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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01594-01

Fecha
24 de julio de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01594-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: Revócase la sentencia de primera instancia del 6 de junio de 2024 que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. En su lugar, dispónese: 1º) Ampárase los derechos fundamentales invocados por la parte actora, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º) En consecuencia, déjase sin efecto la sentencia del 15 de diciembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación no. 27001-33-33-005-2022-00016-01. 3º) Ordénase al Tribunal Administrativo del Chocó que, en el término de diez (10) días contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, profiera una decisión en reemplazo en la cual se tengan en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia. 12 Expediente: 11001-03-15-000-2024-01594-01 Demandante: Any Nayive Perea Ledesma Acción de tutela – Impugnación fallo 4°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-01594-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

24 de julio de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticuatro (2024).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-01594-01
Demandante: ANY NAYIVE PEREA LEDESMA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SANCIÓN MORATORIA POR EL PAGO TARDÍO DE
CESANTÍAS PARCIALES.

Síntesis del caso: la demandante cuestionó que el Tribunal Administrativo del Chocó en la
sentencia de segunda instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que
promovió resolvió sobre unas pretensiones distintas a las planteadas en la demanda ordinaria.
La Sala amparará los derechos de la parte actora, tras verificarse que el tribunal resolvió una
controversia distinta a la planteada por la parte demandante.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
de 4 de junio de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: DESVINCULAR a la Secretaría de Educación del municipio de Quibdó
del trámite de tutela, conforme a lo expuesto en esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia”. (archivo disponible
en medio magnético a través del aplicativo SAMAI- negrillas y mayúsculas del
original).

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

El 4 de abril de 2023, la señora Ana Nayive Perea Ledesma promovió proceso de acción
de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Chocó con el fin de que se protegieran
sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso e igualdad y, por tanto,
se accediera a las siguientes súplicas:

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01594-01
Demandante: Any Nayive Perea Ledesma
Acción de tutela – Impugnación fallo
“Que se decrete la NULIDAD del acto administrativo presunto negativo que nace a la
vida jurídica al no dar respuesta al derecho de petición presentado mediante
apoderado 24-08-2021 con radicación CHO2021ER010388 a LA NACIÓN –
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO REGIONAL DEL CHOCÓ Y EL
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ – SECRATRÍA DE EDUCACIÓN CHOCÓ,
representadas mediante la señora ministra de educación la Dr.a María Victoria Angulo
y el señor Gobernador del departamento del Chocó. Rr. Ariel Palacios Calderón, por
medio del cual se niegan el reconocimiento y pago de la sanción moratoria a la
convocante consagrada en el parágrafo único del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006,
como consecuencia de la morosidad en el pago de las cesantías parciales, a favor de
mi poderdante.

Que consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho se condene
a LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO REGIONAL DEL CHOCÓ Y EL
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ – SECRATRÍA DE EDUCACIÓN CHOCÓ,
representadas mediante la señora ministra de educación la Dra. María Victoria Angulo
y el señor gobernador del departamento del Chocó. Dr. Ariel Palacios Calderón, por
medio del cual se niega el reconocimiento y pago de la sanción moratoria a la
convocante consagrada en el parágrafo único del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006,
como consecuencia de la morosidad en el pago de las cesantías parciales, a favor de
mi poderdante a partir del 23/11/2020 hasta la fecha de su pago el 12/12/2020”.
(archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI- mayúsculas y
negrillas del original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en síntesis,
lo siguiente:

1) La demandante es docente afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, de conformidad con la Ley 91 de 1989 y labora al servicio del departamento
del Chocó.

2) El 10 de agosto de 2020, elevó petición ante la Secretaría de Educación Departamental
del Chocó en la cual solicitó el pago parcial de sus cesantías para la construcción de una
vivienda y, mediante Resolución no. 1514 del 12 de agosto de 2020, el departamento del
Chocó, a través de la Secretaría de Educación, reconoció y ordenó pagar en su favor la
suma de $18.053.211, la cual fue pagada el 12 de diciembre del mismo año.

