Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01512-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de tutela contra providencias judiciales: procede estudio de fondo
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01512-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-01512-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
19 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01512-00
Demandante: VÍCTOR HUGO TORRES JAIMES
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN B, Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Procede estudio de fondo
porque se acreditó el cumplimiento de los requisitos generales / DEFECTO SUSTANTIVO –
No se configura en el sub lite, dado que se interpretaron y aplicaron en debida forma las
reglas de suspensión de los términos de caducidad previstas en el Decreto Legislativo 564
de 2020.
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Víctor Hugo Torres Jaimes
contra el auto del 1° de septiembre de 2023, proferido por la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 25 de marzo de la presente anualidad1, el señor Víctor Hugo Torres Jaimes, en
nombre propio, presentó acción de tutela contra la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso
y a la igualdad, con ocasión del auto dictado el 1° de septiembre de 2023, dentro del
proceso de reparación directa con radicado 11001-33-43-066-2022-00209-01.
Formuló las siguientes pretensiones:
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Se advierte que, el 4 de abril de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.
Radicación:11001-03-15-000-2024-01512-00
Demandante: Víctor Hugo Torres Jaimes
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, y otro
Referencia: Sentencia de tutela de primera instancia
PRINCIPALES:
PRIMERO: Que se DECLARE la vulneración de los derechos fundamentales
alegados y los demás que se verifiquen en el estudio de esta acción
constitucional.
SEGUNDO: Que, constituyéndose previamente esta corporación en juez de
tutela, EMITA una decisión de reemplazo, dejando sin valor y efecto el auto
proferido el 1 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, ejecutoriado el 26 de septiembre de 2023, al comprobarse la
vulneración de los derechos fundamentales alegados y la configuración de los
defectos alegados.
TERCERO: Que, como consecuencia de lo anterior, se DISPONGA, ADMITIR
la demanda dentro del proceso radicado 11001334306620220020900, por las
razones expuestas en la presente acción de tutela.
SUBSIDIARIAS:
PRIMERO: Que se DECLARE la vulneración de los derechos fundamentales
alegados y los demás que se verifiquen en el estudio de esta acción
constitucional.
SEGUNDO: Que se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B emitir una
decisión de reemplazo, dejando sin valor y efecto el auto proferido el 1 de
septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
ejecutoriado el 26 de septiembre de 2023, al comprobarse la vulneración de los
derechos fundamentales alegados y la configuración de los defectos alegados.
TERCERO: Que, como consecuencia de lo anterior, se DISPONGA la admisión
de la demanda dentro del proceso radicado 11001334306620220020900, por
las razones expuestas en la presente acción de tutela
1.2. Hechos
De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos
jurídicamente relevantes:
El 27 de julio de 2022, el señor Víctor Hugo Torres Jaimes, en ejercicio del medio de
control de reparación directa, radicó demanda contra la Nación – Rama Judicial y la
Fiscalía General de la Nación, a fin de que le indemnizaran los perjuicios materiales
y extrapatrimoniales que soportó por la privación injusta de su libertad «durante el 12
de diciembre de 2014 y el 29 de diciembre de 2016», en el proceso penal seguido
por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y
porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.
Mediante proveído del 11 de agosto de 2022, el Juzgado 66 Administrativo de Bogotá
rechazó la demanda por caducidad.
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Radicación:11001-03-15-000-2024-01512-00
Demandante: Víctor Hugo Torres Jaimes
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, y otro
Referencia: Sentencia de tutela de primera instancia
Al respecto, precisó que la decisión que absolvió al actor de responsabilidad penal
quedó ejecutoriada el 18 de diciembre de 2019, por tanto, el plazo de 2 años para
acudir ante la jurisdicción fenecía el 19 de diciembre de 2021; empero, el Consejo
Superior de la Judicatura suspendió los términos judiciales por la pandemia Covid-
19 entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020, esto es, por un período de «105
días», de ahí que al sumar dicho término era claro que la demanda se podía incoar
hasta el 3 de abril de 2022.
