Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-01617-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Relevancia constitucional: se pretende reabrir el debate jurídico y probatorio
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-01617-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-01617-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
31 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticuatro (2024).
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01617-01
Accionante: PABLO EMILIO LOBO RANGEL
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER Y
OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – FALTA DE
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – se pretende reabrir el debate jurídico y probatorio
agotado en el proceso ordinario / SUBSIDIARIEDAD – la parte interesada cuenta con el
recurso extraordinario de revisión para exponer su inconformidad respecto de la sentencia
cuestionada.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la parte demandante
contra la sentencia del 9 de mayo de 2024, mediante la cual la Sección Primera de
esta Corporación declaró la improcedencia de la acción de tutela1.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 4 de abril de 2024, el señor Pablo Emilio Lobo Rangel, a través de apoderado,
presentó acción de tutela contra el Juzgado Quinto Administrativo de Cúcuta y el
1 Que ingresó para fallo el 26 de junio de 2024 (índice 3 de Samai).
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01617-01
Accionante: Pablo Emilio Lobo Rangel
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de
Santander y otro
Referencia: Acción de tutela
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, con el fin de que se proteja su
derecho fundamental al debido proceso.
Hechos relevantes
2. El señor Pablo Emilio Lobo Rangel presentó demanda laboral en contra del
Instituto de Seguros Sociales con el fin de que se declarara la existencia de una
relación laboral entre junio de 1995 y julio de 2003 y, como consecuencia, se
ordenara el pago de las prestaciones sociales causadas, así como la sanción
moratoria.
3. El conocimiento del asunto correspondió, en primera instancia, al Juzgado Cuarto
Laboral de Cúcuta, autoridad judicial que accedió parcialmente a las pretensiones,
mediante sentencia del 22 de febrero de 2008.
4. La mencionada providencia fue modificada en segunda instancia por el Tribunal
Superior de Cúcuta, a través de sentencia del 13 de agosto de 2008, en relación
con algunos de los reconocimientos económicos fijados por el a quo.
5. La entidad demandada interpuso recurso extraordinario de casación, el cual fue
decidido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 13 de
febrero de 2013, en el sentido de casar parcialmente el fallo emitido por el Tribunal
en lo atinente a la sanción moratoria, por lo cual la exoneró del pago por ese
concepto a la parte demandada en el proceso.
6. Con posterioridad a la expedición del fallo de casación, el señor Pablo Emilio
Lobo Rangel presentó demanda de reparación directa en contra de la Nación –
Rama Judicial, con el fin de que se declarara su responsabilidad patrimonial como
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Accionante: Pablo Emilio Lobo Rangel
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de
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Referencia: Acción de tutela
consecuencia del error judicial en que incurrió la Sala Laboral de la Corte Suprema
de Justicia al proferir la sentencia mediante la cual casó parcialmente la providencia
proferida por el Tribunal Superior de Cúcuta el 13 de agosto de 2008.
7. Como sustento de la demanda se expuso, entre otras consideraciones, que la
Corte Suprema de Justicia desconoció que había resuelto casos de similares
características de una manera diferente, en la medida en que sí reconoció la sanción
moratoria reclamada por los demandantes, lo cual, en su criterio, configuraba una
vulneración del derecho a la igualdad y, por ende, daba lugar a la materialización
de un error jurisdiccional que comprometía la responsabilidad patrimonial de la
Rama Judicial.
8. El conocimiento del asunto le correspondió en primera instancia al Juzgado
Quinto Administrativo de Cúcuta, autoridad judicial que, mediante sentencia del 19
de mayo de 2020, negó las pretensiones de la demanda.
9. La mencionada providencia fue apelada por el demandante y confirmada por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a través de sentencia del 28 de
septiembre de 2023, por considerar que no se demostró la existencia de un daño
antijurídico.
