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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-01572-00

Fecha
25 de julio de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-01572-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Rechazar la acción de tutela interpuesta por la señora María José Pizarro Rodríguez, por falta del requisito de subsidiariedad, conforme a la parte considerativa que antecede. Segundo. En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-01572-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

25 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 01572 00
Demandante: María José Pizarro Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad electoral
contra el acto que declaró la elección de la Mesa Directiva del Senado de la
República para la Legislatura 2023-2024. Proceso en trámite.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

La señora María José Pizarro Rodríguez interpone acción de tutela contra la
providencia del 7 de marzo de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, dentro del proceso de nulidad electoral con radicación 11001 03 28 000 2023
00055 00.

1.2. Pretensiones

La accionante formula las siguientes súplicas:

4.1. TUTELAR mis derechos fundamentales a la igualdad (artículo 13 constitucional),
debido proceso, legalidad, derecho a un juez imparcial (artículo 29 constitucional),

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 01572 00
Demandante: María José Pizarro Rodríguez

derecho a elegir y ser elegida (artículo 40 constitucional), buena fe, confianza
legítima (artículo 83 de la Constitución Política) y seguridad jurídica (preámbulo y
artículos 1, 2, 4, 5 y 6 constitucionales), así como el artículo 23 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, la cual hace parte del bloque de constitucional
(sic) en los términos del artículo 93 de la Constitución Política y los demás que
determine la judicatura; y en consecuencia declarar la existencia de su vulneración
por medio de la sentencia con radicado […] 11001-03-28-000-2023-00055-00
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

4.2. DECLARAR que la [s]entencia con radicado […] 11001-03-28-000-2023-00055-
00 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 7 de marzo de 2024
constituye una vía de hecho.

4.3. DECLARAR un defecto procedimental absoluto ante la pretermisión en el trámite
de la notificación de la sentencia con radicado […] 11001-03-28-000-2023-00055-
00.

4.4. DEJAR SIN EFECTOS la [s]entencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado
del 7 de marzo de 2024, Rad. […] 11001-03-28-000-2023-00055-00, notificada el
8 de marzo de 2024.

1.3. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, la accionante señala los siguientes:

i) Fue elegida primera vicepresidenta del Senado de la República para la Legislatura
2023-2024, siendo la única mujer en la Mesa Directiva del Congreso de la República.

ii) El señor Harold Eduardo Sua Montaña interpuso demanda de nulidad en los
términos del artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, para que se declarara nulo el acto
mediante el cual se eligió la Mesa Directiva del Senado de la República, porque estima
que no se publicó en la forma prevista en el inciso primero del artículo 65 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y por la causal
denominada expedición irregular establecida en el inciso primero del artículo 137
ibidem en virtud de la remisión que prevé el artículo 275 del mismo código.

iii) Respecto a la designación de la accionante señaló que se desconoce el artículo
40 de la Ley 5.ª de 1992, que propende por la participación de las minorías en las
primeras vicepresidencias, tanto de Senado como de la Cámara de Representantes,
porque pertenece a la colación que obtuvo el mayor número de escaños, esto es, el

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Demandante: María José Pizarro Rodríguez

Pacto Histórico.

iv) La Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia el 7 de marzo de 2024
dentro del proceso electoral de única instancia con radicado 11001 03 28 000 2023
00055 00, declarando nula la elección de la accionante, porque consideró que se
desacató lo contemplado en el artículo 40 de la Ley 5.ª de 1992, en la medida en que
dicha norma establece que las minorías tendrán participación en las primeras
vicepresidencias del Congreso de la República, que no es el caso de la señora Pizarro
Rodríguez, porque resultó elegida por la Coalición Pacto Histórico que tiene el mayor
número de curules en la corporación.

v) El 7 de marzo de 2024, pasadas las 7:00 p. m., a través de medios de comunicación
como Cambio, Blu Radio, El Espectador, Noticias Caracol, Semana, W Radio, Infobae,
Diario La Libertad y El Nuevo Siglo, se publicó que el Consejo de Estado «había
anulado la elección de María José Pizarro como [primera vicepresidenta] del Senado
de la República]» y en las notas de prensa se citaron apartes textuales de la sentencia
y en la Revista Cambio se compartió el texto completo del fallo a pesar de que no se
le había notificado.

vi) Lo anterior evidencia que los medios de comunicación conocieron con certeza el
contenido íntegro de la providencia antes de su notificación, lo que le causó sorpresa
y preocupación como parte demandada, ya que tenía la expectativa legítima de que el
despacho judicial y por los medios procesales previstos en la ley, la enterara tanto del
sentido del fallo como de las consideraciones de fondo.

