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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01581-00

Acción de tutela: fallo de primera instancia

Fecha
12 de junio de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01581-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - NEGAR el amparo de tutela solicitado por el señor Yoany Orrego Zapata, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO. - De no ser recurrida la presente providencia, por Secretaría remitir a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador Discutida y aprobada en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-01581-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

12 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01581-00
Accionantes: Yoany Orrego Zapata
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

ACCIÓN DE TUTELA – Fallo de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Yoany Orrego Zapata,
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud y las pretensiones

El señor Yoany Orrego Zapata, en ejercicio de la acción de tutela, actuando en
nombre propio, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, que estima
lesionados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección C, al proferir la sentencia de 25 de octubre de 2023, que (i) revocó

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01581-00
Demandante: Yoany Orrego Zapa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia

el numeral tercero1 de la decisión del 6 de junio de 2022, proferida por el Juzgado
Sesenta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá y (ii) confirmó 2 en todo lo
demás la providencia de primera instancia dentro del proceso de reparación
directa con radicado No. 2019-00351-01.

En el escrito de tutela, la parte actora solicita:

“(…) 1- Se deje sin efectos jurídicos la sentencia de segunda instancia proferida por
el Honorable CONSEJO DE ESTADO – SECCION SEGUNDA de fecha 25 de mayo
de 2023, notificada mediante correo electrónico el día 18 de Julio de 2023, que
confirmó la sentencia de primera instancia con radicado 2017 - 2296, emitida por el
Tribunal administrativo de Antioquia de fecha 16 de diciembre de 2020.

2- Se ordene al H. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO –
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B – Magistrado Ponente:
CARMELO PERDOMO CUETER, proferir un nuevo fallo en el cual se tengan en
cuenta los precedentes jurisprudenciales emanados del órgano de cierre de la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa en providencias, y en especial en la
sentencia con Radicados : 70001-23-33-000-2014-00051 01(2194-15) del 18 de
mayo de 2017- 05001-23-33-000-2017-01922-01 (2405-2020) del 18 de mayo de
2023 Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS; en las cuales se
determinó:

QUE NO CUALQUIER ACTUACIÓN REPROCHABLE REALIZADA POR UN
DOCENTE PUEDE ORIGINAR LA PÉRDIDA DE SU DERECHO A PERCIBIR LA
PENSIÓN GRACIA. DE SUERTE QUE SE HAN CONSIDERADO DOS
CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS QUE TAL CONSECUENCIA JURÍDICA: I) EL
COMPORTAMIENTO CENSURABLE FUE CONLLEVAN REALIZADO
REPETITIVAMENTE DURANTE TODA LA VIGENCIA DE SU RELACIÓN
LABORAL, Y II) CUANDO A PESAR DE SER REALIZADO UNA SOLA VEZ,
REVISTE TAL GRAVEDAD QUE LA CONDUCTA IMPLICA PELIGRO PARA LA
COMUNIDAD EDUCATIVA O EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA. página 7 de 18

3- TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso establecido en el
artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, art. 229 de la misma norma en
cita de acceso a la administración de Justicia, así como el desconocimiento del
precedente judicial constitucional, el principio de seguridad jurídica, cosa juzgada y,
el concepto de ejecutoriedad de las providencias judiciales.

4- Que la orden impartida por el Señor Magistrado sea de inmediato cumplimiento
(…)”. (SIC)3

1
Relativo a las costas procesales.
2
La negativa de las pretensiones de la demanda, al encontrar probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima.
3
Si bien es cierto que la transcripción es la pretensión que refirió el accionante en su escrito de tutela, se evidencia que
cometió un error en la escritura pues, de acuerdo con lo narrado y los informes rendidos por las partes vinculadas y
accionadas, la providencia recurrida fue proferida el 25 de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C.

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01581-00
Demandante: Yoany Orrego Zapa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia

2. Los hechos y las consideraciones4

La parte actora expuso como fundamento de su solicitud los hechos que se
resumen a continuación5:

Informó que el 1 de agosto de 2017, se vinculó al Distrito Militar No. 27 Cuarta
Zona de Reclutamiento, para integrar el 3C – 2017, en calidad de Soldado 3
Regular para prestar su servicio Militar Obligatorio.

