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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01656-00

Fecha
30 de abril de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01656-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º. DECLARAR no probada la configuración de la falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por el Distrito Especial de Bucaramanga y la Registraduría Nacional del Estado Civil, en virtud de lo consagrado en precedencia. 2° DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de los derechos fundamentales al trabajo, igualdad, elegir y ser elegido, buen nombre y participación ciudadana, 12 Artículo 86 de la Carta Política. 16 Acción de tutela 1100103-15-000-2024-01656-00 Actora: Sandra Milena Galvis Mora invocados por la señora Sandra Milena Galvis Mora, por las razones expuestas en las consideraciones. 3º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01656-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

30 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero de Estado: Jorge Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Acción : Tutela
Expediente : 1100103-15-000-2024-01656-001
Actora : Sandra Milena Galvis Mora
Accionado : Tribunal Administrativo de Santander y Distrito Especial de
Barrancabermeja - Concejo Distrital
Vinculados : Nación - Ministerio Público, Registraduría Nacional del
Estado Civil, Jimmy García Gómez y Sabex Mancera
Rodríguez
Tema : Tutela contra providencia judicial
Derechos : Al trabajo, a la igualdad, a elegir y ser elegido, al buen
presuntamente nombre y a la participación ciudadana
vulnerados

Procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela incoada por la
señora Sandra Milena Galvis Mora en contra del Tribunal Administrativo de
Santander y el Distrito Especial de Barrancabermeja - Concejo Distrital, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad, a
elegir y ser elegido, al buen nombre y a la participación ciudadana.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la actora frente a la situación objeto de censura. Luego, se revisará lo relativo
a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente en
torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

La señora Sandra Milena Galvis Mora, por conducto de apoderado judicial,
interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de los
derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad, a elegir y ser elegido, al buen
nombre y a la participación ciudadana, presuntamente vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Santander y el Distrito Especial de Barrancabermeja - Concejo

1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la herramienta
electrónica para la gestión judicial denominada Samai.

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Actora: Sandra Milena Galvis Mora

Distrital.

Por consiguiente, solicitó que como concejal electa del Distrito Especial de
Barrancabermeja por el Movimiento en Marcha, para el período 2024-2027, se le
permita ejercer sus funciones en las diferentes sesiones ordinarias y
extraordinarias convocadas por el Concejo Distrital, igualmente, se ordene la
revocatoria del auto del 11 de marzo de 2024, por medio del cual el Tribunal
Administrativo de Santander decretó medida cautelar de suspensión provisional
del acto de elección E-26 del 8 de noviembre de 2023, expedido por la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

1.3 Hechos.

Relata la accionante que, el 18 de diciembre de 2023, el señor Jimmy García
Gómez, presentó demanda de nulidad electoral en su contra, la cual le
correspondió al Tribunal Administrativo de Santander, despacho de la magistrada
Claudia Ximena Ardila Pérez (expediente 680012333000-2023-00871-00), quien
con auto del 19 de esos mismos mes y año avocó conocimiento, posteriormente,
el ciudadano Sabex Mancera Rodríguez, también promovió el 16 de enero de
2024 demanda en el mismo sentido, repartida al despacho de la magistrada
Francy del Pilar Pinilla Pedraza (expediente 680012333000-2024-00059-00),
admitido con providencia del 23 de ese mes.

Que, el 11 de marzo de 2024, la ponente de este último proceso, decretó medida
cautelar consistente en la suspensión provisional del acto E-26 del 8 de
noviembre de 2023, a través del cual fue reconocida como concejal electa del
Distrito Especial de Barrancabermeja por el Movimiento en Marcha, para el
período electoral 2024-2027, en razón a que el capitán del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios, su cónyuge, suscribió un contrato con ese ente territorial para la
ejecución de recursos públicos, decisión que fue notificada al Concejo de ese
distrito y contra la cual también interpuso recurso de apelación.