vii) En vista de lo mencionado, ingresó al sistema de consulta de procesos del Consejo
de Estado y halló que se había registrado una anotación a las 6:18 p. m. «para
notificar»; sin embargo, el texto de la sentencia no se podía consultar. El 8 de marzo
del año en curso, a las 8:46 a. m., por medio de correo electrónico fue notificada del
fallo adoptado por la Sección Quinta del Consejo de Estado y al Senado de la
República, a pesar de que no se había cumplido el termino de ejecutoria de la decisión
y sin que esa corporación fuera un sujeto procesal dentro del trámite judicial,
desobedeciendo lo indicado por la Sala Plena del Consejo de Estado en auto de

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unificación 735 de 2022, en el que se dispuso que «La notificación de las sentencias
por vía electrónica prevista en el inciso primero del artículo 203 del CPACA se entenderá
realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y
los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 205 [ibidem]».

1.4. Fundamentos jurídicos

La accionante alega que con la sentencia objeto de censura se vulneran sus derechos
a la igualdad, al debido proceso, a la participación política, a ocupar cargos públicos y
los principios de buena fe, legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima y, se
configura un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, una vía
de hecho porque se desacata el principio de congruencia y la violación directa de la
Constitución, por los siguientes motivos:

i) En el caso sub examine se violaron sus garantías fundamentales porque se hizo una
filtración indebida a los medios de comunicación de la sentencia dictada dentro del
proceso con radicado 11001 03 28 000 2023 00055 00, por medio de la cual se declaró
nula su elección como primera vicepresidenta del Senado de la República para el
período 2023-2024.

ii) Así mismo, se efectuó una indebida notificación al Senado de la República para que
procediera con el cumplimiento del fallo del 7 de marzo de 2024, sin que se hubiera
agotado la ejecutoria de la providencia, generando un prejuzgamiento, ya que la
autoridad accionada no esperó a que se interpusieran «los recursos objeto de la
nulidad electoral», lo cual constituye una transgresión de las garantías procesales que
debe tener cualquier ciudadano en el marco de nuestro Estado social y democrático
de derecho.

iii) Igualmente se incurre en una vía de hecho por vulneración 1) del principio de
legalidad, al hacer una interpretación inconstitucional del artículo 40 de la Ley 5.ª de
1992 que se refiere, literalmente, a «partido o movimiento» y no a coalición, que
configura, además, un flagrante 2) desconocimiento del principio de interpretación

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restrictiva o pro libertate o pro homine; 3) un defecto por desconocimiento del
precedente judicial, porque le dio unos alcances a la figura de la coalición que ni la
Constitución Política ni la ley ni la jurisprudencia le han otorgado y (4) violación del
principio de congruencia.

iv) En el presente caso existe un antecedente, esto es, el caso Petro Urrego vs.
Colombia en el que se hizo referencia a la interpretación del artículo 23 de la
Convención Americana de Derechos Humanos de cara a la restricción de los derechos
políticos, que resulta de obligatoria aplicación para las autoridades nacionales,
puntualmente para la Rama Judicial representada por el Consejo de Estado, como lo
ha sostenido la Corte Constitucional en Sentencia C-086 de 2019.

v) Por otra parte, resulta paradójico que la autoridad judicial accionada es la que más
ha desarrollado el concepto de control de convencionalidad en Colombia y hoy
desconoce abiertamente los postulados de la Convención Americana de Derechos
Humanos sobre la aplicación de esa figura.

vi) De acuerdo con lo expuesto, es evidente la violación directa de la Constitución,
concretamente del artículo 40, numerales 1, 3 y 7, así como del artículo 23 de la
Convención Americana en concordancia con la sentencia emitida por la Corte
Interamericana en el caso Petro Urrego vs. Colombia, la que se repite, es de obligatorio
cumplimiento para todas las autoridades nacionales, más para las instituciones que
cumplen con la función de administrar justicia como lo es el Consejo de Estado.

1.5. Actuación procesal

La acción de tutela se admitió mediante auto del 4 de abril de 2024,1 que ordenó
notificar a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Quinta, como demandados.
Así mismo, se dispuso la notificación al señor Harold Eduardo Sua Montaña y al
Senado de la República, como terceros interesados en las resultas de este proceso,
para que dentro del término de dos días y en uso de su derecho de defensa, rindieran

1 Con ponencia del magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez a quien le fue repartido inicialmente el

proceso.

