Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-01614-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-01614-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-01614-00
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
17 de mayo de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01614-00
Accionante: Wilson Leonardo Leal Arbeláez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 11001-03-15-000-2024-01614-00
Accionante: Wilson Leonardo Leal Arbeláez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Primera-Subsección A
Referencia: Acción de tutela
Tema: acción de tutela contra providencia judicial
Subtema 1: Desconocimiento del precedente
Subtema 2: Costas procesales en acción de grupo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela que presentó Wilson
Leonardo Leal Arbeláez en contra de la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de la tutela
Wilson Leonardo Leal Arbeláez1 solicitó el amparo de su derecho fundamental al
debido proceso, que consideró vulnerado por la Subsección A de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ocasión de la sentencia de
segunda instancia del 29 de febrero de 2024, que se abstuvo de condenar en costas
y confirmó parcialmente el fallo proferido por el Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito de Bogotá el 30 de marzo de 2022, que accedió a las pretensiones de la
demanda dentro del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos, identificado con el número de radicación 11001-33-31-010-2012-00228-
00/01.
1.2. Hechos probados2
1.2.1. Wilson Leonardo Lean Arbeláez, en ejercicio del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos, solicitó la protección de los
derechos al “goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso
público” y “la seguridad y salubridad públicas”, que consideró vulnerados por Bogotá
Distrito Capital-Secretaría Distrital de Ambiente y la Compañía Colombiana
Automotriz S.A. (liquidada).
1.2.2 El asunto correspondió conocerlo, bajo el radicado núm. 11001-33-31-010-
2012-00228-00, al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Popayán,
autoridad que, mediante sentencia del 30 de marzo de 2022, amparó los derechos
colectivos previstos en los literales d y g del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, sin
embargo, negó la condena en costas, en la medida en que en el asunto no se
1 Archivo electrónico identificado con certificado B5A445F464F21CCC B4FA146E8CE32480
BE1395F53ACF41BC 741330E103DCCAD8, ubicado en el índice 2 del Samai.
2 Ver documentos aportados al expediente de tutela, visibles en el índice 10 en la plataforma Samai.
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demostró que se causaron, de conformidad con el numeral 8 del artículo 365 del
CGP.
1.2.3. Inconformes con la anterior decisión, las partes interpusieron recurso de
apelación.
Por su lado, la parte actora manifestó su inconformidad con la negativa de acceder
a la condena en costas. Manifestó que las costas aparecían causadas, porque
promovió la acción popular y se enfrentó sin recursos económicos a una firma de
abogados.
El accionante refirió la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 6 de
agosto de 2019 (expediente 2017-00036), en la que se indicó que, de conformidad
con el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, se admitía el reconocimiento de costas
procesales en favor del actor popular y a cargo de la parte demandada, siempre que
la sentencia resultara favorable a las pretensiones.
1.2.4. En segunda instancia, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca expidió la sentencia de 29 de febrero de 2024 en
la que resolvió confirmar el fallo apelado, “salvo en cuanto hace (sic) a los
ordenamientos tercero y cuarto, por haberse configurado la carencia actual de
objeto por hecho superado”.
Respecto a las costas procesales, transcribió apartes de la sentencia de unificación
del 6 de agosto de 2019, en los que se explica su concepto, composición y
configuración.
Afirmó que, de acuerdo con la providencia transcrita, las costas procesales se
componían de expensas y agencias en derecho. Las expensas son los gastos
necesarios para el trámite del proceso. Las agencias en derecho, a su vez,
corresponden a la suma que el juez debe ordenar en beneficio de la parte favorecida
con la condena, para reconocer los costos originados por la representación de un
abogado o, si actuó en nombre propio, como contraprestación por el tiempo y
esfuerzo dedicados a la causa.
Expuso que, por su parte, el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establecía que, salvo en los
procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas. En consecuencia, concluyó que en el marco del medio de
control de protección de derechos e intereses colectivos, por su naturaleza, no era
procedente la condena en costas.
1.3. Pretensiones y argumentos de la tutela
Wilson Leonardo Leal Arbeláez pidió al juez constitucional que ampare su derecho
fundamental al debido proceso y ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
que deje sin efectos la sentencia cuestionada y profiera una nueva decisión en la
que se reconozcan las costas procesales en primera y segunda instancia.
