Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-01525-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-01525-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-01525-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
11 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., once (11) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01525-01
Accionante: WILSON ALFONSO ANDRADE
Accionados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN QUINTA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Se confirma el fallo
impugnado – Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir
con el requisito general de procedencia de inmediatez.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el señor Wilson Alfonso Andrade
contra la sentencia de 3 de mayo de 2024, proferida por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Elseñor Wilson Alfonso Andrade solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya
vulneración le atribuyó a las sentencias de 3 de marzo y 13 de abril de 2023,
proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la Sección Quinta del
Consejo de Estado, respectivamente, dentro del proceso de acción de cumplimiento
de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos, con número de
radicación 76001-23-33-000-2023-00074-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Informó
que el 3 de febrero de 2023 presentó la demanda de acción de
cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos núm.
76001-23-33-000-2023-00074-00/01 contra la Nación - Ministerio de Educación
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01525-01
Accionante: Wilson Alfonso Andrade
Nacional, para que se establezca una jornada laboral de 44 horas semanales de
acuerdo con lo consignado en el artículo 33 del Decreto 1042 de 7 de junio de 19781.
2.2. Refirió que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de
3 de marzo de 2023, negó las pretensiones de la demanda.
2.3. Señaló que apeló el fallo de primera instancia y que, mediante sentencia de 13 de
abril de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la decisión
recurrida.
2.4. Adujo que el 24 de abril de 2023 interpuso recurso extraordinario de revisión, por
considerar arbitraria y violatoria de la Constitución y la ley la decisión tomada por la
Sección Quinta del Consejo de Estado.
2.5. Refirió que el anterior proceso fue conocido por la Sala Veintidós Especial de
Decisión del Consejo de Estado y que, mediante auto de 22 de noviembre de 2023,
dispuso rechazar por improcedente el recurso extraordinario de revisión.
2.6. Indicó que las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y la Sección Quinta del Consejo de Estado vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia al incurrir
en los defectos fáctico y orgánico.
2.7. Frente al defecto fáctico señaló que carecen de fundamentación probatoria que
autorice la reducción de la jornada laboral establecida en el artículo 33 del Decreto
1042 de 1978.
2.8. Respecto al defecto orgánico manifestó que falta competencia por parte de las
autoridades judiciales para avalar una jornada laboral inferior a 44 horas semanales.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso (art. 29/Const.),
al acceso a la administración de justicia (art. 229/Const.), a la dignidad humana,
al trabajo (art. 25/Const.), al de recibir información verás (art. 20/Const.), al de
la igualdad (art. 13/Const.), impetrados a través de esta acción de tutela contra
providencia judicial a favor del demandante, ciudadano WILSON ALFONSO
ANDRADE, identificado con cedula de ciudadanía No. 16, 474 829.
2. Dejar sin efectos la Sentencia de Acción de Cumplimiento de Segunda
Instancia Contra el Ministerio de Educación Nacional dictada por la Honorable
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta del Consejo de Estado
bajo Radicación No. 76001-23-33- 000-2023-00074-01 del 13 de abril de veinte
veintitrés (2023) y la Sentencia de Primera Instancia No. 46, bajo numero [sic]
1
“Por el cual se establece el sistema de clasificación y nomenclatura de los empleos de los Ministerios Departamentos
Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Unidades Administrativas Especiales del Orden Nacional, se
fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos”.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01525-01
Accionante: Wilson Alfonso Andrade
de Proceso 76001-23-33-000-2023-0007400 marzo tres (03) de dos mil
veintitrés (2023) proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
3. Ordenar a la Sala de Decisiones que corresponda, que profiera nueva
sentencia, en la cual se haga una valoración adecuada del precedente judicial
en el tema de acuerdo a las reglas jurisprudenciales y no de manera
caprichosas, arbitraria y violatorias de mis derechos fundamentales como
ha ocurrido con las decisiones erróneas tomadas inobservando la Constitución
y la ley […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 8 de abril de 2024, el magistrado a cargo de la sustanciación del
proceso de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la
presente acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de tercero con
interés directo en el resultado del proceso a la Nación - Ministerio de Educación
Nacional.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a la
vinculada, se allegaron los siguientes informes:
5.1. La Sección Quinta del Consejo de Estado, a través del magistrado ponente de
la decisión objeto de esta acción, manifestó que no se cumplía con el requisito
general de procedencia de inmediatez porque la decisión que se estaba
controvirtiendo había sido notificada hacía once meses.