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el respectivo informe. No se decretó la medida provisional consistente en que se
ordenara a la Mesa Directiva abstenerse de proceder con un nuevo trámite de elección
de la Primera Vicepresidencia de esa corporación y que se mantuviera a la accionante
en esa dignidad, hasta tanto se decidiera la solicitud de amparo, por cuanto es
necesario un estudio de fondo del proceso para adoptar la decisión que en derecho
corresponda, previa garantía del derecho de defensa de los sujetos procesales.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Del Consejo de Estado, Sección Quinta. La consejera Gloria María Gómez
Montoya solicita declarar la improcedencia de la acción de tutela porque no cumple el
requisito de subsidiariedad respecto al cargo de desconocimiento del principio de
congruencia y en forma subsidiaria de no acogerse lo anterior, se niegue el amparo
deprecado, por las siguientes razones:

i) De manera preliminar se aclara que la alegada violación de los derechos
fundamentales de la señora María José Pizarro Rodríguez no ha ocurrido, comoquiera
que en el término de ejecutoria de la sentencia del 7 de marzo de 2024, presentó
solicitud de «adición, aclaración y complementación» y, posteriormente, recusó a los
magistrados Luis Alberto Álvarez Parra, Omar Joaquín Barreto Suárez y Pedro Pablo
Vanegas Gil, así como al conjuez Juan Camilo Morales Trujillo y a la Secretaría de la
Sección Quinta del Consejo de Estado.

ii) A la recusación se le impartió el trámite establecido en el numeral 4 del artículo 132
de la Ley 1437 de 20113 y, actualmente, se encuentra en la Sección Primera del
Consejo de Estado para ser resuelta.

iii) Con ocasión de la solicitud de adición, aclaración y complementación y de la
recusación formulada por la accionante no se ha ejecutoriado el fallo del 7 de marzo
de 2024; en consecuencia, se sigue desempeñando como primera vicepresidenta del
Senado de la República para el período 2023-2024.

iv) La accionante alega que con la decisión atacada se desconoció el principio de

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congruencia, porque no se tuvo en cuenta lo precisado en la fijación del litigio
establecida en el auto del 2 de noviembre de 2023, en donde se determinó que debía
esclarecerse si era miembro de un partido minoritario, al respecto se advierte que la
jurisprudencia de las Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado ha señalado
que ello puede ser debatido a través del recurso extraordinario de revisión invocando
la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, es decir,
nulidad originada en la sentencia.

v) Conforme con lo anterior, se concluye que la parte actora cuenta con un mecanismo
judicial efectivo contemplado en el ordenamiento jurídico para defender los derechos
fundamentales suplicados y, por ello, la acción de tutela no cumple con el requisito de
procedibilidad de la subsidiariedad.

vi) En relación con la «filtración» de la sentencia que aduce la accionante y la que
considera indebida notificación al Senado de la República, el fallo cuestionado se
cargó en el sistema de información Samai el 7 de marzo de 2024 a las 15:49:06, como
se puede verificar en el siguiente pantallazo:

Además, la última firma electrónica de la providencia se registró a las 6:18 p. m., como
se evidencia en la siguiente imagen:

vii) Así las cosas, una vez la providencia se firmó por todos los magistrados y el

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conjuez, podía ser consultada por cualquiera de las partes del proceso que tuviera
acceso al expediente; en consecuencia, para el momento en que, según el dicho de la
señora Pizarro Rodríguez se generó la noticia en los medios de comunicación, esto
es, «pasadas las 7:00 p.m.», la decisión ya había sido adoptada en debida forma y a
ella podían acceder los sujetos procesales, por tanto, no se le puede endilgar una
«filtración» a alguno de los magistrados, conjueces o funcionarios de la Sección Quinta
del Consejo de Estado.

viii) Igualmente, conviene aclarar que el Senado de la República es una parte procesal
al que se le debía informar de la decisión como a los demás, toda vez que desde que
se admitió la demanda se le vinculó y notificó personalmente por haber intervenido en
la expedición del acto electoral que se demandó, de conformidad con el numeral 2 del
artículo 277 de la Ley 1437 de 2011.

ix) En ese sentido, en el trámite de la notificación de la sentencia del 7 de marzo de
2024, a la accionante y al Senado de la República, no se presentó alguna irregularidad
que comportara la vulneración del derecho fundamental al debido proceso.

x) Ahora, en caso de que no se considere la improcedencia de ese argumento, se debe
señalar que a efectos de determinar si el partido en el cual milita la accionante era o
no una minoría política, fue necesario realizar un análisis de la composición actual del
Congreso de la República y de las distintas representatividades políticas, por lo que
no se observa que exista una desviación de la fijación del litigio inicialmente planteada.

xi) En la providencia acusada el estudio sistemático e integral de las pruebas que se
efectuó resultó razonable y justificado, por lo que no puede considerarse como
arbitrario o caprichoso ni transgresor de derechos fundamentales como lo aduce la
accionante.

xii) Igualmente, se hizo alusión a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 5.ª de 1992 y
se precisó con suficiencia la razón por la cual era necesario analizar la
representatividad que ostentaban las coaliciones en las corporaciones públicas, pues
se trataba de un asunto trascendental y que repercutía directamente en la

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conformación de las mesas directivas. Además, se advirtió que se debía garantizar de
forma real y efectiva el derecho de las minorías a ocupar un asiento en las mesas
directivas, el cual lleva consigo, el respeto por la pluralidad y la concreción del principio
de igualdad de oportunidades para acceder a las dignidades internas del Congreso de
la República.

