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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01482-00

Fecha
26 de abril de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01482-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo constitucional promovida por Gases del Caribe S.A. E.S.P., contra el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena, por los motivos expuestos en las consideraciones de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01482-00

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

26 de abril de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01482-00
Accionante: Gases del Caribe S.A. E.S.P.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., veintiseis (26) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 11001-03-15-000-2024-01482-00
Accionante: Gases del Caribe S.A. E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y Juzgado Sexto
Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta
Referencia: Acción de tutela

Tema: Tutela contra providencia judicial/trámite judicial
Subtema 1: Presupuestos generales de procedencia
Subtema 2: Vulneración de derechos fundamentales no acreditada.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide en primera instancia la acción de tutela incoada por Gases del Caribe
S.A. E.S.P., en contra del Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Santa
Marta, y del Tribunal Administrativo del Magdalena.

I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela.

Gases del Caribe S.A. E.S.P., presentó solicitud de amparo1 de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, y, al acceso a la administración de
justicia, que, consideró vulnerados por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del
Circuito de Santa Marta con ocasión del auto proferido en desarrollo de la audiencia
inicial celebrada del 13 de octubre de 2020, dentro del proceso con radicado número
47-001-3333-006-2018-00115-00 promovido contra al municipio de Zona Bananera -
Magdalena, a través del cual declaró probada la excepción de inepta demanda por
indebida acumulación de pretensiones2; y por el Tribunal Administrativo del Magdalena
con la expedición del auto de 26 de octubre de 2022 que confirmó la decisión, y del
auto de 18 de octubre de 2023 que negó la solicitud de aclaración y adición.

1.2. Hechos probados del proceso ordinario.

De lo narrado por la parte accionante en el escrito de tutela y las pruebas allegadas al
expediente, la Sala resume los siguientes:

1
Archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y anexos ubicado en el índice 002 del expediente
digital de tutela en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado A2431D6F86C1D57C
2285E768FA94D188 BEEBBA5F8D6AA6A3 1025B38F2F7EDA8F
2
Indicó la parte actora, que, con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se solicitó la
declaración de nulidad de la Resolución No 2017-05-26-005 del 26 de mayo de 2017 [liquidación oficial
del impuesto de alumbrado público], y de la Resolución No 2017-11-30-005 de 30 de noviembre de 2017
[que confirma la anterior], y, que a través de escrito de reforma a la demanda, incluyó la pretensión de
nulidad cinco (5) actos administrativos proferidos dentro del proceso cobro coactivo, adelantado como
consecuencia de las mencionadas Resoluciones. Agregó que, pese a que la reforma fue admitida por
el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta, en la audiencia inicial, de oficio,
declaró probada la excepción de inepta demanda al considerar una indebida acumulación de
pretensiones, excluyendo del litigio los actos expedidos en el trámite de cobro.

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Accionante: Gases del Caribe S.A. E.S.P

1.2.1. Gases del Caribe S.A. E.S.P., promovió demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el municipio de Zona Bananera – Magdalena, en el que solicitó la
nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No 2017 – 05 – 26 – 005 del 26 de mayo
de 2017, y la Resolución No 2017 – 11 – 30 – 005 del 30 de noviembre de 2017 que
decidió el recurso de reconsideración; actos que fueron expedidos en relación con las
obligaciones del impuesto de alumbrado público causadas por los periodos gravables
noviembre de 2014 a diciembre de 2016.

1.2.2. El proceso fue asignado por reparto al Juzgado Sexto Administrativo Oral del
Circuito de Santa Marta, bajo el radicado No 47 – 001 – 3333 - 006 - 2018 – 0115 –
00.

1.2.3. La empresa presentó escrito de reforma a la demanda, para incluir dentro de
las pretensiones como actos demandados, los siguientes que fueron proferidos dentro
del proceso de cobro coactivo que inició el municipio de Zona Bananera para el cobro
de las obligaciones contenidas en la Liquidación Oficial de Revisión: i) Resolución No
2018 – 03 – 22 – 003 del 22 de marzo de 2018, mediante la cual, declaró no probadas
las excepciones previas propuestas contra el mandamiento de pago; ii) Resolución No
2018 – 04 – 30 – 003 del 30 de abril de 2018, a través de la cual, se resolvió el recurso
de reposición interpuesto contra la decisión de excepciones; iii) Resolución No 2018
– 05 – 25 – 001 del 25 de mayo de 2018, por la cual se liquidó el crédito en la suma
de $444´596.720; iv) Resolución No 2018 – 06 – 01 – 001 del 1 de junio de 2018, con
la que se aprobó la liquidación del crédito, y se ordenó entregar al municipio la suma
de $444´596.720, que había sido embargada; v) Resolución No 2018 – 06 – 21 – 001
del 21 de junio de 2018, por medio de la cual, se declaró terminado el proceso de
cobro coactivo por pago total de la obligación.

1.2.4. El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta admitió la
reforma a la demanda con auto del 8 de febrero de 2019.