5.2. Asimismo, puso de presente que la solicitud de amparo era improcedente porque
no satisfacía la carga mínima argumentativa.
5.3. Por
último, señaló que la decisión cuestionada no vulneró los derechos
fundamentales del accionante.
5.4. La Nación - Ministerio de Educación Nacional, a través del jefe de la oficina
asesora jurídica, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela porque no
se evidenciaba violación alguna a los derechos constitucionales del accionante.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante sentencia de tutela de 3 de mayo de 2024, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la presente acción de tutela
por no cumplir con el requisito de inmediatez, en tanto que consideró que la
providencia cuestionada “[…] fue notificada el 17 de abril de 2023, a través de
mensaje enviado al buzón electrónico (email: Wilson 22andrade@hotmail.com) 4
[sic] y de acuerdo con lo previsto en el artículo 205 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ─ CPACA, quedó efectivamente
4
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01525-01
Accionante: Wilson Alfonso Andrade
notificada el 19 de abril de 2023 y en atención a lo estipulado en el artículo 302 del
Código General del Proceso ─ CGP, cobró ejecutoria el 24 de abril de 2023 […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
7. La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia al considerar que
“[…] le parece improcedente la manera de contabilizar el tiempo sobre el plazo de la
inmediatez en la interposición de la tutela, no es razonable que se contabilice el
tiempo a partir de la notificación de la Sentencia de Segunda Instancia dictada el 13
de abril de 2023, inobservando que después de la aquí referida fecha en función del
agotamiento del aquí referido recurso interpuse recurso extraordinario de revisión,
del cual recibí notificación de rechazo en fecha veintidós (22) de noviembre de dos
mil veintitrés (2023), por lo tanto y de manera lógica el tiempo contable en la
interposición de la tutela debería hacerse a partir de esta fecha donde como
resultado nos arroja (desde fecha 23 de noviembre de 2023 a 27 de marzo de 2024
hay tres meses y cuatro días) […]”.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
8. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195.
VIII.2. Problemas jurídicos
9. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales a
las sentencias de 3 de marzo y 13 de abril de 2023, proferidas por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y el Consejo de Estado - Sección Quinta,
respectivamente. Sin embargo, la Sala sólo analizará si la providencia de 13 de abril
de 2023, proferida en segunda instancia por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante porque esta
decisión fue la que finiquitó la litis e hizo tránsito a cosa juzgada.
10. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado6, la Sala debe establecer:
2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01525-01
Accionante: Wilson Alfonso Andrade
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá:
b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente, en un defecto orgánico y fáctico.
11. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a
(ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y
cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
12. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
13. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que
proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto,
fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de
2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01525-01
Accionante: Wilson Alfonso Andrade
16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos
parámetros.
17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento
excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores
constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica
e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
18. El
criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
19. El señor Wilson Alfonso Andrade solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya
vulneración le atribuyó a las sentencias de 3 de marzo y 13 de abril de 2023,
proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la Sección Quinta del
Consejo de Estado, respectivamente, dentro del proceso de acción de cumplimiento
de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos, con número de
radicación 76001-23-33-000-2023-00074-00/01.
20. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial, el
requisito de inmediatez.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que
presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01525-01
Accionante: Wilson Alfonso Andrade
VIII.4.1. Del incumplimiento del requisito general de procedencia de inmediatez
21. En cuanto al requisito general de inmediatez, se debe señalar que la acción de
tutela no tiene un plazo específico para su interposición. Sin embargo, la Corte
Constitucional ha dicho, refiriéndose a este requisito, que la acción de tutela debe
ser interpuesta: “[…] en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración11. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de solución de conflictos […]”12.
