Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01589-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01589-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01589-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
6 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., seis (6) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado : 11001-03-15-000-2024-01589-001
Demandante : JSPC
Demandado : Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cúcuta
Vinculados : Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Unidad
Nacional de Protección
Acción : Tutela
Derecho : Debido proceso
presuntamente
vulnerado
Decisión : Conceder
Procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela incoada por JSPC en
contra del Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cúcuta, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales a la vida, integridad personal, seguridad personal y debido proceso.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por la
actora frente a la situación objeto de censura. Luego, se revisará lo relativo a la
procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente en torno a las
pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
JSPC, en nombre propio, interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener
la protección de sus derechos fundamentales a la vida, integridad personal, seguridad
personal y debido proceso, presuntamente vulnerados por el Consejo Superior de la
Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta.
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Expediente digital disponible en Samai.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-01589-00
Demandante: JSPC
Demandada: Consejo Superior de la Judicatura y otros.
Por consiguiente, solicitó se ordene al Consejo Superior de la Judicatura, proteger su vida
e integridad personal, asignando de manera inmediata para tales efectos, un conductor
al vehículo blindado que le fue entregado para su salvaguarda.
1.3 Hechos.
Narra «JSPC» que, desde 2008 se desempeña como Juez Penal del Circuito
Especializado de Cúcuta y mediante Resolución 00001962 del “30 de marzo de 2023”, la
Unidad Nacional de Protección (UNP) ratificó su nivel de riesgo a extraordinario, razón
por la cual le asignó un hombre de protección, un vehículo blindado y un conductor cuyo
nombramiento quedó supeditado al Consejo Superior de la Judicatura.
Que, las obligaciones se venían cumpliendo con normalidad, hasta el 20 de diciembre de
2022, pues al regresar de las vacaciones colectivas el 11 de enero de 2023, se le informó
que el conductor debía ser compartido con un homologo, y en pocas ocasiones han tenido
que compartirlo, donde, además, al no designársele una persona en exclusividad, solo
cuenta con el servicio de lunes a viernes, entre las ocho (8) de la mañana y seis (6) de la
tarde, con una interrupción de 2 horas al día para el almuerzo del trabajador, que sin
embargo, durante ese tiempo no es requerido, dado que por tratarse de horas hábiles,
siempre se encuentra en el ejercicio de sus funciones judiciales.
Afirma que, la situación la ha puesto en conocimiento del director de Administración
Judicial de esa ciudad, a través de oficio del 21 de junio de 2023, sin tener respuesta,
resaltando la urgencia de la medida ante los compromisos habituales que como cabeza
de familia desempeña fuera de su investidura, como atender las diligencias domésticas y
citas médicas, viéndose en la necesidad de optar por el servicio público particular, y en
su defecto, su vehículo personal, el cual no cuenta con el blindaje adecuado, por lo tanto,
al no tener un conductor exclusivo, se le imposibilita hacer uso del carro blindado para su
protección en horarios diferentes al laboral.
Agrega que, el riesgo extraordinario deviene de los asuntos especializados sometidos a
su experiencia, por cuanto se tratan de los delitos más graves tipificados en el Código
Penal, entre ellos concierto para delinquir agravado, ejecutados por bandas criminales
como el “Tren de Aragua” y tráfico de estupefacientes agravado, que tiene una
connotación trasnacional.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-01589-00
Demandante: JSPC
Demandada: Consejo Superior de la Judicatura y otros.
Que, dado que la demandada no cuenta con el presupuesto suficiente, le pidió
autorización al director de esa seccional, para ella conducir el vehículo a su cargo, al
saber hacerlo y tener licencia de conducción vigente, requerimiento que fue respondido
el 11 de marzo de 2024, en el que se le comunicó que la solicitud fue trasladada a la
directora de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, sin que al término de la
presente acción exista un pronunciamiento o autorización, “[…] mientras que la
camioneta asignada para la seguridad del titular de este Despacho Judicial está
parqueada en el sótano del palacio de justicia […]”.
II. TRÁMITE PROCESAL
Por satisfacer los requisitos formales, este despacho, a través de auto del 9 de abril de
2024, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se ordenó notificar al
Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cúcuta.
