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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01591-00

Fecha
9 de mayo de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01591-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa 29 Núm. único de radicación: 11001031500020240159100 Actor: Carlos Óscar Gaviria Guzmán por pasiva formulada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de las pretensiones del actor relacionadas con resolver el recurso de apelación interpuesto contra el Oficio núm. CSJBOOP24-48 de 22 de enero de 2024 y suspender el Acuerdo núm. CSJBOA24-13 de 9 de febrero de 2024, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto de los reparos propuestos contra el Acuerdo núm. PCSJA23-12124 de 19 de diciembre de 2023, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NEGAR la solicitud de tutela frente a la falta de respuesta a “[…] la solicitud de fecha 12 de enero de 2024 por medio del cual se solicita traslado al juzgado 8 […]” que señaló el actor, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. QUINTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. SEXTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 30 Núm. único de radicación: 11001031500020240159100 Actor: Carlos Óscar Gaviria Guzmán

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01591-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

9 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202401591-00
Actor: Carlos Óscar Gaviria Guzmán
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial y otro1

Temas: Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la
acción de tutela

Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad, ii) acceso a cargos públicos,
iii) debido proceso y iv) trabajo

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Carlos Óscar Gaviria Guzmán
contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura –
Presidencia, Unidad de Administración de Carrera Judicial y el Consejo Seccional
de la Judicatura de Bolívar.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI, Documento denominado “16ED_CARATULAPDF(.pdf) NroActua 3”. Archivo

aportado en forma digital.

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Núm. único de radicación: 11001031500020240159100
Actor: Carlos Óscar Gaviria Guzmán

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor2, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Presidencia, Unidad de
Administración de Carrera Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de
Bolívar, porque, a su juicio: i) la Presidencia, al expedir el Acuerdo PCSJA23-12124
de 19 de diciembre de 20233; ii) la Unidad de Administración, al no resolver el
recurso de apelación interpuesto contra el Oficio núm. CSJBOOP24-48 de 22 de
enero de 20244; y iii) el Consejo Seccional, al expedir el Acuerdo núm. CSJBOA24-
13 de 9 de febrero de 20245 y al no “[…] Dar respuesta a la solicitud de fecha 12 de
enero de 2024 por medio del cual se solicita traslado al juzgado 8 […]”: vulneraron
sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Manifestó que, “[…] Mediante Resolución No. CSJBOR21-1330 12 de octubre
de 2021 de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar
conformó el Registro Seccional de Elegibles para el cargo de Escribiente de Juzgado
de Circuito y se identificó con el código 260413 […]”.

4. Sostuvo que, “[…] Hice parte de ese listado y una vez quedó en firme por
RESOLUCION No. CSJBOR21-1593 del 30 de noviembre de 2021, se publicó la
vacante de Escribiente del Juzgado Séptimo de Familia conforme el ACUERDO No.
CSJBOA22-430 del 28 de septiembre de 2022 y se comunicó a través del oficio No.
CSJBOO22-391 de fecha 30 de septiembre de 2022 remitido a ese juzgado […]”.

2 Quien manifestó desempeñar el “[…] cargo de ESCRIBIENTE […] CENTRO DE SERVICIOS DEL SISTEMA
PENAL ACUSATORIO DE CARTAGENA […]”.
3 “Por medio del cual se crean unos despachos y cargos de carácter permanente en la Jurisdicción Ordinaria

a nivel nacional”.
4 Mediante el cual se resolvió con “Concepto desfavorable de solicitud de traslado”.
5 “Por medio del cual se formula ante el Juzgado 003 de Familia del Circuito de Cartagena, lista de candidatos

para proveer en propiedad el cargo ESCRIBIENTE JUZGADO DE CIRCUITO NOMINADO- Identificado con el
código 260413”.

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Núm. único de radicación: 11001031500020240159100
Actor: Carlos Óscar Gaviria Guzmán

5. Indicó que, “[…] En ese momento y por estar en el primer lugar de la lista,
opté por esa vacante y tomé posesión el día 10 de noviembre del 2022, cargo en el
que me he venido desempeñando adquiriendo experiencia durante todo el año 2023
[…]”.

6. Advirtió que, “[…] Cabe destacar que en enero del año 2023 el Consejo
Seccional de la Judicatura, remitió un comunicado CSJBOOP23-87 a mi persona
en el cual me informaba de traslado definitivo del cargo al Centro de Servicios del
Sistema Penal Acusatorio, toda vez que el Juzgado Séptimo de Familia, cuenta con
dos funcionarios en el cargo de citador. Grande fue mi sorpresa y desde ese
momento manifesté mi NEGATIVA de ser trasladado a los juzgados penales como
consta en Respuesta oficio CSJBOOP23-87 […]”.

7. Manifestó que, “[…] A pesar de mi negativa, el Consejo Superior de la
Judicatura mediante ACUERDO PCSJA23-12124 del 19 DICEMBRE-2023, decidió
eliminar y crear unos nuevos cargos a nivel nacional, dentro de los cuales el cargo
de escribiente que venía ocupando en el Juzgado Séptimo de Familia fue suprimido
y trasladado al Centro de Servicios Penales […]”.

8. Adujo que, “[…] Así mismo, es de advertir que en el mismo Acuerdo del 19
de diciembre se creó el Juzgado 8 de Familia y no me dieron traslado para allá sino
para el Centro de Servicios. Sin embargo, mediante memorial del 12 de enero de
2024, radiqué solicitud de traslado al Juzgado 8 de familia por ser un cargo similar
al ocupado […]”.

9. Expresó que, “[…] solicité el traslado al cargo de escribiente del Juzgado 3 de
Familia de Cartagena (el cual se encuentra vacante), lo cual fue negado por el
Consejo Seccional, decisión en contra de la cual interpuse recurso de apelación
ante el superior, y encontrándose pendiente por resolver la alzada […]”.

10. Sostuvo que, “[…] el Consejo Seccional de Bolívar, vulnerando de forma
flagrante mi derecho al debido proceso, emitió acuerdo N° CSJBOA24-13 del 9 de
febrero 2024, mediante el cual remitió listado de aspirantes al cargo del cual estoy
esperando me sea concedido el traslado […]”.

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Núm. único de radicación: 11001031500020240159100
Actor: Carlos Óscar Gaviria Guzmán

La solicitud de tutela

Pretensiones

11. El actor formuló las siguientes pretensiones en su escrito de tutela:

“[…] 1. Se proteja mi derecho fundamental al debido proceso, igualdad, acceso a
cargos públicos contenidos en la Constitución Política.

