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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01498-01

Fecha
22 de agosto de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01498-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 23 de mayo de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01498-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

22 de agosto de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01498-01
Demandante: Javier Trujillo Trujillo y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01498-01
Demandantes: JAVIER TRUJILLO TRUJILLO, JOHN FREDY CAMACHO
CEBALLOS, ALVARO JOSE CERQUERA MEJÍA, VÍCTOR
MANUEL CEDEÑO MUÑOZ Y VERÓNICA CASTRO
CEBALLES
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Y JUZGADO
NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE NEIVA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de cumplimiento
de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos.
Defectos procedimental absoluto, desconocimiento del precedente
judicial y violación directa de la Constitución

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte accionante contra la sentencia de 23 de mayo de 2024,
dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la que negó las
pretensiones de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Los demandantes relataron que la señora Silvia Araújo Cuevas y el señor Mario
Arias Barrera, en ejercicio de medio de control de cumplimiento de normas con
fuerza material de ley o de actos administrativos, presentaron demanda contra la
Alcaldía Municipal de Yaguará, con el fin de que se diera cumplimiento al inciso
segundo del artículo 4 de la Ley 1228 de 16 de julio de 2008, por medio de la cual
se determinaron las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión para
las carreteras del sistema vial nacional, en el sentido de que se realizara la
restitución de la zona verde desde el casco urbano de Yaguará que conduce al
municipio de Teruel, “vía de segundo orden a cargo del departamento y por
consiguiente la demolición de las construcciones ilegales y la reubicación de estas
familias, en aras de evitar un perjuicio irremediable”.

Mencionaron que el proceso correspondió por reparto al Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, que en sentencia de 26 de enero de
2024, accedió a la pretensión de cumplimiento y ordenó al representante legal del
municipio de Yaguará que “en el plazo de cinco (5) días inicie el proceso policivo de
restitución de bien de uso público y demás medidas de protección en la vía desde el
casco urbano que de Yaguará (H) conduce hacia el municipio de Teruel (H), más
exactamente en la vereda Flandes, contiguo al Cementerio Municipal de Yaguará (H), con
Código 46HL04 en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 2°. del artículo 4°. de la Ley
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Demandante: Javier Trujillo Trujillo y otros

1228 de 2008, modificado por el artículo 17 de la Ley 1882 de 2018 inciso 3°., sin que su
desarrollo y culminación sobrepase los 6 meses”.

Para terminar, expusieron que contra la anterior decisión el municipio de Yaguará
interpuso recurso de apelación el cual fue desatado por el Tribunal Administrativo
del Huila en sentencia de 15 de febrero de 2024, en el que confirmó el fallo de
primera instancia que accedió a las pretensiones de cumplimiento, pero modificó
“el término concedido para la culminación del proceso policivo de restitución de bien de
uso público, ampliando el término a un (1) año, como quiera que se trata de varios
infractores, por cuanto son varias las viviendas que se han construido desde el año 2014
hasta la fecha ocupando la faja de terreno o zona de protección o exclusión de la vía
denominada Ramal a Yaguará, identificada con el Código 43HL04”.

2. Fundamentos de la acción

La parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, promovió acción de
tutela en defensa de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad,
supuestamente vulnerados con las sentencias de 15 de febrero y 23 de enero de
2024, proferidas por el Tribunal Administrativo del Huila y el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Neiva, en su orden, por medio de las cuales se
accedió a la pretensión de cumplimiento tendiente a que la entidad territorial
iniciara las acciones respectivas para la restitución de la zona verde, berma o de
protección sobre la vía que desde el casco urbano de Yaguará conduce al
municipio de Teruel, en el marco del medio de control de cumplimiento de normas
con fuerza material de ley o de actos administrativos que iniciaron los señores
Silvia Araújo Cuevas y Mario Arias Barrera contra el municipio de Yaguará
(radicado No. 41001-33-33-009-2023-00337-00).

Refirió que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en i) defecto
procedimental absoluto, al no vincular al proceso a “quienes son finalmente los
perjudicados con los fallos judiciales controvertidos, pues son quienes construyeron sus
viviendas en la zona que hoy determinan como fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas
de exclusión y que son objeto de un eventual proceso policivo de restitución de bien de
uso público”.

