Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01498-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01498-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01498-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
23 de mayo de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01498-00
Accionante: Jaiver Trujillo Trujillo y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de Tutela
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01498-00
Accionante: Jaiver Trujillo Trujillo y otros1
Accionados: Juzgado Noveno Administrativo de Neiva y Tribunal
Administrativo del Huila
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela presentada por los señores
Jaiver Trujillo Trujillo, Yhon Fredy Camacho Ceballos, Álvaro José
Cerquera Mejía, Víctor Manuel Cedeño Muñoz y Verónica Castro Ceballes.
I. LA SOLICITUD DE AMPARO
Los ciudadanos Jaiver Trujillo Trujillo, Yhon Fredy Camacho Ceballos,
Álvaro José Cerquera Mejía, Víctor Manuel Cedeño Muñoz y Verónica
Castro Ceballes, por intermedio de apoderado judicial2, presentaron
acción de tutela contra el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva y el
Tribunal Administrativo del Huila, al considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa dentro de la acción de
cumplimiento con número de radicado 41001 33 33 009 2023 00337 00.
Como única pretensión, solicitan “se deje sin efectos las providencias del
pasado veintiséis (26) de enero y quince (15) de febrero de 2024, para
que en su lugar se rehaga la totalidad de la actuación, incluso desde la
admisión misma de la Acción de Cumplimiento, con el fin de que se vincule
a la totalidad de las personas que eventualmente resultasen perjudicadas
con dicha acción judicial y no se vulnere el derecho fundamental al debido
proceso y a la defensa que le asiste no solo a mis representadas, sino a
otras familias que tienen construida sus viviendas en la faja de protección
vial.”
II. SITUACIÓN FÁCTICA
1.1. Silvia Araujo Cuevas y Mario Arias Barrera, instauraron acción de
cumplimiento en contra de la Alcaldía Municipal de Yaguará (Huila), con
1
Yhon Fredy Camacho Ceballos, Álvaro José Cerquera Mejía, Víctor Manuel Cedeño
Muñoz y Verónica Castro Ceballes.
2
Apoderado Luis Fernando Casallas Rivas
1
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01498-00
Accionante: Jaiver Trujillo Trujillo y otros
el fin de que el ente territorial de cumplimiento al inciso 2 del artículo 4
de la Ley 1228 de 2008, por la cual se determinó las fajas mínimas de
retiro obligatorias o áreas de exclusión para las carreteras del sistema vial
nacional, con el fin de que se efectuara la restitución de la zona verde,
berma o de protección sobre la vía que desde el casco urbano del
Municipio de Yaguará conduce hacia el Municipio de Teruel – Huila,
exactamente a la vereda Flandes, contiguo al cementerio municipal del
Municipio Yaguará, vía de segundo orden a cargo del Departamento.
2.2. Mencionan que el 26 de enero de 2024 el Juzgado Noveno
Administrativo de Neiva accedió a las pretensiones de la demanda y, en
consecuencia, ordenó al Municipio de Yaguará que, en el plazo de 5 días,
iniciara el proceso policivo de restitución del bien de uso público y demás
medidas de protección en la vía ubicada en la vereda Flandes, sin que su
desarrollo y culminación sobrepase 6 meses.
2.3. Señalaron que el 15 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo
del Huila modificó la sentencia de primera instancia, en el sentido de
ordenar al municipio para que, en el término de 5 días, inicie el proceso
policivo de restitución del bien de uso público, sin que su desarrollo y
culminación sobrepase un año.
2.4. Consideran que las providencias proferidas por el Juzgado y el
Tribunal incurrieron en las siguientes vías de hecho: (i) defecto
procedimental absoluto, al no haber vinculado a los accionantes a la
acción de cumplimento, cuando son los directamente afectados; (ii)
desconocimiento del precedente, al desconocer la regla jurisprudencial
sobre la obligatoriedad de vincular dentro de la acción de cumplimiento a
todas la personas que eventualmente pudieran resultar perjudicadas con
las decisiones judiciales que allí se adopten, con el fin de que ejerzan el
derecho de defensa; (iii) violación directa de la Constitución, al
desconocer el derecho al debido proceso y defensa de los accionados al
no haber sido vinculados, impidiéndoles ser escuchados dentro del
proceso judicial y terminar siendo afectados por cuanto residen en las
viviendas que pretenden demoler con el proceso policivo que se ordenó
tramitar.
2.5. Relatan los accionantes que, construyeron sus viviendas desde hace
aproximadamente 30 años con el “beneplácito” de la alcaldía municipal y
la gobernación del Huila, por lo que, consideran que si el ente territorial
pretende la restitución de dichas franjas de terreno, las cuales son
aledañas a una vía de segundo orden a cargo del Departamento, deben
ser indemnizados, así como reubicados no sólo sus núcleos familiares sino
todas las familias afectadas con las decisiones judiciales y
administrativas.
2.6. Aseguraron que, “lo que se pretendió con la acción de cumplimiento
no es nada distinto a que se demolieran las viviendas de propiedad de
mis representados con el ánimo de dar visibilidad a una vivienda
campestre de propiedad de los accionantes, que tan solo fue construida
hace dos (2) años, sumado a que paradójicamente el portón de acceso a
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Accionante: Jaiver Trujillo Trujillo y otros
la misma se encuentra construido dentro de las fajas mínimas de retiro
obligatorio o áreas de exclusión.”
III. TRÁMITE DE LA TUTELA
3.1. El 8 de abril de 2024, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela, ordenó la notificación de las entidades accionadas, y vinculó
como terceros interesados a los ciudadanos Silvia Araujo Cuevas y Mario
Arias Barrera y al Municipio de Yaguará – Huila. En esta misma
providencia se solicitó copia digital de la acción de cumplimiento radicada
bajo el núm. 4100133309-2023-00337-00.