2. Que en tal virtud, se ordene a SUSPENDER el acuerdo PCSJA23-12124 del 19
de diciembre de 2023, por medio del cual eliminar y crear unos nuevos cargos a
nivel nacional, dentro de los cuales se encuentra el cargo de escribiente que vengo
ocupando en el juzgado séptimo de familia, por ser contrario a los requisitos
expuesto dentro del concurso de méritos pues permite el traslado.

3. Dar respuesta a la solicitud de fecha 12 de enero de 2024 por medio del cual
se solicita traslado al juzgado 8 por ser un cargo similar al ocupado y como quiera
que desde el mes de enero de 2023 informe mi negativa para ser trasladado al centro
de servicios penales […]”. (Resaltado por la Sala)

11.1. Igualmente, en el escrito de tutela, el actor presentó el siguiente reparo y
solicitud:

“[…] En oficio Nº CSJBOOP24-48. Se me dio concepto desfavorable al traslado
solicitado al JUZGADO 3RO DE FAMILIA DE CARTAGENA en fecha del 26 de
Enero día que recibí notificación por correo y luego se presentó recurso de
reposición en subsidio de apelación el día 5 de febrero del cual recibí respuesta
por correo el día 11 de marzo donde remitían mi caso a la unidad de carrera para
resolver y a la fecha no han dado respuesta […]”.

[…]

“[…] SE ORDENE de manera urgente, prioritaria y sin dilación alguna
SUSPENDER DE MANERA PROVISIONAL el acuerdo N° CSJBOA24-13 del 9
de febrero 2024 emitido por el Consejo Seccional de Bolívar, mediante el cual
remitió al nominador el listado de aspirantes al cargo de escribiente del Juzgado 3
de Familia de Cartagena, siendo que ante el Consejo Superior de la Judicatura se
encuentra surtiendo recurso de apelación que interpuse contra la decisión que no
me concedió concepto favorable para ESE MISMO CARGO del Juzgado 3 de
Familia de Cartagena […]”.(Resaltado por la Sala)

12. Como fundamento de su solicitud, consideró lo siguiente6:

“[…] en el mismo acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura por medio del cual
trasladan mi cargo del Juzgado de Familia hacia el Centro de Servicios de Juzgados
Penales, se creó un nuevo Juzgado de Familia (que cuenta dentro de su planta de
personal con el cargo de escribiente) y en vez de trasladarme a ese nuevo juzgado,
el Consejo Seccional de la Judicatura me niega esa posibilidad.

6 Transcripción literal del texto.

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Núm. único de radicación: 11001031500020240159100
Actor: Carlos Óscar Gaviria Guzmán

Si lo anterior fuera poco, solicité el traslado al cargo de escribiente del Juzgado 3 de
Familia de Cartagena (el cual se encuentra vacante), lo cual fue negado por el
Consejo Seccional, decisión en contra de la cual interpuse recurso de apelación ante
el superior, y encontrándose pendiente por resolver la alzada, el Consejo Seccional
de Bolívar, vulnerando de forma flagrante mi derecho al debido proceso, emitió
acuerdo N° CSJBOA24-13 del 9 de febrero 2024, mediante el cual remitió listado de
aspirantes al cargo del cual estoy esperando me sea concedido el traslado.
Vislumbrándose así un perjuicio irremediable, por cuanto la Seccional Bolívar remitió
un listado para un cargo (escribiente juzgado 3 de familia de Cartagena) sin tener en
cuenta que estoy a la espera de que el Consejo Superior (dentro del trámite de la
apelación) me conceda concepto favorable para traslado a ESE MISMO CARGO!!!
[…]”.

[…]

“[…] SEXTO: Así mismo, es de advertir que en el mismo Acuerdo del 19 de diciembre
se creó el Juzgado 8 de Familia y no me dieron traslado para allá sino para el Centro
de Servicios. Sin embargo, mediante memorial del 12 de enero de 2024, radiqué
solicitud de traslado al Juzgado 8 de familia por ser un cargo similar al ocupado.

SEPTIMO: el Consejo Seccional de la Judicatura, en una respuesta absurda me
niega el traslado con el argumento que los traslado (sic) debe darse en la misma
especialidad y que por laborar en el Centro de Servicios no procede. Me pregunto:
¿Acaso no era servidor de los juzgados de familia? Nadie puede sacar provecho de
su propia incuria y mi voluntad al momento de vincularme a la Rama Judicial era estar
en la especialidad de familia. Lo formal no debe primar sobre lo sustancial

OCTAVO: La Carrera Judicial no se puede desconocer ni se le puede dar un manejo
caprichoso. El servicio público se ve mejor representado con una persona que ya
venía laborando en un Juzgado de Familia y que adquirió destrezas y habilidades
que son más favorables que quien se le designe “provisionalmente” en el Juzgado de
Familia pues empezará a conocer del cargo. Soy padre de familia que tiene a cargo
un niño con parálisis cerebral y epilepsia y dada sus condiciones no puedo renunciar
a mi cargo […]”.

[…]

“[…] A manera de conclusión se tiene que, el derecho de acceder a cargos públicos,
consiste en la posibilidad que tienen los ciudadanos de presentarse a concursar para
proveer dichos cargos, una vez se hayan cumplido los requisitos previstos en la
convocatoria para postularse.

Este derecho implica protección a favor de los ciudadanos en el sentido de que las
decisiones estatales no pueden arbitrariamente impedirles acceder a un cargo
público, así como tampoco pueden estar encaminadas a desvincularlos de manera
arbitraria del mismo, ni mucho menos les está dado impedirles arbitrariamente el
ejercicio de sus funciones […]”.

[…]

“[…] De lo anterior se colige que existe una facultad de la entidad nominadora para
realizar traslados, el mismo no puede ir en desmedro del ejercicio profesional del
trabajador […]”.

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Núm. único de radicación: 11001031500020240159100
Actor: Carlos Óscar Gaviria Guzmán

Actuación

13. El Despacho sustanciador, mediante auto de 9 de abril de 2024: i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar a la Presidenta del Consejo Superior de la
Judicatura, a la Directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial y al
Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar; iii) negó la medida
provisional solicitada por el actor; iv) accedió a la solicitud que presentó el actor
relacionada con la vinculación, en calidad de tercero con interés legítimo, de Gaby
del Carmen Arrieta Pedraza, concediéndole el término de tres (3) días para que
rindieran informe sobre el particular; y v) negó la solicitud que presentó el actor
relacionada con la vinculación, en calidad de tercero con interés legítimo, de “[…]
DANIEL PUENTE LLAMAS […]”.