Agrega que, por el contrario, la magistrada Ardila Pérez, mediante proveído del 15
de marzo, negó los efectos de la medida cautelar solicitada dentro del expediente
puesto a su conocimiento, al estimar que no existen causales de inhabilidad, así
las cosas, afirma que en la actualidad subsisten dos pronunciamientos diferentes

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Actora: Sandra Milena Galvis Mora

y «[…] por tratarse de la misma causal nulidad y las mismas pruebas y similares
argumentos, fue necesario ordenar la acumulación de procesos realizándose un
sorteo de Magistrado Ponente en fecha del veintiuno (21) de marzo de la presente
anualidad correspondiéndole el conocimiento de los mismos, a la Magistrada
Ponente Dra. CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ».

Que, los demás concejales electos han sido renuentes a realizar sesiones
ordinarias o extraordinarias o de participar en las mismas, hasta tanto no se
notifique la medida cautelar de suspensión, situación que trasgrede sus derechos
fundamentales, toda vez que, al coexistir dos decisiones al respecto, no se tiene
certeza si está o no suspendida de sus funciones, donde, además, tiene
contratada dos (2) unidades de apoyo, lo que le genera un perjuicio no solo en lo
laboral sino a sus asesores.

Por último, destaca que la providencia censurada incurre en «[…] un defecto
factico porque carece de apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, pues no existen pruebas en el proceso que
demuestren que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja, ejerza
potestades de administración sobre los tributos en especial sobre la sobretasa
bomberil. También un defecto materia o sustantivo, al desconocer la ley Ley 1386
del año 2010, en su artículo primero que prohíbe expresamente la administración
de tributos por particulares, que es contrario a la decisión adoptada […]».

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, este despacho, a través de auto del 9 de
abril de 2024, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión (i) se ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Santander y al Distrito de Barrancabermeja -
Concejo Distrital, y (ii) se dispuso la vinculación de la Nación - Ministerio Público,
la Registraduría Nacional del Estado Civil y a los señores Jimmy García Gómez y
Sabex Mancera Rodríguez.

2.1 Medida cautelar. La tutelante formuló medida cautelar, la cual fue negada
con el auto admisorio de la acción, al considerarse que no se evidencia quebranto
o configuración de perjuicios irremediables para proceder a acceder a tal solicitud.

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Actora: Sandra Milena Galvis Mora

2.2 Contestaciones de la acción.

2.2.1 Tribunal Administrativo de Santander2. Rindió informe de las actuaciones
surtidas en esa instancia, en el que señala la vigencia de los procesos de nulidad
electoral contra el acto E-26 del 8 de noviembre de 2023, donde ciertamente se
profirieron dos decisiones frente a las solicitudes de medida cautelar, por un lado
se suspendió provisionalmente los efectos del aludido acto, por el otro, se negó la
medida cautelar, decisiones contra las cuales se interpusieron recursos de
apelación, desatados favorable y desfavorablemente, pues con auto del 11 de
abril de 2024 se rechazó por improcedente el de la actora y el impetrado por el
señor Jimmy García Gómez fue concedido, además, refiere que se dispuso la
celebración de la audiencia inicial.

Por otra parte, pidió se declare improcedente la acción, puesto que «[e]n primer
lugar, la concejal demandada (aquí accionante) no ejerció oportunamente el
recurso ordinario que procedía contra la decisión que restringió sus derechos; y,
en segundo lugar, no ha solicitado la revocatoria de la medida cautelar decretada
en el expediente 2024-00059-00, como lo permite el artículo 235 del CPACA».

2.2.2 Distrito Especial de Barrancabermeja. A través de apoderado judicial,
sostuvo que no se vislumbra vulneración de los derechos invocados, ni se
configura un perjuicio irremediable que posibilite la prosperidad de las
pretensiones, habida cuenta que, la tutelante no trabaja para ese ente territorial, lo
cual fundamenta en la sentencia T-956 de 2013 de la Corte Constitucional, así
mismo, solicita se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón
a lo dicho, es decir, al no ser responsable de realizar la conducta cuya omisión
genera la violación.

2.2.3 Registraduría Nacional del Estado Civil. Argumenta que el mecanismo de
amparo no satisface los requisitos de tutela contra decisiones judiciales exigidos
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues la demandante no logra
probar las afectaciones causadas por el auto en cuestión, por el contrario, lo que
pretende es abrir una tercera instancia para ventilar aspectos que fueron
evaluados.

2
Escrito allegado por la magistrada ponente de ese proceso.

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Actora: Sandra Milena Galvis Mora

Añade que, se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva en lo que a
ella concierne, ya que en el contexto de sus competencias y funciones legales y
constitucionales no tiene injerencia en las decisiones que tomen en derecho los
jueces y magistrados.