Como argumentos de sus pretensiones, la parte tutelante afirmó que la Subsección
A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en
los defectos sustantivo por aplicación indebida del artículo 188 del CPACA e
inaplicación de la sentencia de unificación proferida el 6 de agosto de 2019 por el
Consejo de Estado.
Argumentó que las acciones populares, reguladas específicamente por la Ley 472,
no deben estar sujetas a normativas generales que contradigan su naturaleza y
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finalidad. “Esto incluye la inaplicabilidad del Artículo 188 del CPACA sobre condena
en costas, ya que la Ley 472 remite a las normas civiles específicas del CGP para
estos asuntos”.
Sostuvo que la autoridad judicial desconoció el precedente jurisprudencial, porque
en la sentencia de unificación el Consejo de Estado estableció criterios importantes,
reconociendo, entre otros aspectos, el derecho a la condena en costas, en
determinadas circunstancias, en los procesos de acción popular.
1.4. Trámite de tutela e intervenciones
1.4.1. El despacho del magistrado ponente, en auto del 8 de abril de 20243, admitió
la acción; vinculó como terceros interesados al Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito de Bogotá, a Bogotá-Secretaría Distrital de Ambiente, a la Compañía
Colombiana Automotriz y a quienes participaron en el medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos con radicado número 11001-33-
31-010-2012-00228-00/01; suspendió los términos del trámite constitucional y
ordenó notificar a los sujetos procesales.
1.4.2. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Bogotá sostuvo que,
respecto a la solicitud de reconocimiento de las costas procesales, la sentencia
emitida por ese despacho el 30 de marzo de 2022, consideró en los numerales 8 y
9 su improcedencia, circunstancia que, en igual medida, evaluó la segunda
instancia.
1.4.3. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca contestó la acción de tutela y solicitó desestimar las pretensiones
de la demanda y, en consecuencia, declarar su improcedencia.
Advirtió que la solicitud de amparo no superaba el requisito de relevancia
constitucional, en la medida en que la controversia gira en torno al alcance o ámbito
de la aplicación de una norma, por tanto, tal definición cae dentro del marco de
apreciación del juez ordinario.
En particular, destacó que la norma que regula las costas en la Ley 1437 de 2011
también aplica para las acciones populares como norma especial, toda vez que
dicho medio de control se encuentra descrito en la Ley 1437 de 2011, artículo 144.
Afirmó que el fenómeno que se presenta corresponde, en realidad, a una
subrogación por regulación posterior de la materia en la ley.
En cuanto al desconocimiento del precedente judicial, adujo que este se tuvo en
cuenta en la sentencia cuestionada y se realizó una interpretación de aquel, de
manera integral con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
1.4.4. El Distrito Capital de Bogotá, mediante su directora distrital de gestión
judicial de la Secretaría Judicial, allegó su respectivo informe y solicito al juez
constitucional que niegue las pretensiones de la demanda o, en su defecto, que
declare la improcedencia de la acción.
Explicó que la solicitud de amparo no era el medio judicial para controvertir lo
solicitado, ya que el tutelante fue notificado de la sentencia de segunda instancia y
es allí donde debió esgrimir todos los argumentos que menciona en la acción
3 Ver documento contenido en el índice 5 del expediente digital de tutela en Samai, con certificado
9D8A81FACC1D7B75 B239979E2E4469DE DF902321B1D68C9B E4D487DC0EE7C94E.
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constitucional, esto es “aclaración y complementación de la sentencia, eventual
revisión, etc”.
Por otra parte, manifestó que carecía de legitimación en la causa por pasiva, en la
medida en que la acción de tutela iba dirigida contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, quien es el único que podría llegar a tomar una decisión en materia
judicial.
1.4.5. La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá se opuso a la prosperidad
de las pretensiones, por cuanto la acción de tutela no es el medio idóneo para
garantizar el reconocimiento de la condena en costas.
