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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01564-00

Fecha
2 de mayo de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01564-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la señora Judith Astrid Casallas Barreiro contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-01564-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

2 de mayo de 2024

Demandante: Judith Astrid Casallas Barreiro
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01564-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01564-00
Demandante: JUDITH ASTRID CASALLAS BARREIRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Judith Astrid Casallas Barreiro, en nombre propio, presentó acción de
tutela1 contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, «a la situación más favorable al trabajador en caso de duda (...), el
principio que prohíbe menoscabar los derechos de los trabajadores; (...) [a los]
[d]erechos adquiridos en materia laboral y expectativas legítimas», y el principio
a la seguridad jurídica.

Lo anterior, con ocasión de la providencia dictada el 15 de diciembre de 2023
por la autoridad judicial en mención, en la cual se confirmó la decisión proferida
el 23 de febrero de 2023 por el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, que negó las pretensiones de la demanda dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra
el Hospital Vista Hermosa I Nivel E.S.E., hoy en día, la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur E.S.E., identificado con radicado 11001-33-42-057-2021-
00097-00/01.

1
El 2 de abril de 2024.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Judith Astrid Casallas Barreiro
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01564-00

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la actora solicitó:

PRIMERO: Que se DECLARE la vulneración de los derechos fundamentales
alegados al: Debido proceso, Principio de seguridad jurídica, el derecho a la
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho, el principio que prohíbe
menoscabar los derechos de los trabajadores; Violación al Principio de
Seguridad Jurídica; Derechos adquiridos en materia laboral y expectativas
legítimas; y demás derechos que se verifiquen en el estudio de esta acción
constitucional a favor del señora JUDITH ASTRID CASALLAS BARREIRO.

SEGUNDO: Que se ORDENE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda Subsección B que a partir de la notificación de la decisión
que ampara los derechos alegados, se dicte de nuevo la Sentencia que desate el
recurso de apelación presentado por la parte actora conforme al principio de
consonancia teniendo en cuenta los argumentos aquí esbozados y que en
tratándose de auxiliares de enfermería la carga de la prueba de demostrar la
subordinación recae en el hospital Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
E,S,E en demostrar en que no existió subordinación.

TERCERO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la Sentencia de fecha 30 de
septiembre 2022, y ordenar proferir una nueva sentencia al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección B.

CUARTA: Conforme a todo lo anterior TUTELAR los derechos fundamentales
alegados en la presente acción excepcional a favor de la accionante señora
JUDITH ASTRID CASALLAS BARREIRO.2

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

La señora Casallas Barreiro relató que promovió el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra el Hospital Vista Hermosa I Nivel E.S.E.,
hoy en día, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.3, por medio
del cual controvirtió la legalidad del Oficio OJU-E-2983-2020 de 2 de diciembre
de 2020.

Explicó que en dicho acto administrativo se le negó el pago de las acreencias
laborales derivadas de la existencia del contrato realidad que, en su sentir,
existió desde el 1º de abril de 2012 hasta el 17 de noviembre de 2017, tiempo
en el que se desempeñó como auxiliar de enfermería vinculada a través de la
celebración de contratos de prestación de servicios.

Narró que del asunto conoció el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá que, en sentencia de 23 de febrero de 2023, negó
las pretensiones de la demanda al no encontrar configurado el elemento de la
subordinación para declarar la existencia de la relación laboral, pues no se

2
Trascripción literal del original con posibles errores.
3
Mediante Acuerdo 641 de 2016, el Concejo de Bogotá efectuó la organización del Sector
Salud, para lo cual determinó la fusión de las Empresas Sociales del Estado de Usme, Nazareth,
Vista Hermosa, Tunjuelito, Meissen y El Tunal en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
E.S.E.

2
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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
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demostró un control adicional al normal de las actividades que realizaba.

Indicó que interpuso recurso de apelación con sustento en que se probó la
dependencia que tenía con su empleador, en razón a las órdenes impartidas por
los médicos, los enfermeros jefes y el personal de planta que cumplía las
mismas funciones, aunado al cumplimiento de horario, recibo y entrega de
turnos, así como la asignación de pacientes y procedimientos.

