Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01651-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01651-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01651-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
2 de mayo de 2024
Demandante: Iván Lorduy Rativatt
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01651-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01651-00
Demandante: IVÁN LORDUY RATIVATT
Demandados: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTROS
Temas: Tutela de fondo – derecho de petición – derecho al hábeas
data – derecho al olvido – principio de favorabilidad en materia
disciplinaria.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El señor Iván Lorduy Rativatt, actuando en nombre propio, presentó acción
de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial de Bogotá y Bolívar, la Unidad de Registro
Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura y la Procuraduría
General de la Nación2. Con su solicitud de amparo pretende que se protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, a la igualdad,
al buen nombre, a la honra, al trabajo, a elegir y ser elegido y al hábeas data.
2. Las anteriores garantías, a su juicio, fueron vulneradas con ocasión de la
falta de actualización de los antecedentes disciplinarios que se encuentran
consignados en su nombre ante la Procuraduría General de la Nación, toda vez
que la sanción que pesaba en su contra3 culminó el proceso de cobro coactivo
de radicado 13001-12-90-000-2019-00305-00, por pago total de la obligación.
1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2 El escrito de tutela fue radicado el 5 de abril de 2024.
3 En virtud del proceso disciplinario con radicado 13001-11-02-000-2014-00463-00/1/2.
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Demandante: Iván Lorduy Rativatt
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01651-00
1.2. Pretensiones
3. La parte actora solicitó lo siguiente:
PRIMERO: De manera respetuosa, solicito que se Tutele a mi favor los derechos
invocados DERECHO DIGNIDAD HUMANA, IGUALDAD, BUEN NOMBRE, AL
TRABAJO, DERECHO A ELEGIR Y SER ELEGIDO -DERECHO DE PETICIÓN,
DEBIDO PROCESO, HABEAS DATA y MINIMO VITAL, y conforme a ello, se
exhorte a quien corresponda actualizar el CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.
SEGUNDO: ORDENAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - SALA
DISCIPLINARIA SECCIONAL -CARTAGENA BOLIVAR, dar respuesta de fondo a
la petición de fecha 10 de junio de 2022 resolviendo mi pretensión.
TERCERO: ORDENAR A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, que
en base a la resolución n° DESAJCAGCC22-82 de 03 de junio de 2022, actualice
la información que generada en el certificado de antecedentes Disciplinarios que
expide como ente de control, donde indique que en la actualidad no poseo sanción
vigente, multa o inhabilidad alguna. (Sic a toda la cita).
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
5. Mediante sentencia del 26 de noviembre de 2018, la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar declaró la
responsabilidad disciplinaria del señor Iván Lorduy Rativatt, quien se
desempeñaba como juez primero promiscuo del Circuito de Mompox (Bolívar)4.
Lo anterior tuvo como fundamento el desconocimiento del régimen de
impedimentos y recusaciones, de conformidad con el artículo 153 de la Ley 270
de 1996. En virtud de ello, la autoridad disciplinaria le impuso una sanción de
suspensión del ejercicio del cargo por doce meses.
6. En providencia del 8 de agosto de 2019, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la decisión del a quo. Dado que
la sanción era susceptible de ser convertida en salarios, y el actor solicitó dicha
conversión, mediante providencia del 12 de septiembre de 2019, la referida
autoridad accedió a ello.
7. Como consecuencia de lo anterior se entabló un proceso de cobro coactivo
contra el señor Lorduy Rativatt, por parte de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial. Luego, por medio de la Resolución DESAJCAGCC22-82
del 3 de junio de 2022, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
4 El proceso se identificó con el radicado 13001-11-02-000-2014-00463-00/1/2.
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de Bolívar declaró la terminación del proceso por acreditación del pago
adeudado.
8. Señaló que, por correo del 10 de junio de 2022, le remitió a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar la Resolución DESAJCAGCC22-82
del 3 de junio de 2022 a la presidencia de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, con el asunto «solicitud de actualización de información, ante entes de
control y antecedentes disciplinarios (…)». Realizó el mismo procedimiento el 7
de julio de 2022, mediante correo dirigido a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial.
9. Refirió que se acercó personalmente a las oficinas de la Procuraduría
General de la Nación con el fin de diligenciar el formato de actualización del
certificado de antecedentes disciplinarios y aportar el acto administrativo que
finalizó el proceso de cobro coactivo que se surtió en su contra, pero le indicaron
que el competente para ello era el órgano que impuso la sanción.
10. Precisó que, en reiteradas ocasiones le ha solicitado a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Bolívar que realice las gestiones en procura de que se
elimine el reporte de antecedentes que figura en su nombre en la página web de
la Procuraduría General de la Nación, pero esta se lo ha remitido a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y ambas autoridades disciplinarias consideran que
no tienen competencia para lo que él solicita.
1.4. Sustento de la vulneración
11. El señor Lorduy Rativatt manifestó que, pese a que culminó el proceso de
cobro coactivo que se surtió en su contra, no se ha enviado la orden
correspondiente que indique que su certificado de antecedentes expedido por la
Procuraduría General de la Nación debe figurar sin sanciones. Alegó que, tal
situación vulnera los derechos fundamentales cuya protección solicita, pues se
encuentra aspirando a cargos de alcaldía en diferentes municipios, a la
gobernación de Bolívar, y a otros lugares, y se le ha impedido por la aparición del
antecedente en el certificado de la Procuraduría General de la Nación.
