Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01490-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01490-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01490-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
2 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01490-00
Accionantes: MARCOS FORTUNATO VENANCIO MORA PAZ Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se declara
improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito general de
subsidiariedad.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por los accionantes contra el Tribunal
Administrativo de Nariño.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Los señores Marcos Fortunato Venancio Mora Paz, Nubia Zoraida Eraso Enríquez,
Angela María Mora Eraso, Rosa Berthalina Mora Paz, Jesús del Carmen Mora Paz,
Franca Lidia Mora Paz, Raúl Cándido Mora Paz, Ingrid Carina Mora Paz y Flor Cecilia
Mora Paz solicitaron, a través de apoderado judicial, el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyeron a la
providencia de 28 de julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño,
dentro del medio de control de reparación directa con el número único de radicación
52001-33-33-007-2015-00245-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1 Relataron que con ocasión a la privación injusta de la libertad del señor Marcos
Fortunato Venancio Mora Paz presentaron la demanda de reparación directa núm.
52001-33-33-007-2015-00245-00/01 en contra de la Nación - Fiscalía General de la
Nación y Rama Judicial, para que le fuesen reparados los daños materiales e
inmateriales que padecieron.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionantes: Marcos Fortunato Venancio Mora Paz y otros
2.2 Indicaron que el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pasto, mediante
sentencia de primera instancia, accedió a las pretensiones de la demanda y
condenó a las demandadas.
2.3 Refirieronque las demandadas interpusieron recurso de apelación contra la
anterior decisión.
2.4 Indicaron que la Fiscalía General de la Nación controvirtió únicamente la petición
de preclusión de la investigación por duda probatoria, lo cual generaría ausencia de
responsabilidad del Estado y solicitó, en caso de confirmar la sentencia, no acceder
al reconocimiento de daño emergente consistente en el pago de los honorarios.
2.5 Señalaron que la Rama Judicial sustentó su recurso de apelación alegando que
el régimen de responsabilidad que debió aplicarse era el subjetivo y no el objetivo,
por lo que solicitó la revocatoria de la condena o, en caso de mantenerse, ésta no
debería ser en partes iguales toda vez que la Fiscalía General de la Nación es la
encargada de la recolección del material probatorio.
2.6 Expusieron que, mediante sentencia de 28 de julio de 2023, el Tribunal
Administrativo de Nariño revocó parcialmente la sentencia de primera instancia en
el sentido de excluir de la indemnización de perjuicios a uno de los demandantes y
reducir el ítem indemnizatorio de los perjuicios morales.
2.7 Explicaron que el Tribunal Administrativo de Nariño quebrantó el debido proceso
por cuanto no tuvo en cuenta la limitación de la apelación, toda vez que las
demandadas en su recurso solo se opusieron a la prosperidad de la pretensión,
pero no se opusieron al reconocimiento de los perjuicios morales tasados en primera
instancia.
2.8 Puntualizaron que el fallo de segunda instancia no motivó suficientemente las
razones por las que aplicaría la sentencia de unificación de 29 de noviembre de
2021, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, con efectos
retroactivos, sin tener presente los perjuicios que ello conllevaría para el derecho a
la igualdad.
2.9 Frente al defecto procedimental absoluto sostuvieron que el Tribunal vulneró el
derecho fundamental al debido proceso porque en el recurso de apelación no se
cuestionó el monto de los perjuicios morales, desconociendo la sentencia de 26 de
noviembre de 2014, según la cual: “[…] La competencia funcional del juez de
segunda instancia está limitada por las razones de inconformidad expresadas por
el recurrente en el escrito de sustentación del recurso de apelación […]”.
2.10 Sobre la violación directa de la Constitución indicó que se transgredió el artículo
29 superior.
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Accionantes: Marcos Fortunato Venancio Mora Paz y otros
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Se deje sin efecto la sentencia de segunda instancia y se ordene lo
pertinente […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 4 de abril de 2024, el Despacho a cargo de la sustanciación del
proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vincularon en calidad de
terceros con interés en el resultado del proceso a la Nación - Fiscalía General de la
Nación y Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - DEAJ, al
señor Justo Nemesio Mora Narváez y al Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Pasto.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad judicial accionada y a los
sujetos vinculados, se allegaron los siguientes informes:
5.1. El Juez Séptimo Administrativo del Circuito de Pasto solicitó que se declarare
improcedente la solicitud de amparo impetrada por los accionantes, toda vez que
no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte accionante.
5.2. El Tribunal Administrativo de Nariño solicitó, a través de la magistrada ponente
de la sentencia objeto de esta acción, que se desestime la solicitud de amparo en
razón a que no existía vulneración de los derechos fundamentales alegados y lo
pretendido por los accionantes era reabrir un debate que se surtió en debida forma
ante el juez natural del proceso.
5.3. Agregó que, si la actuación del juzgador de segunda instancia se encuentra
limitada a los reparos formulados en el recurso respectivo, no puede pasarse por
alto que, en el caso concreto, los recurrentes solicitaron la revocatoria íntegra de la
sentencia de primera instancia.
