Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01472-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-01472-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela: fallo de primera instancia
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01472-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-01472-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
18 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01472-00
Accionantes: Magda Viviana Meneses Guataqui
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección C
ACCIÓN DE TUTELA – Fallo de primera instancia
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la señora Magda Viviana
Meneses Guataqui, a través de su apoderado judicial, contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección C y el Juzgado
Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud y las pretensiones
La señora Magda Viviana Meneses Guataqui, en ejercicio de la acción de tutela,
actuando a través de su apoderado judicial, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y de acceso a la
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01472-00
Demandante: Magda Viviana Meneses Guataqui
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia
administración de justicia, que estimó lesionados por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, al proferir el auto de 29 de noviembre de 2023, que confirmó
la decisión de 5 de junio de 2023, emitida por el Juzgado Cincuenta y Seis
Administrativo del Circuito de Bogotá, que negó la medida cautelar solicitada por
la ejecutante, aquí accionante, con ocasión del proceso ejecutivo con radicado
No. 2021-00359-02.
En el escrito de tutela, la parte actora solicita:
“(…) PRIMERA: A través de la presente acción, me permito solicitar como
apoderado de la señora MAGDA VIVIANA MENESES GUATAQUI, para que a
través del procedimiento preferente y sumario establecido en el Decreto 2591 de
1991, con fundamento en el respeto de la DIGNIDAD HUMANA, previsto dentro de
nuestro Estado Social de Derecho, se garantice la protección inmediata de los
derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD SOCIAL,
PRINCIPIOS MÍNIMOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO LABORAL,
SEGURIDAD JURÍDICA EN LAS DECISIONES JUDICIALES y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, según lo establecido en los artículos 29, 48, 53,
83 y 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991.
SEGUNDA: De conformidad con la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINITRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C emitir un nuevo auto,
dentro de un plazo máximo de treinta (30) días calendario, siguientes a la
notificación de la providencia que en el presente proceso se profiera, teniendo como
fundamento la reiterada jurisprudencia emanada de la Corte Constitucional,
revocando la decisión proferida por el JUZGADO 56 ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C., y como consecuencia de ello, decrete como medida
cautelar el embargo y secuestro de los dineros que la SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., identificada con el Nit 900971006 4, posea
en las cuentas del Banco Davivienda, en otras entidades financieras o en la manera
como lo disponga el despacho judicial.
TERCERA: Que para todos los efectos legales se considere que no ha operado el
fenómeno de la prescripción y de la caducidad.
CUARTA: Que se exhorte y se le advierta al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINITRATIVO, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN C; JUZGADO 56 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE BOGOTÁ D.C.; y a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
NORTE E.S.E., que el embargo y secuestro de los recursos provenientes del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, es procedente cuando no se
originen de las cotizaciones de los contribuyentes y se trate (i) del cumplimiento de
obligaciones laborales una vez se constate que los recursos correspondientes a los
ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial no son
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01472-00
Demandante: Magda Viviana Meneses Guataqui
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia
suficientes para el pago de las citadas obligaciones, (ii) el pago de sentencias
judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos
reconocidos en dichas providencias y (iii) el pago de títulos emanados del Estado
que reconocen una obligación clara, expresa y exigible, todo ello a efectos de no
violar los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD SOCIAL,
PRINCIPIOS MÍNIMOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO LABORAL,
SEGURIDAD JURÍDICA EN LAS DECISIONES JUDICIALES y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (…)”. (sic)
2. Los hechos y las consideraciones
La parte actora expuso como fundamento de su solicitud los hechos que se
resumen a continuación1:
Expuso que instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E, pretendiendo el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
y demás derechos laborales causados durante el periodo comprendido entre el
7 de mayo de 2007 al 31 de marzo de 2014, por el tiempo de servicio prestado
en el cargo de Profesional Especializado Grado 08.
Señaló que el conocimiento del asunto correspondió, en primera instancia, al
Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá que, mediante
sentencia de 6 de junio de 2017, accedió a las pretensiones de la demanda.
Decisión confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca través de
fallo de 18 de junio de 2018.
Informó que inició proceso ejecutivo solicitando se libre mandamiento de pago a
su favor y en contra de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.,
para que la entidad ejecutada dé cumplimiento a la sentencia proferida por el
Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C. el
1
Escrito de demanda de tutela visible en el Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI allegado en medio magnético
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01472-00
Demandante: Magda Viviana Meneses Guataqui
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia
22 de febrero de 2017, confirmada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca mediante sentencia del 6 de junio de 2018.