12. En su sentir, la anterior situación transgrede la garantía al mínimo vital,
pues no puede acceder a ofertas laborales del sector público. Lo anterior conlleva
a que le ha sido imposible percibir un ingreso.
13. Añadió que tiene tres hijos menores de edad en etapa escolar y una
esposa embarazada, los cuales dependen económicamente de él.
14. Señaló que la Procuraduría General de la Nación, al no eliminar de sus
bases de datos el registro de la sanción que no se encuentra vigente, vulnera su
derecho al hábeas data. Precisó que la sentencia C-1066 de 2002 de la Corte
Constitucional consideró que el mencionado derecho es aplicable a la
información recogida en el registro unificado de antecedentes disciplinarios de la
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Procuraduría. Afirmó que los servidores públicos y los particulares que ejercen
funciones públicas o las han desempeñado no quedan sujetos indefinidamente a
los efectos negativos de dicho registro.
15. Puso de presente que, la sentencia T-036 de 2016 de la Corte
Constitucional analizó un caso similar al presente en el que recordó que los
certificados de antecedentes disciplinarios están sujetos a los principios de
veracidad e integridad. Agregó que, se desconocen los principios que orientan la
función pública, pues las inhabilidades cumplen una función constitucional
relacionada con restricciones justificadas para la vinculación de las personas al
servicio del Estado.
1.5. Trámite de primera instancia
16. Por auto del 9 de abril de 2024, el magistrado ponente de esta decisión
admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar en calidad de
accionados a la Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior
de la Judicatura, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar y a la Procuraduría General de la
Nación.
1.6. Informes
1.6.1. Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
17. Manifestó que recibió la petición del accionante el 6 de octubre de 2022 y
dio respuesta mediante oficio del 12 de octubre del mismo año. Allí, le informó al
actor que le dio traslado de su solicitud a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial. También aclaró que la tarjeta profesional perteneciente al actor se
encuentra vigente.
18. Comentó que el 11 de enero de 2024 fue notificado de una acción de tutela
propuesta en su contra, la cual fue admitida por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia y que la misma se relaciona con los hechos puestos
de presente en esta oportunidad. Sin embargo, mediante auto del 3 de abril del
mismo año, la alta corporación declaró la nulidad de todo lo actuado y remitió el
expediente con destino al Consejo de Estado, por considerar que es la autoridad
competente teniendo en cuenta que el actor fungió como juez de la república.
19. Aseveró que, al haber desplegado las acciones en procura de evitar la
vulneración de los derechos fundamentales del tutelante, debería ser
desvinculada del trámite tutelar.
1.6.2. Comisión Nacional de Disciplina Judicial
20. Refirió que el 12 de octubre de 2022, el actor presentó un derecho de
petición que le fue remitido el 28 del mismo mes y año por la Unidad de Registro
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Nacional de Abogados de Auxiliares de la Justicia. Aludió que, mediante Oficio
del 1 de noviembre de 2022, su secretaría le solicitó al director ejecutivo de la
Seccional de Administración Judicial de Bolívar que informara sobre el estado del
procedimiento de cobro coactivo. Asimismo que, en caso de que el mismo se
encontrara finalizado, expidiera la respectiva resolución.
21. En el mismo sentido le indicó al peticionario el procedimiento que se había
surtido, en virtud del cual se requirió a la mencionada seccional su información,
y que por disposición del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007, que remite al artículo
174 de la Ley 734 de 2002 «la certificación de antecedentes deberá contener las
sanciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco años anteriores a su
expedición». Le informó que en cuanto se venzan los cinco años posteriores a la
imposición de su sanción, serán desanotados los registros correspondientes.
22. En todo caso, mediante Oficio DESAJCAGCC22-82 del 3 de junio de 2022,
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bolívar declaró la
terminación del procedimiento de cobro coactivo que se había iniciado en contra
del señor Lorduy Rativatt, por pago total de la obligación.
23. En cuanto recibió el anterior acto administrativo, realizó la anotación en el
sistema de gestión Siglo XXI. Agregó que, de conformidad con el artículo 47 de
la Ley 1123 de 2007 la sanción comienza a regir en el momento en que se registre
ante la Oficina del Registro Nacional de Abogados. Dado que, no existe un
término de duración de las sanciones disciplinarias en el sistema, solicitó que se
niegue el amparo tutelar, con fundamento en que ha respetado los derechos y
garantías de la parte tutelante.
24. Finalmente, destacó que es importante conservar información de las
sanciones disciplinarias impuestas a los abogados porque tales registros
constituyen herramientas para el juzgador disciplinario, de conformidad con el
artículo 45 de la Ley 1123 de 2007. Asimismo, solicitó que se niegue la protección
constitucional solicitada.
1.6.3. Procuraduría General de la Nación
25. Expuso que en cuanto conoció la acción de tutela de la referencia, requirió
a la División de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad, con el fin de
recaudar la información para rendir el respectivo informe. En virtud de lo anterior,
la citada dependencia manifestó que el señor Lorduy Rativatt tenía reportada una
sanción penal que fue notificada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de
Bogotá, que se impuso mediante fallo del 8 de agosto de 2019. Asimismo que,
dicha condena fue convertida a salarios el 12 de septiembre de 2019.
26. Refirió que es competencia de la oficina de registro de la entidad incluir en
el sistema las sanciones ejecutoriadas y los eventos posteriores a las mismas.