3.2. El Juzgado Noveno Administrativo de Neiva – Huila, por
conducto del titular del despacho, mencionó que la acción de
cumplimiento mira al acatamiento de los deberes que emanan de un
mandato contenido en la ley o en un acto administrativo, imperativo,
inobjetable y expreso, que la autoridad competente se rehúsa a ejecutar.
Asegura que, sólo se vincula a su trámite a la autoridad que conforme al
orden jurídico está llamada a cumplir el deber omitido y, eventualmente,
a los particulares que actúan o deban actuar en ejercicio de funciones
públicas conforme lo dispone el artículo 5° de la Ley 393 de 1997.
Señala que, en el caso concreto, los actores en la acción de cumplimiento
reclamaban la conducta omitida por el Municipio de Yaguará, vale decir
que el cumplimiento de la norma no se exigía respecto de los hoy
tutelantes, por lo que no era dado vincularlos a las diligencias.
Refiere que, en “constantes declaraciones jurisprudenciales del Consejo
de Estado han enseñado a este respecto que la relación procesal en la
acción de cumplimiento, atendiendo a su naturaleza de la acción pública,
se establece entre la persona que reclama el cumplimiento y la autoridad
pública que tenga competencia para cumplir con el deber omitido”3.
Agregó que, si bien en la sentencia del 26 de enero de 2024, proferida en
la acción de cumplimiento y reprochada en este trámite constitucional, se
haya ordenado al Municipio de Yaguará comenzar el proceso policivo de
restitución de bien de uso público, no impide a los accionantes en su
condición de ocupantes de la faja de retiro, para que en el trámite policivo
ejerzan sus derechos de defensa y contradicción.
3.3. La Municipio de Yaguará – Huila, por conducto de apoderado
judicial, señaló que en aras de cumplir lo ordenado en la acción de
cumplimiento dio inicio al proceso policivo para la restitución del bien de
uso público (fajas de retiro obligatorias), trámite en el cual ha adelantado
las siguientes actuaciones:
• El 29 de febrero de 2024, se dio inicia el trámite policivo de
restitución y protección de bienes inmuebles, sobre
3
Expediente ACU 2005-01745. CP Darío Quiñónez Cruz
3
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01498-00
Accionante: Jaiver Trujillo Trujillo y otros
comportamiento contrario a la integridad urbanística y espacio
público, sobre la vía que desde el casco urbano del Municipio de
Yaguará conduce hacia el Municipio de Teruel, más exactamente en
la vereda Flandes, contiguo al Cementerio Municipal de Yaguará,
con Código 46HL04, vía de segundo orden a cargo del
Departamento del Huila y se ordenó:
➢ Fijar para el día 23 de mayo de 2024, a las 2:30 pm, en el Despacho
de la Dirección Técnica de Justicia Municipal, para llevar a cabo la
audiencia pública de que trata el numeral 3º del artículo 223 de la
Ley 1801 de 2016.
➢ Citar a los señores Álvaro Cerquera Losada, Yolanda Vargas Ardila
y Ana Silvia Ceballes.
➢ Comunicar el inicio del presente proceso administrativo policivo a la
Personería Municipal y al Juzgado Noveno Administrativo de Neiva,
para su conocimiento y demás fines pertinentes, de conformidad
con lo establecido en el Art. 211 de la Ley 1801 de 2016.
➢ Notificar a las personas indeterminadas mediante la fijación de
aviso en cartelera y en el lugar visible que sobre la vía conduce
hacia el Municipio de Teruel, más exactamente en la vereda
Flandes, contiguo al Cementerio Municipal de Yaguará – Huila.
Manifestó que en aras de avanzar con el trámite del proceso en mención
y haciendo alusión al artículo OCTAVO del auto que avoca conocimiento
del 29 de febrero de 2024, se emite Auto POR MEDIO DEL CUAL SE
DECRETA LA PRACTICA DE PRUEBAS DE OFICIO DENTRO DEL PROCESO
POLICIVO DE RESTITUCIÓN Y PROTECCIÓN DE BIEN INMUEBLE DE USO
PUBLICO, COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA INTEGRIDAD
URBANÍSTICA Y ESPACIO PÚBLICO, sobre sobre la vía que desde el casco
urbano del Municipio de Yaguará (H) conduce hacia el Municipio de Teruel
(H), más exactamente en la vereda Flandes, contiguo al Cementerio
Municipal de Yaguará (H), con Código 46HL04, vía de segundo orden a
cargo del Departamento del Huila. En este auto se decretaron las
siguientes prácticas de pruebas:
“[…] 5.Oficiar a la secretaria de Planeación e Infraestructura del
Municipio de Yaguará para que realice visita técnica y presente
informe sobre lo evidenciado en el lugar objeto del presente proceso,
vía que desde el casco urbano del Municipio de Yaguará (H) conduce
hacia el municipio de Teruel (H), más exactamente en la vereda
Flandes, contiguo al Cementerio Municipal de Yaguará (H), con Código
46HL04; se realicen las actuaciones necesarias y conducentes para
determinar las edificaciones ilegales que se encuentran sobre la vía en
mención, además de realizar caracterización de las personas que allí
residen en posibles edificaciones y que no cumplen con lo
reglamentado en lo dispuesto en el inciso 2°. del artículo 4°. de la Ley
1228 de 2008, modificado por el artículo 17 de la Ley 1882 de 2018
inciso 3°, teniendo en cuenta que se trata de aproximadamente trece
(13) viviendas que se encuentran sobre la vía en mención, y que es
necesario realizar dicha caracterización.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01498-00
Accionante: Jaiver Trujillo Trujillo y otros
6. Oficiar al personero municipal, a quien le corresponde la guarda y
promoción de los derechos humanos y la protección del interés
público, para que realice las visitas técnicas necesarias, conducentes
y que consideren las cuales nos permitan hacer una verificación de
derechos a través del estado actual de estas familias y su composición,
de quienes residen sobre la vía que desde el casco urbano del
Municipio de Yaguará (H) conduce hacia el municipio de Teruel (H),
más exactamente en la vereda Flandes, contiguo al Cementerio
Municipal de Yaguará (H), con Código 46HL04, en defensa de los
derechos y garantías fundamentales de los residentes en la zona
objeto del presente proceso, e informe a este despacho sobre lo
evidenciado.