1.6.2. Del Congreso de la República. El señor Gregorio Eljach Pacheco, secretario
general del Senado de la República pide que se adopte la decisión que garantice de
la mejor manera la efectividad del principio democrático y supremacía constitucional y
pondere el derecho fundamental a la participación y representación de los partidos
minoritarios que hacen parte de una coalición, al efecto plantea los siguientes
argumentos.

i) Según los parámetros normativos del artículo 262 de la Constitución Política,
modificado por el Acto Legislativo 2 de 2015, la Ley 1475 de 2011, entre otros, es
procedente la inscripción de listas de candidatos para corporaciones públicas y cargos
uninominales en coalición, esos preceptos se concibieron para promover la
participación de organizaciones políticas minoritarias, que no tienen en ellas una
representación significativa.

ii) Los distintos instrumentos que esas normas contienen para estructurar la coalición
relacionan a los partidos y movimientos políticos que la conforman y, entre otras
exigencias las del inciso quinto del artículo 262 de la Constitución se dirigen a «impedir
que las fuerzas políticas que cuentan con amplia participación en una determinada
corporación pública puedan unirse con el fin de aumentar su representación en ella,
en desmedro de las organizaciones que cuentan con un menor número de integrantes
o que carecen de representantes en tales cuerpos colegiados».

iii) De acuerdo con ese hilo conductor, en el carácter vinculante del acuerdo de
coalición que se prevé, se requiere que cuando los integrantes de la coalición son
partidos y movimientos políticos con personería jurídica, cada uno de ellos debe avalar
la candidatura; esto significa que, el candidato o uno de los candidatos de las
organizaciones políticas que la conforman, no pierda su filiación política de origen y,

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en consecuencia, que se deba entender que aquel es militante o miembro de los
demás partidos y movimientos que forman parte de la coalición.

iv) Ahora bien, a pesar de la autonomía del partido que avaló la candidatura de la
senadora María José Pizarro Rodríguez dentro de la Coalición Pacto Histórico y del
compromiso que adquirieron «por afinidades ideológicas o intereses comunes y para
alcanzar diversos propósitos legítimos como la representación política» en el fallo del
7 de marzo de 2024, se estimó que «el grado de compromiso y vinculatoriedad del
acuerdo de coalición hace que el Pacto Histórico, desde el punto de vista fáctico y
jurídico, actúe en materia postelectoral como una sola fuerza política, dada su
autodeterminación en el funcionamiento al interior del Congreso», lo que llevó a que
se interpretara que era la coalición política con la mayor votación válida obtenida en la
circunscripción nacional de Senado y a descartar que la accionante perteneciera a las
minorías en los términos del artículo 40 de la Ley 5.ª de 1992.

v) El criterio fijado en la sentencia acusada pudo ser bastante ilustrativo frente al
concepto de minorías, dado que el solo argumento de «que las agrupaciones políticas
que conformaron el Pacto Histórico, en cumplimiento del acuerdo de coalición se
comportan como una sola bancada que se reconoce como tal y toma decisiones
coordinadas», pero no podía ser el determinante para la decisión de nulidad, ya que
los partidos de las coaliciones, siguen siendo representados por quienes resultaron
elegidos en la asociación y, si bien podrían adoptar la naturaleza de una bancada, ello
no hace que pierda su filiación política de origen y, por tanto, que se deba entender
que es militante o integrante de los demás partidos y movimientos que la conforman.

vi) Finalmente, se coincide con los argumentos expuestos por la accionante en el
sentido de recordar que la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió que las
coaliciones pudieran postular candidatos a distintos cargos de elección popular y,
explicó que su aval fue otorgado por el Partido Movimiento Alternativo Indígena y
Social (MAIS) que hizo parte de la Coalición Pacto Histórico, colectividad a la que
pertenece y que cuenta con cuatro senadores, lo que a su juicio no constituye ninguna
mayoría dentro del Senado de la República.