22. Al respecto, la jurisprudencia constitucional13, ha señalado lo siguiente:
“[…] En el caso específico de tutelas contra providencias judiciales, el requisito
de inmediatez adquiere una connotación aún más precisa y exigente, pues
el carácter excepcional de esta figura obedece precisamente a la
necesidad que existe de conciliar la protección de derechos
fundamentales con los principios constitucionales de seguridad jurídica y
autonomía judicial, que podrían comprometerse si la tutela contra
providencias judiciales se convierte en práctica generalizada. De ahí que
la jurisprudencia de la Corte Constitucional haya sido particularmente
reiterativa en considerar que el principio de inmediatez es particularmente
importante cuando se trata de examinar la procedencia de tutelas contra
providencias judiciales. En la citada sentencia C-590 de 2005, se afirmó que
“de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos
de resolución de conflictos” […]”14. [Cursiva original del texto y negrilla fuera del
texto]
23. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, fijó una regla jurisprudencial según
la cual el plazo considerado como razonable era de seis (6) meses, contados a partir
de la notificación de la decisión judicial objeto de tutela. Ello con sustento en el
siguiente raciocinio:
“[…] Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se
ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la
realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza
material, que la hace definitiva e inmutable.
Anotase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre
este aspecto. Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de
11
Ver entre otras, Sentencia T-315 de 2005.
12
Sentencia C-590 de 2005, T-743 de 2008, T-343 de 2012.
13
Corte Constitucional, Sentencia T-739 de 2010.
14
Ibidem.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01525-01
Accionante: Wilson Alfonso Andrade
seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia,
según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias
judiciales se ejerce oportunamente.
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del
acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los
recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela
judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge,
además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como
razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de
una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional […]”15. [Negrilla
fuera del texto].
24. La jurisprudencia constitucional16 ha establecido excepciones a la aplicación del
requisito de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y justificarse por el
accionante en cada caso particular17, así:
“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida transcurrido
un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i)
exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre
el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el
tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”18.
25. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que el juez de primera
instancia declaró improcedente el presente mecanismo de amparo, luego de
considerar que no cumplía con el requisito de la inmediatez.
26. El accionante en el escrito de impugnación enfatizó que el plazo razonable para
interponer la tutela debía contabilizarse a partir de la fecha en que fue notificado el
auto que rechazó del recurso extraordinario de revisión, es decir, a partir del 23 de
noviembre de 2023.
27. Sin embargo, la Sala pone de relieve que el fallo que motivó la interposición de la
presente acción de tutela fue notificado por correo electrónico enviado el 17 de abril
de 202319, por lo que debe entenderse que tal acto se surtió el día 19 de ese mismo
mes y año20. Por su parte, la presente solicitud de amparo se radicó al correo
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-
15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16
Sentencia T-584 de 2011.
17
Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena del Consejo
de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
18
Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.
19
Índice 00021 de SAMAI, envió de notificación, radicado núm. 76001-23-33-000-2022-00912-01, Consejo de Estado Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate.
20
En aplicación de los artículos 203 y 205 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01525-01
Accionante: Wilson Alfonso Andrade
electrónico habilitado por la Secretaría General de esta Corporación el día 1.° de
abril de 202421.
28. Así las cosas, y comoquiera que la solicitud de amparo fue radicada el 1.° de abril
de 2024, se observa que la misma se ejerció después de transcurridos 11 meses
desde la notificación del fallo objeto de esta acción.
29. Por último, el accionante adujo en su escrito de impugnación que “[…] el plazo
razonable para interponer la tutela inicio [sic] a partir de la fecha en que fue notificado
del rechazo del recurso extraordinario de revisión y no a partir de la fecha de la
sentencia de segunda instancia […]”. Sin embargo, la jurisprudencia de esta
Corporación ha sido pacífica en sostener que la interposición de recursos abiertamente
improcedentes o inoportunos no flexibiliza la aplicación del requisito de inmediatez22.
30. En este caso, el accionante presentó un recurso extraordinario de revisión que,
posteriormente, fue objeto de rechazo al advertir que era improcedente dicho
recurso.
31. Por lo anterior, y al no observar otra causal adicional que justifique la demora en
la interposición de la presente acción constitucional, la Sala considera que no se
satisfizo el requisito general de procedencia de inmediatez, resaltándose que
tampoco se cumplen los presupuestos para acceder a la aplicación de la sentencia
SU-354 de 201723, proferida por la Corte Constitucional.
32. Por lo expuesto, se confirmará el fallo impugnado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 3 de mayo de 2024, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
21
Índice 00002 de SAMAI, Expediente Digital, "ED_1CORREOELECTRONIC", radicado núm. 11001031500020240152500.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 18 de abril de 2024. Exp. núm.
11001-03-15-000-2023-07260-01. C.P.: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
23
Corte Constitucional. Sala Plena. Exp. T. 5.882.857, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01525-01
Accionante: Wilson Alfonso Andrade
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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