Señaló que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, mediante providencia de 15 de diciembre de 2023, confirmó el
fallo de primera instancia por cuanto no logró dilucidar la existencia de órdenes
dadas por los superiores a la demandante durante la ejecución contractual, es
decir que no se desvirtuó la autonomía con la que contaba para el desarrollo de
sus ocupaciones.

Mencionó que dicha decisión tuvo respaldo en que la señora Casallas Barreiro
desarrollaba sus actividades contractuales en torno al Plan Ampliado de
Inmunización (PAI), de modo que debía ejecutar de manera extramural la
vacunación, por lo que si eventualmente recibía algunas indicaciones estas
correspondían a las labores de coordinación para la consecución del contrato.

1.4. Sustento de la vulneración

A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico
por indebida valoración de los testimonios rendidos en el proceso, pues con
estos se evidenciaba que cumplió un horario mientras laboraba como enfermera
en el Hospital Vista Hermosa I Nivel E.S.E, el cual era impartido por los
coordinadores del área y la líder de la «UPA».

Consideró que se originó una incertidumbre jurídica por no evaluarse las
pruebas de manera conjunta y exigirle documentos que son exclusivos de la
institución demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
como lo son: las agendas de turno, los llamados de atención y el personal de
planta.

Aludió que el tribunal cuestionado no tuvo en cuenta que la Sección Tercera del
Consejo de Estado dejó sin efectos la decisión cuestionada en un caso similar al
suyo en el fallo de tutela de 1º de julio de 20194, así como el precedente5 fijado
en torno a la existencia del contrato realidad cuando se ocupa un cargo de
carácter permanente y propio de la entidad.

1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones

Mediante auto de 5 de abril de 2024, se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar esta decisión la parte actora y como demandados a los magistrados
que integran el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,

4
M.P. Ramiro Pazos Guerrero, rad. 11001-03-15-000-2018-04331-01.
5
Al respecto, trajo a colación la sentencia T-366 de 2023 de la Sala Séptima de Revisión de la
Corte Constitucional y la providencia de 4 de febrero de 2016 dictada por la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado, rad. 81001-23-33-000-2012-00020-01 (0316-2014).

3
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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
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Subsección B.

Además, se vinculó al juez Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá, así como a los representantes de la Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E. y el Hospital Vista Hermosa I Nivel E.S.E., en atención al
interés que les asiste en las resultas del presente trámite.

Remitidas las respectivas comunicaciones6, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Mediante escrito enviado el 10 de abril del año en curso el abogado de la
entidad solicitó denegar las pretensiones de la accionante, por cuanto el análisis
probatorio realizado por la colegiatura enjuiciada fue completo y riguroso, toda
vez que hizo referencia a toda la prueba documental y testimonial aportada, a
partir de lo cual se concluyó que la actora no logró acreditar que estuvo
subordinada o que cumplía actividades equivalentes a los servidores públicos.

1.5.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B

El magistrado ponente de la providencia debatida rindió informe el 10 de abril
del presente año, en el cual se opuso al amparo solicitado por la señora
Casallas Barreiro tras señalar que en la providencia objeto de reproche se
garantizaron sus derechos fundamentales, pues se realizó la transcripción
textual de los testimonios y el interrogatorio de parte, en aras de tener plena
certeza en su valoración.

De este modo, se concluyó que no se demostró la subordinación como elemento
central de la relación laboral porque los testigos no brindaron claridad sobre la
imposición de órdenes y, según lo manifestado por ellos, los condicionamientos
en la relación contractual estaban relacionados con el Programa Ampliado de
Inmunización (PAI), mas no se circunscribía a la de una auxiliar de enfermería
en las instalaciones hospitalarias.

En ese sentido, afirmó que la actora no podía requerir que se tutelen sus
derechos por el simple hecho de no estar de acuerdo en las órdenes emitidas
por el juez natural y pretender reabrir un debate probatorio, cuando quien debe
desvirtuar el contrato de prestación de servicios es el demandante y en el caso
concreto ello no ocurrió.