1.2.5. La celebración de la audiencia inicial tuvo lugar el 13 de octubre de 2020, en la
que, de oficio, se declaró probada la excepción de inepta demandada, al considerar
una indebida acumulación de pretensiones al haber incluido vía reforma los actos
proferidos en desarrollo del proceso de cobro coactivo. En consecuencia, limitó el
objeto del proceso únicamente a la liquidación oficial y a la resolución que la confirmó,
con exclusión de los actos asociados al proceso de cobro.

La decisión se fundamentó en la sentencia de 4 de octubre de 2018 proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado en el proceso con radicado interno No 22915,
y, al hecho, que, los actos dictados en las fases de determinación y discusión de la
obligación tributaria tienen finalidad y naturaleza distintas a los actos y al proceso de
cobro coactivo y que, por tanto, las pretensiones de nulidad y restablecimiento de
ambas clases de actos no pueden acumularse en una misma demanda.

1.2.6. Gases del Caribe S.A. E.S.P, interpuso recurso de apelación contra la decisión,
con base en los siguientes argumentos i) la sentencia del 4 de octubre de 2018 no
soporta la decisión respecto de la indebida acumulación de pretensiones, pues no
aborda el análisis de este tema; ii) la acumulación de pretensiones cumple con los
requisitos normativos dado que, a) el mismo juez es competente para conocer de
todas las pretensiones; b) son conexas y no se excluyen; c) todas las pretensiones se
tramitan por el mismo procedimiento ordinario, y; d) no ha operado la caducidad del
medio de control; iii) la acumulación es necesaria dado que el municipio inició el
proceso de cobro coactivo y embargó los recursos de la empresa, a pesar de tener

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conocimiento de la admisión de la demandada nulidad y restablecimiento del derecho;
iv) la reforma a la demanda fue presentada oportunamente y admitida por el Juzgado;
así, la decisión de rechazo afecta sus derechos al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, dado que, se encuentra superado el término de cuatro (4)
meses para promover la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

1.2.7. El Tribunal Administrativo del Magdalena, resolvió el recurso de apelación a
través de auto del 19 de diciembre de 2022, y confirmó la decisión de declarar probada
de oficio la excepción de inepta demanda, y, consideró el tutelante que dicha
Corporación “no logró sintonizarse con la especialidad de este caso, consistente en
que el proceso de cobro coactivo fue tramitado hasta su terminación en forma
abiertamente inconstitucional e ilegal, y, que, por tanto, los actos quedaron
ejecutoriados, más allá de que su sustento jurídico desaparezca”.

1.2.8. Gases del Caribe E.S.P., presentó solicitud de aclaración y adición ante el
Tribunal accionado, y estas fueron decididas en forma desfavorable con auto del 18
de octubre de 2023.

1.3. Pretensiones y argumentos de tutela.

1.3.1. La parte accionante solicitó al juez constitucional amparar sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, y de acceso a la administración de
justicia, y, revocar el auto del 13 de octubre de 2020 proferido por el Juzgado Sexto
Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta, así como, los dictados por el Tribunal
Administrativo del Magdalena el 26 de octubre de 2022, y el 18 de octubre de 2023,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 47-001-
3333-006-2018-00115-00.

En consecuencia, ordenar al Tribunal accionado, “volver a estudiar y decidir el recurso
interpuesto contra el auto de 13 de octubre de 2020, permitiendo la acumulación de
pretensiones, propósito para lo cual el este Corporación ha de indicar cuál es el criterio
de aplicación de la figura de acumulación de pretensiones prevista en el artículo 165
del CPACA, en particular, en cuanto al requisito de conexidad de las pretensiones, en
forma tal que dicha disposición legal se aplique en forma ajustada a la Constitución
Nacional y NO en contra de esta, pues esto último causa la violación de los derechos
fundamentales del debido proceso y de acceso a la administración de justicia en
cabeza de GASES DEL CARIBE”.

1.3.2. La parte actora fundamentó la solicitud de amparo, en los siguientes
argumentos:

1.3.2.1. El actuar de las autoridades judiciales afectó sus derechos fundamentales,
pues, pese la solicitud de reforma a la demanda en forma oportuna, las decisiones
antes mencionadas, la privaron de la posibilidad de promover la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho para debatir la legalidad de los actos expedidos en el
trámite de cobro coactivo, que, por demás, se erigen como contrarios a derecho con
el agravante de haber soportado el embargo de los recursos.

1.3.2.2. Afirmó que el asunto cuenta con relevancia constitucional, por cuanto se
propende por la protección de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, ante la posición de indefensión de Gases del Caribe S.A.
E.S.P. frente al actuar arbitrario del municipio de Zona Bananera.

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1.3.2.3. Se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad, pues contra la decisión
del Juzgado fue interpuesto recurso de apelación, e incluso en segunda instancia se
solicitó adición y aclaración; de otro lado, en cuanto a la inmediatez, señaló que entre
la notificación del auto que decidió la aclaración y adición y la interposición de la acción
de tutela, no transcurrieron más de cuatro (4) meses.