3) Presentó reclamación ante el Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – Secretaría de Educación del Chocó y el
departamento del Chocó para obtener el reconocimiento y pago de la sanción
consagrada en el parágrafo único del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, como
consecuencia del pago tardío de las cesantías parciales, no obstante, no obtuvo
respuesta.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01594-01
Demandante: Any Nayive Perea Ledesma
Acción de tutela – Impugnación fallo
4) Por considerar que se excedieron los términos previstos en el parágrafo único
del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 presentó demanda en el ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Secretaría de Educación del Chocó – Departamento del Chocó, en la que solicitó la
nulidad del acto ficto que le negó el reconocimiento y la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías parciales.

5) Mediante sentencia del 15 de diciembre de 2023, el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito Judicial de Quibdó accedió a las pretensiones por considerar que los docentes
sí están cobijados por las disposiciones de liquidación parcial y definitiva de las cesantías
consagradas en la Ley 1071 de 2006; pues así lo definió la Corte Constitucional en
sentencia C-486/16 y esa postura que fue validada en providencias SU-336 de 2017 y 18
de julio de 2018 del Consejo de Estado.

6) Esa decisión fue apelada por el Fomag quien indicó que el a quo incurrió en un error
por determinar que el pago de la sanción moratoria era su responsabilidad; ya que por
mandato expreso la legitimación para asumir eventuales declaraciones y condenas sobre
la materia generadas desde el 1 de enero de 2020 recae en el respectivo ente territorial.

7) Agregó que los 34 días de mora causados entre el 1 de enero de 2020 y el 29 de enero
de 2020 eran responsabilidad del departamento del Chocó – Secretaría de Educación de
Chocó, por disposición del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.

8) El Tribunal Administrativo del Chocó resolvió la apelación en sentencia de 15 diciembre
de 2023, en la que revocó la decisión por considerar que la sanción moratoria
consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 no es extensiva a los docentes
oficiales y, en todo caso, esta Corporación en sentencia de unificación del 11 de octubre
de 2023, estableció que existe una “incompatibilidad de la sanción moratoria del artículo
99 de la Ley 50 de 1990 con el sistema de liquidación de cesantías administrado por el
FOMAG”.

3. El fundamento de la vulneración

La parte demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
constitucionales fundamentales con ocasión de la providencia proferida el 15 de
diciembre de 2023 porque pretensiones totalmente distintas a lo planteadas en la

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demanda, en tanto que lo que reclamó tanto en sede administrativo como judicial fue el
pago de la sanción moratoria pero por la consignación inoportuna de sus cesantías
parciales contemplada en el parágrafo único del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 y
no por el pago tardío de las cesantías anualizadas en los términos de la Ley 50 de 1990,
como erróneamente se afirmó y con base en eso se resolvió.

También alegó que se desconoció la sentencia de unificación CE-SUJII-012-2018 del 18
de julio de 2018, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

4. Actuación de primer grado

Mediante providencia de 8 de abril de 2024, la Subsección A de la Sección Tercera de
esta Corporación admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados
integrantes del Tribunal Administrativo del Chocó, así como vincular al Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag),
a la Secretaría de Educación del municipio de Quibdó́ y a la Fiduprevisora SA, con el fin
de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

5. Sentencia de primera instancia

En sentencia de 4 de junio de 2024, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, en razón a que la actora contaba con otro mecanismo judicial idóneo para
reclamar lo que pretende por esta vía, este es, el recurso extraordinario de revisión, por
la causal 5 que se refiere a existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación, recurso que no fue agotado.

Como sustento de la decisión sostuvo que en reiterada jurisprudencia esta Corporación
ha considerado que el desconocimiento del principio de congruencia constituye una
causal de nulidad de la sentencia, siempre que se demuestre que el yerro que se alega
comporta una violación grave al debido proceso y, en esa medida, es susceptible de
revisión vía recurso extraordinario.