Intervención de la demandada y del tercero con interés legítimo

14. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, solicitó i) su
desvinculación, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva; y
ii) negar la acción de tutela por carencia actual de objeto por hecho superado. Para
tal efecto manifestó lo siguiente:

“[…] Atendiendo lo expuesto, aunado a las competencias en cabeza de esta
seccional, tenemos que, de salir avante la pretensión de suspender los efectos del
Acuerdo N° PCSJA23-12124 del 19 de diciembre de 2023, conforme a lo
ampliamente expuesto en párrafos anteriores, carecemos de legitimación en la
causa por pasiva para enfrentar esta reclamación del actor, por lo que solicitamos
así se declaré en la presente tutela.

Ahora bien, el Acuerdo N° PCSJA23-12124 del 19 de diciembre de 2023 “Por medio
del cual se crean unos despachos y cargos de carácter permanente en la Jurisdicción
Ordinaria a nivel nacional” se encuentra debidamente ejecutoriado, por lo cual el
tutelante cuanta (sic) con un medio de defensa para controvertirlo, esto es, el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 138 de
la Ley 1437 de 2011, lo que impide al Juez de tutela pronunciarse al respecto de su
suspensión.

En el mismo sentido, en firme el Acuerdo N° PCSJA23-12124 del 19 de diciembre
de 2023, pretende el tutelante cuestionar la validez de un acto administrativo,
solicitando su suspensión provisional, de lo cual tenemos que, por regla general en
lo que respecta a este asunto, la tutela se torna improcedente […]”.

[…]

“[…] De lo anterior se tiene que el concepto de traslado fue desfavorable por cuanto
en la solicitud, no se indicó el Juzgado de Familia al cual pretendía trasladarse,

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Actor: Carlos Óscar Gaviria Guzmán

aunado a lo anterior la calificación de servicios presentada no se encontraba
debidamente ejecutoriada.

En punto a la motivación expuesta por el servidor en su solicitud de traslado, se
aclara, en el escrito primigenio, el hoy tutelante no adujo que su hijo padece parálisis
cerebral y epilepsia, argumento del cual esta seccional solo tuvo conocimiento con
la presente acción de tutela, por lo que, al no ser estudiado en sede administrativa,
mal podría tomarse como argumento para desvirtuar lo decidido en el oficio señalado
en precedencia y en virtud del cual se negó el traslado solicitado […]”.

[…]

“[…] En suma, esta seccional no cuenta con solicitud de fecha 12 de enero de 2024,
mediante la cual el tutelante solicité (sic) el traslado al Juzgado 8° de Familia de
Cartagena. Contrario sensu solo (sic) existe memorial de fecha 11 de enero de 2024,
aclarado mediante mensaje de datos de fecha 12 de enero de la presente anualidad,
en el cual se aclaró que el Juzgado al que pretendía trasladarse, es el Juzgado 3°
de Familia de Cartagena, solicitud a la cual como se señaló en precedencia, se le
impartió el respectivo trámite […]”.

[…]

“[…] De otra parte, en el marco de las competencias asignadas, esta seccional
impartió el respectivo trámite a la solicitud de traslado presentada por el servidor
Carlos Óscar Gaviria Guzmán, el 11 de enero de 2024, a través del oficio N°
CSJBOOP24-48 del 22 de enero de 2024, por medio del cual se resolvió de fondo la
solicitud de traslado y de la Resolución N° CSJBOR24-151 del 16 de febrero de
2024, en virtud de la cual se desató recurso de reposición y se concedió el recurso
de apelación.

Sin embargo, a la fecha y con ocasión al recurso de apelación presentado, la
actuación administrativa iniciada el 11 de enero de 2024, no ha culminado,
encontrándose pendiente desatar el recurso de apelación por parte de la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.

Amén de lo expuesto y en aras de garantizar el acceso a cargos públicos que
reprocha el tutelante, se solicitó al Juzgado 3° de Familia de Cartagena, suspender
el nombramiento en el cargo de escribiente, hasta tanto se resuelva el
plurimencionado recurso […]”.

15. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura, solicitó negar la acción de tutela por carencia actual de objeto por hecho
superado. Para tal efecto manifestó lo siguiente:

“[…] Toda vez que del recuento fáctico hecho por el accionante se infiere su intención
de obtener un pronunciamiento por parte de la Unidad de Administración de la
Carrera Judicial respecto del recurso de apelación interpuesto por este el 5 de
febrero de 2024 contra el Oficio CSJBOOP24-48 de 2024, se debe precisar que esta
Unidad a través de la Resolución CJR24-0124 de 2024 resolvió dicho recurso. En
ese sentido esta decisión fue notificada a la dirección electrónica
carlos.gaviria2306@gmail.com el día 17 de abril de 2024 a través del Oficio CJO24-
1988 del 17 de abril de 2024, y mediante oficio CJO24-1989 al buzón de correo
electrónico del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar.

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Núm. único de radicación: 11001031500020240159100
Actor: Carlos Óscar Gaviria Guzmán

Se advierte que con la decisión proferida en sede de apelación por parte de la Unidad
de Administración de Carrera Judicial fue resuelta la pretensión principal del
accionante al proferirse el respectivo concepto favorable de traslado al Juzgado
Tercero de Familia de Cartagena y de esta forma garantizarse sus derechos de
servidor de carrera, así como sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y acceso a cargos públicos.

En consecuencia, esta Unidad cumplió con el trámite de su competencia y le
corresponde al Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar dar cumplimiento al
procedimiento establecido en el Artículo Vigésimo Primero del Acuerdo PCSJA17-
10754 de 2017 en el sentido de remitir a la autoridad nominadora el concepto de
traslado conjuntamente con las listas de elegibles, si a ello hubiere lugar, para la
decisión definitiva, toda vez que, ante las solicitudes de traslado que presentan los
servidores judiciales, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial o los
Consejo Seccionales de la Judicatura, según su competencia, se limitan a valorar
los presupuestos necesarios para la emisión de concepto previo, pero la decisión de
conceder o no el traslado, le corresponde a la respectiva autoridad nominadora, con
base en criterios objetivos y ponderaciones razonables que prioricen el ingreso de
servidores de carrera […]”.

