Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01475-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01475-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01475-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
20 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veinte (20) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01475-00
Accionante: LUCÍA LIBREROS DE SÁNCHEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE VALLE DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (PRIMERA INSTANCIA)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos de
procedibilidad / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - No se cumple con el requisito
porque se pretende convertir la acción de tutela en una instancia adicional del
proceso ordinario.
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela instaurada
por la señora Lucía Libreros de Sánchez, de conformidad con el Decreto 333 de
20211.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 22 de marzo de 2024, la señora Lucía Libreros de Sánchez, a través de
apoderado2, presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Valle
1 “Artículo 1°. (…) Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción
donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se
produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: (…) Las acciones de tutela dirigidas contra
los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo
superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada.”
2 Poder que obra a folios 1 al 7 del documento denominado “2_DemandaWeb_Poder(.pdf) NroActua
2” que obra a índice 2 de Samai.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01475-00
Accionante: Lucía Libreros de Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
del Cauca con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
mínimo vital, igualdad, vida digna, seguridad social, debido proceso, y salud.
Hechos relevantes
2. La señora Lucía Libreros de Sánchez contrajo matrimonio con Carlos
Hernando Sánchez Muñoz el 30 de marzo de 1970, vínculo que se mantuvo vigente
hasta el fallecimiento de este último, el 2 de octubre de 2010. Además, mediante
resolución N.º 30191 del 4 de julio de 2008, Cajanal le había reconocido al señor
una pensión vitalicia de vejez por una cuantía de $1’137.046,92 al 7 de octubre de
2007.
3. Mediante reclamación administrativa, la actora solicitó a la Unidad de Gestión
Pensional y Parafiscales -en adelante UGPP- el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes por la muerte de su cónyuge. Sin embargo, mediante Resolución
PAP 048676 del 15 de abril de 2011 la entidad negó la solicitud, por considerar que
la señora Amanda Vallejo Bonilla había solicitado el otorgamiento de la misma
pensión, alegando ser la compañera permanente del señor Sánchez Muñoz.
4. Inconforme con la decisión, la señora Amanda Vallejo promovió proceso
ordinario laboral en contra de la UGPP, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado
20 Laboral de Bogotá, que en sentencia de primera instancia accedió a las
pretensiones en favor de las señoras Amanda Vallejo y Lucía Libreros.
5. La anterior decisión fue apelada por la UGPP, y en segunda instancia la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá declaró la nulidad de todo lo actuado por
falta de jurisdicción, conservando la validez de las pruebas recaudadas.
6. En cumplimiento de lo anterior, el proceso llegó al Juzgado Tercero
Administrativo de Cartago. Así, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, la señora Amanda Vallejo reformó la demanda y
solicitó la declaratoria de nulidad de la Resolución PAP 048676 del 15 de abril de
2011, mediante la cual se le negó a ella y a Lucía Libreros el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes.
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01475-00
Accionante: Lucía Libreros de Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
7. En sentencia del 30 de septiembre de 2021, el juzgado negó las pretensiones
de la demanda, argumentando que no se acreditó por parte de la señora Amanda
Vallejo la convivencia continua durante los 5 años inmediatamente anteriores a la
muerte del causante. Además, frente a la litisconsorte de ese proceso, la señora
Lucía Libreros, consideró que tampoco logró acreditar los requisitos previstos en los
literales a) y b) del artículo 47 de la ley 100 de 1993, para hacerse acreedora de la
pensión de sobrevivientes.
8. La anterior decisión fue apelada por Amanda Vallejo y por Lucía Libreros ante
el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, el que, por medio de providencia del
31 de agosto de 2023 -notificada el 22 de septiembre de 2023-, confirmó la decisión
de primera instancia.
Pretensiones
9. Solicita la parte accionante lo siguiente:
“[...]
REVOCAR el fallo proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo de
la oralidad del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la demanda
dentro del proceso cuyo radicado está identificado con el número 76-147-
33-33-001-2017-00064-00.
“ORDENAR al Tribunal Contencioso Administrativo de la oralidad del Valle
del Cauca a proferir una nueva sentencia que reconozca el derecho que le
asiste a la señora LUCIA LIBREROS DE SÁNCHEZ de gozar de la
sustitución de la pensión de vejez que le fue reconocida a su esposo por la
extinta Cajanal, sustituida por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
UGPP.