2.2.4 Sabex Mancera Rodríguez. Expresa que, la acción de tutela no es el medio
idóneo para debatir decisiones adoptadas por las autoridades competentes en
derecho, igualmente, que no se encuentran afectados los derechos
fundamentales señalados, por cuanto se han observado las garantías procesales,
y si bien es cierto, existen dos decisiones contrarias frente a los mismos hechos,
también lo es que la actora no interpuso los recursos correspondientes. Además,
asevera que, la norma no distingue «que las medidas cautelares no puedan
prosperar para aquellas personas que ocupan cargos como servidores públicos
elegidos por voto popular».

2.2.5 Jimmy García Gómez. Asegura que algunos de los hechos son ciertos y
otros no le constan, en cuanto a las pretensiones se opone por improcedencia del
recurso, al indicar que no le garantiza a la actora la permanencia en el ejercicio de
la curul.

Señala que lo pretendido es atacar el auto que decretó la suspensión con
argumentos ajenos al trámite ordinario y obtener una decisión por otros medios
diferentes a la revocatoria, por lo que, «este no es el espacio ni el momento
procesal para decidir de fondo sobre la acción de nulidad interpuesta».

2.2.6 La Nación - Ministerio Público, no aportó contestación, pese haber sido
notificada el 10 de abril de 2024.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en
virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.

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Actora: Sandra Milena Galvis Mora

3.2 Asunto previo.

3.3.1 La excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. Con la
finalidad de determinar si es dable declarar que el Distrito Especial de
Bucaramanga y la Registraduría Nacional del Estado Civil están incursos en falta
de legitimación en la causa por pasiva en el presente trámite constitucional, esto
es, si están en capacidad de responder por los perjuicios alegados por la
accionante, resulta oportuno advertir que la acción de tutela fue concebida por la
Carta Política (artículo 86) como un instrumento subsidiario de defensa judicial,
preferente y sumario, al que puede acudir cualquier persona, por sí misma o por
quien actúe en su nombre, para reclamar la defensa inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales cuando advierta que han sido vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o incluso de
los particulares.

Acorde con lo anterior, el artículo 5 del Decreto ley 2591 de 1991, al referirse a la
procedencia del mecanismo de amparo, dispone:

Artículo 5°. Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela
procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que
haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que
trata el artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u
omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo
III de este Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta
a que la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un
acto jurídico escrito.

A su turno, la Corte Constitucional3, al analizar el contenido del citado precepto
legal, definió que:

La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una
de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una
decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido para
fallar el caso de fondo.

3
Sentencia T–416 del 28 de agosto de 1997, M. P. Antonio Barrera Carbonell.

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La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente
y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr
que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y
contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo
estatuto.

De lo anterior se colige que (i) la acción de tutela procede contra la acción u
omisión de las entidades públicas o particulares; (ii) es procedente su
interposición por la amenaza o violación de derechos fundamentales; (iii) no está
sujeta a que la acción de las autoridades públicas o particulares quede
manifestada en acto jurídico escrito; (iv) en cuanto a la legitimidad para
comparecer por activa o pasiva, le otorga al juez la facultad de emitir
pronunciamiento de fondo; y (v) le da la posibilidad a las partes involucradas de
controvertir las decisiones que se adopten.

Por ello, previo a analizar las particulares del caso y en consecuencia impartir una
decisión, es menester resolver las solicitudes elevadas en los escritos de
contestación referente a la declaratoria de falta de legitimación en la causa por
pasiva en este asunto constitucional, en tal virtud, decide la Sala que no es dable
dar por configurado tal figura jurídica, toda vez que, el acto administrativo que fue
suspendido por decisión de la providencia aquí atacada, fue proferido por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, en el que además, se declaró a la
tutelante como concejal electa del Distrito Especial de Bucaramanga.

Por otro lado, realizada las averiguaciones en el expediente
68001233300020230087100, se tiene que con auto del 19 de diciembre de 2023
se admitió el medio de control de nulidad electoral y en él se vinculó a la
Registraduría. Así las cosas, las vinculaciones como terceros interesados en el
presente trámite encuentra su justificación en las actuaciones que se adelantan al
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interior del proceso ordinario, en el que la accionante funge como parte
demandada.