16. Gaby del Carmen Arrieta Pedraza guardó silencio en esta oportunidad
procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

17. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19917, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20218 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20199, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

18. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a

7 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
8 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
9 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Actor: Carlos Óscar Gaviria Guzmán

falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

De la legitimación en la causa por pasiva

19. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.

20. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.

21. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 200610, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que

10 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

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Actor: Carlos Óscar Gaviria Guzmán

el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[11].
(Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.

22. La Sala advierte que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar solicitó
su desvinculación, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.

23. Al respecto, la Sala advierte que dicha entidad fue notificada como autoridad
demandada, comoquiera que el actor presentó reparos en su contra, es decir, le
asiste interés en el resultado del proceso de la referencia.

24. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que, al Consejo Seccional de
la Judicatura de Bolívar le asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala
profiera.

25. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bolívar.

11 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562

de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

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Núm. único de radicación: 11001031500020240159100
Actor: Carlos Óscar Gaviria Guzmán

Problemas jurídicos

26. Corresponde a la Sala establecer: si, en efecto, i) es procedente o no declarar
la carencia actual de objeto por hecho superado; y si la respuesta al anterior
interrogante es negativa, ii) corresponde establecer si es procedente la acción de
tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia, y
de ser así, iii) establecer si las autoridades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por el actor, con ocasión a la falta de resolución del
recurso de apelación interpuesto contra el Oficio núm. CSJBOOP24-48 de 22 de
enero de 202412, la falta de “[…] respuesta a la solicitud de fecha 12 de enero de
2024 por medio del cual se solicita traslado al juzgado 8 […]” y la expedición del
Acuerdo PCSJA23-12124 de 19 de diciembre de 202313 y del Acuerdo núm.
CSJBOA24-13 de 9 de febrero de 202414.

27. Para resolver dichos problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes
temas: i) la carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la
acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela frente a actos administrativos;
iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo;
iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de acceso
a cargos públicos; v) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso, vi) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental a la igualdad; vii) análisis del caso concreto, y finalmente viii)
las conclusiones de la Sala.

La carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la
acción de tutela

28. La figura de la carencia actual de objeto por hecho superado se encuentra
establecida en el artículo 26 del Decreto 2591, al disponer lo siguiente:

“[…] Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial,
que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la

12 Mediante el cual se resolvió con “Concepto desfavorable de solicitud de traslado”.
13 “Por medio del cual se crean unos despachos y cargos de carácter permanente en la Jurisdicción Ordinaria

a nivel nacional”.
14 “Por medio del cual se formula ante el Juzgado 003 de Familia del Circuito de Cartagena, lista de candidatos

para proveer en propiedad el cargo ESCRIBIENTE JUZGADO DE CIRCUITO NOMINADO- Identificado con el
código 260413”.

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Actor: Carlos Óscar Gaviria Guzmán

solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren
procedentes […]”.

29. Ahora bien, la Corte Constitucional en relación con la carencia actual de
objeto por hecho superado, mediante sentencia T-817 de 200515, consideró lo
siguiente:

"[…] Ha sostenido esta Corporación en reiterada jurisprudencia, que cuando
hechos sobrevivientes a la instauración de la acción de tutela, alteran de
manera significativa el supuesto de fáctico sobre el que se estructuró el
reclamo constitucional, al punto que desaparece todo su fundamento, decae
la necesidad de protección actual e inmediata que subyace a la esencia de la
acción. En consecuencia, el juez constitucional queda inhibido para proferir una
orden orientada al restablecimiento del orden constitucional quebrantado […]”. (Se
resalta).

30. Sobre el mismo punto, la Sala de esta Sección ha considerado que16:

“[…] Al respecto, valga reiterar que es clara la posición adoptada por parte del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en cuanto a que la decisión del juez de
tutela pierde o carece de objeto cuando, al momento de proferir sentencia, se
advierte que la situación fáctica expuesta por el actor en su demanda ya ha sido
saneada. Dicha situación tiene como consecuencia automática que desaparece toda
posibilidad de amenaza efectiva o daño a un derecho fundamental.

Tal como ocurre en el presente caso, la carencia de objeto por hecho superado se
genera cuando se advierte que lo pretendido con la acción de tutela era una orden
de actuar y, previo al pronunciamiento del juez, sobrevienen hechos que demuestran
que la entidad accionada acató la solicitud y que su correspondiente conducta resulta
suficiente para impedir que continúe la vulneración del derecho fundamental, motivo
por el cual la tutela pierde eficacia y razón de ser. En este orden, al extinguirse su
objeto resulta inocua cualquier decisión judicial que se dicte, toda vez que “la posible
orden que impartiera el juez caería en el vacío […]”.

31. Así las cosas, la Sala considera que la carencia actual de objeto por hecho
superado en la acción de tutela se predica, de aquellos eventos en los cuales,
durante el trámite de las instancias o en sede de revisión de la acción, se produce
la satisfacción de lo perseguido a través de esta, haciéndola ineficaz al
restablecerse la garantía invocada y no resultar factible emitir una orden de
protección17.

15 Corte Constitucional. Sentencia T- 817 de 9 de agosto de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de

2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 01907 00
17 Corte Constitucional. Sentencia T-287 de 20 de mayo de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

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Actor: Carlos Óscar Gaviria Guzmán

32. En ese orden de ideas, cuando se alega por parte de la autoridad accionada,
o el actor afirma que se ha logrado el propósito perseguido con la interposición de
la acción de amparo, el juez de tutela deberá decretar la ocurrencia de la carencia
actual de objeto, puesto que no tiene la posibilidad de emitir orden alguna al haberse
superado la circunstancia que motivó promover el mecanismo constitucional.

Procedencia de la acción de tutela frente a actos administrativos

33. Sobre el particular, resulta importante poner de presente que, de conformidad
con lo establecido por el artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la
subsidiariedad de la acción de tutela, esta no procede, por regla general, para
controvertir actos administrativos ya sean de carácter particular y concreto (numeral
1.°) o de carácter general, impersonal y abstracto (numeral 5.°), toda vez que el
legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su legalidad,
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y el medio de control
de nulidad, o la nulidad por inconstitucionalidad o la acción de inconstitucionalidad18
si lo que se indica es que el acto administrativo general quebrantó la Constitución
Política.