1.3.2.4. Consideró la existencia de un defecto procedimental absoluto, y por violación
directa a la Constitución, dado que las decisiones censuradas excluyeron del litigio las
pretensiones de nulidad sobre los actos expedidos en desarrollo del proceso de cobro,
a pesar que la accionante comprobó su relación directa con los actos demandados
inicialmente en el proceso ordinario [liquidación oficial de revisión y decisión del
recurso de reconsideración].

En su criterio, no se interpretó en debida forma el contenido del artículo 165 de la Ley
1437 de 2011, además, “el juzgado admitió la reforma de la demanda en cuanto a
acumular las pretensiones de nulidad de los actos demandables proferidos en el
proceso de cobro coactivo, y cuando ya había caducado el término de cuatro meses
para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el juzgado, mediante
auto que luego fue confirmado por el Tribunal, decretó de oficio la excepción de inepta
demanda respecto a la acumulación de las pretensiones de nulidad de los actos del
coactivo, lo que conduce a que estos actos quedaron en firme y ejecutoriados y sin
posibilidad de ser demandados por mi representada, a pesar de que ella los había
demandado a tiempo y que las obligaciones objeto de cobro todavía están en
discusión”.

1.3.2.5. Explicó que las decisiones censuradas, desconocieron las siguientes
“realidades incontrovertibles”:

• El Juzgado debió revisar detenidamente el sentido y el enfoque de la sentencia
en que sustentó la declaración oficiosa de la excepción de inepta demanda,
pues el hecho cierto de que los actos de determinación tengan naturaleza y
finalidad distintas a los actos de cobro, no impide en forma alguna acumular las
pretensiones de nulidad y restablecimiento sobre estos. Además, la sentencia
del 4 de octubre de 2008 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, aborda
el análisis de un tema ajeno de la acumulación de pretensiones en vía judicial,
y, las autoridades judiciales no tuvieron en cuenta que se propusieron cargos
exclusivos contra los actos de liquidación y contra los actos de cobro.

• Si bien es cierto que los actos de liquidación son de naturaleza distinta, no existe
claridad en cuanto a la improcedencia de acumular las pretensiones de nulidad
formuladas contra ellos, con las formuladas contra los actos de cobro coactivo,
pues se trata de la misma obligación y de las mismas partes. Aunado, se
cumplen los requisitos previstos en el artículo 88 del CGP y el artículo 165 del
CPACA.
• Afirmó que, la acumulación de las pretensiones no debería haber sido necesaria
dado que la liquidación oficial no está ejecutoriada, y, en consecuencia, las
obligaciones allí establecidas no podían haber sido cobradas.

• La reforma a la demanda fue presentada en forma oportuna, y, fue admitida por
el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Sant Marta, y, ya venció el
plazo de cuatro (4) meses para promover la demanda para debatir la legalidad

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de los actos proferidos en desarrollo del proceso de cobro. En consecuencia,
las decisiones censuradas traen como consecuencia, la firmeza estas
decisiones.

1.3.2.6. Soportó la vulneración al debido proceso y del acceso a la administración de
justicia, dado, que, pese a haber admitido la reforma a la demanda, con posterioridad
el Juzgado revocó su propia decisión y excluyó del litigio los actos proferidos en el
proceso de cobro, los que cobraron ejecutoria, y fueron el sustento para que el
municipio de Zona Bananera impusiera embargo sobre los recursos económicos de
Gases del Caribe S.A. E.S.P. Esto, sin tener en cuenta que se había admitido la
demanda contra los actos que establecieron la obligación.

1.4. Trámite de tutela e intervenciones

1.4.1. El Despacho del magistrado ponente, mediante auto del 2 de abril de 20243,
admitió la acción en contra del Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Santa
Marta y del Tribunal Administrativo del Magdalena, además, vinculó al municipio de
Zona Bananera.

En el mismo proveído ordenó las notificaciones, solicitó el expediente digital del
expediente con radicado núm. 47-001-3333-006-2018-00115-00.

1.4.2. Enviadas las notificaciones de rigor, recibió respuesta del Tribunal
Administrativo del Magdalena 4; quien, luego de realizar un recuento los fundamentos
de la acción de tutela, consideró que la parte actora pretende una instancia adicional
para variar el sentido de las decisiones que se encuentran debidamente fundadas,
además, la segunda instancia precisó con claridad la diferencia entre el proceso de
determinación del impuesto y el procedimiento de cobro coactivo, pues, mientras en el
primero se busca establecer o definir una determinada obligación tributaria, en el
segundo se parte de la existencia de la misma. Agregó que la decisión también se
sustentó en las sentencias proferidas por el Consejo de Estado el 20 de agosto de
20025 y el 18 de febrero de 20216, así como en la sentencia C – 1201 de 2003 de la
Corte Constitucional.