Ahora, dado que el 26 de enero de 2022, el accionante radicó solicitud de conciliación
extrajudicial y la constancia de no acuerdo se expidió el 25 de abril de 2022, el lapso
para promover el medio de control se extendió hasta el 2 de julio de ese año; no
obstante, procedió de conformidad el 27 de julio siguiente, evento que demostraba
que fue extemporáneo.
El señor Víctor Hugo Torres Jaimes apeló la anterior determinación, para lo cual
sostuvo que el término de caducidad se cumplía, en principio, el 19 de diciembre de
2021, pero se debía tener en cuenta que ese día no fue hábil, puesto que la vacancia
judicial inició el 17 de ese mes y año y finiquitó el 11 de enero de 2022, por lo que el
término «se extendió hasta al primer día hábil siguiente de aquel, 12 de enero de
2022».
En ese orden de ideas, a su modo de ver, este era el punto de partida para sumar
los «105 días que se mantuvo inoperante el término de caducidad inicial», por
manera que vencía el 27 de mayo de 2022; sin embargo, la fecha de solicitud de
conciliación extrajudicial acreditaba que esa actuación se agotó cuando aún faltaban
4 meses y 1 día para que caducara el medio de control, plazo que se reanudó a partir
del «28 de abril de 2022 con la notificación de la constancia de no conciliación».
Entonces, como la demanda se interpuso el «28 de agosto de 2022»2, era claro que
se realizó en tiempo, pues «faltaban 2 días para que operara la caducidad
A través de auto del 1° de septiembre de 2023, la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión del a quo,
aunque con algunas precisiones.
Sobre el particular, concluyó, en síntesis, que el proceso penal contra el actor finalizó
con fallo absolutorio que cobró firmeza el 18 de diciembre de 2019, lo que significaba
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De la revisión del expediente digital se advierte que esa fecha es errada, ya que el escrito inicial se
radicó el 27 de julio de 2022.
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Demandante: Víctor Hugo Torres Jaimes
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Referencia: Sentencia de tutela de primera instancia
que al día siguiente empezaron a correr los 2 años para elevar la demanda de
reparación directa, los cuales, contrario a la tesis del actor, se completaban el 11 de
enero de 2022 porque el 19 de diciembre de 2021 fue un día feriado y por disposición
legal la vacancia judicial terminó el 10 de enero de 2022.
Bajo esa línea, adujo que a la última fecha se le debía añadir el plazo de suspensión
previsto por los acuerdos expedidos con ocasión de la pandemia Covid-19, a saber,
un total de «107 días», contabilizados del 16 de marzo al 30 de junio de 2020.
Así, cuando se agotó el requisito de conciliación extrajudicial, el 26 de enero de 2022,
habían transcurrido 15 días de los 107 referidos, «restando 92 días», que retomaron
su conteo al día siguiente de declarar fallida esa diligencia, el 25 de abril de ese año,
y se prorrogaron hasta el 26 de julio de 2022, pero, dado que se formuló la demanda
al día siguiente, era imperativo confirmar el rechazó por caducidad.
1.3. Argumentos de la tutela
La parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes
defectos:
1.3.1. Defecto fáctico, comoquiera que la providencia carece de apoyo probatorio
porque el término de suspensión de la caducidad por la pandemia corresponde a 108
días, mas no a «107 días, como erradamente lo señaló el Tribunal», pues se toma
“desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 1 de julio de 2020».
1.3.2. Defecto procedimental, ya que no se justificó la razón para inferir que «desde
el 16 de marzo de 2020 hasta el 1 de julio de 2020 hay 107 días», por el contrario, si
se hubiera desarrollado un cálculo manual y matemático en el aplicativo Microsoft
Excel del rango de fechas, la conclusión de la decisión sería distinta.