Encontró que la citada sanción disciplinaria a nombre del tutelante está vigente,
pues no se ha recibido la Resolución DESAJCAGCC22-82 del 3 de junio de 2022,
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a la cual se alude en el escrito de tutela.
27. Resaltó que, la información registrada en su base de datos no puede variar
en función de la petición de un sujeto disciplinable, sino que le corresponde al
funcionario competente comunicar los cambios que surjan en relación con las
sanciones impuestas. En otras palabras, solamente le compete adelantar los
trámites administrativos que informen las autoridades con funciones disciplinarias
y judiciales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley 1952 de
2019.
28. Consideró que el presente mecanismo no satisface el presupuesto de la
subsidiariedad y que el actor no probó estar ante la posible configuración de un
perjuicio irremediable. Por ende, solicitó que se declare que el mecanismo
constitucional es improcedente.
1.6.4. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cartagena
29. Puso de presente que la misma acción constitucional fue radicada ante la
Corte Suprema de Justicia y se tramitó dentro del radicado 11001-02-30-000-
2023-01447-00. Allí, se amparó el derecho fundamental de petición del actor, en
el sentido de ordenar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que resolviera
de fondo la solicitud del 12 de octubre de 2022.
30. Por su parte, brindó respuesta el 30 de septiembre de 2022, en el sentido
de solicitarle al actor que remitiera la resolución en la que aduce que se terminó
el procedimiento de cobro coactivo que se había iniciado en su contra. Se le
indicó que, en cuanto la tuviera en su poder, se le remitiría a la entidad
correspondiente.
31. Una vez recibió la referida resolución, el 6 de octubre de 2022, la dirigió a
la oficina de Registro Nacional de Abogados. De lo anterior se le envió copia al
actor al buzón web nana_fa024@hotmail.com, el 12 de octubre del mismo año.
Allí, se le informó que su solicitud se remitió a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial para lo de su competencia, por ser la encargada de actualizar y expedir
los certificados de antecedentes disciplinarios.
32. Por lo anterior, consideró que las pretensiones del tutelante no pueden ser
atendidas por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar. Añadió que
el secretario de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es el encargado de
oficiar lo correspondiente a la Procuraduría General de la Nación. En todo caso,
precisó que el señor Lorduy Rativatt no tiene sanciones disciplinarias vigentes.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
33. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
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tutela presentada por la parte actora contra la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, el Registro
Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura y la Procuraduría
General de la Nación. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015 modificado
por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
2.2. Cuestión previa
34. La Unidad de Registro Nacional de Abogados solicitó que se le desvincule
de la tutela, con fundamento en que ha adelantado todas las gestiones tendientes
a garantizar los derechos fundamentales del tutelante.
35. Su solicitud será negada, dado que, precisamente las acciones realizadas
por cada una de las autoridades accionadas y su eventual responsabilidad serán
materia de estudio en este proceso. En ese sentido, es necesario conservar la
vinculación de todos los que se pudieran ver involucrados en la posible
transgresión de los derechos fundamentales invocados.
36. Por otro lado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar pusieron de presente que se tramitó
otra acción constitucional con fundamento en los mismos hechos y derechos ante
la Corte Suprema de Justicia, dentro del radicado 11001-02-30-000-2023-01447-
00.
37. Sin embargo, previo a resolver la segunda instancia del mencionado
proceso de tutela, mediante auto del 3 de abril de 2024, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural del mencionado cuerpo colegiado resolvió declarar la nulidad de
todo lo actuado y remitir el expediente al Consejo de Estado por considerar que
es la autoridad competente para definir el asunto. Ello, por versar sobre lo
acaecido a un funcionario judicial al interior de un proceso disciplinario.
38. Por lo anterior, se descarta la posible configuración de una temeridad. Se
itera, la tutela 2023-01447-00 tramitada por la Corte Suprema de Justicia, aunque
difiere de la presente en cuanto a la designación del radicado, se trata de la
misma acción constitucional en virtud de la remisión efectuada por dicha
autoridad mediante el auto del 3 de abril de 2024.
2.3. Legitimación en la causa
39. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
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Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01651-00
40. Con fundamento en lo anterior, la Sala advierte que el señor Iván Lorduy
Ratuvatt tiene legitimación en la causa por activa. Esto, en tanto que es quien
solicitó a las autoridades accionadas la actualización de sus datos, de tal forma
que se eliminara la sanción que consta en el certificado de antecedentes que
arroja la página de la Procuraduría General de la Nación, al no tener sanciones
de ninguna índole vigentes.
41. De otro lado, la Sala evidencia que la Unidad de Registro Nacional de
Abogados, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial tienen legitimación en la causa por pasiva. Lo
anterior, por haber recibido solicitudes tendientes a que se eliminara la respectiva
anotación de la sanción o se adelantaran las gestiones pertinentes para lograr
dicho objetivo. De igual forma, las autoridades disciplinarias fueron las que
tramitaron el proceso de cobro coactivo y el proceso disciplinario que dio lugar a
la sanción adjudicada al actor.
42. Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación tiene legitimación en
la causa por pasiva, por ser la autoridad que expide los certificados de
antecedentes disciplinarios, siendo este el que arroja que el señor Lorduy Rativatt
cuenta con una sanción vigente.