7. Aunado a lo anterior se ordenó dentro del mismo auto se
practicarán las mismas pruebas a los señores ÁLVARO CERQUERA
LOSADA, YOLANDA VARGAS ARDILA y ANA SILVIA CEBALLES
determinados e identificados dentro de la sentencia de segunda
instancia por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila. […]”
3.4. Silvia Araujo Cuevas y Mario Arias Barrera, por intermedio de
apoderado judicial, solicitaron que se declare improcedente la presente
acción de tutela, al considerar que las accionadas han dado fiel
cumplimiento al ordenamiento jurídico colombiano y en especial a lo
ordenado en el artículo 87 de la Constitución y la Ley 393 de 1997, los
cuales desarrollan la acción de cumplimiento, mecanismo cuyo objetivo
es otorgarle a personas bien sean naturales o jurídicas la posibilidad de
acudir ante la jurisdicción para exigir el cumplimiento de un deber que
surge en virtud de una ley o de un acto administrativo y que no está
siendo observado, caso como ocurrió del inciso 2° del artículo 4 de la Ley
1228 del 16 de julio de 2008.
Aseguran que, a la acción de cumplimiento no podían ser vinculados los
accionantes de la presente acción de tutela como parte pasiva, en razón
a que esta legitimidad la tiene es el Municipio de Yaguará, como autoridad
renuente.
Reprochan el argumento de los accionantes al indicar que, deben ser
indemnizados, lo cual en su sentir no tiene viabilidad legal de conformidad
con el inciso 1° del artículo 4 de la Ley 1882 de 2018, debido a que las
construcciones son ilegales y con ellas invadieron el espacio público.
Respecto a la solicitud de reubicación de los accionantes, aseguran que la
acción de tutela no es el mecanismo idóneo, y que para ello está el trámite
policivo que se adelanta en observancia de lo ordenado en la acción de
cumplimiento, por lo que será en dicho trámite que se deberá ventilar ese
asunto.
Menciona que, el Tribunal al decidir el recurso de apelación precisó que:
“Y, por último, la sala considera equívoco el argumento que para dar
inicio al proceso policivo sea requisito previo el contar con los recursos
para la reubicación de las familias, por cuanto durante el desarrollo
del proceso pueden suceder muchas situaciones, incluso que los
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01498-00
Accionante: Jaiver Trujillo Trujillo y otros
habitantes que han invadido con sus viviendas la faja de terreno o
zona de protección o exclusión de la vía denominada Ramal a Yaguará,
identificada con el Código 43HL04, abandonen de manera voluntaria
dicha invasión, y sumado a ello, al contar con una decisión definitiva
del proceso policivo de restitución del espacio público, esta servirá de
fundamento para conseguir los recursos necesarios para su debido
cumplimiento.”
Cita el apoderado que, “[…] la acción de cumplimiento instaurada en
contra del Municipio de Yaguará, en su momento fungía como alcalde y
representante legal, el señor JUAN CARLOS CASALLAS RIVAS, y en
aras de evitar algún tipo responsabilidad, instaura a través de su
hermano, el abogado LUIS FERNANDO CASALLAS RIVAS, la presente
acción de tutela como apoderado de los accionantes, ya que, como lo
indican en el escrito de la misma, son personas de escasos recursos, que
no cuentan con los medios como para sufragar los servicios de un
abogado”.
Finalizó el informe solicitando que “[…] se debe de aplicar el principio
constitucional de la prevalencia del interés general sobre el particular,
dado “que la acción de cumplimiento se instauró no solamente por el
bienestar de mis prohijados, sino en pro de la comunidad que transita
por el sector, con el fin de recuperar los espacios de ZONA VERDE,
BERMA O DE PROTECCIÓN SOBRE LA VÍA que desde el casco urbano
de Yaguará, conduce hacia el municipio de Teruel, más exactamente en
la vereda Flandes, contiguo al Cementerio Municipal de Yaguará (H), con
Código 46HL04, vía de segundo orden a cargo del Departamento del Huila
[…]”.
3.5. El Tribunal Administrativo del Huila4, guardó silencio.
IV. CONSIDERACIONES
4.1. Competencia.
De conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991 en concordancia con lo dispuesto en el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 333 de 2021, numeral 5, y el artículo 25 del
Acuerdo nro. 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las
secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.
4.2. Hechos relevantes.
4.2.1. El 4 de diciembre de 2023, a través de apoderado judicial los
ciudadanos Silvia Araújo Cuevas y Mario Arias Barrera en calidad de
propietarios del bien inmueble denominado “LOS CAUCHOS” ubicado en
la Vereda Flandes del Municipio de Yaguará, interpusieron acción de
cumplimiento contra la alcaldía municipal de Yaguará – Huila, radicada
4
Índice 7 aplicativo de SAMAI, da cuenta que, el tribunal fue notificado en el e-mail:
sectriadmhui@cendoj.ramajudicial.gov.co, el 10 de abril de 2024.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01498-00
Accionante: Jaiver Trujillo Trujillo y otros
bajo el núm. 41001 33 33 009 2023 00337 00, correspondió el
conocimiento al Juzgado Noveno Administrativo de Neiva.
4.2.2. Como pretensiones de la acción formularon las siguientes:
“1. Se ordene y garantice el cumplimiento del artículo 87 de la
Constitución Política en tanto se ordene el cumplimiento efectivo del
INCISO SEGUNDO (2º) DEL ARTICULO 4 DE LA LEY 1228 DE 2008 por
parte de la accionada ALCALDÍA MUNICIPAL DE YAGUARÁ (H).