1.3.3. Defecto sustantivo, habida cuenta de que el tribunal, de una parte, «no
explicó por qué concluyó que el número de días de la suspensión de la caducidad
por Covid-19 es de 107 días, pese a que resulta lógico que al contar desde el 16 de
marzo de 2020 y el 1 de julio de 2020 hay en total 108 días» y, de otro lado, si llegare
a esbozar que descontó el día de la presentación de la solicitud de conciliación
extrajudicial para defender su tesis, el auto también contendría un yerro, en la medida
en que ese día no se puede restar del término para presentar la demanda, de
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conformidad con lo mencionado en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001. En concreto,
dijo:
(…) Es indiscutible que el día 26 de enero de 2022, día en que se presentó la
solicitud de conciliación extrajudicial -y por ende, se suspendió el término de
caducidad- NO debe descontarse de los 93 días que le restaban al suscrito del
término de caducidad para presentar la demanda de reparación directa. Es así
como el término al término de los 93 días faltantes para la operancia del
fenómeno de la caducidad no se le puede descontar el día en que se presentó
la solicitud de conciliación y, por lo tanto, dicho término se reanudó íntegramente
el día siguiente al de la expedición de la constancia de no conciliación, es decir,
el 26 de abril de 2022, feneciendo finalmente el día 27 de julio de 2022, fecha en
la que fue presentada la demanda de manera oportuna.
1.3.4. Desconocimiento del precedente, en vista de que el Consejo de Estado ha
mencionado que, si al juez «le embarga la duda acerca de si opera o no la caducidad,
dicha duda debe resolverse en favor del demandante».
Adujo que en el caso examinado no había total seguridad de que la demanda se
interpuso a tiempo, tanto así que el juez de primera instancia estableció que el plazo
vencía el 2 de julio de 2022, mientras que el tribunal aseveró que sucedió el 26 de
julio de 2022, por tanto, ante esa divergencia se debía admitir la misma.
A reglón seguido, citó autos del 10 de diciembre de 2014 y del 9 de octubre de 2018,
proferidos por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, respectivamente, por medio de los cuales se puso
de presente que existían eventos en los que no se tenía certeza sobre cuándo
iniciaba el cómputo del término de caducidad, por tal razón, se admitía la demanda
sin perjuicio de que al momento de definir la controversia de fondo y previo al análisis
de las pruebas, el juez analizara ese punto. Para los mismos efectos, enunció un
pronunciamiento de tutela del 29 de octubre de 2020 de la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.
A la par, aludió que, si bien el tribunal aplicó la metodología de conteo que expresó
en el recurso de apelación contra el auto del 11 de agosto de 2022, lo cierto era que
no «podía ser objeto de modificación, ya que fue apelante único y lo que debía hacer
era aplicarla correctamente, teniendo en cuenta que fueron 108 y no 107 días de
suspensión de caducidad por el Covid-19».
Por último, hizo énfasis en la sentencia del 1° de diciembre de 2014 de la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, «que indica que la presentación de
la solicitud de conciliación no se descuenta del plazo de caducidad».
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1.3.5. Violación directa de la Constitución Política, en tanto se vulneraron los
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia (artículo 229), al
debido proceso (artículo 29) y a la igualdad (artículo 13), con base en las siguientes
premisas:
(i) El tribunal se apartó de la lógica, las leyes y las reglas de la experiencia, «pues
indefectiblemente desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 1 de julio de 2020 hay 108
días con exactitud matemática», situación que impidió acceder de manera efectiva
al aparato judicial, en aras de obtener una sentencia judicial de fondo.
(ii) La demanda fue presentada en término y el día que el tribunal omitió incluir es el
último día que se tenía disponible para interponer el libelo introductorio, como en
efecto se hizo, el 27 de julio de 2022. Desconocer ello, implica una clara violación
del derecho fundamental del debido proceso.
(iii) La autoridad accionada reconoció que existían «al menos 4 métodos para
calcular el término de caducidad en el presente caso», de ahí que debía recurrir al
precedente jurisprudencial del Consejo de Estado para superar sus dudas a favor
del actor y no «en su contra por ser apelante único».