“En dicha sentencia se CONDENE a la demandada UGPP, a reconocer y
pagar cada una de las mesadas ordinarias y adicionales de la pensión
sustitutiva a la señora Lucia libreros de Sánchez en su calidad de cónyuge
sobreviviente a partir del 03 de octubre día siguiente del fallecimiento del
señor CARLOS HERNANDO SÁNCHEZ MUÑOZ.
[...]”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01475-00
Accionante: Lucía Libreros de Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
Fundamentos de la demanda de tutela
10. Luego de transcribir distintos extractos de sentencias de la Corte
Constitucional, del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia,
relacionados con la pensión de sobrevivientes, la parte actora planteó que el
accionado incurrió en un defecto sustantivo o material, por haber llevado a cabo una
interpretación contraevidente, irrazonable y desproporcionada del artículo 47 de la
ley 100 de 1993. Según la accionante, el Tribunal se apartó del precedente respecto
de este punto en particular, pues en la sentencia se argumentó que solo cuando el
pensionado haya causado la pensión cobra relevancia el tiempo de convivencia
para evitar fraudes al sistema pensional y proteger al núcleo familiar de
reclamaciones artificiosas.
11. De otra parte, acusó en la demanda el presunto desconocimiento del
precedente constitucional, en tanto que la sentencia atacada aplicó un análisis
exegético del artículo 47 de la ley 100 de 1993, pues el juzgador supuestamente
desconoció que los 5 años continuos de convivencia que se le exigen a la cónyuge
sobreviviente con separación de hecho pueden haber ocurrido en cualquier época.
12. También indicó la actora que se presentó una violación directa de la
constitución, dado que las sentencias de primera y segunda instancia
desconocieron el principio de igualdad, pues en dichas decisiones se hizo una
distinción entre los beneficiarios de los pensionados y los de los afiliados que
fallecen, siendo que, en realidad, la sustitución pensional y la pensión de
sobrevivientes comparten el mismo fin y objeto.
Trámite en primera instancia
13. Mediante auto del 2 de abril de 2024, el despacho sustanciador admitió la
tutela de la referencia, ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
como demandado y vinculó al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Cartago, a la señora Amanda Vallejo Bonilla, a la UGPP y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado como terceros intervinientes. Además, ordenó al
referido juzgado que remitiera en medio digital el expediente del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho de radicado 76-147-33-33-001-2017-00064-00/01.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01475-00
Accionante: Lucía Libreros de Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
14. Ante la evidencia de que no se pudo llevar a cabo la notificación personal del
auto admisorio a la señora Amanda Vallejo Bonilla3, el 16 de abril de 2024 se publicó
aviso a la comunidad en el que se informó sobre la admisión de la presente acción.
Posteriormente, la parte actora suministró nuevos datos de notificación de la señora,
por lo que la notificación personal también se llevó a cabo mediante envío de
mensaje de datos del 24 de abril de 2024.
Intervenciones
15. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca solicitó “denegar las
súplicas de la presente acción de tutela”. Manifestó que la acción constitucional no
está diseñada para afectar el trámite o las decisiones de los procesos ordinarios, y
que no se puede permitir a las partes “cuestionar a través de una acción de tutela
asuntos que ya fueron dilucidados al interior de la jurisdicción especializada”. Añadió
que, en la providencia que se cuestiona, se acataron los postulados normativos y
jurisprudenciales aplicables al caso concreto, se dio aplicación a criterios
hermenéuticos y de la sana crítica, y se tuvieron en cuenta todos los elementos de
juicio allegados durante el proceso.
16. Por su parte, la UGPP solicitó que se declare la improcedencia de la acción.
A su juicio, este no es el mecanismo judicial idóneo para cuestionar una sentencia
que se profirió legalmente, en la que de forma acertada se negó el reconocimiento
pensional pretendido. Argumentó que no se cumple el requisito de la relevancia
constitucional, pues la parte actora busca utilizar la tutela como una tercera instancia
del proceso ordinario, pues en realidad no existe ninguna vulneración de derechos
por parte de los despachos judiciales accionados. Finalmente, indicó que en este
caso tampoco se cumple con el requisito de subsidiariedad, en tanto la accionante
aún cuenta con el recurso extraordinario de revisión.