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1.6.3. El señor Harold Eduardo Sua Montaña interviene en el presente trámite, y
sobre la solicitud de amparo, expone lo siguiente:

i) La alegada violación del derecho fundamental de acceso a funciones públicas
establecida en el numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, resulta inoportuna en este momento, pues debió invocarse cuando se
descorrió el traslado de la petición de suspensión provisional dentro del proceso origen
de la sentencia cuestionada, pues en esa etapa resultaba siendo propicio para la
accionante cuestionar la competencia de la autoridad accionada para tomar una
decisión acerca de su elección.

ii) En cuanto a la falta de congruencia esta es inexistente, pues ha sido básicamente a
través del silogismo que la autoridad accionada discernió en el auto proferido el 2 de
noviembre de 2023, mediante el que hizo la fijación del litigio en el sentido de que se
debía «establecer si la congresista María José Pizarro pertenece o no a un partido
minoritario».

iii) Ahora, el desconocimiento del precedente de altas cortes está soportado en
decisiones judiciales que no constituyen un criterio judicial que se deba aplicar para
resolver el litigio que dio lugar a la sentencia sub judice, pues no versan sobre el
alcance de la norma legal cuya violación se alega ni la ratio decidendi de la providencia
acusada.

iv) La accionante hace señalamientos contra la valoración probatoria que realizó la
autoridad accionada sin estructurarlos en una violación o defecto determinado y
autónomo, toda vez que los relaciona únicamente en el acápite del escrito tutelar
denominado «HECHOS».

v) En cuanto a la señalada filtración del texto de la sentencia cuestionada que la
accionante aduce viola su derecho al debido proceso, llevaría a lo sumo a que fuera
nuevamente expedida por funcionarios judiciales laboralmente ajenos y con igual
experiencia a los de la autoridad accionada, ya que dicho señalamiento no deslegitima
su contenido sino la legalidad en su emisión en las condiciones de tiempo, modo y

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lugar al final ocurridas.

1.7. Manifestaciones de impedimento

El consejero doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez manifiesta encontrarse inmerso en la
causal de impedimento prevista en el numeral 5 del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, pues sostiene una relación de amistad íntima de muchos años
con la doctora Gloria María Gómez Montoya, quien ocupa el lugar de parte pasiva, ya
que no obstante no suscribió la sentencia acusada, en su calidad de titular actual dio
contestación a la demanda, por ello en caso de prosperar la tutela, sería directa
destinataria de las eventuales órdenes.

Por su parte, el doctor Luis Eduardo Mesa Nieves señala que tiene una relación de
amistad íntima con el conjuez Juan Camilo Morales Trujillo, quien participó en la Sala
que dictó la providencia objeto de cuestionamiento, por lo que considera está incurso
en la causal de impedimento establecida en el artículo 56, numeral 5, del Código de
Procedimiento Penal.

Mediante proveído del 6 de mayo de 2024, se ordenó el sorteo de dos conjueces con
el fin de conformar la Sala de Decisión que resolverá el asunto.

El 15 de mayo de 2024, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ( CPACA) y en
cumplimiento de la anterior providencia se procedió al sorteo de conjueces, que les
correspondió a los doctores José Ascención Fernández Osorio y Jorge Iván Acuña
Arrieta. El 16 de mayo de 2024, a través de correo electrónico se comunicó la decisión
a los conjueces designados y se pasó el expediente al despacho.

El 17 de mayo de 2024, el doctor Jorge Iván Acuña Arrieta manifiesta su impedimento
para conocer de la tutela de la referencia, pues estima que se halla incurso en la causal
4.ª del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, ya que ha sido apoderado de la
señora María José Pizarro Rodríguez en varios procesos judiciales, por tanto, y con el
fin de salvaguardar la imparcialidad e independencia en las decisiones que deban

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adoptarse en el trámite constitucional solicita ser apartado del presente asunto.

Por medio de auto del 23 de mayo de 2024, se declararon fundados los impedimentos
manifestados por los consejeros Jorge Iván Duque Gutiérrez y Luis Eduardo Mesa
Nieves y por el conjuez Jorge Iván Acuña Arrieta; en consecuencia, fueron separados
del conocimiento del asunto, en procura de garantizar los principios de independencia
e imparcialidad de la administración de justicia, establecidos en el artículo 5.º de la Ley
270 de 1996.

Mediante providencia del 24 de mayo de 2024, se ordenó efectuar el sorteo de un
conjuez con el fin de conformar quorum decisorio para decidir en primera instancia la
acción de tutela interpuesta por la señora María José Pizarro Rodríguez. En
cumplimiento de esa decisión se realizó diligencia de sorteo, en la que fue escogido el
señor Héctor Alfonso Carvajal Londoño, a quien que se le comunicó la designación el
7 de junio de 2024.2

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

De acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del artículo 1.º del Decreto 1983 de 2017,
que modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, según el cual «las
acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado
serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación
y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de
conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4», la Sala es
competente para conocer del presente asunto.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos

2 El 7 de junio de 2024, ingresó el expediente al despacho del doctor Luis Eduardo Mesa Nieves, quien

fue encargado por comisión de servicios que le fue concedida al consejero Rafael Francisco Suárez
Vargas del 5 de junio al 15 de junio del año en curso.