6. Impugnación

La parte demandante presentó impugnación en la que alegó que el recurso extraordinario
de revisión únicamente procedente por las causales previstas en el artículo 250 del

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Demandante: Any Nayive Perea Ledesma
Acción de tutela – Impugnación fallo
CPACA, las cuales son taxativas, asimismo, insistió en los argumentos iniciales del
escrito de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) el caso concreto, 3) análisis de
los requisitos generales de procedencia, y 4) la vulneración de los derechos invocados
en virtud del yerro consistente en haber resuelto sobre pretensiones distintas a las
planteadas en la demanda.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Chocó con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la
sentencia de 15 de diciembre de 2023, mediante la cual se revocó la decisión que había
accedido a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y, en
su lugar, las negó, basándose en unas pretensiones distintas a las reclamadas

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Demandante: Any Nayive Perea Ledesma
Acción de tutela – Impugnación fallo
En la sentencia de primera instancia la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, decisión que fue impugnada con los mismos argumentos del
escrito inicial.

3. Análisis de los requisitos generales de procedencia

Para la Sala el presente asunto cumple los requisitos genéricos de procedibilidad, por
cuanto: i) se agotaron todos los medios de defensa judiciales disponibles al alcance de
la persona afectada, sin que sea procedente algún otro; ii) se cumplió con el requisito de
la inmediatez1; iii) no se atacó una sentencia de tutela y, iv) la parte actora identificó de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que
estimó transgredidos.

Asimismo, para la Sala v) la cuestión que se discute resulta de relevancia constitucional,
en tanto lo que se reprocha es que el Tribunal Administrativo del Chocó no resolvió las
pretensiones planteadas en la demanda ni el recurso de apelación, lo cual conllevó a que
se profiriera una decisión desfavorable.

4. La vulneración de los derechos invocados en virtud del yerro consistente en
haber resuelto sobre pretensiones distintas a las planteadas en la demanda

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala revocará la sentencia
de primera instancia que declaró improcedente el amparo por el incumplimiento del
requisito de subsidiariedad y, en su lugar, accederá amparo por estimar que se configuró
un defecto procedimental, por las razones que aquí se expondrán:

Pues bien, para el análisis del defecto referido la Sala advierte que el principio de
congruencia está estrechamente relacionado con el deber de motivación de las
sentencias y exige que la decisión esté acorde con los hechos, pretensiones, argumentos,
pruebas y excepciones planteadas por las partes.

Al respecto, la Corte Constitucional ha considerado que una providencia incongruente
supone un defecto procedimental, en los siguientes términos2:

1
La providencia cuestionada fue notificada el 24 de enero de 2024 y la acción de tutela se presentó el 4 de
abril siguiente, esto es, dentro de los seis meses razonables determinados por la jurisprudencia
constitucional.
2
Sentencia 152 de 2013.

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Demandante: Any Nayive Perea Ledesma
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“4.3. Del defecto procedimental por afectación del principio de congruencia entre
las pretensiones formuladas y la sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima

El segundo problema que afectaría la sentencia de segunda instancia, proferida por
el Tribunal Administrativo de Tolima sería la falta de congruencia entre las
pretensiones formuladas en las demandas –que luego fueron acumuladas- y aquellas
que fueron resueltas en segunda instancia, lo que, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional –entre otras, sentencia SU-424 de 2012-, constituiría un defecto
procedimental en la providencia cuestionada (…)
Siendo este el problema sometido a consideración, la Sala recordará el contenido y
forma de aplicación de principio de congruencia en lo relacionado con las
pretensiones y la sentencia en un proceso; estudiará la forma en que se plantearon
las pretensiones de la demanda, así como el contenido de la sentencia de segunda
instancia, para, a partir de estos elementos, determinar si se concretó la necesaria
congruencia entre pretensiones y sentencia en la providencia que ahora se cuestiona.

