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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01530-01

Fecha
1 de agosto de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01530-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA VARGAS, quedó claro que el acusado no ha sido autorizado para portar armas de fuego. Finalmente, con el cotejo dactiloscópico realizado por el perito JERRY GABRIEL CUBIDES GÓMEZ, se definió que JUAN GABRIEL GARCÍA FRANCO nació el 11 de febrero de 1979 en La Virgilia y se identifica con la cédula de ciudadanía 18.609.210. De acuerdo con lo anterior, se tienen reunidos los requisitos objetivos relacionados con el artículo 365 del Código Penal. 5.1.2. Tipicidad subjetiva. El acusado sabía que el artefacto que llevaba en su poder era apto para disparar, al punto que en su declaración reconoció haberlo usado al aire en una ocasión, en la finca que cuidaba, para asustar a unos intrusos. Además, sabía que nunca había sido autorizado directamente para portar ese tipo de artilugios. 5.1.3. Antijuridicidad. El acusado, si bien es un campesino que cuidaba dos fincas cercanas del corregimiento de Arabia, el día de su captura no estaba en el compendio territorial de su trabajo. Estaba en la zona urbana, en horas de la madrugada, departiendo con amigos que inclusive consumían licor y cerca de una zona de cantinas. En eso coincide el policía captor y los testigos de la defensa MIGUEL ANTONIO MEJÍA GAVIRIA y JOSÉ JULIÁN GUARÍN VARGAS (…). 5.1.4. Culpabilidad. El acusado es un hombre mayor de edad y sano en sus sentidos, capaz de comprender su comportamiento y autodeterminarse. Es imputable. Ahora bien, en el juicio quedó demostrado con los informes de arraigo y con las declaraciones de los testigos de la defensa que el señor GARCÍA FRANCO es un hombre con primero de primaria que levemente escribe y algo sabe leer. Desde los 14 años ha laborado como agricultor. Tiene siete hijos y siempre ha cuidado fincas. Esas peculiaridades, sumadas a la advertencia que por su patrono se le hizo al enjuiciado en el sentido que el arma tenía papeles hacen loable la idea de un error de prohibición o, lo que es lo mismo, una equivocada convicción sobre la ilicitud o la antijuridicidad de la conducta (…). Empero, ese error de prohibición era vencible (…) así las cosas, en los términos del artículo 31.11 del C.P., al operar un error de prohibición […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-01530-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

1 de agosto de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2024-01530-01
Demandante: Juan Gabriel García Franco y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., primero (1) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01530-01
Demandantes: JUAN GABRIEL GARCÍA FRANCO1, JUANA JULIETH
GARCÍA GIRÓN, SOL MARÍA GARCÍA FRANCO, LUZ NELLY
VARGAS CARTAGENA, ÁNGELA MARÍA GARCÍA GIRÓN,
CARLOS ALBERTO CARDONA VARGAS, ROSA EDILIA
GARCÍA FRANCO, CARMEN TULIA ROMERO GARCÍA,
MARÍA ALIRIA ROMERO GARCÍA, DORA EDILSE ROMERO
GARCÍA Y MARÍA RUBÍ ROMERO GARCÍA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “A”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa por privación de la libertad en el que se negaron las
pretensiones de la demanda porque la medida de aseguramiento
fue legal, necesaria y proporcional. Defecto fáctico y sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el accionante contra la sentencia de 2 de mayo de 2024, dictada
por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la que declaró improcedente la
acción de tutela por falta del requisito general de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

1.1. Relacionados con el hecho dañoso -proceso penal-

La parte actora manifestó que el 25 de marzo de 2012, el señor Juan Gabriel
García Franco fue capturado por la Policía Nacional por portar un arma de fuego
sin salvoconducto.

Refirió que el 26 de marzo de 2012, el Juzgado Segundo Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Pereira legalizó la captura y adelantó la
formulación de cargos por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de
fuego, sin embargo, el imputado no los aceptó. Agregó que no se solicitó una
medida de aseguramiento privativa de la libertad.

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Quien actúa en nombre propio y en representación de los menores de 18 años de edad JGGV, AYGV, AGGV y DAGG.
Mediante auto de 5 de abril de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado adoptó como medida de protección del
derecho a la intimidad de los menores de 18 años relacionados en este proceso la supresión de los datos que permiten su
identificación, razón por la cual, sus nombres serán reemplazados por las siguientes iniciales JGGV, AYGV, AGGV y
DAGG.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01530-01
Demandante: Juan Gabriel García Franco y otros

Mencionó que el 22 de junio de 2012, la Fiscalía Doce Seccional de Pereira radicó
escrito de acusación y el 18 de septiembre del mismo año se llevó a cabo la
audiencia de formulación de acusación ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito
con Función de conocimiento de Pereira, cuando “ya se había aclarado que el arma
que le fue encontrada era de propiedad del señor César Zapata Mejía pues (… ) ante las
autoridades había acudido el señor JUAN MANUEL ESCORCIA, hijo del señor ZAPATA
MEJÍA quien se había identificado como propietario del arma y empleador del aquí
demandante, señalando que dicho revolver contaba con un salvoconducto de tenencia,
hechos que no se tuvieron en cuenta dentro de la respectiva acusación”.

Relató que el 11 de junio de 2013, el Juzgado Quinto Penal del Circuito con
Función de conocimiento de Pereira inició la audiencia pública de juicio oral, y el
10 de noviembre de 2014 profirió sentencia condenatoria imponiendo una medida
restrictiva de la libertad en el lugar de domicilio, con permiso para trabajar.

Por último, afirmó que, contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación,
el cual fue desatado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en fallo
de 20 de enero de 2017, en el que revocó la decisión y, en su lugar, absolvió al
señor Juan Gabriel García Franco, por lo que se ordenó su libertad inmediata.

1.2. Relacionados con el medio de control de reparación directa

La parte actora promovió demanda, en ejercicio del medio de control de
reparación directa, contra la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con
el objeto de que fueran declaradas administrativa y patrimonialmente responsables
por los perjuicios ocasionados como consecuencia de la privación injusta de la
libertad de la que fue objeto el señor Juan Gabriel García Franco, en el marco del
proceso penal que se adelantó en su contra.

Afirmó que del proceso conoció, en primera instancia, el Juzgado Cincuenta y
Nueve Administrativo del Circuito de Bogotá, que en sentencia de 19 de
septiembre de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, y
condenó solidariamente a las demandadas al pago de los perjuicios morales a
favor de los señores Juan Gabriel García Franco, Sol María García Franco, Juan
Gabriel García Vargas, Anyela Yulieth García Vargas, Ángel Gabriel García
Vargas, Ángela María García Girón, Juana Julieth García Girón, Rosa Edilia
García Franco, Carmen Tulia Romero García, Dora Edilse Romero García y María
Rubí Romero García.