Relató que el 24 de octubre de 2017, se encontraba en el rancho de tropa en el
Batallón Militar de Saravena, Arauca, en donde sufrió un accidente al enredarse
con una silla táctica, por lo que fue llevado al dispensario médico en donde le
suministraron medicamentos.

Aseveró que del 25 de octubre al 1 de noviembre de 2017 fue hospitalizado y
“diagnosticado” con artrocentesis. (Sic)

Expresó que el 3 de diciembre de 2019, presentó demanda de reparación directa
contra La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, buscando
la declaratoria de responsabilidad administrativa y la condena al pago de los
perjuicios que le fueron ocasionados por las lesiones sufridas el 24 de octubre
de 2017, cuando cayó de su propia altura al enredarse con una silla táctica militar
dentro del Batallón de Ingenieros No. 18 “General Rafael Navas Pardo” de
Saravena, Arauca.

4
Los hechos se extraen del expediente ordinario de reparación directa aportado por las autoridades judiciales
accionadas, pues del escrito de tutela interpuesto por la parte actora, se evidencia que mezcló hechos y pretensiones de
diferentes procesos que no se compadecen con el presente caso.
5
Escrito de demanda de tutela visible en el Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI allegado en medio magnético

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01581-00
Demandante: Yoany Orrego Zapa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia

Indicó que el conocimiento en primera instancia correspondió al Juzgado
Sesenta y Dos Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que, mediante
sentencia de 6 de junio de 2022, declaró probada la excepción de culpa exclusiva
de la víctima, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la
parte demandante.

Inconforme con dicha decisión, presentó recurso de apelación, el que fue
resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección C, mediante sentencia de 25 de octubre de 2023, revocando el
numeral 3° de la sentencia de primera instancia, relativo a la condena en costas,
y confirmando en todo lo demás la decisión de primera instancia.

2.1. Consideraciones de la parte actora

La parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, vulneró
sus derechos al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración
de justicia, al proferir la sentencia del 25 de octubre de 2023, incurriendo en vía
de hecho por defecto fáctico por indebida valoración probatoria6.

3. Trámite procesal

Mediante auto de 9 de abril de 2024, se admitió la demanda, se ordenó la
notificación a la autoridad accionada, para los efectos previstos en el artículo 19
del Decreto 2591 de 1991 y se vinculó a La Nación - Ministerio de Defensa -
Ejército Nacional, a los señores Carlos Humberto Orrego Cárdenas y Noralba
Zapata Franco y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado7 para que
hicieran las manifestaciones que consideren pertinentes.

6
Aunque la parte actora no refirió el defecto fáctico de manera expresa, ello se logra inferir del escrito de tutela.
7
Estas últimas, vinculadas mediante auto de 20 de mayo de 2024.

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01581-00
Demandante: Yoany Orrego Zapa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia

4. Cuestión previa

Mediante auto de 20 mayo de 2024, el Despacho consideró que se pretermitió la
vinculación de la señora Noralba Zapata Franco, quien fuera parte en el proceso
ordinario referido, así como de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, mediante escrito allegado
al expediente, solicitó aclarar la naturaleza mediante la cual se le vinculaba al
proceso, toda vez que no tenía claro si era como tercero con interés o como parte
del mismo.

En ese sentido, se pone de presente que la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado (en adelante la Agencia) fue vinculada a este mecanismo
constitucional, atendiendo lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 610 del
Código General del Proceso, en calidad de interviniente, tercero con interés en
la resultas, teniendo en cuenta que en el caso sub examine, se solicitó amparo
frente a una sentencia proferida dentro de un proceso de reparación directa,
donde la demandada es La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional.

La disposición mencionada sostiene que:

“(…) Artículo 610. Intervención de la agencia nacional de defensa jurídica del estado

En los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción, la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, podrá actuar en cualquier estado del proceso, en los siguientes eventos:

1. Como interviniente, en los asuntos donde sea parte una entidad pública o donde se
considere necesario defender los intereses patrimoniales del Estado (…)”.

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01581-00
Demandante: Yoany Orrego Zapa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia

Por tanto, en el auto referido el Despacho dispuso:

“(…) Vincúlense, por tener interés directo en el resultado de este proceso, a la señora
Noralba Zapata Franco y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que
hagan las manifestaciones que consideren pertinentes, para lo cual se les otorga un término
de dos (2) días contados a partir del recibo de la comunicación (…)”.