2. Como consecuencia de la anterior, se ordene a la accionada
ALCALDÍA MUNICIPAL DE YAGUARÁ (H) que en un plazo razonable
inicien las acciones y efectúen la restitución de la ZONA VERDE,
BERMA O DE PROTECCIÓN SOBRE LA VÍA que desde el casco urbano
de Yaguará (H) conduce hacia el municipio de Teruel (H), más
exactamente en la vereda Flandes, contiguo al Cementerio Municipal
de Yaguará (H), con Código 46HL04, vía de segundo orden a cargo del
Departamento del Huila, y por consiguiente, la demolición de las
construcciones ilegales y la reubicación de estas familias, en aras de
evitar un perjuicio irremediable para la población de esta zona. (…)”
4.2.3. Como fundamentos de hecho relataron que su predio colinda con
la zona verde, berma o de protección sobre la vía que desde el casco
urbano del Municipio Yaguará conduce hacia el Municipio de Teruel - Huila,
más exactamente en la vereda Flandes, contiguo al Cementerio Municipal
de Yaguará, vía de segundo orden a cargo del Departamento del Huila.
Manifestaron que la berma o zonas verdes de protección vial fueron
invadidas con unas viviendas ilegales construidas por el señor Álvaro José
Cerquera Mejía entre otros, obstruyendo asi, el paso peatonal, forzando
a que las personas circulen por la vía, exponiendo su vida e integridad
ante un posible accidente, además de que impide la visibilidad de los
actores respecto de los vehículos particulares, públicos y maquinarias
agrícolas que transitan a grandes velocidades, cuando salen de su
propiedad.
Mencionaron que, el 4 de septiembre de 2014, el alcalde de ese entonces,
dio respuesta a un derecho de petición que presentaron, en el que se
indican que mediante visita técnica realizada por la Secretaria de Obras
Pública y Planeación Municipal, se estableció que las viviendas construidas
se encuentran invadiendo las fajas mínimas de retiro obligatorio o aras
de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, establecidas
en la Ley 1228 de 2008 y que estas no cuentan con expedición de licencias
correspondientes, sin que se hubieran iniciado las actuaciones necesarias
para restituir el espacio público.
4.2.6. El 26 de enero de 2024 el Juzgado Noveno Administrativo de
Neiva profirió sentencia en la que accedió a las pretensiones de la acción
de cumplimiento y como consecuencia ordenó:
“[...] al representante legal del MUNICIPIO DE YAGUARÁ que en el plazo
de cinco (5) días inicie el proceso policivo de restitución de bien de uso
público y demás medidas de protección en la vía desde el casco urbano de
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01498-00
Accionante: Jaiver Trujillo Trujillo y otros
Yaguará (H) conduce hacia el municipio de Teruel (H), más exactamente
en la vereda Flandes, contiguo al Cementerio Municipal de Yaguará (H), con
Código 46HL04 en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 2°. del artículo
4°. de la Ley 1228 de 2008, modificado por el artículo 17 de la Ley 1882
de 2018 inciso 3°, sin que su desarrollo y culminación sobrepase los 6
meses.”
4.2.7. La anterior decisión fue impugnada por el Municipio de Yaguará,
recurso que fue decidido el 15 de febrero de 2024, por el Tribunal
Administrativo del Huila, quien modificó la decisión de primera instancia,
en los siguientes términos:
“Segundo: ORDENAR al representante legal del MUNICIPIO DE
YAGUARÁ que en el plazo de cinco (5) días inicie el proceso policivo
de restitución de bien de uso público y demás medidas de protección
en la vía desde el casco urbano de Yaguará (H) conduce hacia el
municipio de Teruel (H), más exactamente en la vereda Flandes,
contiguo al Cementerio Municipal de Yaguará (H), con Código 46HL04
en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 2°. del artículo 4°. de la
Ley 1228 de 2008, modificado por el artículo 17 de la Ley 1882 de
2018 inciso 3°., sin que su desarrollo y culminación sobrepase un (1)
año. (…)”.
4.2.8. El 29 de febrero de 2024, el Municipio de Yaguará en cumplimiento
de lo ordenado por el juez de la causa, dio apertura al proceso policivo
dirigido a la restitución del espacio público, por lo que, ordenó citar a los
señores Álvaro Cerquera Losada, Yolanda Vargas Ardila y Ana Silvia
Ceballes, para adelantar la audiencia pública de que trata el Numeral 3º
del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016.
4.2.9. Los accionantes presentaron acción de tutela contra las decisiones
dictadas en la acción de cumplimiento, al considerar vulnerados sus
derechos fundamentales por no ser vinculados dentro del proceso en el
cual se dictaron dichas providencias.
5. ANÁLISIS DE LA SALA.
5.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
En ese orden, la Sala analizará si se cumplen los requisitos generales
fijados por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la
acción de tutela iniciada por los actores contra el Juzgado Noveno
Administrativo de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila, con ocasión
de las sentencias del 26 de enero y 15 de febrero de 2024,
respectivamente, que accedieron a las pretensiones de la demanda dentro
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01498-00
Accionante: Jaiver Trujillo Trujillo y otros
del medio de control de acción de cumplimiento promovido por Silvia
Araujo Cuevas y Mario Arias Barrera contra el Municipio de Yaguará
(Huila), proceso que se identificó con la radicación 41001-33-33-009-
2023-00337-01.