Lo anterior por cuanto evidenció que en el fallo absolutorio se aclaró que la
decisión condenatoria de primera instancia no se ajustaba dentro de los eventos
en que era aplicable error vencible, pues consideró que “según las probanzas
allegadas a la investigación penal, el punible tuvo como génesis en la errada concepción
surgida en la siquis del procesado de no estar incurriendo en delito alguno al creer que el
arma de fuego si tenía un permiso que avalaba su porte, lo cual no resulto ser así, esto es
estaba en presencia de un error de tipo”.

De igual forma, encontró probado falencias en la apreciación probatoria, pues
precisó que era deber de la “Fiscalía adelantar las gestiones pertinentes para
determinar lo enunciado en la investigación respecto al entendimiento errores del
demandante en creer que contaba con un permiso del tenencia o porte para efectuar la
debida adecuación o variación de la imputación acorde al error de tipo, como quiera que,
tal y como se precisó en el fallo absolutorio no comparecieron a rendir testimonio quienes
fungían como empleadores del Procesado, o sea, los Sres. (…) y su hijo (…), quienes
serían las personas que con mayor certeza podrían decir si cuando le entregaron el
arma de fuego al procesado e incidieron erróneamente en él, la idea que el arma
contaba con los permisos respectivos”. (negrillas propias del texto).

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Demandante: Juan Gabriel García Franco y otros

Por último, mencionó que la precitada decisión fue objeto del recurso de apelación
por la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, el cual fue resuelto por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” por
medio de fallo de 12 de octubre de 2023, en el que revocó la decisión y, en su
lugar, negó las pretensiones de la demanda por considerar que el daño soportado
por el señor Juan Gabriel García Franco, no era antijurídico.

La autoridad judicial accionada precisó que “si bien la condena impuesta al señor
García Franco fue revocada y en su lugar, él fue absuelto por atipicidad subjetiva,
al concluir que el sindicado incurrió en un error de tipo y no en un error de
prohibición, esa situación no genera por sí misma la responsabilidad del Estado.
Agregó que “la interpretación judicial distinta para revocar una decisión en sede de
apelación, no convierte la decisión de la primera instancia en caprichosa o
arbitraria, sino que comporta una manifestación de la autonomía judicial en el
proceso de interpretación y aplicación de las normas, como lo indicó la Rama
Judicial en la apelación”.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora, quien actúa por conducto de apoderado judicial, interpuso acción
de tutela con el objeto de que el juez constitucional proteja los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, así como los principios de confianza legítima, seguridad jurídica,
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, presunción de inocencia, cosa
juzgada y “juez natural”, que considera vulnerados con la sentencia de 12 de
octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección “A”, que revocó la decisión parcialmente favorable
de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda dentro
del medio de control de reparación directa con radicado Nº 11001 33 43 059 2019
00062 00.

Luego de hacer referencia al cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, señaló que la
decisión objetada adolece de (i) defecto fáctico, por indebida valoración
probatoria, porque “de haber evaluado de manera conjunta y minuciosa las pruebas
documentales aportadas al proceso contencioso administrativo, hubiese llegado a la
conclusión de que el señor Juan Gabriel García Franco fue vinculado, proceso (sic) y
privado injustamente de su libertad, con ocasión a un supuesto material probatorio
aportado del cual no se podía extraer en ningún momento una inferencia razonable que
señalara al señor García Franco como autor del delito que se le endilgaba”.

Aseveró que el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira con base en el
material allegado en el proceso penal, determinó que el error invencible que
motivó la actuación del señor Juan Gabriel García Franco era considerado un
eximente de responsabilidad y no un atenuante de la conducta penalmente
castigada, “por ello atribuyó a sus condiciones académicas y culturales que se
encontrara frente a un error de tipo”.

Agregó que existió “un gravísimo error atribuible a las entidades demandadas”,
porque el señor Juan Gabriel García Franco tuvo que esperar 4 años, 10 meses y
2 días para que el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Pereira concediera por preclusión del proceso y la libertad del
demandante.

Por último, consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en ii) defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, por cuanto se apartó
del precedente judicial de la Corte Constitucional contenido en la sentencia SU-
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Demandante: Juan Gabriel García Franco y otros

072 de 2018, en el que señala que, con independencia del régimen de
responsabilidad aplicable en casos de privación injusta de la libertad, se debe
tener en cuenta la conducta de la víctima como posible causal de exoneración de
responsabilidad del Estado y el del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección “B” fijado en las sentencias de 15 de noviembre de 20192 y 9 de julio
de 20213, relacionadas, porque se desconoció la presunción de inocencia del
señor Juan Gabriel, ya que fueron sustraídos los cargos que se le imputaron, y “se
pasa por alto el hecho de que el juez de primera instancia no tuvo en cuenta que no se
podía perder de vista que tanto el investigador de la Fiscalía como de la Defensoría
Pública no obtuvieron la copia del permiso de tenencia del arma del procesado sino que
debieron buscarlo de otra fuente como fue solicitarlo a los señores Zapata y a las
entidades competentes encargadas del control de comercio de armas, municiones y
explosivos. Aunado a ello, en todo momento el señor Juan Gabriel García Franco señaló
que a él se le informó que el revolver tenía papeles, pero en ningún momento se le
entregó ese documento y menos se le indicaron los términos o restricciones que este
contenía”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

“1. Amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia, así como los principios de confianza legítima, seguridad
jurídica, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, presunción de inocencia,
cosa juzgada y juez natural, vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
con la decisión proferida en segunda instancia el pasado 12 de octubre de 2023, dentro
del medio de control de reparación directa, tramitado bajo el radicado No.
11001334305920190006201, promovido por el señor Juan Gabriel García Franco.

2. Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la sentencia de fecha 12
de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro
del medio de control de reparación directa, tramitado bajo el radicado No.
11001334305920190006201, promovido por el señor Juan Gabriel García Franco.

3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que dentro de los diez (10)
días siguientes a la ejecutoria del fallo de tutela, profiera una nueva decisión en la cual
se valoren de forma adecuada los medios de convicción oportunamente allegados y
que fueron practicados en el trámite del proceso ordinario, se apliquen y adecúen a las
circunstancias fácticas puestas de manifiesto, bajo los parámetros ampliamente
desarrollados y reiterados por la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección
Tercera, en casos similares de privación injusta de la libertad en los cuales se ha
declarado la responsabilidad de las demandadas ante la falta de pruebas para imponer
la medida de aseguramiento y adelantar la causa penal en contra del enjuiciado”.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia digital de las actuaciones surtidas en el proceso de reparación
directa con radicado Nº 11001-33-43-059-2019-00062-00, actor: Juan Gabriel
García Franco y otros.