Junto con el escrito de demanda solicitó el embargo y secuestro preventivo de
los dineros de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. que
reposan en cuentas de ahorros, corrientes, C.D.T.S o cualquier otro título o
depósito en los Bancos de Bogotá, Agrario, Popular, Santander, Bancolombia,
Citibank, Scotiabank Colpatria, GNB Sudameris, BBVA, HELM, Occidente,
BCSC, Davivienda, Colpatria Red Multibanca, AV VILLAS, Coomeva y
Pichincha.
El proceso ejecutivo finalizó mediante auto de 25 de febrero de 2022, en el que
se libró mandamiento de pago en contra de la Subred Integrada de Servicios de
Salud Norte E.S.E. y a favor de la ejecutante Magda Viviana Meneses Guataqui,
por COP $462.564.498.
Refirió que, mediante auto del 18 de marzo de 2022, el Juzgado negó la solicitud
de medida cautelar de embargo solicitada, decisión que fue confirmada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en providencia del 22 de junio de 2022.
Aseveró que la medida cautelar fue reiterada de manera insistente y decidida
nuevamente por el Juzgado Cincuenta y Seis, que, mediante autos del 28 de
abril y 5 de junio de 2023, negó la medida cautelar solicitada, decisión confirmada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en providencia del 29 de
noviembre de 2023, aquí recurrida.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01472-00
Demandante: Magda Viviana Meneses Guataqui
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia
3. Consideraciones de la parte actora
La accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al
proferir el auto de 29 de noviembre de 2023, incurrió en vía de hecho por defecto
sustantivo por indebida interpretación normativa pues, a su juicio ‘aplicó
indebidamente las excepciones al “principio de inembargabilidad’. Agregó que la
autoridad judicial no analizó la Ley con un enfoque Constitucional.
3.1 Trámite procesal
Mediante auto de 3 de abril de 2024, se admitió la demanda, se ordenó la
notificación a las autoridades judiciales accionadas, es decir, al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y al
Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo de Bogotá, para los efectos previstos
en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991 y se vinculó a la Subred Integrada de
Servicios De Salud Norte E.S.E de Bogotá D.C.
Posteriormente, a través de auto de 2 de mayo de 2024 se ordenó la vinculación
de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quien fuera parte en el
proceso ordinario referido por tener interés en las resultas del proceso.
4. Cuestión previa
Mediante auto de 2 de mayo de 2024, el Despacho consideró que se pretermitió
la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, mediante escrito allegado
al expediente, solicitó aclarar la naturaleza mediante la cual se le vinculaba al
proceso, toda vez que no tenía claro si era como tercero con interés o como parte
del mismo.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01472-00
Demandante: Magda Viviana Meneses Guataqui
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia
En ese sentido, se pone de presente que la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado (en adelante la Agencia) fue vinculada a este mecanismo
constitucional, atendiendo lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 610 del
Código General del Proceso, en calidad de interviniente, tercero con interés en
la resultas, teniendo en cuenta que en el caso sub examine, se solicitó amparo
frente a una sentencia proferida dentro de un proceso de reparación directa,
donde la demandada es La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional.
La disposición mencionada sostiene que:
“(…) Artículo 610. Intervención de la agencia nacional de defensa jurídica del estado
En los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción, la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, podrá actuar en cualquier estado del proceso, en los
siguientes eventos:
1. Como interviniente, en los asuntos donde sea parte una entidad pública o donde se
considere necesario defender los intereses patrimoniales del Estado (…)”.
Por tanto, en el auto referido el Despacho dispuso:
“(…) Vincúlense, por tener interés directo en el resultado de este proceso, a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que haga las manifestaciones que
considere pertinentes, para lo cual se les otorga un término de dos (2) días contados a
partir del recibo de la comunicación (…)”.
Reiterada la naturaleza de la vinculación de la Agencia, tal como se determinó
en el auto del 2 de mayo de 2024; se precisa que, en todo caso, no existe
obligación legal alguna para los terceros vinculados de emitir un pronunciamiento
sobre los hechos y pretensiones de la solicitud de tutela.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01472-00
Demandante: Magda Viviana Meneses Guataqui
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia
5. Intervenciones
5.1 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sostuvo que, en la
providencia recurrida, se observa que no existe vulneración alguna a los
derechos fundamentales de la accionante; sin embargo, que se somete al juicio
de valoración que realice el juez Constitucional.