El principio de congruencia entre pretensiones y sentencia y su evaluación en sede
de tutela

Sobre el principio de congruencia de las pretensiones y las sentencias de un proceso,
desde una perspectiva general, en sede de tutela se consagró en la sentencia T-450
de 2001: (…)

Se reiteró en este caso la posición planteada en sentencias T-749 de 1999, T-325 de
2001 y T-025 de 2002, ocasiones en las que se manifestó que a efectos de encontrar
una vulneración al acceso a la administración de justicia, la falta de congruencia por
ausencia de estudio de las pretensiones del demandante debe ser de tal entidad que
constituya un cambio sustancial en lo que debería haber sido la parte resolutiva de la
sentencia, de manera que afecte en forma evidente los derechos de quien presenta
la petición o allega una prueba. Ha considerado la Corte que de darse esta
irregularidad existe un defecto procedimental –SU-424 de 2012- en el ejercicio
del poder legítimo del juez de administrar justicia al pronunciar sentencia de
fondo sin que ésta comprenda el análisis de las pretensiones del demandante,
lo que conduce, inexorablemente, a un defecto que afecta derechos
fundamentales de las partes en el proceso.

En criterio de la Sala, los apartes anteriormente trascritos sustentan la conclusión
antes planteada, en el sentido que la sentencia de segunda instancia no consideró -
en ningún momento-, ni resolvió lo relativo a la pretensión de declarar responsable al
Estado-Ministerio de Defensa-Policía Nacional por la acción de sus agentes en el
secuestro y asesinato de la señora Johanna Alexandra Yepes García y del señor
Enrique Alirio Romero Chavarro.

En este sentido debe resaltarse que no se encuentra razonable la forma en que
el ad quem dio respuesta a las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta
el ámbito competencial abierto para el juez de segunda instancia por los
recursos de apelación presentados y por la adhesión del llamado en garantía a
uno de ellos.

Esta situación comporta, en acuerdo con la jurisprudencia constitucional antes
reseñada, un defecto procedimental que tiene como consecuencia una
afectación al derecho de acceso a la justicia, resultado este que obliga al juez
de tutela a ordenar que se corrija la situación originada por la providencia
judicial cuestionada.

En consecuencia, comprobada la existencia de uno de los defectos atribuidos por el
accionante a la providencia del Tribunal de Tolima en el proceso de reparación directa
ahora estudiado, la Sala concederá el amparo y ordenará que el Tribunal del Tolima

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profiera una nueva providencia, en la que se considere la pretensión que fue desoída
en la sentencia ahora controvertida (…)”.

9) En ese orden de ideas, se tiene que las sentencias judiciales deben cumplir con el
principio de congruencia tanto interna como externamente.

10) En este caso lo que está en discusión es la congruencia de la sentencia objeto de
tutela, pero no en el sentido más simple por haber omitido resolver un cargo o pretensión,
sino en uno más amplio consistente en que el tribunal resolvió sobre pretensiones
totalmente ajenas a las que se le plantearon en la demanda, lo que de suyo conllevó a
una decisión no favorable.

11) Por consiguiente, se expondrán las pretensiones planteadas en la demanda ordinaria
con el fin de cotejarlas con la providencia del 15 de diciembre de 2023, al respecto se
transcriben:

“1. Que se decrete la NULIDAD del Acto Administrativo Presunto negativo que nace
a la vida jurídica al no dar respuesta al derecho de petición presentado mediante
apoderado el 24-08-2021 con radicación CHO2021ER010388 a LA NACIÓN –
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO REGIONAL CHOCÓ Y EL
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ – SECRETARIA DE EDUCACION CHOCO,
representadas mediante la señora ministra de educación la Dra. María Victoria Angulo
y el señor Gobernador del departamento del chocó Dr. Ariel Palacios Calderón, por
medio del cual se niegan el reconocimiento y pago de la sanción moratoria a la
demandante consagrada en el parágrafo único del artículo 5 de la Ley 1071 de
2006, como consecuencia de la morosidad en el pago de las cesantías parciales,
a favor de mi poderdante.