2.1 Medida provisional. La tutelante formuló medida cautelar, la cual fue negada con el
auto admisorio de la acción, al considerarse que no se evidencia quebranto o
configuración de perjuicios irremediables para proceder a acceder a tal solicitud de
manera inmediata; posteriormente, debido a la declaratoria de nulidad de la sentencia de
primera instancia, se profirió un auto del 23 de julio del 2024, en el cual se concedió la
medida provisional en vista de las pruebas allegadas al expediente, que evidenciaron la
necesidad y urgencia de la medida a adoptar.
2.2 Contestaciones de la acción.
2.2.1 Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cúcuta (Norte de
Santander). Por conducto de apoderado judicial, manifiesta que, en atención a la
misionalidad de esa entidad, no debería ser la responsable de prestar el esquema de
seguridad requerido, por lo que solicitó se le desvincule por no tener la capacidad ni los
recursos para arrogarse tal compromiso, así mismo, se convoque como litisconsorcio
necesario a la Unidad Nacional de Protección, “[…] a fin de que este explique el alcance
del estudio contenido en la Resolución No. 00001962 de fecha 30 de marzo de 2023, y
el por qué no puede, prestar el esquema de seguridad completo, conforme la accionante
manifiesta, se concluyó en dicho estudio”.
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Demandante: JSPC
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Por otro lado, afirma que mediante los oficios DESAJCUO22-2183 del 21/10/2022,
DESAJCUO23-1941 del 10/10/2023, DESAJCUO24-0075 del 23/01/2024,
DESAJCUO24-0357 del 28/02/2024 y DESAJCUO24-0447 del 11/03/2024, ha dado
respuesta a los requerimientos de la accionante, como también ha comunicado la
situación a la directora de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
2.2.2 Consejo Superior de la Judicatura. Realizó un recuento de los hechos de la tutela,
en lo relacionado con el nivel de riesgo de la actora junto a las acciones adelantadas con
ocasión a ello. Por lo demás, manifestó que “[…] de acuerdo con la solicitud «JSPC» en
que se le asigne un conductor individual para su esquema de protección conforme lo
ordena la resolución 1962 del 30 de marzo de 2023, expedida por la UNP, esta oficina no
tiene competencia ni cuenta con recursos presupuestales para asignar dichos rubros a
las direcciones seccionales para la contratación de conductores, por lo que se solicita sea
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; gire dichos rubros presupuestales para
la contratación de un conductor a la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cúcuta, y se asigne dicho elemento al esquema de seguridad de la señora Juez”, por lo
que indicó que esa entidad no ha vulnerado los derechos de la actora.
2.2.3 Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ). Manifestó que no está
vulnerando los derechos de la parte activa, toda vez que “mediante Resolución No. 6756
de 16 de julio de 2024, trasladó los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva
Seccional, en el sentido de desagregar y adicionar un valor de $2.500.000 de la cuenta
No. 02, identificada con el rubro presupuestal A-02-02-02-008-003, en el marco de la
demanda de tutela con número de radicación 1001-03-15-000-2024-01589-00 promovida
por la actora” y posteriormente adicionó dicha cifra en $ 298.400 a través de Resolución
No. 6843 de 19 de julio de 2024, por lo que solicitó negar las pretensiones de la acción.
2.2.4 Unidad Nacional de Protección. Solicitó ser desvinculado del proceso, ya que de
los hechos y las pretensiones no se evidencia alguna afectación de parte de esa entidad
a los derechos de la actora.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud de
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-01589-00
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las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de
2021.
3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta
Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y
1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, el amparo inmediato de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo
evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Derechos fundamentales a la vida, e integridad y seguridad personal
Estos derechos comportan una garantía contenida en la Constitución, que establece en
su artículo 2° que las autoridades públicas están instituidas para la protección de las
personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Por lo
anterior, para esta labor las autoridades deben proveer efectivamente las condiciones
mínimas de seguridad que posibilitan la existencia de los individuos en sociedad, más
aquellos que están expuestos por su profesión, oficio, entre otros, a riesgos
extraordinarios de recibir daños en su persona.
Estos preceptos constitucionales, guardan eco con derechos convencionales contenidos
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, Pacto de San José y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; instrumentos normativos internacionales vinculantes para el Estado, que
conllevan, junto con la Constitución, a que la seguridad e integridad personal se
constituyan en derechos fundamentales, siendo exigible por los ciudadanos en condición
de riesgo excepcional o en determinadas condiciones, medidas específicas de protección
de parte de las autoridades, a efectos de prevenir la materialización de riesgos
extraordinarios en contra de su vida o integridad personal, más cuando se desprende del
cumplimiento de su labor para el Estado, peligro que no tienen el deber jurídico de
soportar y que las autoridades tienen el deber de mitigar2.