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generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para
efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea la señora
María José Pizarro Rodríguez contra la sentencia del 7 de marzo de 2024, que profirió
el Consejo de Estado, Sección Quinta, dentro del medio de control de nulidad electoral
con radicación 11001 03 28 000 2023 00055 00.

2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin
embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la
cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.

No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad
para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela
procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable».

Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional3 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias

3T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567

de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.

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Demandante: María José Pizarro Rodríguez

judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente,
convergieron en la Sentencia C-590 de 2005,4 donde la Corte concentró y diferenció
las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la
oportunidad del amparo.

Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado
a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la
sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los
derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre
que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que para que proceda el
amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.

El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,5 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.

Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de

4Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
5Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).

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Demandante: María José Pizarro Rodríguez

agosto de 2014,6 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir,
con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los
presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.4. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro de los procesos de tutela7 y
de nulidad electoral,8 se puede establecer lo siguiente:

2.4.1. El 22 de agosto de 2023, el señor Harold Eduardo Sua Montaña instauró medio
de control de nulidad electoral contra la elección de la Mesa Directiva del Senado de
la República para el período 2023-2024, conformada por los señores Iván Leónidas
Name Vásquez, María José Pizarro Rodríguez y Didier Lobo Chinchilla. 9

2.4.2. El 14 de septiembre de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado, profirió
auto dentro del expediente con radicación 11001 03 28 000 2023 00055 00, en el que
resolvió lo siguiente:

PRIMERO: ADMÍTASE la demanda de nulidad electoral presentada [por] el señor
Harold Eduardo Sua Montaña, contra el acto de elección de los integrantes de la
mesa directiva del Senado de la República, los senadores Iván Leónidas Name
Vásquez como presidente, María José Pizarro Rodríguez como primera
vicepresidente y Didier Lobo Chinchilla como segundo vicepresidente, en los
términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

Para el efecto se dispone:

1. Notifíquese la demanda a los señores Iván Leónidas Name Vásquez, María José
Pizarro Rodríguez y Didier Lobo Chinchilla, en la forma prevista en el numeral 1º
del artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en concordancia con el artículo 199 idem modificado por el artículo
48 de la Ley 2080 de 2021.

En el evento de no ser posible su notificación personal, procédase de conformidad

6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,
expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
7 Radicación 11001 03 15 000 2024 01572 00.
8 Radicado 11001 03 28 000 2023 00055 00.
9 Índice 3, del expediente electrónico.

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Demandante: María José Pizarro Rodríguez

con lo establecido en los literales b) y c) del numeral 1º de la referida norma.

2. Notifíquese personalmente, de conformidad con el artículo 197 de la Ley 1437
de 2011 y según lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 277 del mismo cuerpo
normativo, esta providencia al Senado de la República, como autoridad que adoptó
el acto.

3. Notifíquese personalmente a la agente del Ministerio Público (artículo 277.3 Ib.).

4. Notifíquese por estado esta providencia al demandante (artículo 277.4 Ib.).

5. Infórmese a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web
de esta corporación (artículo 277.5 Ib.).

[…]

SEGUNDO: NEGAR el decreto de la suspensión provisional del acto acusado.

TERCERO: RECONOCER al señor Gregorio Eljach Pacheco como representante
judicial del Senado de la República, en su calidad de secretario general de esa
[c]orporación, de conformidad con la Resolución 038 del 25 de mayo de 2015.

[…]

2.4.3. El 7 de marzo de 2024, la Sección Quinta profirió sentencia de única instancia,
en la dispuso lo siguiente:10

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad electoral propuesta
contra la elección de los señores Iván Leónidas Name Vásquez y Didier Lobo
Chinchilla como presidente y segundo vicepresidente del Senado de la República,
respectivamente, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte
considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD del acto de elección de la señora María José
Pizarro Rodríguez como primera vicepresidente del Senado de la República, de
conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta
providencia.

[…]

CUARTO: ADVERTIR que contra la presente providencia no procede recurso alguno.

2.4.4. El 12 de marzo de 2024, la señora María José Pizarro Rodríguez solicitó la
aclaración, complementación y adición del fallo.11

10 Índices 2 y 83, de los expedientes electrónicos 11001 03 15 000 2023 01572 00 y 11001 03 28 000

2023 00055 00, respectivamente.
11 Índices 88 y 89, del expediente electrónico.