2.4. Problema jurídico
43. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados, el problema jurídico a
resolver en el caso concreto es el siguiente:
● ¿La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bolívar, la Unidad de Registro Nacional de Abogados del
Consejo Superior de la Judicatura y la Procuraduría General de la Nación
vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana,
a la igualdad, al buen nombre, a la honra, al trabajo, a elegir y ser elegido y al
hábeas data al señor Iván Lorduy Rativatt ante la falta de actualización de los
datos que arroja sobre el certificado de antecedentes de la Procuraduría General
de la Nación?
44. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela, y los requisitos generales de
procedibilidad, (ii) el derecho fundamental de petición, (iii) el derecho al hábeas
data, (iv) el derecho al olvido, (v) el principio de favorabilidad en materia
disciplinaria, y (vi) el caso concreto.
2.5. Generalidades de la acción de tutela
45. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata
de sus derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por
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la acción u omisión de las autoridades o de los particulares, en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.
46. Es importante precisar que, esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental. Con la salvedad de que, en caso de que
el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable,
procede la tutela como mecanismo transitorio.
2.5.1. Subsidiariedad
47. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que «sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial». Dicho precepto fue reglamentado por el numeral 1.º del artículo
6 del Decreto 2591 de 1991.
48. El actor probó que ha remitido peticiones con destino a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar y a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, aunado a que mencionó haber acudido ante la Procuraduría General de
la Nación con el fin de que sea actualizada su información disciplinaria, dado que,
en la actualidad no tiene sanciones disciplinarias vigentes y su certificado de
antecedentes arroja lo contrario. En ese sentido, el actor ha agotado en sede
administrativa lo que tiene a su alcance para materializar sus derechos.
49. No obstante, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar aluden que, pese a que, según la
Unidad de Registro Nacional de Abogados no pesan sanciones disciplinarias
vigentes contra el actor, no es posible eliminar el registro porque no es de su
competencia. Añaden que, de conformidad con el artículo 174 de la Ley 734 de
2002 «la certificación de antecedentes deberá contener las sanciones de
providencias ejecutoriadas dentro de los cinco años anteriores a su expedición».
50. Así las cosas, el señor Lorduy Rativatt ha adelantado todos los
mecanismos con los que cuenta, sin que haya sido posible la satisfacción de sus
intereses.
2.5.2. Inmediatez
51. Si bien el accionante dirigió peticiones a las autoridades accionadas en
procura de obtener lo que persigue por esta vía, desde el 10 de junio de 2022, lo
cierto es que, actualmente sigue reflejándose la sanción disciplinaria que aduce
no está vigente, en su certificado de antecedentes de la Procuraduría General de
la Nación. Por ende, la Sala considera que la acción de tutela se presenta en
oportunidad, teniendo en cuenta que el hecho que motivó la promoción del
mecanismo sigue latente.
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2.5.3. Tras haberse superado los presupuestos de procedibilidad de la acción de
tutela, se proseguirá con la caracterización de los derechos y principios que se
considera necesario abordar previo a analizar el caso concreto.
2.6. Del derecho de petición
52. La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de
«presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución»5. El mismo artículo superior
precisa que el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamentales.
53. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha
establecido algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este
derecho, así:
El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si
ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido6.
54. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la
contestación de la petición. Respecto a la oportunidad, se acude por regla general
a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala el término de
15 días para resolver la misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el
término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso,
la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el
cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del
término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de
dificultad o la complejidad de la solicitud.
55. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de
petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema
semejante o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la
solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas
ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello
implique la aceptación de lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de
manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre información
adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta
puede significar una aclaración plena de la respuesta dada»7.
5 Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004.
6 Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.
7 Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 2013.
10
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56. Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento
del peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
(…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla
el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante»8.
57. Este deber de comunicación de la respuesta también debe cumplirse
cuando la respuesta se circunscriba a indicar que se remitió la petición a la
autoridad competente. En palabras de la Corte Constitucional:
(…) El deber de notificación de (sic) mantiene, incluso, cuando se trate de
contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e
informar sobre la remisión a la entidad encargada9.
58. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de
petición la Corte Constitucional ha explicado que:
i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos
de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a
la participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial
comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar,
en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es
decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la
respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre
en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose
de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre
la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta
comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido
sea positivo o negativo10.
59. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en
orden a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y,
además incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario,
condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.
60. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de
petición y el derecho a lo pedido, por lo que el derecho de petición se ejerce y
agota en la solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el
reconocimiento o no del derecho subjetivo.
8 Ibídem.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2020.
10 Corte Constitucional, Sentencia T-161 de 2011.
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2.7. El derecho al habeas data
61. La Sala Plena de la Corte Constitucional11 ha establecido que el habeas
data es un derecho fundamental autónomo que busca la protección de los datos
personales, en la medida en que esta es una información que cuenta con la
posibilidad de asociar un determinado contenido a una persona natural en
concreto. A su vez, ha sostenido que su ámbito de acción es el proceso en el que
un particular o entidad «adquiere la potestad de captar, administrar y divulgar
tales datos».12
62. De igual forma, el alto tribunal13 ha destacado que el núcleo esencial de
este derecho se compone de los siguientes contenidos mínimos:
I. El derecho de las personas a acceder a la información que sobre ellas
está recogida en las bases de datos.
II. El derecho a incluir nuevos datos con el fin de que se provea una
imagen completa del titular.