Además, sostuvo que las decisiones acusadas adolecen de ii) desconocimiento
del precedente judicial, “puesto que se desconoció la regla jurisprudencial establecida
para estos casos que establece la obligatoriedad de vincular dentro de la Acción de
Cumplimiento a todas las personas que eventualmente resultasen perjudicadas con las
decisiones judiciales con el propósito que ejerzan su derecho a la defensa y así garantizar
la eficacia jurídica del derecho fundamental a la igualdad”.

Así mismo, mencionó que se incurrió en iii) violación directa de la Constitución,
al no haber sido vinculados al trámite del medio de control de cumplimiento de
normas con fuerza material de ley o de actos administrativos, “les impidió que
estuvieran representados por un profesional del derecho que hicieran valer sus intereses,
máxime cuando se trata de familias de escasos recursos económicos que residen en las
viviendas que a través de un proceso policivo pretenden demoler afectando incluso a
menores de edad y personas de la tercera edad quienes ostentan especial protección
constitucional”.

Explicó que construyeron sus viviendas en los lugares donde se pretende su
restitución desde “hace más de treinta años y las edificaron con el beneplácito de la
alcaldía municipal de Yaguará y la Gobernación de Huila, al punto que les fue otorgado
los servicios públicos domiciliarios por parte de las Empresas Públicas de Yaguará EPY y
de Electrohuila”.

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Por último, refirió que con el medio de control de cumplimiento de normas con
fuerza material de ley o de actos administrativos se pretendió que se demolieran
sus viviendas, “con el ánimo de dar visibilidad a una vivienda campestre de propiedad de
los accionantes, que tan solo fue construida hace dos (02) años, sumado a que
paradójicamente el portón de acceso a la misma se encuentra construido dentro de las
fajas mínimas de retiro obligatorio o área de exclusión”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

“Con base en los hechos anteriormente narrados, ruego al honorable CONSEJO DE
ESTADO, que al incurrirse en una vía de hecho judicial por parte del Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Huila, por cuanto con la actuación desarrollada se
desconocieron precedentes sobre la materia y hubo una violación directa a la
Constitución colombiana, se deje sin efecto las providencias del pasado veintiséis (26)
de enero y quince (15) de febrero de 2024, para que en su lugar se rehaga la totalidad
de la actuación, incluso desde la admisión misma de la Acción de cumplimiento, con el
fin de que se vincule la totalidad de las personas que eventualmente resultasen
perjudicadas con dicha acción judicial y no se vulnere el derecho fundamental al debido
proceso y a la defensa que les asiste no solo a mis representados, sino a otras familias
que tienen construida sus viviendas en la franja de protección vial”.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia digital de las actuaciones surtidas en medio de control de
cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos con
radicado Nº 41001-33-33-009-2023-00337-00, actores: Silvia Araújo Cuevas y
Mario Arias Barrera.

5. Trámite procesal

Por auto de 8 de abril de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado dispuso
la admisión de la demanda de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y a
las autoridades judiciales demandadas. Además, se ordenó vincular a los señores
Silvia Araújo Cuevas y Mario Arias Barrera y al municipio de Yaguará, como
terceros interesados en el resultado del proceso.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Neiva

El titular del despacho rindió informe en el que solicitó que se negaran las
pretensiones de la solicitud de amparo, toda vez que el trámite del medio de
control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos
administrativos se realizó con apego a las normas aplicables al caso.

Señaló que con el mencionado medio de control se busca el acatamiento de los
deberes que emanan de un mandato contenido en la ley o en un acto
administrativo imperativo inobjetable y expreso, motivo por el cual se vincula a su
trámite solo la autoridad competente para cumplir el deber omitido y,
eventualmente, a los particulares que actúan o deban actuar en ejercicio de
funciones públicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5° de la Ley 393
de 1997, por lo que no era dable vincular a los hoy demandantes.

Menciono que al legislador es a quien le corresponde “sopesar y ponderar” las
consecuencias “que la expedición de esos nuevos preceptos acarree a terceros, no a las
autoridades del cuerpo judicial, que sólo los aplican”.
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Indicó que si bien en la sentencia cuestionada de 26 de enero de 2024, ordenó al
municipio de Yaguará comenzar el proceso policivo de restitución de bien de uso
público, dicha orden no repercute de modo negativo sobre los ocupantes de la faja
de retiro, toda vez que en ese trámite pueden ejercer “actividad defensiva y ser
oídos”.