2. Trámite impartido e intervenciones
Mediante auto del 3 de abril de 2024, el Despacho sustanciador admitió la solicitud
de amparo y ordenó que aquel se notificara a la autoridad accionada, a los terceros
con interés y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, etapa procesal
en la que no intervinieron.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Problema Jurídico
En primer lugar, la Sala determinará si se cumplen los requisitos generales de la
acción de tutela contra providencias judiciales. De acreditarse, se abordará el estudio
de fondo, con el fin de establecer si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al
dictar el auto del 1° de septiembre de 2023, incurrió en los defectos alegados y, como
consecuencia, vulneró los derechos fundamentales del demandante.
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2. Análisis de la Sala
2.1. Requisitos generales de procedibilidad
2.1.1. Inmediatez: la tutela cumple con este requisito, toda vez que el auto atacado
fue proferido el 1° de septiembre de 2023 y notificado por correo electrónico el 25 de
ese mes y año, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 25 de marzo de
2024, esto es, dentro de los seis meses siguientes. Este término resulta razonable.
2.1.2. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.
2.1.3. Subsidiariedad: la parte actora interpuso los recursos disponibles dentro del
proceso ordinario, sin que las inconformidades enunciadas en la tutela encuadren en
algunos de los recursos extraordinarios establecidos en la Ley 1437 de 2011.
2.1.4. De la relevancia constitucional: la Sala encuentra satisfecha esta exigencia,
dado que los cargos se encuentran justificados, pues el actor explicó las razones por
las cuales considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró sus
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso
y a la igualdad, prerrogativas tradicionalmente relevantes en la institución de la
acción de tutela. Adicionalmente, porque, aunque el asunto fue abordado por los
jueces naturales, existen argumentos que revelan una tensión entre la razonabilidad
de la decision enjuiciada y el alcance de los derechos fundamentales invocados.
Los razones por las que se cuestiona el conteo de la caducidad del medio de control
de reparación directa a partir de la interpretación y aplicación de las reglas sobre la
materia, involucran un problema de naturaleza constitucional, en la medida en que
está en riesgo la afectación de los derechos referidos, en especial, el de la tutela
judicial efectiva, derivado de la suspensión de los términos procesales, conforme a
las normas expedidas para mitigar los efectos y evitar la propagación de la pandemia
de Covid-19, en armonía con el acceso efectivo a las autoridades judiciales y al
trámite de los procesos jurisdiccionales.
No se trata, pues, de un asunto de mera legalidad o de discrepancia interpretativa,
sino de un evento de naturaleza excepcional que habilita la intervención del juez
constitucional porque, valga insistir, se está frente a una duda sobre la potencial
afectación de derechos constitucionales que desbordaría el juicio de los jueces
naturales.
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De esta manera, y al tenor de lo reiterado por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-215 de 2022, en este caso, lejos de pretenderse que la acción de tutela se erija
en una instancia adicional al proceso de reparación directa o un medio para resolver
desacuerdos de aspectos meramente legales o económicos, se trata de un asunto
que tiene «la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental» y se justifica en la medida de una
posible «afectación desproporcionada a derechos fundamentales».
2.2. Requisitos específicos de procedibilidad alegados por la parte actora
Conviene mencionar que, si bien la accionante manifestó que la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en defecto
fáctico, procedimental, violación directa de la Constitución Política, sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial, también lo es que para sustentar tales
vicios planteó argumentos comunes.
Así las cosas, la Sala realizará un análisis conjunto del tema, a la luz de los
presupuestos de los últimos dos defectos mencionados.
2.2.1. Defecto sustantivo
Esta causal específica se caracteriza, principalmente, por la existencia de una
falencia o yerro en una providencia judicial, que tiene origen en el proceso de
interpretación o aplicación de las disposiciones jurídicas aplicables al caso sometido
al conocimiento del juez; sin embargo, para que esa falencia o yerro dé lugar a la
procedencia del mecanismo de amparo constitucional, debe evidenciarse una
irregularidad de tal entidad, que indiscutiblemente lleve a que se profiera una
decisión que obstaculice o lesione la efectividad de prerrogativas iusfundamentales3.