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Ver entre otras, sentencia T-239 del 26 de julio de 2021, de la Corte Constitucional M.P Gloria Stella Ortiz Delgado.
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3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala de esta Subsección a estudiar el
fondo del asunto materia de controversia, de acuerdo con los argumentos que en líneas
siguientes se exponen.
El material probatorio traído al plenario, en lo pertinente, da cuenta de la situación
respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente acción de tutela. En tal virtud,
se destaca:
a. Oficios OSO18-707 y OSO18-708 del 6 de julio de 2018, suscritos por el director
de la Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial, con los que
informa que la demandante tiene conocimiento del presunto atentado perpetuado
en su contra, por lo cual solicitó la adopción de medidas de prevención y se
adelanten los estudios de seguridad que correspondan.
b. Escrito S-2018-072399/SEPRO-GUPRO-29.25 del 15 de julio de 2018, por medio
del cual el comandante del Área Metropolitana de Cúcuta, deja constancia de
haber brindado capacitación de autoprotección a la actora, con el fin de minimizar
su vulnerabilidad, además, sugiere la aplicación de medidas preventivas al
comando del distrito de esa área.
c. Comunicación “014/23 J2PCE” del 3 de marzo de 2023 enviada por la accionante
a la Administración Seccional de Cúcuta, en el que expone la situación del
conductor compartido con un homólogo al señalar que el asignado se encuentra
cursando estudios superiores, y por tanto, su labor la ejerce hasta las seis (6) de
la tarde de lunes a viernes, razón por la cual solicita se le permita un parqueadero
en el edificio donde se desempeña, para guardar su vehículo personal, aunque el
mismo no cumpla las exigencias para su protección.
d. Documento OFI23-00021372 del 4 de mayo de 2023 del Comité de Evaluación de
Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) de la Unidad Nacional de
Protección (UNP), que da cuenta el nivel de riesgo, catalogados como
extraordinario y ordinario, de algunos solicitantes, entre ellos la accionante, al
respecto establece las siguientes recomendaciones para la particular:
Conforme a la Resolución 01962 del 30 de marzo de 2023;
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-01589-00
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Decisión Temporalidad Observaciones
Consejo Superior de la Las medidas de protección 1) En caso de contar con
Judicatura y Unidad Nacional tendrán una temporalidad medidas de protección de
de Protección, para que inicial de doce competencia de la Unidad
adopte las siguientes medidas (12) meses, contados a partir Nacional de Protección,
de protección, en el marco de de la firmeza del presente acto diferentes a las
sus competencias de acuerdo administrativo, recomendadas por el
a lo dispuesto en el parágrafo sin perjuicio de que estas CERREM, proceder a su
2 del articulo 2.4.1.2.6 del medidas puedan ser finalización.
Decreto 1066 del 2015 modificadas por el CERREM, 3) Comunicar al Consejo
adicionado y modificado. de conformidad con el Superior de la Judicatura -
parágrafo 3 del artículo CSJ el resultado del
CSJ: Ratificar un (1) vehículo 2.4.1.2.40. y los artículos Estudio del Nivel de
blindado y un (1) hombre 2.4.1.2.45 y Riesgo.
conductor. 2.4.1.2.46 del
UNP: Ratificar un (1) hombre Decreto 1066
de protección. del 2015
adicionado y modificado.
e. Comunicación “020/23 J2POE” del 25 de abril de 2023, en el que la accionante
pone en conocimiento la falta de combustible para el vehículo que le fue asignado
para su protección, por lo que estará conduciendo a su lugar de trabajo en su carro
particular.
f. Comunicación “03023 J2PCE” del 21 de junio de 2023, por medio del cual, «JSPC»
solicita al presidente de turno del Consejo Superior de la Judicatura, vehículo
blindado y conductor, para salvaguardar su vida e integridad personal, a raíz del
riesgo extraordinario definido por la UNP.
g. Documento OSO23-625 del 19 de julio de 2023, expedido por el el director de la
Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial y dirigido al señor
Sergio Alberto Mora López en calidad de director seccional, en el que hace las
siguientes precisiones:
1. «JSPC», fue evaluada por la Unidad Nacional de Protección en Comité de
Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas CERREM el 23 de febrero
de 2023, donde se expidió la resolución 1962 del 30 de marzo de 2023
asignando un esquema de protección consiste en un Vehículo Blindado y
Conductor, por parte de la Dirección Seccional, y la UNP Asignará un Hombre
de Protección.