3.3 Requisito de subsidiariedad de la acción de tutela. El carácter subsidiario
de la acción de tutela hace referencia a que solo4 procede cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, sin embargo, no debe perderse de
vista que aunque el trámite de esta acción es preferente y sumario, regido por los
principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad
y eficacia, su carácter es eminentemente residual y subsidiario, es decir, que
únicamente procede en aquellos eventos en que no exista un instrumento
constitucional o legal diferente que permita solicitar ante los jueces la protección
de los derechos, salvo que se pretenda evitar la causación de un perjuicio
irremediable.

De acuerdo con la sentencia T-480 de 2011 de la Corte Constitucional5 y ante la
naturaleza eminentemente subsidiaria de la acción de tutela, es menester que
quien depreca el amparo de un derecho constitucional fundamental haya agotado
todos los mecanismos de defensa que el ordenamiento jurídico pone a su
disposición, previa la interposición de la acción.

De lo anotado se puede concluir, entonces, que la acción de tutela no solo es
improcedente cuando el accionante aún cuenta (o contó) con otro medio de
defensa, sino también cuando este tiene (o tuvo) la posibilidad de acudir ante las
autoridades que presuntamente han quebrantado sus derechos constitucionales
fundamentales a efectos de solicitar de ellas una respuesta favorable o la
satisfacción de sus intereses.

De manera que la falta de diligencia del demandante, entendida como la
renuencia o el uso tardío de los medios ordinarios de defensa previstos en la
normativa legal, constituye una causal válida para declarar la improcedencia de la
acción constitucional frente al caso particular6.

4
De acuerdo con la Ortografía de la Lengua Española, de la Real Academia Española, edición 2010, primera edición
(Colombia: abril de 2011), «La palabra solo, tanto cuando es adverbio [Solo trabaja de lunes a viernes] como cuando es
adjetivo [Está solo en casa todo el día…] son voces que no deben llevar tilde según las reglas generales de acentuación
[…]».
5
M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
6
En esos términos lo precisó la Corte Constitucional en sentencia T-375 de 2018, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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La jurisprudencia constitucional ha dicho que la acción de tutela no resulta
procedente cuando el marco jurídico ofrece otro mecanismo para la protección de
los derechos, sin embargo, si el sistema normativo dispone de otras herramientas
jurídicas para el amparo de los derechos, estas deben ser suficientemente
eficaces para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues de lo contrario
la acción de tutela procede de manera transitoria.

En otras palabras, si la situación fáctica es de tal gravedad que los recursos
ordinarios resultan ineficaces para defender los derechos fundamentales, el juez
de tutela debe adoptar las medidas necesarias que neutralicen las causas de
vulneración o amenaza con la finalidad de evitar un menoscabo o de hacer cesar
una violación a prerrogativas inalienables.

Ahora bien, el perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas
circunstancias específicas que, si bien deben ser valoradas en cada caso
concreto, deben estar presentes:

1) Que se produzca de manera cierta y evidente una amenaza sobre un derecho
fundamental.
2) Que de presentarse no exista forma de reparar el daño producido a ese
derecho.
3) Que su ocurrencia sea inminente.
4) Que resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la
condición de amenaza en la que se encuentra.
5) Que la gravedad de los hechos sea de tal magnitud que haga evidente la
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales7.

En consecuencia, cuando el caso bajo estudio reúna los supuestos anteriores se
hará necesaria la intervención del juez constitucional para el restablecimiento de
los derechos involucrados a través de medidas inmediatas de protección,
imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio mientras el
juez competente decide de fondo la acción correspondiente8.

Asimismo, la jurisprudencia constitucional9 ha precisado que el perjuicio
irremediable debe ser probado por la persona que lo alega, pues si bien no es

7
Corte Constitucional, sentencia T-458 de 1994, M. P. Jorge Arango Mejía.
8
Consejo de Estado, sección segunda, sentencias AC-2010-00032 de 18 de marzo de 2010, y AC-2010-01795-01 de 9 de
diciembre de 2010.
9
Corte Constitucional, auto 164 de 21 de julio de 2011, M. P. María Victoria Calle Correa.

