; y que se trate
de una controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad. Asimismo, la Corte
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28. Al respecto, debe indicarse que para que el juez de tutela pueda
estudiar el mencionado defecto, es necesario que se indique, de forma
clara y concreta, las decisiones que presuntamente fueron desconocidas
por la autoridad judicial accionada.
29. No obstante lo anterior, de la revisión del escrito de tutela, la Sala
evidenció que el accionante no desplegó una carga argumentativa
suficiente para hacer notar la relevancia constitucional sobre dichos
reparos. Ello obedece a que el escrito de tutela se limitó a señalar que la
decisión enjuiciada incurrió en el mencionado defecto, pero omitió
precisar el precedente que presuntamente fue desconocido por el Tribunal
accionado. Tal deficiencia es de tal entidad, que no permite al juez de
tutela estudiar de fondo si la decisión enjuiciada incurrió, o no, en la
vulneración de derechos alegada.
30. En relación con el defecto fáctico, la Sala considera que la acción
de tutela es procedente porque: (1) no existe recurso idóneo y eficaz que
permitiera a la parte actora alegar los reparos planteados vía tutela y
procurar la defensa de los derechos presuntamente vulnerados; (2) existió
un plazo razonable entre la notificación de la providencia enjuiciada
(14/3/2024)10 y la presentación de la acción de amparo (22/3/2024); (3) no
se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia se relaciona con una
sentencia de segunda instancia dictada en el marco de una acción
constitucional de habeas corpus; (4) se identificaron de manera clara,
detallada y comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de
ellos; y (5) se advierte que la controversia tiene relevancia constitucional
por tratarse de la presunta afectación de los derechos fundamentales del
demandante, en el marco de un proceso de habeas corpus, en el que se
declaró improcedente dicho mecanismo constitucional por lo que se negó
su libertad. Asimismo, no se advirtió que los argumentos planteados sean
una reiteración de aquellos presentados en el proceso ordinario aunado a
que sobre el defecto indicado se cumplió con la carga argumentativa que
le asistía.
2.5. Verificación de defectos y/o afectación a derechos alegada
31. Por otra parte, la Sala negará el amparo, por no encontrar
configurado el defecto fáctico, por las razones que se explican a
continuación:
Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional tiene por finalidades preservar la competencia e
independencia del juez ordinario, restringir la acción de tutela a asuntos donde se afecten los derechos
fundamentales e impedir que esta se convierta en una instancia adicional [Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de
2019].
10 A través de mensaje de datos enviado el 12 de marzo de 2024.
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32. El demandante alegó un defecto fáctico por la falta de revisión de
las actas y/o audios de las audiencias del proceso penal llevado a cabo
por el Juzgado 42 Penal de Circuito con funciones de conocimiento de
Bogotá11, dado que, según aquel, dicha autoridad judicial no se pronunció
sobre su libertad.
33. Una vez se analizó el expediente del proceso penal, se corroboró
que las actuaciones del Juzgado 42 Penal de Circuito con funciones de
conocimiento de Bogotá se cumplieron conforme con el ordenamiento
jurídico, comoquiera que la autoridad judicial, en la audiencia de juicio
oral llevada a cabo el 9 de agosto de 2023, en la que dictó el sentido del
fallo de carácter condenatorio, expresó que Omar Francisco Cañón Alfaro
debía continuar privado de la libertad.
34. Aunado a ello, en audiencia de lectura de sentencia, realizada el 17
de noviembre de 2023, se indicó que se le impondría al señor Cañón Alfaro
una pena de 192 meses de prisión y que se le inhabilitaría para el ejercicio
de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo. Agregó que, de
acuerdo con la Ley 1098 de 2006, no era posible analizar la suspensión
condicional de la pena y la prisión domiciliaria por prohibición expresa de
la citada norma, por lo que (se trascribe): “En consecuencia, como quiera
que el ciudadano OMAR FRANCISCO CAÑÓN ALFARO se encuentra
actualmente privado de la libertad, se dispone que continúe en esta
condición y cumpla la pena impuesta en esta sentencia en el
establecimiento carcelario que para dichos efectos disponga el INPEC12”.
35. De acuerdo con las actas de audiencia de las anteriores diligencias,
se observó que el señor Cañón Alfaro y su defensor asistieron a las mismas,
por lo cual la afirmación, según la cual el Juzgado 42 Penal de Circuito con
funciones de conocimiento de Bogotá no se había pronunciado sobre la
libertad del accionante, no es cierta.
36. Adicionalmente, no puede perderse de vista que, aunque el Tribunal
Administrativo de Casanare confirmó la decisión de primer grado, lo cierto
es que dicha autoridad, de acuerdo con las consideraciones expuestas en
la Sentencia de 12 de marzo de 2024, declaró improcedente el mecanismo
constitucional en atención a que existe un mecanismo judicial idóneo
como lo era el proceso penal que se está tramitando en segunda
instancia. Por lo anterior, concluyó que no podía desplazar las
competencias del juez natural del asunto.
11 Rad. 11001-60-00-023-2012-01467-00.
12 Sentencia de 17 de noviembre de 2023, Exp 11001-60-00-023-2012-01467-00.
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37. Finalmente, la Sala considera pertinente reiterar lo expuesto por las
autoridades accionadas y los demás intervinientes, en el sentido de que la
medida de aseguramiento tiene vigencia hasta que se conozca el sentido
del fallo o hasta que se dicte sentencia condenatoria.
38. De esta manera, el 9 de agosto de 2023, en audiencia de juicio oral,
se dictó fallo condenatorio en contra del hoy accionante, por lo cual se
dispuso que debía seguir privado de la libertad. Es claro que hasta dicho
momento la medida de aseguramiento tenía vigencia, por lo que la
Sentencia de 4 de marzo de 2024 del Juzgado 18 Penal de Circuito con
función de conocimiento de Bogotá, que revocó la prórroga de dicha
medida y ordenó la libertad del accionante, no producía efecto alguno,
tal y como lo informó el Centro de Servicios Judiciales toda vez que de
manera previa se había emitido fallo condenatorio contra el señor Cañón
Alfaro. En otras palabras, no resultan irracionales y/o desproporcionados, el
análisis y las conclusiones a las que llegó el Tribunal Administrativo de
Casanare, como juez del habeas corpus.
39. En virtud de lo anterior, no cabe duda de que la decisión enjuiciada
no incurrió en el defecto fáctico alegado.
2.6. Conclusión
40. Con fundamento en las razones expuestas, la Sala declarara la
improcedencia de la acción de tutela al no cumplirse con los requisitos de
procedencia frente a los defectos sustantivo y desconocimiento del
precedente y, negara las súplicas de la tutela respecto del defecto
fáctico.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada
por Omar Francisco Cañón Alfaro, respecto de los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente, y NEGAR el defecto fáctico, por las
razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
10 de 11
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01450-00
Demandante: Omar Francisco Cañón Alfaro
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal
fin13.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
13 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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