2. Por lo anterior, se solicita al señor director seccional que el esquema que fue
asignado por la Unidad Nacional de Protección a «JSPC» no puede ser
compartido ni cambiado en aras de dar cumplimiento a lo establecido en los
decretos 1066 de 2015 y 1139 de 2021.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-01589-00
Demandante: JSPC
Demandada: Consejo Superior de la Judicatura y otros.
h. Comunicación “070/23 JSPCE” del 5 de octubre de 2023, con el que «JSPC»
reitera los requerimientos remitidos al director de esa seccional judicial,
concerniente a la implementación de medidas para su seguridad, como un
conductor para sus desplazamientos en esa ciudad.
i. Oficio DESAJCU023-1941 del 10 de octubre de 2023, enviado por el director de la
seccional de Cúcuta a la Dirección Ejecutiva del nivel central, para la adición de
recursos, amén de dar cumplimiento a las medidas dadas por la UNP, en favor de
la demandante.
j. Comunicación “001/24 J2PCE” del 12 de enero de 2024 radicado «JSPC» en el
que pide que “[…] dado que durante el transcurso de todo el año no fue posible la
asignación de un conductor, le solicito autorización para conducir personalmente
y durante todo el tiempo requerido, el rodante asignado a la protección del titular
de este Juzgado, ya que como el señor Director sabe perfectamente, el riesgo
extraordinario aludido no se reduce a las horas laborables del día ni de lunes a
viernes solamente sino durante todo el tiempo, con el único fin de salvaguardar mi
vida y mi integridad personal”.
k. Oficio DESAJCU024-0075 del 23 de enero de 2024, mediante el cual el director
Seccional de Administración de Cúcuta, pide la adición de recursos
presupuestales destinados a contratar un conductor con dedicación exclusiva
«JSPC», en caso contrario, estudiar la viabilidad de la propuesta hecha por esta,
de conducir el carro blindado que le fue entregado.
l. Comunicación “001/23 J2PCE” del 24 de enero de 2024, dirigido al director de la
oficina de la Administración Judicial de Cúcuta, en el que «JSPC» solicita la
disposición de un conductor de uso exclusivo, en virtud de los asuntos jurídicos
puestos a su conocimiento.
m. Comunicación “020/24 J2PCE” del 1º de marzo de 2024, en el que «JSPC» reseña
la situación de inseguridad que padece la ciudad de Cúcuta, y que la puede afectar
por la gravedad de los casos en que imparte justicia, por lo tanto, pide la
designación de un conductor para su uso diario.
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Demandante: JSPC
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n. Comunicación “027/24 J2PCE” entregada por la demandante el 6 de marzo de
2024, en el que pide respuesta a las solicitades antes formuladas.
o. Oficio DESAJCU024-0447 del 11 de marzo de 2024, a través del cual, el director
seccional le informa a la tutelante el estado de la situación, y refiere que esa unidad
no cuenta con recursos para contratar un conductor a su orden y suplica seguir
compartiendo el asignado a ambos jueces.
Ahora bien, la inconformidad de la accionante radica en que a la fecha de presentación
de la acción constitucional de la referencia no se le ha dado respuesta de fondo a sus
múltiples requerimientos, que, como se expuso claramente, se trata de la designación de
un conductor de uso exclusivo para su desplazamiento en la ciudad de Cúcuta, dado que
en su despacho cursan procesos con un alto grado de responsabilidad en la imposición
de las decisiones judiciales, así mismo, precisa que si bien, le fue asignado una persona
para esos menesteres, lo cierto es que, en la actualidad es de uso compartido con otro
funcionario judicial, que comporta su misma situación.
Conforme a la relación probatoria realizada, se encuentran sendas comunicaciones o
peticiones enviadas al director de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cúcuta, las últimas están calendadas del 24 de enero, 1º y 6 de marzo de
2024, sin haber obtenido contestación o aplicación de las medidas al término de esta
sentencia.
En ese orden de ideas, la Sala considera acreditada la vulneración de las garantías
superiores a la vida, integridad personal y seguridad personal por parte de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, al no dar respuesta oportuna y eficiente a los
pedimentos que en varias ocasiones le fue formulada por la accionante, incluso, en ellos
pormenorizó las situaciones acaecidas, como el uso compartido del conductor, la falta de
combustible del vehículo blindado, el desplazamiento en su carro particular sin contar con
los elementos de seguridad para esas actividades, como también, propuso conducir el
que le fue asignado por esa entidad en virtud de lo recomendado por la UNP.