Afirmó que la Secretaría Distrital de Ambiente no era responsable de la vulneración
del derecho fundamental reclamado, toda vez que no fue la autoridad que tomó la
decisión que hoy se cuestiona, por tanto, no puede ser sujeto pasivo de la acción
de tutela.
1.4.6. El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público de
Bogotá contestó la solicitud de amparo y deprecó que se declarara su
improcedencia.
Sostuvo que “frente a las manifestaciones efectuadas por la accionante, en primer
término es preciso señalar que el Departamento Administrativo de la Defensoría del
Espacio Público-DADEP, es enfático en manifestar al despacho que no ha
desconocido o vulnerado ningún derecho fundamental al accionante, de acuerdo
con las competencias de esta Defensoría establecidas en el Acuerdo Distrital 018
de 1999, si bien es cierto hizo parte de la acción popular el hecho se encuentra
superado, teniendo en cuenta la sentencia de segunda instancia, se encuentra
ejecutoriada”.
Expuso que la acción de tutela comporta una serie de elementos esenciales, entre
los cuales deben concurrir la inmediatez y la no existencia de otros mecanismos
para proteger el derecho que se considera desconocido, situación que no sucede
en el presente asunto.
1.4.7. Los demás sujetos procesales, a pesar de ser notificados en debida forma,
guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sala tiene competencia para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591
de 1991, y lo previsto en el reglamento interno de la Corporación.
2.2. Legitimación en la causa
La legitimación en la causa por activa de Wilson Leonardo Lean Arbeláez se
encuentra acreditada, dado que fungió como demandante dentro del medio de
control de protección de los derechos e intereses colectivos, identificado con el
número de radicación 11001-33-31-010-2012-00228-00/01 y, por tanto, es el titular
de los derechos fundamentales cuyo amparo se pretende.
En ese contexto, también está probada la legitimación en la causa por pasiva de
la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
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Cundinamarca, en la medida en que fue la autoridad que emitió la decisión que,
según el actor, vulneró su derecho fundamental.
2.3. Procedibilidad de la acción de tutela
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe realizar, luego del examen de
legitimación en la causa de las partes, el de procedibilidad general de la acción;
pues, solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan,
procede el pronunciamiento de fondo sobre la problemática jurídica que el actor
plantea en función de los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme
a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales4.
2.3.1. Los reparos de la tutela superan los requisitos de carga argumentativa y de
relevancia constitucional, por cuanto la parte tutelante expuso con claridad que la
vulneración de sus derechos surgió a partir de una errónea interpretación de las
normas que reglan las costas procesales, así como delimitó con claridad cuál fue la
regla fijada en la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2019 y explicó por qué
fue desconocida por la autoridad judicial accionada.
Lo anterior implica la posible configuración de un defecto sustantivo por indebida
aplicación del artículo 188 del CPACA y el desconocimiento de la sentencia de
unificación proferida por el Consejo de Estado, por lo que se trata de aspectos
definitivos para establecer si el tutelante tenía derecho a que se reconocieran las
costas procesales a su favor, asunto que está relacionado con la protección de las
garantías al debido proceso y de acceso a la administración de justicia en su
dimensión constitucional.
2.3.2. El presupuesto de subsidiariedad también se encuentra satisfecho, porque
no procede mecanismo judicial ordinario o extraordinario alguno para controvertir,
en particular, la sentencia del 29 de febrero de 2024 por la configuración de los
defectos invocados.
2.3.3. La acción de tutela se instauró oportunamente, en términos del requisito de
la inmediatez, porque la sentencia controvertida del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca fue proferida el 29 de febrero de 2024 y el actor presentó la solicitud
de amparo el 4 de abril siguiente, es decir, dentro del término razonable que la
4 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se
concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si
en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente
para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece
de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen
del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material
de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales,
en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo
lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad
de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los
jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el
artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
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jurisprudencia constitucional ha previsto y que esta Corporación ha establecido de
manera general en seis meses5.
2.3.4. Finalmente, la providencia cuestionada no corresponde a una sentencia de
tutela. Satisfechos los requisitos generales de procedibilidad de la acción, hay lugar
a avanzar al análisis de los requisitos específicos de procedencia.