Pretensiones
10. La demandante solicitó lo siguiente:
1. Proteger los derechos fundamentales al debido proceso, concretamente el
derecho a la prueba, en particular, el derecho al decreto de oficio de la prueba;
al recurso y la tutela jurisdiccional efectiva de PABLO EMILIO LOBO RANGEL.
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Accionante: Pablo Emilio Lobo Rangel
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Referencia: Acción de tutela
2. Por consecuencia, dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia de 28
de septiembre de 2023, notificada el 3 de octubre de 2023, del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER, MP Robiel Amed Vargas
González, exp. 54001333300520150029501; y la sentencia de primera
instancia de 19 de mayo de 2020 del JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO
ORAL DE CÚCUTA, exp. 54001333300520150029500.
3. Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER,
dictar la sentencia que en derecho corresponda, revocando la de primera
instancia, previo decreto de la prueba de oficio de exhibición solicitada en
primera instancia, y concediendo las pretensiones.
Fundamentos de la demanda de tutela
11. El accionante sostuvo que en la primera instancia del proceso ordinario no se
decretó la prueba de exhibición de documentos y ello incidió en la sentencia que
negó sus pretensiones por falta de acreditación del daño antijurídico, lo cual fue un
aspecto que no se tuvo en cuenta por parte del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander al resolver el recurso de apelación.
12. En este sentido, afirmó que el tribunal se abstuvo de decretar pruebas de oficio
y esa omisión resultó determinante en la conclusión a la cual arribó respecto de la
demostración del daño alegado y devino en el error plasmado en la providencia que
negó sus pretensiones.
13. Finalmente, indicó que la sentencia de segunda instancia incurrió en defecto
procedimental por incongruencia, dado que examinó aspectos que no fueron
planteados por el recurrente y, por ende, actuó por fuera de su competencia como
juez de la apelación.
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Accionante: Pablo Emilio Lobo Rangel
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Referencia: Acción de tutela
Trámite en primera instancia
14. Mediante auto del 9 de abril de 20242, el despacho sustanciador admitió la tutela
de la referencia, ordenó notificar al Juez Quinto Administrativo de Cúcuta, a los
magistrados del Tribunal Administrativo de Norte de Santander y dispuso la
vinculación de la Rama Judicial, por tener interés en el resultado del proceso.
Intervenciones
15. El Juzgado Quinto Administrativo de Cúcuta, a través de su jueza titular,
solicitó que se niegue el amparo invocado, para lo cual afirmó que la providencia
proferida se ajustó a las disposiciones legales aplicables al caso3.
16. La Rama Judicial intervino para solicitar que se declare la improcedencia de la
acción, por cuanto fue empleada como una instancia adicional para reabrir el debate
jurídico y probatorio de la controversia4.
17. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander guardó silencio.
La sentencia de primera instancia
18. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 9 de mayo
de 20245, declaró improcedente la acción de tutela, en consideración a que no se
cumplió el requisito de relevancia constitucional, entre otras razones, porque se
2 Índice 4 de Samai, gestión en otros despachos.
3 Índice 9 de Samai, gestión en otros despachos.
4 Índice 8 de Samai, gestión en otros despachos.
5 Índice 12 de Samai, gestión en otros despachos.
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Accionante: Pablo Emilio Lobo Rangel
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Referencia: Acción de tutela
evidenció que la demanda estaba dirigida a que se efectuara una nueva valoración
e interpretación normativa de la controversia, lo cual no resultaba viable.
19. Al respecto, sostuvo que el análisis se debía enfocar en la sentencia de segunda
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, dado que
fue la providencia que puso fin al proceso de reparación directa. En ese sentido,
transcribió varios de sus apartes y concluyó que la adopción de decisiones diversas
en casos aparentemente similares no implicaba necesariamente la materialización
de un error judicial, pues para que ello ocurra se debe tratar de una decisión
irracional, arbitraria y carente de motivación, lo cual no sucedió en este caso.