Explicó que, a partir de lo anterior concluyó la indebida acumulación de pretensiones
“pues si bien es cierto que el objeto del asunto en estudio se circunscribía a la
determinación del impuesto de alumbrado público para el periodo gravable
comprendido entre noviembre de 2014 a diciembre de 2016, lo cierto es que la parte
demandante con las pretensiones adicionadas mediante la reforma de la demanda
pretendió que de igual manera, se entre a resolver sobre la legalidad del proceso de
cobro coactivo adelantado por el Municipio de Zona Bananera en su contra,
presentado como título ejecutivo las Resoluciones por medio de las cuales se
determinó el impuesto de alumbrado público a su cargo y resolvió el recurso de
reconsideración”, por lo que, aseguró, no se configura defecto alguno que vulnere los
derechos fundamentales de la parte actora.

De otro lado, señaló que en el auto que resolvió el recurso de apelación en el proceso
ordinario no se indicó que los actos expedidos en el proceso de cobro no pudiesen ser
3
Índice 0006 del aplicativo SAMAI.
4
Archivo electrónico ubicados en el índice 0013 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado:
FF5AD34CD91008EA F6DEF2822191F90A 38BB46836F515D77 4B71EB088F67105B
5
Radicado 11001-0315-000-2000-0488-01 (S-488)
6
Radicado 25000-23-37-000-2014-01110-01(23305)

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demandados ante la jurisdicción y que la empresa tuvo la oportunidad de
controvertirlos judicialmente, diferente, es que esta actuación no se pudiese realizar
en forma conjunta o a través de la misma demanda, pues las normas que regulan la
acumulación de pretensiones son de orden público y su aplicación no son del arbitrio
del operador judicial y se someten a la voluntad de las partes. Por tanto, al no estar
satisfechos los requisitos de la acumulación, no queda decisión diferente a la declarar
probada de oficio la excepción de inepta demanda.

Con lo anterior, la Corporación accionada solicitó declarar improcedente la solicitud de
amparo.

1.4.2.1. El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta 7, allegó
escrito de contestación y aportó el expediente ordinario en medio digital.

Solicitó negar la solicitud de amparo constitucional por ausencia de violación de los
derechos fundamentales invocados, pues, la decisión de primera instancia que declara
probada de oficio la excepción de inepta demanda, cuenta con razonamientos legales
que soportan la indebida acumulación de pretensiones, además, tanto el Juzgado
como el Tribunal se basaron en decisiones del Consejo de Estado aplicables a la
materia estudiada.

1.4.2.2. El Municipio de Zona Bananera, no aportó escrito de contestación.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, en virtud de lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Nacional y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.

2.2. Procedibilidad de la acción

En relación con las solicitudes de tutela frente a providencia judicial, la doctrina
constitucional8 ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general9 de la acción; pues, solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el actor plantea en función de los defectos que

7
Archivo electrónico ubicado en el índice 11 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado:
52B7C61F57F4DC57 4059382116200286 21E2ABD70B964E0B 4F1379AEA4DBDBF9; índice 16
certificado número 459B420637A4DDA0 17BFCAD32C8552C1 3D4EEBDE94B7FC3B
49D0BE0246EF5AC4
8
Corte Constitucional C-590 de 2005.
9
Antes que todo es necesario (i) verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar en
cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos generales de
procedibilidad, en los siguientes términos: (ii) que en la solicitud de tutela se expresen de manera clara
los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la decisión judicial; (iii) que
la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (iv) que previo a la solicitud de tutela se hayan
agotado todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (v) que se cumpla
con el principio de inmediatez; (vi) que en caso de que se alegue una irregularidad procesal, la misma
tenga la entidad de afectar la decisión; y de manera general, (vii) no procede elevar una solicitud de
amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de tutela.

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reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales10.

2.2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
Gases del Caribe S.A. E.S.P. [accionante] es titular de los derechos que afirma son
vulnerados. Esto por cuanto, la revisión del expediente de nulidad y restablecimiento
remitido en medio digital11, de observa que ii) promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho a la que fue le asignado el radicado 47-001-3333-006-
2018-00115-00, en donde solicitó la declaratoria de nulidad de la Liquidación Oficial
contenida en la Resolución No 2017 – 02 – 26 – 005 del 26 de mayo de 2017, a través
de la cual, el municipio de Zona Bananera determinó el valor a pagar por concepto de
alumbrado público, y, de la Resolución No 2017 – 11 – 30 – 005 del 26 de mayo de
2017 que decidió en forma negativa el recurso de reconsideración; ii) presentó reforma
a la demanda, para incluir como demandados los actos proferidos dentro del proceso
de cobro coactivo adelantado por el municipio de Zona Bananera [identificados en los
hechos de la demanda]; iii) con auto del 8 de febrero de 2019, el Juzgado Sexto
Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta, admitió la reforma a la demanda; iv)
en la audiencia inicial celebrada el 13 de octubre de 2020, de oficio, el Juzgado declaró
probada la excepción de inepta demanda, excluyendo del objeto del litigio los actos
proferidos en desarrollo del proceso de cobro coactivo, y precisó que versaría
únicamente sobre las pretensiones dirigidas a la liquidación oficial y la resolución que
resolvió el recurso de reconsideración, y; iv) esta decisión fue confirmada por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, en auto de 26 de octubre de 2022.