2.4. Problema jurídico
La Sala deberá establecer si la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca vulneró el derecho fundamental al debido proceso
de Wilson Leonardo Leal Arbeláez al proferir la sentencia del 29 de febrero de 2024
y omitir condenar en costas, por la posible configuración de la causal específica de
procedencia conocida como defecto sustantivo.
Para lo anterior, la Sala abordará el alcance jurisprudencial del defecto sustantivo,
las normas que regulan la imposición de costas procesales en acciones populares,
así como la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2019 para, luego, analizar
el caso concreto.
2.4.1. Defecto sustantivo
La Corte Constitucional ha considerado que el defecto sustantivo se configura
cuando el juez desborda los principios de autonomía e independencia de
interpretación y aplicación de las normas jurídicas y procede a tomar decisiones sin
sustento legal, a aplicar disposiciones legales inaplicables al caso o a realizar
interpretaciones que contravienen postulados de rango constitucional o que
conducen a resultados desproporcionados6; o por desconocimiento del precedente,
cuando se aparta de la regla de decisión aplicable al caso sin justificar tal conducta 7.
“Respecto del defecto sustantivo, se ha determinado que se trata de un yerro
producto de la irregular interpretación o aplicación de normas jurídicas a un caso
sometido a conocimiento del juez. Si bien las autoridades judiciales son autónomas
e independientes para establecer cuál es la norma que fundamenta la solución del
5 Al respecto ver las sentencias SU-961de 1999 y T-031 de 2016 de la Corte Constitucional, y la
sentencia proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado el 5 de agosto del 2014.
6 En ese orden, la Corte Constitucional ha fijado las siguientes hipótesis de configuración del defecto
sustantivo6: i) cuando existe una carencia absoluta de fundamento jurídico, es decir, la decisión se
sustenta en una norma que no existe, que ha sido derogada o que ha sido declarada inconstitucional,
ii) cuando la aplicación de una norma requiere interpretación sistemática con otras que no son
tenidas en cuenta y resultan necesarias para la decisión adoptada, iii) cuando la providencia incurre
en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión, iv) cuando se aplica una norma cuya
interpretación desconoce una sentencia de efectos erga omnes, es decir, se aplica una norma en
sentido diferente al fijado en una sentencia de constitucionalidad o de legalidad, v) cuando se aplican
normas abiertamente inconstitucionales, evento en el cual si bien el contenido normativo no ha sido
declarado inexequible, este es abiertamente contrario a la Constitución o cuando la norma aplicable,
si bien no es inconstitucional, al ser aplicada al caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón
por lo que debe ser inaplicada, vi) cuando la autoridad judicial realiza una interpretación irrazonable
porque le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que esta no tiene (contraevidente); o
le confiere a la disposición legal una interpretación que en principio resulta formalmente posible a
partir de las varias opciones que ofrece pero que en realidad contraviene postulados de rango
constitucional o conduce a resultados desproporcionados.
7 Según la sentencia SU-354 de 2017: “La Corte Constitucional ha establecido que una providencia
judicial adolece de un defecto sustantivo cuando la autoridad jurisdiccional (i) aplica una disposición
en el caso que perdió vigencia por cualquiera de las razones previstas por la normatividad; (ii) aplica
un precepto manifiestamente inaplicable al caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que
la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realice una interpretación contraevidente o
claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial -horizontal o
vertical- sin justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad
ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por
alguna de las partes en el proceso”
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caso puesto bajo su conocimiento, y para interpretarlas y aplicarlas, estas facultades
no son absolutas, por lo que excepcionalmente el juez de tutela debe intervenir para
garantizar la vigencia de los derechos fundamentales y de la Constitución, sin que
ello implique señalar la interpretación correcta o conveniente en un caso específico
por encima del juez natural”8.
En lo atinente al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
—horizontal o vertical—, se tiene que una providencia judicial incurre en esta
causal cuando la autoridad jurisdiccional se aparta sin justificación suficiente9,
vale decir, desconoce aquella sentencia (o conjunto de sentencias) que presenta
similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos
y (ii) problemas jurídicos, y en la que, en su ratio decidendi, se ha fijado una regla
para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.