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Demandante: María José Pizarro Rodríguez

2.4.5. El 12 de marzo de 2024, el señor Iván Leónidas Name Vásquez pidió aclaración
de la sentencia del 7 de marzo de 2024.12

2.4.6. El 12 de marzo de 2024, la accionante presentó recusación contra los
magistrados Omar Joaquín Barreto Suárez, Luis Alberto Álvarez Parra, Pedro Pablo
Vanegas Gil, el conjuez Juan Camilo Morales Trujillo y la Secretaría de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, con el fin de que se separaran del conocimiento del
proceso, especialmente de la solicitud de aclaración, adición y complementación que
presentó el 12 de marzo de 2024 y que ratificó el 14 de marzo de 2024.13

2.4.7. El 11 de abril de 2024, la Sección Primera de esta corporación resolvió sobre la
recusación formulada por la señora Pizarro Rodríguez, así:14

PRIMERO: RECHAZAR la recusación formulada por la señora MARÍA JOSÉ PIZARRO
RODRÍGUEZ, parte demandada, contra los señores magistrados de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, doctores OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ, LUIS
ALBERTO ÁLVAREZ PARRA y PEDRO PABLO VANEGAS GIL y el [c]onjuez JUAN CAMILO
MORALES TRUJILLO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al [d]espacho del [c]onsejero de Estado que
conoce del proceso de nulidad electoral en la Sección Quinta, para que resuelva
la recusación presentada contra la [s]ecretaria de esa Sección y continúe con el
trámite procesal correspondiente.

TERCERO: Contra la presente providencia no proceden recursos, conforme con lo
previsto en el numeral 7 del artículo 132 del CPACA.

2.4.8. El 6 de mayo de 2024, el secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado
mediante Oficio 126 remitió el expediente 11001 03 28 000 2023 00055 00 a la
Secretaría de la Sección Quinta en cumplimiento de lo dispuesto en el auto del 11 de
abril de 2024.15

2.4.9. El 6 de mayo de 2024, pasó el expediente al despacho de la magistrada Gloria
María Gómez Montoya de la Sección Quinta para resolver sobre la recusación contra

12 Índices 90, del expediente electrónico.
13 Índices 91 y 92, del expediente electrónico.
14 Índice 102, del expediente electrónico.
15 Índice 109, del expediente electrónico.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 01572 00
Demandante: María José Pizarro Rodríguez

la secretaria y las solicitudes de aclaración, adición y corrección de la sentencia
presentadas por los señores María José Pizarro Rodríguez e Iván Leónidas Name
Vásquez.16

2.4.10. El 27 de mayo de 2024, pasó el expediente al despacho de la consejera Nubia
Margoth Peña Garzón de la Sección Primera, con la solicitud del 15 de mayo de 2024
elevada por los magistrados de la Sección Quinta, Omar Joaquín Barreto Suárez, Luis
Alberto Álvarez Parra, Gloria María Gómez Montoya y Pedro Pablo Vanegas Gil, para
que se «resuelva de plano sobre las circunstancias que pone de presente la señora
María José Pizarro Rodríguez en escrito del 11 de abril de 2024 y durante el trámite
de la primera recusación».17

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

La señora María José Pizarro Rodríguez somete a juicio lo resuelto en sede ordinaria,
pues alega que el análisis efectuado por el Consejo de Estado, Sección Quinta, en la
sentencia del 7 de marzo de 2024, mediante la cual declaró nula su elección como
primera vicepresidenta del Senado de la República para la Legislatura 2023-2024,
vulneró sus derechos a la igualdad, al debido proceso, a la participación política, a
ocupar cargos públicos y los principios de buena fe, legalidad, seguridad jurídica y
confianza legítima y se incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial, en una vía de hecho por desconocimiento del principio de
congruencia y en violación directa de la Constitución

Al respecto, advierte la Sala, que en el presente asunto no es posible hacer un estudio
de fondo, porque no se cumple con el requisito de subsidiariedad, ya que se
encuentran pendientes de resolución las solicitudes de adición, aclaración y
complementación del fallo acusado, presentadas en forma separada por los señores
María José Pizarro Rodríguez e Iván Leónidas Name Vásquez, así como la recusación
que formuló la accionante contra los integrantes de la Sección Quinta de esta
corporación magistrados Omar Joaquín Barreto Suárez, Luis Alberto Álvarez Parra,

16 Índice 109, del expediente electrónico.
17 Índice 112, del expediente electrónico.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 01572 00
Demandante: María José Pizarro Rodríguez

Gloria María Gómez Montoya y Pedro Pablo Vanegas Gil, la que se tramita
actualmente en la Sección Primera del Consejo de Estado, lo que no ha permitido la
ejecutoria del fallo del 7 de marzo de 2024.

