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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01600-00

Fecha
23 de mayo de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01600-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-01600-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

23 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2024-01600-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: EDILSON CAMPOS ANZOLA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL,
PUES LO PRETENDIDO POR EL ACTOR ES REABRIR EL DEBATE SURTIDO
DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO Y USAR LA ACCIÓN DE TUTELA COMO UNA
TERCERA INSTANCIA. LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE ASPECTOS
QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA AUTORIDAD
JUDICIAL ACCIONADA. PRESCRIPCIÓN SUBSIDIO FAMILIAR DE SOLDADOS
PROFESIONALES PREVISTO EN EL DECRETO 1794 DE 2000.

DERECHO FUNDAMENTAL: A LA IGUALDAD.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra la

SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “D”- DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.

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En adelante el TRIBUNAL.

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Número único de radicación: 110010315000-2024-01600-00
Actor: EDILSON CAMPOS ANZOLA

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor EDILSON CAMPOS ANZOLA, actuando a través de

apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su

derecho fundamental a la igualdad, el cual estima vulnerado por el

TRIBUNAL al haber proferido la providencia de reemplazo de 28 de

septiembre de 2023, dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 11001-33-35-015-2020-00177-01.

I.2.- Hechos

Refirió que el 26 de junio de 2002 ingresó al Ejército Nacional en

calidad de soldado regular y, posteriormente, fue promovido a

soldado profesional a partir del 15 de marzo de 2004.

Indicó que desde el 18 de enero de 2012 constituyó una unión marital

de hecho con la señora Francy Yaneth Rodríguez Céspedes, situación

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Número único de radicación: 110010315000-2024-01600-00
Actor: EDILSON CAMPOS ANZOLA

que fue protocolizada mediante escritura pública núm. 3391 de 8 de

septiembre de 2017 ante la Notaría Séptima del Círculo de Bogotá.

Señaló que mediante orden administrativa núm. 1744 de 30 de julio

de 2018, el Ejército Nacional ordenó el reconocimiento del subsidio

familiar a partir del 1o. de marzo de 2018, en aplicación del Decreto

Ley núm. 1161 de 20142.

Mencionó que el 5 de octubre de 2018, presentó derecho de petición

mediante el cual solicitó: i) el reajuste del subsidio familiar de

conformidad con el Decreto núm. 1794 de 2000 y, ii) el pago de la

diferencia salarial del 20% de la prima de actividad.

Reveló que mediante el Oficio 20183112273761 de 21 de noviembre

de 2018, el Ejército Nacional denegó la petición relacionada con el

subsidio familiar y respecto al reconocimiento de las diferencias

relacionadas con la prima de actividad la petición no fue resuelta, por

lo que se generó un acto ficto o presunto.

Aseguró que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del

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“Por el cual se crea el subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de marina profesionales
y se dictan otras disposiciones.”

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Actor: EDILSON CAMPOS ANZOLA

derecho contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –

EJÉRCITO NACIONAL con el fin de discutir la legalidad de los actos

administrativos aludidos y, obtener el reajuste salarial y el pago del

subsidio familiar en los términos solicitados.

Indicó que el citado proceso fue identificado con el número único de

radicación 11001-33-35-015-2020-00177-01 y atribuido para su

trámite en primera instancia al JUZGADO QUINCE

ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ3 que, mediante sentencia de 12

de agosto de 2022, denegó las pretensiones de la demanda.

Manifestó que, inconforme con ello, interpuso recurso de apelación,

el cual fue conocido por el TRIBUNAL que, en providencia de 16 de

febrero de 2023, confirmó la decisión del a quo.

Afirmó que contra dicha decisión presentó acción de tutela la cual fue

identificada con el número único de radicación 11001-03-15-000-

2023-03939-00 y atribuida para su trámite a la SECCIÓN QUINTA

DEL CONSEJO DE ESTADO que, mediante providencia de 7 de

septiembre de 2023, i) declaró improcedente el amparo respecto al

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En adelante el Juzgado.

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cargo de desconocimiento del principio de congruencia por no

superar el presupuesto de la subsidiariedad, ii) amparó los derechos

fundamentales a la igualdad y al debido proceso y, en consecuencia,

ordenó al TRIBUNAL proferir una sentencia de reemplazo en la que

se resolviera lo relacionado con el subsidio familiar.