Reiterada la naturaleza de la vinculación de la Agencia, tal como se determinó
en el auto del 20 de mayo de 2024; se precisa que, en todo caso, no existe
obligación legal alguna para los terceros vinculados de emitir un pronunciamiento
sobre los hechos y pretensiones de la solicitud de tutela.

5. Intervenciones

5.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, explicó que de las primera
páginas del escrito de tutela, se logra advertir que la parte actora solicita a) la
protección de sus derechos fundamentales, b) que se deje sin efectos la
sentencia de segunda instancia proferida por esa Corporación y c) que se ordene
proferir un nuevo fallo.

En ese sentido, manifestó que se debe declarar la improcedencia de la presente
acción de tutela porque no se advierte la relevancia constitucional y no se
identificaron debidamente los hechos y las violaciones a los derechos
fundamentales en los que incurrió la providencia judicial y, en relación con los
requisitos especiales; no se probó ninguno de los defectos aducidos por la
actora.

Aseveró que el tutelante a) utiliza la acción constitucional para debatir un asunto
de mera legalidad que ya fue resuelto por el Juez natural del asunto o, lo que es
lo mismo, acude a la acción de tutela como tercera instancia del proceso de
reparación directa con Rad. No. 2019-00351 debido a que no está de acuerdo

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01581-00
Demandante: Yoany Orrego Zapa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia

con la decisión de desestimar las pretensiones de la demanda, sino porque b)
no se identificaron los hechos, ni en qué consiste la vulneración de los derechos
fundamentales de los demandantes debido a que no formuló reparo alguno sobre
los argumentos expuestos para adoptar la decisión atacada.

Además, no se configuran las causales especiales de procedencia porque c) no
se dejó de valorar ninguna de las pruebas, no se les dio un alcance
diametralmente opuesto, ni se desestimó que estuviera probado que el señor
Yoany Orrego Zapata cayó de su propia altura cuando se enredó con una silla
táctica presente en el Batallón Militar de Saravena y d) tampoco se desconoció
el precedente judicial aplicable pues, a pesar de que en estos eventos se aplica
el régimen objetivo de responsabilidad (y así mismo se hizo en la sentencia del
25 de octubre de 2023), ante la configuración de la culpa exclusiva de la víctima
como causal eximente de responsabilidad, se rompe el nexo con el servicio
militar obligatorio y se libera de responsabilidad a la administración por los daños
causados a los soldados regulares que, en ningún caso, es automática.

5.2 El Juzgado Sesenta y Dos Administrativo de Bogotá, aseveró que no
vulneró derecho fundamental alguno del accionante, comoquiera que la
sentencia de primera instancia se dictó debidamente motivada y con base en el
acervo probatorio que reposaba en el expediente, así como en las normas y la
jurisprudencia que regulan la materia.

Explicó que, en la decisión recurrida, el Despacho consideró que fue el actuar
imprudente del soldado bachiller la causa exclusiva del daño, sin que se pudiera
inferir por vía directa o indirecta, que fue el Ejército Nacional (entidad
demandada) quien ubicó en situación de riesgo al demandante, razón por la cual,
el daño no resulta jurídicamente imputable al Estado.

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01581-00
Demandante: Yoany Orrego Zapa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia

5.3 Las demás partes vinculadas no se pronunciaron sobre los hechos y
consideraciones de la demanda.
II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1°
del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021.

2. Problema Jurídico

La Sala debe decidir si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al proferir la
sentencia de 25 de octubre de 2023, vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia del
tutelante, al incurrir en vía de hecho por defecto fáctico, por indebida valoración
probatoria.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura
reiterada y uniforme de la Corte Constitucional8 y el Consejo de Estado9 ha sido
admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos
generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de
procedencia (defectos).

8
Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000,
T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de
2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004,
T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de
2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013,
, T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
9
Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de
agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante:
Alpina Productos Alimenticios S.A.

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01581-00
Demandante: Yoany Orrego Zapa
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Al respecto, la Corte Constitucional en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de
1993, analizó la procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales en los
eventos que se prueba la configuración de una vía de hecho. Dicha posición fue
redefinida por la misma Corporación a través de la sentencia C-590 de 2005,
decisión en la cual se fijaron las reglas de procedibilidad de este mecanismo
constitucional contra decisiones judiciales como se conocen actualmente.