34. En ese sentido, la jurisprudencia19 de la Corte Constitucional ha sido
reiterativa en expresar que:

“[…] cuando se trata de objetar o controvertir actos administrativos, en principio se
debe acudir a la jurisdicción contencioso administrativa y no a la acción de tutela,
salvo que el juez determine que tales mecanismos no proporcionan una eficaz y
pronta protección a los derechos que se pretenden salvaguardar o se esté ante la
posibilidad que se configure un perjuicio irremediable, pero en todo caso las
acciones judiciales contencioso administrativas no pueden haber caducado al
momento de interponerse la acción de tutela.
[…]

“[…] Atendiendo a las características de la acción de tutela, la Corte ha explicado
que ésta procederá contra actos de contenido general, impersonal y abstracto, sólo
excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de los derechos
fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible ocurrencia de un
perjuicio irremediable y, además, sea posible establecer que el contenido del acto
de carácter general, impersonal y abstracto afecta clara y directamente un derecho
fundamental de una persona determinada o determinable. Solo en estos casos el
juez puede hacer uso de la facultad excepcional consistente en ordenar la
inaplicación del acto para el caso concreto, con un carácter eminentemente

18 Ver: Corte Constitucional. Sentencia T-097 de 20 de febrero de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
19 Corte Constitucional. Sentencia C-132 de 28 de noviembre de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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Núm. único de radicación: 11001031500020240159100
Actor: Carlos Óscar Gaviria Guzmán

transitorio mientras se produce la decisión de fondo por parte del juez competente
[…]”.

35. En ese orden de ideas, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas
circunstancias especiales, procede la acción de tutela contra actos administrativos,
siempre que, i) se esté ante la presencia de la vulneración de derechos
fundamentales y, ii) exista peligro de la ocurrencia de un perjuicio irremediable; con
lo que el amparo procedería como mecanismo transitorio. En ese sentido, en
sentencia T-514 de 200320, la Corte Constitucional determinó:

“[…] la Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es
improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la
expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos
tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción
de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas
cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii)
que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del
acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo
no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso
respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. […]”. (Resaltado
por la Sala).

36. En ese orden de ideas, en principio la acción de tutela resulta improcedente
para controvertir la legalidad de actos administrativos, a menos que esté en juego
la vulneración de derechos fundamentales y se busque evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual, procedería el amparo de manera transitoria.
Sin embargo, cuando se está frente a una vía de hecho administrativa y un perjuicio
irremediable, el juez de tutela podría conceder la protección definitiva mediante la
acción constitucional.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
trabajo

37. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a
un trabajo en condiciones dignas y justas […]”.

20 Corte Constitucional, Sentencia T-514 de 19 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

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38. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo
ha dicho lo siguiente21:

“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un
derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de
derecho y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental
el derecho al trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la
personalidad jurídica; un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la
medida en que a través de él la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve
logran su perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el individuo no podría
existir dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona los medios
indispensables para su congrua subsistencia y además desarrolla su potencial
creativo y de servicio a la comunidad. El derecho al trabajo es la actividad que lo
pone en contacto productivo con su entorno.

El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja
en la especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido de
protección subjetiva con la enumeración de principios mínimos que limitan el
ejercicio legislativo (artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la
responsabilidad del Estado en la promoción de políticas de pleno empleo (artículo
334) […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
acceso a cargos públicos

39. Visto el numeral 7 del artículo 40 de la Constitución Política de Colombia de
1991, que establece que:

“[…] Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: […]”.

[…]

“[…] Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos,
por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará
esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse […]”.

40. Atendiendo a que la Corte Constitucional22 ha entendido que entran dentro
del ámbito de protección de este derecho “[…] (i) la posesión de las personas que
han cumplido con los requisitos para acceder a un cargo23, (ii) la prohibición de
establecer requisitos adicionales para entrar a tomar posesión de un cargo, cuando
el ciudadano ha cumplido a cabalidad con las exigencias establecidas en el

21 Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-339 de 4 de mayo de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
23 Sentencia T-309 de 1993.

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concurso de méritos24, (iii) la facultad de elegir de entre las opciones disponibles
aquella que más se acomoda a las preferencias de quien ha participado y ha sido
seleccionado en dos o más concursos25, (iv) la prohibición de remover de manera
ilegítima (ilegitimidad derivada de la violación del debido proceso) a una persona
que ocupen un cargo público […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

41. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

42. Atendiendo a que, la Corte Constitucional26 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

24 Sentencia T-313 de 2006.
25 Sentencia T-451 de 2001.
26 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

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Núm. único de radicación: 11001031500020240159100
Actor: Carlos Óscar Gaviria Guzmán

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad

43. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan […]”.

44. Atendiendo a que la Corte Constitucional27 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales […]”.

Análisis del caso en concreto

45. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Presidencia, Unidad de
Administración de Carrera Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de
Bolívar, porque, a su juicio: i) la Presidencia, al expedir el Acuerdo PCSJA23-12124

27 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

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Núm. único de radicación: 11001031500020240159100
Actor: Carlos Óscar Gaviria Guzmán

de 19 de diciembre de 202328; ii) la Unidad de Administración, al no resolver el
recurso de apelación interpuesto contra el Oficio núm. CSJBOOP24-48 de 22 de
enero de 202429; y iii) el Consejo Seccional, al expedir el Acuerdo núm. CSJBOA24-
13 de 9 de febrero de 202430 y al no “[…] Dar respuesta a la solicitud de fecha 12
de enero de 2024 por medio del cual se solicita traslado al juzgado 8 […]”:
vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

46. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

47. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

48. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

48.1. Anexos que allegó el actor con el escrito de tutela.

48.2. Informes rendidos por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y la
Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura, con sus anexos.

28 “Por medio del cual se crean unos despachos y cargos de carácter permanente en la Jurisdicción Ordinaria

a nivel nacional”.
29 Mediante el cual se resolvió con “Concepto desfavorable de solicitud de traslado”.
30 “Por medio del cual se formula ante el Juzgado 003 de Familia del Circuito de Cartagena, lista de candidatos

para proveer en propiedad el cargo ESCRIBIENTE JUZGADO DE CIRCUITO NOMINADO- Identificado con el
código 260413”.

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Núm. único de radicación: 11001031500020240159100
Actor: Carlos Óscar Gaviria Guzmán

Solución del caso concreto

49. Con el fin de abordar el estudio del caso sub examine, la Sala precisa que,
del escrito de tutela, se advierte que, a juicio del actor, los presuntos hechos
vulneradores de sus derechos fundamentales son: i) la falta de resolución del
recurso de apelación interpuesto contra el Oficio núm. CSJBOOP24-48 de 22 de
enero de 202431; ii) la falta de “[…] respuesta a la solicitud de fecha 12 de enero de
2024 por medio del cual se solicita traslado al juzgado 8 […]”; iii) la expedición del
Acuerdo PCSJA23-12124 de 19 de diciembre de 202332; y iv) la expedición del
Acuerdo núm. CSJBOA24-13 de 9 de febrero de 202433.