Por ende, en caso de configurarse los defectos alegados, resultarían afectados en
relación con sus garantías constitucionales cuya protección solicitó.

También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del
Magdalena profirieron las providencias que, según la parte tutelante, vulneraron sus
derechos fundamentales.

2.2.2. El requisito de inmediatez también se encuentra satisfecho, toda vez la acción

10
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se
concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en
una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el
amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de
competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del
procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de
prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina
en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía
de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error
inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar
una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece
el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de
la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone
de manera preferente la aplicación de sus postulados.
11
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52B7C61F57F4DC57 4059382116200286 21E2ABD70B964E0B 4F1379AEA4DBDBF9; índice 16
certificado número 459B420637A4DDA0 17BFCAD32C8552C1 3D4EEBDE94B7FC3B
49D0BE0246EF5AC4.

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de tutela fue interpuesta el 22 de marzo de 202412 contra las providencias dictadas en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, siendo la última de ellas [auto
que niega la solicitud de adición y aclaración] proferida el 18 de octubre de 2023.

2.2.3. En relación con el requisito de subsidiariedad, resulta importante destacar que
está definido expresamente en el artículo 86 Superior como presupuesto general de
procedencia de la acción de tutela, en los siguientes términos: “solo procederá cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho
presupuesto se desarrolló en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 199113.

Cuando se trata de tutelas presentadas en contra de providencias judiciales, el
cumplimiento de este requisito se hace aún más exigente, en aras de evitar que el
amparo se use como un mecanismo alternativo o supletorio de los medios ordinarios
que el legislador tiene previsto para controvertir las decisiones judiciales, con el fin de:
(i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el
proceso ordinario; (ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los
mecanismos de defensa diseñados por el Legislador; y (iii) que los ciudadanos
atiendan un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la
forma de enmendar errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al
interior de un proceso judicial14.

En el caso concreto, la parte actora acreditó haber agotado todos los mecanismos
judiciales ordinarios procedentes, pues presentó recurso de apelación contra la
decisión de declarar probada de oficio la excepción de inepta demanda por indebida
acumulación de pretensiones, y este fue decidido de fondo por el Tribunal
Administrativo del Magdalena en auto del 26 de octubre de 2022; providencia contra
la que no procede ningún recurso de conformidad con lo dispuesto en artículo 243 A
numeral 4 de la Ley 1437 de 201115.

2.2.4. Ahora, el cargo que se formule contra una decisión judicial tendrá relevancia
constitucional si presenta un problema constitucional y no se limita a revivir una
controversia estricta y exclusivamente legal16. De ese modo, se ponderará entre la
finalidad de la acción de tutela como garantía iusfundamental y los principios de cosa
12
Índice 001 aplicativo SAMAI.
13
“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante. (…)”.
14
Cfr. Corte Constitucional sentencia T-598 de 2003.
15
Artículo 243A. Providencias no susceptibles de recursos ordinarios. No son susceptibles de recursos
ordinarios las siguientes providencias:

[…]

4. Las que decidan los recursos de apelación, queja y súplica.
16
“[L]os fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar
esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional
ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de
interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo
excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien […] se encuentra
en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente – es decir segura y en
condiciones de igualdad – de los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”. Corte
Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.

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juzgada y seguridad jurídica que gobiernan las decisiones judiciales17. Así las cosas,
el juez de tutela debe resolver asuntos de dimensión constitucional, con respeto de las
competencias legales y del principio de autonomía de los jueces18.

En suma, el requisito de relevancia constitucional persigue tres fines: (i) preservar la
competencia y la independencia de los falladores ordinarios y, así, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad19; (ii) restringir el ejercicio
del amparo a cuestiones que afecten los derechos fundamentales de las personas, e
(iii) impedir que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales20.

Definir lo que es o no relevante en el plano constitucional depende de verificar que, a
primera vista, el cuestionamiento esté dirigido contra una posible afectación o
vulneración de las garantías relacionadas con el núcleo de los derechos
fundamentales. En especial, debe hacerse énfasis en el derecho al debido proceso21.
Para ello, la jurisprudencia constitucional22 ha definido cuáles son los requisitos
específicos de procedencia que pueden ser invocados como únicas causales que
habilitan el control constitucional concreto.

El requisito de relevancia constitucional, por tanto, exige que el cuestionamiento en la
solicitud de amparo esté dirigido a exponer una valoración en sentido negativo de la
actuación jurisdiccional en clave de los defectos, como han sido definidos por la
jurisprudencia. Así, son improcedentes los argumentos destinados a proponer
fórmulas que habrían podido ser tenidas en cuenta en el proceso ordinario, o reiterar
las ya expuestas en este. En efecto, como lo ha establecido la Corte Constitucional,
“la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del
procedimiento judicial que se cuestiona23, pues ello desconocería la competencia y
finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su
autonomía funcional”24.