5. Trámite procesal

Por auto de 5 de abril de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió
la acción de tutela y ordenó notificar del proveído al accionante y a la autoridad
judicial demandada. Igualmente, al Juzgado Cincuenta y Nueve Administrativo del
Circuito de Bogotá, a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, como terceros con
interés en las resultas del proceso.
2
Consejo de Estado, Subsección B, Sección Tercera, sentencia de 15 de noviembre de 2019, M.P. Martín Bermúdez
Muñoz, radicado No. 11001-03-15-000-2019-00169-01.
3
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. M.P. Martín Bermúdez Muñoz. Radicado No. 05001-23-31-000-2007-
02594-01(47222)
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Demandante: Juan Gabriel García Franco y otros

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección “A”

La ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que se declare
la improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, que se nieguen las
pretensiones, en tanto, afirmó, los defectos alegados no se configuraron.

Sostuvo que la solicitud no tiene relevancia constitucional, porque la demandante
no cumplió con la carga argumentativa necesaria puesto que se plantea una
indebida valoración probatoria sin que se justifique cómo la decisión cuestionada
vulneró sus derechos fundamentales, por lo que, a su juicio, se acude a la acción
constitucional como una tercera instancia con el fin de que el juez de tutela analice
nuevamente la cuestión jurídica resuelta por el juzgador natural.

Mencionó que se trata de un desacuerdo con el contenido de la decisión, puesto
que la misma se fundamentó en las piezas del proceso penal adelantado contra el
señor Juan Gabriel García Franco, para concluir que la detención impuesta por el
juez de conocimiento fue razonable y debidamente justificada, “sin que la
interpretación judicial distinta para revocar esa decisión en sede de apelación, la convierta
en caprichosa o arbitraria. Así se explicó en los párrafos 43, 44, 45, 46, 47 y 48 de la
sentencia”.

Adujo que el precedente judicial alegado no es aplicable, dado que en la decisión
cuestionada no se encontró probado el daño antijurídico por lo que, por
sustracción de materia, no se analizó la configuración de eximentes de
responsabilidad.

Por último, señaló que no desconoció la presunción de inocencia del señor Juan
Gabriel García Franco, ni invadió la órbita del juez penal, porque en la sentencia
objeto de debate señaló que la competencia del juez administrativo se circunscribe
a analizar los fundamentos fácticos y jurídicos de la imposición de la medida
restrictiva de la libertad, con el fin de establecer si se configura un daño
antijurídico que deba ser indemnizado, sin que ello implique revisar nuevamente el
proceso para realizar juicios propios del juez penal.

6.2. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación

La profesional especializada II de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la entidad
solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, por cuanto, indicó, en el
caso no se cumplen las causales generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, ni el requisito de subsidiariedad, sin precisar
respecto de este último cuál es el medio judicial idóneo.

Señaló que la parte accionante no sustentó las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y refirió que en el
caso no se logró acreditar los defectos fáctico y “sustantivo” endilgados, pues no
se evidencia que las falencias probatorias alegadas hubiesen determinado el
sentido de la decisión, ni una interpretación irregular de las normas y de la
jurisprudencia aplicable al caso.

Finalmente, agregó que no se vulneraron los derechos fundamentales de la parte
accionante, por lo que la sentencia proferida por la autoridad judicial accionada no
puede ser tildada de “irrazonable, desproporcionada, más aún cuando la norma
aplicada por el operador judicial para dar solución al asunto tiene soporte legal y
constitucional”.
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7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Primera del Consejo de Estado por sentencia de 2 de mayo de 2024,
declaró improcedente la solicitud por falta del requisito de relevancia
constitucional, por cuanto, señaló, los argumentos que presenta la parte
accionante son de naturaleza puramente legal y probatoria.

Afirmó que el asunto controvertido ya fue objeto de estudio por la autoridad judicial
demandada, por lo que la acción de tutea no puede convertirse en una instancia
adición para reabrir un debate resuelto por el juez natural.

Por último, mencionó que la simple enunciación de vulneración de derechos
fundamentales y la configuración de defectos en el marco de un debate legal y
probatorio, no es circunstancia suficiente para acreditar el presupuesto de
relevancia constitucional.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el
accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara, en
escrito en el que sostuvo que el requisito general de la relevancia constitucional sí
se cumple, en tanto no pretenden reabrir un debate jurídico sino que se amparen
los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la reparación integral, vulnerados con la sentencia de 12 de octubre de
2023 proferida por la Sección Tercera, Subsección “A” del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.

Para terminar, afirmó que la autoridad judicial demandada vulneró sus garantías
iusfundamentales, con la inobservancia de las pruebas aportadas al proceso de
reparación directa, y al incurrir en “un defecto material o sustantivo por una
interpretación errónea de la normativa aplicable, afectando gravemente los
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia
y la reparación integral de mi representado, Juan Gabriel García Franco”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala, en los términos del escrito de impugnación, determinar si
revoca la decisión de primera instancia, que declaró improcedente la acción de
tutela por falta del requisito de relevancia constitucional y, de encontrar cumplido
este y los restantes requisitos generales, establecer si la sentencia de 12 de
octubre de 2023, mediante la cual la autoridad judicial accionada revocó el fallo
parcialmente favorable de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones
de la demanda por evidenciar que el daño reclamado no era antijurídico, en el
marco del medio de control de reparación directa que interpuso la parte actora
contra la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta
de la libertad que soportó el señor Juan Gabriel García Franco, vulneró los
derechos fundamentales invocados por la parte actora.
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En esas condiciones, de efectuarse el estudio de fondo, se debe establecer si la
sentencia objeto de tutela incurre en i) defecto fáctico, por la indebida valoración
en conjunto de las pruebas aportadas al proceso de reparación directa, que
arribaron a la conclusión “de que el señor Juan Gabriel García Franco fue vinculado,
proceso (sic) y privado injustamente de su libertad, con ocasión a un supuesto material
probatorio aportado del cual no se podía extraer en ningún momento una inferencia
razonable que señalara al señor García Franco”, y ii) defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial, en específico el contenido en las
sentencias de la Corte Constitucional SU-072 de 2018 y del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección “B” de 15 de noviembre de 2019 y 9 de julio de
2021, “porque se desconoció la presunción de inocencia del señor Juan Gabriel ya
que fueron sustraídos los cargos que se le imputaron”. Este último, se analizará
bajo la caracterización de desconocimiento del precedente judicial.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos4 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos5, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20126, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20147, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20058.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.