En el caso particular los accionantes alegan que las providencias judiciales
dictadas en la referida acción de cumplimiento vulneran sus derechos al
debido proceso y defensa, en razón a la omisión en que incurrieron las
autoridades accionadas, Juzgado Noveno Administrativo de Neiva y
Tribunal Administrativo del Huila, al no vincularlos como terceros en la
citada acción de cumplimiento, por medio de la cual se pretende la
restitución de la berma o zonas de reserva vial, sobre la cual los
accionantes construyeron sus viviendas, las cuales afirman están en
riesgo de ser demolidas por parte del Municipio de Yaguará, quien en
acatamiento de lo ordenado en la acción de cumplimiento dio inicio al
proceso policivo, conforme lo dispuesto en los artículos 77 (numeral 1)5;
135 (literal a. numerales 1 y 3)6; y 140 (numerales 2, 4 y 6 del)7 de la
Ley 1801 de 2016.
Por lo anterior, aseguran que las providencias judiciales dictadas en la
referida acción incurren en los defectos procedimental absoluto,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.
Pues bien, la Sala encuentra que la presente acción cumple con los
requisitos generales para su examen, en razón a que:
i) se argumenta la posible vulneración del derecho fundamental al
debido proceso como consecuencia de la falta de vinculación de los
accionantes dentro de la acción de cumplimiento, trámite judicial que
culmina con una providencia que aseguran afecta sus intereses, en
razón a que ordena iniciar un proceso policivo para que se restituya un
5
ARTÍCULO 77. Comportamientos contrarios a la posesión y mera tenencia de
bienes inmuebles. Son aquellos contrarios a la posesión, la mera tenencia de los bienes
inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso público, bienes de utilidad
pública o social, bienes destinados a prestación de servicios públicos. Estos son los
siguientes: || 1. Perturbar, alterar o interrumpir la posesión o mera tenencia de un bien
inmueble ocupándolo ilegalmente.
6
ARTÍCULO 135. Comportamientos contrarios a la integridad urbanística. Los
siguientes comportamientos, relacionados con bienes inmuebles de particulares, bienes
fiscales, bienes de uso público y el espacio público, son contrarios a la convivencia pues
afectan la integridad urbanística y por lo tanto no deben realizarse, según la modalidad
señalada: || A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir: 1. En áreas
protegidas o afectadas por el plan vial o de infraestructura de servicios públicos
domiciliarios, y las destinadas a equipamientos públicos. (…) 3. En bienes de uso público
y terrenos afectados al espacio público.
7
ARTÍCULO 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del
espacio público. Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad
del espacio público y por lo tanto no deben efectuarse. || 1. Omitir el cuidado y
mejoramiento de las áreas públicas mediante el mantenimiento, aseo y enlucimiento de
las fachadas, jardines y antejardines de las viviendas y edificaciones de uso privado. ||
2. Realizar obras de construcción o remodelación en las vías vehiculares o peatonales,
en parques, espacios públicos, corredores de transporte público, o similares, sin la
debida autorización de la autoridad competente. (…) || 6. Promover o facilitar el uso u
ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional
vigente.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01498-00
Accionante: Jaiver Trujillo Trujillo y otros
bien público en el que aducen los accionantes se encuentran sus
viviendas. En ese orden de ideas, la Sala advierte que en el escrito de
tutela se alega y argumenta la posible vulneración del derecho de
defensa y contradicción de los accionantes, garantías que hacen parte
del núcleo esencial del debido proceso, asunto que no constituye un
asunto de mera legalidad, y que tampoco pretende reabrir una instancia
adicional, en la medida en que, precisamente, lo que se alega es la no
vinculación al proceso y, por tanto, la ausencia de oportunidad para de
ejercer sus derechos.
Así las cosas, el requisito de relevancia constitucional está acreditado
respecto del derecho fundamental al debido proceso.
ii) La parte actora no cuenta con otro mecanismo judicial para proteger
el derecho fundamental invocado, ya que ha sido posición reiterada de
esta Corporación8 que, contra las sentencias de segunda instancia
dictadas en materia de acción de cumplimiento, no proceden los
recursos extraordinarios en cumplimiento de ley especial que regula
esa acción, Ley 393 de 1997.
iii) la tutela se presentó dentro de un término razonable, habida cuenta
que la providencia cuestionada fue proferida el 15 de febrero de 2024
y la tutela se radicó el 1 de abril de 2024.
iv) las irregularidades manifestadas por la parte actora conciernen a
los defectos procedimental absoluto, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución.
iv) la situación que se afirma generó la vulneración de los derechos
fundamentales fue debidamente puntualizada, y
v) no se trata de una providencia contentiva de una sentencia de
tutela.
Así, aparecen cumplidos los presupuestos genéricos de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales, por lo que, en consecuencia, la
Sala se encuentra habilitada para realizar el estudio del fondo del asunto.
5.2. Fondo del asunto
Dicho lo anterior, procederá la Sala a estudiar los defectos en los cuales
consideran los accionantes que incurrieron las decisiones censuradas por
no haber sido vinculados a la acción de cumplimiento que dio origen a la
acción de tutela de la referencia.
5.2.1. Sobre el desconocimiento del precedente manifestó el
representante judicial de los accionantes que “[…] se desconoció la regla
8
Auto de 22 de noviembre de 2023, exp. 11001-03-15-000-2023-06852-00, C.P. Luis
Alberto Álvarez Parra; Auto de 26 de octubre de 2023, exp. 11001 03 15 000 2023
02000 00 (3138), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; Auto de 16 de mayo de 2023,
exp. 11001-03-15-000-2023-02106-00, C.P. Wilson Ramos Girón.
10
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Accionante: Jaiver Trujillo Trujillo y otros
jurisprudencial establecida para estos casos que establece la
obligatoriedad de vincular dentro de la Acción de Cumplimiento a todas
las personas que eventualmente resultasen perjudicadas con las
decisiones judiciales con el propósito de que ejerzan su derecho de
defensa y así garantizar la eficacia jurídica del derecho fundamental a la
igualdad”.