Por último, afirmó que se atiene a lo manifestado y lo considerado en el fallo
acusado.

6.2. Respuesta del municipio de Yaguará

El apoderado de la entidad territorial rindió informe en el que hizo referencia a las
actuaciones surtidas en el medio de control de cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o de actos administrativos y explicó que, en acatamiento de lo
ordenado en las sentencias objetadas, ha realizado lo siguiente:

Relató que mediante oficio No. ADMON-100-321, la administración municipal
allegó copia de la sentencia de segunda instancia del Tribunal Administrativo del
Huila para que ingresara a la dirección técnica de justicia para “su debido trámite”.

Mencionó que el 29 de febrero de 2024 profirió auto de trámite por medio del cual
inició una actuación policiva en virtud de la restitución y protección de bienes
inmuebles, “sobre comportamiento contrario a la integridad urbanística y espacio público,
sobre la vía que desde el casco urbano del Municipio de Yaguará (H) conduce hacia el
municipio de Teruel (H), más exactamente en la vereda Flandes, contiguo al Cementerio
Municipal de Yaguará (H), con Código 46HL04, vía de segundo orden a cargo del
Departamento del Huila”.

Expuso que decretó la práctica de pruebas de oficio dentro del proceso policivo de
restitución y protección de los bienes inmuebles de uso público y ofició a la
Secretaría de Planeación e Infraestructura de Yaguará, así como al personero
municipal, para que realizaran visitan técnicas y presentaran informe sobre lo
evidenciado en el lugar objeto del proceso.

Por último, adujo que dentro del mismo auto ordenó que “se practicarán las mismas
pruebas a los señores (…) determinados e identificados dentro de la sentencia de
segunda instancia por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila”.

7. Terceros vinculados con interés

Respuesta de los señores Silvia Araújo Cuevas y Mario Arias Barrera

Los terceros con interés rindieron informe en el que solicitaron declarar
improcedente la acción de tutela, para lo cual explicaron que las autoridades
judiciales demandadas actuaron conforme con el artículo 87 de la Constitución
Política y la Ley 393 de 1997 que consagran el medio de control de cumplimiento
de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos, como un derecho
y posibilidad de acudir ante la jurisdicción para exigir el acatamiento de un deber
que surge en virtud de una ley o de un acto administrativo que no está siendo
observado.

En relación con la legitimación en la causa, afirmaron que los actores de la
solicitud de amparo no podían ser vinculados al mencionado medio de control
como parte pasiva, toda vez que la legitimidad es del municipio de Yaguará, como
autoridad renuente al cumplimiento del inciso 2° del artículo 4 de la Ley 1228 de
2008.
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Precisaron que la pretensión de los demandantes tendiente que sean
indemnizados no tiene viabilidad legal de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 1228
de 2008, a lo que agregaron que tampoco es procedente su reubicación mediante
el ejercicio de la acción de tutela, lo cual se puede lograr en el curso del proceso
policivo.

Por último, advirtieron “que la acción de cumplimiento instaurada en contra del
Municipio de Yaguará (H), en su momento fungía como alcalde y representante legal, el
señor JUAN CARLOS CASALLAS RIVAS, y en aras de evitar algún tipo responsabilidad,
instaura a través de su hermano, el abogado LUIS FERNANDO CASALLAS RIVAS, la
presente acción de tutela como apoderado de los accionantes, ya que, como lo indican en
el escrito de la misma, son personas de escasos recursos, que no cuentan con los medios
como para sufragar los servicios de un abogado”.

8. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Primera del Consejo de Estado por sentencia de 23 de mayo de 2024,
negó las pretensiones de la solicitud de amparo, por cuanto, señaló, las
providencias objetadas no incurrieron en los defectos alegados, toda vez que la
obligación de las autoridades judiciales en el medio de control de cumplimiento de
normas con fuerza material de ley o de actos administrativos era vincular
únicamente a la autoridad que conforme con el ordenamiento jurídico fuera la
competente para cumplir el deber omitido o reclamado, como en efecto se hizo.