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dable exigir el cumplimiento de una carga probatoria rigurosa en asuntos donde
se discute la violación de derechos fundamentales, el tutelante debe demostrar al
menos someramente los posibles perjuicios que se llegaren a originar en los
hechos que motivaron la presentación de la solicitud de amparo, por cuanto al
juez constitucional no le concierne probar las circunstancias fácticas en que se
fundamenta la acción de tutela, salvo que sea evidente la inminencia del perjuicio.

3.4 Hechos probados. En atención al material probatorio traído al plenario y de
conformidad con los hechos constatados por esta Subsección, se destaca:

a. Acta de escrutinio municipal «E-26 CON» del 8 de noviembre de 2023, en
el que la Registraduría Nacional del Servicio Civil declara que, la señora
Sandra Milena Galvis Mora, fue elegida por votación popular como concejal
del municipio de Barrancabermeja para el período constitucional 2024-
2027.

b. En ejercicio del medio de control de nulidad electoral, el señor Jimmy
García Gómez, formuló demanda contra el acto E-26 del 8 de noviembre
de 2023 que reconoció la elección de la señora Sandra Milena,
perteneciente a la Agrupación Política en Marcha, como concejal del
Distrito Especial de Barrancabermeja.

c. Con auto del 19 de diciembre de 2023, el Tribunal Administrativo de
Santander, despacho de la magistrada Claudia Ximena Ardila Pérez,
admitió el anterior proceso (con radicación 68001233300020230087100) y
en providencia separada corrió traslado de la solicitud de medida cautelar
de suspensión, siendo negada el 15 de marzo de 2024, al estimar que no
se cumplen los requisitos para su imposición.

d. El 20 de marzo siguiente, el señor García Gómez apeló la decisión, a su
turno, la demandada en el proceso ordinario, descorrió traslado con el que
requirió se confirmara lo adoptado y se aplicara una multa por desatención
a lo dispuesto en el artículo 78, numeral 14, del CGP, sin embargo, el
recurso fue concedido el 11 de abril de 2024 en efecto devolutivo.

e. Por otro parte, se encuentra la demanda de nulidad electoral radicada por
el señor Sabex Mancera Rodríguez, en el sentido antes referenciado, esto
es, pretender la nulidad de la elección de la aquí tutelante y como medida
cautelar la suspensión del acto de elección al estar incursa en la causal de
inhabilidad contemplada en el numeral 4° del artículo 40 de la Ley 617 de
2000, proceso que fue admitido el 23 de enero de 2024, por la magistrada
Francy del Pilar Pinilla Pedraza de esa Corporación (expediente
680012333000-2024-00059-00).

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f. Adelantada la anterior actuación, con providencia del 11 de marzo de 2024,
se resolvió la medida, razón por la cual se suspendieron los efectos del
acto E-26 del 8 de noviembre de 2023, en el que se declaró la elección de
la señora Galvis Mora para el período 2024-2027, toda vez que, «el señor
Luis Alexander Díaz Arias representante legal del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Barrancabermeja, y cónyuge de la señora SANDRA
MILENA GALVIS MORA concejal elegida, recibe y ejecuta recursos
públicos específicamente destinados a la prestación del servicio público»,
frente a esta decisión, se interpuso recurso de apelación y se solicitó su
revocatoria, sin embargo, el recurso fue rechazado por extemporáneo con
auto del 11 de abril de 2024, y contra el mismo se impetró solicitud de
corrección y aclaración.

g. En cumplimiento de la providencia del 15 de marzo de 2024 que ordenó la
acumulación de procesos, el Tribunal Administrativo de Santander realizó
el sorteó donde fue escogida la magistrada Claudia Ximena Ardila Pérez
como ponente en los procesos 68001-23-33-000-2023-00871 (principal) y
68001-23-33-000-2024-00059-00 (acumulado).

h. Mediante auto del 12 de abril de 2024, se fijó fecha y hora para la
celebración de la audiencia inicial.

i. Con escrito remitido al despacho de la magistrada Ardila Pérez, la
accionante pidió el estudio y revisión de la posibilidad de revocar la medida
decretada por la togada Francy del Pilar Pinilla Pedraza, correspondiente a
la suspensión de los efectos del acto administrativo E-26.