De la carencia actual de objeto por hecho superado

50. Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si lo requerido por el
actor a través de la acción constitucional de la referencia ya fue tramitado por la
Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Presidencia, Unidad
de Administración de Carrera Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de
Bolívar.

51. En el escrito de tutela, el actor presentó el siguiente reparó y solicitud:

“[…] En oficio Nº CSJBOOP24-48. Se me dio concepto desfavorable al traslado
solicitado al JUZGADO 3RO DE FAMILIA DE CARTAGENA en fecha del 26 de
Enero día que recibí notificación por correo y luego se presentó recurso de
reposición en subsidio de apelación el día 5 de febrero del cual recibí respuesta
por correo el día 11 de marzo donde remitían mi caso a la unidad de carrera para
resolver y a la fecha no han dado respuesta […]”.

[…]

“[…] SE ORDENE de manera urgente, prioritaria y sin dilación alguna
SUSPENDER DE MANERA PROVISIONAL el acuerdo N° CSJBOA24-13 del 9
de febrero 2024 emitido por el Consejo Seccional de Bolívar, mediante el cual
remitió al nominador el listado de aspirantes al cargo de escribiente del Juzgado 3
de Familia de Cartagena, siendo que ante el Consejo Superior de la Judicatura se
encuentra surtiendo recurso de apelación que interpuse contra la decisión que no
me concedió concepto favorable para ESE MISMO CARGO del Juzgado 3 de
Familia de Cartagena […]”.(Resaltado por la Sala)

31 Mediante el cual se resolvió con “Concepto desfavorable de solicitud de traslado”.
32 “Por medio del cual se crean unos despachos y cargos de carácter permanente en la Jurisdicción Ordinaria

a nivel nacional”.
33 “Por medio del cual se formula ante el Juzgado 003 de Familia del Circuito de Cartagena, lista de candidatos

para proveer en propiedad el cargo ESCRIBIENTE JUZGADO DE CIRCUITO NOMINADO- Identificado con el
código 260413”.

20

Núm. único de radicación: 11001031500020240159100
Actor: Carlos Óscar Gaviria Guzmán

52. De conformidad con los informes rendidos dentro de la acción de tutela de
la referencia y sus anexos, se advierte que:

52.1. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura señaló lo siguiente:

“[…] Toda vez que del recuento fáctico hecho por el accionante se infiere su intención
de obtener un pronunciamiento por parte de la Unidad de Administración de la
Carrera Judicial respecto del recurso de apelación interpuesto por este el 5 de
febrero de 2024 contra el Oficio CSJBOOP24-48 de 2024, se debe precisar que
esta Unidad a través de la Resolución CJR24-0124 de 2024 resolvió dicho
recurso. En ese sentido esta decisión fue notificada a la dirección electrónica
carlos.gaviria2306@gmail.com el día 17 de abril de 2024 a través del Oficio
CJO24-1988 del 17 de abril de 2024, y mediante oficio CJO24-1989 al buzón de
correo electrónico del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar.

Se advierte que con la decisión proferida en sede de apelación por parte de la
Unidad de Administración de Carrera Judicial fue resuelta la pretensión
principal del accionante al proferirse el respectivo concepto favorable de
traslado al Juzgado Tercero de Familia de Cartagena y de esta forma
garantizarse sus derechos de servidor de carrera, así como sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a cargos públicos […]”.
(Resaltado por la Sala)

52.2. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar manifestó que:

“[…] Sin embargo, a la fecha y con ocasión al recurso de apelación presentado, la
actuación administrativa iniciada el 11 de enero de 2024, no ha culminado,
encontrándose pendiente desatar el recurso de apelación por parte de la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.

Amén de lo expuesto y en aras de garantizar el acceso a cargos públicos que
reprocha el tutelante, se solicitó al Juzgado 3° de Familia de Cartagena,
suspender el nombramiento en el cargo de escribiente, hasta tanto se resuelva
el plurimencionado recurso […]”. (Resaltado por la Sala)

53. De conformidad con lo expuesto supra, la Sala advierte que respecto de las
pretensiones del actor de i) resolver el recurso de apelación interpuesto contra el
Oficio núm. CSJBOOP24-48 de 22 de enero de 202434 y ii) suspender el Acuerdo
núm. CSJBOA24-13 de 9 de febrero de 202435, hay lugar a declarar la carencia
actual de objeto por hecho superado.

34 Mediante el cual se resolvió con “Concepto desfavorable de solicitud de traslado”.
35 “Por medio del cual se formula ante el Juzgado 003 de Familia del Circuito de Cartagena, lista de candidatos

para proveer en propiedad el cargo ESCRIBIENTE JUZGADO DE CIRCUITO NOMINADO- Identificado con el
código 260413”.

21

Núm. único de radicación: 11001031500020240159100
Actor: Carlos Óscar Gaviria Guzmán

54. En efecto la Sala advierte que, por un lado, según lo indicó la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, “[…] esta
Unidad a través de la Resolución CJR24-0124 de 2024 resolvió dicho recurso. En
ese sentido esta decisión fue notificada a la dirección electrónica
carlos.gaviria2306@gmail.com el día 17 de abril de 2024 a través del Oficio CJO24-
1988 del 17 de abril de 2024, y mediante oficio CJO24-1989 al buzón de correo
electrónico del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar. Se advierte que con
la decisión proferida en sede de apelación por parte de la Unidad de Administración
de Carrera Judicial fue resuelta la pretensión principal del accionante al proferirse
el respectivo concepto favorable de traslado al Juzgado Tercero de Familia de
Cartagena […]”.

55. Para tal efecto, la Unidad allegó constancia de envío de dicha Resolución al
actor36:

56. Igualmente, la Unidad allegó copia del Oficio núm. CJO24-1989 de 17 de
abril de 2024, mediante el cual le remite la Resolución CJR24-0124 de 16 de abril
de 2024 al Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y le
informa lo siguiente:

36 Cfr. índice núm. 10 de SAMAI. Documento denominado “29_MemorialWeb_Anexos-
REF_NOTIFICACIONRE(.pdf) NroActua 10”. Archivo aportado en forma digital.