17. Los demás intervinientes guardaron silencio.
3 Ver constancia secretarial del 15 de abril de 2024, que obra en el folio 1 del documento denominado
“36CONSTANCIASECR_CONSTANCIASECRETARIA(.pdf) NroActua 16”, que obra en índice 16 de
Samai.
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01475-00
Accionante: Lucía Libreros de Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
II. C O N S I D E R A C I O N E S
18. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en la
presente acción, por cuanto no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional.
19. La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia
constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de competencia
del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos fundamentales e c)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces4.
20. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar dos elementos, a saber5: i) Que el actor cumpla su carga
argumentativa de justificar suficientemente la relevancia constitucional por
vulneración de derechos fundamentales, pues no basta aducir la vulneración de
estos derechos y ii) que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, dado que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
21. Revisada la demanda, se evidencia que la señora Lucía Libreros de Sánchez
acudió a la acción de tutela con el propósito de reabrir el debate jurídico y probatorio
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la UGPP,
cuando lo cierto es que, el mecanismo judicial de protección de derechos
fundamentales no comporta una instancia adicional del proceso ordinario.
22. Tan evidente resulta que la accionante busca un nuevo análisis de los
aspectos definidos por los jueces de instancia, que todos los argumentos que
4 Corte Constitucional, Sentencia T–422 del 16 de octubre del 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01
(IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01475-00
Accionante: Lucía Libreros de Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
presentó en esta acción están dirigidos a insistir en que las providencias
cuestionadas contienen una errónea interpretación del artículo 47 de la ley 100 de
1993, modificado por el artículo 13 de la ley 797 de 2003, indicando que, al tratarse
de esposos separados de hecho con sociedad conyugal vigente, si se demuestra la
convivencia por más de cinco años continuos en cualquier época, se tiene derecho
a la pensión de sobrevivientes. Así lo expuso en el recurso de apelación6 interpuesto
contra la providencia del 30 de septiembre de 2021, por medio de la cual el Juzgado
Tercero Administrativo de Cartago negó las pretensiones de la demanda, en el que
manifestó lo siguiente (transcripción literal):
“[…] 3. El despacho trae como soporte jurídico no solamente el articulo 13 de la
Ley 797 de 2003, sino que se apoya en sentencias anteriores al año 2010 y no
ha tenido para el caso concreto las ultimas sentencias de las altas Cortes, Corte
Suprema de justicia, Corte Constitucional y Consejo de Estado, las cuales han
variado ostensiblemente y se han hecho pronunciamientos y doctrina en
aplicación de la Constitución Política, haciendo un estudio de la norma aplicable
al caso que hoy nos ocupa.
4. Por otra parte no encuentro coherencia en lo dicho por el despacho sobre el
no cumplimiento de la convivencia de los últimos 5 años anteriores al
fallecimiento del causante de la prestación ya que en conclusión ese fue el
argumento para denegarle el derecho a que la señora LUCIA LIBREROS DE
SANCHEZ, sea beneficiaria de la pensión de sobreviviente a la cual tiene
derecho.
Y es que según el texto citado por el despacho se trata de la Sentencia C-1035
de 2008, la cual determinó su exequibilidad condicionada en el entendido de
que además de la esposa o esposo, serán también beneficiarios, la compañera
o compañero permanente lo dicho se encuentra en la providencia recurrida a
folio 13 inciso 2 y en el folio14 inciso primero y transcribe apartes de una
providencia del Consejo de Estado en el cual se afirma que el hecho de estar
separados los cónyuges no es razón para denegar el derecho a la sustitución
de la pensión. Literalmente dice “la separación de hecho no resta efectos a la
sociedad patrimonial existente entre el causante y su cónyuge sobreviviente,
dado que los haberes del matrimonio siguen produciendo efectos jurídicos”.
ESTUDIO Y REAL INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 797 DE
2003, A LA LUZ DE LAS ALTAS CORTES. CONVIVENCIA SIMULTÁNEA
ENTRE EL CAUSANTE, LA CÓNYUGE Y LA COMPAÑERA PERMANENTE,
LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE SE LE CONCEDÍA A LA ESPOSA.