j. Oficio «CIOFI-F002» del 4 de abril de 2024, firmado por la mesa directiva
del Concejo Distrital de Barrancabermeja, con el cual se convoca a sesión
extraordinaria a los cabildantes de esa territorialidad, para llevar a cabo el
siguiente orden del día: (i) verificación de quorum; (ii) minuto de silencio en
memoria de ex concejales fallecidos; y (iii) debatir el proyecto que modifica
el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2024, citación
que no fue extendida a la actora, dado que solo va dirigida a los concejales
Néstor Robert Álvarez Moreno, Gabriel Enrique Bohórquez González, Elkin
David Bueno Altahona, Jhon Blert Corena Ahumada, Jorge Iván Cortínez
Alarcón, Jaser Cruz Gambindo, Jorge Luis Escalante Viana, Ceferino
Garay Caballero, José Armando Jaime Oviedo, Anastasia Martínez
Becerra, Tania Andrea Mogollón Zapata, Aleida Noguera Puerto, Sebastián
Rodríguez de la Ossa, Iván Jesús Serrano Miranda, Josué Jovid Taborda
Moreno y Ariel de Jesús Zambrano González.

3.5 Solución al caso concreto. En el sub lite, la tutelante pide que se revoque el
auto del 11 de marzo de 2024, dictado por la magistrada Francy del Pilar Pinilla
Pedraza del Tribunal Administrativo de Santander al interior del proceso con
radicación 68001-23-33-000-2024-00059-00, mediante el cual se decidió

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Actora: Sandra Milena Galvis Mora

favorablemente la medida cautelar solicitada por el señor Sabex Mancera
Rodríguez, consistente en la suspensión del acto «E-26 CON» del 8 de noviembre
de 2023, con el que la Registraduría Nacional del Servicio Civil declaró su
elección como concejal del municipio de Barrancabermeja para el período
constitucional 2024-2027, de igual manera, que se le permita ejercer sus
funciones en las diferentes sesiones que ordene el Concejo Distrital.

Por consiguiente, señala que la suspensión de su curul en el concejo vulnera sus
garantías superiores al trabajo, a la igualdad, a elegir y ser elegido, al buen
nombre y a la participación ciudadana, así mismo, afirma que adolece de los
defectos fáctico, por carecer de apoyo probatorio y sustantivo o material, al
desconocer la Ley 1386 de 2010, puesto que el acuerdo 015 de 2020 “Por medio
del cual se expide el Estatuto Tributario del Distrito de Barrancabermeja” y la Ley
1575 de 2012, no establecen ni otorgan facultad o potestad alguna al Cuerpo de
Bomberos de ese ente territorial, para que administre el tributo de la sobretasa
Bomberil, razón por la que no puede inferirse que «se está entonces concediendo
o transfiriendo de forma tácita la administración del tributo a la institución
bomberil».

No obstante, la Sala estima que la acción de tutela de la referencia no satisface la
exigencia de la subsidiariedad para las pretensiones formuladas, comoquiera que
la demandante solicitó previamente, dentro del proceso ordinario, la revocatoria
del auto del 11 de marzo de 2024, con el cual se suspendieron los efectos del
acto que la declaró como concejal electa y, elevó requerimiento, en el sentido de
que se le aclarara si el ejercicio de sus derechos políticos se encontraban
interrumpidos, por lo que pasa a explicarse:

Analizadas las actuaciones en la herramienta electrónica Samai, consulta de
procesos, se precisa que la accionante, el 18 de marzo de 2024 presentó recurso
de apelación contra la providencia del 11 de marzo de 2024 que suspendió
provisionalmente los efectos del acto de elección como concejal y allí mismo
consignó la solicitud de revocatoria de la medida cautelar (ver índice 28),
posteriormente, el 19 siguiente insistió en tal requerimiento en atención al artículo
235 del CPACA [ver índice 29], no obstante, al haberse acumulado el proceso
68001-23-33-000-2024-00059-00 al 68001-23-33-000-2023-00871-00 (principal),
la magistrada ponente, con proveído del 11 de abril siguiente, rechazó el escrito

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Actora: Sandra Milena Galvis Mora

por extemporáneo, pero sin emitir pronunciamiento a tal pedimento, en últimas, el
21 de marzo de esa anualidad la actora allegó documento formulado en los
términos descritos sin que se observe decisión al respecto (ver índice 43 del
expediente principal).