En cuanto a este punto, la Sala reitera que un precedente se configura
cuando la sentencia pretende resolver un idéntico problema, desde la
perspectiva jurídica y fáctica, lo que supone un mismo aspecto jurídico a
considerar, unos mismos hechos relevantes, probados y debidamente
connotados, e iguales fundamentos en derecho. A estos efectos, el
examen de los requisitos que deben cumplirse para que se ataque la
sentencia en sede de tutela por desconocimiento del precedente, impone
al actor la carga de identificar el problema jurídico que resolvió la
sentencia cuestionada para compararlo con el problema jurídico resuelto
por el precedente, determinando consecuentemente su identidad en los
hechos y en el derecho.
No habrá entonces desconocimiento del precedente si la sentencia
analizada difiere en cualquiera de los aspectos indicados, pues en tales
casos, el antecedente invocado no constituye en realidad precedente
vinculante. Y de otro lado, tampoco podrá invocarse el desconocimiento
del precedente si la sentencia que difiere del mismo fundamenta su
decisión en contra de manera razonable y suficiente, justificando tal
posición, pues tal actuación cabe dentro de la autonomía funcional del
juez.
Visto lo anterior, advierte la Sala que el apoderado de los accionantes no
indicó cuáles son los precedentes aplicables al presente caso que permita
realizar la comparación de las situaciones fácticas y de derecho.
Por tanto, en cuanto a este reproche, advierte la Sala que no cumple con
la carga argumentativa mínima que se exige en los casos en los que se
alega que una providencia judicial ha incurrido en desconocimiento del
precedente judicial.
5.2.2. De otro lado, de la lectura y alcance del escrito de tutela, la Sala
advierte que los defectos alegados por la actora, defecto procedimental
absoluto y violación directa de la Constitución se encuentran
estrechamente relacionados y deben abordarse en conjunto, en tanto que
van dirigidos a cuestionar su falta de vinculación a la acción de
cumplimiento, circunstancia que, en su criterio, vulnera el debido proceso
y derecho de defensa.
Respecto del defecto procedimental absoluto, señaló el apoderado de los
accionantes que “[…] En lo que respecta al trámite efectuado por parte
del Juzgado Noveno Administrativo del Círculo Judicial de Neiva, que fuera
confirmado por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, a juicio
del suscrito profesional tenemos que dichos operadores judiciales
incurrieron en una flagrante vía de hecho judicial por Defecto
procedimental absoluto, por cuanto actuaron al margen del procedimiento
11
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01498-00
Accionante: Jaiver Trujillo Trujillo y otros
previsto por la ley, al omitir vincular dentro de la Acción de Cumplimiento
a mis representados quienes son finalmente los perjudicados con los fallos
judiciales controvertidos, pues son quienes construyeron sus viviendas en
la zona que hoy se determinan como fajas mínimas de retiro obligatoria
o áreas de exclusión y que son objeto de un eventual proceso policivo de
restitución de bien de uso público […]”.
En la misma línea, afirman que las providencias censuradas incurren en
violación directa de la Constitución, en razón a que “[…] se desconoció
abiertamente el derecho que le asiste a mis representados al debido
proceso y a la defensa; puesto que el no haber sido vinculados al trámite
de la acción de cumplimiento les impidió que estuvieran representados
por un profesional del derecho que hiciera valer sus intereses, máxime
cuando se trata de familias de escasos recursos económicos que residen
en las viviendas que a través de un proceso policivo pretenden demoler,
afectado incluso a menores de edad y personas de la tercera edad,
quienes ostentan especial protección constitucional [...]“
5.2.2.1. Sobre el defecto procedimental es preciso indicar que se
presenta en eventos donde la autoridad judicial se aparta de manera
evidente de las normas procesales aplicables, o de manera excepcional
cuando se presenta un exceso de ritualismos, en el cual el operador
judicial resta o anula la efectividad de los derechos fundamentales por
motivos excesivamente formales9.
La jurisprudencia constitucional ha reconocido dos modalidades de
defecto procedimental, a saber:
i. Absoluto, cuando el funcionario judicial se aparta por completo del
procedimiento legalmente establecido para el trámite de un asunto
concreto, ya sea porque sigue un trámite totalmente ajeno al pertinente
o porque omite etapas sustanciales del procedimiento establecido10,
afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del
proceso, y
ii. Por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando el funcionario, por
el apego excesivo e irrestricto a las formas, termina generando un
obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y, en consecuencia, sus
actuaciones se convierten en una clara denegación de justicia 11. Se
incurre en esta modalidad del defecto analizado cuando, entre varias
interpretaciones posibles, el juez prefiere aquella que no favorece el
principio pro homine e impide al ciudadano el acceso efectivo a la
administración de justicia.
Esta Corporación12 ha indicado que el defecto procedimental absoluto se
puede configurar porque el funcionario judicial: (i) sigue un trámite
totalmente ajeno al asunto sometido a su competencia (desvía el cauce
9
Sentencia T-781 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
10
Sentencia T-996 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
11
Sentencia T-264 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
12
Sentencia T-020 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
12
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Accionante: Jaiver Trujillo Trujillo y otros
del asunto)13; (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento
establecido, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de una de
las partes14 o (iii) “pasa por alto realizar el debate probatorio, natural en
todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los
sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de
la demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus
pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos
fundamentales”15.
5.2.2.2. Por su parte, con relación a la violación directa de la
Constitución, es preciso señalar que esta causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra sentencias judiciales se fundamenta en el principio
de supremacía constitucional previsto por el artículo 4 de la Constitución
Política, en virtud del cual los preceptos y mandatos allí dispuestos son
normas jurídicas de aplicación inmediata, de carácter vinculante y eficacia
directa, cuya fuerza normativa impone a todos los administradores de
justicia el deber de velar por su cumplimiento y prevalencia16.
A este respecto, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que el
actual ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los
preceptos superiores, al punto que de ellos se derivan mandatos y
previsiones cuya aplicación corresponde a las distintas autoridades y, en
determinados eventos, a los particulares. En esas circunstancias, resulta
plenamente factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través
de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e
irrazonablemente tales postulados17.