En primer lugar, hizo referencia a los requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, respecto de los cuales indicó que el asunto
cumple con i) el presupuesto de relevancia constitucional, ii) la parte actora no
cuenta no cuenta con otro mecanismo judicial para proteger los derechos
fundamentales invocados toda vez que, contra las sentencias de segunda
instancia dictadas el medio de control de cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o de actos administrativos, no proceden los recursos
extraordinarios, iii) se presentó dentro de un término razonable, iv) se puntualizó la
situación que generó la violación de las garantías iusfundamentales y v) no se
trata de una providencia de la misma naturaleza.

Luego, en relación con el presunto desconocimiento del precedente judicial, indicó
que el defecto no cumple con la carga argumentativa mínima toda vez los actores
no indicaron cuales son aplicables al caso concreto que permita realizar la
comparación de la situación fáctica y de derecho, por lo que negó ese cargo.

Sostuvo que los defectos procedimental absoluto y violación directa de la
Constitución alegados, se encuentran estrechamente relacionados por lo que los
abordó en conjunto y explicó que las providencias acusadas no incurrieron en los
defectos incoados comoquiera que la obligación de las autoridades judiciales
demandadas era vincular al proceso únicamente a la autoridad que era
competente para cumplir con el deber omitido o reclamado, lo que en efecto se
hizo.

Explicó que los accionantes no eran parte de la relación jurídico sustancial que dio
origen al medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o
de actos administrativos, en tanto: i) no son la autoridad pública llamada a cumplir
la obligación reclamada y ii) no son un particular con funciones públicas que deban
hacer cumplir una ley o un acto administrativo.

Afirmó que si bien los hechos expuestos por los accionantes tienen
correspondencia con los supuestos fácticos puestos en conocimiento en el medio
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del medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de
actos administrativos, lo cierto es que no existe una relación jurídica sustancial
que demande la vinculación de los mismos de manera obligatoria al proceso como
lo establece la Ley 393 de 1997.

Por último, explicó que de acuerdo con el informe allegado por el municipio de
Yaguará, los accionantes fueron vinculados al proceso policivo de restitución del
bien de uso público que se ordenó iniciar en las sentencias cuestionadas, por lo
que en dicho trámite podrán hacer uso de los derechos de contradicción y defensa
y podrán pedir y aportar las pruebas necesarias.

9. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara.

Sostuvo que no comparte la decisión de primera instancia, pues conforme con la
sentencia T-1064 de 2007 de la Corte Constitucional, la cual fue citada en el fallo
impugnado, se declaró la nulidad de todo lo actuado en el medio de control de
cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos y se
dispuso la vinculación oficiosa de la Sociedad C.I. Vuelven S.A., como litisconsorte
necesario.

Cito apartes de la mencionada providencia para insistir que se debe declarar la
nulidad del medio de control y ordenar la vinculación oficiosa de todas las
personas que tienen viviendas construidas en el sector aledaño a la vía del casco
urbano del municipio de Yaguará, como litisconsortes necesarios, ya que, a su
juicio, son titulares de una relación jurídico-sustancial que resulta afectada con la
decisión a proferir.

Finalmente, solicitó como medida cautelar la suspensión del proceso policivo para
la restitución del bien de uso público que adelanta el municipio de Yaguará, hasta
que se produzca la sentencia de segunda instancia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Cuestión previa

La parte demandante en el escrito de impugnación solicitó que, como medida
provisional, se suspenda el proceso policivo que se está llevando a cabo para la
restitución del bien de uso público que adelanta el municipio de Yaguará, hasta
tanto se resuelva la impugnación.

El artículo 7 del Decreto 2591 de 19911 faculta a los jueces de tutela para dictar
medidas provisionales en el trámite de la acción de tutela cuando “expresamente lo

11
ARTÍCULO 7o. MEDIDAS PROVISIONALES PARA PROTEGER UN DERECHO. Desde la presentación de la solicitud,
cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto
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considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto
concreto que lo amenace o vulnere”.