III. El derecho a actualizar la información.
IV. El derecho a que esta información sea corregida.
V. El derecho a excluir información de una base de datos, salvo las
excepciones previstas en las normas.
63. Para la Corte Constitucional14, existe un nexo inquebrantable entre el
titular de la información y el dato personal, del cual deriva la posibilidad de que el
sujeto pueda solicitar al administrador de la base de datos respectiva el acceso,
rectificación, actualización, exclusión y certificación de la información. Para el alto
tribunal, ello implica que el interesado puede limitar las posibilidades de
divulgación y publicación de sus datos.
64. A su vez, «en ejercicio de la autodeterminación informática, es patente que
el titular también está facultado para exigir que el administrador de las bases de
datos personales efectúe su labor con sujeción a estrictos límites
constitucionales»15. En este orden de ideas, el tratamiento de esta información,
en relación con su captación, administración y divulgación está sometido a reglas
especiales y a los principios tales como los de libertad, necesidad, veracidad,
integridad, finalidad, utilidad, acceso y circulación restringida, incorporación,
caducidad e individualidad16.
11 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-139 del 14.05.21. M.P. Jorge Enrique Ibáñez
Najar.
12 Ibídem.
13 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-540 del 12.07.12. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
14 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-139 del 14.05.21. M.P. Jorge Enrique Ibáñez
Najar.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
12
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65. En lo que respecta al principio de finalidad, la Corte17 ha determinado que
la administración, procesamiento y divulgación de datos personales debe
obedecer a una finalidad constitucionalmente legítima que debe ser definida de
manera clara, suficiente y previa e informada de manera oportuna a su titular. Al
respecto ha dictaminado:
de estos aspectos se deriva una triple faceta de protección, a saber: 1) que los
datos deben ser procesados con un propósito específico y explícito; 2) que la
finalidad de su recolección debe ser legítima a la luz de las disposiciones
constitucionales; y, 3) que la recopilación de los datos debe estar destinada a un
fin exclusivo
66. Al tratarse de información de contenido negativo almacenada en bases de
datos estatales, la Corte ha establecido que este derecho tiene una estrecha
relación con los derechos de presunción de inocencia y libertad personal. Al
respecto, ha considerado que una política errada de gestión de esta información
y falta de cautela en su circulación y su revelación puede implicar la afectación al
buen nombre.
2.8. Derecho al olvido
67. Este derecho, también tratado por la Corte Constitucional18 como principio
de caducidad del dato negativo, se traduce en «la imposibilidad de que
informaciones negativas acerca de una persona tengan vocación de perennidad,
razón por la cual, después de algún tiempo, deben desaparecer totalmente del
banco de datos respectivo».
68. Por tanto, este derecho ha sido entendido por el alto tribunal como el que
posee el titular de la información a que, por el paso del tiempo, se eliminen los
datos negativos que reposen en centrales de riesgo, bases de datos y en archivos
de entidades públicas y privadas19. Lo anterior, pues el ciudadano que ha
cumplido con sus obligaciones tiene el derecho a un tratamiento favorable en el
sentido de que se le borren los datos negativos de los archivos de los bancos de
datos, por no corresponder a la verdad o no ser actuales20.
69. Bajo esta lógica, la Corte ha entendido que los datos caducan y una vez
configurada esta caducidad deben ser borrados del correspondiente sistema, de
modo definitivo21. Ello implica que el derecho al olvido de la información negativa
también se aplica al registro unificado de antecedentes disciplinarios que llevan
entidades como la Procuraduría General de la Nación o la Comisión Nacional de
17 Ibidem.
18 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-699 del 15.09.14. M.P. Mauricio
González Cuervo.
19 Ibidem.
20 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-082 del 01.03.95. M.P. Jorge Arango Mejía.
21 Ibidem.
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Disciplina Judicial, por lo que las normas respectivas deben indicar un término
razonable de caducidad.22
70. En este orden de ideas, este derecho está inescindiblemente relacionado
con la «dimensión subjetiva del habeas data, como aquella facultad, entre otras,
que tiene el titular de la información de exigirle a la administradora de la
información personal que suprima sus datos personales»23 en caso de que la
entidad correspondiente no haya cumplido con alguno de los principios de la
administración de datos.
71. Este derecho entonces se entiende como «una primera faceta de esta
facultad de supresión, que en un determinado momento de la administración de
los datos personales, puede ejercer el titular de la información» para que
desaparezca de la base de datos la información respectiva. En este caso, ha
señalado la Corte que la información debe ser suprimida completamente y es
imposible mantenerla o circularla, ni siquiera de forma restringida24.
2.9. El principio de favorabilidad en materia disciplinaria
72. El Código Disciplinario actual – Ley 1952 de 2019 dispone dentro de su
artículo 4º que, «los destinatarios solo serán investigados y sancionados»
conforme a las leyes preexistentes. Sin embargo, la Corte Constitucional ha
establecido que, pese a que la regla general es la irretroactividad de la ley, es
viable la aplicación de normas de forma retroactiva en virtud del principio de
favorabilidad en materia disciplinaria25.
73. En particular, la Ley 1952 de 2019 señala en el artículo 8º que «[e]n
materia disciplinaria la ley permisiva o favorable, sustancial o procesal de efectos
sustanciales, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva
o desfavorable». Sobre el punto, la disposición exacta la contenía el artículo 14
de la Ley 734 de 2002.