5.2 El Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo de Bogotá, relató que
conoció de la demanda presentada bajo el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado No. 2016-00068-00 que presentó la
aquí demandante en contra de la aquí accionada en el que se accedió a las
pretensiones de la demanda.
Manifestó que también conoció del proceso ejecutivo con radicado No. 2021-
00359-00 en el que se solicita se libre mandamiento de pago, con base en la
sentencia de primera instancia proferida por este Despacho el 22 de febrero de
2017 y segunda instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección
Segunda - Subsección C del 6 de junio de 2018, dentro del mencionado proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.
Explicó que, mediante auto del 18 de marzo de 2022, el Despacho negó la
solicitud de medida cautelar de embargo pedida por la parte ejecutante, decisión
que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en
providencia del 22 de junio de 2022.
Expresó que la medida cautelar fue reiterada de manera insistente y decidida
nuevamente por autos del 28 de abril y 5 de junio de 2023, igualmente
conformada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en providencia del
29 de noviembre de 2023.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01472-00
Demandante: Magda Viviana Meneses Guataqui
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia
Argumentó que, por su parte, no queda trámite judicial alguno pendiente por
agotar en relación con la solicitud de medidas cautelares ya que, se han decidido
las solicitudes en ese aspecto, las cuales han sido confirmadas por el superior.
Además, lo que se persigue es que se revoquen las mencionadas decisiones y
se disponga acceder a la medida solicitada.
Reprochó que, el objeto de la presente tiene como centro la revisión de
providencias que se encuentran en firme, sin que ello implique que deban ser
revisadas en una tercera instancia o que hayan sido proferidas incurriendo en
alguna casual específica de procedibilidad o error de derecho.
Concluyó que, el hecho que la parte actora no comparta la decisión de instancias
proferida, desfavorable a sus intereses, por sí misma no conlleva que la decisión
sea violatoria de sus derechos fundamentales.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1°
del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021.
2. Problema Jurídico
La Sala debe decidir si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección C, al proferir el auto de 29 de noviembre de 2023, vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y de acceso
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01472-00
Demandante: Magda Viviana Meneses Guataqui
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia
a la administración de justicia de la tutelante, al incurrir en vía de hecho por
defecto sustantivo.
3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura
reiterada y uniforme de la Corte Constitucional2 y el Consejo de Estado3 ha sido
admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos
generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de
procedencia (defectos).
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1992 y T-079 de
1993, analizó la procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales en los
eventos que se prueba la configuración de una vía de hecho. Dicha posición fue
redefinida por la misma Corporación a través de la sentencia C-590 de 2005,
decisión en la cual se fijaron las reglas de procedibilidad de este mecanismo
constitucional contra decisiones judiciales como se conocen actualmente.
Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia
jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia del Doctor Jorge Octavio
Ramírez, precisó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales,
siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se
cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte
Constitucional, así:
2
Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000,
T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de
2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004,
T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de
2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013,
, T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
3
Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de
agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante:
Alpina Productos Alimenticios S.A.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01472-00
Demandante: Magda Viviana Meneses Guataqui
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia
Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles
en su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo
de la acción de tutela. Estos requisitos son los siguientes: (i) La cuestión que se
discute tiene relevancia constitucional; (ii) Se agotaron todos los medios de
defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) Se cumple el
requisito de inmediatez; (iv) no se argumentó una irregularidad procesal; (v) Se
expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la
providencia bajo estudio; y; (vi) La providencia objeto de la presente acción no
fue dictada dentro de una acción de tutela.
Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales
puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes4: a) Defecto orgánico,
que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) Defecto
procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del
procedimiento establecido; c) Defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir decisión; d)
Defecto material o sustantivo, el cual se origina en el evento en que se decida
con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) Error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por
terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente
judicial y h) Violación directa de la Constitución Política.
Es importante advertir que, si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna
de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para conceder el amparo
constitucional.
4
Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01472-00
Demandante: Magda Viviana Meneses Guataqui
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia
3.1 Defecto sustantivo
La jurisprudencia Constitucional ha considerado que el funcionario judicial
incurre en defecto sustantivo cuando: “(…) (i) la decisión impugnada se funda en
una disposición que ha sido derogada, subrogada o declarada inexequible; (ii) la
aplicación o interpretación que se hace de la norma en el asunto concreto
desconoce la sentencia con efectos erga omnes que ha definido su alcance; (iii)
la decisión impugnada se funda en una disposición que indiscutiblemente no es
aplicable al caso; (iv) cuando la norma pertinente para el asunto en concreto es
desatendida y, por ende, inaplicada; (v) se interpreta una disposición normativa
desbordando el sentido de la misma; y (vi) la interpretación de ésta se hace sin
tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para
efectuar una interpretación sistemática (…)”.