El Consejo de Estado concluyó que cuando se presenta una convivencia
simultánea entre el causante y la (el) cónyuge y la (el) compañera (o)
permanente, ambos tenían igual derecho a percibir la sustitución pensional del
6 Visible a folios 1 al 10 del documento denominado “RecursoApelaciónTerceroInteresado.2.2017-
064.pdf” del expediente digital del proceso ordinario remitido por el Juzgado 3 Administrativo de
Cartago, visible a índice 9 de Samai.
7
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01475-00
Accionante: Lucía Libreros de Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
fallecido dado que “los derechos a la seguridad social comprenden de la misma
manera tanto al cónyuge como al compañero o compañera permanente y a que
el artículo 42 de la Constitución Nacional protege la institución familiar surgida
tanto del vínculo matrimonial como de la relación marital de hecho”.
(…)
Específicamente, sobre la convivencia, el órgano de cierre de la jurisdicción
ordinaria ya ha concluido en reiterada jurisprudencia que los cinco años que
prevé la norma nueva no necesariamente deben cumplirse con anterioridad al
momento del fallecimiento.
Este pronunciamiento permitió a la compañera permanente acceder a ser
beneficiaria de la pensión de sobrevivientes o de la sustitución pensional y,
además, diseñó una fórmula de distribución de la mesada pensional cuando se
comprobara una convivencia simultánea, lo que fue posteriormente desarrollado
por la Ley 1204 de 2008. La mencionada ley fue demandada ante esta
Corporación y, en la sentencia C-1035 de 2008, se declaró la exequibilidad
condicionada del literal b (parcial) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 en el
entendido que “además de la esposa o esposo, también es beneficiario de la
pensión de sobrevivientes, el compañero o compañera permanente y dicha
pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con
el fallecido”. (sic en toda la cita).
23. Aspectos que fueron analizados y definidos por el Tribunal Administrativo de
Valle del Cauca, mediante providencia del 31 de agosto de 2023 7, en la que se
confirmó la decisión de primera instancia bajo los siguientes argumentos
(transcripción literal):
“[S]e tiene que de conformidad con lo establecido en el Régimen General de
Seguridad Social, para acceder a la pensión de sobrevivientes se debe acreditar
que el causante cotizó un mínimo de cincuenta (50) semanas dentro de los tres
(3) años anteriores a su muerte y tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes
de manera vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario tenga una edad igual o superior
a 30 años, haya hecho vida marital con el causante hasta su muerte y haya
convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad
a su muerte.
Por otro lado, se advierte que la norma también fijo ciertos parámetros para su
aplicación frente a diferentes situaciones fácticas que se pueden presentar con
relación a la mencionada prestación, tales como: convivencia simultánea entre
la cónyuge y la compañera permanente y, convivencia con un causante
separado de hecho, pero con sociedad conyugal vigente.
7 Visible a folios 1 al 15 del documento denominado
“20RECIBEPRUEBAS_SENTENCIA20170006401(.pdf) NroActua 10”, visible en el índice 10 de
Samai.
8
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01475-00
Accionante: Lucía Libreros de Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
Al analizar esta última situación, el máximo Tribunal Constitucional señaló lo
siguiente:
“La jurisprudencia de la Corte ha reconocido que los efectos jurídicos de la
unión marital del hecho son diferentes a los del matrimonio, por ende son
instituciones jurídicas disímiles y no necesariamente equiparables. La
separación de hecho suspende los efectos de la convivencia y apoyo mutuo,
más no los de la sociedad patrimonial conformada entre los cónyuges. Por
lo cual, no nace a la vida jurídica la sociedad patrimonial de hecho entre
compañeros permanentes, cuando uno de éstos mantiene en vigor la
sociedad patrimonial del matrimonio. (…)”.
A partir de lo anterior, dicho Cuerpo Colegiado concluyó que, a través de la
premisa normativa citada, el legislador buscó proteger, mediante la asignación
de una cuota parte de la pensión y como reconocimiento al tiempo de
convivencia y apoyo mutuo acreditado, al miembro sobreviviente de la unión
marital de hecho ante la existencia de una sociedad conyugal consolidada de
manera previa por el causante.
(…)
Teniendo en cuenta lo anterior, es menester concluir que las pruebas
practicadas dentro del plenario no son contundentes en cuanto al tiempo de
convivencia entre el señor CARLOS HERNANDO SANCHEZ MUÑOZ y la
demandante, pues, si bien dan cuenta de la existencia de una relación de pareja
entre estos, lo cierto es que no permiten determinar con certeza que su vida
marital y cohabitación se dio durante 5 años continuos, anteriores a la fecha de
fallecimiento del causante.