2.2.2. Desconocimiento del precedente judicial
Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas4:
3
Cfr. Sentencias SU-950 de 2014, SU-241 de 2015, SU-217 de 2016 y SU-395 de 2017 de la Corte
Constitucional.
4
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
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Demandante: Víctor Hugo Torres Jaimes
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Referencia: Sentencia de tutela de primera instancia
a. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría
desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció5.
b. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se
habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso
análogo ya decidido.
c. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó
de aplicar.
d. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen
diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso
las razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no
habrá desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean
similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez identifica
el criterio jurisprudencial supuestamente ignorado y expone las razones para
apartarse (principios de transparencia y razón suficiente6).
e. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón
central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge
de la valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el
material probatorio en cada caso concreto7.
f. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la
protección del derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido
proceso y la garantía de la confianza legítima.
3. Caso concreto
En el presente asunto, el señor Víctor Hugo Torres Jaimes considera que en el auto
objeto de reproche, mediante el cual se rechazó la demanda de reparación directa
5
Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: «la existencia de un precedente no depende del
hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se
estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para
lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las
sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones
similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso
objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica».
6
En relación con el derecho de apartamiento y los principios de transparencia y razón suficiente, ver,
entre otras, las sentencias T-698 de 2004, T-794 de 2011 y T-364 de 2017 de la Corte Constitucional.
7
Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es «la formulación general, más allá de las
particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de
la decisión judicial específica». Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.
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por la configuración del fenómeno jurídico de la caducidad, se incurrió en defecto
sustantivo, en esencia, porque la autoridad judicial demandada no explicó cómo
arribó a la conclusión que los días de suspensión decretados por la pandemia Covid-
19 fueron 107 días, cuando era palmario que al contar «desde el 16 de marzo de
2020 hasta el 1 de julio de 2020 hay en total 108 días», lo que acreditaba que las
reglas fijadas para tal fin no fueron interpretadas y aplicadas en debida forma de cara
al cálculo que tuvo en cuenta el juez de segundo grado. En todo caso, tampoco
podría alegarse que en el conteo del plazo para demandar se descontó el día de
radicación de la solicitud de conciliación extrajudicial, teniendo en cuenta que esto
desconocería artículo 21 de la Ley 640 de 2001.
Pues bien, en lo que aquí interesa, se advierte que la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca recurrió a las normas para
evaluar la suspensión del plazo de caducidad de la controversia, así:
(…) El 15 de abril de 2020 se profirió el Decreto Legislativo 564 de 2020. El
numeral 2º del artículo 1º de esa norma determinó que el conteo de los términos
de prescripción y caducidad reanudarían a partir del día hábil siguiente a la fecha
en que cesara la suspensión de términos judiciales. El Consejo Superior de la
Judicatura dispuso la prórroga de la suspensión varias veces, finalizando esta el
30 de junio de 2020. Por ello el término de conteo de la caducidad se reanudó el
1º de julio de 2020 (…)
A partir de ese razonamiento, señaló que «el término de suspensión determinado por
las normas con ocasión de la pandemia Covid-19 sumaron un total de 107 días».
Para la Sala, contrario a lo dicho por el tutelante, en la decisión censurada no solo
se realizó el estudio y aplicación de las normas pertinentes para el caso, sino que el
conteo de los días que se consignó es acertado, según se explica a continuación:
Mediante el Decreto Ley 564 de 2020, «por el cual se adoptan medidas para la
garantía de los derechos de los usuarios del sistema de justicia, en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica», se dispuso lo siguiente:
Artículo 1. Suspensión de términos de prescripción y caducidad. Los términos de
prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal
para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar demandas ante
la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de días, meses o años, se
encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el día que el
Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos
judiciales.