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia
jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia del Doctor Jorge Octavio
Ramírez, precisó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales,
siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se
cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte
Constitucional, así:

Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles
en su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo
de la acción de tutela. Estos requisitos son los siguientes: (i) La cuestión que se
discute tiene relevancia constitucional; (ii) Se agotaron todos los medios de
defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) Se cumple el
requisito de inmediatez; (iv) no se argumentó una irregularidad procesal; (v) Se
expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la
providencia bajo estudio; y; (vi) La providencia objeto de la presente acción no
fue dictada dentro de una acción de tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales
puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes10: a) Defecto orgánico,
que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) Defecto
procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del

10
Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras.

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01581-00
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procedimiento establecido; c) Defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir decisión; d)
Defecto material o sustantivo, el cual se origina en el evento en que se decida
con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) Error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por
terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente
judicial y h) Violación directa de la Constitución Política.

Es importante advertir que, si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna
de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para conceder el amparo
constitucional.

3.1 El defecto fáctico

Conforme a la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico, en una
dimensión negativa, se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria
ejercida por el juez se presenta la omisión de la “(…) valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez
(…)”11. En esta situación se incurre “(…) cuando el juez simplemente ignora la
prueba u omite su valoración, o cuando sin razón valedera da por no probado el
hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente (…)”12.

En una dimensión positiva, el defecto fáctico ocurre cuando el juez, por ejemplo,
“(…) aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo,
fueron indebidamente recaudadas (…)”13, de conformidad con el artículo 29 de
la Carta Política. En estos casos, sin embargo, sólo es factible fundar una

11
Corte Constitucional Sentencia T-442 de 1994 (MP. Antonio Barrera Carbonell).
12
Sentencia SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo
Beltrán Sierra).
13
Sentencia T-538 de 1994.

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01581-00
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acción de tutela por vía de hecho cuando ostensiblemente aparece arbitraria la
valoración probatoria realizada por el Juez. Por tanto, el error en el juicio
valorativo de la prueba:

“(…) Debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe
tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en
una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente
conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia. (…)” 14.

En lo que respecta al supuesto fáctico por indebida valoración probatoria, ha
dicho la Corte que este se configura, entre otros, en los siguientes casos:

“(…) (i) Cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el
asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en
contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el funcionario
judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y
pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de
pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios que no
guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; (v) cuando el juez de
conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del
proceso y (vi) cuando no valore pruebas debidamente aportadas en el proceso. (…) 15.

Como se observa, el defecto fáctico por indebida valoración probatoria no solo
se ocupa del examen que realiza el juez sobre el material probatorio aportado
con el proceso, sino que además abarca toda la actividad probatoria que aquél
despliega para intentar acreditar o desacreditar los hechos de la demanda.

Sin embargo, la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo
probatorio dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente
reducido. En primer lugar, el respeto por el principio de autonomía judicial y el

14
Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra).
15
Corte Constitucional. Sentencia T-117 de 7 de marzo de 2013. MP. Alexei Julio Estrada.

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01581-00
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principio del juez natural, impiden que el juez constitucional realice un examen
exhaustivo del material probatorio.

Así, la Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997, determinó que, en lo
que hace al análisis del material probatorio, la independencia judicial cobra
mayor valor y trascendencia. Por tal razón, tampoco es procedente la acción
constitucional, cuando se encamina a obtener una evaluación de la actividad de
valoración realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

4. Caso concreto

4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

La Sala advierte que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
toda vez que el defecto puede llevar consigo la violación de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración
de justicia; los cuales constituyen bienes jurídicos constitucionalmente
amparados.

No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial con los
cuales la parte accionante pueda lograr la protección de los derechos invocados,
pues esta decisión proferida dentro del proceso de reparación directa no permite
su impugnación y no se configura ninguna de las causales del recurso
extraordinario de revisión.

Respecto al cumplimiento del requisito de inmediatez, se observa que la
providencia cuestionada, fue proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 25 de octubre de 2023 y notificada a las partes el 31 de octubre

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01581-00
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Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia

de 2023, en tanto que la demanda de tutela se presentó el 3 de abril de 202416,
es decir, dentro de un término prudencial.