20. Adicionalmente, afirmó que el Tribunal no estaba en la obligación de decretar
pruebas en segunda instancia, entre otras razones, porque la parte demandante no
apeló la decisión proferida en la audiencia inicial que negó su solicitud probatoria y
tampoco se daban las condiciones para decretar pruebas de oficio, en la medida en
que no se presentaban aspectos oscuros de la contienda que ameritaran el ejercicio
de tal potestad.
Impugnación
21. El accionante solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, para lo
cual manifestó que el asunto sí tiene relevancia constitucional, en atención a los
derechos transgredidos en el proceso ordinario y para ello insistió en las
irregularidades atribuidas a las providencias censuradas, a efectos de concluir que
se vulneró su derecho al debido proceso, por la negativa de pruebas que resultaban
determinantes para que el asunto fuera resuelto de manera favorable a sus
pretensiones.
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Accionante: Pablo Emilio Lobo Rangel
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22. Entre los argumentos expuestos en la impugnación, se destaca que el
demandante cuestionó que el estudio de fondo se limitara a la sentencia de segunda
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a pesar de
que la violación de sus derechos fundamentales tuvo su origen en la actuación de
primer grado.
23. Por otra parte, insistió en que se desconoció la vulneración del derecho a la
igualdad, por cuanto, un caso similar de un compañero de trabajo fue decidido de
manera favorable respecto de la condena por sanción moratoria, lo cual puso en
evidencia un trato diferente que amerita ser examinado en la forma propuesta en la
demanda.
24. Aunado a lo anterior, refirió que el hecho de que se hubiese negado la prueba
documental en primera instancia del proceso de reparación directa y que en la
segunda no se acudiera a la facultad oficiosa, limitó la posibilidad de que se
examinara el error judicial alegado y ese fue un aspecto que no fue tenido en cuenta
en el fallo impugnado6.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Acción de tutela contra providencias judiciales
25. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo
de 31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales7.
6 Índice 16 de Samai, gestión en otras Corporaciones.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31 de julio de 2012,
exp. 2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
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Referencia: Acción de tutela
26. Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena
de la Corporación adoptó los las reglas fijadas por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional
contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y
excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el
artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo frente a
decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características8.
27. Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados, son9:
28. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional,
dado que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones.
• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 23 de
febrero de 2017, exp. 2016-03336-00 (AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre muchas otras
providencias.
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Referencia: Acción de tutela
• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora.
• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.
• Que no se trate de sentencias de tutela.
29. A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:
• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
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Accionante: Pablo Emilio Lobo Rangel
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• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
• La violación directa de la Constitución Política.
30. Así las cosas, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de
tutela verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal
manera que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura,
por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser
alegados por el interesado10.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016-00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01617-01
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Referencia: Acción de tutela
Caso concreto
31. En el presente asunto, previo a examinar los argumentos de la impugnación, la
Sala estudiará si en este caso se cumple o no con el requisito de subsidiariedad, a
partir del estudio de la existencia de medios de impugnación ordinarios o
extraordinarios para cuestionar la providencia judicial censurada por vía de esta
acción constitucional.
32. En cuanto a este requisito, es menester precisar que encuentra origen
constitucional en el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política según el cual
la acción de tutela “sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1 del artículo 6 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
33. En ese sentido, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten
idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran
amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la acción de tutela.
34. Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido:
Esta exigencia constitucional responde al principio de subsidiariedad del
amparo, que pretende asegurar que no sea considerado en sí mismo una
instancia más en el trámite jurisdiccional, un mecanismo de defensa que
reemplace aquellos otros diseñados por el legislador y mucho menos, como se
pretende en este caso, un camino excepcional para solucionar errores u
omisiones de las partes para corregir oportunidades vencidas en los procesos
jurisdiccionales ordinarios11.