La Corte Constitucional, en sentencia T-284 de 2006 al referirse a la limitación
del principio de la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas,
consideró:
“[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los
funcionarios judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente
de aplicación e interpretación de las normas jurídicas que encuentra su
soporte en el principio de autonomía e independencia judicial no es
absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores, principios y
derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto,
para determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de
interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable
apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia
se administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios
constitucionales que son de forzosa aplicación […]”.
En la sentencia T- 092 de 2008 y T-686 de 2007 la Corte Constitucional, indicó:
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01472-00
Demandante: Magda Viviana Meneses Guataqui
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia
“[…] una decisión judicial adolece de un defecto material o sustantivo en
los siguientes eventos (…) Cuando a pesar del amplio margen
interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse
de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o
desproporcionada) […]”.
4. Caso concreto
4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
La Sala advierte que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
toda vez que el defecto alegado puede llevar consigo una violación de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y de acceso a
la administración de justicia; los cuales constituyen bienes jurídicos
constitucionalmente amparados.
No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial con los
cuales la parte accionante pueda lograr la protección de los derechos invocados,
pues esta decisión proferida dentro del proceso ejecutivo no permite su
impugnación.
Respecto al cumplimiento del requisito de inmediatez, se observa que la
providencia cuestionada, proferida en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, esto es, el auto de 29 de noviembre de 2023,
se notificó el 4 de diciembre de 2023 y la demanda de tutela se presentó el 22
de marzo de 2024, es decir, dentro de un término prudencial.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01472-00
Demandante: Magda Viviana Meneses Guataqui
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia
Adicionalmente, se observa que la accionante plantea de forma clara los hechos
por los cuales considera que se vulneran sus derechos fundamentales; y que la
providencia que se cuestiona en el asunto de la referencia no fue proferida dentro
de una acción de tutela, sino que se dictó dentro de un proceso ejecutivo.
4. 2. Análisis de las causales específicas de procedibilidad
La señora Magda Viviana Meneses Guataqui, en ejercicio de la acción de tutela,
actuando a través de su apoderado judicial, plantea la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y de acceso a
la administración de justicia, por parte del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por cuanto al proferir el auto de 29 noviembre de 2023, incurrió
en vía de hecho por defecto sustantivo por indebida aplicación normativa, pues,
a su juicio, aplicó indebidamente las excepciones al principio de
inembargabilidad y, reprochó que la autoridad judicial no analizó la Ley con un
enfoque Constitucional.
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera pertinente
revisar los argumentos expuestos por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en la decisión de 29 de noviembre de 2023, en los que consideró:
“(…) En principio, este auto que niega nuevamente la medida cautelar,
atendiendo al inciso final del artículo 233 del CPACA, no sería apelable. Sin
embargo, como fue concedido, la sala, lo ha estudiado y tal como se manifestó
líneas atrás, mediante auto calendado el 22 de junio de 2022, este Tribunal
confirmó el auto proferido el 18 de marzo de 2022 por el Juzgado 56
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que negó el decreto de una
medida cautelar deprecada por el apoderado de la señora Magda Viviana
Meneses Guataqui.
Así mismo se observa que en la petición inicial de medida cautelar como en la
solicitud que dio origen al auto ahora apelado, la parte ejecutante solicita el
embargo y secuestro de los dineros que la Subred Integrada de Servicios de
Salud Norte E.S.E. tiene en unas cuentas de ahorros, corrientes, CDT´s o
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01472-00
Demandante: Magda Viviana Meneses Guataqui
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia
cualquier otro título de depósito indeterminado, teniendo en cuenta que la
obligación reclamada recae sobre créditos laborales que buscan efectivizar el
derecho al trabajo y que se encuentran contenidos en sentencias judiciales que
contienen obligaciones claras expresas y exigibles.
En ese orden de ideas y teniendo en cuenta que los argumentos que soportan la
medida cautelar siguen siendo los mismos, el Tribunal reitera lo dicho en el auto
del 22 de junio de 2022, según el cual, los supuestos analizados en el presente
asunto, no están dentro de las excepciones y criterios que ha expuesto la Corte
Constitucional respecto a la inembargabilidad de los recursos que integran el
Presupuesto General de la Nación.