La Corte Constitucional ha sostenido que “el juez constitucional dispone de una amplia
competencia que le permite, a petición de parte o de oficio, “dictar cualquier medida de
conservación o seguridad”, destinada a “proteger un derecho” o a “evitar que se
produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados.” La importancia y
amplitud de las medidas provisionales para el proceso de tutela explican, a su vez, las
diferencias sustanciales que las separan de medidas cautelares como, por ejemplo, las
del derecho civil. Las medidas que consagra el Artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 van
más allá de preservar los derechos en controversia y asegurar que el fallo definitivo no
resulte inocuo. Su finalidad última es velar por la supremacía inmediata de la Constitución,
sea que esto implique proteger un derecho fundamental o salvaguardar el interés
público”2

Así las cosas, la Sala negará la solicitud de medida provisional solicitada, en tanto
no se circunscribe a las providencias objetadas en este trámite constitucional, a lo
que se agrega que en el proceso policivo respecto del cual pide la suspensión, la
parte demandante puede ejercer su derecho de defensa y contradicción.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación,
si debe revocar la sentencia de 23 de mayo de 2024, dictada por la Sección
Primera del Consejo de Estado que negó las pretensiones de la acción de tutela y,
en su lugar, acceder a la protección constitucional solicitada porque el Tribunal
Administrativo del Huila y el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Neiva
con las sentencias de 15 de febrero y 26 de enero de 2024, en su orden,
vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, al incurrir en
defecto procedimental absoluto, desconocimiento del precedente judicial y
violación directa de la Constitución, al no vincularlos al medio de control de
cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos que
instauraron los señores Silvia Araújo Cuevas y Mario Arias Barrera contra el
municipio de Yaguará.

4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos3 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos4, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

concreto que lo amenace o vulnere. Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la
continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar
lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del
solicitante. La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud
por el medio más expedito posible. El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de
conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia
de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso. El juez podrá, de oficio o a petición de parte,
por resolución debidamente fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas
cautelares que hubiere dictado.
2
Auto 259 de 2021, M.P. Diana Fajardo Rivera
3
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
4
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
7

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Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20125, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20146, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20057.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico8; (ii) Defecto procedimental absoluto9; (iii) Defecto
fáctico10; (iv) Defecto material o sustantivo11; (v) Error inducido12; (vi) Decisión sin
motivación13; (vii) Desconocimiento del precedente14 y (viii) Violación directa de la
Constitución15.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del

5
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
6
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
8
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.
9
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
10
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
11
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
12
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
13
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
14
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
15
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de 2023 y SU-061
de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
8

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01498-01
Demandante: Javier Trujillo Trujillo y otros

Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo16 y de la Corte
Constitucional17.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. La Sección Primera del Consejo de Estado mediante sentencia de 23 de
mayo de 2024, negó las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que las
autoridades judiciales demandadas no incurrieron en los defectos alegados puesto
que en el medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley
o de actos administrativos se debía vincular únicamente a la autoridad o
autoridades que, conforme con el ordenamiento jurídico, eran las competentes
para cumplir con el deber omitido reclamado, hecho que efectivamente ocurrió.

Explicó que los demandantes no eran parte de la relación jurídico sustancial que
dio origen al mencionado medio de control, porque i) no eran la autoridad pública
llamada a cumplir la obligación reclamada y ii) no son un particular con funciones
públicas que deban hacer cumplir la ley, por lo que concluyó que carecen de las
calidades para ser considerados sujetos pasibles en dicho trámite.

Añadió que los accionantes se encuentran vinculados al proceso policivo, por lo
que en dicho trámite podrán hacer uso de su derecho de defensa y contradicción,
así mismo, podrán pedir y aportar las pruebas necesarias.

En el escrito de impugnación, los accionantes solicitaron que se revocara el fallo
de primera instancia y, en consecuencia, se declare la nulidad de todo lo actuado
a partir del auto admisorio de la demanda de cumplimiento, por cuanto son
directamente afectados y, en ese sentido, deben ser vinculados al trámite como
litisconsortes necesarios. Por otra parte, solicitaron como medida cautelar la
suspensión del proceso policivo para la restitución del bien de uso público que
adelanta el municipio de Yaguará, hasta que se produzca la sentencia de segunda
instancia.

De igual modo, citaron la sentencia T-1064 de 2007 de la Corte Constitucional, la
cual fue citada en el fallo impugnado, para indicar que en ese caso se declaró la
nulidad de todo lo actuado en el medio de control de cumplimiento de normas con
fuerza material de ley o de actos administrativos y se dispuso la vinculación
oficiosa de la Sociedad C.I. Vuelven S.A., como litisconsorte necesario.

5.2. De manera previa al análisis de la impugnación presentada por la parte
demandante, la Sala considera necesario hacer referencia al proceso en el que se
dictaron las providencias objeto de reproche constitucional.