En esa lógica, en la sentencia T-794 de 2011, la Corte indicó los siguientes criterios
a tener en cuenta para identificar el desconocimiento de precedente judicial: a) que
la ratio decidendi del fallo que se evalúa como precedente contenga una regla
judicial relacionada con el caso a decidir posteriormente10; b) que se trate de un
problema jurídico semejante o una cuestión constitucional semejante; y c) que los
hechos del asunto o las normas juzgadas en la sentencia sean semejantes o
planteen un punto de derecho similar al que se debe resolver con posterioridad 11.
Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases
de precedentes según la autoridad que profiera la providencia previa, lo cual
determina el grado de obligatoriedad y sujeción que debe atender el juez o
magistrado a la hora de proferir su fallo. La primera de ellas, es el precedente
horizontal, que hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la
misma jerarquía o por el mismo operador judicial; la segunda, el precedente
vertical, que se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias
superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción
o a nivel constitucional.12
En la mayoría de los asuntos, el precedente vertical, de obligado cumplimiento por
los funcionarios judiciales, lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo
de Estado, en tanto órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. 13 Sin
embargo, en los casos en los que la decisión no es susceptible de revisión por parte
de las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer
los criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores14.
En ese orden de ideas, cuando el contenido de las decisiones que profieren los
órganos de cierre, en cada una de sus jurisdicciones, sean de naturaleza
unificadora, los jueces resultan obligados por estas o por sus propias sentencias,
en aquellos eventos en que los casos resulten idénticos. No obstante, esta regla
admite una excepción, pues no es obligatorio aplicar el precedente cuando el caso
presenta situaciones no analizadas con anterioridad en otros fallos.
8 Sentencia T-453 de 2017.
9 Corte Constitucional, sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006,
T-087 de 2007, T-436 de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.
10 Corte Constitucional, Sentencia T-446 de 2013: «Es la ratio decidendi que es la base jurídica
directa de la sentencia, el precedente judicial que, en virtud del derecho a la igualdad, tiene efectos
vinculantes y debe ser aplicado para resolver casos similares, esto por cuanto ella constituye el
conjunto de argumentos jurídicos que permiten solucionar el problema debatido en el caso y explicar
la decisión adoptada a la luz de los hechos que lo fundamentan. De manera que la ratio decidendi
expresada en el precedente judicial constituye un importante límite a la autonomía judicial que no
puede ser desconocido por los jueces».
11Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006.
12Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011.
13Corte Constitucional, sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.
14Corte Constitucional, sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011.
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Las autoridades judiciales pueden apartarse de los precedentes judiciales, en
atención a su autonomía y a su independencia, pero siempre que cumplan las
siguientes reglas: “(i) Deben hacer referencia al precedente que abandonan, lo que
significa que no pueden omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca
hubiera existido (principio de transparencia); y, (ii) deben ofrecer una carga
argumentativa seria, mediante la cual expliquen, de manera suficiente y razonada,
los motivos por los cuales consideran que es necesario apartarse de sus propias
decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de
razón suficiente)”15.
En definitiva, conforme al criterio vigente de la Corte Constitucional, el
desconocimiento del precedente judicial, sin debida justificación, configura un
defecto sustantivo, pues su respeto es una obligación de todas las autoridades
judiciales en virtud de la garantía de los principios al debido proceso, a la igualdad
y a la buena fe.16
De otra parte, en la SU 332 de 2019,17 la Corte Constitucional se refiere al
desconocimiento del precedente de las altas cortes y, para el efecto, señala:
“Importancia de los órganos de unificación de jurisprudencia
15. Esta Corte diferenció dos clases de precedentes, el horizontal y el vertical, para
lo cual tomó como criterio diferenciador la autoridad que profiere el fallo que se tiene
como referente. En esa medida, el precedente horizontal hace referencia al respeto
que un juez debe tener sobre sus propias decisiones y sobre las tomadas por jueces
de igual jerarquía, mientras que, el vertical apunta al acatamiento de los fallos
dictados por las instancias superiores en cada jurisdicción encargadas de unificar la
jurisprudencia.