Explicado lo precedente, revisada la solicitud, hizo las siguientes indicaciones:

«Principal.
De forma respetuosa realizo la siguiente solicitud, con la finalidad que
su despacho Dra. CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ, estudie y
revise la posibilidad de revocar la medida decretada por la Magistrada
Dra. FRANCY DEL PLAR PINILLA PEDRAZA dentro del proceso con
radicado N° 680012333000-2024-00059-00, motivo por el cual realizo
la petición que a continuación se expresa:

Primero. Se revoque de forma oficiosa el Auto que decreta medida de
suspensión provisional notificado el trece (13) de marzo del 2024,
emitido por la Magistrada Dra. FRANCY DEL PILAR PINILLA
PEDRAZA, de conformidad al artículo 235 inciso segundo que
expresa: “La medida cautelar también podrá ser modificada o
revocada en cualquier estado del proceso, de oficio o a petición de
parte, cuando el Juez o Magistrado advierta que no se cumplieron los
requisitos para su otorgamiento o que estos ya no se presentan o
fueron superados, o que es necesario variarla para que se cumpla,
según el caso; en estos eventos no se requerirá la caución de que
trata el inciso anterior”. En razón a los argumentos expuestos en
numeral tercero (3) del presente documento, por no cumplir los
requisitos de sustentación para su otorgamiento.

En caso de negarse la anterior solicitud, se proceda admitir el recurso
de apelación y darle el trámite correspondiente ante el Consejo de
Estado.

Subsidiara.
Segundo. Se revoque por el Consejo de Estado, el Auto que decreta
medida de suspensión provisional notificado el trece (13) de marzo del
2024, emitida por el Tribunal Administrativo de Santander emitido por
la Magistrada Dra. FRANCY DEL PILAR PINILLA PEDRAZA, y en
consecuencia se levante la medida cautelar de suspensión de la
señora SANDRA MILENA GALVIS MORA […]».

De conformidad con lo añadido, el artículo 235 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), regula lo
concerniente al levantamiento, modificación y revocatoria de la medida cautelar,
sobre ese evento expresa:

El demandado o el afectado con la medida podrá solicitar el
levantamiento de la medida cautelar prestando caución a satisfacción
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Actora: Sandra Milena Galvis Mora

del Juez o Magistrado Ponente en los casos en que ello sea
compatible con la naturaleza de la medida, para garantizar la
reparación de los daños y perjuicios que se llegaren a causar.

La medida cautelar también podrá ser modificada o revocada en
cualquier estado del proceso, de oficio o a petición de parte, cuando el
Juez o Magistrado advierta que no se cumplieron los requisitos para
su otorgamiento o que estos ya no se presentan o fueron superados,
o que es necesario variarla para que se cumpla, según el caso; en
estos eventos no se requerirá la caución de que trata el inciso
anterior.

Así las cosas, se advierte que la solicitud de revocatoria de la medida está
pendiente de decisión por parte del Tribunal Administrativo de Santander, cuyos
argumentos están orientados en el mismo sentido en que fue enervado este
mecanismo constitucional, es decir, que cesen los efectos del auto del 11 de
marzo de 2024, que accedió a la medida cautelar contra el acto E-26 del 8 de
noviembre de 2023, presentada por el señor Sabex Mancera Rodríguez dentro del
trámite de nulidad electoral, es decir, situación que comporta lo mismo que aquí
se determine.

Por otro lado, en cuanto a la otra pretensión del escrito, referente a la permisión
para ejercer como concejal electa en el Concejo Distrital de Barrancabermeja, se
tiene que, revisado el expediente en la plataforma judicial, Samai, se encuentra
que en virtud de los artículos 285 y 286 del Código General del Proceso (CGP),
aplicables por remisión expresa del 306 del CPACA, la accionante incoo el 15 de
abril de 2024 (ver índice 58)10, solicitud de aclaración y corrección contra la
providencia del 11 de abril de este año, mediante la cual el Tribunal Administrativo
de Santander pronunció dos decisiones, a saber:

• Concedió en el efecto devolutivo, el recurso de apelación impetrado por el
señor Jimmy García Gómez en contra del auto del 15 de marzo de 2014,
que negó la medida cautelar en el proceso 2023-00871-00.