Adicionalmente, se observa que el accionante plantea de forma clara los hechos
por los cuales considera que se vulneran sus derechos fundamentales; y que la
providencia que se cuestiona en el asunto de la referencia no fue proferida dentro
de una acción de tutela, sino que se dictó dentro de un proceso de reparación
directa.

4. 2. Análisis de las causales específicas de procedibilidad

El señor Yoany Orrego Zapata, plantea la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración
de justicia, por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por cuanto al
proferir la sentencia de 25 de octubre de 2023, por medio de la cual (i) revocó el
numeral tercero17 de la decisión del 6 de junio de 2022, proferida por el Juzgado
Sesenta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá, relativa a la condena en
costas, y (ii) confirmó 18 en todo lo demás la providencia de primera instancia
dentro del proceso de reparación directa con radicado No. 2019-00351-01;
incurrió en vía de hecho por defecto fáctico.

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera pertinente
revisar los argumentos expuestos por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en la decisión de 25 de octubre de 2023, en los que consideró:

16
Índice 1 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI
17
“(…) TERCERO: CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas procesales, las cuales habrán de liquidarse
por la Secretaría. Por concepto de agencias en derecho fijar el 3% del valor de la pretensión de mayor cuantía de la
demanda, esto es, la suma de $3.000.000 (…)”
18
“(…) PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de “Culpa exclusiva de la víctima”, propuesta por la parte
demandada.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia (…)”

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01581-00
Demandante: Yoany Orrego Zapa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia

“(…) 1. Medios de prueba relevantes:

En el curso del proceso fueron allegadas las siguientes pruebas, a las cuales se confiere
mérito probatorio conforme a la ley y a la jurisprudencia

1.1. Informativo administrativo por lesión No. 003 del 20 de febrero de 2019
suscrito por el TC. Hugo Hernán Camelo Sandoval, del Batallón de Ingenieros
No. 18 “General Rafael Navas Pardo” (fl. 23, archivo 1, ibid.):

1.2. Acta aclaratoria de informativo administrativo por lesión donde se indica que la fecha
de los hechos es el 24 de octubre de 2017 (fl. 2, archivo 5 reforma a la demanda, ibid.).

1.3. Informe rendido por el comandante de la compañía CRONOS del Batallón de
Ingenieros No. 18 de Saravena – Arauca de fecha 24 de octubre de 2017 donde relata
los hechos sucedidos el día del accidente (fl. 78, archivo 1, ibid.).

1.4. Historia clínica del señor Orrego Zapata obrante en la Dirección de Sanidad del
Ejército Nacional y el Hospital de Sararé E.S.E., en la que se evidencia lo siguiente (fls.
24-, archivo 1, ibid.):

1.5. Historia clínica del paciente Orrego Zapata obrante en la Dirección de Sanidad Militar
(archivo 5 reforma a la demanda, ibid.):

1.6. Constancia de desacuartelamiento del 19 de abril de 2018 suscrita por el
comandante del Batallón de Ingenieros No. 18 “General Rafael Navas Pardo” donde
consta que el demandante fue incorporado el 1° de agosto de 2017 por el Distrito Militar
No. 27 para integrar el 3C-2017 y fue desacuartelado de acuerdo a orden administrativa
de personal No. 1370 de la Dirección de Personal para el 13 de abril de 2018 (fl. 58,
archivo 1, ibid.).

1.7. Orden administrativa de personal No. 1370 del 13 de abril de 2018 mediante la cual
se descuarteló al demandante “por encontrarse incluido dentro de la población
desplazada, de acuerdo con la Ley 1448 de 2011” (fls. 26-28, archivo 3 contestación de
la demanda, ibid.).

1.8. Expediente médico laboral correspondiente al conscripto Yoany Orrego Zapata
(archivos 2-177, archivo 3 contestación de la demanda, ibid.).

1.9. Acta de la Junta Médico Laboral No. 206333 del 2 de marzo de 2021, con las
siguientes anotaciones (archivo 17, ibid.):

(…)

2. Análisis jurídico. Corresponde a la Sala determinar i) si se configuró o no la causal
eximente de responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima por presunta imprudencia
del conscripto Yoany Orrego Zapata al momento de desplazarse para tomar el desayuno
y ii) si hay lugar a revocar la condena en costas establecida por la Juez de primera
instancia.