11 Sentencia T-735 de 17 de octubre de 2013, M.P. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01617-01
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Referencia: Acción de tutela
35. En la sentencia SU-026 de 202112, la Corte Constitucional se pronunció en una
acción de tutela formulada en contra de la sentencia proferida el 1° de octubre de
2018 por la Sección Tercera, Subsección “C” de esta Corporación, que en un
proceso de reparación directa revocó un fallo dictado en primera instancia y declaró
la caducidad de la acción de reparación directa presentada por los accionantes
contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
36. En la demanda de tutela los accionantes argumentaron que la sentencia incurrió
en los siguientes defectos: (i) la Subsección C alteró la causa petendi al centrarse
en una pretensión diferente a la expresada en la demanda de reparación directa, lo
que permitió declarar la caducidad de la acción sin analizar el caso en su totalidad,
(ii) se cometió un error fáctico en la concreción del daño antijurídico y (iii) la
sentencia no tuvo en cuenta el precedente jurisprudencial sobre la caducidad de la
acción de reparación directa en casos de daño continuado o de tracto sucesivo.
37. De acuerdo con las pruebas obrantes en ese proceso, la Corte determinó que
los accionantes en tutela formularon de forma concomitante demanda en ejercicio
del recurso extraordinario de revisión. La causal alegada en el recurso era la
prevista en el artículo 250.5 de la Ley 1437 de 2011, según la cual son causales de
revisión la de “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación”.
38. Con fundamento en lo anterior, la Corte determinó que la “acción de tutela no
cumple con el requisito de subsidiariedad” en tanto que el “recurso extraordinario de
revisión sí constituía un medio de defensa idóneo y eficaz. Primero, porque los
accionantes no hicieron referencia a ninguna circunstancia particular que hiciera
12 MP. Cristina Pardo Schlesinger.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01617-01
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desproporcionado acudir al mecanismo extraordinario de revisión. (…) no son
sujetos de especial protección constitucional, por lo que la complejidad jurídica del
trámite de revisión y la duración del proceso no constituían una barrera de acceso
a la justicia en su caso concreto. Segundo, porque dicho trámite sí era eficaz para
amparar integralmente los derechos fundamentales invocados en la acción de tutela
de la referencia, como posteriormente se demostró”.
39. La Corte Constitucional concluyó que el recurso extraordinario era el mecanismo
idóneo para el estudio de las cuestiones formuladas “debido a que (i) la violación
alegada por los accionantes se refiere exclusivamente al debido proceso y (ii) la
protección de este derecho puede encuadrase de manera integral dentro de las
causales del recurso extraordinario de revisión. Por consiguiente, era este recurso,
y no la acción de tutela, el mecanismo de defensa idóneo y eficaz para discutir los
defectos procesales de la sentencia del Consejo de Estado. Más aún, dichos
defectos fueron después efectivamente encuadrados por los accionantes en la
causal 5ª del artículo 250 de la Ley 1537 de 2011, relativa a las irregularidades
“originadas[s] en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación”.
40. En el caso que se analiza, la parte demandante alegó que las providencias
censuradas vulneraron su derecho al debido proceso, por ausencia de decreto y
valoración probatoria. En ese sentido, en la demanda se afirmó que el juez
administrativo de primera instancia negó la prueba de exhibición de documentos y
ello incidió en la sentencia que negó las pretensiones, aunado a que el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander examinó aspectos que no fueron formulados
en el recurso de apelación, circunstancia que, a juicio de la parte actora, afectó la
congruencia de la providencia de segundo grado.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01617-01
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41. En efecto, en la solicitud de amparo se expuso lo siguiente:
Adicionalmente, en la sentencia de segunda instancia se incurrió en defecto
procedimental por incongruencia, debido a que el Tribunal concentró su
atención en puntos no planteados por el recurrente, contrariando la
limitación de competencia del juez de apelación, de acuerdo con el art. 328
del CGP, aplicable en el proceso contencioso-administrativo. En efecto, entre
los folios 10 a 16 de la sentencia, si bien inicialmente se hace referencia a la
inconformidad, la motivación se refiere a aspectos distintos, que procuran
desvirtuar la existencia del error judicial13 (se destaca).