16. Ahora bien, como se explicó líneas atrás, cuando el precedente emana de los
altos tribunales de justicia en el país (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia
y Consejo de Estado), adquiere un carácter ordenador y unificador que busca realizar
los principios de primacía de la Constitución, igualdad, confianza legítima y debido
proceso. Adicionalmente, se considera indispensable como técnica judicial para
mantener la coherencia del sistema”.
2.4.2. Las costas procesales en acciones populares y la sentencia de
unificación
El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 admite el reconocimiento de las costas
procesales a favor del actor popular y a cargo de la parte demandada, siempre que
la sentencia le resulte favorable a las pretensiones protectorias de los derechos
colectivos, y la condena en costas, a la luz del artículo 361 del Código General del
proceso, incorpora tanto el concepto de expensas y gastos procesales como el de
las agencias en derecho.
También hay lugar a condenar en costas a la parte demandada, en los componentes
de expensas y gastos procesales y de agencias en derecho, cuando hayan actuado
con temeridad o mala fe.
15Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011.
16Corte Constitucional. Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y T-464 de 2011, T-794 de 2011,
C-634 de 2011, entre otras.
17Referencia: Expedientes acumulados: T-5904426 (Elsa Marina Ñustes Lozano), T-5904482 (Luis
Hernán Medina Urueña),T-5912659 (Margoth Rivera de Quevedo), T-5942333 (Mercedes Castro
Pinilla), T-5942352 (Hipólito Arévalo Tique), magistrada sustanciadora: Gloria Stella Ortiz Delgado,
sentencia del 245 de julio de 2019.
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Conforme lo dispone el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, armonizado con el artículo
361 del Código General del Proceso, en las acciones populares la condena en
costas a favor del actor popular incluye las expensas, gastos y agencias en derecho
con independencia de que la parte actora haya promovido y/o concurrido al proceso
mediante apoderado judicial o lo haya hecho directamente.
En cualquiera de los eventos en que cabe el reconocimiento de las costas
procesales, bien sea en cuanto a las expensas y gastos procesales o a las agencias
en derecho, a favor del actor popular o de la parte demandada, la condena se hará
atendiendo las reglas previstas en el artículo 365 del Código General del Proceso,
de forma que solo se condenará al pago de aquellas que se encuentren causadas
y se liquidarán en la medida de su comprobación.
Para este efecto, se entenderá causada la agencia en derecho siempre que el actor
popular resulte vencedor en la pretensión protectoria de los derechos colectivos y
su acreditación corresponderá a la valoración que efectúe el fallador en atención a
los criterios descritos en el numeral 4 del artículo 366 del Código General del
Proceso, es decir, en atención a la naturaleza, calidad y duración del asunto, o a
cualquier otra circunstancia especial que resulte relevante para tal efecto.
Las agencias en derecho se fijarán por el juez aplicando las tarifas establecidas por
el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo
y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de
la gestión realizada por el actor popular, con independencia de si actuó directamente
o mediante apoderado, u otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el
máximo de dichas tarifas.
Ahora bien, a pesar de que el artículo 188 del CPACA reguló el tema de las costas
procesales y agencias en derecho, el Consejo de Estado, mediante sentencia de
unificación del 6 de agosto de 2019,18 estudió la aplicación del artículo 38 de la Ley
472 de 199819 y precisó su alcance bajo la siguiente regla:
“PRIMERO: Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar
el alcance de la interpretación del artículo 38 de la Ley 472 de 1998 y su armonización
con las disposiciones que regulan el reconocimiento, la condena y la liquidación de
las costas, así:
2.1 El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 admite el reconocimiento de las costas
procesales a favor del actor popular y a cargo de la parte demandada, siempre que la
sentencia le resulte favorable a las pretensiones protectorias de los derechos
colectivos, y la condena en costas, a la luz del artículo 361 del Código General del
proceso, incorpora tanto el concepto de expensas y gastos procesales como el de las
agencias en derecho.
2.2 También hay lugar a condenar en costas a la parte demandada, en los
componentes de expensas y gastos procesales y de agencias en derecho, cuando
haya obrado con temeridad o mala fe. En este último evento, también habrá lugar a
condenarlo al pago de la multa prevista en la disposición 38 ibídem.