1.5.3. Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá

La titular del despacho se pronunció con memorial de 11 de abril de 2024,
mediante el cual citó apartes de la sentencia que profirió en primera instancia, a
partir de los cuales hizo referencia a que desplegó un minucioso ejercicio de

6
Mediante oficios enviados por correo electrónico el 9 de abril de 2024.

4
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ponderación de las pruebas obrantes en el plenario, aunado a que lo decidido se
ajustó al marco normativo aplicable al caso.

Precisó que en el asunto sometido a su consideración se acreditó que la señora
Casallas Barreiro tenía a cargo brindar apoyo técnico a la gestión como auxiliar
de enfermería en vacunación y podía escoger en forma autónoma la
«frecuencia, el lugar y el horario» en que pudiera «coincidir» con los espacios y
las personas de la tercera edad destinatarias del plan de salud implementado
por el Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

Indicó que tampoco se desconoció el precedente fijado sobre la materia en
discusión, pues los supuestos fácticos y jurídicos demostrados en el caso
analizado difieren de aquellos en los que se accedió a las pretensiones cuando
la actividad es desplegada por una auxiliar de enfermería, máxime si se tiene en
cuenta que la demandante era enfermera vacunadora del programa en mención,
actividad que podía ejercer en forma transitoria y autónoma.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 20157, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar si la solicitud de tutela cumple con los requisitos
generales de procedibilidad y, de superarse lo anterior, deberá verificar si el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B
vulneró los derechos fundamentales invocados por la señora Casallas Barreiro,
por presuntamente incurrir en el defecto fáctico y desconocimiento del
precedente planteados.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y
finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20128, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones

7
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
8
M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

5
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que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y
se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el
estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales
que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.9

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón
a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente
en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de
instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

9
Destacado por la Sala.

6
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2.4. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva

2.4.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe señalar
que la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado
que las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «...el juez de
tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada.»

En ese sentido, el alto tribunal constitucional consideró que la tutela implica un
juicio de validez y no una corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se
puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir
cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se
zanjaron por el juez natural.

Igualmente, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que
la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.10

En el asunto que nos ocupa, la actora considera que la sentencia de 15 de
diciembre de 2023 adolece de defecto fáctico, al debatir el análisis que realizó el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en
torno a los testimonios rendidos en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que promovió contra la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
E.S.E. - Hospital Vista Hermosa I Nivel E.S.E.

Esto, por cuanto se demostraba que cumplió un horario mientras laboraba como
enfermera, el cual era impartido por los coordinadores del área y la líder de la
«UPA». Además, estimó que se originó una incertidumbre jurídica por no
evaluarse las pruebas de manera conjunta y exigirle documentos que son
exclusivos de la institución demandada.

A su vez, la tutelante refirió que la autoridad judicial en cuestión omitió que en
sede de tutela11 la Sección Tercera del Consejo de Estado dejó sin efectos la

10
Destacado por la Sala.
11
Fallo de tutela de 1º de julio de 2019, M.P. Ramiro Pazos Guerrero, rad. 11001-03-15-000-
2018-04331-01.

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providencia controvertida en un caso similar al suyo, así como el precedente12
relacionado con la existencia del contrato realidad cuando se ocupa un cargo de
carácter permanente y propio de la entidad.

En criterio de la Sala, la accionante no cumplió con la carga ius fundamental
requerida para superar el requisito en estudio, toda vez que sus reproches están
dirigidos a que se modifique el raciocinio de la corporación enjuiciada tras no
estar de acuerdo con lo decidido, más allá de sugerir alguna discusión que
justifique razonablemente una afectación desproporcionada de sus derechos
fundamentales invocados, entre estos, el del debido proceso, cuyo nucleó
esencial se definió como el de:

(...) [H]acer valer ante los jueces derechos e intereses de las personas, mediante
la defensa contradictoria, y de obtener, en fin, una respuesta fundada en derecho.
Sin embargo, los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia no se
traducen en la obtención de una respuesta favorable. En efecto, la
jurisprudencia constitucional ha explicado que esta garantía se traduce en “la
posibilidad de emplear todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y
pretender una decisión favorable”.»13

Nótese que la actora no identificó los testimonios cuya presunta valoración se
alejó de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, pues se limitó a
mencionar que estos permitían demostrar el cumplimiento del horario fijado por
sus superiores para prestar los servicios de enfermería y, por tanto, que se
acreditó el elemento de la subordinación para declarar la existencia del contrato
realidad.