22

Núm. único de radicación: 11001031500020240159100
Actor: Carlos Óscar Gaviria Guzmán

“[…] Doctor Latorre Gamboa:

Para su conocimiento y fines a que hubiere lugar, me permito remitir el concepto
favorable de traslado emitido por esta Unidad contenido en artículo 2º de la
Resolución CJR24-0124 de 16 de abril de 2024, correspondiente al señor CARLOS
ÓSCAR GAVIRIA GUZMÁN, escribiente del Centro de Servicios Judiciales del
Sistema Penal Acusatorio de Cartagena (Bolívar), para ser efectivo en el Juzgado
Tercero de Familia del Circuito de Cartagena (Bolívar).

La citada resolución fue notificada mediante oficio CJO24-1988 de 17 de abril de
2024, a través del correo electrónico suministrado por el servidor judicial […]”.

57. Finalmente, la Unidad anexó con su informe, constancia de envío de lo
expuesto supra al Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar 37:

58. Por otra parte, en lo que concierne a la suspensión del Acuerdo núm.
CSJBOA24-13 de 9 de febrero de 202438, el Consejo Seccional de la Judicatura de
Bolívar manifestó que “[…] a la fecha y con ocasión al recurso de apelación
presentado, la actuación administrativa iniciada el 11 de enero de 2024, no ha
culminado, encontrándose pendiente desatar el recurso de apelación por parte de
la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura. Amén de lo expuesto y en aras de garantizar el acceso a cargos
públicos que reprocha el tutelante, se solicitó al Juzgado 3° de Familia de

37 Cfr. índice núm. 10 de SAMAI. Documento denominado “29_MemorialWeb_Anexos-
REF_SEREMITERESOL(.pdf) NroActua 10”. Archivo aportado en forma digital.
38 “Por medio del cual se formula ante el Juzgado 003 de Familia del Circuito de Cartagena, lista de candidatos

para proveer en propiedad el cargo ESCRIBIENTE JUZGADO DE CIRCUITO NOMINADO- Identificado con el
código 260413”.

23

Núm. único de radicación: 11001031500020240159100
Actor: Carlos Óscar Gaviria Guzmán

Cartagena, suspender el nombramiento en el cargo de escribiente, hasta tanto se
resuelva el plurimencionado recurso […]”; lo cual acreditó de la siguiente manera39:

39 Cfr. índice núm. 9 de SAMAI. Documentos denominados
“28RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL_07CONSTANCIADEREMISI(.pdf) NroActua 9” y
“26RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL_05CONSTANCIANOTIFICA(.pdf) NroActua 9”. Archivos aportados en
forma digital.

24

Núm. único de radicación: 11001031500020240159100
Actor: Carlos Óscar Gaviria Guzmán

59. Atendiendo a que: i) la suspensión del Acuerdo núm. CSJBOA24-13 de 9 de
febrero de 2024, se realizó a través del Oficio núm. CSJBOOP24-339 de 3 de abril
de 2024, remitido a la Jueza Tercera de Familia del Circuito de Cartagena el 4 de
abril de 2024; ii) la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura, mediante la Resolución núm. CJR24-0124 de 16 de abril
de 2024, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el Oficio núm.
CSJBOOP24-48 de 22 de enero de 2024, el cual fue notificado al actor el 17 de abril
de 2024; y iii) la acción de tutela se interpuso el 3 de abril de 2024; la Sala considera
que se configura la carencia actual de objeto por hecho superado.

De la solicitud de tutela contra el Acuerdo PCSJA23-12124 de 19 de diciembre
de 202340

60. En el caso sub examine, la Sala advierte que el actor considera que la
Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura vulneró sus derechos
fundamentales al trabajo, de acceso a cargos públicos, al debido proceso y a la
igualdad, con ocasión de la expedición del Acuerdo PCSJA23-12124 de 19 de
diciembre de 2023.

61. A continuación, la Sala examinará lo referente a la utilización de los medios
de defensa judicial y la existencia de un perjuicio irremediable, con el fin de
establecer, como ya se advirtió, si en efecto procede la acción de tutela como
mecanismo transitorio para controvertir la legalidad del acto administrativo referido
por el actor, con el cual, en su sentir, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.

62. En primer lugar, la Sala debe precisar que el ordenamiento jurídico
colombiano establece otros mecanismos de defensa judicial para controvertir la
legalidad de los actos administrativos y a través de ellos se puede proteger de
forma oportuna e inmediata los derechos fundamentales que el actor considera le
han sido vulnerados.

63. En segundo lugar, para demandar dicho acto administrativo, esto es, el

40 “Por medio del cual se crean unos despachos y cargos de carácter permanente en la Jurisdicción Ordinaria

a nivel nacional”.

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Actor: Carlos Óscar Gaviria Guzmán

Acuerdo PCSJA23-12124 de 19 de diciembre de 2023, el legislador estableció en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo los
respectivos medios de control, entre ellos, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

64. En efecto, en el inciso segundo del artículo 137 ibidem, se establecieron las
causales de nulidad de los actos administrativos, las cuales refieren que procede
cuando estos hayan sido expedidos “[…] con infracción de las normas en que
deberían fundarse, sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento
del derecho de audiencia y defensa, mediante falsa motivación, o con desviación
de las atribuciones propias de quien los profirió […]”.

65. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que el análisis de los
reparos propuestos por el actor contra el Acuerdo PCSJA23-12124 de 19 de
diciembre de 202341, debe analizarse por su juez natural ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, comoquiera que es el encargado de realizar el examen
de legalidad de dicho acto, previo el cumplimiento de los requisitos legales

66. Además, se precisa que, esta Sala ha reiterado en oportunidades
anteriores42 que con la expedición la Ley 1437 de 2011, ya no es aceptable el
argumento según el cual los medios de control ordinarios no son eficaces ni
oportunos para la protección de los derechos presuntamente conculcados en casos
como el estudiado.

67. Igualmente, consideró que la mencionada normativa además de darle
celeridad a los procesos al establecer la oralidad en los mismos, contiene
diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia43, como la suspensión provisional de los
efectos de los actos administrativos o del procedimiento hasta tanto se defina la

41 “Por medio del cual se crean unos despachos y cargos de carácter permanente en la Jurisdicción Ordinaria

a nivel nacional”.
42 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de marzo de 2018, C.P. María Elizabeth García

González, acción de tutela con núm. único de radicación: 52001-23-33-000-2017-00626-01, Actor: Pio León
Caicedo Bustos, demandado: Procuraduría General de la Nación.
43 Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa

notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos
los requisitos para su adopción, se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en
el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada
deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete

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Núm. único de radicación: 11001031500020240159100
Actor: Carlos Óscar Gaviria Guzmán

declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión administrativa;
impartir órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las
partes, las cuales demuestran la efectividad del procedimiento ordinario cuando se
advierte una situación apremiante que necesite ser remediada incluso antes de que
se profiera una decisión definitiva.