(…)
Por otro lado, debe decirse que en cuanto a la señora LUCIA LIBREROS
también se impone confirmar la negación del derecho reclamado, como quiera
que en sentir de la Sala la aplicación del inciso 3º del literal b) del artículo 47 de
la Ley 100 de 2003 se da en aquellos eventos en los que hay una coexistencia
del derecho entre la cónyuge y la compañera permanente; situación que como
bien se advirtió, no se configuró en el presente caso ante la falta de acreditación
del tiempo convivido entre la demandante (compañera permanente) y el
causante.
Así mismo, es importante precisar, como bien lo indicó la Juez de primera
instancia, que tampoco hay lugar a reconocer la pensión de sobrevivientes en
favor de la cónyuge del causante en aplicación del literal a) del artículo 47 de la
Ley 100 de 1993, pues, bajo esta premisa normativa se impone el deber de
exigir la acreditación de la convivencia con el causante durante los 5 años
anteriores a su muerte, lo cual, como bien se desprende del caudal probatorio,
no se dio en el caso de la señora LUCIA LIBREROS, ante su partida a España
desde el año 2000.”
24. En ese contexto, la Subsección considera que lo pretendido por la tutelante
es que se realice un nuevo estudio frente a lo definido razonablemente por el juez
9
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01475-00
Accionante: Lucía Libreros de Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
natural, lo que conlleva a la improcedencia de la acción de tutela de la referencia
por el incumplimiento del requisito de la relevancia constitucional8, dado que, como
lo ha señalado la Corte Constitucional, esta acción “es concebida como un ‘juicio de
validez’ y no como un ‘juicio de corrección’ del fallo cuestionado 9, lo que se opone
a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho legislado, que dieron
origen a la controversia”10.
25. No se soslaya que la accionante es una persona de la tercera edad que
merece especial protección constitucional, sin embargo, esa condición no la habilita
para hacer uso de la acción de tutela como una suerte de instancia adicional al
proceso ordinario.
26. Finalmente, conviene mencionar que la parte actora en su escrito de tutela
planteó que en la decisión atacada no se aplicó la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional; sin embargo,
a juicio de la Sala, la accionante no expresó concretamente cuáles fueron los errores
o desaciertos que cometió el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca frente al
análisis de estas sentencias, presentándose una falta de carga argumentativa.
27. En efecto, la parte actora se limitó a afirmar que la autoridad accionada
vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, igualdad, vida digna, seguridad
social, debido proceso y a la salud, porque, supuestamente, no analizó la reiterada
jurisprudencia frente a estos casos, desconociendo que esta Corporación ha
indicado que “no basta con manifestar inconformidad o desacuerdo con las
decisiones tomadas por los jueces de instancia, sino que es necesario que el
interesado demuestre que la providencia objeto de reproche ha incurrido en alguna
8 Corte Constitucional, Sentencia T-016 del 22 de enero de 2019. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
9 Original de la cita: “Al respecto, la sentencia T-310 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) indicó:
“(…) la acción de tutela contra sentencias es un juicio de validez de la decisión judicial, basado en
la supremacía de las normas constitucionales. Esto se opone a que la acción de tutela ejerza una
labor de corrección del fallo o que sirva como nueva instancia para la discusión de los asuntos de
índole probatoria o de interpretación del derecho legislado que dieron lugar al mismo. En cambio, la
tutela se circunscribe a detectar aquellos casos excepcionales en que la juridicidad de la sentencia
judicial resulte afectada, debido a que desconoció el contenido y alcances de los derechos
fundamentales’. Sobre el punto también se puede consultar la sentencia T-126 de 2018 (MP Cristina
Pardo Schlesinger)”.
10 Corte Constitucional, Sentencia T-016 de 22 de enero de 2019. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01475-00
Accionante: Lucía Libreros de Sánchez
Accionado: Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
de las causales específicas para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales”11.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Lucía Libreros de Sánchez, actuando por conducto de apoderado, en contra
del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: En caso de no ser impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 12 de agosto de 2019, radicado 11001-03-15-000-2019-03205-00, M.P. María Adriana
Marín.
11
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