4
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
5
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
6
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
7
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
7

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01530-01
Demandante: Juan Gabriel García Franco y otros

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico9; (ii) Defecto procedimental absoluto10; (iii)
Defecto fáctico11; (iv) Defecto material o sustantivo12; (v) Error inducido13; (vi)
Decisión sin motivación14; (vii) Desconocimiento del precedente15 y (viii) Violación
directa de la Constitución16.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo17 y de la Corte
Constitucional18.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El asunto bajo examen sí cumple el requisito de relevancia
constitucional y los restantes generales de procedencia

La Sección Primera de Consejo de Estado en sentencia de 2 de mayo de 2024,
declaró improcedente la solicitud por falta del requisito de relevancia
constitucional, por cuanto, señaló, los argumentos que presenta el accionante son
de naturaleza legal y probatoria, con lo que pretende discutir nuevamente el
debate zanjado en el proceso ordinario.

Contrario a lo considerado por el a quo, para la Sala (i) la acción de tutela cumple
el presupuesto de la relevancia constitucional, pues debe definirse si se vulneraron
a los accionantes los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, así como los principios de confianza
legítima, seguridad jurídica, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal,
presunción de inocencia, cosa juzgada y “juez natural”, con la sentencia de 12 de
octubre de 2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección “C”, modificó la decisión parcialmente favorable de

9
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.
10
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
11
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
12
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
13
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
14
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
15
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
16
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de 2023 y SU-061
de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
17
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7
de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de
2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
18
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
8

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01530-01
Demandante: Juan Gabriel García Franco y otros

primera instancia en el marco del medio de control de reparación directa que
interpuso contra la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, por la
privación injusta de la libertad que soportó el señor Juan Gabriel García Franco,
con ocasión del proceso penal que afrontó sindicado del delito de fabricación,
tráfico y porte de armas de fuego, por lo no se observa que la solicitud de amparo
se presente como una instancia adicional, ni con la intención de reabrir el debate o
para proponer argumentos de naturaleza legal. Adicionalmente, contrario a lo
manifestado en la sentencia impugnada, los argumentos desarrollados por los
demandantes en el escrito de tutela cuentan con una carga argumentativa mínima
y adecuada que ubica el debate en el escenario constitucional, sin que se
observen reparos de naturaleza legal o económica.

De igual forma, se observa que en el caso no se propone un debate de estricta
legalidad, sino que la discusión se orienta a determinar si la autoridad judicial
accionada incurrió en los mencionados defectos, lo que conllevaría, de
encontrarse acreditados, la vulneración de garantías iusfundamentales.

(ii) La parte accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial, pues en el
caso se agotó el recurso de apelación contra la sentencia de 19 de septiembre de
2022, proferida por el el Juzgado Cincuenta y Nueve Administrativo del Circuito de
Bogotá, y se observa que no se configura ninguna de las causales de procedencia
del recurso extraordinario de revisión, (iii) se cumple el requisito de la inmediatez,
toda vez que la providencia objetada fue notificada mediante correo electrónico
enviado el 19 de octubre de 2023 por lo que se entiende notificada el 23 del
mismo mes y año19 y la acción de tutela se presentó el 2 de abril de 2024, esto es,
cinco (5) meses y nueve (9) días después, dentro del término prudencial precisado
por esta Corporación y la Corte Constitucional20; (iv) se identificaron de manera
razonable los hechos que generaron la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales y (v) la acción no se dirige contra un fallo de tutela.

Así las cosas, la Sala revocará la sentencia que declaró la improcedencia de la
acción de tutela y procederá a efectuar el estudio de fondo del asunto.

4.2. La providencia objetada no incurrió en los defectos fáctico y por
desconocimiento del precedente judicial endilgados

4.2.1. La parte accionante interpuso acción de tutela en defensa de sus derechos
fundamentales los cuales consideró vulnerados con la sentencia de 12 de octubre
de 2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera Subsección “C” revocó la decisión de primera instancia que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar las negó en el
marco del medio de control de reparación directa que interpuso contra la Rama
Judicial y la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad
que soportó el señor Juan Gabriel García Franco.

Considera que la providencia objetada incurrió en: i) defecto fáctico, por la
indebida valoración en conjunto de las pruebas aportadas al proceso de
reparación directa, que llegaban a la conclusión “de que el señor Juan Gabriel García

19
ARTÍCULO 205. NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. <Artículo modificado por el artículo 52 de la Ley 2080
de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas:
1. La providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario al canal digital registrado y para su envío se deberán utilizar
los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del mensaje. 2. La notificación de la providencia se entenderá
realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a
partir del día siguiente al de la notificación. Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador
recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El Secretario hará
constar este hecho en el expediente. De las notificaciones realizadas electrónicamente se conservarán los registros para
consulta permanente en línea por cualquier interesado.
20
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo
de Estado, Sección Primera. M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandante: Juan Gabriel García Franco y otros

Franco fue vinculado, proceso (sic) y privado injustamente de su libertad, con ocasión a
un supuesto material probatorio aportado del cual no se podía extraer en ningún momento
una inferencia razonable que señalara al señor García Franco” y, ii) defecto por
desconocimiento del precedente judicial, en específico el contenido en la
sentencia de la Corte Constitucional SU-072 de 2018 y del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección “B” fijado de 15 de noviembre de 2019 y 9 de julio de
2021, relacionadas, porque se desconoció la presunción de inocencia del señor
Juan Gabriel, ya que fueron sustraídos los cargos que se le imputaron.

En primera instancia, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 2 de mayo de 2024 declaró improcedente la acción de tutela por
carecer del requisito de relevancia constitucional, por considerar que los
argumentos de la solicitud eran de naturaleza legal y probatoria.

En el escrito de impugnación, la parte accionante solicitó que se revocara el fallo
de primera instancia, porque, se acceda al amparo solicitado, porque a su juicio, el
asunto reviste de relevancia constitucional en tanto la autoridad judicial accionada
incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

4.2.2. La Sala anticipa que revocará la decisión que declaró la improcedencia de la
acción y negará las pretensiones de la solicitud constitucional, en tanto la
providencia objetada no incurrió en los defectos alegados, de conformidad con las
razones que a continuación se indican:

4.2.3. En relación con el defecto fáctico, la Corte Constitucional ha considerado
que se configura cuando “(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas
al proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya
desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la
prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de
determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible la tutela de los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, de
manera que cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no procede el amparo
constitucional pues se trata de situaciones que se sustraen al ámbito funcional de esta
jurisdicción”.

Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse defecto
fáctico: 1) una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin
razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez; 2) una dimensión positiva, que se presenta generalmente
cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en
la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por
ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la
Constitución , o cuando se dan por establecidas circunstancias sin que exista
material probatorio que respalde su decisión21.

Es decir que, dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el
debate probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para
resolver el caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores
manifiestos del fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.

4.2.4. Para la Sala, el defecto fáctico alegado no se configura, en tanto, contrario a
lo relatado por la parte demandante, la autoridad judicial accionada del análisis
21
Sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
10

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conjunto de las pruebas allegadas al proceso encontró probado que el daño
sufrido por la privación de la libertad del señor Juan Gabriel García Franco, no fue
antijurídico.

En efecto, en la sentencia objeto de tutela se observa que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, analizó lo
siguiente:

“44. En efecto, en el acta de la audiencia de continuación del juicio oral y lectura de
sentencia del 10 de noviembre de 2014 [proferida por el Juzgado Quinto Penal del
Circuito con Función de conocimiento de Pereira], se consignaron los argumentos de la
decisión de la siguiente manera:

5.1. Razones para condenar:

5.1.1. Tipicidad objetiva. Con el testimonio del patrullero de la Policía Nacional LUIS
MIGUEL ARIAS LÓPEZ quedó demostrado que el 25 de marzo de 2012, en una esquina
del corregimiento de Arabia, correspondiente a la ciudad de Pereira, aproximadamente a
las 3:00 horas, fue capturado el señor JUAN GABRIEL GARCÍA FRANCO llevando
consigo un arma de fuego tipo revólver marca COLT, modelo COBRA, calibre 32, con
número interno 113849LW. Con la perito SANDRA MILENA VELÁSQUEZ se demostró
que el artefacto era apto para ser percutido, que tenía munición y vainillas percutidas en
su interior y que eran de fabricación industrial. El arma fue admitida como prueba en el
juicio.
Con los oficios 0467 y 4072 procedentes de las Fuerzas Militares de Colombia, que
fueron autenticados por el investigados JOHN ALEXANDER FALLA VARGAS, quedó
claro que el acusado no ha sido autorizado para portar armas de fuego.

Finalmente, con el cotejo dactiloscópico realizado por el perito JERRY GABRIEL
CUBIDES GÓMEZ, se definió que JUAN GABRIEL GARCÍA FRANCO nació el 11 de
febrero de 1979 en La Virgilia y se identifica con la cédula de ciudadanía 18.609.210. De
acuerdo con lo anterior, se tienen reunidos los requisitos objetivos relacionados con el
artículo 365 del Código Penal.

5.1.2. Tipicidad subjetiva. El acusado sabía que el artefacto que llevaba en su poder era
apto para disparar, al punto que en su declaración reconoció haberlo usado al aire en
una ocasión, en la finca que cuidaba, para asustar a unos intrusos. Además, sabía que
nunca había sido autorizado directamente para portar ese tipo de artilugios.

5.1.3. Antijuridicidad. El acusado, si bien es un campesino que cuidaba dos fincas
cercanas del corregimiento de Arabia, el día de su captura no estaba en el compendio
territorial de su trabajo. Estaba en la zona urbana, en horas de la madrugada,
departiendo con amigos que inclusive consumían licor y cerca de una zona de cantinas.
En eso coincide el policía captor y los testigos de la defensa MIGUEL ANTONIO MEJÍA
GAVIRIA y JOSÉ JULIÁN GUARÍN VARGAS (…).

5.1.4. Culpabilidad. El acusado es un hombre mayor de edad y sano en sus sentidos,
capaz de comprender su comportamiento y autodeterminarse. Es imputable. Ahora bien,
en el juicio quedó demostrado con los informes de arraigo y con las declaraciones de los
testigos de la defensa que el señor GARCÍA FRANCO es un hombre con primero de
primaria que levemente escribe y algo sabe leer. Desde los 14 años ha laborado como
agricultor. Tiene siete hijos y siempre ha cuidado fincas.

Esas peculiaridades, sumadas a la advertencia que por su patrono se le hizo al
enjuiciado en el sentido que el arma tenía papeles hacen loable la idea de un error de
prohibición o, lo que es lo mismo, una equivocada convicción sobre la ilicitud o la
antijuridicidad de la conducta (…). Empero, ese error de prohibición era vencible (…) así
las cosas, en los términos del artículo 31.11 del C.P., al operar un error de prohibición
vencible, la condena no puede obviarse, pero la pena será atenuada.»”.

45. Así mismo, dosificó la pena privativa de la libertad y su ejecución de conformidad con lo
previsto en la ley, teniendo en cuenta las particularidades del caso:

«5.2. Dosificación de la pena:

11

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5.2.1. El artículo 365 del Código Penal involucra una pena de 108 a 144 meses de
prisión. Pero como opera la atenuante por error de prohibición vencible, tales cifras se
reducen a la mitad como lo advierten los artículos 32.11 y 60 del C.P.

Como no fueron imputadas causales de mayor punibilidad debe el juzgado moverse en el
cuarto mínimo. Ante la ausencia de parámetros que evidencien intensidad del dolo más
allá de lo previsto por el legislador, es viable imponer una cifra mínima. La pena quedará
en 54 meses de prisión (…).

5.3. Libertad y prisión domiciliaria. Como la pena es superior a cuatro años, es
imposible conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por expresa
prohibición del artículo 63 del Código Penal. No obstante, considerando que no existen
antecedentes y se trata de un caballero pobre, que siempre acudió a las audiencias, que
se ha mostrado trabajador del campo, que tiene arraigo, que debe velar por su numeroso
prole y que jamás exhibió siquiera el arma, es viable conceder la prisión domiciliaria
regulada en el artículo 58B del Código Penal, la cual se hará efectiva en el predio rural
donde actualmente reside y donde podrá laboral en ese contexto territorial”.

Con base en lo anterior, precisó que si bien la condena impuesta al señor García
Franco fue revocada y, en su lugar, “fue absuelto por atipicidad subjetiva”, “al
concluir que el sindicado incurrió en un error de tipo y no en un error de prohibición, esa
situación no genera por sí misma la responsabilidad del Estado”. En ese sentido,
concluyó:

“Lo anterior se debe a que la interpretación judicial distinta para revocar una decisión en
sede de apelación, no convierte la decisión de la primera instancia en caprichosa o
arbitraria, sino que comporta una manifestación de la autonomía judicial en el proceso de
interpretación y aplicación de las normas, como lo indicó la Rama Judicial en la
apelación.