68. Sobre este punto la Sala debe precisar que esta Sección44 ha señalado que
aun cuando el actor considere que se le causa un perjuicio irremediable, con las
medidas cautelares se puede también obtener una protección judicial oportuna.

69. Se pone de presente que tampoco prospera la tutela como mecanismo
transitorio toda vez que el actor no acreditó siquiera de manera sumaria, los
requisitos jurisprudenciales que se exigen para que el perjuicio irremediable se
configure.

70. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional45:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño.
(…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien
altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible
de determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar
el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con
las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a
fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.” […]”.

71. Para la Sala al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un
perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio. En efecto, del análisis del acervo probatorio no es posible establecer
que el actor se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique
adoptar medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus
derechos fundamentales.

44 Consejo de Estado, Sección Primera, (Expediente núm. 2015-01490-01, sentencia de 29 de octubre de

2015).
45 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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Actor: Carlos Óscar Gaviria Guzmán

72. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, en el caso sub examine,
existe otro mecanismo de control judicial, previo al cumplimiento de los requisitos
legales, para controvertir la legalidad del acto administrativo cuestionado, antes de
acudir a la acción de tutela.

De la solicitud de tutela por la presunta falta de respuesta a “[…] la solicitud
de fecha 12 de enero de 2024 por medio del cual se solicita traslado al juzgado
8 […]”

73. El actor solicitó:

“[…] 3. Dar respuesta a la solicitud de fecha 12 de enero de 2024 por medio del
cual se solicita traslado al juzgado 8 por ser un cargo similar al ocupado y como
quiera que desde el mes de enero de 2023 informe mi negativa para ser trasladado
al centro de servicios penales […]”. (Resaltado por la Sala)

74. Como fundamento de su solicitud, el actor manifestó:

“[…] SEXTO: Así mismo, es de advertir que en el mismo Acuerdo del 19 de diciembre
se creó el Juzgado 8 de Familia y no me dieron traslado para allá sino para el Centro
de Servicios. Sin embargo, mediante memorial del 12 de enero de 2024, radiqué
solicitud de traslado al Juzgado 8 de familia por ser un cargo similar al
ocupado.

SEPTIMO: el Consejo Seccional de la Judicatura, en una respuesta absurda me
niega el traslado con el argumento que los traslado (sic) debe darse en la misma
especialidad y que por laborar en el Centro de Servicios no procede. Me
pregunto: ¿Acaso no era servidor de los juzgados de familia? Nadie puede sacar
provecho de su propia incuria y mi voluntad al momento de vincularme a la Rama
Judicial era estar en la especialidad de familia. Lo formal no debe primar sobre lo
sustancial […]”. (Resaltado por la Sala)

75. Al respecto, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar señaló que:

“[…] En suma, esta seccional no cuenta con solicitud de fecha 12 de enero de
2024, mediante la cual el tutelante solicité (sic) el traslado al Juzgado 8° de
Familia de Cartagena. Contrario sensu solo (sic) existe memorial de fecha 11 de
enero de 2024, aclarado mediante mensaje de datos de fecha 12 de enero de la
presente anualidad, en el cual se aclaró que el Juzgado al que pretendía trasladarse,
es el Juzgado 3° de Familia de Cartagena, solicitud a la cual como se señaló en
precedencia, se le impartió el respectivo trámite […]”. (Resaltado por la Sala)

76. De conformidad con lo expuesto supra, la Sala advierte que: i) pese a que
el actor adujo haber presentado solicitud el 12 de enero de 2024, mediante la cual
solicitó traslado al Juzgado Octavo de Familia de Cartagena, no obra constancia

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Actor: Carlos Óscar Gaviria Guzmán

de ello dentro de los anexos que allegó con su escrito de tutela; ii) el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bolívar manifestó que “[…] esta seccional no cuenta
con solicitud de fecha 12 de enero de 2024, mediante la cual el tutelante solicité
(sic) el traslado al Juzgado 8° de Familia de Cartagena […]”; y iii) sin perjuicio de
lo anterior, el mismo actor manifestó en su escrito de tutela que, frente a dicha
solicitud, “[…] el Consejo Seccional de la Judicatura, en una respuesta absurda me
niega el traslado con el argumento que los traslado (sic) debe darse en la misma
especialidad y que por laborar en el Centro de Servicios no procede […]”.

77. En ese orden de ideas, frente a la falta de respuesta a “[…] la solicitud de
fecha 12 de enero de 2024 por medio del cual se solicita traslado al juzgado 8 […]”,
la Sala negará la acción de tutela, al considerar que no esta acreditada la omisión
a la cual hace referencia el actor, por lo cual no se advierte vulneración de los
derechos fundamentales invocados por el actor.

Conclusiones de la Sala

78. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala: i) declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado respecto de las pretensiones del actor relacionadas con resolver el recurso
de apelación interpuesto contra el Oficio núm. CSJBOOP24-48 de 22 de enero de
2024 y suspender el Acuerdo núm. CSJBOA24-13 de 9 de febrero de 2024; ii)
declarará la improcedencia de la solicitud de tutela respecto de los reparos
propuestos contra el Acuerdo PCSJA23-12124 de 19 de diciembre de 2023; y iii)
negará la solicitud de tutela frente a la falta de respuesta a “[…] la solicitud de fecha
12 de enero de 2024 por medio del cual se solicita traslado al juzgado 8 […]” que
señaló el actor.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa

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Actor: Carlos Óscar Gaviria Guzmán

por pasiva formulada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto
de las pretensiones del actor relacionadas con resolver el recurso de apelación
interpuesto contra el Oficio núm. CSJBOOP24-48 de 22 de enero de 2024 y
suspender el Acuerdo núm. CSJBOA24-13 de 9 de febrero de 2024, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto de los reparos
propuestos contra el Acuerdo núm. PCSJA23-12124 de 19 de diciembre de 2023,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NEGAR la solicitud de tutela frente a la falta de respuesta a “[…] la
solicitud de fecha 12 de enero de 2024 por medio del cual se solicita traslado al
juzgado 8 […]” que señaló el actor, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

QUINTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SEXTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

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Actor: Carlos Óscar Gaviria Guzmán

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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