Sea del caso señalar que si bien, en la última solicitud de medida cautelar, la
parte ejecutante allega una certificación en la que se indican los datos de las
cuentas bancarias que existen en el Banco Davivienda a nombre de la Subred
Integrada de Servicios de Salud Norte, esta circunstancia no modifica el criterio
aplicado en el presente asunto, pues se reitera no existe mérito para decretar la
medida cautelar deprecada (…)”. (Sic) (Cursivas y subrayas ajenas al texto
original).
Revisado el contenido de la providencia acusada, la Sala observa que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con el fin de determinar si el auto proferido el
5 de junio de 2023 por el Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, por medio del cual negó la solicitud de embargo y secuestro
de los dineros que la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. tiene
en unas cuentas de ahorros, corrientes, CDT´s o cualquier otro título de depósito
indeterminados; se encuentra o no ajustado a derecho, realizó el siguiente
análisis fáctico, normativo y jurisprudencial.
Advirtió que en principio, el auto que niega nuevamente la medida cautelar, no
sería apelable de conformidad con el inciso final del artículo 233 del CPACA5,
sin embargo como fue concedido, asumió su conocimiento.
5
“Artículo 233. Procedimiento para la adopción de las medidas cautelares
(…)
Cuando la medida haya sido negada, podrá solicitarse nuevamente si se han presentado hechos sobrevinientes y en
virtud de ellos se cumplen las condiciones requeridas para su decreto. Contra el auto que resuelva esta solicitud no
procederá ningún recurso”.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01472-00
Demandante: Magda Viviana Meneses Guataqui
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia
De manera que, observó que en la petición inicial de medida cautelar, como en
la solicitud que dio origen al auto ahora apelado, la parte ejecutante solicita el
embargo y secuestro de los dineros que la Subred Integrada de Servicios de
Salud Norte E.S.E. tiene en unas cuentas de ahorros, corrientes, CDT´s o
cualquier otro título de depósito indeterminado, teniendo en cuenta que la
obligación reclamada recae sobre créditos laborales que buscan efectivizar el
derecho al trabajo y que se encuentran contenidos en sentencias judiciales que
contienen obligaciones claras expresas y exigibles.
Por lo anterior, precisó que como los argumentos que soportan la medida
cautelar siguen siendo los mismos, sin evidenciarse hechos sobrevinientes, lo
propio es confirmar la negativa, en tanto los supuestos analizados en dicho
asunto, no están dentro de las excepciones y criterios que ha expuesto la Corte
Constitucional respecto a la inembargabilidad de los recursos que integran el
Presupuesto General de la Nación.
Agregó que, aunque en la última solicitud de medida cautelar, la parte ejecutante
allega una certificación en la que se indican los datos de las cuentas bancarias
que existen en el Banco Davivienda a nombre de la Subred Integrada de
Servicios de Salud Norte, esta circunstancia no modifica el criterio aplicado en el
asunto sub examine.
Al respecto, informó que, si bien las entidades que conforman el Presupuesto
General de la Nación, como es el caso de la entidad ejecutada, se rigen por el
principio de inembargabilidad, se resalta que en virtud de lo señalado en
jurisprudencia proferida tanto por el Consejo de Estado como por la Corte
Constitucional existen unas excepciones a tal principio, como lo son los cobros
compulsivos de:
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01472-00
Demandante: Magda Viviana Meneses Guataqui
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia
1. Sentencias dictadas por la jurisdicción administrativa.
2. Créditos laborales contenidos en actos administrativos
3. Créditos provenientes de contratos estatales.
Resaltó que, sin embargo, la parte ejecutante, aquí accionante, al solicitar la
medida cautelar, no especificó las cuentas de las entidades bancarias en donde
reposan las misma y cuyo titular se afirmó corresponde a la accionada y que
requiere sean objeto de embargo y retención de dineros, con el fin de respaldar
el pago de la obligación que dentro del presente proceso pueda generarse.
Pues bien, de lo expuesto, la Sala observa que la señora Magda Meneses, inició
proceso ejecutivo, solicitando que se libre mandamiento de pago, con base en la
condena proferida en la sentencia del 6 de junio de 2018, emitida dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 2016-00068-
00.