En cuanto al uso compartido del conductor del vehículo, téngase en cuenta que, con oficio
OSO23-625 del 19 de julio de 2023, el director de la Oficina de Asesoría para la Seguridad
de la Rama Judicial le informaba al director seccional que el esquema de seguridad “no
puede ser compartido ni cambiado en aras de dar cumplimiento a lo establecido en los
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-01589-00
Demandante: JSPC
Demandada: Consejo Superior de la Judicatura y otros.
decretos 1066 de 2015 y 1139 de 2021”, a su vez, la UNP mediante documento OFI23-
00021372 del 4 de mayo de 2023, destacó que, al Consejo Superior de la Judicatura, le
corresponde disponer de un vehículo y un conductor para cubrir lo allí decidido, por lo
tanto, no es de recibo lo afirmado por el apoderado judicial de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, el asegurar que no está dentro de las
funciones de ese ente garantizar o implementar tales mecanismos, pues de no ser así ha
podido interponer, de manera oportuna, las acciones o recursos encaminados a
cuestionar lo allí consignado.
Ahora bien, es menester volvernos a referir al oficio OFI23-00021372 del 4 de mayo de
2023 de la UNP, el cual fija una temporalidad para las medidas de protección, esto es,
“(12) meses, contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo”, por lo que,
como se anunció, se ampararán los derechos fundamentales invocados «JSPC» al
encontrarse probada su vulnerabilidad, teniendo en cuenta, la clase de asuntos repartidos
para su estudio, en tal sentido deberá el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial adoptar las medidas para su cumplimiento de
acuerdo a las medidas de protección que a la fecha se encuentren vigentes.
Si bien, la DEAJ ha manifestado que en dos ocasiones ha trasladado recursos para poder
contratar al conductor, y para ello ha remitido copia de los contratos No. C-017 y C-019
de 2024, junto con el acta de inicio de C-017 de julio de 2024 y C-019 de agosto de 2024,
lo cierto es que esos contratos se suscribieron con ocasión de la sentencia declarada
nula y por la medida provisional decretada, pero su temporalidad es de solo un mes, por
lo que no puede indicarse que exista carencia actual de objeto por hecho superado en
este caso.
Frente a la solicitud de desvinculación de la UNP, se tiene que dicha entidad fue llamada
al proceso en vista de que se constituye como un tercero con interés en las resultas del
mismo, razón por la cual no es viable ordenar su desvinculación.
Finalmente, es del caso efectuar un llamado de atención a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, para que demande un mayor esfuerzo en garantizar la seguridad
de los funcionarios públicos judiciales que se encuentran en riesgo excepcional por el
servicio que prestan en nombre del Estado, los cuales se ven obligados a acudir al
amparo constitucional para que se les brinden las garantías de seguridad y cuidado de
su integridad.
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Demandante: JSPC
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IV. DECISIÓN
A partir de los anteriormente expuesto, comoquiera que se evidencia el quebranto de los
derechos constitucionales fundamentales a la vida e integridad y seguridad personal, se
ampararán tales garantías superiores y se ordenará al Consejo Superior de la Judicatura
y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, dispongan de los recursos
presupuestales para implementar las medidas de seguridad actualmente vigentes a
«JSPC», esto es, la asignación de un conductor para su uso exclusivo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO: AMPARAR los derechos constitucionales fundamentales a la vida e
integridad y seguridad personal invocados por «JSPC», en los términos indicados en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura y a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que, dentro de los diez (10) días siguientes
a la notificación de esta providencia, disponga los recursos presupuestales para aplicar
las medidas de seguridad actualmente vigentes a favor de «JSPC», consistente a la
designación de un conductor de uso exclusivo para sus desplazamientos, de acuerdo con
lo expuesto en las consideraciones.
TERCERO: Adviértase a la autoridad indicada en el ordinal anterior, que el
incumplimiento de lo dispuesto en este fallo dará lugar a las sanciones establecidas en
el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De acuerdo con la anterior decisión, se LEVANTARÁ la medida provisional
ordenada en el auto del 23 de julio del 2024, toda vez que con la orden impartida en esta
sentencia se garantizan los derechos fundamentales de la actora.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-01589-00
Demandante: JSPC
Demandada: Consejo Superior de la Judicatura y otros.
QUINTO: NOTIFÍCAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma
y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
SEXTO: Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
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