Esto, sin tener en cuenta que esta acción no constituye una tercera instancia en
la cual la intervención del juez implique la realización de un nuevo estudio de
todo el acervo probatorio aportado al proceso objeto de reproche y de los
fundamentos jurídicos que sirvieron de soporte a la sentencia que se pretende
controvertir en sede de tutela.

Es oportuno señalar que en las tutelas dirigidas contra providencias judiciales se
exige la observancia de una carga argumentativa mayor, sin que ello implique
una técnica hermenéutica específica, con el propósito de que se expliquen los
motivos por los cuáles una sentencia vulnera los derechos fundamentales
invocados.

La razón de ser de esta exigencia radica en que si prospera el amparo
deprecado se afectaría el principio de cosa juzgada de la providencia
cuestionada en sede de tutela, estudio que solo tiene lugar cuando de la
argumentación que la parte actora realice se deduzca con claridad que la
decisión es irrazonable y que con esta se quebrantan garantías constitucionales.

Ahora, si bien la accionante referenció las providencias que considera
desatendidas, lo cierto es que no indicó cuál es la incidencia que estas pueden

12
Como respaldo, se citaron las sentencias T-366 de 2023 de la Sala Séptima de Revisión de la
Corte Constitucional y de 4 de febrero de 2016 dictada por la Sección Segunda, Subsección B
del Consejo de Estado, rad. 81001-23-33-000-2012-00020-01 (0316-2014).
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. Destacado por la Sala.

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tener en la decisión proferida por el tribunal cuestionado, toda vez que no
precisó por qué lo decidido en tales fallos debió ser aplicado a su caso concreto,
aspecto necesario para ser analizado el yerro invocado.

Adicionalmente, se advierte que lo pretendido por la señora Casallas Barreiro es
convertir este mecanismo en una instancia adicional al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho para reabrir el debate zanjado por el juez
natural, al disentir del alcance probatorio que se les dio a los testimonios
rendidos en el proceso y el estudio relacionado con el presupuesto de la
subordinación, por ser contrario a sus intereses.

Esto es así, por cuanto las inconformidades planteadas por la actora en el
escrito de tutela coinciden con las consideraciones que expuso para apelar la
sentencia proferida por el Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, las cuales ya fueron abordadas por el tribunal accionado.

Según se tiene, en el recurso de apelación se indicó que «la subordinación se
probó con el testigo en forma categórica que la demandante debía estar sujet[a]
a las órdenes impartidas por el personal médico y los [e]nfermeros jefes del
servicio (...) como el cumplimiento del horario, recibo y entrega de turno (...)».

Igualmente, trajo a colación el argumento relativo a que la permanencia de la
actora en su empleo permitía inferir «(...) la existencia de una relación laboral
subordinada en el entendido del cargo de [a]uxiliar de [e]nfermería que ostentó
durante más de 5 años de manera constante e ininterrumpida»14, así como la
prohibición de vincular a personas naturales mediante el contrato de prestación
de servicios para ejercer funciones de administración.

