RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-01501-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-01501-00

Fecha
28 de mayo de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-01501-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo de tutela solicitada por Luis Eduardo Arellano Jaramillo, por las razones señaladas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General9. TERCEO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-01501-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

28 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 28 de mayo de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01501-00
Demandante: Luis Eduardo Arellano Jaramillo
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defecto procedimental –
Niega.

Síntesis del caso: El demandante enjuició la Sentencia de segunda instancia, mediante la
cual se revocó parcialmente la decisión de primer grado de negar las pretensiones de la
demanda y, en su lugar, accedió parcialmente a las mismas en un asunto de carácter
tributario en el que se discutía una sanción impuesta por no enviar información o enviar
información extemporánea sobre el impuesto sobre la renta.

De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver,
en primera instancia, la acción de tutela presentada por Luis Eduardo
Arellano Jaramillo contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
demás vinculados.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 22 de marzo de 2024, Luis Eduardo Arellano Jaramillo, por intermedio
de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
con ocasión de la Sentencia de 5 de octubre de 2023, proferida dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 76001-23-33-000-
2014-01467-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):

“1. Se TUTELEN los derechos fundamentales que tiene mi procurado al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales fueron
conculcados con la notificación de la Sentencia del 5/OCT/2023 proferida por

1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015 y 1983 de 2017 y el

Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01501-00
Demandante: Luis Eduardo Arellano Jaramillo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Niega amparo
______________________________________________________________________________________________________________

la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del expediente Nro. 76001-23-
33-000-2014-01467-01 (27267).

2. En consecuencia, se MODIFIQUE el numeral SEGUNDO y TERCERO de la
sentencia del 5/OCT/2023 en el siguiente sentido:

“SEGUNDO: ANULAR la Resolución Sanción No. 212412014000012 de 21 de marzo
de 2014, por la cual la DIAN impuso a Curtiembres Fagarcía SAS en liquidación
judicial por adjudicación, sanción por no enviar información por el año 2010.

“TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, FIJAR en $0 la sanción por
no enviar información a cargo de Curtiembres Fagarcía SAS en liquidación
judicial por adjudicación””

3. Como hechos relevantes, del escrito de tutela y sus anexos se
destacan los siguientes:

4. 1) Curtiembres Fagarcía SAS presentó ante la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales (DIAN), la declaración del impuesto sobre la renta
para el año gravable 2010.

5. 2) El 23 de noviembre de 2012, la DIAN expidió el Requerimiento
Ordinario No. 2123820120006282, a través del que se solicitó a Curtiembres
Fagarcía SAS que, en un término de 15 días calendario, brindara información
sobre la declaración presentada para la vigencia 2010, relacionada con:
(a) la discriminación de los renglones declarados, (b) relación de gastos no
deducibles, (c) discriminación del cálculo de intereses a socios, (d)
discriminación detallada de la pérdida del cambio, (e) relación de
retenciones en la fuente a favor solicitadas, y (f) relación de retenciones en
la fuente contabilizadas.

6. 3) Curtiembres Fagarcía SAS entró en liquidación judicial por
adjudicación y, el 9 de noviembre de 2012, la Superintendencia de
Sociedades designó como liquidador y representante legal de la referida
sociedad a Luis Eduardo Arellano Jaramillo. Ese acto de designación fue
inscrito en el registro mercantil el 18 de diciembre de 2012.

7. 4) El 20 de diciembre de 2012, Curtiembres Fagarcía SAS radicó un
oficio con el que solicitó una prórroga de 15 días para dar respuesta al
requerimiento realizado por la DIAN.

8. 5) Mediante oficio de 2 de mayo de 2013, Curtiembres Fagarcía SAS
presentó respuesta al requerimiento de la DIAN, sin la firma del representante
legal.

9. 6) La DIAN dio apertura al Expediente No. 2010-2013-000282, en contra
del contribuyente Curtiembres Fagarcía SAS, con el fin de iniciar el

2 El requerimiento se notificó el 29 de noviembre de 2012.

2 de 8

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01501-00
Demandante: Luis Eduardo Arellano Jaramillo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Niega amparo
______________________________________________________________________________________________________________

procedimiento para la imposición de una sanción por no enviar información
tributaria establecido en el artículo 651 del Estatuto Tributario.