42. Conforme a la sentencia de unificación de la Corte Constitucional antes citada,
la Sala considera que los argumentos presentados por el demandante se refieren a
presuntas irregularidades atribuidas a la sentencia de segunda instancia emitida por
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, respecto de la cual no proceden
recursos ordinarios y que tienen que ver con posibles violaciones del debido proceso
y del principio de congruencia.
43. En las condiciones analizadas, la situación expuesta por el demandante se
enmarca en los supuestos previstos en el artículo 250.5 del CPACA., según el cual
es causal de revisión “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
44. De acuerdo con jurisprudencia de esta Corporación, para que esta causal se
configure es indispensable que el defecto alegado surja al momento de emitirse la
sentencia objeto del recurso, la cual no puede ser apelada, ya que las actuaciones
previas, en principio, solo pueden ser impugnadas como posibles motivos de nulidad
procesal o a través de los recursos ordinarios de impugnación14. Tratándose de la
13 Página 4 del escrito de demanda.
14Al respecto se puede consultar la sentencia del 1 de noviembre de 2016, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala Décima Especial de Decisión, radicación 11001-03-15-000-2012-
00230- 00(REV).
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violación del principio de congruencia, la Sala Séptima Especial de Decisión de esta
Corporación en sentencia de 27 de octubre de 202015 identificó dicho vicio como un
evento constitutivo de la causal de revisión prevista en el artículo 250.5 de la Ley
1437 de 2011 lo que implicó, de cara al caso particular, que infirmara la sentencia
materia de revisión y dictara la correspondiente decisión de reemplazo 16.
45. En este orden de ideas, como los cuestionamientos del demandante en contra
de la sentencia se refieren a una posible transgresión del principio de congruencia
y esa situación tiene la virtualidad de enmarcarse en la causal antes señalada 17, el
recurso extraordinario de revisión se erige como un mecanismo eficaz para
controvertir la sentencia del 28 de septiembre de 2023, sin que se hubiere
acreditado la existencia de un perjuicio irremediable o de alguna situación que
tornara nugatorio el ejercicio de este medio, motivo por el cual la acción de tutela
resulta improcedente y así se declarará.
46. Dicho de otra manera, como la sentencia cuestionada es susceptible de ser
controvertida a través del recurso extraordinario de revisión en los términos ya
señalados, y no se encuentran motivos para sostener que este mecanismo resulte
ineficaz, la Sala estima que no se cumple con el requisito de subsidiariedad de la
tutela, motivo por el cual se confirmará el fallo impugnado.
15 Radicación número: 11001-03-15-000-2014-04397-00(REV). CP. Martín Bermúdez Muñoz.
16 Ibidem.
17 Al respecto, esta Subsección ha señalado en providencias anteriores: “(…) para la Sala es claro
que los fundamentos que motivaron la solicitud de amparo tienen relación con la incongruencia
en la que habría incurrido la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, toda
vez que habría desbordado su competencia, pues debía limitarse a estudiar si el IBL reconocido en
primera instancia formaba parte o no del régimen de transición y no si le resultaban aplicables al
demandante los “Decretos 546 de 1971, 542 de 1977, 717 de 1978”. En ese orden de ideas, se
advierte que, para casos como el presente, la parte afectada cuenta con el recurso
extraordinario de revisión (…), por la causal de “nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación”, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia
de esta Corporación (sentencia del 22 de octubre de 2021, radicación número: 11001-03-15-000-
2021-05561-01).
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01617-01
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Referencia: Acción de tutela
47. De igual manera, la Sala considera que, tal como lo concluyó la Sección Primera
de esta Corporación, el demandante pretende exponer nuevamente argumentos
contra la valoración jurídica y probatoria que se hizo en el proceso de reparación
directa que promovió por el supuesto error judicial en que incurrieron las autoridades
que conocieron la controversia laboral.