En particular, cabe denotar que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-215 de
2022, indicó que “[…] el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de
las altas cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya
presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una
instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir
controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal”. Además, precisó que

17
“No se trata de convertir la tutela en un mecanismo ritualista, sino de exigir una actuación razonable
para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales, con los principios y valores en juego,
al controvertir una providencia judicial”. Corte Constitucional. Sentencia T-066 de 2019.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencias del 21 de febrero de 2020, expediente n.° 2019-5066-00; 4 de mayo de 2020, expediente
n.° 2020-836-00.
19
Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009,
T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061
de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014, citadas en la sentencia T-422 de 2018.
20
“[T]eniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia,
ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de
la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental” Corte Constitucional. Sentencia T-
422 de 2018.
21
Corte Constitucional, sentencia T-102 de 16 de febrero de 2006. En igual sentido: T-075-18, T-451-
18, T-422-18 y T-248-18.
22
Cfr. sentencia C-590 de 2005.
23
Cita original: “Ver sentencia T-336/04”.
24
Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.

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“[…] Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto
tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite
a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción
de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales”.

Esta Corporación ha precisado que, para realizar el examen del requisito de relevancia
constitucional, se requiere en primera medida establecer que quien actúe como
accionante motivó con suficiencia argumentativa las razones por las cuales considera
que la decisión judicial que reprocha se erige como una afectación de derechos
fundamentales, a efectos de evitar una instancia adicional en el proceso ordinario25.

La Sala encuentra satisfecho este requisito en el caso concreto, dado que la parte
actora ejerció la carga argumentativa que permite el Juez Constitucional abordar el
estudio de fondo, pues los fundamentos de la solicitud de amparo se dirigen a sustentar
la violación al debido proceso alegada en razón de la decisión de retirar del objeto de
litigio los actos proferidos en el proceso de cobro coactivo, pese a que las pretensiones
de nulidad contra estos habían sido admitidas en el auto que aceptó la reforma a la
demanda.

2.3. Caso concreto.

2.3.1. De la revisión del expediente ordinario, remito en medio digital26, la Subsección
encuentra lo siguiente:

i) A través de apoderado, Gases del Caribe S.A. E.S.P, promovió demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho contra el municipio de Zona Bananera con la pretensión
de declarar la nulidad de la liquidación oficial contenida en la Resolución No 2017 –
05 – 26 005 del 26 de mayo de 2017, por la cual se estableció el valor a pagar por
concepto de alumbrado público; y de la Resolución No 2017 – 11 – 30 – 006 del 30
de noviembre del mismo año, que resolvió en forma negativa el recurso de
reconsideración confirmando la liquidación.

ii) La demanda fue admitida con auto de 19 de junio de 2018 proferido por el Juzgado
Sexto Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta.

iii) La empresa demandante presentó escrito de reforma a la demanda para “incluir
como nuevas pretensiones las relativas a los actos demandables dictados en el
proceso coactivo que el municipio de Zona Bananera adelantó contra Gases del Caribe
a efectos de cobrar las obligaciones de noviembre de 2014 a diciembre de 2016
emanadas de la liquidación oficial contenida en la Resolución No 2017 – 05 – 26 – 005
del 26 de noviembre de 2017 que es objeto de esta demanda”.

25
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
26
Archivo electrónico ubicado en el índice 14 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado:
52B7C61F57F4DC57 4059382116200286 21E2ABD70B964E0B 4F1379AEA4DBDBF9; índice 16
certificado número 459B420637A4DDA0 17BFCAD32C8552C1 3D4EEBDE94B7FC3B
49D0BE0246EF5AC4.

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Los actos objeto de inclusión a través de reforma son : i) Resolución No 2018 – 03 –
22 – 003 del 22 de marzo de 2018, mediante la cual, declaró no probadas las
excepciones previas propuestas contra el mandamiento de pago; ii) Resolución No
2018 – 04 – 30 – 003 del 30 de abril de 2018, a través de la cual, se resolvió el recurso
de reposición interpuesto contra la decisión de excepciones; iii) Resolución No 2018
– 05 – 25 – 001 del 25 de mayo de 2018, por la cual se liquidó el crédito en la suma
de $444´596.720; iv) Resolución No 2018 – 06 – 01 – 001 del 1 de junio de 2018, con
la que se aprobó la liquidación del crédito, y se ordenó entregar al municipio la suma
de $444´596.720, que había sido embargada; v) Resolución No 2018 – 06 – 21 – 001
del 21 de junio de 2018, por medio de la cual, se declaró terminado el proceso de
cobro coactivo por pago total de la obligación.

iv) Con auto del 8 de febrero de 2019, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito
de Santa Marta admitió la reforma a la demanda, y ordenó notificar la decisión a las
partes.

v) La celebración de la audiencia inicial tuvo lugar el 13 de octubre de 2020. En la
etapa de estudio de las excepcione previas, el Juzgado declaró probada de oficio la
excepción de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones en relación
con los actos administrativos proferidos en el proceso de cobro adelantado por el
municipio de zona bananera, bajo el argumento que si bien este trámite puede tener
relación con la Liquidación Oficial que estableció la obligación del impuesto de
alumbrado público, lo cierto es que “apuntan a propósitos diferentes, pues los dos
primeros demandados apuntan a la validez de las liquidaciones; y los expedidos en el
proceso de cobro coactivo, a la eficacia de la obligación, tal como lo señaló el
Honorable Consejo de Estado en sentencia del cuatro (4) de octubre de dos mil
dieciocho (2018) Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO.
Radicación número: 63001-23-33-000-2015-00145-01 (22915) Actor: TERESA ARIAS
HOYOS Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES”.

vi) Gases del Caribe S.A. E.S.P. interpuso recurso de apelación, el que decidido por
el Tribunal Administrativo del Magdalena en auto del 26 de octubre de 2022 en forma
desfavorable.