74. El alto tribunal constitucional ha destacado la conexión existente entre el
principio de favorabilidad en materia disciplinaria, al punto de equipararlo con el
derecho penal, como «un canon adscrito al debido proceso». Al respecto, en
sentencia C-692 de 2008, la mencionada corporación arguyó lo siguiente:
Teniendo como base la misma garantía del debido proceso en el derecho
disciplinario, la Corte ha considerado obligatorio el respeto del principio de
favorabilidad, de conformidad con el cual la ley permisiva o favorable, aun cuando
sea posterior, se aplica de preferencia a la restrictiva o desfavorable26. Frente a
este punto, ha advertido que aún cuando el artículo 29 de la Constitución se refiere
22 Al respecto, ver: Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-699 del 2014.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Sentencia T-530 de 2009 de la Corte Constitucional.
26 Sentencias T-438 de 1994, T-233 de 1995, T-625 de 1997, T-1102 de 2005, T-1034 de 2006
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a la aplicación del principio en “materia penal”, ello “(…) no impide que el legislador
lo extienda a otros ámbitos del derecho sancionador, como el disciplinario.
Tampoco conduce a que el juez deba interpretar restrictivamente esta garantía,
que tiene pleno sentido y especial relevancia dentro de un estado social de derecho
en otros contextos punitivos diferentes al penal. (Subrayado de la Sala).
75. En la mencionada sentencia de constitucionalidad, el problema jurídico
zanjado consistió en determinar si «la aplicación inmediata de las nuevas normas
procesales disciplinarias era incompatible o desconocía el principio de
favorabilidad». Al respecto, se concluyó que no resulta contrario a la Constitución
la aplicación general e inmediata de la ley procesal, e incluso la sustancial,
siempre que se garantice el principio de favorabilidad. Ello quiere decir que, un
pilar esencial del derecho disciplinario implica la aplicación del principio de
favorabilidad, con sujeción de las garantías constitucionales.
76. Ahora bien, en la sentencia C-181 de 2002, la Corte Constitucional indicó
que la aplicación del principio de favorabilidad implica una disminución de la
dureza del principio de seguridad jurídica. Sobre el punto, adujo que «una
situación de hecho puede someterse a la regulación de disposiciones jurídicas
no vigentes al momento de su ocurrencia cuando, por razón de la benignidad de
aquellas, su aplicación se prefiere a las que en, estricto sentido, regularían los
mismos hechos». Es decir que, la jurisprudencia constitucional ha aceptado la
prevalencia de la retroactividad de la ley en materia disciplinaria, cuando la ley
posterior resulta más favorable.
77. Sobre la misma cuestión, en la sentencia C-481 de 1998 se dispuso que:
el juez disciplinario, con el fin de no violar el debido proceso, “no puede limitarse a
la aplicación invariable de las normas según las reglas generales relativas al
tiempo de su vigencia (irretroactividad de la ley), sino que se haya obligado a
verificar si la norma posterior, no obstante haberse promulgado después de
ocurridos los hechos, puede favorecer al reo o procesado, pues, si así acontece,
no tiene alternativa distinta a la de aplicar tal disposición.27” Es más,
específicamente esta Corporación señaló que, una vez entrado en vigor el CDU,
era deber de las autoridades disciplinarias aplicarlo retroactivamente, en aquellos
eventos en que esta nueva normatividad resultara más favorable que los
regímenes especiales precedentes.
78. A modo de conclusión, resulta importante destacar que, en sede de tutela,
la Corte Constitucional ha dispuesto que se configura una vía de hecho si se
desconoce el principio de favorabilidad en materia disciplinaria y que ello toca el
núcleo esencial del debido proceso28. Sobre la misma temática se ha
pronunciado el Consejo de Estado, en el siguiente sentido:
En lo concerniente al aspecto sustancial, es de advertir que en materia
27 Sentencia T-233 de 1995, criterio reiterado en numerosas decisiones posteriores. Ver, entre
otras, las sentencias SU-637 de 1996 y T-625 de 1997.
28 Sentencia SU-637 de 1996.
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sancionatoria, naturaleza de la cual participa el derecho disciplinario, rige el
principio de “nullum crimen, nulla poena sine lege”, cuya consagración
constitucional se encuentra en el artículo 29 de la Carta al disponer que “nadie
podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto se le imputa”. Lo
anterior significa, que la norma aplicable en un caso determinado es aquella que
se encuentra vigente al momento de la comisión del hecho imputado, regla que
tiene por finalidad la protección del principio de seguridad jurídica. Sin embargo, el
mismo precepto constitucional del artículo 29, contempla una excepción a dicha
regla al autorizar que situaciones de hecho ocurridas bajo la vigencia de una ley,
puedan resolverse al amparo de la ley posterior, siempre y cuando resulte más
permisiva o favorable, consagrándose de esta forma el “principio constitucional de
favorabilidad. (Subrayado de la Sala).
3. Caso concreto
79. Como se esbozó en el acápite de antecedentes, el señor Lorduy Rativatt
acudió a este mecanismo alegando la vulneración de, entre otros, su derecho
fundamental al hábeas data. Lo anterior deviene del certificado de antecedentes
disciplinarios que arroja actualmente la plataforma de la Procuraduría General de
la Nación, en el que se advierte que pesa una sanción en su contra, aunque alude
que no se encuentra vigente y, por ende, debe ser eliminada.