• Rechazó por extemporánea, la apelación de la actora contra el del 11 de
marzo de 2024 que accedió a la suspensión del aludido acto E-26, dentro
del expediente 2024-00059-00.

10
Mientras estaba en trámite las presentes diligencias.

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Actora: Sandra Milena Galvis Mora

Seguidamente, en el mismo documento, peticionó lo que se cita:

Se aclare respecto de las medidas cautelares proferidas, si la Concejal
SANDRA MILENA GALVIS MORA […], est[á] no suspendida del ejercicio
político.

Hecho tales señalamientos, no es necesario en esta instancia, enfatizar en
medidas para la protección de los derechos políticos que tal circunstancia llegase
a ameritar, pues si bien, el proveído que transitoriamente la separó de su curul,
aún no produce efectos jurídicos en atención a que no se encuentra en firme o
ejecutoriado, habida cuenta que, no se cumple lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo 302 del CGP, esto es, «[n]o obstante, cuando se pida aclaración o
complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta
la solicitud», y como ya se dijo, el que decretó la medida fue apelado, y contra el
que despachó la apelación está pendiente la solicitud de aclaración y corrección
de providencias judiciales, es decir, que al término del presente fallo, no se tiene
certeza de que haya sido resuelto, por tal razón, el requisito de la subsidiariedad
sigue sin ser alterado.

Ello se decide así, puesto que, la petición aquí realizada guarda relación con lo
resumido en el párrafo citado atrás, por lo que se advierte que, en sede de tutela
no es procedente pasar por alto o arropar competencias que son propias de los
jueces naturales, que, en este asunto, se trata de que el Tribunal solucione dentro
de su órbita el requerimiento que se le efectuó en el curso de esta acción.

Resulta oportuno señalar que, ante la naturaleza eminentemente subsidiaria de la
acción de tutela, es indispensable que quien depreca el amparo de un derecho
constitucional fundamental haya agotado todos los mecanismos de defensa
judicial que el ordenamiento jurídico pone a su disposición, previa la interposición
de la acción.

Por ende, se tiene que en este asunto el ejercicio de la tutela resulta
improcedente porque dicho amparo se encuentra gobernado por el principio de
subsidiariedad, según el cual esta no tiene cabida «Cuando existan otros recursos
o medios de defensa […]»11. Es decir, si los medios ordinarios o legales pueden

11
Numeral 1 del artículo 6º del Decreto ley 2591 de 1991.

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ser utilizados de manera eficaz (solicitud de revocatoria, en virtud del artículo 235
del CPACA), como acontece en el sub lite, la acción instaurada no resulta
pertinente.

En tales condiciones (la existencia de otro medio de defensa judicial), es aplicable
la preceptiva del numeral 1 del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, norma que
guarda estricta armonía con el artículo 86 de la Constitución Política, en virtud de
los cuales la acción de tutela «[…] solo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial […]»12.

IV. DECISIÓN

Por las razones expuestas, la Sala considera que la parte actora no acreditó el
cumplimiento del requisito de la subsidiariedad, razón por la cual, se declarará la
improcedencia de la acción de amparo frente a la protección de los derechos
fundamentales al trabajo, igualdad, elegir y ser elegido, buen nombre y
participación ciudadana, invocados por la señora Sandra Milena Galvis Mora.

Así mismo, se declarará no probada la configuración de la falta de legitimación en
la causa por pasiva, pedida por el Distrito Especial de Bucaramanga y la
Registraduría Nacional del Estado Civil en las contestaciones de la acción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1º. DECLARAR no probada la configuración de la falta de legitimación en la
causa por pasiva, propuesta por el Distrito Especial de Bucaramanga y la
Registraduría Nacional del Estado Civil, en virtud de lo consagrado en
precedencia.

2° DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de los derechos fundamentales al
trabajo, igualdad, elegir y ser elegido, buen nombre y participación ciudadana,

12
Artículo 86 de la Carta Política.

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Actora: Sandra Milena Galvis Mora

invocados por la señora Sandra Milena Galvis Mora, por las razones expuestas en
las consideraciones.

3º. NOTIFÍQUESE esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

4º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, envíese el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
JORGE PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

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