En esa medida, el defecto por violación directa de la Constitución se
asienta en el modelo de Estado Social de Derecho adoptado en 1991 y
parte de la obligación “(…) que les asiste a todas las autoridades judiciales
de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4° de
la Carta Política, según el cual la Constitución es norma de normas. En
todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma
jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales (…).”18
En criterio de la Corte Constitucional, esta causal tiene lugar cuando el
juez ordinario adopta una decisión que representa la inaplicación de una
norma constitucional para el caso concreto, o cuando aplica una norma
de rango inferior al constitucional, al margen de los dictados de la
Constitución.19
La Corte ha identificado casos en los que típicamente procede la tutela
contra providencias judiciales por violación directa de la Constitución, que
13
Sentencia T-996 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
14
Sentencia T-264 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
15
Sentencia T-778 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
16
Sentencia SU-024 de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinge
17
Sentencia SU-1073 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
18
Sentencia SU- 918. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
19
Sentencia T-704 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En este mismo sentido
pueden verse las sentencias T-967 de 2014, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-310 de
2009, M.P. Mauricio González Cuervo y T-555 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
13
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Accionante: Jaiver Trujillo Trujillo y otros
de igual modo pueden agruparse en consideración a si el conflicto se
suscita a partir de la fuente o del método de interpretación.20
Ante la evidencia de que muchas de las situaciones caracterizadas
coinciden con las causales de configuración de los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente, la jurisprudencia constitucional ha
reconocido que entre las especiales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial “no existe un límite indivisible” y que una
misma circunstancia bajo análisis puede encuadrarse dentro de varios de
ellos.
La Corte ha explicado que la violación directa de la Constitución debe ser
entendida como una causal específica autónoma de procedencia del
amparo constitucional contra una decisión judicial, ante la exigencia de
razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso interpretativo que
realizan los jueces o autoridades administrativas, el cual siempre estará
sujeto, entre otros aspectos, a la concordancia con la Carta Política.21
Esta causal de procedibilidad de la acción de tutela no supone el
desconocimiento de cualquier norma constitucional, sino concretamente
la infracción de normas superiores relativas a derechos y garantías
fundamentales, en consideración a que es precisamente para el amparo
de éstos que se encuentra instituida en la Carta Política la acción de tutela.
Por ende, es indispensable que el análisis que efectúe el juez al examinar
esta causal se circunscriba a las citadas normas constitucionales.
5.2.3. Naturaleza de la acción de cumplimiento.
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la
Constitución Política, como un mecanismo para que toda persona pueda
"acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de
una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la
sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber
omitido".
De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento
adecuado para demandar de las autoridades o de los particulares que
ejercen funciones públicas y ante el inminente incumplimiento, la
efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos
administrativos.
Como lo señaló la Corte Constitucional “el objeto y finalidad de esta acción
es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores
públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la
realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando
asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a
20
En la sentencia SU – 168 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, la Corte
Constitucional recoge varios supuestos que a lo largo de la jurisprudencia se han
reconocido como causales de violación directa de la Constitución.
21
Sentencia T-088 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
14
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Accionante: Jaiver Trujillo Trujillo y otros
procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos
administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del
Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden
jurídico, social y económico justo”22. (subraya por fuera del texto).
5.2.4. De la vinculación de terceros en la acción de cumplimiento
En el trámite de la acción de cumplimiento la obligación de vinculación
sólo se predica de aquella autoridad o particular que, conforme al
ordenamiento jurídico, tenga competencia para cumplir con el deber
omitido, y, en el caso del particular, siempre que esa competencia se
explique por el ejercicio de una función pública. Así lo disponen los
artículos 5, 6 y 8 de la Ley 393 de 1997:
“Artículo 5º.- AUTORIDAD PUBLICA CONTRA QUIEN SE
DIRIGE. La acción de cumplimiento se dirigirá contra la autoridad a
la que corresponda el cumplimiento de la norma con fuerza material
de ley o acto administrativo.
Si contra quien se dirige la acción no es la autoridad obligada, aquél
deberá informarlo al juez que tramita la acción, indicando la autoridad
a quien corresponde su cumplimiento. En caso de duda, el proceso
continuará también con las autoridades respecto de las cuales se
ejercita la acción hasta su terminación. En todo caso, el juez de
cumplimiento deberá notificar a la autoridad que conforme al
ordenamiento jurídico tenga competencia para cumplir con el deber
omitido”.
Artículo 6º. ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRA
PARTICULARES. La acción de cumplimiento procederá contra
acciones u omisiones de particulares que impliquen el incumplimiento
de una norma con fuerza material de ley o acto administrativo, cuando
el particular actúe o deba actuar, en ejercicio de funciones públicas,
pero sólo para el cumplimiento de las mismas”.
Artículo 8º. PROCEDIBILIDAD. La acción de cumplimiento
procederá contra toda acción u omisión de la autoridad que incumpla
o ejecute actos o hechos que permitan deducir inminente
incumplimiento de normas con fuerza de ley o actos administrativos.
También procederá contra acciones u omisiones de los particulares de
conformidad con lo establecido en la presente ley.”
Así las cosas, la acción de cumplimiento consagra como destinatario
pasivo de la misma, a las autoridades públicas a quienes corresponda el
cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; en consecuencia, el juez sólo está obligado legalmente a
efectuar la notificación a la autoridad que, conforme al ordenamiento
jurídico, tenga competencia para cumplir con el deber omitido. También
prevén las normas que sólo procederá la eventual vinculación de
un particular, cuando éste actúe o deba actuar en ejercicio de
funciones públicas, y sólo para el cumplimiento de las mismas.