10. 7) A la sociedad Curtiembres Fagarcía SAS se le formuló el pliego de
cargos No. 212382013000068, por el concepto sancionable de (se trascribe)
“información o pruebas no suministradas, información suministrada en forma
extemporánea o errores en la información, o no corresponde a la
solicitada”. Y, mediante la Resolución No. 2124120140000123 de 21 de marzo
de 2014, se le impuso una sanción equivalente a $368.325.000.

11. 8) El 6 de junio de 2014, Curtiembres Fagarcía SAS presentó recurso de
reconsideración contra la resolución que le impuso la sanción y la DIAN, por
medio del Auto No. 900072 de 3 de julio de 2014, “inadmitió” el recurso
presentado en atención a que el mismo fue extemporáneo. Esa decisión fue
confirmada por la DIAN, a través de Auto No. 900016 de 27 de agosto de
2014.

12. 9) Luis Eduardo Arellano Jaramillo, en su calidad de liquidador y
representante legal de Curtiembres Fagarcía SAS, presentó demanda4
contra la DIAN con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución No.
212412014000012 de 21 de marzo de 2014, así como de los Autos No. 900072
de 3 de julio de 2014 y 900016 de 27 de agosto de 2014.

13. Esa demanda tuvo como fundamento que (a) al deudor subsidiario
(liquidador – representante legal) no se le otorgaron los mismos términos
procesales que al deudor principal (sociedad), lo anterior en atención a que
el requerimiento fue notificado en diferentes fechas, (b) se configuró el
silencio administrativo positivo ya que el recurso de reposición contra el auto
de inadmisión se decidió cuando habían trascurrido 15 días, (c) el acto
demandado erró en la identificación del hecho sancionable, (d) las
facultades de fiscalización estaban en cabeza de la DIAN y no del
contribuyente y esa autoridad tenía en su poder toda la información
exógena y (e) consideró que no se graduó de manera adecuada la
sanción, en atención a que no se materializó ningún daño al Estado.

14. 10) El 31 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de Valle del
Cauca profirió sentencia en la que negó las pretensiones de la demanda
con fundamento en que, cuando se profirió el pliego de cargos y se expidió
la resolución sanción, el señor Arellano Jaramillo ya era liquidador y
representante legal de la sociedad. Además, indicó que, en todo caso, el
recurso contra el auto inadmisorio se presentó de manera extemporánea, lo
que equivalía a no haberlo presentado.

3 Notificada el 27 de marzo de 2014.
4 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

3 de 8

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01501-00
Demandante: Luis Eduardo Arellano Jaramillo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Niega amparo
______________________________________________________________________________________________________________

15. 11) Esa decisión fue apelada por el señor Arellano Jaramillo quien
insistió respecto de los argumentos relacionados con que (a) los términos
para los deudores principales y subsidiarios debían contabilizarse a partir del
momento en que cada uno conoció la decisión, (b) se configuró el silencio
administrativo positivo toda vez que la DIAN se pronunció sobre el recurso
presentado contra el auto inadmisorio del recurso de reconsideración,
cuando ya había vencido el plazo para resolverlo y (c) la autoridad erró al
identificar el hecho sancionable y tipificar correctamente la conducta.

16. 12) La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante Sentencia de
5 de octubre de 2023, revocó la decisión apelada, declaró la nulidad de los
Autos No. 900072 y 900016 de 2014, y la nulidad parcial de la Resolución No.
212412014000012 de 2014. A título de restablecimiento del derecho, fijó en
$90.545.750 la sanción por no enviar información a cargo de Curtiembres
Fagarcía SAS. Lo anterior tras indicar que, de acuerdo con la jurisprudencia
del Consejo de Estado, se debía permitir a los obligados principales y
subsidiarios ejercer sus derechos de contradicción y defensa, en las mismas
condiciones, en consecuencia, señaló que el deudor subsidiario conoció la
resolución sanción el 23 de abril de 2014, lo que implicó que la interposición
del recurso de reconsideración presentada el 6 de junio de 2014, fue
oportuna. En esa medida señaló que debía declararse la nulidad de los
autos que inadmitieron el recurso presentado y que, en consecuencia, no
era necesario referirse al reparo relacionado con el silencio administrativo
positivo.