2.3 Sólo cabe reconocer costas a favor de la parte demandada y a cargo del actor
popular, cuando este último actuó temerariamente o de mala fe, caso en el cual
también habrá lugar a imponer la multa prevista en el artículo 38 de la Ley 472 de
1998. No hay lugar a condenarlo cuando la demanda le sea decidida en contra. En
este evento la condena en costas sólo admite el reconocimiento de los honorarios y
18 La mencionada decisión fue proferida en virtud del mecanismo de la revisión eventual de la acción
popular con radicado 15001.33.33.007.2017.00036.01, consejera ponente: Rocío Araujo Oñate.
19 La norma en mención es del siguiente tenor: Costas. El juez aplicará las normas de procedimiento
civil relativas a las costas. Solo podrá condenar al demandante a sufragar los honorarios, gastos y
costos ocasionados al demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe. En
caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá imponer una multa hasta de veinte (20)
salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos
e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar.
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de las expensas, pues al tenor del artículo 364 del Código general del Proceso, es
claro que las agencias en derecho no corresponden a los honorarios a los que se
refiere la norma, pues ellos se señalan relación con los auxiliares de la justicia.
2.4 Conforme lo dispone el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, armonizado con el
artículo 361 del Código General del Proceso, en las acciones populares la condena
en costas a favor del actor popular incluye las expensas, gastos y agencias en
derecho con independencia de que la parte actora haya promovido y/o concurrido al
proceso mediante apoderado judicial o lo haya hecho directamente.
2.5 En cualquiera de los eventos en que cabe el reconocimiento de las costas
procesales, bien sea en cuanto a las expensas y gastos procesales o a las agencias
en derecho, bien sea a favor del actor popular o de la parte demandada, la condena
se hará atendiendo las reglas previstas en el artículo 365 del Código General del
Proceso, de forma que sólo se condenará al pago de aquellas que se encuentren
causadas y se liquidarán en la medida de su comprobación, conforme con lo previsto
en el artículo 366 del Código general del Proceso.
2.6 Las agencias en derecho se fijarán por el juez aplicando las tarifas establecidas
por el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un
mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el actor popular, con independencia de si actuó
directamente o mediante apoderado, u otras circunstancias especiales, sin que pueda
exceder el máximo de dichas tarifas”.
La citada sentencia ordenó advertir a la comunidad en general que las reglas de
unificación y sus razones de decisión constituyen precedente vinculante en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los procesos
de acciones populares que se encuentran en curso en la jurisdicción contencioso
administrativa y los que a futuro se inicien ante ella.
2.5. Caso concreto
En el presente asunto, la parte accionante formuló solicitud de amparo
constitucional de su derecho fundamental al debido proceso en contra de la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
pues consideró que incurrió en defecto sustantivo al proferir la sentencia del 29 de
febrero de 2024., en la que amparó los derechos colectivos, pero se abstuvo de
condenar en costas.
De manera preliminar se advierte que el defecto sustantivo invocado, a juicio de la
Sala, consiste en la indebida aplicación del artículo 188 del CPACA y el
desconocimiento del artículo 38 de la Ley 472 de 1998, norma que regula las costas
procesales en las acciones populares y sobre la cual la Sala Plena del Consejo de
Estado, mediante sentencia de unificación del 6 de agosto de 2019 20, precisó su
alcance. En ese orden de ideas, resulta pertinente examinar, de manera simultánea,
los defectos antes señalados por guardar conexidad en la forma como pasa a
explicarse.
La mencionada sentencia de unificación, en cuanto a las expensas en favor del actor
popular, precisó que al tenor de lo previsto en los artículos 365 y 366 del CGP, se
reconocen las que estén causadas en el proceso y se liquidan en la medida de su
comprobación. Agregó la Sala Plena que solo será posible tasar la suma de las
expensas conforme a lo que se acredite y verifique en el expediente, teniendo en
cuenta que únicamente es dable reconocer aquellas necesarias para el desarrollo
del proceso.
Respecto de las agencias en derecho, en virtud de las normas citadas del CGP, se
reconocen las que estén causadas en el proceso y se liquidan, al igual que las
20 La mencionada decisión fue proferida en virtud del mecanismo de la revisión eventual de la acción
popular con radicado 15001-33-33-007-2017-00036-01.