Afirmó que en cumplimiento del fallo de tutela, el TRIBUNAL profirió

la sentencia de reemplazo de 28 de septiembre de 2023, mediante

la cual confirmó parcialmente la decisión del a quo y, en su lugar, i)

negó el reajuste salarial del 20% y el reconocimiento del pago de la

prima de actividad y, ii) accedió parcialmente a las pretensiones de

la demanda relacionadas con el subsidio familiar y, ordenó a la

entidad demandada reajustar y pagar el subsidio familiar de

conformidad con el Decreto 1794 de 2000, a partir del 1o. de marzo

de 2018 fecha en la que se reconoció dicha prestación.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en

violación directa de la Constitución al vulnerar su derecho

fundamental a la igualdad, pues, a su juicio, al ordenar el

reconocimiento del subsidio familiar a partir del 1o. de marzo de

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2018, le dio un trato diferente respecto a sus compañeros a quienes

se les reajustó la aludida prestación de conformidad con el Decreto

núm. 1794 de 2000 sin aplicársele la prescripción.

Recalcó que el reajuste del subsidio familiar solo fue exigible con la

ejecutoria de la sentencia de 8 de junio de 20174, de tal forma que

entre la fecha de exigibilidad del derecho y la presentación de la

petición no transcurrieron más de 4 años y, por ello, no era posible

declarar la prescripción en el asunto.

Afirmó que el TRIBUNAL incurrió en vulneración del derecho

fundamental a la igualdad, toda vez que “[…] dicha medida no está

siendo garantizada, ya que se procedió al reconocimiento de subsidio

de familia sin prescripción a unos soldados en las mismas condiciones

que mi poderdante, pero al momento de aplicar la ley y proceder al

reconocimiento del derecho a mi poderdante, se aplicó de forma

diferente, sin justificación alguna […]”.

Añadió que “[…] la presente situación no amerita un trato diferencial,

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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda- Subsección B, número
único de radicación 11001-03-25-000-2010-00065-00 Número interno: 0686-2010, CP: César
Palomino Cortés.

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entre otras cosas, porque todos los sujetos presentaron el derecho

de petición con posterioridad al mes de junio de 2017 y antes de

agosto del año 2021, esto para evitar que operara el fenómeno de la

prescripción de los cuatros años siguientes a la fecha en que quedó

en firme la sentencia […]”.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende la protección de

su derecho fundamental invocado como vulnerado y, en

consecuencia:

“[…] 1. PRIMER GRUPO DE PRETENSIONES
DECLARATIVAS: RELACIONADAS CON LA VIOLACION
DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN.

1.1. Se declare que, en la sentencia, proferida por el Honorable
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, se estructura la causal
especifica de procedibilidad de tutela contra providencias
judiciales, denomina VIOLACION DIRECTA DE LA
CONSTITUCIÓN, específicamente la VIOLACION DEL
DERECHO FUNDAMENTAL DE LA IGUALDAD.

1.2. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA
CONSTITUCIÓN se estructura porque el Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO, en la sentencia cuestionada, realiza un
trato desigual sin un criterio objetivo que lo justifique para mi
poderdante frente al trato que le dio al señor JOHN JAIRO
MAYORGA VALBUENA.

1.3. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA
CONSTITUCIÓN se estructura porque el Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO, en la sentencia cuestionada, realiza un

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trato desigual sin un criterio objetivo que lo justifique para mi
poderdante frente al trato que le dio al señor JARLEDY
MORENO SERMA.

1.4. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA
CONSTITUCIÓN se estructura porque el Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO, en la sentencia cuestionada, realiza un
trato desigual sin un criterio objetivo que lo justifique para mi
poderdante frente al trato que le dio al señor ÁLVARO
CASTILLO MATEUS.

1.5. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA
CONSTITUCIÓN se estructura porque el Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO, en la sentencia cuestionada, realiza un
trato desigual sin un criterio objetivo que lo justifique para mi
poderdante frente al trato que le dio al señor ROBIN MEZA
FLOREZ.

1.6. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA
CONSTITUCIÓN se estructura porque el Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO, en la sentencia cuestionada, realiza un
trato desigual sin un criterio objetivo que lo justifique para mi
poderdante frente al trato que le dio al señor ERNESTO
GUTIERREZ.

1.7. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA
CONSTITUCIÓN se estructura porque el Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO, en la sentencia cuestionada, realiza un
trato desigual sin un criterio objetivo que lo justifique para mi
poderdante frente al trato que le dio al señor JOEL MIRANDA
NAVARRO.

1.8. Que, como consecuencia de lo anterior, declare que el trato
dado a mi poderdante, por parte del tutelado, es trato
discriminatorio, y que el mismo está proscrito por el artículo 13
de la Constitución Política, lo que conlleva a que es estructure la
causal especifica de procedibilidad de tutela contra providencias
judiciales, denomina VIOLACION DIRECTA DE LA
CONSTITUCIÓN, en la sentencia aquí cuestionada.

1.9. Como consecuencia de lo anterior, se declare que Honorable
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, con la expedición de la
sentencia aquí cuestionada vulneró el DERECHO
FUNDAMENTAL DE LA IGUALDAD de mi poderdante.