5.4. La Fiscalía General de la Nación solicitó, a través de apoderada judicial, que
se declarare improcedente el mecanismo constitucional presentado por los
accionantes toda vez que las pretensiones no tienen relevancia constitucional, ya
que la discusión es meramente económica.
5.5. La Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
solicitó, a través de apoderado judicial, que se declare improcedente la acción de
tutela, teniendo en cuenta que el Tribunal Administrativo de Nariño actuó dentro del
ámbito de sus funciones.
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Accionantes: Marcos Fortunato Venancio Mora Paz y otros
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia de la Sala
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20194.
VI.2. Problemas jurídicos
7. Teniendo en cuenta la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer lo
siguiente:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, de ser así, se deberá
determinar:
b) Si la providencia de 28 de julio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño, dentro del medio de control de reparación directa
con el número único de radicación 52001-33-33-007-2015-00245-00/01
vulneró los derechos fundamentales invocados por los accionantes.
8. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a
(ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y
cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20125, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01490-00
Accionantes: Marcos Fortunato Venancio Mora Paz y otros
10. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial6, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución7.
13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”8 que encaje en dichos
parámetros.
14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
6
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
7
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
8
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01490-00
Accionantes: Marcos Fortunato Venancio Mora Paz y otros
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
15. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.4. El caso concreto
16. Los señores Marcos Fortunato Venancio Mora Paz, Nubia Zoraida Eraso Enríquez,
Angela María Mora Eraso, Rosa Berthalina Mora Paz, Jesús del Carmen Mora Paz,
Franca Lidia Mora Paz, Raúl Cándido Mora Paz, Ingrid Carina Mora Paz y Flor Cecilia
Mora Paz solicitaron, a través de apoderado judicial, el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyeron a la
providencia de 28 de julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño,
dentro del medio de control de reparación directa con el número único de radicación
52001-33-33-007-2015-00245-00/01.
17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito de subsidiariedad.
VI.4.1. Del incumplimiento del requisito general de procedibilidad de
subsidiariedad
18. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.
19. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:
“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
[…]”. [Negrilla original del texto]
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01490-00
Accionantes: Marcos Fortunato Venancio Mora Paz y otros
20. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal [acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza9], lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.
21. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de la
acción de tutela, en los siguientes términos:
“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”
“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado
los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.
Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”10.
22. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser utilizada
como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios, salvo que
estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos
fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”11.
23. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto
excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de
tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.
9
Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 16 de abril de 2015.
10
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván
Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019, expediente
número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01490-00
Accionantes: Marcos Fortunato Venancio Mora Paz y otros
24. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.
25. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que los accionantes alegan
que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales citados supra
por haber incurrido, presuntamente, en un defecto procedimental absoluto y en una
violación directa del artículo 29 de la Constitución Política.
26. Respecto de los defectos alegados sostuvo:
“[…] Es evidente que el tribunal quebranto el debido proceso, para ello basta
citar la sentencia del consejo de estado que respecto al recurso de apelación
puntualizó:
[…]
“La competencia funcional del juez de segunda instancia está limitada por las
razones de inconformidad expresadas por el recurrente en el escrito de
sustentación del recurso de apelación y no por el mero acto procesal dispositivo
de parte, a través del cual manifiesta, de manera abstracta, impugnar la
respectiva providencia. Lo anterior significa que las competencias funcionales
del juez de la apelación, cuando el apelante es único, no son irrestrictas, pues
están limitadas, en primer lugar, por el principio de la “non reformatio in pejus”,
introducido como precepto en el artículo 31 de la Constitución Política y
consagrado por el artículo 357 del C. de P. C. y, en segundo orden, por el objeto
mismo del recurso de apelación (revocar o modificar la providencia), cuyo
marco está definido, a su vez, por las razones de inconformidad o juicios de
reproche esbozados por el apelante, en relación con la situación creada por el
fallo de primera instancia. Así, pues, al juez de segundo grado le está vedado,
en principio y salvo las excepciones hechas por el legislador, revisar temas del
fallo de primer grado que son aceptados por el recurrente (bien porque omite
reargüirlos en la sustentación del recurso de apelación o bien porque
expresamente los elimina de la discusión manifestando su asentimiento en
relación con ellos), pues éstos quedan excluidos del siguiente debate y, por lo
mismo, debe decirse que, frente a dichos aspectos, fenece por completo el
litigio o la controversia.” CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION [sic] TERCERA SUBSECCION
[sic] A Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil catorce (2014)
Radicación número: 76001-23-31-000-1998-01093-01(31297).
De la lectura de la apelación se evidencia que los motivos de informidad son
para pedir la revocatoria del fallo de instancia, pero en nada se menciona el
tema de los perjuicios morales, su acreditación y su cuantía en término de la
sentencia de que valió [sic] el Tribunal para modificar la sentencia […]”.