El proceso ejecutivo finalizó mediante auto de 25 de febrero de 2022, en el que
se libró mandamiento de pago en contra de la Subred Integrada de Servicios de
Salud Norte E.S.E. y a favor de la ejecutante Magda Viviana Meneses Guataqui,
por las siguientes sumas y conceptos:
-$4.492.181 por diferencia de prima de antigüedad
-$40.701.794 por diferencia de prima técnica
-$14.832.817 por diferencia de prima vacaciones
-$1.712.598 por diferencia de bonificación especial por recreación
-$9.084.041 por diferencia de bonificación por servicios prestados
-$40.448.827 por diferencia de prima semestral
-$38.149.988 por prima de navidad
-$41.068.058 por cesantías
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01472-00
Demandante: Magda Viviana Meneses Guataqui
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia
-$4.672.519 por intereses a las cesantías
-$3.789.603 por reconocimiento por permanencia
-$33.849.356 por aportes en salud
-$47.787.322 por aportes a pensión
-$181.975.400 por intereses de mora
Para un total de cuatrocientos sesenta y dos millones quinientos sesenta y cuatro
mil cuatrocientos noventa y ocho pesos (COP $462.564.498).
Ante la ausencia de pago por parte de la entidad ejecutada, la aquí accionante
solicitó el embargo y secuestro de los dineros que la Subred posea en cuentas
de ahorros corrientes, CDTS o cualquier título o depósito, en los Bancos de
Bogotá, Agrario, Popular, Santander, Bancolombia, Citibank, Scotiabank
Colpatria, GNB Sudameris, BBVA, Helm, Occidente BCSC, Davivienda,
Colpatria Red Multibanca, AV VILLAS, Coomeva y Pichincha.
El Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo de Bogotá mediante auto de 18 de
marzo de 2022, decidió negar el decreto de las medidas cautelares porque la
parte ejecutante no especificó las cuentas de las entidades bancarias en donde
reposan las mismas y su naturaleza, bajo los siguientes argumentos:
“(…) Así las cosas, como en el presente asunto se está ejecutando a la demandada por
una sentencia emitida por esta jurisdicción, es claro que la presente acción se encuentra
incursa dentro de la primera excepción al principio de inembargabilidad antes
mencionado, esto es, cobros compulsivos de sentencias dictadas por la jurisdicción
contencioso-administrativa, por lo que procede la medida cautelar solicitada por el
apoderado del ejecutante.
Sin embargo, la parte ejecutante al solicitar la medida cautelar no especificó las cuentas
de las entidades bancarias en donde reposan las misma y cuyo titular se afirmó
corresponde a la accionada y que requiere sean objeto de embargo y retención de
dineros, con el fin de respaldar el pago de la obligación que dentro del presente proceso
pueda generarse.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01472-00
Demandante: Magda Viviana Meneses Guataqui
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia
Así las cosas, como quiera que el inciso final del artículo 83 del Código General del
Proceso prescribe que “en las demandas en que se pidan medidas cautelares se
determinarán las personas o los bienes objeto de ellas, así como el lugar donde se
encuentran” (Destaca el Despacho), en el estado actual en que se encuentra la solicitud
no es procedente acceder al decreto de la medida cautelar consistente en el embargo
de cuentas bancarias a titularidad de la demandada, por cuanto la parte ejecutante no
cumplió con su carga, esto es, suministrar los números de las cuentas bancarias que
pretende sean objeto de embargo, información necesaria y de vital importancia a efectos
de que la entidad financiera cuente con la precisión del caso para efectuar el registro de
la misma.
Adicionalmente, es de anotar que, conforme lo establece el parágrafo del artículo 594 el
mismo estatuto, los funcionarios judiciales o administrativos deben abstenerse de
decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables, razón por la que, se insiste,
para acatar lo allí dispuesto, se requiere de la información precisa de lo que se pretende
embargar para identificar las cuentas y la naturaleza de los recursos que en ellas se
depositan (…)”.
Por lo anterior, la accionante apeló dicha decisión ante el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca que, mediante auto de 22 de junio de 2022, confirmó la
providencia recurrida.
Por segunda vez la señora Magda Meneses solicitó como medida cautelar el
embargo y secuestro de los dineros que la Subred posea en cuentas de ahorros
corrientes, CDTS o cualquier título o depósito en los bancos anteriormente
mencionados y el Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo de Bogotá; no
obstante, mediante auto de 28 de abril de 2023, negó la solicitud, bajo los
mismos argumentos.