El conteo de los términos de prescripción y caducidad se reanudará a partir
del día hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión de términos
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judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura. (…) se
destaca.
Dicha suspensión fue prorrogada en múltiples oportunidades; empero, el Acuerdo
PCSJA-11567 del 5 de junio de 2020 determinó:
Artículo 1. Levantamiento de la suspensión de términos judiciales. La
suspensión de términos judiciales y administrativos en todo el país se
levantará a partir del 1 de julio de 2020 de conformidad con las reglas
establecidas en el presente Acuerdo (se destaca).
Artículo 2. Suspensión de términos judiciales. Se prorroga la suspensión de
términos judiciales en el territorio nacional, desde el 9 de junio hasta el 30 de
junio de 2020 inclusive. Se exceptúan de esta suspensión de términos los
asuntos señalados en los artículos siguientes.
Posteriormente, el Acuerdo PCSJA-11581 del 27 de junio de 2020 ratificó:
Artículo 1. Levantamiento de la suspensión de términos judiciales. El
levantamiento de términos judiciales y administrativos previsto a partir del 1º
de julio de 2020 se sujeta a lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA20-11567 de
2020 y en el presente Acuerdo (se destaca).
De acuerdo con lo anterior, como bien lo dijo la autoridad demandada, el cómputo
del término de caducidad fue suspendido desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio
de 2020, reanudándose el mismo a partir del 1° de julio de 2020.
La lectura de las normas no genera confusión ni admite varias interpretaciones,
según lo pretende reflejar el actor, quien entiende de manera equivocada que el 1°
de julio de 2020 hizo parte del plazo de suspensión y, en ese sentido, es un día que
se debe sumar en la contabilización de la caducidad del medio de control. En esa
lógica, para él, el lapso de suspensión también cobija el 1° de julio de 2020 y la
reanudación sería a partir del día siguiente, esto es, el 2 de julio de 2020, lo cual no
atiende el sentido literal de las reglas fijadas en los acuerdos.
El levantamiento de la aludida suspensión, sin duda, se generó el 30 de junio de
2020, por manera que, al día siguiente hábil, el 1° de julio de 2020, empezó a correr
nuevamente el término de caducidad. En reciente fallo, esta Subsección expresó:
(…) Se concluye que el Tribunal sí estaba obligado a descontar o, si se quiere,
a detener, entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020, el conteo del
término de caducidad que inició el 7 de noviembre de 2018, para reanudar su
contabilización el 1º de julio de 2020 hasta el momento en que finalizaran los dos
años de que trata el literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de
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Radicación:11001-03-15-000-2024-01512-00
Demandante: Víctor Hugo Torres Jaimes
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, y otro
Referencia: Sentencia de tutela de primera instancia
2011 o la fecha en que se radicó la conciliación prejudicial, como nuevo elemento
que suspendió la caducidad8 (…).
Con claridad sobre el punto de inicio y finalización de los días incluidos en la
suspensión decretada por la pandemia, cualquier ejercicio matemático que se utilice
debe arrojar como resultado 107 días, como en efecto, se indicó en el auto del 1° de
septiembre de 2023.
Vale la pena mencionar que el Juzgado 66 Administrativo de Bogotá estableció que
ese período en total representaba «105 días», pero el juez de segunda instancia
señaló que no se tuvieron en cuenta los meses de 31 días, los cuales también hacían
parte de la suspensión, razonamiento que ahora no puede servir de excusa para
señalar que se trata de un aspecto confuso y la solución era admitir la demanda,
puesto que esa falencia fue corregida.
Para cerrar el análisis del cargo, la Subsección debe subrayar que tampoco resulta
de recibo el argumento del actor, quien sugirió un posible descuento al plazo de
caducidad del día en el que se presentó la solicitud de conciliación extrajudicial, toda
vez que, revisado el conteo de los términos del tribunal (que, incluso, hizo el ejercicio
de contabilizar la caducidad conforme a la particular metodología propuesta por el
actor), esa situación no se dio, luego no se desconoció alguna norma en ese sentido.