27. Sobre la violación directa de la Constitución reiteró los argumentos expuestos en
el defecto procedimental absoluto previamente señalado.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01490-00
Accionantes: Marcos Fortunato Venancio Mora Paz y otros
28. Como se puede apreciar de la transcripción anterior, el centro de esta
controversia radica en la vulneración de los derechos fundamentales de los
accionantes por la presunta falta de congruencia de la sentencia de 28 de julio de
2023. Dicha falta de congruencia deviene de que se estudiaron puntos que no
fueron objeto de cuestionamiento por los apelantes.
29. Aunado a lo anterior los accionantes también alegan en el escrito de tutela la falta
de motivación en el fallo de segunda instancia, proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño.
30. LaSala considera que los argumentos que fundamentan esta acción son
susceptibles de plantearse a través del recurso extraordinario de revisión, por la
causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 18 de enero de
201112, que en su tenor literal prevé: “[…] [s]in perjuicio de lo previsto en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: (…) 5. Existir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación […]”.
31. En ese sentido, esta Sala de Decisión ha sostenido que el recurso extraordinario
de revisión, amparado en la causal 5, es el medio judicial idóneo para controvertir
la falta de congruencia externa y/o interna de la sentencia. Al respecto se dijo en el
fallo de 16 de febrero de 202313:
“[…] De la revisión del contenido de los argumentos planteados en esta acción
de amparo es dable inferir que la inconformidad del actor se concreta en
que la sentencia de 6 de julio de 2022 violó el principio de congruencia y
la garantía constitucional de doble instancia porque no resolvió de fondo
los planteamientos que se efectuaron contra la decisión de primera
instancia.
39. En ese sentido, para esta Sección el debate propuesto en el escrito de
tutela está encaminado a demostrar que el fallo judicial incurrió en una
nulidad por desconocer el principio de congruencia de la sentencia, en
tanto que el juez contencioso se abstuvo injustificadamente de analizar
los argumentos señalados en el recurso de apelación.
40. En relación con el desconocimiento principio de congruencia como causal
de nulidad de la sentencia, cabe traer a colación el siguiente pronunciamiento
de la Sala Octava Especial de Revisión de esta Corporación:
[...] La congruencia corresponde a un atributo de la decisión judicial y se traduce
en la armonía que deber estar presente en su estructura interna, esto es, la
parte motiva y resolutiva del fallo, como en la externa, entendida como la
coherencia entre la decisión y lo pedido por las partes. Este principio es una
garantía de que gozan las partes para exigir del fallador una decisión que
resuelva la controversia formulada, no solo frente a las pretensiones que
formula el actor, sino respecto del pronunciamiento que el juez debe realizar de
12
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
13
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de febrero de 2023. Exp. N°
11001-03-15-000-2023-6776-00. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01490-00
Accionantes: Marcos Fortunato Venancio Mora Paz y otros
la defensa de quien funge como parte accionada y que, generalmente, se
propone a título de excepciones. Ahora, la congruencia en la decisión de
segunda instancia está atada a la competencia del superior funcional y al
examen que le corresponde realizar como consecuencia de la revisión de la
providencia de primer grado y el reproche de los apelantes, para que, según su
análisis, la revoque, modifique o si lo encuentra pertinente, la confirme, de
acuerdo con el artículo 320 armonizado con el 281, ambos del CGP [...].
41. En consecuencia, esta Sección debe concluir que la supuesta omisión que
se atribuye por la parte actora a la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado es susceptible de ser invocada como causal de revisión,
motivo por el cual la acción de amparo resulta improcedente ante el
desconocimiento del principio de subsidiariedad […]”. [Negrilla fuera del texto]
mismo esta Sala ha considerado con anterioridad14, que los argumentos
32. Así
asociados con la ausencia de motivación en la sentencia dan lugar a que se
promueva el recurso extraordinario de revisión, bajo la citada causal 5 del artículo
250 de la Ley 1437 de 201115.
33. Por lo expuesto, la Sala considera que en el asunto objeto de estudio no se
cumple el requisito general de subsidiariedad. Asimismo, tampoco se acreditó la
configuración de un perjuicio irremediable, evento en el cual procedería la acción de
tutela como mecanismo transitorio.
34. Conforme a lo anotado, la Sala declarará improcedente la presente acción de
tutela por no cumplir con el requisito general de procedencia de subsidiariedad,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
14
Frente al cargo de decisión sin motivación, ha señalado esta Sala que procede el recurso de extraordinario de revisión, Ver:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 3 de abril del 2020, número único
de radicación: 11001 03 15 000 2020 00579 00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 9 de julio de 2020, número único de radicación: 11001-03-15-
000-2020-02431-00. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, Sentencia del 5 de abril del
2016, número único de radicación: 11001 03 15 000 2008 00320 00. C.P. Danilo Rojas Betancourt.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01490-00
Accionantes: Marcos Fortunato Venancio Mora Paz y otros
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Ausente con permiso
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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