Finalmente, la aquí accionante presentó otra solicitud de medidas cautelares,
consistente en el embargo y secuestro de las cuentas bancarias que posea la
entidad ejecutada, esta vez, refiriendo cuentas ahorros y corrientes,
argumentado que “(…) Lo anterior se realiza, en cumplimiento a lo dispuesto en auto
de fecha 28 de abril de los corrientes, en la cual se exige identificar las cuentas bancarias
en las que se encuentran los dineros cuyo embargo se pretende. Para tales efetos,
adjunto certificado de fecha 5 de enero de 2023 expedido por el gerente de la SUBRED
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01472-00
Demandante: Magda Viviana Meneses Guataqui
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., en donde se describen las
cuentas relacionadas precedentemente (…)”.
El Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo de Bogotá, mediante auto de 5 de
junio de 2023, negó la solicitud de medida cautelar con base en que:
“(…) La medida se niega teniendo en cuenta que el peticionario insiste en el embargo y
secuestro preventivo de los dineros de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte
E.S.E. que reposan en las entidades bancarias que menciona y sobre las cuentas que
identifica, es decir, que contiene los mismos argumentos de la medida inicialmente
solicitada, la cual fue negada por este Despacho y confirmada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en providencias del 18 de marzo y 22 de junio de 2022
(archivos 002, 006 y 017 MC1), inicialmente por no cumplir lo dispuesto en el artículo 83
del Código General del Proceso – CGP, como también por el principio de
inembargabilidad de los bienes del Estado (…)”.
(Subrayas y cursivas fuera de texto).
Pues bien, se observa que, la autoridad judicial accionada nuevamente le negó
la solicitud de medidas cautelares, por lo que la señora Magda Meneses apeló
la decisión y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de auto 29 de
noviembre de 2023, confirmó la negativa, explicando lo siguiente:
“(…) En principio, este auto que niega nuevamente la medida cautelar, atendiendo al
inciso final del artículo 233 del CPACA, no sería apelable. Sin embargo, como fue
concedido, la sala, lo ha estudiado y tal como se manifestó líneas atrás, mediante auto
calendado el 22 de junio de 2022, este Tribunal confirmó el auto proferido el 18 de marzo
de 2022 por el Juzgado 56 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que negó el
decreto de una medida cautelar deprecada por el apoderado de la señora Magda Viviana
Meneses Guataqui.
Así mismo se observa que en la petición inicial de medida cautelar como en la solicitud
que dio origen al auto ahora apelado, la parte ejecutante solicita el embargo y secuestro
de los dineros que la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. tiene en unas
cuentas de ahorros, corrientes, CDT´s o cualquier otro título de depósito indeterminado,
teniendo en cuenta que la obligación reclamada recae sobre créditos laborales que
buscan efectivizar el derecho al trabajo y que se encuentran contenidos en sentencias
judiciales que contienen obligaciones claras expresas y exigibles.
En ese orden de ideas y teniendo en cuenta que los argumentos que soportan la
medida cautelar siguen siendo los mismos, el Tribunal reitera lo dicho en el auto del
22 de junio de 2022, según el cual, los supuestos analizados en el presente asunto,
no están dentro de las excepciones y criterios que ha expuesto la Corte
Constitucional respecto a la inembargabilidad de los recursos que integran el
Presupuesto General de la Nación (…)”.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01472-00
Demandante: Magda Viviana Meneses Guataqui
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia
( Cursivas y subrayas fuera de texto).
Bajo estas consideraciones, la Sala observa que la autoridad judicial accionada,
adujo que para el caso de la señora Magda Viviana Meneses no constituye una
excepción al principio de inembargabilidad; lo que muestra que la situación o las
condiciones en que solicita el embargo referido, son las mismas.
De manera que, en lo referente al cargo de vía de hecho por presunta indebida
aplicación normativa, alegada por la accionante, señalando que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca argumentó indebidamente las excepciones al
principio de inembargabilidad; la Sala observa que la autoridad judicial analizó la
norma contenida en el artículo 594 del Código General del Proceso, por remisión
del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 que indica:
“(…) “ARTÍCULO 594. BIENES INEMBARGABLES. Además de los bienes
inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán
embargar:
1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación
o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías
y recursos de la seguridad social.
(…) PARÁGRAFO. Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de
decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por
ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable,
deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia.
Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la
cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepción, el
destinatario de la orden de embargo, se podrá abstener de cumplir la orden judicial o
administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos. En tal evento, la
entidad destinataria de la medida, deberá informar al día hábil siguiente a la autoridad
que decretó la medida, sobre el hecho del no acatamiento de la medida por cuanto dichos
recursos ostentan la calidad de inembargables. La autoridad que decretó la medida
deberá pronunciarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de envío de
la comunicación, acerca de si procede alguna excepción legal a la regla de
inembargabilidad. Si pasados tres (3) días hábiles el destinatario no se recibe oficio
alguno, se entenderá revocada la medida cautelar.