De manera que, le asiste razón a las entidades demandadas, cuando indicaron que la
privación de la libertad impuesta al señor Juan Gabriel García Franco no fue arbitraria.
Como quedó dicho, la causa fue la decisión del juez de conocimiento que, en ejercicio de
la autonomía judicial, de manera razonable y debidamente sustentada, declaró que él era
responsable del delito de porte ilegal de armas, por lo que la medida no fue injusta, en los
términos del artículo 68 de la Ley 270 de 1996.

49. Entonces, como la restricción de la libertad del señor García Franco por causa del
proceso penal adelantado en su contra no fue injusta, se concluye que el daño reclamado
no es antijurídico, sin necesidad de valoraciones sobre la imputabilidad o los eximentes
de responsabilidad.

50. La sala advierte que la competencia del juez administrativo se circunscribe a analizar
los fundamentos fácticos y jurídicos de la imposición de la medida restrictiva de la
libertad, con el fin de establecer si se configura un daño antijurídico que deba ser
indemnizado, sin que ello implique revisar nuevamente el proceso para realizar juicios
propios del juez penal (…)”.

De lo anterior se observa que, contrario a lo señalado por la parte accionante, la
sentencia cuestionada valoró en conjunto las pruebas del proceso penal allegadas
al medio de control de reparación directa evidenciando que la condena privativa de
la libertad de primera instancia impuesta al señor Juan Gabriel García Franco no
fue arbitraria, porque se impuso de manera razonable y sustentada por lo que el
daño reclamado no es antijurídico y por tanto no es indemnizable.

En efecto, la autoridad judicial accionada precisó que pese a que la condena
impuesta había sido revocada y se absolviera al señor García Franco por
atipicidad subjetiva, porque se incurrió en un error de tipo invencible y no en un
error de prohibición vencible, tal circunstancia no genera responsabilidad del
Estado, pues para ello se debe probar que la medida privativa de la libertad fue
inapropiada o irrazonable, situación que no ocurrió.

12

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En todo caso, como ya lo ha expresado reiteradamente esta Sala 22, las
valoraciones que se efectúan en el proceso penal son distintas a aquellas que se
hacen en el contencioso administrativo, pues en el primero van encaminadas a
determinar si la conducta es típica, antijurídica y culpable, mientras que en el
contencioso en los casos de privación injusta de la libertad, se realiza un análisis
con elementos de juicio propios del dolo y la culpa civil, a tal punto que el hecho
de que no se declare la responsabilidad penal, no establece per se la
responsabilidad del Estado.

Sobre el particular, la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado ha
precisado que cuando se discute en el juicio de responsabilidad por una privación
injusta de la libertad, en el examen de antijuridicidad del daño se debe constatar
“si la orden de detención y las condiciones bajo las cuales esta se llevó a cabo se
apegaron a los cánones legales y constitucionales o no, e igualmente si el término de
duración de la medida de restricción fue excesivo, así como si la medida era necesaria,
razonable y proporcional48, de donde, si la detención se realizó de conformidad con el
ordenamiento jurídico, se entenderá que el daño carece de antijuridicidad y por lo tanto
quien lo sufrió no tendrá derecho a que se le indemnicen los perjuicios por su
padecimiento” .
23

En ese mismo sentido, la Subsección “C” de la Sección Tercera de esta
Corporación24, indicó que:

“El Juez Administrativo tiene la posibilidad de apartarse de la sentencia penal, o su
equivalente, ya que no tiene incidencia ni efectos de cosa juzgada en el proceso de
reparación directa que se adelanta ante esta jurisdicción por cuanto “…(i) las partes, el
objeto y la causa en ambos procesos son diferentes: a través del ejercicio de la acción
penal, el Estado pretende la protección de la sociedad, con la represión del delito y
para ello investiga quién es el autor del mismo y cuál su responsabilidad; a través del
ejercicio de la acción de reparación, la víctima del daño antijurídico pretende la
indemnización de los perjuicios que le ha causado el Estado con una acción que le sea
imputable; (ii) los principios y normas que rigen ambos procesos son, en consecuencia,
diferentes, lo cual incide, entre otros eventos en los efectos de las cargas probatorias,
así: en el proceso penal la carga de la prueba de la responsabilidad del sindicado la
tiene el Estado, quien deberá desvirtuar la presunción de inocencia que por mandato
constitucional ampara a todas las personas; en tanto que en la acción de reparación
directa, quien finalmente soporta los efectos adversos de la carencia de prueba de los
elementos de la responsabilidad estatal es el demandante, y (iii) el fundamento de la
responsabilidad del Estado no es la culpa personal del agente, sino el daño antijurídico
imputable a la entidad; de tal manera que aunque se absuelva al servidor por
considerar que no obró de manera dolosa o culposa, en los delitos que admiten dicha
modalidad, el Estado puede ser condenado a indemnizar el daño causado, bajo
cualquiera de los regímenes de responsabilidad y, en cambio, el agente puede ser
condenado penalmente, pero el hecho que dio lugar a esa condena no haber tenido
nexo con el servicio. Adicionalmente, se observa que la responsabilidad patrimonial del
Estado no constituye el efecto civil de un ilícito penal, por eso, no son aplicables las
normas relacionadas con los efectos de la sentencia penal absolutoria sobre la
pretensión indemnizatoria que se formule en proceso separado del penal. Ello por
cuanto la responsabilidad del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 90 de la
Constitución, se genera en los eventos en los cuales se causa un daño antijurídico
imputable a la entidad demandada, al margen de que ese daño hubiera sido causado
con una conducta regular o irregular”25.

Esta Sala ha reiterado que “la parte demandante no puede suponer que la absolución
de responsabilidad penal del investigado constituya per se un veredicto automático de

22
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 22 de mayo de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-2018-04479-00, C.P.
Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 5 de marzo de 2020, exp. Nº 11001-03-15-000-2019-05114-00, C.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez.
23
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C” sentencia de 19 de julio de 2022, exp. Nº 25000-23-36-000-2014-
01195-01, C.P. Nicolás Yepes Corrales.
24
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 11 de julio de 2013, exp. Nº 66001-23-31-000-2006-
00083-01 (36.295) C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
25
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de febrero de 2011, expediente 19123. En similar sentido se
encuentran las sentencias del 30 de julio de 2008, expediente 16572 y del 24 de marzo de 2011, expediente 17993.
13

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responsabilidad extracontractual del Estado, y que, en sede contencioso administrativa,
se deba declarar que existió un daño atribuible a la administración, por la privación de su
libertad. Al decidir esta clase de asuntos, el juez administrativo no puede prescindir del
análisis de los hechos que rodeó la decisión de la privación de la libertad, se insiste, sin
incidir en su ya declarada ausencia de responsabilidad penal” .
26

Por otra parte, si bien la actora adujo que existe “un gravísimo error atribuible a las
entidades demandadas”, porque el señor Juan Gabriel García Franco tuvo que
esperar 4 años, 10 meses y 2 días para que el Juzgado Quinto Penal del Circuito
con Función de Conocimiento de Pereira concediera su libertad por preclusión de
la investigación, tal argumento por sí solo no es suficiente para revocar la decisión
cuestionada, pues como se explicó con anterioridad, la autoridad judicial
accionada advirtió que la víctima directa fue responsable del delito de porte ilegal
de armas, por lo que la medida no fue injusta y el daño reclamado no es
antijurídico.