16
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7
de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de
2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
17
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
9

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Demandante: Javier Trujillo Trujillo y otros

En efecto, del estudio del expediente allegado a este trámite constitucional en
formato digital, se observa que los señores Silvia Araújo Cuevas y Mario Arias
Barrera, en ejercicio el medio de control de cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o de actos administrativos -rad. 41001-33-33-009-2023-00337-00-,
en la que presentaron demanda contra el municipio de Yaguará con el fin de que
se cumpliera el inciso segundo del artículo 4 de la Ley 1228 de 2008, en el
sentido de que se iniciaran las acciones tendientes a que se realice la restitución
de la zona verde, berma o de protección sobre la vía que desde el casco urbano
de Yaguará conduce hacia el municipio de Teruel.

El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Neiva en sentencia de 26 de
enero de 2024, resolvió lo siguiente:

Primero: ASENTIR a la pretensión de cumplimiento formulada por los señores SILVIA
ARAÚJO CUEVAS y MARIO ARIAS BARRERA en contra del MUNICIPIO DE
YAGUARÁ (Huila), según la motivación.

Segundo: ORDENAR al representante legal del MUNICIPIO DE YAGUARÁ que en el
plazo de cinco (5) días inicie el proceso policivo de restitución de bien de uso público y
demás medidas de protección en la vía desde el casco urbano de Yaguará (H) conduce
hacia el municipio de Teruel (H), más exactamente en la vereda Flandes, contiguo al
Cementerio Municipal de Yaguará (H), con Código 46HL04 en cumplimiento de lo
dispuesto en el inciso 2°. del artículo 4°. de la Ley 1228 de 2008, modificado por el
artículo 17 de la Ley 1882 de 2018 inciso 3°., sin que su desarrollo y culminación
sobrepase los 6 meses.

Tercero: ADVERTIR a los accionantes que no podrán instaurar nueva acción con la
misma finalidad, en los términos del artículo 7º de la Ley 393 de 1997”.

El Tribunal Administrativo del Huila en decisión de 15 de febrero de 2024, resolvió
el recurso de apelación presentado por el municipio de Yaguará, en el que
confirmó la decisión de amparo de primera instancia, pero modificó el ordinal
segundo, específicamente, el término concedido para la culminación del proceso
policivo ampliándolo a un (1) año, “como quiera que se trata de varios infractores, por
cuanto son varias las viviendas que se han construido desde el año 2014 hasta la fecha
ocupando la faja de terreno o zona de protección o exclusión de la vía denominada
Ramal a Yaguará, identificada con el Código 43HL04”.

5.3. Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que en la parte accionante en
el escrito de impugnación manifestó que se debe declarar la nulidad de todo lo
actuado a partir del auto admisorio del medio de control de cumplimiento de
normas con fuerza material de ley o de actos administrativos, por cuanto no fueron
vinculados al proceso y son directamente afectados con las decisiones emitidas.

Al respecto, se tiene que el precitado medio de control se encuentra previsto en el
artículo 87 de la Constitución Política18 y en el artículo 1 de la Ley 393 de 1997,
como un mecanismo al cual todas las personas pueden acudir para hacer cumplir
una ley o un acto administrativo.

La Corte Constitucional ha señalado que este medio de control “ está encaminada a
la ejecución de deberes que emanan de un mandato, contenido en la ley o en un acto
administrativo, imperativo, inobjetable y expreso y no al reconocimiento por parte de la
administración de garantías particulares, o el debate, en sede judicial, del contenido y
alcance de algunos derechos que el particular espera que se le reconozcan. Tampoco es
un mecanismo para esclarecer simplemente el sentido que debe dársele a ciertas
disposiciones legales, pues a pesar de la legitimidad que asiste a quien promueve todas
18
ARTICULO 87. Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un
acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber
omitido
10

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estas causas, la acción de cumplimiento no resulta ser el medio idóneo para abrir
controversias interpretativas lo cual no obsta, claro está, para que con el fin de exigir el
cumplimiento de un deber omitido, el contenido y los alcances del mismo sean
ineludiblemente interpretados”19.