Explicó el Tribunal que, existe una marcada diferencia entre el proceso de
determinación del impuesto y el procedimiento de cobro coactivo, pues mientras que
el primero establece la obligación el segundo tiene por objeto hacerla efectiva, tal y
como lo ha considerado el Consejo de Estado en sentencia del 20 de agosto de 2002,
No interno S – 488, y la Corte Constitucional en la sentencia C – 1201 de 2003 que
estudió la exequibilidad del artículo 828-1 del Estatuto Tributario. Destacó que, pese a
que los dos (2) procesos son adelantados por la misma administración no pueden ser
considerados como idénticos por la diferencia de su objeto.

Agregó, que se debe entender que la Liquidación Oficial es la base del proceso de
cobro, por lo que en el evento en que prospere la pretensión de nulidad promovida por
la empresa en su contra, los actos expedidos para el cobro pierden su finalidad, y la
Administración carecería de título para ejecutivo. Por ende, “en el evento en que el
juez administrativo profiera sentencia declarando la nulidad de las resoluciones que
conforman el título ejecutivo, en este caso de la liquidación oficial del impuesto de
alumbrado público, así como del acto que resuelve el recurso de reconsideración,
dicha decisión se hace de obligatoria observancia por parte de la administración
tributaria, ya sea para seguir adelante con el proceso de cobro coactivo o para decretar
su terminación, sin que ello implique que pueda demandarse en un mismo medio de

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control los actos administrativos expedidos en el procedimiento administrativo y lo del
cobro coactivo”, consideración que sustentó en la sentencia del 18 de febrero e 2021
proferida por el Consejo de Estado en el proceso con número interno 23305.

A partir lo anterior, consideró el Tribunal que no se cumple el primero de los requisitos
del artículo 165 de la Ley 1437 de 2011, esto es, la conexidad de las pretensiones
pues la manera en que se desarrolló el proceso de cobro no tiene relación con la
legalidad o ilegalidad de los actos que determinaron la obligación de pago del impuesto
de alumbrado público, no existen elementos comunes entre ellos, y la pruebas del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no influyen en los actos del proceso
de cobro.

vii) La empresa presentó solicitud de adición para que el Tribunal se pronunciara sobre
la violación al debido proceso, ya que los actos del proceso de obro quedaron en firme,
y que a pesar que la reforma con inclusión de pretensiones de nulidad contra ellos se
presentó en forma oportuna y fue admitida, en decisión posterior el mismo Juzgado
excluyó su estudio, además, alegó que el municipio de Zona Bananera había
embargado sus recursos.

También presentó solicitud de aclaración sobre los argumentos que soportan la
afirmación de ausencia de conexidad de los actos para hacer procedente la
acumulación.

viii) Las solicitudes fueron negadas a través de auto del 18 de octubre de 2023, bajo
el argumento de que en el auto del 26 de octubre de 2022 se incluyó el fundamento a
partir del cual se consideró que no se cumple con el requisito de conexidad para hacer
procedente la acumulación de pretensiones y no se resolvieron todos los argumentos
de la apelación, además, indicó que no se observaron en el auto conceptos o frases
que ofrezcan verdaderos motivos de duda y que influyan en la parte resolutiva.

2.3.2. Pues bien, el artículo 165 de la Ley 1437 de 2011, dispone que se podrán
acumular pretensiones de nulidad, de nulidad y restablecimiento del derecho, relativas
a contratos y de reparación directa, “siempre que sean conexas” y concurran los
siguientes requisitos:

1. Que el juez sea competente para conocer de todas. No obstante, cuando se
acumulen pretensiones de nulidad con cualesquiera otras, será competente para
conocer de ellas el juez de la nulidad. Cuando en la demanda se afirme que el daño
ha sido causado por la acción u omisión de un agente estatal y de un particular, podrán
acumularse tales pretensiones y la Jurisdicción Contencioso Administrativa será
competente para su conocimiento y resolución.

2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como
principales y subsidiarias.