2. Que consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho se
condene a LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO REGIONAL
CHOCÓ Y EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ - SECRETARIA DE EDUCACIÓN
CHOCÓ, representadas mediante la señora ministra de educación la Dra. María
Victoria Angulo y el señor Gobernador del departamento del Chocó Dr. Ariel Palacios
Calderón, por medio del cual se niegan el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria a la convocante consagrada en el parágrafo único del artículo 5 de la
Ley 1071 de 2006, como consecuencia de la morosidad en el pago de las
cesantías parciales, a favor de mi poderdante a partir del 23/11/2020 hasta la
fecha de su pago el 12/12/2020.

3. Que se dé cumplimiento de conformidad con los artículos 187, 192 y 195 de la Ley
1437 de 2011.

4. Que se condene en costas y agencias en derecho a los demandados por la
oposición a un derecho legal”.

12) En primera instancia el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Quibdó accedió
a las súplicas por considerar que la actora era acreedora de la sanción moratoria por el
pago tardío de las cesantías parciales prevista en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006,

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Acción de tutela – Impugnación fallo
decisión contra la cual el Fomag presentó recurso de apelación en el que alegó que el
encargado del pago era el ente territorial, por tal motivo debía modificarse la decisión.

13) Para constatar si en efecto la autoridad judicial accionada en sede de apelación
resolvió sobre la base de que lo reclamado era el pago de la sanción moratoria prevista
en la Lay 50 de 1990 y no la del parágrafo de artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, es preciso
remitirse a sus consideraciones, en las cuales se expuso lo siguiente:

“Conforme a las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso en los términos
del artículo 212 de la Ley 1437 de 2011, la Sala encuentra que el criterio de la Sala
es que los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, no poseen derecho al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria prevista en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 y el Decreto 1582 de
1998, por la consignación tardía de las cesantías anualizadas; así como tampoco, a
la indemnización, por el pago tardío de los intereses a las cesantías, que se encuentra
establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto
Nacional 1176 de 1991. Ello por cuanto, para la Sala conforme al régimen
normativo y jurisprudencial expuesto en precedencia que, la sanción moratoria
consagrada en el artículo 99, no se hace extensiva a los docentes oficiales,
como es el caso de la parte demandante, quien tanto en sede administrativa como
judicial ha alegado el referido derecho amparada en la sentencia SU-098 de 2018 que
sostuvo que el «hecho de que los docentes se encuentren amparados por un régimen
especial, no implica el desconocimiento de su calidad de trabajadores del Estado, y
menos aún si se trata de la aplicación de una norma de carácter laboral que comporta
un beneficio, caso en el cual prevalece la interpretación que reporte el mayor beneficio
para el empleado, pues ésta será la que se ajuste a los postulados del artículo 53 de
la Carta Política».

Y, por si fuera poco, para definir el asunto que tiene la atención de la Sala, el H.
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 11 de octubre de 2023,
estableció existe una “Incompatibilidad de la sanción moratoria del artículo 99
de la Ley 50 de 1990 con el sistema de liquidación de cesantías administrado
por el FOMAG”.

Conforme a lo anterior, no es discutible que los docentes afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio no tienen derecho a la sanción moratoria
reclamada. Por lo tanto, debe ser revocada la sentencia de primera instancia para
negar las pretensiones de la misma”.

14) En los términos que anteceden y una vez revisado de manera integral las
pretensiones de la demanda y haberlas comparado con la providencia objeto de tutela,
la Sala observa que las razones que motivaron la sentencia no responden a lo
peticionado.

15) En efecto, las súplicas de la demanda se enfilaron a obtener la nulidad del acto
administrativo ficto que negó el pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías parciales conforme al artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, no obstante, el tribunal
demandado revocó la decisión que había accedido tras entender que lo reclamado era la
sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01594-01
Demandante: Any Nayive Perea Ledesma
Acción de tutela – Impugnación fallo

16) Como se puede apreciar a partir de las consideraciones de la sentencia objeto de
tutela que fueron transcritas en precedencia (ver párr. 11) y, en general, de toda de la
decisión, la autoridad demanda se pronunció sobre la sanción moratoria en los
términos de la Ley 50 de 1990 referente al pago de la sanción moratoria por el pago
inoportuno de las cesantías anualizadas y no como se pidió en la demanda, esta es,
la prevista en el parágrafo único del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 (ver párr. 14),
como consecuencia de la morosidad en el pago de las cesantías parciales.