48. Ciertamente, la supuesta irregularidad de negar la práctica de la prueba
documental solicitada en primera instancia y la vulneración del derecho a la igualdad
constituyen reproches en contra de las sentencias proferidas en ambas instancias
en el proceso de reparación directa, lo cual denota el interés en que se examine
nuevamente la controversia para que se profiera una decisión que acceda a sus
pretensiones y, por esta vía, obtener la indemnización esperada.
49. Puntualmente, la Sala considera que el argumento relacionado con la supuesta
violación del derecho al debido proceso, por haberse negado la prueba de exhibición
de documentos en primera instancia del proceso de reparación directa, carece de
vocación de prosperidad por la elemental razón de que la decisión en comento no
fue objeto de recursos en el momento procesal pertinente.
50. Al respecto, la parte accionante manifestó que “si el demandante hubiese
presentado apelación hubiese sido improcedente porque no tenía interés jurídico en
recurrir porque el Juzgado acababa de sostener que el hecho estaba probado y la
prueba era innecesaria. Este es el punto central que en la sentencia de segunda
instancia y en la sentencia de tutela impugnada se ignoró”.
51. Esta Subsección considera que la manifestación transcrita parte de una
apreciación personal del demandante que no resulta suficiente para justificar la
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01617-01
Accionante: Pablo Emilio Lobo Rangel
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de
Santander y otro
Referencia: Acción de tutela
ausencia de interposición del recurso, por cuanto pudo impugnar la decisión que le
negó la prueba solicitada, independientemente de lo que decidiera la autoridad
judicial respecto de su procedencia y su prosperidad.
52. Lo expuesto resulta relevante para sostener que de manera consciente y
voluntaria el demandante se abstuvo de impugnar una providencia que resultaba
desfavorable para sus intereses, circunstancia que, para los efectos que interesan
a este asunto, deviene en el incumplimiento del requisito de subsidiariedad frente a
este preciso aspecto -negación de solicitud de pruebas- y en la improcedencia de la
acción de tutela, como lo concluyó la Sección Primera de esta Corporación.
53. Ante la conducta procesal evidenciada, es preciso señalar que el Tribunal no
estaba en la obligación de decretar pruebas en segundo grado, toda vez que no se
presentaban aspectos oscuros de la contienda que ameritaran el ejercicio de la
facultad prevista en el segundo inciso del artículo 213 de la Ley 1437 de 2011. De
acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, el poder para la práctica de
pruebas a través del denominado “auto de mejor proveer” no es para completar ni
mejorar lo que las partes procesales estaban llamadas a desarrollar:
“El auto para mejor proveer tiene por objeto aclarar cuestiones que del
conjunto del proceso aparezcan oscuras o dudosas, no la de suministrar a
las partes la prueba de la causa petendi pretermitida por su conducta,
pues en tal caso, el juez se tornaría en enmendador de los descuidos de
las partes con detrimento del trato igual que merecen las demás.”18
(resaltado fuera de texto).
18 Sala Contenciosa Electoral, auto de 12 de mayo de 1987, radicaciones 009 y 014. Cita tomada de
la sentencia de 9 de febrero de 2017, proferida por la Sección Quinta de esta Corporación dentro de
la radicación 41001-2333-000-2016-00080-01.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01617-01
Accionante: Pablo Emilio Lobo Rangel
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de
Santander y otro
Referencia: Acción de tutela
54. En ese sentido, la Sala confirmará la sentencia impugnada que declaró
improcedente la acción de tutela dentro del proceso de la referencia, por las razones
expuestas en precedencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01617-01
Accionante: Pablo Emilio Lobo Rangel
Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de
Santander y otro
Referencia: Acción de tutela
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.
VF
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