3. Que no haya operado la caducidad respecto de alguna de ellas.

4. Que todas deban tramitarse por el mismo procedimiento.

En sentencia C-1201 de 2003, la Corte Constitucional explicó que, una vez se
encuentre en firme el acto que expida la administración para establecer la obligación
de pago de un tributo, y si se presenta incumplimiento, se habilita la facultad para
perseguir el pago de esa deuda a través del proceso de cobro, y precisó que ambas

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actividades “se diferencian por el fin que persiguen y por los procedimientos a
través de los cuales actúa la Administración”, pues, la actividad de determinación
busca declarar la existencia de la obligación tributaria, mientras el proceso de cobro
versa sobre su pago, y este último solo se inicia cuando la administración profiere el
mandamiento de pago.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado27 ha precisado que en materia tributaria el
acto administrativo adquiere fuerza ejecutoria cuando ha sido decidida de forma
definitiva la demanda de nulidad interpuesta; lo cual se presenta, bien sea cuando se
profiere sentencia que hace tránsito a cosa juzgada, o cuando queda ejecutoriado el
auto que rechaza la demanda o pone fin al proceso; y, que, en consecuencia, la
administración tributaria no cuenta con un acto definitivo como fundamento para hacer
efectivo el cobro, hasta tanto no haya certeza sobre el resultado del juicio de nulidad.

La misma Sección28 recordó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 829-1
del Estatuto Tributario, en los procesos de cobro coactivo no podrán debatirse asuntos
propios del proceso de determinación, y tampoco podrá hacerse esto en el proceso
judicial que se adelante eventualmente contra el acto que niega las excepciones, pues,
si bien se trata de dos asuntos que pueden tener relación lo cierto es que apuntan a
propósitos diferentes, pues en la demanda que se promueva contra el acto que
determina la obligación se estudia la legalidad de la decisión, mientras el relacionado
con el cobro aborda el análisis de la eficacia de dicha obligación.

2.3.3. De conformidad con las pruebas que reposan en el expediente digital, se
observa que en efecto, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Santa
Marta, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento en el que Gases del Caribe
S.A. E.S.P, solicitó la declaratoria de nulidad de la Liquidación Oficial que determinó la
obligación de pago del impuesto de alumbrado público, admitió la reforma a la
demanda a través de la cual se incluyeron pretensiones de nulidad contra los actos
expedidos en desarrollo del proceso de cobro coactivo que se inició con fundamento
en dicha Liquidación. No obstante, en la audiencia inicial declaró probada de oficio la
excepción de inepta demanda al advertir una indebida acumulación de pretensiones,
dado que no existía conexidad entre las pretensiones.

Si bien es cierto que para ese momento ya había operado la caducidad del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho frente las pretensiones de nulidad
que se podían presentar contra los actos de cobro29, no puede afirmarse que la
decisión del Juzgado de excluir del litigio estos actos, y el auto del Tribunal
Administrativo del Magdalena que la confirma, contengan un defecto procedimental
absoluto, pues, en efecto las decisiones se fundamentaron en la inexistencia de
conexidad entre todas las pretensiones y por ende, en el incumplimiento del requisito
previsto en el artículo 165 de la Ley 1437 de 2011.

Debe resaltar la Subsección que, la jurisprudencia de esta Corporación y la de Corte
Constitucional ha hecho alusión a las diferencias sustanciales que existen en los actos
que determinan la obligación tributaria y los que se expiden por la administración para
efectivizar su pago, que impiden asegurar una conexidad entre ellos. En efecto, la
demanda ordinaria promovida contra la Liquidación Oficial y contra el acto que resolvió
el recurso de reconsideración implica el análisis de legalidad de la decisión de la
27
Sentencias del 20 de agosto de 2009, exp. 16730; del 12 de agosto de 2014, exp. 20298; del 5 de
febrero de 2019, exp. 22201, y del 6 de noviembre de 2019 exp. 23198.
28
Sentencia del 9 de agosto de 2018 Radicación número: 70001-23-33-000-2013-00126-01(21560)
29
Pues los actos fueron proferidos en el año 2018 y la audiencia inicial se celebró en octubre de 2020.

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administración en cuantos las razones fácticas y legales con las que determinó que a
Gases del Caribe S.A. E.S.P. le asiste la obligación del pago del impuesto de
alumbrado público, mientras que la demanda que se adelante contra los actos del
proceso de cobro estudiaran aspectos diferentes, no de legalidad, sino de procedencia
de dicha actuación como lo es el acto que rechace o niegue la excepciones mas no la
legalidad de la obligación.

Así las cosas, la Sala considera que las decisiones que se censuran no vulneraron los
derechos fundamentales de la parte actora, pues encuentran fundamento en los
lineamientos del artículo 165 de la Ley 1437 de 2011, y en la ausencia del requisito de
conexidad para que proceda la acumulación de pretensiones, además, no se erige
como irregular la decisión de declarar probada la excepción de inepta demanda pues
incluso, la reforma con la inclusión de pretensiones sobre los actos del proceso de
cobro coactivo era improcedente, y le asistía al accionante la carga de adelantar en
debida forma la actuación procedente, que no era otra que demandada en un proceso
diferente la nulidad de tales actos.

2.3.4. Con fundamento en lo anterior, se negará el amparo constitucional solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo constitucional promovida por Gases del
Caribe S.A. E.S.P., contra el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Santa
Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena, por los motivos expuestos en las
consideraciones de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y Cúmplase

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
Firmado electrónicamente

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
Firmado electrónicamente
SFGS

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