17) Adicionalmente, para la Sala es preciso destacar y poner de relieve que en la
providencia objeto de tutela el tribunal accionado transcribió unas pretensiones que no
corresponden con las propuestas por la actora en la demanda ordinaria y -quizá- ello
condujo a que se pronunciara sobre una controversia distinta a la propuesta.

18) De hecho, en la sentencia de unificación del 11 de octubre de 2023 que trajo a
colación el tribunal como fundamento para sustentar que a los docentes afiliados al
FOMAG no les asiste el derecho a la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías
prevista en la Ley 50 de 1990 se indicó y explicó que en lo referente al “pago de las
cesantías parciales y definitivas” a ambos regímenes de docentes les aplica la sanción
moratoria previa en la Ley 1071 de 2006, así:

“151. Pues bien, frente al pago de las cesantías parciales y definitivas, ambos
regímenes sí están amparados por la misma garantía que representa la sanción
moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006. Esta penalidad
aplica tanto para los destinatarios de la Ley 50 de 1990 como para el personal
afiliado al FOMAG, tal y como se constata con la regla jurisprudencial fijada en
la sentencia de unificación SU CE-SUJ2-012-18 proferida por esta
Corporación.”. (negrillas del texto original).

19) En consecuencia, no queda duda alguna en que el tribunal erró en resolver
pretensiones que no tenían relación con la controversia, por lo cual debe accederse al
amparo deprecado, no obstante, debe advertirse que la discusión sobre si en este caso
se causaron y si a la actora le asiste el derecho a que le paguen la sanción moratoria en
los términos del parágrafo único del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 le corresponde
exclusivamente al juez ordinario, previo análisis de las pruebas aportadas, por cuanto al
juez de tutela está vedado pronunciarse sobre asuntos que no son de su resorte.

20) Como las razones hasta aquí expuestas son suficientes para acceder al amparo
deprecado y dado que la orden consistirá precisamente en que la accionada resuelva de

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01594-01
Demandante: Any Nayive Perea Ledesma
Acción de tutela – Impugnación fallo
manera correcta sobre las pretensiones de la demanda relacionadas con el pago de la
sanción moratoria prevista en el parágrafo único del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 y
lo propuesto en el recurso de apelación respecto a quien es encargada del pago en caso
de que las pretensiones resulten favorables, resulta innecesario que esta instancia
constitucional se pronuncie sobre tales argumentos pues precisamente el escenario para
ello es la sentencia que se expedirá en reemplazo.

21) En los términos hasta aquí explicados la Sala concluye que efectivamente la
autoridad judicial accionada incurrió́ en el defecto procedimental aludido en tanto que
resolvió de manera errada sobre aspectos que no fueron suplicados ni apelados.

22) En suma, se ampararán los derechos de la parte actora y, en consecuencia, se dejará
sin efecto el fallo proferido el 15 de diciembre de 2023 en el del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación 27001-33-33-005-2022-00016-01 y se
ordenará al Tribunal Administrativo del Chocó que profiera una nueva decisión en la cual
se tengan en cuenta las consideraciones expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

Revócase la sentencia de primera instancia del 6 de junio de 2024 que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad. En su lugar, dispónese:

1º) Ampárase los derechos fundamentales invocados por la parte actora, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) En consecuencia, déjase sin efecto la sentencia del 15 de diciembre de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación no. 27001-33-33-005-2022-00016-01.
3º) Ordénase al Tribunal Administrativo del Chocó que, en el término de diez (10) días
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, profiera una decisión
en reemplazo en la cual se tengan en cuenta las consideraciones expuestas en esta
providencia.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-01594-01
Demandante: Any Nayive Perea Ledesma
Acción de tutela – Impugnación fallo
4°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

5º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.

6º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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