En ese sentido, la Sala considera que no se configuró el defecto fáctico alegado,
en tanto la conclusión a la que arribó la autoridad judicial accionada conforme a
las pruebas allegadas al proceso ordinario, no se observa caprichosa o sin falta de
fundamento, ni de la misma se puede predicar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados como transgredidos.

4.2.5. Ahora bien, a juicio de la parte actora, la sentencia objeto de tutela también
incurre en i) desconocimiento del precedente judicial, contenido en las
sentencias SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección “B” de 15 de noviembre de 2019 y 9 de julio de
2021, “porque se desconoció la presunción de inocencia del señor Juan Gabriel ya
que fueron sustraídos los cargos que se le imputaron”.

La Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente judicial implica
que27: «un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los)
caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo
son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la
consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión
del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado
en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su
aplicación».

El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

En cuanto al precedente vertical, la Corte Constitucional ha dicho que el respeto
por las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía -y, en especial,
de los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones- no constituye una
facultad discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de ineludible
cumplimiento. Es decir, para garantizar un mínimo de seguridad jurídica y el
derecho a la igualdad, los funcionarios judiciales se encuentran vinculados a la
regla jurisprudencial que haya fijado el órgano de cierre de cada jurisdicción.

En resumidas cuentas, para examinar la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, por desconocimiento del precedente judicial, se deben
observar las siguientes reglas28:
26
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 5 de marzo de 2020, exp. Nº 11001-03-15-000-2019-05114-00, C.P.
Julio Roberto Piza Rodríguez.
27
Sentencia T-158 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
28
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
14

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01530-01
Demandante: Juan Gabriel García Franco y otros

1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y
exponer las razones por las que estima que se desconoció 29.
2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría
dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya
decidido.
3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de
aplicar.
4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias
entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para
apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del
precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento
del precedente si el juez expone las razones para apartarse.
5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de
la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que
el juez hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso
concreto30.
6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del
derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la
confianza legítima.

4.2.6. Al respecto, la Sala evidencia que el precedente constitucional contenido en
la sentencia SU-072 de 5 de julio de 2018, proferida por la Corte Constitucional y
acogida por la mayoría de las Subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, fue tenido en cuenta por la autoridad judicial accionada en la resolución de
la controversia, por lo que el defecto alegado no se configura.

En efecto, en la mencionada sentencia SU-072 de 2018 no se afirmó que hubiese
una formula automática conforme con la cual los casos de privación de la libertad
en los que se desvirtuaran las circunstancias que inicialmente dio paso a la
aplicación de la medida de aseguramiento debieran ser estudiados con base en el
régimen objetivo de responsabilidad, sino que, al contrario, se dejó abierta la
posibilidad para que fuera el juez administrativo el que, en virtud del principio iura
novit curia, definiera en cada caso el título de imputación que se adaptara mejor
según sus particularidades como, en efecto, se resolvió el caso bajo análisis, eso
sí con preeminencia del régimen subjetivo de responsabilidad -falla en el servicio-.

Del análisis de la sentencia objetada, la Sala observa que la regla jurisprudencial
contenida en el precedente constitucional vinculante, esto es, que fuese el juez el
que definiera en cada caso el título de imputación que se adaptara mejor según
sus particularidades sí fue observada, pues la solución se adoptó con base en la
consideración de que no se encontró probada la responsabilidad del Estado, dado
que “la privación de la libertad impuesta al señor Juan Gabriel García Franco no fue
arbitraria. Como quedó dicho, la causa fue la decisión del juez de conocimiento que, en
ejercicio de la autonomía judicial, de manera razonable y debidamente sustentada,
declaró que él era responsable del delito de porte ilegal de armas, por lo que la medida
no fue injusta, en los términos del artículo 68 de la Ley 270 de 1996”, por lo que
concluyó que “el daño reclamado no es antijurídico, sin necesidad de valoraciones sobre
la imputabilidad o los eximentes de responsabilidad”.

Respecto de la jurisprudencia vigente sobre la materia, la autoridad judicial
accionada manifestó lo siguiente en la sentencia objeto de tutela:

“Responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad

29
La Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya dictado una
sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre
que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se
argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones
similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis.
También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica” (se destaca).
30
Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es “la formulación general, más allá de las particularidades irrelevantes
del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial específica. Es, si se quiere, el
fundamento normativo directo de la parte resolutiva”. Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.
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Demandante: Juan Gabriel García Franco y otros

30. En desarrollo de la cláusula general de responsabilidad (artículo 90 Constitución
Política), el artículo 68 de La Ley 270 de 1996 regula la obligación del Estado de
indemnizar los perjuicios por la privación injusta de la libertad.

31. La Corte Constitucional, mediante sentencia C-037 de 1996, declaró la
exequibilidad del mencionado artículo bajo el entendido de que la reparación no
procede de forma automática, pues corresponde al juez establecer que la privación de
la libertad es injusta, porque «no ha sido apropiada, ni razonada, ni conforme a
derecho, sino abiertamente arbitraria».

32. Esa tesis fue igualmente sostenida en la sentencia SU-072 de 2018, donde la Corte
Constitucional determinó que el juez de la responsabilidad debe en cada caso, definir si
la decisión que privó de la libertad a un ciudadano se apartó de los presupuestos
legales para su procedencia.

33. Así mismo, señaló que en los eventos en los que la absolución ocurre porque: (i) el
hecho no existió o (ii) la conducta era objetivamente atípica, el régimen de
responsabilidad es objetivo, dado que se demuestra «sin mayores esfuerzos» el
carácter irrazonable y desproporcionado de la medida restrictiva de la libertad.