2. SEGUNDO GRUPO DE PRETENSIONES DECLARATIVAS,
CONSECUTIVAS DE LAS ANTERIORES:

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2.1. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, le
ruego encarecidamente al Honorable Despacho, que proceda a
dejar, PARCIALMENTE (únicamente lo relacionado con la
prescripción del reajuste del subsidio de familia) sin efectos, LA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA proferida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “D” Bogotá, D. C.,
veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés
(2023) MAGISTRADO PONENTE: Dr. CERVELEÓN PADILLA
LINARES PROCESO No.: 11001-33-35-015-2020-00177-
01 ACTOR: EDILSON CAMPOS ANZOLA DEMANDADO:
NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –
EJÉRCITO NACIONAL CONTROVERSIA: REAJUSTE DEL
SUBSIDIO FAMILIAR CONFORME AL DECRETO 1794 DE
2000.

2.2. Como consecuencia de lo anterior, le ruego al Honorable
Despacho que ordene al Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO proferir nueva sentencia en la cual se
ordene a la entidad que se haga el reconocimiento y pago del
subsidio de familia desde el 18 DE ENERO DEL AÑO 2012,
fecha en la que inicio la unión marital de hecho […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL se limitó a remitir el expediente digital del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de

análisis, sin realizar pronunciamiento alguno frente al fondo del

asunto.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El JUZGADO, vinculado en calidad de tercero con interés

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directo en las resultas del proceso, señaló que dentro del trámite de

la actuación judicial se garantizó el debido proceso a las partes y que

la decisión fue proferida de conformidad a la normatividad y

jurisprudencia aplicable, concediendo el recurso de apelación el cual

fue resuelto por el superior.

Igualmente, indicó que los fundamentos de hecho y de derecho que

sirvieron de sustento para adoptar la decisión de primera instancia

que negó las pretensiones de la demanda, se encuentran contenidas

en la sentencia de 12 de agosto de 2022.

I.6.2.- La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO

NACIONAL, vinculado en calidad de tercero con interés directo en

las resultas del proceso, pese a ser notificado en debida forma guardó

silencio.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

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abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

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elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la

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tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente

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demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el caso bajo examen, el actor pretende que se deje sin efecto

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parcialmente la providencia de reemplazo de 28 de septiembre

de 2023, proferida por el TRIBUNAL, por medio de la cual se

confirmó parcialmente la decisión del a quo, dentro del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el

número único de radicación 2020-00177-01.

La controversia tiene origen en el medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho promovido por el actor contra la

NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL,

por medio del cual pretendía que se dejara sin efectos el acto

administrativo que negó el reajuste del subsidio familiar de

conformidad con el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada vulneró su derecho

fundamental a la igualdad, toda vez que al ordenar el reconocimiento

del subsidio familiar a partir del 1o. de marzo de 2018, le dio un trato

diferente respecto a sus compañeros a quienes se les reajustó la

aludida prestación de conformidad con el Decreto núm. 1794 de 2000

sin aplicársele la prescripción.

Recalcó que el reajuste del subsidio familiar solo fue exigible con la

ejecutoria de la sentencia de 8 de junio de 2017, de tal forma que

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entre la fecha de exigibilidad del derecho y la presentación de la

petición no transcurrieron más de 4 años y, por ello, no era posible

declarar la prescripción en el asunto.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el

TRIBUNAL vulneró el derecho deprecado e incurrió en violación

directa de la Constitución, al haber proferido la providencia de

28 de septiembre de 2023, dentro del medio de control de nulidad

y restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2020-00177-01.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

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expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».6

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En

[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las

[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

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circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente

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acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia

constitucional, en la medida en que lo pretendido por el actor es que

se realice un nuevo análisis del asunto puesto a consideración del

juez natural, como si este mecanismo constitucional se tratara de

una instancia adicional al proceso ordinario.

Así las cosas, la Sala advierte que los argumentos que invoca el

accionante como fundamento de la presunta vulneración de los

derechos deprecados, son los mismos que fueron puestos a

consideración ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y

se evidencia que lo pretendido es crear una instancia adicional

trayendo argumentos que ya fueron suficientemente debatidos por

los jueces naturales del litigio.

En efecto, la divergencia recae sobre un asunto económico y de mera

legalidad, porque los motivos que fundamentan la inconformidad del

actor se sustentan, básicamente, en que la autoridad judicial

accionada no debió decretar la prescripción, toda vez que el derecho

a consolidar el reconocimiento del subsidio familiar bajo las

disposiciones contenidas en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000,

era exigible desde el 18 de enero de 2012 fecha en la que se dio

inicio a la unión marital de hecho que fue protocolizada mediante

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escritura pública núm. 3391 de 8 de septiembre de 2017 ante la

Notaría Séptima del Círculo de Bogotá.

Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva

constitucional, se limita a una discusión meramente económica y

legal, que gira en torno a la inconformidad con la decisión adoptada

por el juez natural del asunto, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL

de forma admisible, así:

“[…] En virtud de lo anterior, el subsidio familiar que ha de
reconocérsele y reajustarse al accionante es el instituido en el
precepto 11 del Decreto 1794 de 2000 (4% del sueldo básico
mensual más la prima de antigüedad). Así mismo, no habrá
lugar a declarar probada, de oficio, la excepción de prescripción
de los ajustes, como quiera que, atendiendo al Decreto Ley 1211
de 1990 (art. 174), no transcurrieron 4 años entre la
acreditación del derecho, esto es, la Escritura Pública No. 3391
del 8 de septiembre de 2017 y el reconocimiento del subsidio
familiar conforme a la Orden Administrativa de Personal No.
1744 del 30 de julio de 2018, suscrita por el Comandante de
Personal del Ejército Nacional, efectiva a partir del 1º de marzo
de 2018, ni tampoco desde este último momento hasta la data
de petición de reajuste (05 de octubre de 2018), ni desde esta
última fecha hasta la presentación de la demanda.

En consecuencia, se ordenará a la entidad demandada a
reajustar y pagar el subsidio familiar en los términos del Decreto
1794 de 2000, reliquidación que ha de realizarse a partir del 1º
de marzo de 2018, fecha que da cuenta del reconocimiento
ese derecho prestacional […]” (Destacado pertenece al
texto).

De los apartes transcritos de la sentencia cuestionada se extrae que

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el TRIBUNAL realizó un análisis de la situación fáctica y jurídica del

asunto, de lo cual concluyó que el actor era acreedor del

reconocimiento y reajuste del subsidio familiar de conformidad con

los criterios establecidos en el artículo 11 del Decreto núm. 1794 de

2000.

Así mismo, contrario a lo alegado por el actor, la autoridad judicial

accionada señaló que no había lugar a declarar la prescripción del

ajuste, en tanto no había transcurrido el tiempo definido en el

Decreto Ley núm.1211 de 199015, pues no transcurrieron 4 años

entre la acreditación del reconocimiento de la unión marital de hecho

y el reconocimiento del derecho conforme a la orden administrativa

núm. 1744 de 2018.

En este punto es del caso destacar que la Sala en asuntos similares

al presente, ha decidido que la solicitud de amparo carece del

requisito general de la relevancia constitucional, este es el caso del

fallo de tutela de 23 de noviembre de 202316, comoquiera que el

problema jurídico a debatir no es la interpretación armónica y

15
“Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares”.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Germán Eduardo
Osorio Cifuentes, sentencia de 23 de noviembre de 2023 identificada con el número único de radicación
110010315000-2023-06607-00.

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sistemática de los efectos ex tunc de la sentencia de 8 de junio de

2017 en cuanto al reconocimiento del subsidio familiar conforme el

Decreto 1794 de 2000, sino un debate de mera legalidad relacionado

con la prescripción.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala encuentra que la acción de

tutela de la referencia es improcedente por falta del requisito

general de relevancia constitucional, porque a través de esta el

actor lo que pretende es cuestionar una decisión judicial como si este

mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional al proceso

ordinario, sin que en todo caso se vislumbre que la autoridad judicial

accionada pudo haber actuado de forma abiertamente arbitraria o

desbordado los límites del principio de la autonomía judicial, pues,

por el contrario, se advierte que el TRIBUNAL se pronunció frente a

los aspectos que alude el actor.

Asimismo, la Sala reitera que la tutela contra providencias judiciales

implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del

fallo cuestionado, lo que excluye el estudio de situaciones como las

planteadas por el actor, al no advertirse una actuación arbitraria por

parte de la autoridad accionada.

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Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado

improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no

resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se

centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue

el caso de la providencia de 9 de febrero de 201717, en la que se

sostuvo:

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).

Igualmente, en providencia de 29 de agosto de 201818 se indicó:

“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
17
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

18
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.

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de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, por lo

que el desacuerdo con la interpretación y consideraciones que

efectúe la autoridad que conoce un asunto, se debe respetar por el

juez de tutela, quien no puede desconocer la decisión que adopte el

juez natural dentro del ámbito de sus competencias, lo cual sólo es

dable cuando se vulneran derechos fundamentales, lo que en el

presente caso no se encontró probado.

En consecuencia, la Sala declarará improcedente la presente acción

de tutela por carecer del requisito general de la relevancia

constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

la presente providencia.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de mayo de 2024.

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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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