En el evento de que la autoridad judicial o administrativa insista en la medida de
embargo, la entidad destinataria cumplirá la orden, pero congelando los recursos en una
cuenta especial que devengue intereses en las mismas condiciones de la cuenta o
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01472-00
Demandante: Magda Viviana Meneses Guataqui
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia
producto de la cual se produce el débito por cuenta del embargo. En todo caso, las sumas
retenidas solamente se pondrán a disposición del juzgado, cuando cobre ejecutoria la
sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que así lo ordene.”
De igual forma, que en el artículo 48 constitucional que consagra la seguridad
social como un servicio público de carácter obligatorio, indica que no se podrán
destinar o utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para
fines diferentes a esta.
En el caso sub lite el Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo negó la medida
cautelar solicitada por la accionante, posteriormente confirmada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, bajo el argumento que el artículo 83 de la Ley
1564 de 2012 establece que:
“(…) ARTÍCULO 83. REQUISITOS ADICIONALES. Las demandas que versen sobre
bienes inmuebles los especificarán por su ubicación, linderos actuales, nomenclaturas
y demás circunstancias que los identifiquen. No se exigirá transcripción de linderos
cuando estos se encuentren contenidos en alguno de los documentos anexos a la
demanda.
Cuando la demanda verse sobre predios rurales, el demandante deberá indicar su
localización, los colindantes actuales y el nombre con que se conoce el predio en la
región.
Las que recaigan sobre bienes muebles los determinarán por su cantidad, calidad, peso
o medida, o los identificarán, según fuere el caso.
En los procesos declarativos en que se persiga, directa o indirectamente, una
universalidad de bienes o una parte de ella, bastará que se reclamen en general los
bienes que la integran o la parte o cuota que se pretenda.
En las demandas en que se pidan medidas cautelares se determinarán las personas o
los bienes objeto de ellas, así como el lugar donde se encuentran (…)”.
(Subrayas y cursivas fuera de texto).
De lo anterior se puede concluir que la autoridad judicial accionada, no vulneró
el derecho fundamental al debido proceso, ni de acceso a la administración de
justicia de la señora Magda Meneses por indebida interpretación normativa, pues
la decisión de confirmar la negativa de la solicitud de embargo y secuestro de los
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01472-00
Demandante: Magda Viviana Meneses Guataqui
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia
dineros que la Subred Integrada posea en diferentes entidades bancarias, se
soportó en un estudio razonable de los hechos, las pruebas allegadas al proceso,
la normativa y jurisprudencia aplicable al caso.
Bajo estas consideraciones, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada,
en ejercicio de los principios de autonomía funcional, independencia y sana
crítica, efectuó un alcance probatorio coherente y válido de las pruebas
allegadas, un estudio de la normativa y jurisprudencia aplicable al caso, que, a
pesar de no resultar satisfactorias en su integridad a la parte accionante, no
permiten colegir que su actuación fue contraria a derecho.
En este orden, se debe señalar que los argumentos alegados por la parte
demandante en el escrito de tutela, demuestran su inconformidad con la
actuación y decisión adoptada por la autoridad judicial demandada, sin acreditar
irregularidades de orden constitucional en las que presuntamente incurrió; por
tal razón, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de
la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite del proceso ejecutivo,
con el único propósito de obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses.
Así las cosas, se concluye que la sentencia de 29 de noviembre de 2023 no
vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, por
cuanto no se evidencia en su contenido, un análisis arbitrario, infundado o
caprichoso ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que
constituya una vía de hecho por defecto sustantivo que amerite la intervención
del juez de tutela.
III DECISIÓN
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01472-00
Demandante: Magda Viviana Meneses Guataqui
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia
Por las razones expuestas, la Sala considera que, en el presente asunto, la parte
actora no acreditó que la sentencia de 29 de noviembre de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección
C, dentro del proceso ejecutivo, hubiere incurrido en alguna de las causales
especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
Por tal motivo se negará la solicitud de amparo invocada por la tutelante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO. – NEGAR el amparo de tutela solicitado por la señora Magda Viviana
Meneses Guataqui, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.
SEGUNDO. – De no ser recurrida la presente providencia, por Secretaría remitir
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica
mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el
sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Discutida y aprobada en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01472-00
Demandante: Magda Viviana Meneses Guataqui
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(Ausente con permiso)
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.