Se ilustra para mejor comprensión:
Hecho o suceso Fecha
Ejecutoria de la absolución penal 18 de diciembre de 2019
Caducidad de 2 años 19 de diciembre de 2019 – 11 de enero de
20229
Suspensión de caducidad por 16 de marzo al 30 de junio de 2020 (107
Covid-19 días que se suman al vencimiento de la
caducidad)
Conciliación extrajudicial 26 de enero de 2022 (se radica al día 1510
de los 107 días de suspensión, restando 92
días)
Constancia de no conciliación 25 de abril de 2022
Reanuda nueva caducidad 26 de abril de 2022
Extensión del plazo de 26 de julio de 2022 (sumando 92 días
caducidad pendientes de los 107 días de suspensión)
Radicación demanda 27 de julio de 2022
8
Sentencia del 9 de agosto de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-02588-01, M.P. María
Adriana Marín.
9
El 19 de diciembre de 2021 fue domingo y la vacancia judicial se extendió hasta el 10 de enero de
2022.
10
El 26 de enero no se tiene en cuenta para el conteo, ya que se radicó la solicitud de conciliación.
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Radicación:11001-03-15-000-2024-01512-00
Demandante: Víctor Hugo Torres Jaimes
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, y otro
Referencia: Sentencia de tutela de primera instancia
En suma, más allá de la inconformidad natural de la parte actora cuyos argumentos
no tienen vocación de prosperidad, resulta claro que la providencia cuestionada no
es constitutiva de un yerro o falencia interpretativa o de aplicación normativa que
obstaculice el ejercicio de prerrogativas iusfundamentales.
Sucede lo mismo con lo atinente al desconocimiento del precedente judicial, debido
a que, si bien cada una de las providencias enlistadas en la petición de amparo
contiene la ratio decidendi descrita por la parte demandante, lo cierto es que no
resultan vinculantes porque la realidad fáctica del caso dista de las abordadas en
esos pronunciamientos.
Lo anterior, por cuanto en el auto del 1° de septiembre de 2023 no se planteó una
duda respecto de si operó o no la caducidad, es decir, no existía un punto oscuro
para aplicar los principios pro actione o pro damnato, a fin de aplazar el estudio
pertinente en la etapa de admisión y retomarlo en la sentencia. El hecho de que se
hubiera corregido el conteo del juez de primera instancia y, además, propuesto varias
formas de contar la caducidad no denota «confusión»; todo lo opuesto, existían los
elementos de juicio y las reglas claras para definirla.
A su vez, la condición de apelante único no se traduce, per se, en una barrera
infranqueable para que el juez de segunda instancia esté atado a acoger la postura
del recurrente sin algún tipo de reparo, sino que su labor, en virtud de los límites de
la competencia, está dirigida a realizar un estudio propio del aspecto que se propone,
el cual puede que no esté acorde con el de la parte inconforme y no por esa razón
se entendería una agravación de su situación.
De todos modos, el tribunal aplicó la metodología del conteo de la caducidad
propuesta por el señor Víctor Hugo Torres Jaimes, pero, se repite, el resultado fue
diferente, ya que, como se vio, aquel incluyó un día de suspensión que no debía y,
en esa medida, no estaba llamado a replicar tal cual sus conclusiones. De haberlo
hecho, la decisión sería contraria a derecho.
Descartada, la ocurrencia de los defectos invocados por la parte actora, se negará
el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Radicación:11001-03-15-000-2024-01512-00
Demandante: Víctor Hugo Torres Jaimes
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, y otro
Referencia: Sentencia de tutela de primera instancia
FALLA
PRIMERO. Negar la solicitud de amparo presentada por el señor Víctor Hugo Torres
Jaimes, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha
o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evali
dador.aspx.
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