80. Es importante destacar que la sanción en contra del tutelante quedó en
firme con la sentencia del 8 de agosto de 2019 y que consistía en suspensión del
ejercicio de su actividad por el término de doce meses. Sin embargo, dado que,
la sanción era susceptible de ser convertida en salarios, el actor acudió a tal
beneficio y le fue otorgado el 12 de septiembre de 2019.
81. Tras el proceso de cobro coactivo que adelantó la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial para hacer exigible la sanción pecuniaria, el señor Lorduy
Rativatt efectuó el pago correspondiente. En consecuencia, mediante la
Resolución DESAJCAGCC22-82 del 3 de junio de 2022, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bolívar declaró la terminación del
proceso por acreditación del pago adeudado, como se observa a continuación:
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82. Se resalta que, tras verificar los antecedentes fiscales y disciplinarios del
actor en las páginas del Consejo Superior de la Judicatura y la Contraloría
General de la Nación, las plataformas arrojan lo siguiente:
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83. Tampoco pasa por alto la Sala que el actor solicitó el 10 de junio de 2022
ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar la actualización de
su información disciplinaria con copia de la Resolución del 3 de junio de 2022.
Realizó lo mismo, con remisión a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial el 7
de julio de 2022. En el mismo sentido, se acercó a las oficinas de la Procuraduría
General de la Nación con el fin de elevar la misma petición, pero esta autoridad
le indicó que el competente para solicitar la actualización de la información era el
ente disciplinario que impuso la sanción.
84. Se observó que la mencionada resolución fue enviada por la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar a la Unidad de Registro Nacional de
Abogados el 6 de octubre de 2022. Asimismo que, el 12 de octubre siguiente, la
citada unidad del Consejo Superior de la Judicatura remitió el acto administrativo
que finalizó el proceso de cobro coactivo contra el señor Lorduy Rativatt a la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
85. Por su parte, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial contestó la
solicitud del señor Lorduy Rativatt el 1 de noviembre de 2022, a través del Oficio
S.J.-MNC 34372, en el siguiente sentido:
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86. De conformidad con lo anterior, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
no remitió la Resolución DESAJCAGCC22-82 del 3 de junio de 2022 con destino
a la Procuraduría General de la Nación a efectos de que se eliminara el registro
de la sanción impuesta al señor Lorduy Rativatt, con fundamento en lo dispuesto
en el artículo 174 de la Ley 734 de 2002. Consideró, conforme con la mencionada
norma que, dado que no han transcurrido cinco años desde la imposición de la
sanción, consistente en la suspensión del ejercicio del cargo que desempeñaba
como juez por el término de 1 año, no es posible que le sea eliminada.
87. En efecto, el accionante fue sancionado «por incumplimiento del deber
consagrado en el numeral primero del artículo 153 de la ley 270 de 1996, al
desconocer las disposiciones previstas en los artículos 149 y numeral tercero del
artículo 150 del Código de Procedimiento Civil en los artículos 149 y numeral
tercero del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, todo en concordancia
con el artículo 48 numeral 46 de la Ley 734 de 2002».
88. En ese sentido, al haber sido sancionado conforme a las disposiciones de
la Ley 734 de 2002, en principio, le es plenamente aplicable el artículo 174 de
dicha norma29. Sin embargo, no puede pasar por alto la Sala que, la Ley 734 de
29 Artículo 174. Registro de sanciones. Las sanciones penales y disciplinarias, las inhabilidades
que se deriven de las relaciones contractuales con el Estado, de los fallos con responsabilidad
fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores,
ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción
de repetición o llamamiento en garantía, deberán ser registradas en la División de Registro y
Control y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación, para efectos de la expedición
del certificado de antecedentes.
El funcionario competente para adoptar la decisión a que se refiere el inciso anterior o para
levantar la inhabilidad de que trata el parágrafo 1° del artículo 38 de este Código, deberá
comunicar su contenido al Procurador General de la Nación en el formato diseñado para el efecto,
una vez quede en firme la providencia o acto administrativo correspondiente.
La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas
dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren
a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.
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2002 fue derogada por la Ley 1952 de 2019, la cual establece en el artículo 238
en cuanto al registro de las sanciones disciplinarias que:
ARTÍCULO 238. Registro de sanciones. Las sanciones penales y disciplinarias,
las inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el Estado, de
los fallos corresponsabilidad fiscal, de las decisiones de perdida de investidura y
de las condenas proferidas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento
en garantía con fines de repetición y de las provenientes del ejercicio de
profesiones liberales, deberán ser registradas en la División de Registro y Control
y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación, para efectos de la
expedición del certificado de antecedentes.
El funcionario competente para adoptar la decisión a que se refiere el inciso
anterior o para levantar la inhabilidad de que trata el PARÁGRAFO 10 del artículo
42 de este código, deberá comunicar su contenido al Procurador General de la
Nación en el formato diseñado para el efecto, una vez quede en firme la
providencia o acto administrativo correspondiente.
La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones
o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su
desempeño ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. (Énfasis de la Sala).
89. La anterior transcripción permite entrever los siguientes aspectos,
relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
Ley 734 de 2002 Ley 1952 de 2019
Las sanciones penales y disciplinarias Las sanciones penales y disciplinarias
deben ser comunicadas a la Procuraduría deben ser comunicadas a la Procuraduría
General de la Nación, para efectos del General de la Nación, para efectos del
registro en el certificado de antecedentes. registro en el certificado de antecedentes.