17. En atención a la declaratoria de nulidad de los autos que
inadmitieron el recurso de reconsideración, la autoridad judicial consideró
que era procedente pronunciarse sobre el fondo del asunto. Al respecto
indicó que sí se configuró la conducta sancionable y se tipificó
adecuadamente la misma, motivo por el que no había lugar a declarar la
procedencia de ese cargo. Pese a lo anterior, en virtud del principio de
favorabilidad y, en aplicación del artículo 80 de la Ley 2277 de 2022, la cual
modificó el artículo 651 del Estatuto Tributario en el sentido de reducir del 5%
al 0.5% el porcentaje de la sanción cuando la información se suministró de
forma extemporánea, ordenó que el pago de la sanción debía
corresponder al 0.5%, como lo indicó la referida norma.

18. Como fundamento de la vulneración, la parte demandante alegó la
configuración de los defectos sustantivo y procedimental, los cuales
desarrolló con fundamento en una misma omisión.

19. El demandante mencionó que la autoridad judicial a través de la
sentencia cuestionada vulneró el principio de congruencia por no resolver
todos los extremos de la controversia, ya que omitió pronunciarse respecto
del cargo de la configuración del silencio administrativo positivo en los

4 de 8

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01501-00
Demandante: Luis Eduardo Arellano Jaramillo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Niega amparo
______________________________________________________________________________________________________________

términos del artículo 7345 del Estatuto Tributario, lo cual, a su juicio, permitía
concluir que no estaba obligado a pagar la suma de dinero establecida en
la resolución sanción.

1.2. Posición de la parte demandada y demás vinculados6

20. La Sección Cuarta del Consejo de Estado consideró que la acción de
tutela era improcedente por no superar el requisito de subsidiariedad en la
medida en que, a su juicio, si el demandante consideró que se omitió
resolver uno de los extremos de la controversia, debió acudir a la adición de
sentencia en los términos del artículo 287 del Código General del Proceso.

21. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca indicó que la
inconformidad del demandante fue respecto de la sentencia de segunda
instancia proferida por el Consejo de Estado, motivo por el que consideró
que, como autoridad judicial de primer grado, no tenía injerencia en la
acción de tutela.

22. La DIAN consideró que se debía declarar la improcedencia de la
acción de tutela por no superar los requisitos de (a) relevancia
constitucional, ya que la parte demandante no explicó cuál era la
necesidad de intervención del juez constitucional en un asunto resuelto por
su juez natural, y (b) subsidiariedad, en la medida en que no se agotaron
todos los mecanismos judiciales a su alcance (adición de sentencia).

23. Además de lo anterior, señaló que si se entendiera que la acción de
tutela superó los requisitos generales, tampoco se evidenciaba que se
configuraron los defectos alegados y, en consecuencia, la vulneración de
derechos fundamentales.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación de defectos. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Fijación de la controversia. 2.4. Verificación de defectos y/o
vulneración de derechos fundamentales. 2.5. Conclusión.

2.1. Identificación de defectos

24. La Sala estima pertinente precisar que lo alegado por la parte
demandante es una aparente vulneración del principio de congruencia
porque, a su juicio, la autoridad demandada no se pronunció sobre todos

5 “Artículo 734. Silencio administrativo. Si transcurrido el término señalado en el artículo 732, sin perjuicio de lo

dispuesto en el artículo anterior, el recurso no se ha resuelto, se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo
caso, la Administración, de oficio o a petición de parte, así lo declarará.”
6 Mediante Auto de 4 de abril de 2024, el despacho resolvió (1) admitir la acción de tutela de la referencia, (2)

tener como demandada a la Sección Cuarta del Consejo de Estado y, (3) vincular, en calidad de terceros, al
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y a la DIAN.

5 de 8

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01501-00
Demandante: Luis Eduardo Arellano Jaramillo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Niega amparo
______________________________________________________________________________________________________________

los extremos de la controversia, aspecto que cuestionó a través de los
defectos sustantivo y procedimental. Pese a ello, el reparo mencionado será
analizado únicamente mediante el defecto procedimental comoquiera
que la jurisprudencia de la Corte Constitucional7 ha dispuesto que la
afectación al principio de congruencia, respecto de las pretensiones
formuladas y lo decidido por la autoridad judicial, eventualmente podría
configurar el aludido defecto.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial8

25. Esta acción de tutela es procedente porque: no existe recurso idóneo
y eficaz que permitiera al accionante alegar los reparos planteados vía
tutela y procurar la defensa de los derechos presuntamente vulnerados.
Hubo un plazo razonable entre la fecha de notificación de la providencia
cuestionada (10/10/2023) y la de interposición de la presente acción de
tutela (22/3/2024). No se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia se
relacionó con una sentencia de segunda instancia proferida en el marco de
un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Se
identificaron de manera clara, detallada y comprensible los hechos y la
presunta vulneración derivada de ellos.