Por ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, citó apartes de los testimonios practicados en el proceso, el
interrogatorio de parte de la señora Casallas Barreiro y los documentos
allegados al expediente, a partir de lo cual concluyó que no se había acreditado
la existencia de las órdenes dadas por los superiores durante la ejecución
contractual, en los siguientes términos:

En este punto, se debe resaltar que la uniformidad de los horarios varió según
cada uno de los testimonios, y conforme las documentales que reposan en el
expediente, no se observa que exista una programación de turnos o alguna
prueba fehaciente para demostrar el cumplimiento estricto de un horario, aunado
a esto, se debe resaltar que tanto en la declaración de partes, como en los
testimonios se dio a conocer que cuando se desempañaban jornadas
extramurales el horario finalizaba una vez se terminaban las actividades, esto
resulta ser determinante porque la actora fue contratada para el programa de
vacunación y desempeñaba su objeto contractual de manera extramural.

(...) De otra parte, contrario a lo manifestado en el recurso de apelación del
cumplimiento de órdenes por parte de los médicos y Jefes de Enfermería, esta
Colegiatura no vislumbra ningún elemento constitutivo de certeza de su
ocurrencia, máxime cuando la accionante desarrollaba sus actividades
contractuales en torno al Plan Ampliado de Inmunización, con lo cual debía
ejecutar de manera extramural la vacunación, es decir, si eventualmente recibía

14
Trascripción literal del original con posibles errores.

9
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Demandante: Judith Astrid Casallas Barreiro
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01564-00

algunas indicaciones estas correspondían a las labores de coordinación para la
consecución del contrato.15

Como se observa, la autoridad judicial enjuiciada se pronunció en cuanto a la
controversia que justamente propuso la señora Casallas Barreiro en la presente
acción de tutela, relativa al cumplimiento del elemento de la subordinación para
efectos de que se declarara la existencia de la relación laboral, aunque no fuera
en el sentido que esperaba.

Entonces, la accionante promovió este mecanismo como una instancia adicional
al referido medio de control, al no estar de acuerdo con el análisis de los
testimonios, pese a que los jueces que conocen del asunto establecieron el
alcance de los elementos probatorios en ejercicio de los principios
constitucionales de la autonomía e independencia judicial.

De hecho, en la providencia controvertida se hizo alusión a que «le correspondía
a la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente
a la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con
los demás empleados de planta», según lo señalado por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, en la sentencia de 28 de octubre de 202116.

Situación distinta es que la autoridad cuestionada considerara que no se
aportaron las pruebas que demostraban la existencia de auxiliares de
enfermería dedicadas a desempeñar funciones de vacunación de manera
extramural, así que no se podía colegir que las actividades desarrollas por la
señora Casallas Barreiro correspondían a las mismas que desempeñaba una
auxiliar de la planta física del Hospital de Vista Hermosa.

En este orden de ideas, se advierte que la accionante no presentó argumentos
que permitan considerar, a primera vista, que su caso amerita algún
pronunciamiento adicional, toda vez que era necesario que señalara reproches
que denotaran la existencia de una afectación desproporcionada a un derecho
fundamental producto de una actuación arbitraria tribunal enjuiciado.

En las sentencias SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022 la Corte Constitucional
puntualizó que para determinar si un asunto ventilado tiene relevancia
constitucional se debe analizar si la solicitud de amparo trasciende la mera
«inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales» y que
dicho enfoque impide que la tutela sea utilizada indebidamente para debatir
«asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».

Así las cosas, no se cumple el requisito de procedibilidad bajo análisis debido a
que con los argumentos expuestos en el escrito de la tutela no se observa, de
entrada, alguna actuación arbitraria del tribunal demandado que desencadene la
posible vulneración de los derechos fundamentales de la tutelante, sino el
desacuerdo que tiene respecto a la valoración probatoria con base en la cual se

15
Ibidem.
16
Proceso con radicado 25000-23-42-000-2015-04331-01 (0238-18).

10
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Demandante: Judith Astrid Casallas Barreiro
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01564-00

concluyó que no era viable ordenar el reconocimiento de la relación laboral
reclamada.

En consecuencia, se declarará improcedente la solicitud de amparo por no
cumplir el requisito de relevancia constitucional, en atención a que la actora no
presentó algún cuestionamiento que tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución o determinar el alcance de un derecho fundamental,
que amerite la intervención del juez constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la señora
Judith Astrid Casallas Barreiro contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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