Del mismo modo, esa corporación judicial señaló que el objeto y la finalidad de
esta acción “es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores
públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o
el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido
por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida
acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los
actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado
Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y
económico justo”20. (negrillas por fuera del texto original)

Ahora bien, en relación con los deberes de vinculación oficiosa en el medio de
control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos
administrativos de normas con fuerza material de ley y actos administrativos,
conforme con los artículos 5, 6 y 8 de la Ley 393 de 1997, se tiene que solo se
predica de la autoridad que, conforme con el ordenamiento jurídico, le
corresponda el cumplimiento de la norma con fuerza material de ley o acto
administrativo, a saber:

“Artículo 5º.- AUTORIDAD PUBLICA CONTRA QUIEN SE DIRIGE. La acción de
cumplimiento se dirigirá contra la autoridad a la que corresponda el cumplimiento de la
norma con fuerza material de ley o acto administrativo.

Si contra quien se dirige la acción no es la autoridad obligada, aquél deberá informarlo al
juez que tramita la acción, indicando la autoridad a quien corresponde su cumplimiento. En
caso de duda, el proceso continuará también con las autoridades respecto de las cuales se
ejercita la acción hasta su terminación. En todo caso, el juez de cumplimiento deberá
notificar a la autoridad que conforme al ordenamiento jurídico tenga competencia para
cumplir con el deber omitido.

Artículo 6º. ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRA PARTICULARES. La acción de
cumplimiento procederá contra acciones u omisiones de particulares que impliquen el
incumplimiento de una norma con fuerza material de ley o acto administrativo, cuando el
particular actúe o deba actuar, en ejercicio de funciones públicas, pero sólo para el
cumplimiento de las mismas”.

Artículo 8º. PROCEDIBILIDAD. La acción de cumplimiento procederá contra toda acción u
omisión de la autoridad que incumpla o ejecute actos o hechos que permitan deducir
inminente incumplimiento de normas con fuerza de ley o actos administrativos.
También procederá contra acciones u omisiones de los particulares de conformidad con lo
establecido en la presente ley”. (Subrayas y negrillas por fuera del texto original)

En ese sentido, como se mencionó anteriormente, en el medio de control de
cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos el
juez únicamente está obligado a vincular a la autoridad pública que tenga
competencia para cumplir con el deber omitido y también procederá la eventual
vinculación de un particular cuando éste “actúe o deba actuar en ejercicio de
funciones públicas, y sólo para el cumplimiento de las mismas”21.

Bajo ese contexto, se tiene que el Tribunal Administrativo del Huila y el Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito de Neiva no tenían el deber de vincular a los
ahora demandantes al medio de control de cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o de actos administrativos pues, los mismos, conforme con el

19
Sentencia T-1064 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
20
sentencia C-157 de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera Vergara.
21
Sentencia T-1064 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
11

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ordenamiento jurídico, no tienen la competencia para cumplir con el deber
reclamado y, en ese sentido, carecen de las calidades para ser considerados
como parte procesal.

Al mismo tiempo, como lo mencionó el a quo, se encontró demostrado que los
accionantes están vinculados al proceso policivo el cual se adelanta con la
finalidad de recuperar la berma o la zona de protección vial, mecanismo en el cual
pueden ejercer los derechos fundamentales a la defensa y la contradicción.

Así las cosas, para la Sala es dable concluir que no se vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad de los accionantes, al no vincularlos
al medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de
actos administrativos, pues como se vio dicho trámite lo promovieron unas
personas contra el municipio de Yaguará con el fin de que se cumpla el inciso
segundo 2 del artículo 4 de la Ley 1228 de 2008, por lo que el juez de
conocimiento solo podía vincular a la entidad territorial a quien le correspondería el
acatamiento de la mencionada norma, a lo que se agrega que no se encontró
probado que los demandantes solicitaran la intervención en calidad de terceros
con interés o presentaran algún escrito encaminado a obtener la nulidad de todo lo
actuado por la falta de vinculación.

Por lo demás, la Sala aclara que en la sentencia de la Corte Constitucional T-1064
de 2007, citada por el juez de tutela de primera instancia, se declaró la nulidad de
lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda en el medio de control de
cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos
porque se encontró probado que no se vinculó a un litisconsorte necesario, esto
es, a una persona jurídica que era responsable del cumplimiento que se
reclamaba, motivo por el cual dicho precedente judicial difiere de las
circunstancias fácticas del presente asunto.

En este orden de ideas, la Sala confirmará el fallo de primera instancia que negó
las pretensiones de la acción de tutela.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 23 de mayo de 2024, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

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Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) AUSENTE EN COMISIÓN
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

13

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