Para levantar la inhabilidad respectiva, el Para levantar la inhabilidad respectiva, el
funcionario disciplinario competente funcionario disciplinario competente
deberá notificar la resolución o acto deberá notificar la resolución o acto
administrativo correspondiente al administrativo correspondiente al
Procurador General de la Nación. Procurador General de la Nación, una vez
quede en firme.
«La certificación de antecedentes deberá La certificación de antecedentes deberá
contener las anotaciones de providencias contener las anotaciones de las
ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años sanciones o inhabilidades que se
anteriores a su expedición» y las vigentes. encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia
de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro.
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90. En ese sentido, lo que difiere en cuanto al registro de las sanciones, entre
la Ley 734 de 2002 y la Ley 1952 de 2019, es el tiempo que deben consignarse
las mismas en las bases de datos. La norma anterior, conforme a la cual se
definió la situación disciplinaria del actor contempla la obligatoriedad de
consignar el registro de aquellas sanciones impuestas dentro de los cinco años
anteriores a la expedición del certificado. Por otro lado, la ley actual, posterior a
la ocurrencia de los hechos por los que el actor fue sancionado, indica que en el
certificado solo deben reposar las que se encuentren vigentes.
91. Se reitera en este punto que, conforme a las pruebas allegadas al presente
trámite tutelar, a la fecha, el señor Lorduy Rativatt no cuenta con sanciones
vigentes. Asimismo que, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, como
autoridad competente, no notificó la resolución en la que se terminó el
procedimiento de cobro coactivo surtido contra el tutelante por pago total de la
obligación a la Procuraduría General de la Nación, con la cual, adicionalmente,
se culminó la sanción de suspensión del ejercicio de sus funciones, teniendo en
cuenta la conversión a salarios que se efectuó en dicho proceso.
92. Lo que impidió que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no notificara
el anterior acto administrativo fue la aplicación de la Ley 734 de 2002. Sin
embargo, como se expuso previamente, tanto la Ley 734 de 2002, como la Ley
1952 de 2019, contemplan el principio de favorabilidad en materia disciplinaria.
En virtud de esta prerrogativa, el ordenamiento jurídico permite la aplicación
retroactiva de la norma posterior a la ocurrencia de los hechos, si esta le es más
favorable al disciplinado.
93. Aplicar el principio de favorabilidad en materia disciplinaria concreta la
efectividad del derecho al debido proceso y está acorde con la Constitución
Política. Lo anterior, al punto que el alto tribunal constitucional ha considerado
que se configura una vía de hecho si no se acude al mencionado postulado,
cuando se encuentra que la ley posterior resulta más favorable.
94. A lo anterior se suma que, el certificado de antecedentes disciplinarios del
actor, en el que reposa la sanción que le fue impuesta con la sentencia del 8 de
agosto de 2019, advierte que «[l] certificación de antecedentes contiene las
anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su
desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238
Ley 1952 de 2019».
95. Lo expuesto implica que los certificados se expiden conforme a las
exigencias de la Ley 1952 de 2019. En ese sentido, compartir la postura de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, conforme a la cual, la sanción del señor
Lorduy Rativatt debe permanecer registrada en el certificado de antecedentes de
la Procuraduría General de la Nación, pese a que la misma no se encuentra
vigente, vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
21
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Demandante: Iván Lorduy Rativatt
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01651-00
buen nombre, de petición y al hábeas data del tutelante.
96. Se itera que, el derecho fundamental al hábeas data implica la garantía de
actualizar la información que reposa en las bases de datos de las entidades, de
tal forma que aquella que se divulgue corresponde con la que es actual y cierta.
97. En vista de lo expuesto, se ampararán los derechos fundamentales
solicitados por el señor Lorduy Rativatt. En consecuencia, se le ordenará:
i. A la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, en el término de las
48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, notifique la
Resolución DESAJCAGCC22-82 del 3 de junio de 2022 al Procurador
General de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
238 de la Ley 1952 de 2019.
ii. A la Procuraduría General de la Nación que, una vez le sea notificada
la anterior resolución, proceda a eliminar la sanción de suspensión que
reposa en el certificado de antecedentes disciplinarios del señor Lorduy
Rativatt, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia.
4. Conclusión
98. Si bien al señor Lorduy Rativatt le son aplicables los contenidos de la Ley
734 de 2002, en materia disciplinaria se ha aceptado la aplicación retroactiva de
la ley, en virtud del principio de favorabilidad en materia disciplinaria. En ese
sentido, corresponde amparar los derechos fundamentales del actor y ordenar la
notificación de la Resolución del 3 de junio de 2022, con la que se dio por
terminada la sanción disciplinaria que pesaba en su contra y la correspondiente
actualización del registro ante la Procuraduría General de la Nación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales solicitados por el señor Iván
Lorduy Rativatt. En consecuencia, ordenar:
-A la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, en el término de las 48
horas siguientes a la notificación de la sentencia, notifique la Resolución
DESAJCAGCC22-82 del 3 de junio de 2022 al Procurador General de la
Nación.
-A la Procuraduría General de la Nación que, una vez le sea notificada la
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anterior resolución, proceda a actualizar los antecedentes que reposan en esa
entidad respecto del señor Lorduy Rativatt, conforme a las sanciones
actualmente vigentes.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Salva voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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