Además, deberá establecer esta Corporación iii) si hay lugar a estudiar la presunta
responsabilidad del Estado por la falla en la incorporación del conscripto al servicio militar

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Demandante: Yoany Orrego Zapa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia

obligatorio por haber sido desplazado y haber sido calificado como “no apto” en una
oportunidad anterior a la del ingreso a la prestación del servicio.

(…)

2.1. Daño antijurídico.

Si bien es cierto que el primero de los elementos de la responsabilidad del Estado no
está en discusión en esta instancia, lo cierto es que para la Sala se encuentra
debidamente demostrado el daño antijurídico ocasionado a los demandantes,
consistente en la lesión en la rodilla del soldado regular Yoany Orrego Zapata que le
ocasionó una hermatosis y una ruptura espontánea de ligamentos (1.1 y 1.4) como
consecuencia de la caída de su propia altura en hechos acaecidos el pasado 24 de
octubre de 2017, dentro del Batallón de Ingenieros No. 18 de Saravena – Arauca (1.1,
1,2, 1.3, 1.4 y 1.9). Lesión que le significó una disminución de la capacidad laboral del
19.50% (1.9).

En consecuencia, está demostrado el daño antijurídico atinente a las lesiones que sufrió
el conscripto Orrego Zapata mientras se encontraba prestando el servicio militar
obligatorio.

2.2. Imputación. Culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad.

(…)

Por su parte, la demandante sostiene que el daño sí es atribuible al Ejército Nacional
porque i) se acreditó que la lesión se presentó en actos del servicio y en razón del mismo,
ii) la silla táctica con la que se tropezó no es una silla de restaurante común, iii) es bien
sabido que los comandantes del pelotón ordenan a los conscriptos cumplir las órdenes
“al trote mar”, es decir, los obligan a agilizar el paso para desplazarse al comedor, iv) no
existe prueba que demuestre la causa extraña y v) la Juez se basó en suposiciones para
asegurar que, de haber actuado diligentemente, el demandante no había sufrido el
accidente.

Analizados las pruebas obrantes en el proceso, para la Sala quedó acreditado que i) el
soldado regular Orrego Zapata se encontraba realizando el paso del rancho del tropa al
desayuno cuando se enredó con una silla táctica que existía en el Batallón y cayó de su
propia altura (1.1), ii) al momento en que ingresó para valoración en la Dirección de
Sanidad Militar, el demandante refirió que “iba caminando” cuando se tropezó y cayó de
su propia altura (1,4), iii) como consecuencia de dicha lesión, el conscripto recibió
atención médico hospitalaria donde fue diagnosticado con las patologías descritas.

Para la Sala las circunstancias de tiempo, modo y lugar probadas dentro del expediente
controvierten los argumentos expuestos por la apoderada judicial de los demandantes
quien indica que el conscripto cayó de su propia altura en cumplimiento de una orden del
comandante del pelotón que lo obligó a agilizar el paso para realizar el desplazamiento
hacia el comedor del Batallón donde se toma el desayuno.

Por el contrario, lo probado dentro del expediente es que la lesión surgió en el servicio y
con ocasión del estado de conscripción en el que se encontraba el soldado regular, pero
se produjo en el desarrollo de una función cotidiana o rutinaria, como lo es caminar para
desayunar y cumplir con sus necesidades básicas, lo cual es un acto que no tiene

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ninguna connotación especial, ni tampoco conllevó el acatamiento y cumplimiento de una
orden del superior que indicó agilizar el paso para cumplir con la labor “al trote mar”. En
otras palabras, desplazarse y caminar para tomar el desayuno no es una actividad
característica, exclusiva y asociada al servicio militar, sino que obedece al ejercicio de
una función básica e inherente al ser humano que implica el cumplimiento de deberes
mínimos de auto cuidado y protección.

(…)

En este orden de ideas, esta Sala de Decisión ha considerado que los daños que se
ocasionan durante la prestación del servicio militar obligatorio, pero que devienen del
incumplimiento del deber de auto cuidado de los soldados regulares por falta de pericia
o experticia en el ejercicio y movimiento de su propio cuerpo en el desarrollo de
actividades cotidianas que deben desarrollar, incluso, fuera de la actividad militar,
configuran la culpa exclusiva de la víctima41, siempre que se compruebe que no está
mediada o alterada por orden del superior, tal como ocurre en el caso en concreto.