La jurisprudencia constitucional ha indicado que cuando la acción de tutela se dirige a
controvertir providencias judiciales debe tenerse en cuenta que, en virtud del principio
de subsidiariedad, el debate frente a la decisión allí adoptada debe haber finalizado, lo
contrario implicaría una intervención injustificada por parte del fallador constitucional y
una transgresión al principio del juez natural.

En ese sentido se pronunció la Corte Constitucional en la Sentencia T-103 del 26 de
febrero de 2014,18 en la que expresó que cuando se atacan decisiones judiciales el
medio de control debe haber concluido, pues en caso de que esté en curso, el juez de
tutela no puede analizar la solicitud de amparo, ya que no es posible su utilización
como un mecanismo paralelo para resolver las controversias que deben solucionarse
al interior del proceso.

Así las cosas, el fallador constitucional debe determinar si el juicio dentro del cual se
profirió la providencia judicial que se ataca se encuentra en trámite y si el debate que
dio origen a la interposición de la acción de tutela no ha sido decidido dentro de aquel,
por cuanto si así ocurriere le corresponderá rechazar la acción por improcedente.19

Conforme con lo expuesto y, como lo alegó la parte demandada y se establece en los
hechos probados, a través de memorial del 12 de marzo de 2024, la accionante pidió
la adición, aclaración y complementación de la sentencia de única instancia del 7 de
marzo de 2024 y, en esa misma data, el señor Iván Leónidas Name Vásquez solicitó
aclaración de ese proveído, las cuales están pendientes de resolución. Así mismo, el
27 de mayo de 2024, pasó el expediente al despacho de la consejera Nubia Margoth
Peña Garzón de la Sección Primera, con la solicitud que elevaron el 15 de mayo de
2024, los magistrados de la Sección Quinta, Omar Joaquín Barreto Suárez, Luis
Alberto Álvarez Parra, Gloria María Gómez Montoya y Pedro Pablo Vanegas Gil, para

18 Corte Constitucional. Expediente T-3.286.505. Magistrado ponente Jorge Iván Palacio Palacio.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 15 de febrero de 2018. Radicado

11001 03 15 000 2018 00127 00.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 01572 00
Demandante: María José Pizarro Rodríguez

que se «resuelva de plano sobre las circunstancias que pone de presente la señora
María José Pizarro Rodríguez en escrito del 11 de abril de 2024 y durante el trámite
de la primera recusación»; por consiguiente, se debe concluir que se trata de un
proceso en curso, lo cual impide la mediación del juzgador constitucional.

Por lo anterior, la Sala considera que no es posible emitir un pronunciamiento en esta
instancia, pues ello acarrearía el desconocimiento de las competencias que le son
propias al juez ordinario y desnaturalizaría el carácter subsidiario de la acción de tutela.
Al respecto, conviene recordar que la solicitud de amparo no es un mecanismo alterno
o complementario a los procesos judiciales, menos cuando es a la autoridad
contenciosa a la que le corresponde adoptar las medidas necesarias para garantizar
los derechos de las partes, de manera que no es factible que los ciudadanos acudan
paralelamente a este medio de protección, para que sea en esta sede donde se
solventen las discusiones que deben efectuarse al interior del juicio de instancia.

Por otra parte, una vez analizadas las circunstancias y los hechos en los que se
sustenta la presente solicitud, la Sala no logró establecer que, en el asunto sub iudice,
la accionante expusiera un argumento tendiente a demostrar la existencia de un
perjuicio irremediable; por consiguiente, no se evidencia un menoscabo que haga
urgente e impostergable la protección de los derechos fundamentales,20 que faculte al
juez constitucional pretermitir la subsidiariedad de la acción de tutela con el fin de
encontrar superado este requisito.

3. Conclusión

La Sala concluye, entonces, que el asunto no cumple con el presupuesto de
subsidiariedad para realizar el estudio de la vulneración alegada, toda vez que se trata
de un proceso que se encuentra en trámite, lo que no permite la intervención del juez
constitucional.

20 Los requisitos que establece la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional para

que proceda la tutela como mecanismo judicial para evitar un perjuicio irremediable son los siguientes:
su inminencia, su urgencia, su gravedad y su impostergabilidad.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 01572 00
Demandante: María José Pizarro Rodríguez

En tal sentido, la Sala rechazará por improcedencia la solicitud de tutela presentada
por la señora María José Pizarro Rodríguez, por falta del requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Rechazar la acción de tutela interpuesta por la señora María José Pizarro
Rodríguez, por falta del requisito de subsidiariedad, conforme a la parte considerativa
que antecede.

Segundo. En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

HÉCTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO
Conjuez
Firmado electrónicamente

JOSÉ ASCENCIÓN FERNÁNDEZ OSORIO
Conjuez
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

MAM

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