22
Sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell y
Hernando Herrera Vergara
15
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01498-00
Accionante: Jaiver Trujillo Trujillo y otros
Sobre el particular, el Consejo de Estado al referirse a este tema sostuvo
que, “la relación jurídica procesal en la acción de cumplimiento,
atendiendo su naturaleza de acción pública, debe darse entre la persona
que reclama el cumplimiento – que puede ser cualquiera- y la autoridad
pública o el particular que ejerce función pública, siempre y cuando, en
este último extremo, se trate de la persona que, conforme al
ordenamiento jurídico, tenga competencia para cumplir con el deber
omitido”.23
Sin embargo, la Corte Constitucional24 ha señalado que excepcionalmente
el juez debe vincular al proceso a las personas que son titulares de las
relaciones jurídicas sustanciales que puedan resultar afectados.
5.2.5. Descendiendo al caso concreto, encuentra la Sala que las
providencias cuestionadas no incurren en los defectos alegados, habida
cuenta que la obligación de las autoridades judiciales accionadas era
vincular al proceso únicamente a la autoridad o autoridades que conforme
el ordenamiento jurídico eran las competentes para cumplir con el deber
omitido o reclamado, lo que en efecto se hizo cuando vinculó a la entidad
territorial que debía dar cumplimiento con la norma presuntamente
incumplida.
En efecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que, la
relación procesal en la acción de cumplimiento, atendiendo su naturaleza
de acción pública, debe darse entre la persona que reclama el
cumplimiento de una ley o acto administrativo y la autoridad pública o
particular que ejerce funciones públicas, siempre y cuando en este último
extremo, se trate de la persona que, conforme el ordenamiento jurídico,
tenga competencia para cumplir con el deber omitido25.
En ese orden de ideas, el juez en la acción de cumplimiento sólo está
obligado legalmente y, por regla general, a efectuar la notificación a la
autoridad que conforme al ordenamiento jurídico tenga competencia para
cumplir con el deber omitido y eventualmente, a los particulares que
actúan o deban actuar en ejercicio de funciones públicas.
En este punto cabe recordar que la acción de cumplimiento está prevista
para buscar la observancia de normas con fuerza material de ley o actos
administrativos y no para discutir la legalidad de las actuaciones de las
autoridades, por ello en estas acciones lo procedente es ordenar la
ejecución de una determinada conducta referida a una situación concreta
que implique una obligación o deber a cargo de la autoridad demandada.
Así las cosas, los accionantes de la presente acción constitucional, no eran
parte de la relación jurídico sustancial que dio origen a la acción de
cumplimiento: (i) porque no son la autoridad pública llamada a hacer
cumplir la obligación reclamada, y (ii) no son un particular con funciones
23
Expediente ACU 2005-01745. Consejero Ponente. Darío Quiñónez Cruz.
24
Sentencia T-1064 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil
25
Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P Darío Quiñónez Pinilla, Exp. ACU 2005-01745.
16
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01498-00
Accionante: Jaiver Trujillo Trujillo y otros
públicas que deban hacer cumplir una ley o acto administrativo, pues los
accionantes carecen de las calidades para ser considerados sujetos
pasibles en la acción de cumplimiento.
Ahora, no desconoce la Sala que, si bien los hechos expuestos por los
accionantes tienen relación con los supuestos fácticos puestos en
conocimiento en la acción de cumplimiento, lo cierto es que, no hay una
relación jurídica sustancial que demande su vinculación obligatoria al
citado proceso ya que, de un lado, las pretensiones de la demanda de
cumplimiento no van dirigidas en su contra, sino que, se insiste, recaen
en la autoridad administrativa que, a juicio de los demandantes, ha
omitido adelantar las actuaciones previstas en el ordenamiento jurídico
para dar cumplimiento a la norma incumplida y, de otro, dicha actuación
judicial no es el escenario para discutir la legalidad de las actuaciones de
las autoridades administrativas o de los derechos que afirman tener los
accionantes. En ese orden de ideas, para la Sala en dicha actuación
procesal no se vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes
en la medida en que la Ley 393 de 1997 solo prevé la vinculación
obligatoria de la autoridad llamada a cumplir el deber omitido.
Adicionalmente, será en el proceso policivo de restitución de bien de uso
público que se ordenó iniciar en la providencia censurada, que la autoridad
administrativa deberá garantizar el debido proceso administrativo a todos
los que intervengan, entre estos, los accionantes, agotando en dicho
trámite cada una de las etapas previstas en la ley y permitiendo que
quienes participen ejerzan sus derechos, aportando o solicitando la
práctica de pruebas, presentando sus alegaciones, ejerciendo el derecho
de contradicción y formulando los recursos contra las decisiones que allí
se adopten.
En este punto, cabe señalar que conforme el informe allegado por el
Municipio de Yaguará se advierte que dicha autoridad inició el proceso
policivo para recuperar la berma o zona de protección vial, trámite en el
cual la autoridad administrativa vinculó a los accionantes, ordenó realizar
la caracterización a sus familias, y ordenó al Personero Municipal
intervenir realizando visitas a los núcleos familiares. En ese orden de
ideas, como los accionantes se encuentran vinculados al proceso policivo
podrán hacer uso allí de sus derechos fundamentales de defensa,
contradicción, como también podrán pedir y aportar las pruebas
necesarias, actuación esta sí que afecta directamente sus intereses.
En consecuencia, la Sala negará el amparo solicitado, al no encontrar que
se haya incurrido en los defectos alegados por los accionantes, como
tampoco vulnerado el derecho fundamental reclamado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
17
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01498-00
Accionante: Jaiver Trujillo Trujillo y otros
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo promovida por Jaiver Trujillo
Trujillo, Yhon Fredy Camacho Ceballos, Álvaro José Cerquera Mejía, Víctor
Manuel Cedeño Muñoz y Verónica Castro Ceballes a través de apoderado
judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada oportunamente la presente providencia
en los términos señalados por la ley, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, en los términos establecidos en
el inciso 2° del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
GARZON Consejero de Estado
Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
18
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