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expensas, en la medida de su comprobación. Expresó el citado fallo que el hecho
de que el actor popular haya resultado triunfante en la pretensión protectoria, en
principio, da lugar a su reconocimiento.
Igualmente, advirtió que aun cuando se verifique en forma objetiva la victoria
procesal del actor popular, la tasación de las mentadas agencias en derecho
requiere la valoración del juez respecto de la naturaleza, calidad y duración de la
gestión realizada, o de otras circunstancias especiales, a partir de las cuales se
debe fijar la suma que estime razonable y acorde21.
Con fundamento en lo precedente, observa la Sala que la sentencia del 29 de
febrero de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurrió en el defecto aludido, en tanto el operador
judicial no tuvo en cuenta la norma que regula el reconocimiento de las expensas y
agencias en derecho, en consonancia con la pauta jurisprudencial que exige para
su reconocimiento la debida comprobación.
En ese sentido, la Sala considera que, a pesar de que prevalece la autonomía
judicial y la libertad interpretativa, el tribunal accionado partió de una premisa no
aplicable, pues consideró que como en la acción popular se discute un interés
público, no era procedente la condena en costas. Tal afirmación contraría la regla
de unificación dispuesta en la plurimencionada sentencia del 6 de agosto de 2019.
Ahora bien, la Sala denota que, a pesar de que la autoridad accionada, mencionó y
citó apartes de la sentencia de unificación proferida el 6 de agosto de 2019 (acápite
de concepto, composición y configuración), lo cierto es que no hizo referencia a la
regla de unificación allí fijada, así como tampoco explicó por qué se apartaba de su
aplicación.
En consecuencia, la decisión cuestionada afectó el derecho fundamental incoado
por el accionante, en tanto no se advierte que el órgano judicial demandado
realizara un estudio sobre la necesidad de efectuar reconocimientos económicos en
la modalidad de expensas y agencias en derecho, de cara a la regla de unificación
fijada en la sentencia del 6 de agosto de 2024.
Ahora bien, es sabido que el instrumento de amparo instituido en el artículo 86 de
la carta política no puede ser utilizado para convertirse en una instancia adicional,
salvo que aparezca de manera relevante la afectación de derechos fundamentales,
situación que acontece en el sub lite.
En ese orden de ideas, esta judicatura advierte que la invocada situación de
vulnerabilidad del accionantes no implica, para el caso concreto, el reconocimiento
pecuniario por concepto de costas y agencias en derecho, dado que
necesariamente debe verificarse la comprobación de su causación en la forma como
se dejó expuesto.
Por las razones anotadas en esta providencia, la Sala amparará el derecho
fundamental al debido proceso de Wilson Leonardo Leal Arbeláez; y dejará sin
efectos la sentencia proferida el 29 de febrero de 2024 por la Subsección A de la
21 Cabe señalar que la Ley 1425 de 2010 en el artículo 1° derogó los artículos 39 y 40 de la Ley 472
de 1998 que establecían los incentivos económicos en favor de los actores populares. La Corte
Constitucional mediante sentencias C-630 de 2011, C-730 de 2011, C-902 de 2011 y C-786 de 2012,
declaró exequible la mencionada ley derogatoria.
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Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca única y
exclusivamente en lo relativo a la condena en costas.
En consecuencia, ordenará a la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que emita una nueva providencia en la que decida
sobre el reconocimiento de las costas procesales teniendo en cuenta la regla de
unificación fijada en la sentencia del 6 de agosto de 2019.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONCEDER el amparo de tutela del derecho fundamental al debido
proceso de Wilson Leonardo Leal Arbeláez, por los motivos expuestos en esta
providencia
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 29 de febrero de 2024 emitida
por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, dentro del expediente con radicado 11001-33-31-010-2012-00228-
00/01, única y exclusivamente en lo relativo a la condena en costas, en atención
a las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO: ORDENAR a la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, en el término de cuarenta (40) días contados
a partir de la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión en la que
atienda lo indicado en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
Firmado electrónicamente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
Firmado electrónicamente
SABF
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