34. Recientemente, el Consejo de Estado atenuó la tesis sostenida hasta el momento,
para indicar que no existe fundamento para favorecer un régimen objetivo en casos de
privación injusta de la libertad; por tanto, sin importar la causa de la absolución, el
análisis de la responsabilidad debe partir, no solo de la verificación de la existencia del
daño, sino también de su antijuridicidad, lo que implica consultar el apego al
ordenamiento jurídico de la orden de detención. Al respecto, se dijo (…).

35. Entonces, con independencia de la causa que dio lugar a la absolución en el
proceso penal, el análisis del juez de la responsabilidad del Estado debe iniciar por
establecer el carácter injusto de la privación de la libertad, pues de ahí se deriva la
antijuridicidad del daño reclamado, elemento necesario para la configuración de la
responsabilidad.

36. Para el efecto, deberá verificar si la decisión que restringió la libertad en cada caso,
fue apropiada, razonable y conforme a derecho, sin que resulte relevante cuestionar la
decisión sobre la responsabilidad penal del demandante”.

Conforme con lo anterior, la Sala observa que en la sentencia objeto de tutela el
tribunal accionado, en aplicación de la jurisprudencia constitucional vigente sobre
la materia, emanada de la sentencia SU-072 de 2018, decidió efectuar el estudio
del caso bajo el régimen de falla en el servicio, en el que determinó que con las
pruebas allegadas al proceso no era posible determinar la antijuricidad del daño
alegado, es decir, que la privación de la libertad soportada por el señor Juan
Gabriel García Franco fue justa, en tanto la decisión que en su momento dio lugar
a la restricción de la libertad fue proferida con observancia de las normas
procesales vigentes para la época de su expedición y no vulneró el debido
proceso, por lo que no había lugar a la declaración de responsabilidad del Estado.
Dicho en otras palabras, para la autoridad judicial accionada no estaba en
discusión la existencia del daño -privación de la libertad-, lo que no encontró
acreditado fue que mismo hubiera sido antijurídico y que el afectado no estuviera
en el deber jurídico de soportar.

Por otra parte, del estudio de la sentencia proferida por la Subsección “B” de la
Sección Tercera del Consejo de Estado el 15 de noviembre de 201931, también
alegada como desconocida, se observa que esta constituyó la segunda instancia
de una acción de tutela interpuesta contra la sentencia de unificación de 15 de
agosto de 2018, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la
que se revocó un fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de
Risaralda que había declarado la responsabilidad estatal por la privación de la
libertad soportada por la demandante, se negaron las pretensiones por considerar

Consejo de Estado, Subsección “B”, Sección Tercera, sentencia de 15 de noviembre de 2019, M.P. Martín Bermúdez
31

Muñoz, radicado No. 11001-03-15-000-2019-00169-01.
16

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01530-01
Demandante: Juan Gabriel García Franco y otros

que en el caso existía culpa exclusiva de la víctima y se unificó la jurisprudencia
de la Sección Tercera de esta Corporación sobre la responsabilidad estatal en los
casos de privación injusta de la libertad.

En la sentencia de 15 de noviembre de 2019, en cuyo caso concreto se había
privado de la libertad a una persona por los delitos de trata de personas en
concurso con concierto para delinquir, quien a la postre fue absuelta en el proceso
penal por atipicidad de la conducta, se consideró que en la sentencia de
unificación de 15 de agosto de 2018, proferida por la Sección Tercera del Consejo
de Estado, “se incurrió en violación directa del derecho a la presunción de la inocencia
consagrado en el artículo 29 de la C.P., debido a que esta Corporación decidió negar las
pretensiones de la demanda por haber encontrado probada la culpa exclusiva de la
actora, sin considerar que la sentencia penal la declaró inocente”, por lo que se dejó sin
efectos la providencia objetada.

Allí se dijo textualmente:

“(…) la Sala estima que la sentencia objeto de tutela violó directamente el derecho
fundamental de la demandante a que se respetara la presunción de inocencia
establecida a su favor a partir de la decisión que la absolvió de responsabilidad por
considerar que la conducta imputada era atípica, decisión que fue adoptada por el
funcionario penal competente y que tiene fuerza de cosa juzgada”.

No obstante, en dicha providencia se especificó que no se desarrollarían las
consideraciones relativas al título de imputación que fundamentó la decisión
objetada, punto frente al cual tampoco haría ningún pronunciamiento.

De lo anterior, para la Sala es claro que la sentencia alegada como desconocida
no constituye precedente jurisprudencial aplicable para el caso bajo análisis, en
tanto no se trata de un caso análogo cuya regla jurisprudencial pueda ser aplicada
en el presente caso.

Lo anterior, por cuanto, como se anotó, en el caso desarrollado en la sentencia de
15 de noviembre de 2019 se consideró que existió una vulneración al derecho
fundamental a la presunción de inocencia de la accionante, quien había sido
privada de la libertad y resultó beneficiada con una decisión absolutoria en el
proceso penal por atipicidad objetiva de la conducta, mientras que en el presente
caso el señor Juan Gabriel García Franco fue absuelto por atipicidad subjetiva.

Lo mismo ocurre el fallo de la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo
de Estado de 9 de julio de 202132, pues se insiste que en el presente caso la
autoridad judicial accionada aplicó la regla jurisprudencial contenida en el
precedente constitucional vinculante, esto es, que fuese el juez el que definiera en
cada caso el título de imputación que se adaptara mejor según sus
particularidades, por lo que concluyó que no se puede alegar la falta de
responsabilidad del Estado cuando no se encuentra probada la antijuricidad del
daño. En ese sentido, no se encuentra configurado el desconocimiento del
precedente judicial.

Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia de 2 de mayo de 2024,
dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la que declaró
improcedente la solicitud por falta del requisito de relevancia constitucional y, en
su lugar, denegará las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la parte
accionante, quienes actúan por intermedio de apoderado judicial, contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”.

32
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, M.P. Martín Bermúdez Muñoz. Radicado No. 05001-23-31-000-
2007-02594-01(47222)
17

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-01530-01
Demandante: Juan Gabriel García Franco y otros

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- REVÓCASE la sentencia de 2 de mayo de 2024, dictada por la Sección
Primera del Consejo de Estado. En su lugar,

Segundo.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por los
señores Juan Gabriel García Franco33, Juana Julieth García Girón, Sol María
García Franco, Luz Nelly Vargas Cartagena, Ángela María García Girón, Carlos
Alberto Cardona Vargas, Rosa Edilia García Franco, Carmen Tulia Romero
García, María Aliria Romero García, Dora Edilse Romero García y María Rubí
Romero García, quienes actúan por intermedio de apoderado judicial, contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, por
las razones aquí expuestas.

Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

33
Quien actúa en nombre propio y en representación de los menores de 18 años de edad JGGV, AYGV, AGGV y DAGG.
18

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