26. Por último, se advierte que la controversia tiene relevancia
constitucional por tratarse de la presunta afectación de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia
de la parte actora, en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho. Además, no se limita a una discusión simplemente legal o
económica, ni se trató de una reiteración de los argumentos planteados en
el proceso ordinario.

2.3. Fijación de la controversia

27. Establecer si la Sección Cuarta del Consejo de Estado, como juez de
segunda instancia, incurrió en un defecto procedimental por la aparente
violación del principio de congruencia, por no resolver el reparo relacionado
con la configuración del silencio administrativo positivo.

2.4. Verificación de defectos y/o vulneración de derechos fundamentales

28. La Sala negará el amparo solicitado, por las razones que a
continuación se exponen:

7 Corte Constitucional, Sentencias SU-424, de 2012 y T-152 de 2013.
8 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia

T-066 de 2019.

6 de 8

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01501-00
Demandante: Luis Eduardo Arellano Jaramillo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Niega amparo
______________________________________________________________________________________________________________

29. En relación con el defecto procedimental por la aparente vulneración
del principio de congruencia, debe tenerse en cuenta que, frente a dicho
principio, la Corte Constitucional ha sostenido que (se trascribe):

“(…) la incongruencia que es capaz de tornar en vía de hecho la acción del
juez ‘es sólo aquella que subvierte completamente los términos de referencia
que sirvieron al desarrollo del proceso, generando una alteración sustancial,
dentro de la respectiva jurisdicción, que quiebra irremediablemente el
principio de contradicción y el derecho de defensa’, a tal grado que ‘la
disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado sea protuberante’, esto
es, ‘carente de justificación objetiva y relativa a materias medulares objeto
del proceso.”

30. Así las cosas, la Sala considera que no se está ante el escenario
anterior y, por ende, no se configuró el defecto procedimental porque, pese
a que la parte actora alegó que la autoridad judicial demandada no
resolvió todos los reparos propuestos respecto de los actos administrativos
demandados en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo cierto fue que en las pretensiones de dicho medio de control no
se solicitó que se declarara la existencia de un acto producto del silencio de
la administración, sino que se declarara la nulidad de unos actos expedidos
por la DIAN, los cuales estaban vigentes y producían efectos jurídicos.

31. Lo anterior permite constatar que, como lo pretendido por el
demandante era que se declarara la nulidad de unos actos puntuales y
concretos, no hubo una incongruencia de la autoridad judicial en la
decisión adoptada, pues no estaba obligado a pronunciarse sobre lo
referente a la configuración del silencio administrativo positivo de la
administración.

32. Pese a lo anterior y en todo caso, debe decirse que sí se evidenció un
pronunciamiento sobre el reparo que el actor echa de menos, pues la
autoridad judicial, luego de concluir que había lugar a acceder a la nulidad
de los autos que inadmitieron el recurso de reconsideración presentado,
indicó que no era necesario referirse al silencio administrativo positivo frente
al recurso interpuesto.

33. Lo anterior ya que el silencio administrativo fue alegado respecto del
recurso de reposición presentado contra el auto que, a su turno, no admitió
el recurso de reconsideración respecto de la resolución sanción.

34. Así, la declaratoria de nulidad implicaba que el recurso de
reconsideración fue presentado oportunamente y, en consecuencia, debía
estudiarse de fondo el asunto, como en efecto lo hizo la Sección Cuarta del
Consejo de Estado al referirse a los reparos presentados contra la resolución
sanción, pero ello no generaba de por si la exoneración del pago de la
sanción, como lo pretendía el accionante.

7 de 8

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01501-00
Demandante: Luis Eduardo Arellano Jaramillo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Niega amparo
______________________________________________________________________________________________________________

35. En atención a los argumentos expuestos, la Sala no evidenció la
configuración del defecto procedimental alegado y, en consecuencia, la
vulneración de los derechos fundamentales reclamados.

2.5. Conclusión

36. Por lo anterior, la Sala negará la solicitud de amparo por no encontrar
que, en la Sentencia enjuiciada, se configuró un defecto procedimental.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo de tutela solicitada por Luis
Eduardo Arellano Jaramillo, por las razones señaladas en la parte motiva de
esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General9.

TERCEO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Con salvamento de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

9 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

8 de 8

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.