Luego, debido a que en el caso en concreto no se probó que la caída de la propia altura
surgiera porque, por ejemplo, se obligó al conscripto a acelerar la marcha a toda costa,
o porque la silla táctica estuviera obstaculizando el paso, se encontrara en un lugar
donde no debía permanecer, estuviera en mal estado causando peligro frente a la
actividad cotidiana que supone caminar para desplazarse de un lugar a otro, ni se
advierte que, por sí misma, cause un riesgo respecto de su utilización o ubicación en el
espacio, sino que se acreditó que el soldado regular Orrego Zapata cayó por la voluntad
de disposición de su propio cuerpo, no cumpliendo de esta forma, con el deber mínimo
de autocuidado que debía tener en ese momento, se configura la culpa exclusiva de la
víctima, la cual sí se encuentra debidamente acreditada dentro del proceso.

Entonces, resulta probado que fue el demandante el que contribuyó a la producción del
daño antijurídico, toda vez que no observó el deber de autocuidado al momento de
trasladarse a tomar el desayuno para empezar a realizar sus labores diarias relacionadas
con la prestación del servicio. Como se analizó antes, en el marco del deber de
autocuidado, es claro que el señor Orrego Zapata es responsable de los daños que,
como consecuencia de su conducta, y falta de previsión al momento de desplazarse, se
produjeron. De ahí que con su actuación se desconoció el deber de autoprotección y
permitió la concreción de la lesión como resultado final.

(…)

Por todo lo expuesto, para esta Corporación hay lugar a confirmar la decisión adoptada
por el Juzgado 62 Administrativo Oral de Bogotá mediante la cual se declaró probada la
culpa exclusiva de la víctima y se negaron las pretensiones de la demanda”. (Sic)

Revisado el contenido de la providencia acusada, la Sala observa que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con el fin de determinar si se configuró o no la
causal eximente de responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima por
presunta imprudencia del conscripto Yoany Orrego Zapata, al momento de

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desplazarse para tomar el desayuno, o si las lesiones ocasionadas al accionante
como consecuencia de la caída de su propia altura en el cumplimiento de actos
del servicio, son atribuibles a La Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional; realizó el siguiente análisis.

Respecto de la ocurrencia del daño, aseveró que se encuentra debidamente
demostrado con la lesión en la rodilla padecida por el soldado Yoany Orrego, lo
que le ocasionó una hematosis y una ruptura espontánea de ligamentos, como
consecuencia de la caída de su propia altura; en hechos acaecidos el pasado 24
de octubre de 2017, dentro del Batallón de Ingenieros No. 18 de Saravena,
Arauca.

En ese mismo sentido, encontró demostrado el daño antijuridico relacionado con
las lesiones que sufrió el soldado Orrego Zapata mientras se encontraba
prestando el servicio militar obligatorio.

Por tanto, del material probatorio allegado al expediente ordinario, encontró
acreditado que i) el soldado regular Orrego Zapata se encontraba realizando el
paso del rancho del tropa al desayuno cuando se enredó con una silla táctica
que existía en el Batallón y cayó de su propia altura; ii) al momento en que
ingresó para valoración en la Dirección de Sanidad Militar, el demandante refirió
que “iba caminando” cuando se tropezó y cayó de su propia altura y; iii) como
consecuencia de dicha lesión, el conscripto recibió atención médico hospitalaria
donde fue diagnosticado con las patologías descritas.

Decantado este aspecto, se refirió al título de imputación, arribando al análisis
de la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad,
destacando, para el efecto, que las circunstancias de tiempo, modo y lugar
probadas dentro del expediente, controvierten los argumentos expuestos por el

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demandante, quien, en su decir, afirmó que cayó de su propia altura en
cumplimiento de una orden del comandante del pelotón, que lo obligó a agilizar
el paso para realizar el desplazamiento hacia el comedor del Batallón donde se
toma el desayuno; toda vez que, encontró probado que la lesión surgió en el
servicio y con ocasión del estado de conscripción en el que se encontraba el
soldado regular, pero se produjo en el desarrollo de una función cotidiana o
rutinaria, como lo es caminar para desayunar y cumplir con sus necesidades
básicas, lo cual es un acto que no tiene ninguna connotación especial, ni
tampoco conllevó el acatamiento y cumplimiento de una orden del superior que
indicó agilizar el paso para cumplir con la labor.

Agregó que, desplazarse y caminar para tomar el desayuno no es una actividad
característica, exclusiva y asociada al servicio militar, sino que obedece al
ejercicio de una función básica e inherente al ser humano que implica el
cumplimiento de deberes mínimos de autocuidado y protección.

En síntesis, para el Tribunal accionado, los daños que se ocasionan durante la
prestación del servicio militar obligatorio, pero que devienen del incumplimiento
del deber de autocuidado de los soldados regulares, por falta de pericia o
experticia en el ejercicio y movimiento de su propio cuerpo, en el desarrollo de
actividades cotidianas que deben desarrollar, incluso, fuera de la actividad
militar; configuran la culpa exclusiva de la víctima, siempre que se compruebe
que no está mediada o alterada por orden del superior jerárquico.

Bajo este contexto, determinó que debido a que en el caso concreto, no se probó
que la caída de la propia altura que ocasionó el daño, encontrara su razón de
ser porque se obligó al conscripto a acelerar la marcha a toda costa, porque la
silla táctica estuviera obstaculizando el paso, se encontrara en un lugar donde
no debía permanecer, estuviera en mal estado, causando peligro frente a la

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actividad cotidiana que supone caminar para desplazarse de un lugar a otro; ni
se advierte que, por sí misma, causare un riesgo respecto de su utilización o
ubicación en el espacio; sino que se acreditó que el soldado regular Orrego
Zapata, cayó por la voluntad de disposición de su propio cuerpo, no cumpliendo
de esta forma, con el deber mínimo de autocuidado que debía tener en ese
momento; se configura la culpa exclusiva de la víctima.

Concluyó entonces que, fue el demandante el que contribuyó a la producción del
daño antijurídico, toda vez que no observó el deber de autocuidado al momento
de trasladarse a tomar el desayuno para empezar a realizar sus labores diarias
relacionadas con la prestación del servicio. Como se analizó antes, en el marco
del deber de autocuidado, es claro que el señor Orrego Zapata es responsable
de los daños que, como consecuencia de su conducta, y falta de previsión al
momento de desplazarse, se produjeron. De ahí que con su actuación se
desconoció el deber de autoprotección y permitió la concreción de la lesión como
resultado final.

En este orden de ideas, la Sala considera que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, al proferir la sentencia de 25 de octubre de 2023, no incurrió en
vía de hecho por defecto fáctico, pues la decisión de confirmar la sentencia de 6
de junio de 2022, proferida por el Juzgado Sesenta y Dos Administrativo de
Bogotá, en lo relativo a la negativa de las pretensiones de la demanda de
reparación directa, se soportó en un estudio razonable de los hechos, las
pruebas allegadas al proceso y la normativa aplicable al caso.

Bajo estas consideraciones, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada,
en ejercicio de los principios de autonomía funcional, independencia y sana
crítica, efectuó un alcance probatorio coherente y válido de las pruebas allegadas

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al proceso, que, a pesar de no resultar satisfactorias en su integridad a la parte
accionante, no permiten colegir que su actuación fue contraria a derecho.

En este orden, se debe señalar que los argumentos alegados por la demandante
en el escrito de tutela, demuestran su inconformidad con la actuación y decisión
adoptada por la autoridad judicial demandada, sin acreditar irregularidades de
orden constitucional en las que presuntamente incurrió.

Así las cosas, se concluye que la sentencia de 25 de octubre de 2023, no vulneró
los derechos fundamentales invocados por la parte actora, por cuanto no se
evidencia en su contenido, un análisis arbitrario, infundado o caprichoso ajeno a
preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya una vía de
hecho por defecto fáctico que amerite la intervención del juez de tutela.

III DECISIÓN

Por las razones expuestas, la Sala considera que, en el presente asunto, la parte
actora no acreditó que la sentencia de 25 de octubre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de reparación
directa, hubiere incurrido en alguna de las causales especiales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial. Por tal motivo se negará la
solicitud de amparo invocada por el tutelante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01581-00
Demandante: Yoany Orrego Zapa
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Acción de Tutela – Fallo de Primera Instancia

FALLA

PRIMERO. - NEGAR el amparo de tutela solicitado por el señor Yoany Orrego
Zapata, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO. - De no ser recurrida la presente providencia, por Secretaría remitir
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica
mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el
sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

Discutida y aprobada en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente)

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(Firmado electrónicamente)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(En comisión de servicios)

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